GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Casos ilustrativos
Anexo I
GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Informe de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico
TOMO VI
Primera edición, junio de 1999
El contenido del Informe
Guatemala, memoria del silencio
es responsabilidad únicamente de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Esta publicación fue realizada
por la Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS).
ISBN: 99922-54-00-9 (Obra completa)
ISBN: 99922-54-06-8 (Tomo VI)
PORTADA: CEH
DISEÑO: Servigráficos S.A.
Impreso en Guatemala
La presente obra puede ser reproducida total o parcialmente, por cualquier forma o
medio, sin consentimiento previo de UNOPS, siempre que se cite el crédito corres-
pondiente.
Caso ilustrativo No. 9
La masacre de Panzós 13
Caso ilustrativo No. 2
Masacre de Seguachil Chisec,
Alta Verapaz
25
Caso ilustrativo No. 8
Denegación de justicia:
don Vicente Morán y la búsqueda
de sus hijos desaparecidos 31
Caso ilustrativo No. 3
Masacre de Xamán 37
Caso ilustrativo No. 10
Masacre y eliminación de
la comunidad de Río Negro 45
Caso ilustrativo No. 14
Traslado forzoso de niños sobrevivientes
de la masacre de Río Negro
Municipio de Rabinal, Baja Verapaz
57
Caso ilustrativo No. 19
Masacres en la Aldea Chipiacul 65
Caso ilustrativo No. 50
Masacre del río Pixcaya,
Aldea Estancia de La Virgen,
San Martín Jilotepeque
73
Índice
Caso ilustrativo No. 86
Masacre de El Aguacate,
cometida por la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA)
81
Caso ilustrativo No. 68
Los 28 desaparecidos de 1966 89
Caso ilustrativo No. 100
Ejecución arbitraria de
Oscar Adolfo Mijangos López,
diputado del Congreso de la República
99
Caso ilustrativo No. 28
La ejecución de Mario López Larrave 105
Caso ilustrativo No. 67
El sindicato de la Coca-Cola 111
Caso ilustrativo No. 45
La ejecución de Oliverio
Castañeda de León
119
Caso ilustrativo No. 101
Ejecución arbitraria del padre Eufemio
Hermógenes López Coarchita
127
Caso ilustrativo No. 65
Ejecuciones arbitrarias
de Alberto Fuentes Mohr
y Manuel Colom Argueta
133
Caso ilustrativo No. 48
Desapariciones forzadas de
Edgar Fernando García,
Sergio Saúl Linares Morales
y Rubén Amílcar Farfán.
Fundación del Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM)
145
Caso ilustrativo No. 49
Desaparición forzada de Irma
Flaquer y ejecución extrajudicial
de Fernando Valle Flaquer
155
Caso ilustrativo No. 79
La masacre en la Embajada de España 163
Caso ilustrativo No. 51
Desaparición forzada de miembros
de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT) en la ciudad
de Guatemala y en la finca
“Emaús Medio Monte”
183
Caso ilustrativo No. 87
Detención y desaparición forzada
de seis miembros de la familia Portillo,
incluidas tres niñas
193
Caso ilustrativo No. 98
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Emeterio Toj Medrano
199
Caso ilustrativo No. 22
Desaparición forzada de América
Yolanda Urízar Martínez de Aguilar,
Ana Lucrecia Orellana Stormont,
Edgar Raúl Rivas Rodríguez,
María Angela Ayala Saravia
y Rosa Estela Pérez Villaseñor
207
Caso ilustrativo No. 35
Ejecución arbitraria de María
del Rosario Godoy Aldana de Cuevas,
Maynor René Godoy Aldana y el niño
Augusto Rafael Cuevas Godoy
217
Caso ilustrativo No. 30
Ejecuciones arbitrarias y desapariciones
de estudiantes en 1989
223
Caso ilustrativo No. 85
La ejecución arbitraria de
Myrna Elizabeth Mack Chang
235
Caso ilustrativo No. 33
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Maritza Urrutia
245
Caso ilustrativo No. 32
Secuestros de Romeo Augusto
de León, Baltasar Morales de la Cruz
y Héctor Menéndez de la Riva por
las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)
251
Caso ilustrativo No. 88
Secuestro y ejecución arbitraria
del embajador de Alemania,
Karl von Spreti
257
Caso ilustrativo No. 89
Secuestro y ejecución arbitraria
de Luis Canella Gutiérrez y secuestro
de Roberto Herrera Ibargüen
263
Caso ilustrativo No. 103
El secuestro de la señora de
Novella y la desaparición forzada
de Juan José Cabrera Rodas, “Mincho”
269
Caso ilustrativo No. 41
Desaparición forzada
del locutor y maestro
José Arnoldo Guilló Martínez
285
Caso ilustrativo No. 99
Torturas, desapariciones y ejecuciones
en San Vicente Pacaya
291
Caso ilustrativo No. 13
Persecución y desintegración de la
familia Bautista Escobar, torturas
de menores y embarazadas, violación
de menores y desapariciones forzadas
297
Caso ilustrativo No. 56
Ejecución del sacerdote
Walter Voordeckers
303
Caso ilustrativo No. 74
Desaparición forzada masiva en los
parcelamientos de Almolonga y Pinula
307
Caso ilustrativo No. 76
Masacre de las familias
campesinas Alvarez y Betancourt
en los parcelamientos de
Las Cruces y El Silencio
311
Caso ilustrativo No. 109
Desaparición forzada
de miembros del Sindicato
Azucarero del Ingenio Pantaleón
319
Caso ilustrativo No. 16
Ejecución arbitraria
de Mario Mujía Córdoba
325
Caso ilustrativo No. 83
Masacre de pobladores maya
de Babeltzap en San Carlos Las Brisas
333
Caso ilustrativo No. 84
Bombardeo y masacre en Coya,
San Miguel Acatán, Huehuetenango
339
Caso ilustrativo No. 18
Masacre en la Finca San Francisco
Nentón, Huehuetenango
345
Caso ilustrativo No. 27
Masacre de Xemal
Colotenango, Huehuetenango
355
Caso ilustrativo No. 63
Masacre de la aldea Tzisbaj 363
Caso ilustrativo No. 64
Privación de libertad, tortura,
tratos crueles e inhumanos, violación
sexual, destrucción de bienes
y desplazamiento forzado
de Faustina Lorenzo Cruz
367
Caso ilustrativo No. 5
La muerte de Juan Chanay Pablo
por los patrulleros de Colotenango
373
Caso ilustrativo No. 20
Ejecución arbitraria de seis miembros
del Ejército Guerrillero de los Pobres
por su propia organización
381
Caso ilustrativo No. 1
Ejecuciones, tortura
y desplazamiento forzado en la
ribera del río Usumacinta, Petén
389
Caso ilustrativo No. 31
Masacre de las Dos Erres 397
Caso ilustrativo No. 29
Ejecuciones arbitrarias de
Mártir Leonardo Estrada Méndez
y Juan Pop por las Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR)
413
Caso ilustrativo No. 23
Ejecuciones arbitrarias
en la finca El Hato
417
Caso ilustrativo No. 25
Represión selectiva en la aldea
La Victoria, San Juan Ostuncalco,
Quetzaltenango
421
I. ANTECEDENTES
El municipio de Panzós, ubicado en el valle del río Polochic, pertene-
ce al departamento de Alta Verapaz. En 1973 habitaban el municipio
25,261 personas, de las cuales un 93% eran maya q’eqchi’.
3
El valle del Polochic ha estado habitado desde tiempos remotos por
población q´eqchi’ y poqomchi’. Desde la época del presidente Justo Ru-
fino Barrios, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzó la adjudicación
de tierras de la zona a agricultores alemanes.
4
El decreto 170 o de Reden-
ción de Censos facilitó la expropiación de las tierras a los indígenas en fa-
vor de los alemanes, al propiciar la venta en pública subasta de las tierras
comunales.
5
Desde esta época, la principal actividad económica ha sido la
agro-exportadora, especialmente de café, banano y cardamomo.
6
La pro-
piedad comunal, dedicada a cultivos de subsistencia, se convirtió en pro-
piedad privada dirigida al cultivo y comercialización a gran escala de pro-
ductos agrarios. Por tanto, las características fundamentales del sistema
productivo, han sido desde esta época la acumulación de la propiedad en
pocas manos
7
y una especie de servidumbre de finca, basada en la explota-
ción de los “mozos colonos”.
8
A partir de la Reforma Agraria (1952) los pobladores de Panzós inicia-
ron su lucha por la propiedad de la tierra. Con el Gobierno de Arbenz se
Caso ilustrativo No. 9
La masacre de Panzós
“A las buenas fuimos y dolor encontramos”.
1
“Si estaba peleando por tierra, estaba dis-
puesta a dar la tierra, pero no la vida”.
2
1 Testigo directo (viuda/sobreviviente) CEH.
2 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
3 VII Censo General de Población (1973).
4 Julio Castellanos Cambranes, Tendencias del desarrollo agrario, en 500 años de lucha por la tierra, vo-
lumen 1, FLACSO Guatemala (1992), pg. 305. Cambranes afirma que “en la Alta Verapaz a fines
del siglo XIX los finqueros alemanes llegaron a concentrar en sus manos las tres cuartas partes de la ex-
tensión total de los 8.686 kilómetros cuadrados que tenía el territorio departamental. En este departa-
mento llegó a tal grado la apropiación de tierras y hombres por los empresarios agrarios alemanes, que un
jefe político constató que los campesinos desaparecían de sus pueblos de la noche a la mañana, huyendo
de los finqueros”, pg. 327, “De este modo comenzó el problema agrario en el Valle del Polochic”.
5 Ibid., pg. 316.
6 Centro de Investigaciones de Historia Social, Panzós: testimonio, CEIHS (1979).
7 Mendizabal, Ana Beatriz, Estado y políticas de desarrollo agrario: la masacre campesina de Panzós.
8 Cambranes, Julio Castellanos, Tendencias del desarrollo agrario, en 500 años de lucha por la tierra,
volumen 1, FLACSO (Guatemala, 1992), pg. 327.
formaron los comités agrarios locales y se adjudicaron 2,300 hectáreas a las
comunidades indígenas.
Con la contrareforma (1954) la mayoría de las tierras fueron devuel-
tas a los antiguos finqueros. En esta época se eligió a Flavio Monzón, del
Movimiento de Liberación Nacional (MLN), como alcalde municipal. Es-
te controló el poder municipal hasta la década de los setenta y utilizó di-
cha influencia para convertirse en uno de los más grandes terratenientes de
la zona.
9
Al inicio de la década de los sesenta, Panzós era un área de influencia
de los primeros grupos guerrilleros.
En 1964 varias comunidades asentadas durante décadas en la orilla del
río Polochic se organizaron en torno al reclamo de títulos de propiedad al
Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), creado en octubre
de 1962. Sin embargo, las tierras fueron adjudicadas a Flavio Monzón. Un
campesino maya de Panzós afirma que Flavio Monzón “sacó las firmas de
los ancianos para ir a pedir las tierras al INTA. El volvió y reunió a la gente y
dijo que, por equivocación del INTA y de sus abogados, la tierra salió a su
nombre”.
10
Según un testigo que pertenece al sector terrateniente, Flavio
Monzón compró estas tierras a otros propietarios legítimos.
11
Los campesinos de Panzós siguieron reclamando al INTA a lo largo de
los años setenta la regularización de la propiedad de las tierras, recibiendo
asesoría legal de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FAS-
GUA), organización que apoyaba las reivindicaciones campesinas median-
te procedimientos legales. Sin embargo, ningún campesino recibió el títu-
lo de propiedad. Unos, obtuvieron promesas otros, títulos de propiedad
provisionales, y también los hubo que sólo recibieron permisos para sem-
brar.
En 1978 se instaló un destacamento militar a pocos kilómetros de la
cabecera municipal de Panzós, en un lugar conocido como Quinich.
En esta época progresó la capacidad de organización de los campesi-
nos, a través de los comités que reivindicaban la titulación de las tierras, fe-
nómeno que preocupó al sector finquero. Algunos entre estos propietarios
afirmaron: “Varios campesinos residentes en las aldeas y caseríos quieren incen-
diar la población urbana con fines de invadir propiedades privadas”,
12
y soli-
14
9 Carlos Leonidas Díaz Molina, Que fluya la verdad, en Crónica, 10 de julio de 1998, pg. 4. Flavio
Monzón llegó a Panzós en 1922, fue alcalde seis veces, tres veces electo y tres veces nombrado. El
primer terreno que adquirió, por adjudicación de la municipalidad, fue en 1940.
10 Testigo directo (líder campesino) CEH.
11 Carlos Leonidas Díaz Molina, Que fluya la verdad, en Crónica, 10 de julio de 1998, pg. 4. Al ini-
cio de los sesenta Monzón compró la finca San Vicente, después Canarias, San Luis, Las Tinajas
y, finalmente, Sechoc.
12 Gobernación Departamental de Alta Verapaz, Acta de audiencia de fecha 5 de mayo de 1978, sus-
crita en Cobán por el Coronel Benigno Alvarez S., gobernador departamental, y por Flavio Mon-
zón, Héctor Monzón, Raúl Aníbal Ayala, Joaquín González, Mario Cazs y José María Borges.
citaron protección al gobernador de Alta Verapaz.
13
En mayo de 1978 va-
rios finqueros se reunieron con el gobernador de Alta Verapaz y, conside-
rando que “las concentraciones de campesinos que han venido sucediéndose
provocan alarma entre la población pacífica … [los finqueros solicitan] pro-
tección para los habitantes; pues hay un destacamento militar a siete kilóme-
tros de la cabecera municipal que podría trasladarse a la cabecera municipal
en vista que no hay Policía Nacional para prevenir cualquier desorden”.
14
El
gobernador departamental, en contestación a esta solicitud, respondió: “Se
tomarán las medidas para contrarrestar cualquier desorden que llegara a come-
terse de parte del grupo de campesinos provocadores”.
15
En mayo de 1978, cuatro o cinco días antes de la masacre, un contin-
gente militar de unos 30 soldados se traslada de Quinich al salón munici-
pal de Panzós. Cuando la prensa le preguntó al alcalde de la época acerca
de la razón de la presencia del Ejército en la cabecera municipal, el funcio-
nario respondió: “Se debe a que mucha gente pidió personalmente que el Ejér-
cito viniera a ver la tranquilidad del lugar, porque se daban cuenta de que
aquí se me amotinaban trescientos, cuatrocientos campesinos …”
16
Varios co-
muneros de Panzós que viajaron a la capital, manifestaron a la prensa que
los finqueros “ya les habían amenazado con echarles el destacamento de Za-
capa si continuaban alegando sus derechos en las tierras de las Verapaces”.
17
El Ejército consideraba que la organización campesina era parte activa
de la guerrilla. El coronel Valerio Cienfuegos, que comandaba la tropa des-
tacada en Panzós, dijo a la prensa después de la masacre: “Se sabe que los
campesinos se reúnen periódicamente en un campo de entrenamiento”.
18
El 27 de mayo de 1978, cuando campesinos del barrio San Vicente,
Panzós, fueron a sembrar la milpa a orillas del río Polochic, aparecieron
soldados en compañía de los hijos de un finquero de la zona y los intimi-
daron para que dejaran de reclamar tierras.
19
El 27 de mayo, dos campesinos del barrio La Soledad, Panzós, fueron
detenidos y otros maltratados por militares.
20
Ese mismo día, al parecer co-
mo resultado de disturbios en el interior de la comunidad, una persona re-
sultó muerta.
21
15
13 En el acta municipal 34-64 se ve el primer antecedente de presencia militar, al asentarse la necesi-
dad de “incorporar el orden en el lugar y la seguridad de sus vecinos.” Esto sucedió el 9 de enero
de 1965.
14 Gobernación Departamental de Alta Verapaz, Acta de audiencia de fecha 5 de mayo de 1978, Co-
bán, Ob.cit.
15 Ibid.
16 Diario de Centro América, 2 de junio de 1978, pg. 5.
17 La Tarde, 31 de mayo de 1978, pg. 4.
18 La Tarde, 3 de junio de 1978, pg. 4.
19 Testigo de referencia CEH.
20 Testigo directo CEH. El Ejército detuvo a las dos personas porque los consideró, “sospechosos, que
estaban mirando por el parque al destacamento”.
21 Testigo de referencia CEH.
Campesinos del barrio La Soledad y de la aldea Cahaboncito entrega-
ron un documento preparado por FASGUA al alcalde, con el fin de que
éste lo leyera en público.
22
En el documento, FASGUA solicitaba al alcal-
de, Walter Overdick García, interceder “en favor de los campesinos y tratar
de solucionar los problemas por ellos planteados”.
23
II. LOS HECHOS
El día 29 de mayo de 1978, para insistir en el reclamo de la tierra y
manifestar el descontento ocasionado por los actos arbitrarios de finque-
ros, autoridades locales y militares, campesinos de las aldeas Cahaboncito,
Semococh, Rubetzul, Canguachá, Sepacay, finca Moyagua y del barrio La
Soledad, decidieron realizar una manifestación pública.
Este día, cientos de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas se diri-
gieron a la plaza de la cabecera municipal de Panzós, cargando sus instru-
mentos de trabajo, machetes y palos. Una de las personas que participó en
la manifestación afirma: “La idea no era pelear con nadie, lo que se pedía era
la aclaración de la situación de la tierra. La gente venía de varios lugares y no
tenían armas de fuego”.
24
Hacia las ocho de la mañana la población maya q’eqchi’ fue llegando
a la plaza hasta que se llenó.
25
El alcalde y los funcionarios municipales se
encontraban dentro de la sede comunal, reunidos a puerta cerrada. Varios
miembros del Ejército armados, algunos con ametralladoras, se encontra-
ban en la puerta y también había soldados en el techo del edificio munici-
pal, en el techo de la iglesia y sobre el salón municipal.
26
Alrededor de las nueve de la mañana los campesinos solicitaron ha-
blar con el alcalde sobre sus problemas de tierras. El alcalde accedió a ha-
blar, pero sólo con cuatro representantes del grupo. Sin embargo, debido
al tumulto la reunión no se pudo realizar.
27
Según una persona que estu-
vo en la plaza, un militar afirmó: “Si tierras quieren, la van a tener pero en
el camposanto”
28
y acusó a los campesinos de estar orientados por la gue-
rrilla.
16
22 Impacto, 19 de julio de 1978, pg. 7.
23 Memorándum de la Comisión de Solidaridad con Panzós, 12 de julio de 1978.
24 Testigo directo (líder campesino) CEH.
25 Sobre el número de personas que se congregaron en la plaza, los datos son controvertidos. Un
declarante afirmó que había 1,500 personas; otro, 3 mil personas; la Comisión Interamericana
en la compilación de informes sobre Guatemala (1 de junio de 1995), al igual que Matt Davi-
son, calcula que fueron 700. No existe forma de saber el número exacto. Todos coinciden, sin
embargo, en que la plaza se llenó.
26 Testigos directos CEH.
27 Diario de Centro América, 2 de junio de 1978, entrevista a Walter Overdick, alcalde de Panzós.
28 Testigo directo (líder campesino) CEH.
Hay distintas versiones sobre cómo se inició el tiroteo. Unos afirman
que comenzó cuando “Mamá Maquín”
29
empujó a un soldado que le im-
pedía el paso; otros sostienen que se produjo debido a que la gente empu-
jaba tratando de entrar en la municipalidad, lo que fue interpretado por
los soldados como una agresión.
30
Un testigo afirma que uno de los mani-
festantes le quitó el arma a un soldado pero que no la usó, por no saber ha-
cerlo. Varias declarantes sostienen que un militar dijo: “Uno, dos, tres, fue-
go”.
31
En efecto, el teniente que dirigía a la tropa dio las órdenes para dis-
parar contra la gente reunida.
32
Los disparos, que sonaron durante unos
cinco minutos, fueron hechos por las armas de reglamento que portaban
los militares, así como las tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza.
Los campesinos, por su lado, hirieron con machetes a varios soldados.
Ningún soldado fue herido por arma de fuego. La plaza quedó cubierta de
sangre.
De inmediato, el Ejército cerró las principales calles de acceso, a pesar
de lo cual un declarante cuenta: “Los indígenas salieron despavoridos”.
33
Un
helicóptero del Ejército sobrevoló el pueblo antes de recoger a los soldados
heridos.
Un estudiante de Medicina, que realizaba su práctica profesional
(EPS) y una trabajadora del centro de salud acudieron para recoger a los
heridos. El centro de salud fue rodeado por los soldados. Con mucho es-
fuerzo y superando diversos obstáculos consiguieron atender a los heridos.
“Ese día se estaba trabajando duro, hasta las cinco de la mañana … por ma-
la suerte hubo derrumbe y no pasaba la ambulancia desde Cobán, tres pick-
ups llevaron a los heridos al Estor; la ambulancia no alcanzaba”.
34
Un vecino
del pueblo ayudó con las medicinas de su farmacia y también colaboró en
la atención a los heridos.
Después de la masacre, los militares prohibieron entrar a la plaza. En
la tarde, autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres. Miem-
bros del Ejército los metieron en la palangana de un camión azul de la mu-
nicipalidad. Los llevaron a un lugar cercano al cementerio público y, con
un tractor, cavaron un hoyo, donde colocaron los cuerpos. De este modo
enterraron a 34 personas.
35
Al día siguiente algunos campesinos fueron
17
29 Adelina Caal, conocida como Mamá Maquin, fue una mujer con un liderazgo reconocido en la
zona. Dicen que tenía poder de convocatoria entre la gente, que promovía la reinvidicación de la
tierra y que impulsaba las actividades culturales de la población q’eqchi’.
30 Diario de Centro América, 2 de junio de 1978, pg. 5. El alcalde de la época, Walter Overdick, sos-
tiene que “la gente del medio del grupo empujó a los que estaban adelante”.
31 Testimonio colectivo (viudas) CEH.
32 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado, 8 de noviembre de
1979, Pq. 1-49. Declaración de un influyente miembro del Gobierno, donde además se informa,
que el teniente fue dado de baja y que continuó sus estudios fuera del país.
33 Testigo directo CEH.
34 Testigo directo CEH.
35 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, informe de exhumación, junio de 1998.
obligados por el jefe de la Policía Municipal, a inhumar el cuerpo de una
persona que murió en el centro de salud.
Muchas de las personas que huyeron del lugar de los hechos se refu-
giaron en el barrio La Soledad. Hasta allí los persiguieron los soldados,
maltratando a los que encontraba en su avance. Otras personas, mal heri-
das, murieron en la huida y sus cadáveres fueron encontrados más tarde en
potreros o ahogados en el río Polochic. El alcalde de El Estor en aquella
época afirmó, según la versión de un declarante, que aquel día recogieron
25 cadáveres que llegaron arrastrados por el río Polochic.
Sobre la base de informaciones recabadas por la CEH, se pudo esta-
blecer que murieron, tanto en la plaza como en las tentativas de fuga, un
total de 53 personas.
36
Otra fuente, señaló que, unas 47 resultaron heri-
das.
37
Entre las personas que murieron estaba Adelina Caal, conocida como
“Mamá Maquín”.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Panzós quedó ocupada por el Ejército después de la masacre, registrán-
dose un aumento considerable del número de soldados destacados en el
pueblo. Por espacio de varias semanas los pobladores no regresaron a sus
casas y se escondieron del Ejército. Panzós se veía desierto y los que no ha-
bían huido se encerraban en sus hogares.
38
Una habitante del municipio
sostiene: “Nos empezaron a asustar los soldados; nosotros dormíamos en el
monte”.
39
La prensa anunció que de sus siete mil habitantes, mil quedaron
en el pueblo.
40
La masacre causó un gran impacto nacional e internacional. El 1 de
junio de 1978 se realizó una numerosa manifestación de protesta en la ca-
pital, encabezada por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU):
fue conocida como la “marcha de los paraguas”.
41
Se demandó el acceso a
Panzós de una comisión estudiantil, de la Cruz Roja y de la prensa. La
18
36 El Imparcial , 30 de mayo de 1978. Afirma que los muertos fueron 43.
El Diario Latino, 30 de mayo de 1978. Afirma que los muertos fueron 37.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público de Cobán afirma que fueron 160 las víctimas.
37 Un declarante afirma que fueron 63 los heridos. Sin embargo, la cifra referida (47) deriva de la de-
claración de una persona que trabajaba en el centro de Salud en la época, por lo que se considera
probablemente más acertada.
El Imparcial, 30 de mayo de 1978. Afirma que 40 personas fueron trasladadas al hospital.
38 Diario de Centro América, 2 de junio de 1978. Entrevista a Walter Overdick, alcalde de Panzós.
39 Testigo directo CEH.
40 El Imparcial, 2 de junio de 1978.
41 CI 45. Ejecución de Oliverio Castañeda de León, Secretario de la AEU, quien lideró acciones fren-
te al Gobierno. Su muerte, 20 de octubre de 1978, tiene vínculos con la protesta por esta masa-
cre.
prensa nacional cubrió durante varios días, en primera plana, los aconte-
cimientos. La prensa internacional informó de la masacre al mismo tiem-
po. El relato de la masacre figura en múltiples historias populares y aca-
démicas.
A partir de la masacre el Ejército inició en el Valle Polochic una repre-
sión selectiva contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y así
también contra sacerdotes mayas. De las personas desaparecidas y ejecuta-
das extrajudicialmente por los soldados, comisionados militares y patrulle-
ros de la autodefensa civil, entre 1978 y 1982, la CEH registró 310 vícti-
mas.
42
A consecuencia de estos hechos, se veían a diario cadáveres de indí-
genas flotando en el río Polochic. Según la declaración de una persona que
trabajó en proyectos de desarrollo en el Valle Polochic entre 1978 y 1982:
“Cada día, cuando iba a trabajar, me imaginaba que eran los mismos cadá-
veres que pasaban en el río, aunque sabía que no era posible, era demasiado
fuerte darme cuenta que cada remolino traía nuevos muertos”.
43
La represión generalizada atemorizó e inmovilizó a la población de
Panzós. Las peticiones de tierras disminuyeron. Desde 1978 hasta 1996 no
volvería a realizarse una manifestación pública.
Cabe destacar que algunos de los destacamentos militares se ubicaron
en terrenos de propiedad de finqueros, como el de la finca Tinajas y el de
la finca Saquijá.
El 29 de mayo de 1997, 19 años después de la masacre, el Comité de
Viudas de la zona presentó la denuncia ante el Juzgado de Paz de Panzós.
El proceso se encuentra en la etapa de instrucción.
La exhumación de las víctimas de Panzós se realizó en septiembre de
1997 y el informe pericial fue entregado en junio de 1998, por la Funda-
ción de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Además, se han re-
cibido siete declaraciones de testigos presenciales. Hasta la fecha de elabo-
ración de este Informe no hay sindicados en el proceso.
En el Informe forense consta el hallazgo, en dos fosas, de 35 osamen-
tas. De éstas, sólo se logró la identificación tentativa de dos, debido a su
mal estado de conservación o a la escasa información ante mortem dispo-
nible. La gran mayoría de los restos analizados correspondieron a personas
de sexo masculino (26 masculinos y 3 posibles masculinos). Por su parte,
la edad de la mayoría se situaba entre los 19 y los 29 años. De las osamen-
tas encontradas, sólo dos presentaban heridas de proyectil de arma de fue-
go evidentes, pero sobre la base de la interpretación de las placas de rayos
19
42 C 12018. 1982. Panzós, Alta Verapaz. C 12199. 1982. Cahabón, Alta Verapaz. C 9259. 1982.
Cahabón, Alta Verapaz. C 10113. Mayo, 1982. Cahabón, Alta Verapaz. C 11624. Junio, 1981.
Panzós, Alta Verapaz. C 11639. Agosto, 1982. Panzós, Alta Verapaz. C 9206. Agosto, 1982. Pan-
zós, Alta Verapaz.
43 Testigo directo Fundación de Antropología Forense de Guatemala, citado en Informe para la
CEH, pg. 21.
X se pudo determinar que 18 osamentas, esto es el 51 % de las encontra-
das, presentaban fragmentos de proyectil de arma de fuego.
44
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defen-
sa Nacional comentarios, entre otros casos, sobre esta masacre. Respondió,
el 5 de enero de 1998, inhibiéndose de realizar comentarios sobre los acon-
tecimientos.
45
IV. EL RECONOCIMIENTO ESTATAL
DE LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA
En el mes de junio de 1978 el Gobierno reconoció que “la falta de un
sistema eficiente de control inmobiliario ha dado lugar a los múltiples proble-
mas de tenencia de la tierra, problemas registrales y toda una serie de contra-
dicciones en relación a este básico factor …”
46
Esto se desprende, además, del
interés del Gobierno por delimitar “las propiedades para establecer cuáles son
comunales y cuáles del Estado … finqueros han obtenido tierras comunales co-
mo en el caso de la aldea Teleman”.
47
El mismo presidente Laugerud indicó
que se debía investigar, para poner “en claro quienes son los verdaderos due-
ños, si son los campesinos y si en realidad, como aseguran, ellos han sido despo-
jados de las mismas, a través de los famosos títulos supletorios”.
48
Al finalizar el enfrentamiento armado, todavía podía apreciarse que los
terratenientes del Valle Polochic basaban su hegemonía en el control de la
tierra, al igual que antes del enfrentamiento actuando como un grupo de
poder, “inflexible y poco tolerante, [que] mantiene una tradicional actitud an-
tireformista y de agresiva defensa al mantenimiento del status quo en el agro”.
49
V. TESIS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
PRESENTADA A LA OPINIÓN PÚBLICA
A la opinión pública de la época le fueron presentadas cuatro tesis en
relación a la responsabilidad de la masacre: [1] legítima defensa del Ejérci-
to y responsabilidad de la guerrilla (versión oficial, tanto del Gobierno co-
mo del Ejército). El presidente Laugerud señaló que se trataba de un “plan
20
44 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Informe para la CEH, pgs. 27-29.
45 Oficio No. 002-MDN-acom/98.
46 Diario de Centro América, 22 de junio de 1978, pg. 11.
47 La Hora, 14 de agosto de 1978.
48 La Hora, 1 de junio de 1978.
49 CODEDUR/SEGEPLAN/GTZ, “Plan marco para el desarrollo del Departamento de Alta Vera-
paz”, diciembre 1996, pg. 59.
de subversión patrocinado por Fidel Castro … los verdaderos responsables de lo
sucedido en Panzós tendrán que pagarla … su Gobierno perseguirá a los que
llevaron a cabo el adoctrinamiento de los campesinos, azuzándolos para que
invadan tierras ajenas … los campesinos en lugar de dirigirse a la alcaldía, le
dieron la vuelta al destacamento, atacando a un centinela … el resto de los sol-
dados al ver lo que había ocurrido al centinela, tuvieron que hacer fuego para
salvar sus vidas, pues aunque el machete es un instrumento de trabajo, tam-
bién puede ser empleado como arma”;
50
[2] responsabilidad del Ejército (ver-
sión sindical y popular); [3] responsabilidad de los finqueros (versión del
campesinado); [4] responsabilidad mediata del INTA (versión del alcalde
de la época, campesinos y organizaciones sindicales). El entonces alcalde
de Panzós, Walter Overdick, señaló a los medios de comunicación que el
INTA era “irresponsable”, que le consta que hay indígenas que llevaban 15
años tramitando la obtención de tierra y el organismo nada les resolvía.
51
VI. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar la información recibida, llegó a la plena
convicción de que miembros del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitra-
riamente a 53 personas y trataron de hacerlo con otras 47, que resultaron
lesionadas, constituyendo esta masacre una gravísima violación del dere-
cho a la vida.
El antecedente que las víctimas fueran población civil maya q’eqchi’
que no pertenecía a ningún movimiento guerrillero, organizada con el ob-
jetivo de reivindicar derechos relacionados con la propiedad de la tierra,
agrava la responsabilidad política del Estado de Guatemala.
La CEH luego de considerar todas las circunstancias que rodearon los
hechos, especialmente que los campesinos no atacaron con armas de fuego
a los militares ni cometieron acto alguno que pudiera justificar el uso des-
proporcionado de la fuerza por parte del Ejército, está convencida de que
no asiste a los autores de esta masacre la eximente de legítima defensa.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la influencia que
ejerció el sector de propietarios agrícolas en la utilización del aparato del
Estado, para que resolviera en su beneficio conflictos sobre tenencia de la
tierra, aplicando la violencia armada contra campesinos pobres e involu-
crando al Ejército en la problemática agrícola. Esta consideración se basa
en indicios varios y concordantes sobre la actuación de propietarios agrí-
21
50 Impacto, 1 de junio de 1978.
Excelsior de México, 2 de junio de 1978.
La Nación, 1 de junio de 1978.
51 La Tarde, junio de 1978.
colas de la zona, quienes no sólo pidieron la presencia del Ejército sino,
además, favorecieron la creación de un ambiente hostil hacia la población
campesina.
Los hechos revelan, además, hasta qué punto la persistencia de conflic-
tos generados por la tenencia y la propiedad de la tierra y la incapacidad o
la carencia de voluntad estatal para resolverlos, generan un ambiente de
inestabilidad social que, en este caso, se resolvió recurriendo a un auténti-
co mecanismo de terror sobre la población, cuyos efectos persistieron du-
rante casi dos décadas.
Por último, la CEH lamenta la falta de respuesta del Ministerio de la
Defensa Nacional a su solicitud sobre el presente caso, lo cual contradice
lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional y en
nada contribuye a la concordia nacional.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
22
Abelardo Ac Caal
Adelina Caal Caal
Alfredo Choca
Andrés Chub
Andrés Rax
Antonio Sub
Apolonio Tux
Bartolomé Chub Chun
Bartolomé Chun Chub
Bartolomeo Sacul Chun
Domingo Cac
Domingo Coc Pérez
Domingo Cuc
Félix Caal Seb
Félix Caal Xo
Francisco Choc
Francisco Coc
Francisco Seb,Ché
Francisco Tzalam
Hilario Choc Pop
José Chen Ac
José Coc Pop
José Maquin
José Xol Coc
José Yat Chun
Juan Ché
Juan Cuz
Juan Meza
Lorenzo Choc Cuz
Manuel Cabral Tzi
Marcelino Cuz Choc
María Luisa Cabnal
Marcos Choc
Mena Chun
Miguel Cahuec
Miguel Quib
Norberto Chub Choc
Pablo Caal Chun
Pablo Cuz Mo
Pablo Rax
Paulino Cuz Mo
Pedro Caal
Pedro Maqui
Ricardo Bac Chub
Roberto Ical Choc
Sabina Tuc Xo
Herido en atentado
Marcos Choc
Pedro Caal Chub
Ricardo Caal Caal
Víctimas colectivas/desconocidas: 44
23
Sabino Cuz Coc
Santiago Choc
Santiago Ché
Santiago Seb Caal
Santiago Seb Ché
Tomás Chen Quib
Tomás Coc
I. ANTECEDENTES
Seguachil es uno de los caseríos del municipio de Chisec, ubicado al
norte del departamento de Alta Verapaz, a una distancia de 75 kilómetros
de Cobán, la cabecera departamental. La mayoría de la población de Se-
guachil es de origen maya q’eqchi’, y su principal vía de comunicación es
un camino de brecha. La tierra donde esta asentado Seguachil era un terre-
no baldío. Después “… nos enteramos que era parte de una finca, porque des-
pués delimitaron el terreno”.
54
El dueño de la finca obligó a las familias a tra-
bajar para él.
55
En 1987 el propietario de la finca vendió a la comunidad
las 15 caballerías de tierra, que se convirtieron en propiedad comunal.
56
En la región familias enteras vivían como mozos colonos en las gran-
des fincas, recibiendo salarios bajos, a cambio de permitirles cultivar, prin-
cipalmente granos básicos, cuyo producto casi siempre dividían con los
grandes propietarios. Otras familias se incorporaban a trabajos temporales
en tiempos de cosecha.
El 6 de enero de 1976, en la aldea Semococh, cercana a Seguachil, va-
rios guardias de Hacienda dieron muerte a cuatro campesinos y uno más
resultó herido. Esto sucedió como “consecuencia de un conflicto de tierras
que existía con campesinos de la cooperativa Semoxán. De este hecho tuvo co-
nocimiento rápido la Municipalidad de Chisec y señalan las fuentes que al día
Caso ilustrativo No. 2
Masacre de Seguachil
Chisec, Alta Verapaz
“…Llegué y fui a ver a los muertos, que es-
taban allí todos pálidos, vi a los niños muer-
tos que estaban tirados con la cara pelada,
porque ya tenían tres días…”
52
“Decían que todos eran guerrilleros, que a
todos iban a matar, a las mujeres, a los ni-
ños, terminar con toda la comunidad; ahora
se tienen que acabar todos, decía el capitán
u oficial; saber que era”.
53
52 Testigo directo CEH.
53 Ibid.
54 Testimonio colectivo CEH.
55 Ibid.
56 Ibid.
siguiente llegaron a la comunidad de Semococh 30 soldados de Cobán, quie-
nes enterraron a los muertos y se llevaron al herido al hospital de Cobán. [Es-
te hecho] tuvo como consecuencia un ‘malestar muy grande’ entre la población,
que exigía ‘que se castigara a los culpables”.
57
A principios de los años ochenta, llegaron a la región los primeros
miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y reivindicaban el
derecho al acceso de los campesinos pobres a las tierras ricas y fértiles, pro-
piedad de los finqueros. Esto facilitó el desarrollo acelerado del movimien-
to guerrillero en un plano organizativo.
58
II. LOS HECHOS
El 19 de noviembre de 1981, alrededor de la cinco de la mañana, lle-
garon a Seguachil decenas de soldados procedentes de la zona militar de
Cobán, destacados temporalmente en la cabecera municipal de Chisec.
59
Los pobladores del lugar, al percatarse de la llegada de los soldados,
trataron de huir hacia las montañas cercanas. Sin embargo, no lograron es-
capar, “intentaron huir, pero no se podía por los mismos niños, porque estaban
gritando y llorando, y por eso las oyeron y no pudieron huir”.
60
Según otra ver-
sión, miembros de la guerrilla previnieron a la población sobre la llegada
del Ejército. “…Sólo los hombres nos fuimos y dejamos a las mujeres y a los ni-
ños porque pensábamos que no iba a pasar nada…”
61
Al llegar a la aldea el oficial ordenó a los soldados que fueran a traer a
las mujeres y que las reunieran en el campo de fútbol. “… Llegaron los sol-
dados a cada casa a registrar, juntaron a las mujeres. Preguntaron por los hom-
bres…”
62
Allí violaron a las mujeres. Más tarde, las mujeres y los niños fue-
ron trasladados a una de las casas más grandes de la comunidad, donde
volvieron a violar a las mujeres: “…Venían las señoras golpeándolas y pateán-
dolas, a las jóvenes las comenzaron a violar, había gente que venía del pueblo
[Chisec], las agarraban y las juntaban en una casa. Los soldados llegaron a las
casas y violaron a las mujeres en las casas y las patojas en el monte. Cerca de la
Iglesia violaron también …”
63
Las interrogaron sobre el paradero de sus es-
posos y de las actividades que éstos realizaban. “…Las mujeres decían que
nosotros nos fuimos a trabajar, a buscar cardamomo…”
64
26
57 En: AVANCSO, ¿Dónde esta el Futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados, Cua-
derno de Investigación No. 8. Guatemala, 1992, pg. 168.
58 Testimonio colectivo CEH.
59 Testigo directo CEH.
60 Ibid.
61 Testimonio colectivo CEH.
62 Ibid.
63 Testigo directo CEH.
64 Ibid.
Previamente, los soldados obligaron a las mujeres a cocinar para la tro-
pa. “…Antes de todo juntaron a todas las mujeres y las pusieron a cocinar el
maíz, que prepararan comida. Agarraron y cocinaron gallinas, tortiaron…”
65
Después de interrogar y violar a las mujeres, los soldados quemaron
todas las casas del lugar, excepto aquella donde habían concentrado a las
víctimas.
Alrededor de las once de la mañana, ejecutaron a las mujeres y a los
niños:
“…Primero le dispararon, las mataron, y cuando estaban muertos todos
quemaron la casa … y luego se fueron…”
66
Otras seis personas fueron ejecutadas en un lugar distinto. “…Las ma-
taron en dos lugares, un lugar fue donde mataron a mi esposa y mis hijos, [allí]
mataron a seis personas, en un lugar abajo. No sé realmente cómo las mata-
ron, pero lo que sí se oía era la lluvia de disparos, una nube de disparos. Los
niños gritaban. Las señoras lloraban a gritos …”
67
Antes de ejecutar a las víctimas los soldados capturaron a dos hombres
y los torturaron para que dieran información sobre la guerrilla: “… Me lle-
varon arrastrando como un perro, y cuando me caía me pateaban y me decían:
‘levántate hijo de la gran puta’, me arrastraban como arrastran un palo, yo es-
taba lleno de lodo, y de allí llegamos a la iglesia y me arrodillaron frente a los
santos, y me decían, aquí tiene que decir tus pecados …”
68
Uno de los dos cap-
turados fue testigo presencial de la ejecución de las víctimas. Se presume
que el otro dio información sobre dónde se encontraban los demás habi-
tantes, a quienes acusó de guerrilleros.
69
Cuando terminaron la matanza llamaron por radio y comunicaron
que “habían agarrado a los guerrilleros y que yo era un guerrillero … Estaban
llamando a los aviones … Ya matamos a los guerrilleros, matamos a 46 gue-
rrilleros”.
70
El mismo día de la masacre un contingente de soldados se dedicó a
buscar a los hombres y a las mujeres que habían huido, “les dieron alcance
y las mataron allá en la montaña que se llama Cataltzul, allí murieron mu-
jeres, eran tres que encontraron y mataron”.
71
Asimismo, dos helicópteros
bombardearon la región.
La CEH estableció que el día de la masacre fueron ejecutadas 47 per-
sonas, en su mayoría mujeres y niños.
27
65 Ibid.
66 Testigos directos CEH.
67 Testigo directo CEH.
68 Ibid. Durante el camino los soldados capturaron a otras doce personas.
69 Testimonio colectivo CEH.
70 Testigo directo CEH.
71 Ibid.
III. DESPUÉS
Tres días después de ocurridos los hechos, algunos sobrevivientes vol-
vieron a Seguachil y encontraron su comunidad totalmente destruida.
“…Llegué y fui a ver a los muertos, que estaban allí todos pálidos, vi a los ni-
ños muertos que estaban tirados con la cara pelada…”
72
Procedieron de in-
mediato a enterrar a las víctimas: “…Las mujeres fueron enterradas a la ori-
lla del campo, sólo enterramos los huesos, porque sólo habían huesos … Pero
donde fue quemado el grupo de mujeres, allí mismo las enterramos, que eran
la mayoría y al otro lado del campo, cerca había milpa, entonces allí enterra-
mos otros”.
73
A continuación se refugiaron en la montaña y sobrevivieron a las con-
diciones hostiles provocadas por el desplazamiento forzado. Después de un
año regresaron y fueron obligados por el Ejército a vivir en el Polo de De-
sarrollo de Chisec.
74
Allí permanecieron durante varios meses hasta que los
militares les autorizaron que se trasladaran a distintos lugares, para que se
integraran en nuevas formas de vida. Algunos de ellos regresaron a Segua-
chil y otros fueron reasentados en nuevas comunidades, como Canaán y El
Esfuerzo, ésta última también habitada por gentes de Cobán, Purulhá, Las
Conchas, Alta Verapaz; Uspantán y Quiché.
75
En 1995, 14 años después, el hecho fue denunciado a la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH), que lo hizo del conocimiento del Mi-
nisterio Público y se emprendió un proceso judicial ante el Juzgado de Ins-
tancia de Alta Verapaz, identificado con el número 0924-96-4º. Tras to-
mar las declaraciones de varios testigos, se solicitó y autorizó una exhuma-
ción, realizada por el Equipo de Antropología Forense de Guatemala en-
tre el 26 y el 31 de agosto de 1996. En el informe forense consta el hallaz-
go, en una fosa, de “nueve cráneos en mal estado de preservación, huesos lar-
gos, y parte de otros huesos, los que se encontraban no articulados. Así como
prendas de vestir y artefactos metálicos como cadenas, ganchos y aretes. Se re-
cuperó un casquillo asociado [a uno de los cráneos]”.
76
Posteriormente, el
Ministerio Público autorizó que los restos fueran entregados a la comuni-
dad ante la imposibilidad de identificarlos. A partir de entonces, no se ha
efectuado una actuación procesal que conduzca a la identificación y san-
ción de los responsables.
28
72 Testigo directo CEH.
73 Testigo directo CEH.
74 También formaron parte de este polo de desarrollo Chisec, Setzí, Sesuchaj, Carolina, Setal, Semuy,
Pecajbá, Santa Marta, Semococh, Las Palmas, El Tamarindo, Cubilhuitz, Secocpur, Sibisté, Tica-
rio y en el Municipio de Santa Cruz Verapaz, Acamal. REMHI, Guatemala: Nunca Más, Tomo II,
pg. 145.
75 Testigo directo CEH.
76 Equipo de Antropología Forense de Guatemala, Informe de investigaciones antropológico forenses de
la aldea Saguachil, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, noviembre de 1997.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción de que el 19 de noviembre de 1981, en la aldea Seguachil, municipio
de Chisec, departamento de Alta Verapaz, efectivos del Ejército de Guate-
mala ejecutaron a 47 personas indefensas, entre ellas niños y niños por na-
cer. La mayoría de las mujeres ejecutadas fueron violadas sexualmente con
anterioridad, con lo cual se conculcó no sólo el derecho a la vida, sino tam-
bién el derecho a la integridad física y moral de las víctimas.
La CEH considera, asimismo, que los soldados efectuaron actos de ex-
trema crueldad y sevicia, cuya ejecución era innecesaria, incluso, para cum-
plir el sólo objetivo criminal de exterminar físicamente a las víctimas.
Por otro lado, la CEH considera que este caso es ilustrativo de la apli-
cación, en el departamento de Alta Verapaz, de operaciones militares con-
cebidas para el aniquilamiento de la población civil indefensa que simpa-
tizaba o colaboraba con la guerrilla.
Sin embargo, la colaboración que la población pudo haber prestado a
la guerrilla no otorga, a juicio de la CEH, ningún tipo de justificación ju-
rídica o ética a este gravísimo crimen.
De igual forma, la CEH considera que el Estado ha incumplido, en el
presente caso, con su obligación de investigar el hecho y sancionar a los res-
ponsables, atentando contra el derecho a la justicia de las víctimas y sus fa-
miliares.
Finalmente, la CEH estima que este caso ilustra la dificultad, en las ex-
humaciones, para identificar a las víctimas, debido a que los cadáveres fue-
ron quemados o comidos por los animales; y ejemplifica, además, la pro-
blemática del duelo suspendido y las dificultades para obtener el reconoci-
miento legal y moral de la muerte de parientes y vecinos.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
29
Alfredo Cac
Aluderia Chub
Ana Violeta Meléndez Coc
Andrés Coc
Candelaria Cac Chub
Candelaria Coc
Candelaria Coc Tiu
Carlos Coc
Carmelina Cac
Catalina Chub
Crisantos Quib Chu
Dolores Pop
Dominga Chub
Dominga Quib Chu
Felipe Coc
Felisa Coc
Hilaria Che
Manuel Cuc Cac
Torturas, privación de libertad
Pedro Coc
Otras violaciones, herido en atentado
Andrés Coc Tiu
Víctimas colectivas/desconocidas: 5
30
Manuela Cuc Coc
Manuela Pop
Marcela Caal Pop
Margarita Coc
María Coc
María Coc Pop
María Coc Tiu
Mateo Pop
Pedro Xe
Petrona Cac Pop
Petrona Cucul
Rigoberto Meléndez Coc
Romelia Meléndez Coc
Rosario Che
Rosario Coc
Rosario Coc
Santos Coc
Santos Tiu Huc
Sebastián Quib
Sebastiana Chub
Serapia Coc Pop
Sofia Coc
Sofia Juárez
Victoria Coc Chub
Wilmer Meléndez Coc
I. ANTECEDENTES
Vicente Morán, campesino y sacerdote maya de origen poqomchi’, vi-
ve en la actualidad en la cabecera municipal de San Cristóbal Verapaz, de-
partamento de Alta Verapaz.
Los hijos de Vicente Morán, Lázaro y Edmundo Salvador, estaban
comprometidos con actividades sociales y religiosas en San Cristóbal Vera-
paz, Alta Verapaz. Por tal motivo fueron acusados, al parecer por un comi-
sionado militar, de pertenecer a la guerrilla.
78
II. LOS HECHOS
El 28 de diciembre de 1981, hacia las ocho y media de la noche, ocho
individuos fuertemente armados, uno de ellos con el rostro cubierto, en-
traron por la fuerza en el domicilio de Vicente Morán, ubicado en la cabe-
cera municipal de San Cristóbal, Alta Verapaz, y apresaron a su hijo Láza-
ro Morán, de 27 años de edad. Introdujeron a la víctima en un vehículo
tipo pick-up de color blanco, en donde ya se encontraban otras dos perso-
nas también prisioneras, y se los llevaron con rumbo desconocido.
79
Días más tarde, cuando Lázaro Morán era buscado por sus familiares,
el padre de la víctima acudió a la zona militar de Cobán, donde pudo iden-
tificar, fijándose en los soldados allí destacados, a los individuos que habían
capturado a su hijo.
80
Caso ilustrativo No. 8
Denegación de justicia:
don Vicente Morán y la búsqueda
de sus hijos desaparecidos
“…Total, nos aburrimos de estar preguntan-
do y ya no se supo más nada. Nos aburrimos
de esta lucha de más de diez años y no nos to-
có más que dejar … Después ya no seguí, ya
no había para dónde, no había razón de
ser…”
77
77 Testigo directo CEH.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
Trece meses más tarde, el 18 de enero de 1983, en un puesto de regis-
tro del Ejército, practicado en el caserío San Julián, aldea Guaxpac, muni-
cipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, los soldados aprehendieron
a otro hijo de Vicente Morán, Edmundo Salvador Morán, de 23 años de
edad.
81
El motivo de la captura fue que Edmundo Salvador no llevaba con-
sigo su cédula de vecindad.
82
Desde que Edmundo Salvador y Lázaro Morán fueron capturados, Vi-
cente Morán no volvió a saber nada más acerca del destino ni del parade-
ro de sus hijos.
II. LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA
La misma noche en que desapareció Lázaro Morán, su padre comen-
zó la búsqueda. “… Esa noche nos quedamos tristes. Mis [otros] hijos me de-
cían que no tenga pena, que los llevaron por equivocación. Esa noche casi no
dormimos, los buscamos en las calles, en otros pueblo…”
83
Vicente Morán decidió entonces acudir a la zona militar en Cobán;
sin embargo, fue amenazado y perseguido. “…Nos dirigimos a la zona y nos
dijeron que no podían dar información y que tengamos cuidado porque podía-
mos irnos nosotros también. Como a los quince días volvimos a llegar a la zo-
na militar de Cobán … Después nos persiguieron. ¡Ay Dios!, decíamos, acá nos
vamos a ir nosotros también. Con esa pena salimos. Llegamos al campo de
aviación, venían atrás de nosotros en una pick-up. Después venían personas
particulares y lo que hicimos fue escondernos … Esa tarde venimos aquí y gra-
cias a Dios no pasó nada. Así empezó el temor de nosotros…”
84
Días después, cuando la familia se sintió un poco más segura, recurrie-
ron al Juzgado de Paz de San Cristóbal, Alta Verapaz donde, según consta
en su registro, el 26 de marzo de 1982, Juana Ical Cahuec, esposa de Vi-
cente Morán, denunció el secuestro de su hijo. No obstante, tampoco re-
cibió una respuesta adecuada. “Dimos parte acá en el juzgado, contamos có-
mo fue el secuestro de mi hijo, a mi señora la recibieron la denuncia en el juz-
gado, a ella le dijeron de que había que investigar cómo está la cosa. Si era gue-
rrillero, no importaba si desaparecía. En el juzgado nos dijeron que esperára-
mos hasta dónde iban a llegar las investigaciones o que de repente se fueron a
servir al ejército. No hubo respuesta, dijeron que teníamos que ver qué se hace
… No hubo nada de investigación”.
85
32
81 C 9383. 1983, Tactic, Alta Verapaz.
82 Documento oficial de identificación en Guatemala.
83 Testigo directo CEH.
84 Ibid.
85 Ibid.
Como la autoridad civil no atendió en la forma debida la denuncia in-
terpuesta por su esposa, Vicente Morán volvió, a pesar de que le habían
amenazado en su visita anterior, a la zona militar de Cobán. Ahí algunas
veces le recibían: “El comandante de la zona nos recibió, nos dijo que no tu-
viéramos pena, que iba a averiguar”.
86
Pero en la mayoría de las ocasiones
no fue así: “Quería hablar con el comandante y que no estaba, que se iba de
comisión, total que así nos tuvieron. Yo iba con los otros padres de los patojos
que secuestraron la misma noche. Nos decían que vayamos otro día, pasaron
meses y años y nada. Siempre íbamos y nada”.
87
Con estos resultados, los familiares recurrieron de nuevo a las autori-
dades civiles. En esta ocasión, fueron a hablar con el gobernador y la Poli-
cía Nacional. Tampoco obtuvieron resultados favorables: “…En goberna-
ción hice una petición verbal, pero no hubo nada. Ahí me dijeron que tam-
bién iban a investigar y que puede ser que mi hijo se metió en asuntos en con-
tra del Gobierno … También fui a la Policía, ahí no pusimos ningún papel y
nos dijeron que no sabían nada de eso, no escribieron nada …”
88
Ante semejante situación, el 2 de abril de 1982 la familia Morán y los
familiares de otras personas desaparecidas decidieron escribirle una peti-
ción al general José Efraín Ríos Montt, que pocos días antes había asumi-
do la Jefatura de Estado. En esa petición le exponían las circunstancias que
habían rodeado la desaparición de sus parientes y solicitaban su interven-
ción para que se investigara su paradero.
Dos semanas más tarde recibieron un escueto telegrama del general
Ríos Montt, en el cual les respondía: “Su telegrama fecha 20 corrientes cur-
sé al señor ministro de Gobernación”.
89
Entonces escribieron al ministro de
Gobernación en los siguientes términos: “Hacemos de su conocimiento estos
casos lamentables que nos afligen en nuestros hogares, por nuestros familiares
desaparecidos, por lo que suplicamos a usted, que por su medio se investigue el
paradero de ellos y que se esclarezca por las vías legales los casos mencionados
… confiamos en dios nuestro señor, su fina colaboración …”
90
La respuesta del ministro de Gobernación fue transmitida a los fami-
liares de las víctimas a través de la jefa de Receptoría e Información de ese
Ministerio, mediante nota de fecha 12 de mayo de 1982: “Con relación a
su solicitud dirigida a este Ministerio … con esta misma fecha se cursó a la Di-
rección General de la Policía Nacional para que, por medio del Departamen-
to de Investigaciones Técnicas, se hagan con la mayor prontitud las investiga-
33
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Telegrama de fecha 23 de abril de 1982.
90 Carta enviada al ministro de Gobernación por los familiares de las víctimas, en abril de 1982.
ciones pertinentes y de cuyos resultados esa institución les informará”. Esta pro-
mesa nunca se cumplió.
Vicente Morán señaló que, aunque obtenían respuesta al dirigirse a
una u otra dependencia, en definitiva nada se podía hacer: “Era mucho
gasto, porque teníamos que irnos a la capital y ya no fuimos”.
91
Además de
que tales gestiones hubieran resultado inútiles, al igual que todas las de-
más que se realizaron, “…por ahí tengo copias de los papeles que había man-
dado. La gente que nos acompañaba dejaron, pues nos decían venga maña-
na, venga en 18 días…”
92
No obstante, la familia Morán continúo insis-
tiendo, más aun cuando otro de sus hijos fue capturado y desaparecido en
un retén militar.
93
En 1987, una vez creada la Oficina del Procurador de los Derechos
Humanos, Vicente Morán acudió a ella, para denunciar las desapariciones
de sus hijos: “…el compareciente solicita concretamente la intervención del se-
ñor procurador de los Derechos Humanos, a efecto de que por medio de él, se
logre averiguar el paradero de sus dos hijos secuestrados o bien, saber si están
vivos o están muertos…”
94
Don Vicente Morán albergó un poco de esperan-
za cuando, en el momento de presentar su denuncia “…me dijeron que en
ese departamento me iban a aclarar cómo estaban las cosas…”
95
Sin embargo,
con el paso del tiempo, la esperanza inicial se vio minada “…y no, no acla-
raron nada ni tampoco hubo respuesta por escrito…”
96
Diez años después de su denuncia ante la PDH y transcurridos más
de quince desde que se produjeron las desapariciones de sus hijos, plazo
durante el cual la familia Morán recurrió una y otra vez a las autoridades
del Estado buscando una justicia que hasta este momento no ha obteni-
do, sólo hay frustración y decepción en la familia: “…Nos aburrimos de es-
ta lucha de más de diez años y no nos tocó más que dejar. Con eso gastamos
mucho en la capital y en Cobán … después ya no seguí, ya no había para don-
de, no había razón de ser. Hicimos muchas cosas pero ya no me recuerdo.
Cuando pasaba el día, la semana, el mes, ya no sabía nada. Seguía luchando
la vida, pero la tristeza era grande, ahora estamos ya enfermos, yo creo que no
es por la edad, sino por lo que pasó”.
97
34
91 Testigo directo CEH.
92 Ibid.
93 Véase apartado II. Los hechos en este caso.
94 Denuncia presentada por la familia de las víctimas a la PDH el 2 de diciembre de 1987 en la
ciudad de Guatemala.
95 Testigo directo CEH.
96 Ibid.
97 Ibid.
IV. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la convicción plena de que Lázaro y Edmundo
Salvador Morán fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos forzada-
mente y eventualmente, ejecutados en forma secreta por efectivos del Ejér-
cito de Guatemala, en violación de sus derechos a la libertad, la integridad
personal y la vida.
La CEH arribó, también, a la convicción de que, en el presente caso,
el Estado de Guatemala violó los derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial de los hermanos Morán.
De igual forma, asiste a la CEH la convicción de que el Estado, a tra-
vés de sus cuerpos de seguridad pública y sus órganos judiciales, atentó gra-
vemente contra el derecho a la justicia, al no cumplir con su obligación de
investigar el hecho y sancionar a los responsables, así como al no haber
provisto a la familia de las víctimas recursos judiciales eficaces.
La CEH considera que este caso ilustra no sólo la inoperancia, sino in-
cluso la ausencia del sistema de justicia del Estado en las zonas rurales del
país, que fue característica durante el enfrentamiento armado interno.
Finalmente, el caso ilustra la total impunidad que favoreció a los au-
tores de la abrumadora mayoría de las violaciones de derechos humanos
cometidas durante el enfrentamiento armado interno.
35
I. ANTECEDENTES
La comunidad Aurora 8 de Octubre, ubicada en la Finca Xamán, Chi-
sec, Alta Verapaz, está integrada por población retornada
99
y por varias fa-
milias q’eqchi’ que formaban parte del grupo de antiguos colonos de la fin-
ca. Muchos de ellos fueron víctimas de la represión de 1982, que los obli-
gó a refugiarse en México, incluso algunos sobrevivieron a las masacres
ocurridas en sus aldeas de origen durante aquel año.
Al retornar en 1994 a Guatemala, decidieron poner a su comunidad
el nombre de Aurora 8 de Octubre porque consideraron que “era una pri-
mera comunidad, como un amanecer por parte de los retornados, en este lugar
que era de puros patrulleros civiles”.
100
En total, regresaron de México unas 90 familias que se unieron a las
50 que ya vivían en el lugar, obteniendo todas una cantidad igual de tie-
rra. El 5 de octubre de 1995, día de los hechos, los pobladores preparaban
la celebración del primer aniversario de la formación de su comunidad y
la conmemoración de la firma de los Acuerdos del 8 de octubre de 1992
entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Comisión Nacional
para la Atención de Repatriados, Desplazados y Refugiados Guatemaltecos
(CEAR), y las Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemaltecos en
Caso ilustrativo No. 3
Masacre de Xamán
“Allí se encontraba parado Pablo Coc Coc, a
quien se le destrozó el cráneo. También esta-
ba Francisco Hernández, que empezó a san-
grar en una mano y a su lado un soldado que
pedía a sus compañeros que lo sacaran, a lo
que el subteniente le respondió que si no se
callaba, él mismo lo remataba en ese mo-
mento. También recuerdo que Pedro Medina
Sánchez, que estaba trabajando un poco más
allá, también cayó herido; luego los soldados
empezaron a disparar y remataban a todos
aquellos que trataban de recuperarse; recuer-
do que así mataron a Pedro Medina y a Jua-
na Jacinta”.
98
98 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
99 Los grupos étnicos mayoritarios son q’eqchi’, mam y q’anjob’al, además de fracciones pequeñas
de población ixil y k’iche’.
100 Testigo directo CEH.
México (CCPP), mediante los cuales se reconoció “el carácter civil y pací-
fico del retorno y de la población retornada”.
101
El retorno de esta comunidad, ocurrido en pleno período de negocia-
ciones de paz entre las Partes, coincidió con la época de instalación de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA), que debía
verificar el cumplimiento, por las Partes, del Acuerdo Global sobre Dere-
chos Humanos.
El 3 de octubre de 1995 una patrulla militar al mando de un subte-
niente del Ejército de Guatemala e integrada por 26 soldados, incluido un
menor de edad, salió del destacamento de Rubelsanto, perteneciente a la
zona militar 21, con sede en Cobán, Alta Verapaz. Con anterioridad a su
salida, la patrulla ya tenía previsto pasar por la entrada de la finca Xa-
mán.
102
II. LOS HECHOS
Los días 3 y 4 de octubre de 1995 los soldados visitaron varias aldeas,
de acuerdo a la programación realizada. El 5 de octubre, en la mañana, al-
gunos pobladores de la comunidad Aurora 8 de Octubre que se dedicaban
a la “pica de hule”, advirtieron la presencia de los militares cuando éstos pa-
saban por la finca, cerca de la escuela, a no más de diez metros de las pri-
meras viviendas.
Varios habitantes que estaban preparando una galera en el centro de la
comunidad, para utilizarla durante las fiestas de aniversario, fueron avisa-
dos de la presencia de la tropa. Se formó un grupo de diez vecinos, entre
los que se hallaban algunas mujeres, las autoridades de la comunidad y va-
rios líderes de organizaciones comunitarias; salieron al encuentro de la pa-
trulla y solicitaron hablar con el oficial al mando. El grupo requirió a los
soldados el motivo por el cual se encontraban en el lugar, en violación de
los Acuerdos del 8 de Octubre.
103
El subteniente que comandaba la patrulla indicó que se dirigían a una
comunidad cercana, pero los pobladores manifestaron que el camino que
estaban siguiendo los soldados no conducía a dicho lugar. Mientras tanto,
38
101 Acuerdos del 8 de octubre de 1992, Acuerdo Quinto, literal C.
102 Cuarto Informe sobre Derechos Humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas
para Guatemala (MINUGUA), párrafo 26: “El itinerario de la patrulla, comunicado al jefe del ba-
tallón el 3 de octubre, incluía coordenadas que corresponden a la ubicación de la finca”. El trabajo de
verificación del presente caso fue iniciado dos horas después del incidente y estuvo a cargo de ob-
servadores legales, militares y policiales de Naciones Unidas.
103 Los Acuerdos del 8 de Octubre de 1992 regulan el retorno de los refugiados guatemaltecos en
México y reconocen el carácter pacífico y civil de la población retornada. Esta última disposición
ha sido frecuentemente interpretada de una forma amplia por los retornados como un compro-
miso por parte del Ejército de no ingresar o patrullar cerca de sus comunidades.
otros vecinos hacían referencias a las acciones realizadas por el Ejército a
principios de los años ochenta.
Según algunos testigos los soldados solicitaron participar en las festivi-
dades previstas para conmemorar el primer aniversario de la comunidad y
los propios pobladores les hicieron pasar. Otros indican que se les exigió
ingresar, para que explicasen su presencia en el lugar.
Al margen de la verdadera razón del ingreso, lo cierto es que el oficial
al mando, después de este primer encuentro, decidió llegar hasta el centro
de la comunidad y así poder exponer los motivos de la presencia militar.
Durante el recorrido, el número de pobladores que rodeaba a los militares
aumentó de forma gradual y se hicieron más fuertes las agresiones verbales
dirigidas contra los soldados, así como las expresiones de descontento por
su presencia.
Sobre la una y media de la tarde el subteniente dialogó con el alcalde
auxiliar. Mientras esto sucedía, los pobladores manifestaban con mayor ve-
hemencia su descontento por la presencia militar y, en un momento dado,
solicitaron a los soldados que dejaran sus armas y permanecieran en el lu-
gar hasta que MINUGUA y el ACNUR
104
verificaran la presunta violación
de los Acuerdos del 8 de Octubre.
Transcurrida más de media hora y luego de un intercambio de órde-
nes entre el subteniente y los soldados, los integrantes de la patrulla, debi-
do a la presión que recibían por parte de la comunidad, que los había cer-
cado, “intentaron salir del lugar empujando a la gente con sus fusiles”,
105
en-
caminándose hacia el lugar por donde habían ingresado, al mismo tiempo
que un grupo de pobladores se desplazaba hacia dicha zona para impedir
su salida. Una mujer “tomó el cañón del arma del sargento para arrebatárse-
la y éste ordenó disparar a otro miembro de la patrulla, quien al hacerlo dio
muerte a tres personas cercanas, una de ellas por la espalda al huir”.
106
Este he-
cho provocó una reacción en cadena de los demás soldados, que realizaron
disparos indiscriminadamente en todas direcciones; “en ese momento, todos
empezamos a correr”.
107
Varias personas cayeron bajo el impacto de los pro-
yectiles mientras huían y, según se denunció, otras tres fueron rematadas
cuando estaban tendidas en el suelo.
No hay evidencia de que los pobladores portaran armas de fuego ni
testimonios que den cuenta de agresiones físicas contra los soldados, que
en gran medida estaban rodeados por mujeres y niños. Sólo constaron las
agresiones verbales y el mencionado intento de arrebatar el arma al sargen-
to. Aun así, el propio Ejército reportó que fueron disparados 246 proyec-
39
104 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
105 Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 27.Marzo, 1996.
106 Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 28. Marzo, 1996.
107 Testigo directo CEH.
tiles calibre 5,56 mm. Por otra parte, la verificación realizada por MINU-
GUA concluyó que tres integrantes de la patrulla resultaron “heridos por los
disparos descontrolados de sus compañeros”.
108
Cuando la tropa había abandonado el centro de la comunidad, “a 200
metros del lugar en que se abrió fuego, un soldado disparó deliberadamente al
niño Santiago Pop Tut, de ocho años, impactándole en la muñeca”,
109
cuando
transitaba por el camino con su caña de pescar. Al intentar el niño herido
huir hacia su casa, el soldado regresó y, a escasa distancia, le disparó en el
pecho y la cabeza, matándolo.
Como consecuencia de esta acción once personas de la comunidad re-
sultaron muertas, incluidos dos niños, y otras veintiocho heridas.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
La primera reacción oficial, proveniente del Ejército, intentó exculpar
a los responsables.
110
Pero, conocidas las circunstancias reales de los hechos,
el presidente de la República, Ramiro De León Carpio, asumió su respon-
sabilidad como máxima autoridad del Estado y visitó a la comunidad, a la
vez que aceptó la renuncia del ministro de Defensa Nacional y destituyó al
comandante de la zona militar 21, de la cual dependía la patrulla protago-
nista de la masacre.
Sin embargo, el Ejército continuó tratando de exonerar de responsa-
bilidad a sus miembros y trató de obstaculizar la investigación judicial. Por
ejemplo, “varios soldados manifestaron confidencialmente que durante el re-
greso a su base y también dentro de ella se les instruyó sobre lo que tenían que
decir”,
111
tanto por los oficiales superiores como por los abogados de la ins-
titución castrense, para dar una misma versión distorsionada de lo sucedi-
do. Los abogados contratados y remunerados por el Ejército, que asumie-
ron la defensa común de todos los soldados, dificultando de este modo la
determinación de quiénes dispararon, han sido censurados públicamente
por interponer numerosos recursos, algunos en verdad improcedentes,
además de recusaciones y desistimientos tendentes a lograr una dilación in-
justificada del proceso y la descalificación del fiscal encargado del caso y de
las instituciones que, como MINUGUA, verificaban con independencia
su correcto desarrollo.
40
108 Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 29. Marzo, 1996.
109 Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 29. Marzo, 1996.
110 Comunicado del director de MINUGUA: “Conclusiones preliminares de la verificación de los
acontecimientos del 5 de octubre de 1995 en la comunidad de retornados Aurora 8 de Octubre
(Finca Xamán, Alta Verapaz)”, ciudad de Guatemala, 10 de octubre de 1995, numeral 9.
111 Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 30. Marzo, 1996.
Por otro lado, las armas que portaba la patrulla estuvieron en poder del
Ejército durante seis semanas, antes de ser entregadas al Ministerio Públi-
co. El lanzagranadas fue entregado por el Ministerio de la Defensa Nacio-
nal a la fiscalía seis meses después de los hechos, luego de reiterados reque-
rimientos.
La actuación del Ministerio Público tampoco estuvo a la altura de los
acontecimientos. El primer fiscal del caso y el fiscal general de la Repúbli-
ca se personaron en el lugar de los hechos al día siguiente de ocurridos és-
tos. Recogieron algunas evidencias, como casquillos de bala, y entrevista-
ron a varios sobrevivientes, pero no hicieron constar legalmente en actas
dichas actuaciones. El Ministerio Público omitió adoptar las medidas ne-
cesarias para preservar la escena del crimen y las evidencias; la ropa de las
víctimas se extravió y las autopsias fueron practicadas de un modo super-
ficial y sin los requisitos técnicos necesarios. Por último, las denuncias por
la deficiente actuación del fiscal a cargo del caso provocó su renuncia y el
nombramiento de un sustituto.
Algo similar sucedió con los funcionarios judiciales que tuvieron res-
ponsabilidad en el proceso. El primer juzgador a cargo del proceso, el juez
militar de Jalapa, dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, tu-
vo una notoria inclinación hacia las posturas sustentadas por los abogados
defensores, a quienes consultaba sobre diversos actos procesales. Finalmen-
te, ante una contienda de competencia presentada por la querellante adhe-
siva, Sra. Rigoberta Menchú Tum, la Sala Quinta de la Corte de Apelacio-
nes consideró que los delitos cometidos tenían carácter común y ordenó el
traslado del expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Co-
bán, Alta Verapaz. Esta resolución sentó precedente, por constituir la pri-
mera oportunidad en que, en aplicación del principio de igualdad ante la
ley, un delito cometido por militares pasaba a ser tramitado por un juez de
la jurisdicción ordinaria civil.
Sin embargo, la actuación procesal del juez de instancia también fue
cuestionada. Una de sus resoluciones más criticadas fue la concesión de
medidas sustitutivas de libertad a ocho miembros de la patrulla sin haber
leído el expediente judicial, que constaba de cinco mil páginas, el cual ha-
bía recibido pocas horas antes y sin que se hubieran modificado las cir-
cunstancias que motivaron decretar la prisión preventiva. En suma, frente
a las reiteradas anomalías denunciadas sobre su proceder, la Corte Supre-
ma de Justicia decidió remover al juez.
La acusación fiscal contra 25 integrantes de la patrulla militar fue pre-
sentada el 29 de junio de 1996. Sin embargo, la realización del juicio oral
ha tenido que ser suspendida debido a la tramitación de recursos inter-
puestos por las partes. En octubre de 1998 el juicio oral no había sido rea-
nudado aún.
41
Durante todo este tiempo la tramitación del proceso ha estado acom-
pañada de hostigamientos e intimidaciones a los heridos, testigos y, en ge-
neral, a los pobladores de la comunidad Aurora 8 de Octubre. También se
han producido presiones y amenazas contra el fiscal del caso y la querellan-
te adhesiva, realizadas por desconocidos.
Ya en el primer informe de MINUGUA, de fecha 10 de octubre, se
concluía que los integrantes de la patrulla habían “violado gravemente el de-
recho a la vida, al haber disparado intencionalmente contra miembros de la
comunidad Aurora 8 de Octubre … De la verificación no se desprende eviden-
cia alguna de que los miembros de la comunidad llevaran armas y hay sufi-
cientes elementos para concluir que todas las víctimas, incluidos los tres solda-
dos lesionados, fueron alcanzados por los disparos efectuados por miembros de
la patrulla”.
112
Durante los primeros días de octubre de 1998 el fiscal especial del ca-
so, Ramiro Contreras Valenzuela, declaró ante la prensa nacional que fun-
cionarios del Ministerio Público no le brindaban el apoyo necesario para
llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
113
Más tarde, el mismo fiscal,
denunció que era objeto de amenazas e intimidaciones, temiendo por su
seguridad, por lo que, había decidido salir del país.
114
Por otra parte, en noviembre de 1995, la querellante adhesiva, señora
Rigoberta Menchú, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, donde se ha seguido el trámite correspondiente.
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defen-
sa Nacional comentarios sobre la masacre de Xamán, entre otros casos. El
ministro respondió el 5 de enero de 1998, inhibiéndose de realizar comen-
tarios sobre el hecho aduciendo que este caso estaba sujeto a proceso judi-
cial ante los tribunales.
115
IV. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la plena convicción de que once habitantes de
la comunidad Aurora 8 de Octubre, incluidos dos niños, fueron ejecuta-
dos por efectivos del Ejército de Guatemala, resultando heridas en la ac-
ción otras veintiocho personas. Los hechos constituyeron una gravísima
42
112 Comunicado del director de MINUGUA: “Conclusiones preliminares de la verificación de los
acontecimientos del 5 de octubre de 1995 en la comunidad de retornados Aurora 8 de Octubre
(Finca Xamán, Alta Verapaz)”, ciudad de Guatemala, 10 de octubre de 1995, numeral 1.
113 Siglo XXI y El Periódico, 13 de octubre de 1998.
114 Prensa Libre, 30 de octubre de 1998. El fiscal agregó: “recibí una serie de presiones del secretario ge-
neral de la institución, Guillermo Rolando Díaz, quien actuó, lógicamente, con la venía del fiscal ge-
neral, Adolfo González Rodas”.
115 Oficio No. 002MDN-acom/98.
violación del derecho a la vida y no existe causal de justificación del cri-
men cometido, ni siquiera la legítima defensa frente a la agresividad de las
víctimas, pues la respuesta de los soldados fue absolutamente despropor-
cionada.
La CEH, dentro de los límites temporales de su mandato, también
ha llegado a la convicción de que, en el proceso judicial sobre esta masa-
cre, el Estado de Guatemala faltó gravemente a su deber de investigar los
hechos con la finalidad de sancionar a los responsables, violando así el de-
recho a la justicia. Esta inobservancia del deber de investigar ha radicado,
fundamentalmente, en la falta de independencia de los jueces y en la au-
sencia de colaboración, cuando no en obstaculización, del Ejército de
Guatemala.
La CEH estima que esta condenable masacre no correspondió a una
previa planificación ni obedeció a una orden superior y que su origen pue-
de encontrarse en la imprudente programación del itinerario de la patru-
lla, que provocó una actitud agresiva de los miembros de la comunidad, a
la cual los soldados respondieron con criminal desproporción. Sin embar-
go, ese mismo itinerario es ilustrativo de la persistencia, en el pensamien-
to castrense, de la identificación de refugiados y retornados con guerrille-
ros. A la vez, la CEH considera que este caso ilustra en qué grado, incluso
en los años postreros del enfrentamiento armado cuando se avanzaba en
dirección a la firma de la paz, campesinos que debieron buscar refugio en
suelo mexicano percibían al Ejército de Guatemala como una institución
hostil, debido a la pervivencia, en su memoria, de los años en que la vio-
lencia se aplicó sistemáticamente.
Por otra parte, la CEH considera que el caso ilustra la correspon-
dencia que existe entre la incapacidad de las instituciones encargadas de
administrar justicia, para investigar con independencia y eficacia casos
de graves violaciones a los derechos humanos, y la gran influencia que,
aún avanzados los años noventa, el Ejército conservaba sobre tales insti-
tuciones.
La CEH considera que la inmediata verificación del caso por la Mi-
sión de las Naciones Unidas, la positiva reacción del presidente de la Re-
pública, la renuncia del ministro de la Defensa, el traslado del expediente
judicial a los tribunales ordinarios y la reacción de las instituciones de la
sociedad civil ante esta masacre demostraron, en su momento, la influen-
cia del proceso de paz en el logro de una mayor conciencia sobre la nece-
sidad de respetar los derechos humanos en Guatemala.
Finalmente, la CEH lamenta la falta de respuesta del Ministerio de
Defensa Nacional a su solicitud sobre el presente caso, la cual contradice
lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional y en
nada contribuye a la concordia nacional.
43
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Herido en atentado
44
Aurelio Hernández Morales
Carmen Caal Saquiq
Efraín Grave Morente
Eliseo Hernández Morales
Francisco Hernández
Gerardo Maldonado Sales
Jacinta Matón
Josefa Mendoza Aguilar
Juan Medina Toma
Juana Andrés Maldonado
Juana Felipe Velásquez
Marcos Jolomna Yat
Martín Quip Mocú
Mateo Pedro
Micaela Pascual
Natividad Sales
Pascual José Pascual
Pedro Daniel Carrillo López
Ricardo Pop Caal
Rolando Hernández Maldonado
Rosenda Sales Ortiz
Rosendo Morales Ortiz
Santiago Cajbón Quip
Santiago Maquin
Santos Choc Max Coc
Tomás Grave Morente
Víctor Carrillo
Maurilia Coc Max
116
Abel Pérez Ramírez
Andrés Miguel Mateo
Carlos Fernando Chop Chip
Hilaria Morente de la Cruz
Juana Jacinto Felipe
Manuela Mateo Antonio
Pablo Coc Coc
Pablo Coc Coc
Pedro Diego Andrés
Pedro Medina Sánchez
Santiago Pop Coc
116 Esta persona muere posteriormente debido a las heridas.
I. ANTECEDENTES: EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
PUEBLO VIEJO-QUIXAL Y LA RESISTENCIA
DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE
RÍO NEGRO A SER DESALOJADOS DE SUS TIERRAS
La comunidad de Río Negro, asentada a las orillas del río Chixoy, en
el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, vivía de la agri-
cultura, la pesca y el intercambio de productos con la comunidad vecina
de Xococ. En los años setenta, Río Negro tenía una población de aproxi-
madamente 800 personas, indígenas achís.
La vida de los habitantes de Río Negro, y de los pueblos que vivían en
las riberas del río Chixoy,
120
cambió a partir de la construcción de la hidroe-
léctrica Pueblo Viejo-Quixal. Un habitante de la región reconoce: “En la
comunidad antes estábamos tranquilos, después de la construcción de la presa
es cuando surgieron muchos problemas”.
121
En 1975 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) presentó el
proyecto de construcción de la hidroeléctrica en la cuenca del río Chixoy,
CASO ILUSTRATIVO NO. 10
Masacre y eliminación de
la comunidad de Río Negro
“Desde hace algún tiempo la población de la
aldea Río Negro, se ha tornado conflictiva
por influencia de elementos subversivos”.
117
“Ahí perdí mi familia, pues, mi hermano,
esposa, sobrinos, suegra, cuñado, comadres,
tías, todos ahí … nadie se quedó en la aldea,
nos fuimos a la montaña … quedamos
abandonados, sin espíritu”.
118
“La institución se interesó más por su gran
proyecto, mientras que a nosotros se nos fue
olvidando”.
119
117 Prensa Libre, 6 de marzo de 1980, Boletín de Prensa del Ejército.
118 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
119 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
120 Entre ellos, las comunidades de la finca Puente Viejo, finca Santa Ana, Los Chicos, El Zapote,
Canchún, Los Encuentros, Chicruz, Cauinal, Patzulub, San Juan Las Vegas, Chuaxán, Pichec,
Panxic, Pacaní, Chisaj, Chirramos, Chitomax, Guaynep.
121 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
“la obra más grande del hombre en Centroamérica”,
122
para solucionar el pro-
blema de energía eléctrica del país, bajo el auspicio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y del Banco Mundial. “El plan contempló la inundación
de más de 50 kilómetros a lo largo del río y algunos afluentes, lo cual afectaría
a cerca de 3,445 personas de las comunidades asentadas en los márgenes”.
123
Las comunidades afectadas debían desplazarse y reasentarse en otro lugar.
En junio de 1978 el Gobierno declaró el área en emergencia nacional, de-
bido a que se inundaría por la construcción del embalse.
124
El INDE se
comprometió a buscar y entregar a los desplazados iguales o mejores tie-
rras que las que iban a ser inundadas. La comunidad de Río Negro no
aceptó las propuestas del Estado.
Las autoridades pretendieron asentar a los pobladores de Río Negro en
Pacux, un lugar árido, y en casas que rompían su esquema cultural de vi-
da. Los campesinos se resistieron a dejar sus tierras. Un declarante mani-
fiesta que Río Negro “era la comunidad modelo del área, con la mejor orga-
nización, era la más próspera de la región; esa fue una de las razones por las
cuales esa comunidad no fue tan fácil de engañar como todas las demás”.
125
En
1978 mucha gente de la comunidad mudó sus casas para situarlas en te-
rrenos altos que no serían inundados por las aguas.
Ante esta situación el INDE reconoció que “los problemas que sucedie-
ron en el reasentamiento fueron: a) la incomprensión de la población afectada
acerca de la necesidad de la construcción del proyecto, b) el apego a su región y
a la tierra que tenían los pobladores afectados y c) la dificultad en obtener tie-
rras en la región necesarias para los reasentamientos que se efectuaron”.
126
El “apego a su región” al que se refiere el INDE, se debe a que el área
del río Chixoy estuvo habitado desde el período maya clásico (330 años
AC a 900 años DC) por poblaciones indígenas y, además, existían en el lu-
gar varios centros religiosos ceremoniales. El INDE constató la existencia
de 50 sitios arqueológicos distribuidos a lo largo del valle que, por estar si-
tuados sobre las terrazas bajas y sobre las primeras pendientes que bordean
el río, en su mayoría resultaron inundados.
127
La construcción de la represa era inminente. Relata un sobreviviente
que los representantes del INDE plantearon a los pobladores la situación
46
122 El Gráfico, 30 de octubre de 1985, “BID, XXV años de actividades”, suplemento especial Banco
Interamericano de Desarrollo.
123 Las masacres de Rabinal, Fundación de Antropología Forense de Guatemala, (1995), pg. 76.
124 Diario de Centro América, 22, Tomo CCIX, 19 de julio de 1978. El 17 de noviembre de 1980 se
ratifica la declaratoria.
Diario de Centro América, 6, Tomo CCXV, 26 de noviembre de 1980.
125 Testigo directo CEH.
126 INDE, estudio sobre los impactos de Chixoy. Guatemala, 1982, pg. 45.
127 INDE, estudio sobre los impactos de Chixoy. Guatemala, 1982, pg. 53. En la página 74, por su
parte, se afirma: “Aunque algunos sitios arqueológicos quedaron cubiertos por las aguas del embalse.
Esto se compensó con el estudio efectuado que enriqueció el conocimiento del patrimonio nacional”.
en los siguientes términos: “Si ustedes no quieren salir, de todos modos el Pre-
sidente de la República ya firmó el contrato, ya no se puede dejar de construir
porque el proyecto está ya aprobado. Aunque se opongan, el proyecto sigue y al-
gún día van a tener que salir”.
128
Un asesor jurídico del INDE afirmó, refi-
riéndose a las comunidades, que “para poder sacarlas se tuvo que usar la fuer-
za y la voluntad, los que quisieron negociar se hizo con ellos y los que no, se usó
la fuerza”.
129
Por esta época, el Comité de Unidad Campesina (CUC) impartió cur-
sos de alfabetización y de derechos humanos, apoyó y asesoró a los habi-
tantes de Río Negro en sus demandas ante el INDE.
En 1979 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) llegó a Río Ne-
gro, mantuvo encuentros con los líderes de la comunidad vinculados con
el CUC y les habló de la revolución. Un declarante comenta: “Ellos decían
que hay que hacer una lucha para botar al Gobierno y al Ejército porque ellos
están gobernando, hay que hacer la lucha con machetes, con agua caliente, y
vamos a tomar las fincas si logramos la revolución”.
130
Los miembros del EGP
vivían en las montañas y visitaban cada cierto tiempo la comunidad.
En 1980 el proyecto hidroeléctrico seguía vigente y los pobladores de
Río Negro continuaban resistiéndose a abandonar sus tierras.
II. LOS HECHOS: LAS MASACRES
Y LA ELIMINACIÓN DE LA COMUNIDAD
El 5 de marzo de 1980 dos habitantes de Río Negro que se encontra-
ban en Pueblo Viejo fueron acusados de robar frijoles del comedor de los
trabajadores de la represa. Fueron perseguidos por dos soldados y un agen-
te de la Policía Militar Ambulante (PMA). Al llegar a Río Negro, los dos
habitantes comenzaron a gritar que les perseguían los militares. La comu-
nidad se reunió, rodearon a los soldados y los llevaron hasta la capilla. Un
miembro de la comunidad, que estaba ebrio, golpeó al agente de la PMA,
quien, en su afán por defenderse, disparó y mató a siete personas. Inme-
diatamente, los campesinos reaccionaron y con piedras y machetes mata-
ron al agente. Uno de los soldados, al ver la reacción de la turba y a su com-
pañero muerto, abandonó el arma y huyó. El otro soldado fue retenido por
un tiempo, pero más tarde quedó en libertad.
131
Al día siguiente el Ejército se pronunció sobre el hecho afirmando que
la comunidad tenía influencia de la guerrilla y que eso determinaba su re-
chazo a salir de sus tierras. El boletín de prensa militar afirmaba:
47
128 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
129 Testigo directo (empleado del INDE) CEH.
130 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
131 C 9156. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
“Desde algún tiempo la población de la aldea Río Negro se ha torna-
do conflictiva por la influencia de elementos subversivos, que han
aprovechado los problemas de tierras, suscitados con motivo de que sus
terrenos serán afectados por la inundación que se provocará por la pre-
sa Chixoy, a diferencia de otros pobladores que voluntariamente han
aceptado el traslado a lugares más seguros y donde les deparan mejo-
res expectativas de vida”.
132
Desde aquel incidente, miembros del Ejército comenzaron a visitar la
comunidad de Río Negro. Con frecuencia registraban las casas, pregunta-
ban por el arma que el soldado había abandonado el 5 de mayo, maltrata-
ban a la gente y detenían de forma ilegal campesinos.
En 1981 habrían tenido lugar las primeras desapariciones selectivas de
los líderes comunitarios.
133
Ante estas circunstancias, y con la finalidad de
evitar la represión del Ejército, representantes de la comunidad se dirigie-
ron a la zona militar de Cobán y al destacamento militar de Rabinal a dis-
culparse por lo ocurrido el 5 de mayo. La reacción de los militares fue acu-
sarlos de guerrilleros y amenazarlos de muerte. Un testigo presencial afir-
ma que el capitán les dijo: “Nosotros [los campesinos de Río Negro] estába-
mos entrenados ya por la guerrilla. Nos dijeron que entreguemos las armas por-
que si no, iban a hacer ceniza a Río Negro”.
134
Los militares nunca encontra-
ron las armas que buscaban.
Mientras esto sucedía en Río Negro, la comunidad de Xococ estaba
también siendo víctima de la represión militar. Del testimonio colectivo
brindado por la comunidad a la CEH se desprende que, entre octubre y
septiembre de 1981, miembros del Ejército ejecutaron a 18 campesinos
que se encontraban sembrando maní.
135
En el mes de febrero de 1982 un grupo de hombres armados, presu-
miblemente guerrilleros, quemaron el mercado de Xococ y mataron a cin-
co personas.
136
A consecuencia de que el Ejército identificó este hecho con
la guerrilla y con los campesinos de Río Negro, los pobladores de Xococ
rompieron las relaciones comerciales que mantenían con Río Negro y se
declararon sus enemigos. Así afirma un habitante de Xococ: “Cuando co-
menzó la guerra, se perdió la amista”.
137
La comunidad de Xococ solicitó al
48
132 Prensa Libre, 6 de marzo de 1980, pg. 6.
133 Testigo directo CEH. El testigo menciona los nombres de José Iboy y Pablo Osorio como vícti-
mas de desapariciones forzadas en la época.
134 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
135 Testimonio colectivo CEH.
136 C 15328. Febrero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
Testigos directos (ex dirigentes del EGP) CEH. (T.C. 215). La ex comandancia del EGP recha-
za su participación en este hecho, sosteniendo que “quemar un mercado jamás fue una orientación
nuestra y nunca fue autorizado”. A la CEH le asiste presunción de la autoría de la guerrilla.
137 Testimonio colectivo (pobladores de Xococ) CEH.
Ejército que organizara las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). “El padre
Melchor [párroco de Rabinal y conocedor de la situación de las aldeas] de-
cía que en Xococ se dispusieron a colaborar en todo a condición que no les si-
gan matando”.
138
La comunidad de Río Negro fue calificada como guerrillera. Los pa-
trulleros de Xococ, armados, adiestrados y guiados por el Ejército, estuvie-
ron enfrentados, desde entonces, con los habitantes de Río Negro.
La primera acción realizada por los patrulleros de Xococ fue citar, el 7
de febrero de 1982, en nombre del destacamento militar de Rabinal, a 150
personas de la comunidad de Río Negro. El jefe de los patrulleros de Xo-
coc les recibió, les regañó por participar con la guerrilla además de atribuir-
les la quema del mercado. Los habitantes de Río Negro replicaron que el
mercado era un beneficio para ellos y que no tenían motivo para quemar-
lo. Sin embargo, para evitar que se agravara la situación, prometieron cons-
truir un nuevo mercado. Finalmente los patrulleros retuvieron las cédulas
de identidad a los citados y les ordenaron que volvieran a Xococ la sema-
na próxima para recuperarlas.
El 13 de febrero de 1982 acudieron a Xococ 74 personas de Río Ne-
gro (55 hombres y 19 mujeres). Una vez allí, fueron ejecutados por los pa-
trulleros del lugar.
139
Un mes más tarde, el 13 de marzo de 1982, a las seis de la mañana, 12
miembros del Ejército acompañados por 15 patrulleros de la aldea Xococ,
entraron en la comunidad de Río Negro. Casa por casa fueron preguntan-
do por los hombres, pero éstos no estaban en sus hogares pues pernocta-
ban en el monte invocando razones de seguridad. Los soldados afirmaban
que era seguro que estaban con la guerrilla. Luego, exigieron a las personas
que salieran de sus casas para participar en una reunión.
Mientras tanto, los soldados y los patrulleros desayunaron, comiendo
los alimentos que encontraban en las casas. Cuando terminaron de comer,
saquearon la aldea. Una persona que presenció los hechos afirma: “Se lle-
vaban palas, piochas, lazos y grabadoras, robaban todo lo que estaba en las
casas”.
140
Luego reunieron a las mujeres. Pusieron música de marimba y las obli-
garon a bailar, al decir de los soldados, como bailaban con los guerrilleros.
A varias mujeres jóvenes las llevaron aparte y las violaron.
Después, obligaron a las personas reunidas a caminar unos tres kiló-
metros montaña arriba. “Durante toda la caminata [cuenta el mismo de-
clarante] a las mujeres les pegaban mucho, les decían que eran vacas, las tra-
taban como si fueran vacas de cambiar de potrero. A los niños los pegaban mu-
49
138 Testigo de referencia CEH.
139 C 9098. Febrero, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
140 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
cho porque son hijos de guerrilleros”.
141
Al llegar a la cumbre del cerro Paco-
xom, un miembro del Ejército dijo, según manifiesta un declarante, que
“ahorita no me cuesta matar unos cuantos guerrilleros”.
142
Así, procedieron a
torturar y matar a las víctimas inermes. A unas las colgaron de los árboles,
a otras las mataron a machetazos y a otras les dispararon. “A los niños como
el que cargo ahora [comenta un sobreviviente que cargaba al momento de
la entrevista un niño lactante] lo agarraban de los pelos y le daban contra las
piedras”.
143
En una fosa que cavaron iban tirando los cadáveres. “A uno que
estaba agonizando todavía los dejaron ahí jateado como leña; unos sobre otros,
no los dejaron ordenados porque los tiraron ahí”.
144
La fosa fue cubierta con
piedras y con ramas. Sobre las cinco de la tarde concluyó la masacre y se
dirigieron hacia Xococ. Dieciocho niños sobrevivientes fueron llevados por
los agresores hacia dicha comunidad.
145
Los testimonios coinciden en que 177 personas —70 mujeres y 107
niños— población civil e indefensa de la comunidad de Río Negro, fueron
muertos en esta acción. La diligencia de exhumación de cadáveres, practi-
cada 12 años más tarde, estableció la existencia, en tres fosas, de 143 osa-
mentas, de las cuales 85 pertenecían a niñas y niños, y el resto a mujeres.
146
III.LOS HECHOS POSTERIORES: MÁS MASACRES,
DESPLAZAMIENTO Y REASENTAMIENTO
Al día siguiente de la masacre, una persona que se había escondido en
el monte, regresó a la comunidad a buscar a su esposa e hijos: “Fui yo llo-
rando, traía sábanas porque pensaba que mis niños estaban tirados. Sólo vimos
sangre, balas. Nos regresamos y agarramos nuestra maleta y nos fuimos a la
montaña. Quedamos abandonados, sin espíritu ese día por lo que pasó”.
147
Un grupo de sobrevivientes se refugió en la comunidad Los Encuen-
tros (ubicada donde se unen los ríos Salamá y Chixoy). Esta comunidad
fue atacada con granadas por el Ejército el 14 de mayo de 1982, causando
la muerte de 79 campesinos y la desaparición de 15 mujeres. Todas las ca-
sas fueron incendiadas.
148
Otros sobrevivientes de Río Negro se dirigieron hacia la comunidad
de Agua Fría, al otro lado del río Chixoy, en el departamento de Quiché.
50
141 Ibid.
142 Ibid.
143 Ibid.
144 Ibid.
145 CI 14. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
146 Las Masacres de Rabinal, Equipo de Antropología Forense de Guatemala, (1995), pg. 181.
147 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
148 C 9247. Mayo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
El 14 de septiembre de 1982 llegaron a esta comunidad soldados y patru-
lleros de Xococ, procediendo a concentrar a todas las personas en una de
las viviendas. Bajo la acusación de alimentar a la guerrilla, dispararon des-
de afuera de la casa y a continuación le prendieron fuego. Como resultado
de esta acción murieron 92 personas, entre ancianos, niños y mujeres.
149
Las restantes personas que escaparon de las masacres huyeron a la
montaña, donde, con la asesoría del EGP, vivieron en grupos que se mo-
vilizaban de un lado a otro para no ser detectados por el Ejército. Mante-
nían vigilancia permanente para evitar ser sorprendidos por las PAC y los
soldados. El Ejército destruía las milpas y los sembradíos que encontraba.
Una persona que vivió en la montaña afirma: “El Ejército cortó todas nues-
tras siembras, pedacearon todo, para que nosotros teníamos que morir de ham-
bre”.
150
En la montaña no tenían asistencia médica ni medicinas. Comían
raíces de bejuco, cogoyo de palma, y cazaban animales silvestres. En un nú-
mero no determinado, hombres, mujeres, niños y niñas murieron víctimas
del desplazamiento forzoso. Muchos permanecieron en la montaña hasta
cinco años. Un declarante que se resistía a dejar la montaña, manifestó: “Yo
dije, aquí me muero de hambre pero no de bala”.
151
Meses después de la masacre del 13 de marzo de 1982, el INDE em-
pezó a llenar el embalse. Como dice un declarante: “Después de la masacre,
la gente sale y la empiezan a llenar, así de sencillo”.
152
En aplicación de la amnistía de 1983 y con protección de la diócesis
de Cobán, los sobrevivientes bajaron de la montaña. Después de pasar por
Cobán, se dispersaron por toda Guatemala. Una parte fue a Escuintla, a
Retalhuleu y a otras zonas de Guatemala, mientras el resto de los campe-
sinos regresó a Rabinal. Estos últimos fueron reasentados en la aldea de Pa-
cux, que se encuentra ubicada detrás del destacamento militar de Rabinal,
obligándoseles a formar las PAC con el objetivo, según se les manifestó, de
“evitar que se volvieran a repetir los ataques de la guerrilla como el ocurrido en
Río Negro”.
153
En Pacux las condiciones de vida son precarias y la tierras no
son adecuadas para su agricultura de subsistencia. Los terrenos son “pobres,
no es aprovechable nada, ni para pastos de nuestros animales”.
154
El INDE no ha cumplido aún con el compromiso de otorgar igual o
mejores tierras a los damnificados. Tampoco ha legalizado la propiedad de
las tierras donde están los asentamientos de las comunidades desplazadas.
En Río Negro viven en la actualidad doce familias en condiciones de
extrema pobreza.
51
149 C9099. Septiembre, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
150 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
151 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
152 Testigo directo CEH.
153 Testigo directo (líder comunitario) CEH.
154 Testigo directo CEH.
Por otra parte, los habitantes de Xococ siguen considerando como
guerrilleros a los sobrevivientes de Río Negro, mientras que éstos conside-
ran asesinos a los primeros.
El 23 de agosto de 1993 cuatro miembros de la comunidad, con la ase-
soría del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denunciaron los hechos ante la
Justicia. El 25 de julio de 1994 fueron detenidos tres miembros de las Pa-
trullas de Autodefensa Civil que participaron en la masacre del 13 de mar-
zo y se planteó acusación formal en su contra. La diligencia de exhumación
se realizó el 7 de octubre del mismo año. El 27 de mayo de 1996 se sus-
pendió la audiencia en el juicio oral, porque la defensa solicitó la aplicación
del decreto de amnistía 32/88, que fue negada en todas las instancias.
Tras múltiples dilaciones, el lunes 9 de noviembre de 1998 se inició el
juicio oral que concluyó con la sentencia condenatoria, emitida el 30 de
noviembre por el Tribunal de Sentencia de Rabinal, por la cual se impuso
en primera instancia pena de muerte en contra de tres ex integrantes de las
PAC de Xococ, acusados de ser los autores materiales de la masacre de Río
Negro.
El abogado de los querellantes adhesivos declaró a los medios de co-
municación: “El proceso quedará abierto para que, de la misma forma, sean
llevados a la justicia los autores intelectuales de ambas masacres [Río Negro y
Agua Fría]”.
155
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defen-
sa Nacional información sobre la masacre de Río Negro, entre otras peti-
ciones. El ministro de la Defensa Nacional respondió el 5 de enero de
1998, inhibiéndose de realizar comentarios, aduciendo que este caso esta-
ba sujeto a proceso judicial en los tribunales.
156
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar los antecedentes que obran en su poder,
llegó a la plena convicción de que efectivos del Ejército de Guatemala, con
la concurrencia de patrulleros de la comunidad de Xococ, ejecutaron arbi-
trariamente el 13 de marzo de 1982, a un número estimado en 177 per-
sonas inermes de la comunidad de Río Negro, Rabinal, entre mujeres, ni-
ños y niñas, en violación de sus derechos humanos.
Esta violación del derecho a la vida no admite justificación basada en
la colaboración que las víctimas hubiesen prestado a la guerrilla.
La CEH concluye que la acción dirigida a dar muerte a todas las mu-
jeres y niños que se encontraban en la comunidad de Río Negro el 13 de
52
155 Siglo Veintiuno, 1 de diciembre de 1998.
156 Oficio No.002-MDN-acom/98.
marzo de 1982, las ejecuciones arbitrarias de otros miembros de la comu-
nidad que siguieron a la masacre y la generación de condiciones de vida
que pudieron acarrear la muerte de los demás sobrevivientes, como efecti-
vamente ocurrió en el desplazamiento forzoso, evidencian, en este caso, la
intención del mando responsable del Ejército de destruir total o parcial-
mente a dicha comunidad, independientemente de las motivaciones de los
autores, lo que configura un acto de carácter genocida.
157
La CEH, relacionando esta masacre con otros hechos de violencia y
violaciones de derechos humanos que la precedieron o siguieron, conside-
ra que el caso es ilustrativo del fomento, durante el enfrentamiento arma-
do interno, de la enemistad entre comunidades vecinas, especialmente me-
diante la utilización de los patrulleros civiles en actuaciones criminales.
A juicio de la CEH, el caso ilustra, finalmente, cómo población civil
que no era parte en el enfrentamiento terminó siendo involucrada en el
mismo, primero como víctima y posteriormente como colaboradora de la
guerrilla, debido a que muchas actitudes de resistencia a decisiones admi-
nistrativas, aunque fuesen pacíficas, como ocurrió en relación con la cons-
trucción de la represa hidroeléctrica, se concebían a priori instigadas por la
guerrilla y eran resueltas mediante la represión violenta.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
53
157 Ver capítulo II, Genocidio.
Adelia Osorio Iboy
Alberta Iboy Sánchez
Alejandro Osorio Chen
Alfredo Sánchez Sic
Anastasia Cuxum Lajuc
Anastasia Osorio Iboy
Anastasia Tecu Osorio
Anastasia Tecu Sánchez
Andelenia Chen Osorio
Andrés Iboy Uscap
Angelina Sánchez Chen
Anibal Tum Osorio
Antonio Chen Iboy
Arcadia Sánchez González
Arnulfo Osorio Chen
Basilio Osorio Sánchez
Benedicto Osorio Chen
Bernarda Chen Osorio
Bonifacio López Osorio
Candelaria Pérez Osorio
Carmelina Cuxum Lajuc
Carmelina Osorio Osorio
Catalina Iboy Sánchez
Catarina Chen Tecu
Celestina Sánchez González
Cesario Osorio Iboy
Clementina Osorio
Crispína Tecu Chen
Cristina Tecu Sánchez
Delfina Chen Osorio
Demetria Osorio Lajuc
Demetrio Osorio Iboy
Dominga Chen
Dominga Iboy Chen
54
Dominga Sánchez Che
Dominga Tecu Osorio
Dorotea Sánchez Che
Dorotea Sánchez Osorio
Emiliana Osorio Alvarado
Emilio Pérez Osorio
Emilio Sic Chen
Enriqueta Chen Iboy
Erlinda Lajuc Iboy
Estefana Tecu de León
Eugenia Osorio Chen
Eugenia Teletor Pérez
Eulalia Chen Osorio
Eulalia Chen Sánchez
Eusebia Cahuec
Eusebio Chen López
Evaristo Alvarado
Felipa Osorio Chen
Felisa Tum Osorio
Francisca Cahuec
Francisca Sánchez Chen
Francisco Iboy Sic
Francisco Sánchez López
Francisco Sic Sánchez
Gabina Chen Osorio
Gabina Sic Siana
Gilberto Sic Chen
Gregoria Alvarado González
Gregorio Chen Sánchez
Guillerma Osorio Chen
Hector López Osorio
Hortencia Uscap Teletor
Igina Chen Ixpata
Iligia Iboy Osorio
Inés Sánchez Iboy
Irma Cahuec Osorio
Irma Osorio Iboy
Isabela Osorio Chen
Isabela Sánchez Chen
Ismael Iboy Sánchez
Janice Tecu Osorio
Javier Chen Uscap
Jesús Tecu de León
Jesusa Sánchez Pérez
Joaquina Osorio Chen
José Chen Uscap
Juan Iboy Sánchez
Juan,Osorio Alvarado
Juana Nicha Sánchez Pérez
Juana Chen Tecu
Juana Cuxum Lajuc
Juana Iboy Osorio
Juana Iboy Sánchez
Juana Osorio Chen
Juana Osorio Chen
Juana Osorio Sánchez
Juana Pérez
Juana Tecu Osorio
Juana Tum Sánchez
Juana Tum Sánchez
Juana Tum Sánchez
Juliana Chen Iboy
Juliana Iboy Sánchez
Juliana Osorio Osorio
Juliana Uscap Chen
Justa Osorio Sic
Leocadia Tun Sánchez
Lucía Osorio Mendoza
Luis Osorio Chen
Luisa Osorio Sánchez
Luisa Sánchez Chen
Magdalena Osorio Chen
Magdalena Osorio Chen
Magdalena Ruiz
Marcela Chen Osorio
Marcela Iboy Osorio
Marcela Osorio Iboy
Marcela Tecu Osorio
Margarita Chen
Margarita Chen Iscap
Margarita Chen Tecu
Margarita Sánchez
María Dolores Iboy
María Salome Cuxum Lajuc
Ejecución arbitraria
55
María Teresa Osorio Iboy
María Chen Sánchez
María Chen Sánchez
María Osorio Chen
María Sánchez Sic
María Tum Osorio
Marta Julia Chen,Osorio
Martín Lajuc Sánchez
Matilde Osorio Chen
Matilde Osorio Chen
Micaela Osorio Osorio
Miguel Angel Pérez,
Narcisa Chen Chen
Narcisa Chen Osorio
Narcisa Osorio López
Nazaria Tum Sánchez
Nicolas Osorio Sánchez
Pablo Chen Ismalej
Pablo Osorio Sánchez
Patrocinio Tecu de León
Paula Pérez
Paula Sic Sánchez
Paulina Chen Tecu
Paulina Chen Tecu
Paulina Iboy Osorio
Pedrina González Tecu
Pedrina Osorio Pérez
Petronila Chen Sánchez
Petronila Osorio Iboy
Raymunda Sánchez Sánchez
Reginaldo Sánchez González
Ricardo Chen Osorio
Rosa Sánchez Osorio
Rosendo Sic Ruiz
Sabina Tecu Osorio
Santa Eduarda Chen
Santiago Iboy Osorio
Santos Sánchez López
Silveria Iboy Sic
Silveria Osorio Iboy
Silveria Sic Sánchez
Siriaca Chen Tecu
Siriaca Osorio Osorio
Siriaca Sic Osorio
Tomas Cuxum Lajuc
Tomasa López Ixpata
Tomasa Osorio Chen
Tomasa Osorio Chen
Tomasa Tecu Osorio
Toribia Cuxum Osorio
Tranquilina Osorio Chen
Valeriana Sic
Vicenta Chen
Vicenta Iboy Chen
Vicenta Lajuc Chen
Vicenta Tecu Sánchez
Victoria Osorio Sic
Waldo Iboy Sánchez
Balvino Uscap Iboy
Calixto Chen Sánchez
Damasia Chen Sánchez
Francisco Uscap Iboy
Jesús Iboy Sánchez
Justo Alvarado
Lorenzo Osorio
Lucas Ruiz
Luciana Iboy Osorio
Mateo Uscap Chen
Pedro González Lajuj
Pedro Ibay Osorio
Pilar Ruiz Alvarado
Ruperto Iboy
Santos López Ixpatan
Desaparición forzada
José Iboy
Pablo Osorio
Torturas, privación de libertad
Balvino Uscap Iboy
Florinda Uscap Iboy
Otras violaciones
María Uscap Iboy
Víctimas colectivas/desconocidas: 79
56
I. ANTECEDENTES
El 13 de marzo de 1982 efectivos del Ejército de Guatemala y patru-
lleros de Autodefensa Civil de Xococ dieron muerte a 70 mujeres y a 107
niños de la aldea de Río Negro,
160
quedando vivos 18 niños y niñas, que
más tarde fueron forzados a convivir durante casi dos años con los mismos
integrantes de las patrullas que ejecutaron a sus familiares. Ambas comu-
nidades, Xococ y Río Negro, forman parte de la etnia achi’.
II. LOS HECHOS
El 13 de marzo de 1982 hacia las cinco de la tarde, concluida la ma-
sacre de Río Negro, los soldados y patrulleros civiles se dirigieron a Xococ,
llevándose con ellos a 18 niños, los únicos sobrevivientes de aquella opera-
ción.
Caminaron toda la noche. Los niños iban escuchando lo que los pa-
trulleros decían sobre lo sucedido: “…Que se murieron por malas gentes,
unos decían que mataron diez, otros quince”.
161
A la una de la madrugada del
día siguiente, llegaron a Xococ.
Caso ilustrativo No. 14
Traslado forzoso de niños sobrevivientes
de la masacre de Río Negro
Municipio de Rabinal, Baja Verapaz
“Durante los tres años me trató como un es-
clavo, me mantenía trabajando todos los días
y siempre me maltrataba porque decía que
mis padres fueron guerrilleros … No es fácil
olvidar lo que pasó”.
158
“Cuando apareció [mi hijo] sentí como una
alegría y como una tristeza a la vez porque
no todos mis hijos ya no estaban cabales, sa-
ber qué sentí”.
159
158 Testigo directo CEH. (T.C. 362).
159 Testigo directo CEH. (T.C. 852).
160 CI 10. Marzo, 1982. Rabinal, Baja Verapaz.
161 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 851).
“Entramos en la iglesia y nos dieron comida. Nos estaban esperando.
Lo que preguntaron es si sólo nosotros quedamos como sobrevivientes
o si quedaron las mujeres vivas. Ellos dijeron que a las mujeres las ma-
taron”.
162
“Era como una fiesta, mataron ganado, comieron carne y tortilla, yo
no comí porque estaba triste por todo lo que sucedió”.
163
Una de las primeras reacciones en los niños fue experimentar un gran
sentimiento de impotencia: “…Yo estaba llorando y todo porque vi que ma-
taron a mi mamá”.
164
“Estaba llorando, me quería ir para Río Negro otra vez
… a puras amenazas logró de convencerme”.
165
Ese mismo día, al amanecer, los militares dieron autorización para que
los patrulleros se llevaran a los niños, “…cada patrullero llevó su huérfano a
su casa”.
166
“Me dijo que no vamos a llevar a mi hermano a Xococ porque ade-
más que Xococ quedaba lejos y él estaba cansado y no podía llevar a
mi hermanito. Le dije que si él no va a poder, yo lo voy a llevar por-
que no le iba a dejar en el lugar. Me dijo que ellos no tenían hijos y
que a su esposa no le gustaba mantener y que yo podía trabajar por
ser grande. Mi hermanito estaba sentado a mi lado y me lo quitó a la
fuerza … lo amarraron con lazo y empezó a caminar. Cuando llegó
en el lugar donde estaban las mujeres ya muertas, lo soltó y con sus pies
le estrelló su cabeza en contra de las piedras. Cuando ya se murió lo
dejó tirado con las demás mujeres”.
167
Durante el tiempo que los niños vivieron en la casa de los patrulleros,
fueron obligados a realizar trabajos forzados. Las niñas realizaron tareas do-
mésticas: “… Me dedicaron a traer agua, hacer chilate, hacer tortilla, a llevar
el nixtamal, a lavar ropa”.
168
Los niños realizaron trabajos agrícolas en el
campo.
“Nosotros íbamos creciendo y ya me dieron como varón un machete
para hacer leña y para ir a trabajar”.
169
58
162 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 362).
163 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 851).
164 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 848).
165 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 362).
166 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 848).
167 Testigo directo CEH. Marzo, 1982. (T.C. 362).
168 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-84. (T.C. 851).
169 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-84. (T.C. 850).
En las comunidades rurales de Guatemala, este tipo de labores se asig-
nan a muy temprana edad a los niños, debido a que son necesarias para la
sobrevivencia familiar. Sin embargo, los testimonios recogidos por la CEH
relatan que el trato que le dieron a los menores fue diferente en relación al
de los propios hijos: “… No me trató igual que a los hijos de ella, a ellos les
daba comida, no los regañaba, no les pegaba”.
170
Asimismo, se vieron forza-
dos a realizar trabajos muy duros para su edad y cuando no los cumplie-
ron fueron maltratados.
“Entonces un día que yo no podía trabajar con los bueyes y él se eno-
jó mucho, y me sentó dos garrotes en el cuello … comencé a vomitar
sangre. Mientras me pegaba, como siempre, me decía que mejor me
mandan a descansar de una vez porque había bastantes hoyos y que
no le costaba enterrarme”.
171
Algunos de los niños también fueron golpeados con brutalidad y ame-
nazados de muerte: “…Faltó uno de los animales. Me amenazó con que me
iba a matar … trajo unos lazos, con una punta la amarró al techo y con la
otra me puso en el cuello. La esposa no dejó que me mataran”.
172
Según testimonios, los hermanos Florinda y Balvino, de apellidos Us-
cab Iboy, de tres y doce años de edad, respectivamente, murieron a conse-
cuencia de los malos tratos.
“Se murió porque la trataron mal. Ella no podía hacer nada … fue
regalada porque no se podía hacer nada por ella, murió de enferme-
dad, por falta de cuidado, se le hinchó los pies, la cara”.
173
Los dieciocho niños de Río Negro pertenecientes a la etnia achi’, com-
prendidos entre la edades de tres a catorce años de edad, sufrieron altera-
ción en el proceso de formación de su personalidad e identidad, además de
haber sido testigos presenciales de la ejecución de sus familiares y vecinos,
por negárseles el derecho a regresar a su comunidad de origen y obligarlos
a convivir con los victimarios e imponerles los valores éticos y morales de
éstos.
“Todas las noches me iba a dormir con los patrulleros. Cuando un ni-
ño cumplía diez años tenía que ir a dormir con los patrulleros. Ha-
bía noches en las que se escuchaban gritos de mujeres que estaban en-
59
170 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-1984. (T.C. 853).
171 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-1984. (T.C. 362).
172 Ibid.
173 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-1984. (T.C. 851).
cerradas en cárceles clandestinas. Varias noches escuché lo mismo. En-
tre los patrulleros se contaban lo que pasaba. A las mujeres les mata-
ban y a los niños no. Cuando se iban a hacer masacres, el Ejército se
quedaba como un mes en Xococ y todo lo que robaban era para man-
tener al Ejército … y querían que a la edad de 15 años yo me iba ir
al Ejército”.
174
A otros niños les cambiaron de nombre y sustituyeron sus apellidos
por el de los patrulleros: “… Me cambiaron de nombre y me sacaron la cé-
dula con este apellido [del patrullero]”.
175
Intentaron provocar en los infantes asimismo, sentimientos de culpa-
bilidad a través de la estigmatización de los habitantes de Río Negro y de
sus parientes.
“…Me preguntaron dónde estaban mis papás, les dije que no sabía;
ellos dijeron que estaban encuevados porque eso es lo que hacen los de
la guerrilla … Los hijos de la señora me trataban como hija de gue-
rrilleros”.
176
Pero los niños más crecidos buscaron formas activas de afrontar la si-
tuación, ya fuera preguntando sobre lo sucedido o bien tratando de esca-
par. “…Porque nosotros íbamos creciendo y estábamos pensando si es nuestra
mamá, si es nuestro padre. Un día, un señor de ahí me dijo que donde vivía
no eran nuestros padres”.
177
“Intenté darle machete un día, le tiré el machete y pensé que me iba
a matar. Me salí corriendo. Después regresé y me llevó a la iglesia. Me
dijeron que si no quería ir con él, me van a trasladar al destacamen-
to … Un día fui a dormir en una casa abandonada en el monte,
aguanté el dolor y me regresé a vivir con el patrullero. Yo quería salir
de la casa, pero no sabía a dónde. Cuando era joven, pensaba, yo no
quiero estar aquí”.
178
III. DESPUÉS
Dos años más tarde los familiares que el día de la masacre no se en-
contraban en la aldea y regresaron a su comunidad después de permanecer
60
174 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-1984. (T.C. 362).
175 Testigo directo CEH. Marzo, 1982-1984. (T.C. 853).
176 Ibid.
177 Testigo directo CEH. Marzo/1982-1984. (T.C. 850).
178 Testigo directo CEH. Marzo/1982-1984. (T.C. 362).
durante un tiempo en la montaña, tuvieron conocimiento de que los ni-
ños vivían en Xococ y que no habían muerto en Río Negro. Al enterarse,
procedieron a realizar las gestiones correspondientes para recuperarlos, an-
te la municipalidad de Rabinal y el juzgado de Salamá. Los trámites fue-
ron facilitados por el destacamento militar de Rabinal.
179
“Un día me vine con la mujer del patrullero, siempre me mantenía
sentado en la plaza, dije que me iba a orinar y me fui al parque. Ca-
minando, de repente apareció mi hermana, como si fuera un milagro
y me abrazó. Empezó a preguntarme por mis hermanos, le dije que
todos estaban muertos. Me dijo que para mientras esté con el patru-
llero otros meses más mientras que ella iba a empezar un proceso legal
con las autoridades”.
180
Finalmente, los niños fueron entregados a sus familiares. Sin embar-
go, para resistirse a entregarlos los patrulleros de Xococ utilizaron medidas
coercitivas. Les dijeron a los niños que sus familiares eran guerrilleros y que
los volverían a matar.
“El patrullero comenzó a amenazarme y me dijo que si me voy con
mi hermana, nos van a matar nuevamente porque ya demostraron
que sí son capaces”.
181
Los patrulleros querían también recibir dinero a cambio de devolver a
los niños. “Lo llamaron [al patrullero] y no lo quería entregar, como cinco ve-
ces se le mandó la solicitud … Me dijeron que lo entregaban si pagaba la co-
mida y la ropa que le habían dado”.
182
Cuando iban a ser entregados a sus familiares de Río Negro, varios de
los niños tuvieron temor porque los patrulleros ya los habían amenazado.
“Yo le dije a mi papá que no puedo irme porque los van a matar, él
me explicó que no hay problema porque ya sabe la ley y que ellos se
habían rendido [se habían amnistiado], entonces, me dijo que la ley
dice que me tengo que quedar y por eso nos quedamos”.
183
Los niños pequeños, quienes no habían conocido lo suficiente a su fa-
milia, tuvieron dudas sobre la verdadera identidad de sus parientes: “…Yo
61
179 Testigo directo CEH. Marzo/1982-1984. (T.C. 849). “Con el Oficial del destacamento fuimos ...
Nos fuimos con dos soldados junto de mi y nos fuimos hasta Xococ. Fue un poquito alegre ir donde es-
tán los patojos...”
180 Testigo directo CEH. Marzo/1982-1984. (T.C. 362).
181 Ibid.
182 Testimonio directo CEH. Marzo, 1984.
183 Testimonio directo CEH. Marzo, 1984. (T.C. 848).
estaba asustado porque qué tal si no era mi papá y qué tal que si fue mi papá
… sentí algo de tristeza porque no sabía que mero era mi papá”.
184
Las actas municipales de marzo de 1984,
185
en donde consta que los
niños fueron entregados a sus familiares, refieren los hechos de esta forma:
“[Según el patrullero] desde hace dos años, aproximadamente, tiene
en su poder a la menor, de siete años, por motivos de haberla recibido
de manos del señor comandante de la zona militar de Cobán, cuan-
do junto a otros niños fueron encontrados abandonados en la aldea de
Río Negro … y que cuidó a la mencionada menor por un acto pura-
mente humanitario. [Posteriormente, la hermana de la niña dice
que] agradece [al patrullero] el haber cuidado a su hermanita … que
únicamente le pide a Dios por él para que lo proteja y le pague el fa-
vor de haber cuidado a su hermanita…”
186
En la actualidad, todos son jóvenes, algunos de ellos viven en Pacux y
otros en Cobán o en la ciudad de Guatemala.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que los patrulleros de autodefensa ci-
vil de Xococ, con la aquiescencia del Ejército de Guatemala, separaron a
numerosos menores de Río Negro de sus grupos familiares, negándoles el
derecho a regresar a su comunidad de origen y obligándolos a vivir con pa-
trulleros, en violación al derecho que asiste a todo niño a que se preserve
su identidad y relaciones familiares de toda injerencia ilícita o arbitraria.
La CEH arribó, también, a la convicción de que, durante el tiempo
que los niños fueron obligados a convivir con los patrulleros, les sometie-
ron a trabajos forzados y maltrato, provocando la muerte de dos menores,
lo cual, además de violar el derecho a la vida en este último caso, vulneró
el derecho de todo niño a estar protegido contra la explotación económi-
ca y contra el desempeño de trabajos nocivos para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.
Por otra parte, la CEH considera que el tipo de relación establecido
con los niños, por los patrulleros de autodefensa civil de Xococ, posibilita-
ba el desarraigo de los niños de los valores éticos y morales de su comuni-
dad de origen, al cambiar sus apellidos y sustituirlos por los de los patru-
62
184 Testimonio directo CEH. Marzo, 1984. (T.C. 850).
185 Se encontraron tres actas: 012/84, 014/84 y 015/84, que corresponden al libro de actas No. 18
de la Alcaldía Municipal de Rabinal, Baja Verapaz.
186 Libro No. 18, acta No. 15-84. Municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz.
lleros, y al impedirles a conocer su familia, con lo cual se violó los derechos
de todo niño a preservar su nombre y a conocer a su grupo familiar.
La CEH considera que el caso es ilustrativo de otras situaciones en que
las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se hacen cargo de niños víctimas
de masacres, negándoles el derecho a una vida digna y la posibilidad de go-
zar de los derechos y garantías mínimas otorgadas a los menores tanto por
la legislación nacional como el derecho internacional. En este sentido, el
Estado de Guatemala infringió su obligación de proteger a la población ci-
vil infantil durante el enfrentamiento armado y no adoptó medidas para
asegurar la reintegración familiar y social de muchos niños víctimas de vio-
laciones masivas a los derechos humanos.
Finalmente, el caso ilustra como los niños fueron víctimas directas del
enfrentamiento armado interno, situación que acentuó las consecuencias
psicosociales derivadas del mismo.
63
I. ANTECEDENTES
Chipiacul es una aldea del municipio de Patzún, en el departamento
de Chimaltenango, ubicada a unos 14 kilómetros al oeste de la cabecera
municipal. Su población, compuesta por minifundistas, pertenece a la et-
nia maya kaqchikel y en los años sesenta y setenta emigraba cada cierto
tiempo para trabajar por temporadas en las fincas de la Costa Sur. Desde
la década de los ochenta se dedicaba a la siembra de maíz y al cultivo de
verduras como la arveja y el bróculi.
A partir del terremoto de 1976 se produce en Patzún un acelerado de-
sarrollo de organizaciones campesinas que postulan reivindicaciones agra-
rias, fenómeno que en 1979 converge con la llegada de los primeros miem-
bros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y del Partido Guatemal-
teco del Trabajo (PGT). Esta convergencia se manifiesta en un discurso co-
mún: “Los pobres no tienen casa y a los ricos les sobra tierra. Esa tierra es de
los pobres y hay que luchar por ello y organizarse. Debían [deben] armarse e
ir a la Costa a recuperar las tierras”.
187
A principios de 1982, en la cabecera municipal de Patzún se establece
un destacamento militar y, en el mismo período el Ejército organiza las Pa-
trullas de Autodefensa Civil (PAC) del municipio. Sin embargo, la situa-
ción de inseguridad, que ya era delicada debido a la presencia guerrillera,
lejos de disminuir se acrecienta y en el curso de 1982 desaparecen de Chi-
piacul más de diez personas, varones en concreto.
Años después, un segundo destacamento se instaló en la aldea Chu-
chucá, cercana a Chipiacul.
II. LOS HECHOS
Masacre del 25 de abril de 1982
La mañana del domingo 25 de abril de 1982, dos integrantes del PGT
fueron capturados en la cabecera municipal de Patzún por efectivos del
Ejército.
Caso ilustrativo No. 19
Masacres en la Aldea Chipiacul
187 Testimonio colectivo CEH. C 97. Febrero, 1979. Patzun, Chimaltenango.
Ese mismo día, cuando ya había oscurecido, una treintena de soldados
procedentes de Patzún se dirigieron en convoy hacia la aldea Chuchucá.
Dejaron allí los camiones, para hacer el resto del camino a pie en dirección
a Chipiacul. Iban vestidos de civil, pero la gente los reconoció sin dificul-
tad: “Nunca la guerrilla vino a reunir a la gente de esa forma y nunca arma-
dos. [los soldados] usaron Galil y granadas. La guerrilla nunca viene en el ca-
mino principal sino por vereda”.
188
Una misión de los soldados era encontrar
a Adrián Yaquí Yos, responsable de la célula del PGT en dicha comunidad,
cuya casa se encontraba junto al salón comunal.
En el camino, los efectivos abrieron fuego y dieron muerte a dos jóve-
nes de la aldea Xeatzán Bajo, Olivio Jocholá Xinico y Basilio Ejcalón Ya-
quí, de 19 y 18 años de edad, respectivamente. Sus cuerpos fueron halla-
dos más tarde: “Ambos boca abajo, atados de las manos hacia atrás, a tres me-
tros de distancia uno del otro; … presentan múltiples perforaciones de bala en
diferentes partes del cuerpo de calibre ignorado”.
189
Los soldados llegaron a la aldea Chipiacul hacia las ocho y media de
la noche, cuando la Patrulla de Autodefensa Civil, reunida en el salón co-
munal, se disponía a iniciar su turno de vigilancia. De inmediato, se diri-
gieron a una casa colindante con el salón, en cuyo interior dieron muer-
te a Nicolás Chanay Mercar, dejando su cadáver “en el suelo y al pie de la
cama”.
190
Se dirigieron luego a la casa de la suegra de Adrián Yaquí, donde éste
vivía, y dieron muerte a su compañera, Herlinda Xinico: “[Llegaron] a la
casa de la señora Juana Xinico, en donde sobre una cama de metal se encuen-
tra el cadáver de sexo femenino y que corresponde a la señorita Herlinda Xini-
co, de 17 años de edad, encontrándose boca arriba, presentando perforaciones
de bala en la cabeza y en otras partes del cuerpo, apreciándose que en la cama
y piso de la habitación existen cenizas de objetos quemados”.
191
Finalmente, los efectivos militares y Adrián Yaquí se encontraron en la
calle, cerca del salón comunal. De inmediato se produce un tiroteo y Ya-
quí fallece. Martín Xinico, miembro del PGT, oye los disparos y se dirige
al salón comunal para ver qué está pasando. Nicolás Baján Tun, integran-
te del mismo partido, acude asimismo: para saber qué ocurre, presumien-
do que Adrián Yaquí andaba “bolo” y disparando al aire. Ambos militantes
del PGT, inermes, son abatidos a tiros por los soldados.
192
Los soldados, sospechando que los patrulleros, reunidos aún en el sa-
lón en lugar de estar patrullando, podrían ser solidarios con la guerrilla,
66
188 Ibid.
189 Proceso 502-82, Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango.
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Testigo directo CEH. Adrián Yaquí estaba armado: “Adrián se defendió antes de morir, porque su
arma nunca apareció y él siempre iba armado y alguien así lo vio, porque oyeron que un soldado gri-
tó: ‘Ayuden a aquél’, para referirse a un compañero herido por Adrián”.
se dirigieron al recinto, abrieron fuego y dieron muerte a trece de ellos;
después quemaron sus cadáveres, junto a los de Adrián Yaquí y sus dos
amigos.
La operación no duró más de media hora: “Como a los 15 o 20 minu-
tos oyeron nuevamente el ruido de gente que caminaba, se asomaron y vieron
a los soldados que salían de la aldea en dirección a Patzún en dos filas”.
193
Los vecinos del lugar pudieron identificar a un grupo de hombres que
acompañaron y apoyaron a los soldados, entre los cuales se encontraba el
alcalde municipal y juez de paz de Patzún, Filiberto Osorio: “Dos mujeres
adultas reconocieron al alcalde municipal de Patzún como uno de los delato-
res, quien iba con los soldados. Tenía puesta una capucha y no se le reconocía
físicamente; ellas lo reconocieron por su voz”.
194
A la mañana siguiente el aspecto del salón era pavoroso: “Estaba toda
la gente muerta echando humo todavía. Algunos de los hombres estaban que-
mados sólo a la mitad del cuerpo, otros ya estaban carbonizados totalmente,
otros hinchados, algunos cuerpos se quedaron abrazados …. También había
sangre en las ventanas y algunos hombres murieron unos sobre otros. Las pare-
des y puertas del salón estaban ahumadas. El olor a carne quemada duró va-
rios meses”.
195
A las ocho de la mañana del 26 de abril efectivos del Ejército hicieron
nuevo acto de presencia en Chipiacul, pero esta vez uniformados, para
obligar a reunirse a los hombres y mujeres en el mismo salón comunal
donde permanecían los cadáveres de los patrulleros: “…Los regañan con pa-
labras fuertes, los amenazan con ejecutarlos igual que sus compañeros si apo-
yan a la guerrilla”.
“Les dicen que mataron a los hombres porque estaban metidos en ba-
bosadas y que para que no les pasara lo mismo no deberían apoyar a
la guerrilla. Todo el día los tuvieron reunidos y no permitieron que
enterraran a los muertos”.
196
Finalmente, y luego que el alcalde y juez de paz, Filiberto Osorio, lle-
gara esa misma mañana y levantara el acta de defunción, los cadáveres fue-
ron sepultados apresuradamente en el cementerio local.
En total, el 25 de abril murieron 19 hombres y una mujer, todos in-
dígenas y campesinos, de los cuales dos eran menores de edad.
67
193 Testigo directo CEH. C 12114. Abril 1982, Patzun, Chimaltenango.
194 Testigo directo CEH. C 387. Abril 1982, Patzun, Chimaltenango.
195 Ibid.
196 Ibid.
Masacre del 28 de julio de 1982
En los meses que siguieron a la primera masacre, no hubo mayor so-
bresalto, hasta que en julio de 1982, en la cercana aldea de Chuinimachi-
caj se produce un enfrentamiento entre el Ejército y el EGP. Varios inte-
grantes de ese grupo guerrillero son capturados por los militares, uno de
los cuales, en concreto una mujer, es obligada a reconocer y señalar a va-
rios hombres de Chipiacul supuestos partidarios de la guerrilla.
El miércoles 28 de julio de 1982, a las cinco y media de la mañana,
procedentes de Patzún, los soldados llegan en camiones a la aldea Chipia-
cul, rodean la comunidad y convocan a toda la población a una reunión
en el salón comunal. En ese momento, ya habían capturado a cuatro hom-
bres que encontraron en el camino.
En torno a las seis de la mañana los militares, que tienen reunida a
toda la población, separan hombres de mujeres y niños. Posteriormente
llegan los maestros a la aldea, pero les mandan regresar a sus comunida-
des, porque ese día no habría clases. Entonces, luego de formar a los hom-
bres, la mujer prisionera, de la vecina aldea de Xejolón, es obligada a se-
ñalar a algunos de ellos: “Envuelta en una capa y con su huipil enrollado y
medio escondido en la cadera”,
197
pese a lo cual fue reconocida por algunos
lugareños.
En total, fueron señalados once varones y una mujer. Del conjunto de
los 16 detenidos, dos hombres fueron liberados ese mismo día.
Los 14 prisioneros restantes fueron llevados por los soldados detrás del
oratorio, donde los encapucharon. Allí durante unas dos horas: “Les ama-
rraron el cuello con lazos … se pararon encima de ellos [en su estómago] y les
sacaron los dientes a culatazos”.
198
“Les quebraron las piernas, quemaron las
lenguas … les colgaron”.
199
Mientras esto ocurría, el resto de la población permaneció en el salón
comunal hasta que, hacia al mediodía, los militares permitieron que la gen-
te regresara a sus casas.
Las tropas abandonaron la comunidad llevando a los 14 detenidos pa-
ra dirigirse a la aldea Xejolón. En esta aldea todos los prisioneros —excep-
to la mujer de Chipiacul, que finalmente fue puesta en libertad— son ase-
sinados, degollados algunos y fusilados otros.
Por otra parte, antes que los soldados abandonaron Xejolón, aparece
a 150 metros del templo católico el cuerpo decapitado de Daniel Cocón
Xinico, de 30 años de edad, quien había desaparecido del lugar seis días
antes.
68
197 Testimonio colectivo CEH.
198 Testigo directo CEH. C 539. Julio, 1982, Patzun, Chimaltenango.
199 Testigo directo CEH. C 505. Julio, 1982, Patzun, Chimaltenango.
Un lugareño de Xelojón fue obligado a cavar una fosa para enterrar los
13 cadáveres. Después de realizar su labor, fue ejecutado también por los
soldados.
200
Dos o tres días después, el grupo de militares regresó a Xejolón para
desenterrar los restos y volver a enterrarlos; pero ahora en un bosque cer-
cano a la aldea Cojobal (Patzún), a unos 18 kilómetros de Chipiacul. Du-
rante esta operación los soldados bloquearon el camino en ambas direccio-
nes.
Pero la inhumación había sido tan deficiente que el alcalde auxiliar de
Cojobal de aquel entonces, quien pasó al cabo de unos días por el bosque,
observó lo siguiente, según consta en el expediente judicial:
“…Y en el lugar denominado La Loma del Turco, de la aldea El Co-
jobal, salieron dos perros peleándose por unos pedazos de tripa y él con
la curiosidad y pensando que se trataba de algún animal fue a buscar
y como a unos 20 metros dentro de dichos terrenos, se encontró, se-
mienterrado, el cadáver de un hombre, ya todo comido por los anima-
les, que él se dio cuenta que era un hombre por los pantalones que te-
nía puestos ya todos rotos…”
201
En el mismo expediente se continúa relatando cómo, a partir de este
encuentro de el alcalde auxiliar con los cadáveres, se produjo una nueva ex-
humación de las víctimas:
“En un área de dos metros de largo por uno de ancho se observaba la
tierra picada y semienterrado se ve el cuerpo de un hombre con el es-
tómago completamente destrozado, procediéndose a desenterrarlo; al
sacar al primero se siguió cavando y se encontraron diez cadáveres más
en dicha tumba, los que se presumen tiene unos 8 o 10 días de haber
sido sepultados”.
202
Por ser originario de Chipiacul, el alcalde auxiliar reconoció a algunas
de las víctimas. El nuevo entierro, en el mismo lugar donde fueron encon-
trados los cadáveres, fue autorizado por el alcalde municipal y juez de paz,
Filiberto Osorio, bajo la condición de guardar silencio sobre los aconteci-
mientos.
203
Los hombres de la aldea Cojobal sepultaron los once cadáveres
que encontraron y el alcalde auxiliar levantó el acta correspondiente. De
los otros dos cadáveres se pierden las noticias.
69
200 Ibid.
201 Proceso 924-82, Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango.
202 Ibid.
203 Testigo directo CEH. Según el declarante, el propósito era evitar una posible denuncia judicial.
En esta segunda masacre murieron 15 hombres indígenas, de los cua-
les uno era menor de edad. La mujer, que fue obligada a presenciar las tor-
turas y la ejecución, quedó profundamente traumatizada.
204
De la mujer
utilizada como delatora, nunca más llegó a saberse.
III. DESPUÉS
Transcurrido un mes desde la segunda masacre el alcalde y juez de paz
de Patzún, Filiberto Osorio, es asesinado, “Lo mataron a las ocho menos
cuarto de la mañana del 31 de agosto de 1982. El atentado se atribuyó a la
guerrilla, pero no se sabe a ciencia cierta qué grupo fue”.
205
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango se hallan
un expediente sobre la masacre del 25 de abril de 1982 y dos sobre la se-
gunda masacre. Los documentos sólo contienen denuncias de las partes
ofendidas, en particular las esposas de los primeros cuatro hombres hechos
prisioneros el 28 de julio, quienes, a seis días de los hechos, interpusieron
las denuncias, señalando “que hasta la presente fecha no han regresado”.
206
En
la práctica, no hubo investigación judicial.
Los familiares de las víctimas solicitaron a la Oficina de los Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) gestionar la exhu-
mación de los cadáveres. Esta fue practicada entre el 25 y el 28 de mayo
de 1998 por los antropólogos forenses de dicha organización. En la opor-
tunidad, se logró desenterrar once osamentas humanas, identificadas como
víctimas de la masacre del 28 de julio de 1982. Los restos de estas perso-
nas fueron sepultados el 22 de agosto de 1998.
IV. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la convicción de que las treinta y cinco personas
indefensas, tres de ellas menores de edad, muertas en Chipiacul el 25 de
abril y el 28 de julio de 1982, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército
de Guatemala, constituyendo su muerte una violación de derechos huma-
nos de responsabilidad de agentes estatales.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que catorce perso-
nas capturadas en Chipiacul el 28 de julio de 1982 sufrieron gravísimas
violaciones de su derecho a la integridad personal, cometidas por los mis-
mos agentes del Estado.
70
204 La mujer liberada tenía 15 años en la fecha en que se produjeron los hechos, todavía hoy se en-
cuentra muy afectada psicológicamente y se muestra incapaz de hablar de los hechos acaecidos.
205 Testigo directo CEH. C 97. Agosto, 1982, Patzun, Chimaltenango.
206 Proceso 927-82, Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango.
La alevosía de estos actos de tortura, que constituyeron el anteceden-
te inmediato de la muerte de las víctimas, no tiene parangón ni siquiera
con aquella violencia que, legítimamente, se puede utilizar contra un ene-
migo armado en combate.
La colaboración que algunas de las víctimas pudieron haber prestado a
la guerrilla no otorga justificación alguna, jurídica o ética, a estos crímenes.
Por otra parte, la CEH considera que estos casos, en particular el ocu-
rrido el 28 de julio de 1982, son ilustrativos de varias masacres sufridas por
poblaciones de aldeas de Chimaltenango y el resto del Altiplano central a
fines de 1981 y durante todo el año de 1982, que se caracterizaron por una
modalidad de preparación que incluía la selección previa de las víctimas y
la utilización de delatores.
La ejecución de miembros de las patrullas de autodefensa civil, que
causó un especial impacto en la población debido al significado desconcer-
tante de la actuación de efectivos del Ejército contra sus propias bases de
apoyo, ilustra la debilidad, en algunas áreas, de la adhesión de los patrulle-
ros hacia el Ejército y el doble rol de actor y víctima que muchos de ellos
jugaron en el enfrentamiento armado interno.
Finalmente, el caso es ilustrativo de la denegación de justicia configu-
rada por la total inacción del sistema de justicia, pese a las denuncias inter-
puestas por los familiares de las víctimas.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
71
Adrián Yaqui Yos
Alberto Aju Sicajan
Alberto Cocon Chuc
Balbino Chuc Aju
Basilio Ejcalon Yaqui
Bernardo Xinico Saquec
Carlos Enrique Aju Cumes
Daniel Yaqui Yos
Francisco Aju Teleguario
Francisco Chonay Batzibal
Herlinda Xinico
Martín Xinico Muxtay
Nicolás Bajan Tum
Nicolás Chonay Mercar
Olivio Jochola Xinico
Pedro Marcelino Yaqui Yos
Ricardo Aju Sicajan
Sabino Aju Sipac
Teodoro Xinico Coy
Ventura Xinico Muxtay
Alejandro Coy Suquen
Daniel Cocon Xinico
Domingo Tum Teleguario
Domingo Yaqui Cuy
Flavio Xinico Xinico
Hilario Coyote Xinico
Inocente Xinico Yos
Joaquín Aju Sicajan
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Privación de libertad, torturas
Lubia Saguach Aju
Víctimas colectivas/desconocidas: 14
72
Joaquín Tum
José Tereso Tum
Manuel de Jesús Batz Ejcalon
Marcelo Tum Teleguario
Margarito Coy González
Víctor Xinico Ajpop
I. ANTECEDENTES
La aldea Estancia de la Virgen se encuentra ubicada en el municipio
de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango; hacia el es-
te, el río Pixcayá le sirve de límite con el municipio de San Juan Sacatepé-
quez, sede de la Escuela Politécnica (academia militar). Este municipio for-
ma parte del departamento de Guatemala.
En 1976 la organización Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) pu-
so en marcha su trabajo político en Chimaltenango. Su presencia se incre-
mentó en la zona a mediados de 1981, sobre todo en San Martín Jilotepe-
que, donde mantuvo una presencia organizativa.
El 19 de julio de 1981 el EGP anunció la creación del Frente Guerri-
llero Augusto César Sandino (FGACS). Los guerrilleros iniciaron enton-
ces una campaña militar y de propaganda, y atacaron puestos de la Policía
Nacional en los municipios de Tecpán, Parramos y Santa Cruz Balanyá,
pertenecientes a Chimaltenango.
En esta secuencia de acciones se realizó la toma de Sololá el 28 de oc-
tubre, Tecpán, el 16 de noviembre, y Patzún, el 17 de diciembre.
209
La par-
ticipación de civiles en estas actividades cortando hilos telegráficos, obstru-
yendo carreteras y levantando barricadas en la carretera Interamericana
desde Chimaltenango hasta Santa Cruz del Quiché, con el fin de impedir
el paso de los militares hasta los poblados ocupados por la guerrilla, hizo
Caso ilustrativo No. 50
Masacre del río Pixcaya,
Aldea Estancia de La Virgen,
San Martín Jilotepeque
“A los niños de pecho y de un año los tiraron
al río y allí se ahogaron”.
207
“Se miraba todo, los perros estaban comien-
do a las gentes, salían [de la tierra] las tren-
zas de las mujeres, un perro llevaba en su bo-
ca el piecito de un niño, habían zopes [aves
de rapiña] comiendo los cadáveres”.
208
207 Testigo directo CEH. C 893. Febrero, 1982. San Martín Jolotepeque, Chimaltenango.
208 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982. San Martín Jolotepeque, Chimaltenango.
209 EGP; “Boletín Informador Guerrillero”, No. 1 y No. 11.
C 905. Noviembre, 1981. Chimaltenango.
que el Ejército considerase que todos los habitantes de la región apoyaban
a los insurgentes.
La represión selectiva había empezado en San Martín Jilotepeque. El
Ejército consideraba que Chimaltenango, y en concreto San Martín Jilo-
tepeque, se estaba convirtiendo en una región con un gran potencial hu-
mano de apoyo a la guerrilla, cuya presencia se había incrementado en el
lugar. A lo largo de 1981 se registraron varios casos de ejecuciones arbi-
trarias.
210
El 18 de noviembre de 1981 el Ejército lanzó una masiva ofensiva so-
bre el área de Quiché y Chimaltenango, marcando el punto de partida de
las grandes masacres en Chimaltenango y especialmente en el municipio
de San Martín Jilotepeque.
211
En una declaración a la prensa el oficial al mando de las fuerzas arma-
das, indicó que las acciones que se estaban efectuando en Chimaltenango
se conocían como “operación de peinada” y pretendían aniquilar por com-
pleto a los grupos insurgentes.
212
En 1982 en San Martín Jilotepeque reinaba el terror. Se registraron rei-
teradas violaciones de los derechos humanos; incluso masacres, desaparicio-
nes forzadas y torturas; quemas de cadáveres, de viviendas, de animales, de
cosechas, saqueos y otros abusos cometidos por elementos del Ejército.
213
Marzo de 1982 fue el mes en que se experimentó mayor violencia en
la zona conformada por la aldea Estancia de la Virgen y las comunidades
vecinas. Se registraron tres masacres: una en la finca Catalán y las restantes
en los caseríos San Miguel y Santa Teresa.
214
Los tres lugares pertenecen a
la aldea Choatalúm y el número de víctimas osciló entre 92 y 250.
215
Ante la zozobra que se vivía y como única alternativa para salvar sus
vidas, los vecinos huyeron hacia el norte y el este de San Martín Jilotepe-
que, en busca de lugares seguros. La ubicación geográfica de la aldea Es-
tancia de la Virgen, en el límite departamental, jugó un papel importante
en el desenvolvimiento de los hechos.
74
210 C 317. Marzo, 1981; C 311. Noviembre, 1981; C 817. Diciembre, 1981 y C 587. Diciembre,
1981, todos de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
211 Las estadísticas de la CEH registran en Chimaltenango 3 masacres en noviembre, 2 en diciembre
de 1981 y 3 en enero de 1982.
212 Prensa Libre, 6 de enero de 1982.
213 C 578. Enero, 1982; C 447. Enero, 1982; C 893. Febrero, 1982; C 488. Febrero, 1982; C 486.
Febrero, 1982; C 920. Febrero, 1982; C 349. Febrero, 1982; C 655. Febrero, 1982; C 48. Fe-
brero, 1982; C 8111. Febrero, 1982; C 249. Febrero, 1982; C 500. Febrero, 1982; C 50. Febre-
ro, 1982; C 824. Marzo, 1982; C 676. Marzo, 1982; C 318. Marzo, 1982; C 892. Marzo, 1982,
todos de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
214 C 824. Marzo, 1982. San Marín Jilotepeque, Chimaltenango.
215 Comité Campesino del Altiplano, archivos de FAR, sin fecha. REMHI; Las masacres de Chimal-
tenango: San Martín Jilotepeque, documento sin fecha, pg. 54. Ricardo Falla, manuscrito sin títu-
lo, 1983.
II. LOS HECHOS
La huida y el cerco
La población sobreviviente buscaba cruzar el río Motagua o el río Pix-
cayá y así refugiarse en comunidades próximas donde suponían existía me-
nos peligro.
Desde el 8 de marzo de 1982 empezaron a llegar familias completas
de desplazados a la comunidad Estancia de la Virgen. Llevaban consigo es-
casas pertenencias. Procedían de distintas comunidades cercanas y huían
de la persecución del Ejército.
216
Como el grupo era numeroso, entre 1,000 y 1,500 familias, encon-
trar refugio se tornó muy difícil. En la Estancia de la Virgen “pidieron po-
sada”, pero no la consiguieron porque la población de esa aldea también
había comenzado a huir y, en todo caso, no había suficiente espacio pa-
ra recoger a tantas personas como las que en ese momento llenaban la al-
dea, por lo que se vieron obligados a asentarse, como única alternativa,
en las riberas del río Pixcayá, situado como a una hora a pie desde la Es-
tancia de la Virgen. Por lo menos allí contaban con agua. Se formaron
varios grupos de personas a lo largo del río en una línea aproximada de
dos kilómetros.
217
Mientras tanto, el 14 de marzo, un grupo de soldados proveniente
del destacamento de San Martín Jilotepeque se instaló en el Puesto de
Salud de la aldea Estancia de la Virgen y permaneció allí por cuatro días.
Durante las noches, los soldados catearon las viviendas abandonadas, ro-
baron diversos objetos, incluso güipiles y cortes (blusas y faldas típi-
cas).
218
El 17 de marzo, un grupo de militares del mismo destacamento
se concentró en el caserío Pacoj Tres Cruces, ubicado a 800 metros del
centro de la Estancia de la Virgen. En la madrugada del día 18, tanto los
efectivos del Ejército instalados en Pacoj como los que estaban en el cen-
tro de la aldea se dirigieron hacia el río Pixcayá. La mayoría vestía de ci-
vil, algunos con güipiles y cortes, tal vez para confundir a la población.
Pocos soldados iban de uniforme. Ese mismo día, otro contingente mi-
litar se sumó al que ya se encontraba en la zona y soldados de la Escuela
Politécnica bajaron desde su sede en San Juan Sacatepéquez hacia el río,
para cubrir el área donde se encontraba la población civil desarmada. En
su mayoría los soldados que estaban del lado de la Estancia de la Virgen
vestían güipiles y así iniciaron su aproximación a la gente que permane-
cía a orillas del río.
75
216 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
217 Testigo directo CEH.
218 C 892. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
La masacre
Hacia las ocho de la mañana, una vez que los militares cercaron el área,
empezaron a disparar contra el numeroso grupo de hombres, mujeres y ni-
ños.
Los militares “utilizaron fusiles lanzagranadas y hubo disparos en forma
de lluvia”.
219
Desde el otro lado del río los efectivos de la Escuela Politécni-
ca ametrallaron a las personas. Las fuerzas de tierra recibieron el apoyo de
un helicóptero, desde el que los soldados disparaban a la población que,
desesperada, intentaba escapar.
Pocos pudieron salvarse, puesto que los desplazados que procedían de
otras aldeas no conocían el área: no supieron hacia dónde correr. El Ejér-
cito, además, incendió el área para poder capturar a los que huían “…le
metió fuego al bosque … en el monte murieron muchos, por el fuego”.
220
“El
Ejército quemó todo el monte, para sacar a la gente y matarlos cuando co-
rrían”.
221
Muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Los militares las
violaron. Tampoco se respetó el derecho a la vida de quienes ni siquiera ha-
bían nacido. “El Ejército agarró a unas madres embarazadas, las degolló, les
partieron el estómago y les sacaron el bebé”.
222
A los bebés recién nacidos tam-
bién los mataron, “a los niños de pecho y de un año los tiraron al río y allí se
ahogaron”.
223
Uno de los soldados que lanzaba a los niños al río les decía:
“Adiós niños”.
224
Incluso algunos soldados fueron víctimas de sus compañeros. Cega-
dos, los que provenían de la Escuela Politécnica, confundidos por los güi-
piles y cortes que vestían sus compañeros del destacamento de San Mar-
tín, abrieron fuego contra ellos. Varios murieron.
225
Cuando terminó el ti-
roteo, se dieron cuenta que entre los muertos había soldados, por lo que el
helicóptero militar los trasladó a la Escuela Politécnica, “como siete viajes
dio a San Juan Sacatepéquez; ellos los recogieron”.
226
Hacia las diez de la mañana, ya no se escuchaban disparos. Al finali-
zar el operativo, el incendio ya se había extinguido.
El río Pixcayá, que representó una esperanza de vida para los desplaza-
dos de San Martín, se convirtió de repente en un trágico escenario de des-
trucción y muerte. “El río se tiñó de rojo con la sangre de los muertos”.
227
76
219 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
220 Testigo directo CEH. C 893. Febrero, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
221 Testigo de referencia CEH. (T.C. 873).
222 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
223 Testigo directo CEH. C 893. Febrero, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
224 Testigo de referencia CEH. (T.C. 873).
225 Testigo de referencia CEH. (T.C. 872). En su testimonio no establece el número de muertos.
226 Testigo directo CEH. C 802. Abril, 1982, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. C892. Mar-
zo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
227 Testigo de referencia CEH. (T.C. 872).
EGP, Informador Guerrillero, No.17, Noviembre de 1982, pg. 10.
El 18 de marzo de 1982, a consecuencia de la masacre perpetrada por
el Ejército de Guatemala, murieron entre 300 y 400 pobladores civiles e
indefensos. Familias desplazadas, que habían huido de la persecución de
los militares fueron eliminadas por completo.
III. DESPUÉS
Después de la masacre, parte de los soldados se encaminó a la aldea
San Antonio Las Trojes de San Juan Sacatepéquez, que se encuentra a unos
3.5 kilómetros de Estancia de la Virgen. Convocaron a los hombres de la
aldea y los obligaron a bajar con ellos al Pixcayá, para que enterraran a los
muertos caídos en la orilla del río.
“…De Las Trojes vinieron y trajeron sus piochas y azadones, ellos en-
terraron a todas las personas, … cerca del río hicieron hoyos y fueron
enterrando uno en cada agujero”.
228
“…En la Finca unos los enterraron en el lado de la Estancia y otros
en el lado de San Juan Trinidad, hicieron un zanjón para la cañería
del agua y allí enterraron gente, en el horno del trapiche allí los me-
tieron y varios los tiraron al río”.
229
No se sabe con precisión cuántas tumbas excavaron. Algunos vecinos
señalaron a la CEH que eran tres fosas comunes; sin embargo, otros indi-
can que eran más. Su profundidad no era la adecuada. Dos días después
de la masacre, un vecino de la comunidad fue al lugar y vio que los perros
habían desenterrado algunos cuerpos:
“Se miraba todo, los perros estaban comiendo a las gentes, salían [de
la tierra] las trenzas de las mujeres, un perro llevaba en su boca el
piecito de un niño, habían zopes [aves de rapiña] comiendo los ca-
dáveres”.
230
Miembros del Ejército advirtieron a los habitantes de San Antonio Las
Trojes que no hablaran sobre lo sucedido, porque era probable que en al-
gún tiempo se realizara una investigación de los hechos.
231
El 30 de marzo los pobladores de la aldea se reunieron y decidieron
enviar a dos personas a la capital para que denunciaran lo sucedido. Acu-
77
228 Testigo directo CEH. C 893. Febrero, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
229 Testigo directo CEH. C 802. Abril, 1982. C 892. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque,
Chimaltenango.
230 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
231 Ibid.
dieron a la embajada de los Estados Unidos y, también al Gobierno de
Guatemala, donde los atendió Jorge Serrano Elías, que presidía el Conse-
jo de Estado en la época de Ríos Montt: “…A raíz de esto vino una comi-
sión extranjera y se calmó un poco la situación”.
232
Los sobrevivientes de la masacre optaron por refugiarse en San Anto-
nio Las Trojes. A partir de los primeros días de abril empezaron a llegar las
familias desplazadas: “…1,600 campesinos que proceden de caseríos de los al-
rededores han abrumado a la pequeña aldea San Antonio Las Trojes”.
233
Los familiares no pudieron inhumar los restos de sus parientes y veci-
nos. Esto tiene una trascendencia religiosa para las comunidades, pero
también una implicancia legal.
234
De conformidad con la ley, esas víctimas
están vivas mientras no quede asentada su defunción.
Otro aspecto importante que se desprende de los hechos radica en que
las viudas y los viudos sufren aún las consecuencias de la masacre. Les re-
sulta imposible contraer nuevo matrimonio, dado el impedimento que
existe mientras continúan legalmente unidos a sus esposos o esposas muer-
tos en la masacre. Esta situación afecta en especial intensidad a las mujeres
y a los hijos que han procreado con sus nuevos compañeros, que no pue-
den ser reconocidos. Por último, en numerosos casos tampoco pueden op-
tar por conseguir la propiedad de la tierra que les corresponde por la he-
rencia de sus esposos.
Es común oír a los habitantes de la Estancia de la Virgen hablar de en-
terrados en cementerio legal, en terreno particular, en fosa común, en ce-
menterio clandestino y devorados por perros y aves de rapiña. Los que co-
nocen dónde se hallan los restos de sus muertos, los visitan y adornan los
lugares con flores. Algunos tienen la inquietud de sepultarlos en la forma
corriente e identificarlos por completo, para que al fin sus deudos puedan
descansar en paz.
IV. CONCLUSIONES
La CEH arribó a la convicción plena de que, el 18 de marzo de 1982,
en la ribera del río Pixcayá, soldados del Ejército de Guatemala del desta-
camento de San Martín Jilotepeque y de la Escuela Politécnica con sede en
San Juan Sacatepéquez ejecutaron a cientos de personas indefensas (más de
78
232 Testimonio colectivo CEH. C 928. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. La
fuente no especifica el nombre de la comisión extranjera.
233 Prensa Libre, 17 de abril de 1982, pg. 2.
234 Si los parientes sobrevivientes, en el caso de los cadáveres devorados, optan por la figura de la au-
sencia y posterior muerte presunta, estarían alterando la realidad de lo que sucedió; pero tampo-
co pueden recuperar los restos de sus parientes masacrados. Algunos sienten temor de iniciar cual-
quier acción legal al respecto.
300), vecinos de diferentes aldeas de San Martín Jilotepeque, violando los
derechos a la vida, a la integridad física y moral de hombres, mujeres, an-
cianos, niños nacidos y por nacer.
Al analizar el conjunto de la operación militar, la CEH considera que
destacan actos de excesiva crueldad, cuya ejecución era innecesaria, inclu-
so, para cumplir el sólo objetivo criminal de exterminar físicamente a las
personas. Nada justifica la alevosía y brutalidad con que fueron tratadas las
víctimas, que exceden, incluso, la violencia que legítimamente podría uti-
lizarse contra el enemigo en combate armado.
De igual manera, la colaboración que la población pudo haber presta-
do a la guerrilla no otorga justificación jurídica o ética a este atroz crimen
cometido por los agentes del Estado.
El caso es ilustrativo de la aplicación, en el departamento de Chimal-
tenango, de operaciones militares concebidas para el aniquilamiento de la
población civil que huía de la persecución del Ejército y la destrucción de
sus medios de vida. Con esa práctica, el Ejército propició el exterminio ca-
si total de comunidades indefensas y la destrucción de las áreas que habi-
taban.
El caso también ilustra la dificultad para poder identificar y determi-
nar con exactitud el número de víctimas, dado que la mayoría provenía de
diferentes comunidades de San Martín Jilotepeque. Algunos cadáveres fue-
ron lanzados al río, otros fueron quemados, otros enterrados y sus restos
aún permanecen en el mismo sitio, y los demás fueron devorados por pe-
rros y aves de rapiña. Hay familias completas desaparecidas, cuya tragedia
nadie reportó.
Este caso ilustra, también, las secuelas humanas y materiales de las ma-
sacres. Los sobrevivientes, para solventar algunas situaciones relacionadas
con su estado civil, no cuentan con los recursos necesarios y enfrentan se-
rios problemas.
235
Muchos consideran que sus parientes no pueden descan-
sar en paz, mientras no se les sepulte adecuadamente.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Víctimas colectivas/desconocidas: 352
79
235 Aunque está vigente la Ley Temporal de Documentación, ésta no se está aplicando con la facili-
dad que supone, en vista de que por un lado no existe la capacitación requerida para su aplica-
ción por parte de los funcionarios encargados y por otro lado los registros civiles, como el de San
Martín Jilotepeque, carece de recursos humanos y materiales para realizar las inscripciones y ano-
taciones correspondientes.
I. ANTECEDENTES
La comunidad El Aguacate está situada en la espesura de la Sierra Ma-
dre, a unos cuatro kilómetros de San Andrés Itzapa, departamento de Chi-
maltenango. Es un paraje montañoso escarpado y donde azotan fuertes
vientos.
Enclavado en una “zona de conflicto”
236
el lugar en sí no era campo de
enfrentamientos. En 1988 el Ejército dominaba el área y tenía instalada en
Chimaltenango, desde hacía unos siete años, la zona militar 302, a sólo
cinco kilómetros de la aldea El Aguacate. Los aldeanos, que en general sim-
patizaban con los militares, no contaban con Patrullas de Autodefensa Ci-
vil (PAC), pero algunos de sus habitantes eran o habían sido comisionados
militares. Entre ellos se encontraba Carlos Humberto Guerra Callejas,
quien además era pariente del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacio-
nal, general Manuel Antonio Callejas.
Integrantes del frente guerrillero Javier Tambriz, de la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA), se movilizaban en la zona montañosa ale-
daña, teniendo como retaguardia el volcán de Atitlán. A mediados de 1987
la organización guerrillera tomó la decisión de desalojar esa montaña pro-
yectando ocupar los volcanes de Acatenango y Fuego. Esto era sabido por
el Ejército que, por su parte, intentaba imposibilitar la llegada de la guerri-
lla a los volcanes cercanos a la capital. Como demostración de su capaci-
dad para irrumpir en una zona más importante y cercana a la capital, la
guerrilla “pensaba ocupar San Andrés Itzapa”.
237
Entre estos preparativos, que incluían el ingreso a la zona del grueso
de la tropa guerrillera, la ORPA destacó desde mediados de 1988 una pa-
trulla de diez combatientes al mando del subteniente David,
238
la cual de-
bía realizar los contactos y preparativos de infraestructura necesarios para
la pretendida ocupación. Como guías contaba con dos o tres lugareños,
Caso ilustrativo No. 86
Masacre de El Aguacate,
cometida por la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA)
236 Expresión utilizada para designar lugares de enfrentamientos bélicos permanentes o frecuentes.
237 Testigos de referencia (ex miembros de la Dirección Nacional de ORPA) CEH.
238 Ibid. Seudónimo del responsable de la patrulla y de las acciones realizadas.
miembros de la resistencia
239
de San Andrés Itzapa. El enlace con el pues-
to de mando era mantenido por radio y a través de combatientes que iban
de una posición a otra, extremo que era conocido tan sólo por el respon-
sable de la patrulla, como medida de seguridad que garantizaba la compar-
timentación
240
de las informaciones.
La misión concreta de la patrulla rebelde era “hacer las exploraciones y
lograr el abastecimiento, no bélico, comida …, equipo …, baterías para focos,
botas, muchas cosas que se conseguían en la base de apoyo … en San Andrés
Itzapa … para que después nuestras fuerzas principales llegaran a concentrar-
se con ellos a desarrollar la operación y luego desalojar la montaña”,
241
lo que
exigía que se obrara con total precisión y absoluto secreto.
El enlace concreto de esta patrulla con el puesto de mando era “un
miembro de la resistencia … de confianza absoluta … un compañero muy
querido … que respondía al seudónimo de Mijangos”.
242
II. LOS HECHOS
El 22 de noviembre de 1988, alrededor de las cinco de la mañana,
Carlos Humberto Guerra Callejas, quien padecía ataques epilépticos, salió
de su casa en la comunidad El Aguacate en dirección al paraje conocido
como Astillero de San Isidro, donde a menudo pastaban sus reses. Iba en
busca de unas vacas que se habían perdido y llevaba consigo tres perros. No
regresó y, en vista de su afección, es buscado hasta llegada la noche por pa-
rientes y amigos, sin resultado positivo.
Guerra Callejas, en la búsqueda de sus reses, había dado con la posi-
ción de la patrulla guerrillera y fue secuestrado por sus integrantes.
Al día siguiente, 23 de noviembre, salen de nuevo en su búsqueda 26
pobladores, que se dividen en grupos. En un lugar llamado El Chirral en-
cuentran las vacas extraviadas y huellas del desaparecido que se unían a
otras, correspondientes a zapatos de suela blanda, lo que hace suponer a los
campesinos que Guerra Callejas está retenido por personas desconocidas.
Deciden continuar la búsqueda al día siguiente y, en caso de no encontrar-
lo, avisar al Ejército.
El 24 de noviembre emprenden nuevamente la búsqueda, esta vez di-
vididos en tres grupos de diez personas cada uno, dirigiéndose a los para-
jes conocidos como Filón de la Minas y Filón del Sojo, siempre en la mis-
82
239 Pobladores que apoyaban en secreto a la guerrilla, sin ser integrantes permanentes de ella y sin
abandonar su lugar de residencia.
240 Expresión utilizada para indicar que en el seno de la organización guerrillera la información era
conocida sólo por los que necesariamente debían conocerla.
241 Testigos de referencia (ex miembros de la Dirección Nacional de ORPA) CEH.
242 Ibid.
ma área montañosa. Especulando que se pueda tratar de un secuestro, de-
ciden llamar al ministro evangélico Antonio Olivares Blanco, para que rea-
lice una eventual mediación con los secuestradores, uniéndose éste a la
búsqueda.
Los campesinos de los dos primeros grupos se encuentran con hom-
bres vestidos de verde olivo y que portan armas de fuego. Se trata de la pa-
trulla guerrillera. Entonces, “se da la captura de dos comisionados militares…
en esa secuencia de dos o tres momentos … en la búsqueda de estos comisiona-
dos … van a dar a la posición de campaña que tenían [los integrantes de la
patrulla]”.
243
Dada la cercanía de la zona militar 302 y que los primeros
campesinos en tropezar con la guerrilla son identificados como comisiona-
dos militares, se les considera una avanzada del Ejército y son secuestrados.
Mientras tanto, uno de los hijos del primer desaparecido, Guerra Ca-
llejas, junto con los hermanos Callejas Tobar, ha ido a presentar una de-
nuncia ante la Policía Nacional en Chimaltenango. Al regresar, los campe-
sinos que formaban el tercer grupo y que han podido evitar que les apre-
saran, le comunican que los desconocidos han tomado prisioneros al mi-
nistro religioso y a otros 19 aldeanos.
Seguros ya de que los captores son guerrilleros, los vecinos deciden de-
nunciar los hechos a la zona militar 302. Dos patrullas militares, guiadas
por los hermanos Callejas Tobar, salen de inmediato hacia el lugar señala-
do por los aldeanos. Sin embargo, se hace tarde y, ante lo infructuoso de
la búsqueda, deciden posponerla para el día siguiente. Las patrullas milita-
res pernoctan en la montaña.
La patrulla guerrillera que capturó a los aldeanos estaba integrada por
su jefe, David, y otros diez hombres. Algunos de ellos eran integrantes de
la resistencia de San Andrés Itzapa, y fueron reconocidos por los prisione-
ros. Estos últimos, según los guerrilleros, eran colaboradores del Ejército,
por lo que el secreto en que debía realizarse la operación estaba en peligro
y corrían el riesgo de ser delatados ante el Ejército: “Alguien que delatara era
más peligroso que la gente propiamente armada”.
244
Coincidiendo con la llegada de los aldeanos a la posición insurgente,
se hace presente Mijangos,
245
quien era contacto entre el mando guerrille-
ro y la patrulla comandada por David. Este era la única persona del gru-
po guerrillero que conocía la función e identidad de Mijangos. Sin em-
bargo, David guardó para sí esta información, por lo que los demás
miembros de la patrulla procedieron a capturar a Mijangos como si fue-
ra un aldeano más.
83
243 Ibid.
244 Testigos de referencia (ex miembros de la Dirección Nacional de ORPA) CEH.
245 Seudónimo de Nicolás Chiquibál Petzey.
David reúne a su gente y les hace conocer su balance de la situación:
la operación que les ha sido encomendada es prioritaria a la vida de los cap-
turados. Decide y ordena ejecutarlos. En la orden es incluido Mijangos,
pues sospecha que puede haberse convertido en informante del Ejército y,
en todo caso, sería testigo de la ejecución que acaba de ordenar.
Los prisioneros son llamados uno a uno y van siendo estrangulados. El
ruido de armas de fuego, dicen, habría delatado su presencia en el área.
Consumada la ejecución, los cuerpos de los campesinos son enterrados en
el mismo lugar, utilizándose para ello las trincheras que habían excavado.
En El Aguacate fueron ejecutadas 22 personas.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
A media mañana del día siguiente, 25 de noviembre, la guerrilla ata-
có a la patrulla militar que avanzaba desde el norte del lugar. A mediodía,
cerca de Plan Canaqué un soldado encontró tierra removida y, tras cavar,
descubre el cadáver de Carlos Humberto Guerra Callejas y de sus tres pe-
rros. Alrededor de la una y media de la tarde se produjo otro enfrentamien-
to, en que resultaron heridos un subteniente y un soldado. Más tarde, en
el cerro Las Minas, encontraron los machetes de los aldeanos y restos de
comida. Tres o cuatro horas después del descubrimiento del cadáver de
Carlos Humberto Guerra Callejas, lograron sacarlo del lugar improvisan-
do previamente un helipuerto en el lugar llamado La Pinada del Pozo del
Zope.
El día 26, como a las nueve de la mañana, la misma patrulla militar fue
atacada una vez más por la guerrilla. Entre tanto, la otra patrulla militar que
marchaba desde el sur encontró cerca de El Chiquero cuatro fosas con ca-
dáveres ya en descomposición. Informaron del hallazgo a la zona militar,
que les ordenó no tocarlos y construir un helipuerto lo más cerca posible.
El 27 de noviembre llegaron al lugar, en helicóptero, funcionarios ju-
diciales y autoridades locales para proceder a la exhumación, así como pe-
riodistas para que cubrieran el hecho. Las condiciones meteorológicas ha-
cían imposible la evacuación de los cadáveres, 21 en total, pero finalmen-
te se realizó el día 28 en la mañana, siendo llevados a la zona militar 302.
En ésta, fueron examinados por el médico forense y reconocidos 20 de
ellos por sus parientes, en presencia del juez de paz. Poco después, los ca-
dáveres fueron trasladados a la municipalidad de San Andrés Itzapa, don-
de se realizó el velatorio. Fueron enterrados el 29 de noviembre.
El cadáver que no fue identificado, ni por familiares ni por los pobla-
dores de El Aguacate, y enterrado como XX, correspondía a Mijangos, en-
lace de la patrulla guerrillera con el mando de la operación rebelde.
84
El reconocimiento médico practicado a los cadáveres, a cargo del de-
partamento médico forense del Organismo Judicial, arrojó como causa de
la muerte asfixia por estrangulamiento, excepto en dos casos en que aqué-
lla no pudo ser determinada debido al estado de descomposición en que se
encontraban los cuerpos. En su mayoría los cadáveres presentaban señales
de cuerdas alrededor del cuello.
En cuanto a la especulación acerca de posibles torturas sufridas por las
víctimas, el doctor Mendizábal, médico forense que examinó los cadáve-
res, manifestó ante la comisión especial enviada por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, que no estaba en condiciones de afirmar
si las víctimas de la masacre habían sido torturadas, puesto que el estado
de descomposición de los cadáveres era avanzado al momento del examen,
y que las “ronchas oscuras que parecían quemaduras o hematomas, podían ser
simplemente coágulos de sangre”.
246
La justicia abrió proceso penal en seguida que fueron descubiertos los
cadáveres, en noviembre de 1988. Unos meses después, fue detenido y
procesado Eleodoro Sal Siquinajay. El 14 de septiembre de 1989, sin em-
bargo, el juez a cargo del caso dictó sentencia absolutoria con respecto a su
responsabilidad en la masacre, por no existir pruebas en su contra.
247
La
sentencia fue confirmada por la Sala Novena de la Corte de Apelaciones de
Antigua Guatemala, el 30 de marzo de 1990.
La URNG emitió, los días 28 y 29 de noviembre de 1988, dos co-
municados en relación con los sucesos, difundidos a través de la agencia
noticiosa CERIGUA.
248
En el primero la insurgencia dio cuenta de las
operaciones militares efectuadas en la zona, con el resultado de 25 bajas
en las filas del Ejército, entre muertos y heridos, con lo que en apariencia
asumía la responsabilidad por los hechos, pero presentaba los mismos co-
mo un acto de guerra. En su segundo comunicado negó rotundamente la
participación de la ORPA en el secuestro y posterior ejecución de los
campesinos de El Aguacate y acusa al Ejército y al Gobierno como res-
85
246 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 6/91, Caso 10.400 (Guatemala),
22 de febrero de 1991, en Compilación de informes publicados sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en Guatemala 1980-1995, Tomo II (1986-1995), 1 de junio de 1995, Washington D.C.,
pg. 224.
247 Juzgado Primero de Primera Instancia de Sentencia del departamento de Chimaltenango, Causa
2261-88-P. Eleodoro Sal Siquinajay fue capturado en el municipio de San Andrés Iztapa el 22 de
junio de 1989, siete meses después del hecho, por los comisionados militares Callejas Tobar (fa-
miliares de la primera víctima), acusado de portación ilegal de armas, plagio o secuestro, robo
agravado y genocidio. Sin embargo, por falta de pruebas, fue únicamente sentenciado a dos años
por los delitos de portación ilegal de armas y militancia en agrupación ilegal. Las otras personas
que junto a Sal Siquinajay se mencionan en el proceso como supuestos implicados nunca fueron
capturados.
248 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 6/91, Caso 10.400 (Guatemala),
22 de febrero de 1991, en Compilación de informes publicados sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en Guatemala 1980-1995, Tomo II (1986-1995), 1 de junio de 1995, Washington D.C.,
pgs. 216-217.
ponsables de dichas violaciones, agregando que las mismas formaban par-
te de una nueva ola de terrorismo, represión e intimidación de parte de
las autoridades.
El Ejército, por su parte, no reportó combates en la zona, aparte de los
encuentros producidos a raíz de la búsqueda de los campesinos desapare-
cidos, en los que a su vez mencionó dos bajas propias (heridos) y ninguna
de la guerrilla. “El día viernes 25 de noviembre, patrullas militares contacta-
ron al grupo subversivo a las 09:30 horas. A las 12:30 horas del mismo día se
produjo otro contacto, resultando herido el sub-teniente … Manuel Adolfo
Molina Gutiérrez”.
249
La masacre de los campesinos de El Aguacate estuvo durante casi dos
años en estudio por la Oficina del procurador de los Derechos Humanos.
En la resolución adoptada por el licenciado Ramiro de León Carpio el día
15 de noviembre de 1990, este organismo afirma que se “ha comprobado
la violación al derecho humano a la vida de [las víctimas]”. Sin embargo,
posteriormente afirma que “el resultado de la investigación no proporcionó
fundamentos jurídicos ni de conciencia suficientes para señalar quién o quié-
nes son responsables por tal violación”.
250
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tuvo co-
nocimiento de los hechos, abriendo el caso 10.400 (Guatemala). Como
parte de sus investigaciones esta Comisión envió a Guatemala una comi-
sión especial, la que luego de numerosas diligencias descartó toda posibili-
dad de que el Ejército fuera responsable de la masacre. En concordancia
con esta opinión, la Comisión Interamericana concluyó, el 22 de febrero
de 1991, que no existía fundamento para la petición realizada contra el Es-
tado de Guatemala, archivando el caso.
251
Finalmente, en declaraciones de ex miembros de la Dirección Nacio-
nal de ORPA ante la CEH, esta organización asumió la responsabilidad
por las ejecuciones llevadas a cabo el 24 de noviembre de 1988:
“…Es el peor y más grave error que hemos cometido como ORPA en
el desarrollo de toda la guerra … nos llena de vergüenza”.
252
86
249 Informe del Gobierno de la República sobre el asesinato de campesinos en el departamento de
Chimaltenango, Guatemala, 29 de noviembre de 1988.
250 Resolución del procurador de los Derechos Humanos de fecha 15 de noviembre de 1990, Expe-
diente EIO 17-88/P, pg. 9.
251 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 6/91, Caso 10.400 (Guatemala),
22 de febrero de 1991, en Compilación de informes publicados sobre la situación de los Derechos Hu-
manos en Guatemala 1980-1995, Tomo II (1986-1995), 1 de junio de 1995, Washington D.C.,
pg. 247.
252 Testigos de referencia (ex miembros de la Dirección Nacional de ORPA) CEH.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, a la luz de todos los antecedentes recogidos, adquirió la ple-
na convicción de que 22 personas, entre ellas 21 campesinos indefensos de
la aldea El Aguacate y un miembro de ORPA, fueron privados de su vida
por miembros de esa organización guerrillera, constituyendo dicho acto
una ejecución arbitraria.
Ni las circunstancias que rodearon los hechos, ni valoración alguna de
tipo ético o jurídico, constituyen justificación para este grave atentado
contra el derecho a la vida, que viola los principios comunes del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hu-
manitario.
La CEH considera este caso ilustrativo del grado de tergiversación de
los principios morales y éticos en que incurrieron miembros de la guerri-
lla, que no respetaron siquiera las reglas mínimas a que estaban obligados
como combatientes en un enfrentamiento armado. Dicha tergiversación se
manifiesta, especialmente, en la frialdad con que fueron ejecutadas las víc-
timas de esta masacre, en su mayoría campesinos inermes no involucrados
en el enfrentamiento.
Por otra parte, en lo que se refiere a la ejecución arbitraria de un
miembro de ORPA por sus propios compañeros, la CEH considera que,
además de evidenciar el desprecio por la vida humana, este crimen es ilus-
trativo de la carencia, en la administración de la justicia interna de la orga-
nización guerrillera, de normas mínimas objetivas que resguardaran dere-
chos inalienables de la persona humana, lo cual permitió que la simple des-
confianza condujera a la eliminación física de militantes indefensos.
Finalmente, se considera positivo, desde la perspectiva de la reconci-
liación nacional, que la ORPA haya aceptado ante la CEH la autoría de la
masacre.
253
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
87
253 Testigo directo CEH. 18 de agosto de 1998.
Antonio Olivares Bancés
Carlos Humberto Guerra Callejas
Cristóbal Chuy Pixtun
Factor Callejas Guerra
Francisco Román Callejas Guerra
Horacio Tajtaj Callejas
Isidro Guerra Castellanos
Jaime Callejas Tobar
José Gabriel Salvajan Gómez
José Leonel Callejas Ajpuac
José Luis Callejas Meléndez
Juan Oswaldo Salazar Callejas
88
Julio Gerardo Callejas Guerra
Luis Haroldo Callejas Tobar
Luis Callejas Tobar
Manuel Nieves Tajtaj Coyan
Oscar Rolando Callejas Tobar
Pedro Guerra Marroquín
Rogelio Callejas Guerra
Romualdo Callejas Guerra
Rosalio Callejas Guerra
Nicolás Chiquibal Petzey
I. ANTECEDENTES
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) entró en la clandestini-
dad
253
después del derrocamiento del Gobierno de Jacobo Arbenz (1954)
y, por tal motivo varios miembros de ese partido partieron al exilio.
En el Tercer Congreso del PGT, celebrado en 1960, se decidió impul-
sar “cualquier forma de lucha en consonancia con la situación concreta”
254
y
se discutió sobre la posibilidad de asumir la lucha armada como opción pa-
ra llegar al poder. El mismo año, después del fallido golpe de Estado en
contra del Gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes (13 de noviembre de
1960), un grupo de militares que encabezaban Luis Augusto Turcios Lima
y Marco Antonio Yon Sosa, formó un movimiento insurgente, que se de-
nominó Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13).
En 1962 el PGT influyó en las denominadas jornadas de marzo y
abril, que fueron protestas masivas encabezadas por estudiantes de educa-
ción media y universitarios,
255
para protestar contra el fraude en las eleccio-
nes de diputados que se realizaron ese año, la corrupción, el alza del costo
de la vida y la represión.
A propósito de estas jornadas de protesta, analistas de los Estados
Unidos observaron con preocupación la debilidad del Gobierno de Ydígo-
ras Fuentes para resguardar la seguridad nacional
256
y sugirieron la necesi-
Caso ilustrativo No. 68
Los 28 desaparecidos de 1966
“Si un juez llega a una detención y niegan a
un reo, o lo escamotean sacándolo por otra
puerta, ¿qué podemos hacer en ese caso?. No-
sotros no tenemos jurisdicción sobre las poli-
cías; es el Ministerio de Gobernación el que
las manda”.
252
252 Declaración ante Prensa Libre de magistrados de la Corte Suprema sobre la petición de familia-
res de desaparecidos que exigían investigación, después de resolver que las exhibiciones persona-
les no eran procedentes y que se archiven las causas, Prensa Libre, 9 de mayo de 1966, “No hu-
bo exhibición de presos políticos”.
253 Desde ese año dejó de ser reconocido por el Estado como partido político.
254 Huberto Alvarado, Apuntes para la Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Comisión para
la Celebración del Cincuentenario de la Revolución de Octubre y la Autonomía Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 1994.
255 La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) elaboró puntos programáticos y llamó a una
huelga general, a la que se unió el magisterio, colegios profesionales, locutores, funcionarios de
Estado, sindicatos y hasta algunos empresarios.
256 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, 15 de septiembre de
1962. Pq. HD/5.13. “Las fuerzas civiles son capaces de acabar con motines y disturbios, pero no co-
mo los que sucedieron hace un par de meses [jornadas de marzo y abril del 62]. Operaciones más gran-
dad de crear un sistema de Inteligencia eficaz, porque el vigente no funcio-
naba adecuadamente, “…la G2 del Ejército, no sabe nada de lo que está pa-
sando”.
257
Afirmaban que el Gobierno era corrupto, “…hay evidencia pode-
rosa que Ydígoras robó grandes cantidades de dinero”.
258
Meses más tarde, Ydí-
goras Fuentes fue derrocado por un golpe de Estado, dirigido por el Ejér-
cito y apoyado por los Estados Unidos.
259
El 30 de marzo de 1963 se constituyó un Gobierno militar dirigido
por el coronel Enrique Peralta Azurdia. Desde la perspectiva del Gobierno
norteamericano, con este jefe de Estado “…ahora existe un progreso esperan-
zador del establecimiento de un efectivo aparato de Inteligencia contra-suber-
siva guatemalteca”.
260
El nuevo Gobierno inició una campaña contrainsur-
gente que implicó la ampliación de las redes de comisionados militares y
de la Policía Militar Ambulante (PMA) en las zonas rurales. En la capital,
bajo estado de sitio (1963-1966), se ejecutaron hechos de represión por la
Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, la Policía Judicial y la Policía
Militar. En algunas ocasiones, cada uno de estos cuerpos policiales actuó
de manera independiente y, en otras, de operaciones combinadas.
Entre 1965 y 1966 las acciones guerrilleras se multiplicaron. Tanto la
Resistencia Urbana como el Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI), am-
bos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), efectuaron ac-
ciones armadas en distintos puntos de la ciudad y en el Oriente del país.
La guerrilla, a su vez, cuestionaba la legitimidad democrática de los go-
biernos.
Estas acciones inquietaron por igual a las autoridades guatemaltecas
como al Gobierno norteamericano, el cual reforzó la asesoría que prestaba
al Ejército guatemalteco, a fin de que se tuviera una participación más di-
recta en la lucha contra las fuerzas insurgentes.
261
Entre finales de 1965 y principios de 1966 las elecciones presidencia-
les que se realizaron el 6 de marzo ocuparon el centro de atención políti-
ca. El Partido Revolucionario (PR), que postulaba a Julio César Méndez
Montenegro como candidato presidencial, se perfilaba como el ganador.
90
des y prolongadas, sin embargo no pueden ser detenidas sin la asistencia del Ejército por el equipo ina-
decuado y la falta de entrenamiento del personal, especialmente en el campo de control de motines y
seguridad interna ... hoy en día no hay un sistema de Inteligencia que merece este nombre operado por
el Gobierno de Guatemala...”
257 USAID, informe a Departamento de Estado. 25 de septiembre de 1962, Pq. HD/5.14.
258 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado. 23 de enero de
1964, Pq. LBJ7/1.
259 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado, 13 de marzo de
1963, Pq. HD/6.3. “Arturo Peralta, hermano y confidente del ministro de Defensa, me dijo en una
reunión privada esta noche que con desgano había llegado a la conclusión de que la única manera pa-
ra detener la llegada de Arévalo a la presidencia sería que el Ejército forzara a Ydígoras para que sa-
liera ... nadie haría nada hasta que el Ejército asegurara que la operación sería un éxito ... antes de
actuar, quisiera alguna clase de garantía de los EEUU para que no luzcamos inapropiados”.
260 Embajada de los EEUU en Guatemala, memorándum a the Special Group. 25 de septiembre de
1963, Pq. HD/ 6.12.
261 Huberto Alvarado, Ob.cit.
Los sectores de izquierda debatían sobre su eventual apoyo a Méndez
Montenegro. En este ambiente pre-electoral y de marcada convulsión so-
cial, se reprimió selectivamente a líderes políticos de izquierda.
La Inteligencia militar y la Operación Limpieza
En 1964, en el marco de la Conferencia de Ejércitos de Centroaméri-
ca (CONDECA), realizado con el apoyo del programa de la Public Safety
Division USAID/Guatemala, de los Estados Unidos, se creó el Centro Re-
gional de Telecomunicaciones, que llegara a ser conocido como La Regio-
nal, para coordinar los sistemas de telecomunicaciones de los países cen-
troamericanos y para controlar las actividades de las personas sospechosas
de ser comunistas.
262
La Regional continuó recopilando información sobre los opositores
políticos y acerca de la situación social, actividad que venía realizando des-
de la década pasada el Ministerio de Gobernación. Tan importante mate-
rial había sido utilizado en la represión política iniciada años atrás. La Re-
gional se ocupó de la coordinación de actividades con la Policía Nacional,
la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Gobernación, las Zonas Milita-
res y la Presidencia de la República, con la colaboración del Gobierno es-
tadounidense.
263
En 1965 el Gobierno diseñó una campaña contrainsurgente, creando
una modalidad especial de actuación denominada Operación Limpieza.
La campaña estaba dirigida a impedir que los políticos de oposición tuvie-
ran ingerencia en el nuevo Gobierno, mediante la desarticulación de la or-
ganización de izquierda, y la eliminación de los líderes del PGT y del
MR13.
Bajo el pretexto de combatir los secuestros de la guerrilla y otros actos
terroristas, y con el propósito de operar de forma más coordinada y efecti-
va para alcanzar los objetivos contrainsurgentes, la USAID asistió técnica
y materialmente al Gobierno guatemalteco. Para estos efectos, envió a su
funcionario John P. Longan, asesor en seguridad pública, destacado en Ve-
nezuela. Longan llegó a Guatemala el 28 de noviembre de 1965 y tuvo co-
mo contraparte en el país al Secretario del Gobierno.
264
Poco después, este
último fue sustituido por el entonces ministro de la Defensa, a quien los
asesores norteamericanos apreciaron por resultar más efectivo en la con-
ducción de la campaña.
265
Al cabo de un tiempo los asesores afirmaron: “las
fuerzas de seguridad bajo … están conduciendo redadas de esta fuerza conjun-
91
262 Véase capítulo segundo, La Inteligencia.
263 Ibid.
264 USAID/Guatemala, informe: Operational Resume of Terrorist Kidnapping and Guatemala Police
Activity to Counter, 17 de diciembre 1965, Pq. HD/8.10.
265 Ibid.
ta [fuerzas policiales judicial, nacional y hacienda] de gran escala dentro de
áreas urbanas sospechosas y que están produciendo información útil”.
266
La campaña Operación Limpieza comenzó con acciones a pequeña es-
cala, a cargo de la Policía Nacional, a fin de ensayar la efectividad del
plan.
267
En diciembre de 1965, John Longan sugirió innovaciones para la
ejecución de la Operación Limpieza y se introdujo en la campaña la mo-
dalidad de Zona Congelada
268
que consistió en el cierre de un área física de
varias cuadras, utilizando personal policial, que evitaba la entrada o salida
de personas mientras se desarrollaba la redada.
269
Además, se determinó
que este trabajo lo realizaran combinadamente la Policía Nacional, la Po-
licía Judicial, la Policía Militar y el Ejército. Hasta marzo de 1966 se reali-
zaron 80 operativos con esta modalidad.
Como parte de este mismo plan, se creó La Caja, un cuarto ubicado
atrás de la Casa Presidencial, que luego fue trasladado al Cuartel General,
y que contaba con equipos de comunicaciones para concentrar y coordi-
nar datos, en función de las campañas contrainsurgentes. En La Caja ope-
ró un grupo especial de investigadores que obtenía informaciones median-
te escuchas telefónicas o por otros medios electrónicos, con las que se iden-
tificaba qué áreas debían ser cateadas o registradas.
270
Estas áreas eran defi-
nidas por el jefe de la Policía Judicial. Esto dio lugar a que se planificara el
cateo de esos lugares, cercando previamente las zonas de acceso.
En el interín en que se desarrollaban esas acciones contrainsurgentes,
el PGT celebró, entre el 25 y el 27 de febrero de 1966, una Conferencia
Nacional. El propósito era renovar la dirección; decidir el respaldado al
candidato presidencial del Partido Revolucionario, abogado Julio César
Méndez Montenegro
271
y analizar los problemas de unidad que había en-
tonces en el partido, motivadas por las diferentes tendencias que habían
surgido en su interior referidas a la opción entre la lucha armada y la lucha
política. Por esta razón, varios dirigentes del PGT que estaban exiliados en
México entraron clandestinamente al país. El MR13 también aprovechó
las elecciones para reunirse en el país.
92
266 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado. 5 de enero de
1966, HD/9.1.
267 El 4 de diciembre de 1965 se detuvo a 23 personas en la zona 6 por falta de documentos. Luego
fueron puestas en libertad, salvo seis de ellas que fueron remitidas al Organismo Judicial. Uno de
estos últimos fue llevado el 14 de diciembre a un lugar denominado Las Mil Vueltas, jurisdicción
de El Progreso, donde fue ejecutado y enterrado. El 22 de diciembre de 1965, Ricardo Berganza
Bocaletti fue capturado en la zona 10 de la ciudad capital, luego de una refriega con la policía.
Agentes confidenciales de la Policía Judicial lo ejecutaron extrajudicialmente. Su cadáver fue lan-
zado al lago de Amatitlán, atándole pesas en los pies y las manos, según un informe de la Asocia-
ción de Estudiantes Universitarios, publicado en El Imparcial el sábado 16 de julio de 1966.
268 USAID/Guatemala, Informe: Operational Resume of Terrorist Kidnapping and Guatemala Po-
lice Activity to Counter. 17 de diciembre 1965, Pq. HD/8.10.
269 Ibid.
270 Ibid.
271 Julio César Méndez Montenegro fue nombrado candidato por el PR en sucesión de su hermano
Mario, quien apareció muerto en su casa en 1965 sin que nunca se llegara a esclarecer la causa.
II. LOS HECHOS
Del 2 al 5 de marzo de 1966, en distintos puntos de la ciudad capital
y en el interior del país, en particular Mazatenango, Retalhuleu, Río Hon-
do, Zacapa, El Rancho, San Agustín Acasaguastlán y El Progreso se lleva-
ron a cabo operativos de registro y captura, en los que participaron fuerzas
combinadas de las diferentes policías y el Ejército, usando radiopatrullas y
hasta un helicóptero.
El 2 de marzo de 1966, en una casa de la zona 9 de la ciudad capital,
Carlos Barillas Sosa, Francisco Amado Granados y Yolanda Carvajal Mer-
cado, miembros de la dirección del MR13, fueron capturados sin ofrecer
resistencia. Interrogados durante 3 días, les ejecutaron el 6 de marzo.
272
El 3 de marzo de 1966, a la altura de San Bernardino, Suchitepéquez,
Leonardo Castillo Flores, quien había sido secretario general de la Confe-
deración Nacional de Campesinos (CNC) y miembro del PGT, así como
Leonardo García Benavente, Francisco Macías Mayora y Víctor Manuel
Palacios fueron apreesados por elementos de la Policía Militar y la Policía
Judicial.
273
“Tanto Castillo Flores como Enrique Chacón, Carlos Barrios y
Mauricio García
274
fueron interrogados por militares el 3 de marzo de 1966.
El 4 de marzo también fueron interrogados por oficiales de seguridad guate-
maltecos, que fueron enviados de la capital con ese propósito…”
275
Todos los interrogatorios se hicieron bajo tortura y tuvieron como fi-
nalidad obtener información sobre los líderes del PGT y los miembros de
las FAR. Un declarante sobreviviente, relata lo que vio y oyó: “…Le pusie-
ron la capucha, le dieron toques eléctricos, le interrogaron para que hablara …
se empezó a oír que el hombre se quejaba fuertemente, fueron quedando los
quejidos, bajaron, bajaron, bajaron, entonces dijo uno quítensela…”
276
Des-
pués de terminar los interrogatorios “…fueron ejecutados secretamente”.
277
En la misma fecha, 3 de marzo, Iris Yon Cerna
278
fue capturada y de-
saparecida. Existen testimonios en el expediente judicial de que Iris Yon
93
272 CIA, destinatario no identificado. Abril, 1966. Pq. 12.9.
273 C 748. Marzo, 1966, Suchitepéquez. CIA, destinatario no identificado. Abril, 1966. Pq. 12.9.
CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.1.
274 Los dos últimos son seudónimos, Carlos Barrios es el seudónimo de Francisco Macías Mayora y
Mauricio García es realmente Francisco Benavente (T.C. 45). Los testimonios y testigos entrevis-
tados por la CEH señalan que con Castillo Flores fueron capturados Leonardo García Benaven-
te, Víctor Manuel Palacios, Francisco Macías Mayora y según Huberto Alvarado en Ob.cit.,
Humberto Pineda también fue capturado en el mismo lugar y fecha.
275 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.8. En este documento se afirma que los
capturados rehusaron cooperar y que, sin embargo, dieron informaciones, las mismas que se de-
tallan en el documento.
276 Testigo directo CEH. (T.C. 45).
277 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.8.
278 C 1226, marzo, 1966, ciudad de Guatemala, Guatemala. Sobrina de Marco Antonio Yon Sosa.
Cerna fue vista presa en la sede de la Policía Judicial el 6 de marzo de
1966.
279
El 5 de marzo de 1966, a eso de las once y media de la mañana,
Víctor Manuel Gutiérrez Garbín,
280
secretario general del Comité Central
del PGT, fue capturado en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital,
junto con una colaborada del partido. En el procedimiento participaron
miembros de la Policía Judicial y del pelotón modelo.
281
Los elementos de
la Policía Judicial se desplazaban en el jeep que le habían sustraído el 3 de
marzo a Manuel Palacios.
282
El mismo día, en la 5ª calle A de la zona 2,
Fernando Arce Behrens, quien era miembro del PGT y había regresado
clandestinamente de México,
283
fue apresado
284
y trasladado al cuartel de la
Policía Judicial, por entonces ubicado en la 7ª avenida y 14 calle de la zo-
na 1. En este lugar le torturaron. Un declarante confirma su estado de sa-
lud: “…Casi muerto, y hecho un costal de huesos, lo sacaban de noche en un
jeep abierto para que volviera en sí, y poder continuar con él, al día siguiente,
las torturas”.
285
“Francisco Amado Granados, Carlos Barillas Sosa y Víctor Manuel Gu-
tiérrez fueron interrogados hasta la noche del 6 de marzo …”
286
Víctor Ma-
nuel Gutiérrez murió en la Policía Judicial el mismo día, como a las siete
de la mañana, mientras era torturado. No resistió a la tortura de “la capu-
cha” porque era cardiaco.
287
Los restantes, incluido Fernando Arce Behrens,
fueron ejecutados “…Cuando ellos conjuntamente con otros terroristas, bajo
custodia, fueron llevados a un área remota en el departamento de Izabal”.
288
El
94
279 Expediente No. 879-1966, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Criminal, Guatemala, de-
claración de José Braulio Fuentes, Leticia López González, Rosa Margarita López, Juana López.
Se planteó un recurso de exhibición personal que fue declarado improcedente y se archivó.
Eduardo Galeano, Guatemala país ocupado, Editorial Nuestro Tiempo (México 1967), pg. 60.
“Los familiares no pudieron saber donde estaban, vivos o muertos, en qué cárcel o en qué fosa...Pudo
conocerse sin embargo, el destino de algunos de los veintiocho desaparecidos: Iris Yon Cerna, por ejem-
plo, sobrina de Yon Sosa, había sido muerta a garrotazos a orillas del río Motagua”.
280 USAID Mission/Guatemala, telegrama a AID Washington. 15 de marzo de 1963. Pq. 8.1. Exis-
ten evidencias de que el Estado mantuvo una constante persecución hacia Víctor Manuel Gutié-
rrez. En febrero de 1963, según reportan los documentos desclasificados, el jefe de la Policía Na-
cional fue destituido por haber entregado a los juzgados al dirigente comunista Víctor Manuel
Gutiérrez quien había sido capturado, pese a que la orden personal del presidente Miguel Ydígo-
ras Fuentes era no entregarlo bajo ninguna circunstancia.
281 Expediente No. 879-1966, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Criminal, Guatemala, Fo-
lio No. 31. CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.1. CIA, destinatario no iden-
tificado. Abril, 1966. Pq. 12.9. El Pelotón Modelo fue creado en 1962 por el presidente Ydígo-
ras como una fuerza de choque a raíz de las jornadas de marzo y abril de 1962.
282 Testigo directo CEH. (T.C. 45).
283 Testigo directo CEH. (T.C. 365).
284 El Gráfico, 11 de marzo de 1966.
285 Testigo de referencia CEH (T.C. 365).
286 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.1. CIA, destinatario no identificado.
Abril, 1966. Pq. 12.9.
287 Testigo de referencia CEH. C 749.
Testigo directo CEH (T.C. 45).
288 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.1. CIA, destinatario no identificado.
Abril, 1966. Pq. 12.9.
resto de los prisioneros fueron ejecutados en el Cuartel General de Mata-
moros y sus cadáveres arrojados al océano Pacífico.
289
Las órdenes para eje-
cutar arbitrariamente a las víctimas fueron dadas por el entonces vicemi-
nistro de la Defensa, coronel Rafael Arriaga Bosque.
290
En tal sentido, los
documentos desclasificados afirman “…Fueron ejecutados secretamente por
autoridades guatemaltecas … la ejecución no sería anunciada y el Gobierno de
Guatemala negaría que estuvieron bajo su custodia”.
291
El resto de las personas, todas ellas militantes de organizaciones de iz-
quierda, y de las cuales no se obtuvo información en detalle, fueron cap-
turadas en diferentes lugares en el transcurso de varios días. Algunos de
ellos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Judicial y otros al
Cuartel General de Matamoros.
No obstante la contundencia de los operativos, algunos líderes logra-
ron escapar, entre ellos Luis Turcios Lima, comandante de las FAR,
292
Ber-
nardo Alvarado Monzón, secretario del PGT, Julio César Macías, dirigen-
te de las FAR, y Gabriel Salazar de la JPT.
293
La CEH no pudo establecer el número exacto de capturados en estas
acciones. Sin embargo, identificó a 33 personas que fueron desaparecidas
294
y eventualmente ejecutadas de manera arbitraria y en secreto durante los
operativos realizados entre diciembre de 1965 y marzo de 1966. Asimis-
mo, la CEH ha podido identificar a 21 personas capturadas en los mismos
operativos y que despues fueron liberadas.
III. LOS HECHOS POSTERIORES
El entonces Gobierno de Guatemala negó, hasta el día de la entrega
del poder, tener el menor conocimiento sobre las capturas de las víctimas,
mientras la CIA reportó que agentes gubernamentales los habían ejecuta-
do.
295
Julio César Méndez Montenegro, sucesor de Peralta, prometió em-
prender investigaciones sobre el caso, pero no las realizó.
95
289 Testigo de referencia CEH. C 703. Eduardo Galeano. Ob.cit. pg. 60 “Se supo también que la ma-
yor parte de los veintiocho fueron ametrallados en el almacén de guerra del cuartel Matamoros y sus
cadáveres arrojados al Pacífico”.
290 Testigo de referencia CEH ( T.C. 365). Ricardo Galeano. Ob.cit. pg. 60 “El telefonista del cuar-
tel era amigo mío (...) y por eso me enteré de la conversación: a los presos los iban a matar ahí en el
almacén de guerra del cuartel de Matamoros (...) ‘Vaya si no’ me contesto, ‘yo escuché la orden que dio
el coronel Arriaga Bosque por teléfono”.
291 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.2.
292 Las FAR se conformaron en diciembre de 1962, después de una reunión convocada por el PGT.
293 REMHI, Tomo III, pg. 45.
294 Aún cuando se identificó a 33 personas y se conoce que muchos fueron ejecutados arbitrariamen-
te, por respeto a la denominación histórica que ha tenido este caso, se conservó el nombre de “28
desaparecidos”.
295 CIA, destinatario no identificado. Marzo, 1966. Pq. 12.2.
En diciembre de 1966 se encomendó al jefe de Inteligencia del Ejér-
cito que solicitara apoyo a los Estados Unidos para la conformación y el
entrenamiento de un comando clandestino que debería efectuar secuestros
de izquierdistas, con el fin de exiliarlos.
296
La desaparición de tantas personas conmocionó a la ciudadanía gua-
temalteca. El impacto público fue motivado no sólo por la difusión que tu-
vieron las capturas en los principales diarios del país y por las característi-
cas de las víctimas, sino por las gestiones judiciales que se llevaron a cabo
a raíz de los hechos.
Así, los familiares de las víctimas e instituciones como la Asociación de
Estudiantes Universitarios interpusieron más de 500 recursos de exhibi-
ción personal,
297
los mismos que fueron declarados improcedentes por no
encontrarse los capturados en las cárceles públicas donde se realizaron las
indagaciones oficiales. Por si esto fuera poco, el 28 de abril de 1966 la
Asamblea Constituyente declaró amnistiados todos los actos represivos
realizados por agentes de Estado hasta esa fecha.
Estos acontecimientos provocaron la desaparición de casi todos los lí-
deres políticos de mayor experiencia y trascendencia de la izquierda. En pa-
labras de un declarante: “eran gente que hubiera tratado y luchado por todos
los medios de tender puentes con el nuevo Gobierno…”
298
Con esta operación criminal empezó la denominada “guerra sucia” por
parte del Estado. Por su lado, la izquierda, que optó por la lucha armada,
radicalizó sus formas de actuación y, según documentos desclasificados, se
dice que fueron enviadas personas a Guatemala para reforzar la lucha con-
tra el régimen.
299
La violencia se incrementó y en 1967, se reportaron numerosos asesi-
natos, amenazas y hostigamientos a dirigentes políticos, tanto del Gobier-
no como de la oposición.
300
96
296 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado. 3 de diciembre de
1966. Pq. HD/9-24. “Having returned from Washington this morning (3 December) I wish to in-
form you of the following unusual development: Just before my recent departure for U.S., Colonel So-
sa, GAF Intelligence Chief, sought interview with minister Corrigan and presented, in Arriaga’s na-
me a verbal request ussouthcom assistant in covert training special squads to kidnap certain selected in-
dividuals in capital whom mod considers key men in communist-inspired insurgency and terrorist ef-
fort. It was indicated target people would be exiled”.
297 Prensa Libre, 23 de junio de 1966. La prensa reportó que la AEU totalizó dos mil recursos de ex-
hibición en favor de las 28 personas detenidas.
298 Testigo directo CEH. (T.C. 34).
299 CIA, destinatario no identificado. Abril, 1966. Pq. 12.5. “(...) Members of the Rebel Armed Forces
(...) and of the PGT who are in exile in Cuba are reportadely sending persons to Guatemala to strengt-
hen the struggle against the regime (...)”.
300 C 783, 1967, ciudad de Guatemala, Guatemala. C 562, 1967, ciudad de Guatemala, Guatema-
la. C 832, 1967, ciudad de Guatemala, Guatemala. C 740, 1967, ciudad de Guatemala, Guate-
mala. C 1034, 1967, ciudad de Guatemala, Guatemala. C 8351, 1967, ciudad de Guatemala,
Guatemala. C 752, 1967, ciudad de Guatemala, Guatemala. C 13254, 1967, ciudad de Guate-
mala, Guatemala. C 127, 1967, ciudad de Guatemala, Guatemala. C 751, 1967, ciudad de Gua-
temala, Guatemala.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar la información referente a estos hechos,
ha llegado a la convicción de que el Estado es el responsable de diseñar una
estrategia encaminada a atentar contra el derecho a la libertad, la integri-
dad personal y la vida de dirigentes políticos, miembros del PGT y del
MR13, al detener arbitrariamente, desaparecer forzosamente, torturar y
presuntamente ejecutar de manera arbitraria a 33 personas.
La CEH estima, además, que el Estado violó el derecho a la libertad
de las 21 personas que fueron ilegalmente capturadas durante los operati-
vos y que posteriormente fueron liberados.
La CEH considera, asimismo, que este caso ilustra la intolerancia es-
tatal frente a la oposición política y que este hecho constituye, además, un
hito en el enfrentamiento armado interno, al haber sido planificada por las
autoridades del Estado la eliminación colectiva de un grupo de políticos de
izquierda. La responsabilidad directa de las mas altos mandos del Ejército
y de la Policía Nacional en estas operaciones resulta evidente.
De esta manera, se instauró en Guatemala una “guerra sucia” abierta
en contra de lo que el Estado definió como insurgencia, creándose un sis-
tema paralelo y clandestino de justicia paraestatal, que debilitó el Estado
de Derecho y sus instituciones jurídicas, así como las garantías constitucio-
nales. Este lamentable hecho se constituyó en el primer caso de desapari-
ción forzada colectiva sucedido en latinoámerica.
De igual modo, el caso ilustra la influencia del Gobierno de los
Estados Unidos en el diseño y montaje de una política contra-subversiva,
al incentivar moralmente y apoyar técnicamente en la elaboración de la
“Operación Limpieza”. Además, los documentos desclasificados del Public
Safety Program, Departamento de Estado y de la CIA revelan el conoci-
miento simultáneo sobre la ejecución del operativo, las personas afectadas
y las unidades involucradas. De este modo, se evidencia la participación
directa del Gobierno estadounidense en relación a las detenciones arbitra-
rias, torturas, desapariciones y ejecuciones que se llevaron a cabo en esa
época.
De los hechos relatados se aprecia el modus operandi de las desapari-
ciones forzadas en 1965 y 1966, así como el perfeccionamiento del siste-
ma de inteligencia militar, el cual alcanzó un mayor grado de coordinación
y de capacidad técnica.
Finalmente, el caso es un ejemplo de la intencionalidad de evitar la in-
vestigación de los casos de violaciones a los derechos humanos y, conse-
cuentemente, de fomentar la impunidad, denegándose, de esta manera, el
acceso a la justicia tanto a las víctimas como a sus familiares.
97
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Privación de libertad
Privación de libertad y posterior ejecución arbitraria
Antonio Morales Zavaleta
José Vicente Guzmán Franco
98
Enrique Chacón
Fernando Arce Behrens
Francisco Macias Mayora
Leonardo Castillo Flores
Leonardo García Benavente
Víctor Manuel Gutiérrez Garbin
Víctor Manuel Palacios Maldonado
Yolanda Carvajal Mercado
Carlos Edmundo Barrillas
Roberto Augusto Valle Peña
Agustín Martínez,
Antonio Poc Alvarado
Balbino Sosa
Carlos Enrique Galindo
Sosa
César Augusto Salguero Gómez
David Aguilar Mora
Dionicio Alvarez
Emilio Márquez Coroy
Emilio Vásquez
Enma Judith Amezquita
Eunice Campiran de Aguilar Mora
Humberto Pineda Aldana
José León Meda
José de Jesús Alonzo Solís
Juan de Dios Castillo
Juan Estrada Alvarado
Julian Meza
Marco Tulio Molina Licona
Ricardo Berganza Bocaletti
Tránsito Monterroso Pérez
Iris Yon Cerna
Melvin Galeano Polanco
Francisco Amado Granados
Alberto de León Ramírez
Anastacio Calel Vicente
Arturo González Luisse
Efrain Cancinos
José Braulio Romero Fuentes
José María Ortiz Videz
Juan Ramírez Juárez
Marco Tulio Romero Jacobo
Mario Augusto Méndez Aguilar
Percy Amilcar Jacobs Fernández
Roberto Romero Jacobo
Santiago Pérez Ixcot
I. ANTECEDENTES
Oscar Adolfo Mijangos López, abogado y notario, graduado en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), de la que tiempo después fue catedrático, obtuvo el
doctorado en Derecho de la Universidad de París, y también una especia-
lización en Derecho Agrario en Italia.
Mijangos López se distinguió en octubre de 1954 como el principal
promotor de la oposición al plebiscito convocado para legitimar la presi-
dencia de Castillo Armas y su firma encabezó las que se hicieron públicas
en este sentido. Fue un dirigente político democrático. Tuvo que marchar
al exilio durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, junto con
otros líderes de su organización política, Unidad Revolucionaria Democrá-
tica (URD). Regresó al país durante el gobierno de Julio César Méndez
Montenegro (1966-1970).
El tiempo transcurrido entre su retorno a Guatemala y el atentado que
le costó la vida, el 13 de enero de 1971, no fue fácil para el movimiento so-
cial. Desde 1969 se vivía un incremento de la conflictividad traducido en
protestas masivas, una tenaz oposición parlamentaria y acciones guerrilleras
y contrainsurgentes. Esta situación motivó, todavía en el Gobierno Méndez
Montenegro, la declaración de estado de prevención
301
en tres ocasiones.
302
El 2 de abril de 1970, en las postrimerías de dicho período presiden-
cial, se emitió el Decreto 2-70 mediante el cual se estableció por 30 días el
estado de sitio en todo el territorio nacional, a raíz de una serie de secues-
tros llevados a cabo por la guerrilla en el último mes: en particular los de
Sean Holly, funcionario de la embajada de los Estados Unidos; de Alberto
Fuentes Mohr,
303
ministro de Relaciones Exteriores, y de Karl von Spreti,
embajador de Alemania.
304
Caso ilustrativo No. 100
Ejecución arbitraria de
Oscar Adolfo Mijangos López,
diputado del Congreso de la República
301 Restricción o limitación de garantías debido a estado de excepción al que siguen en gravedad as-
cendente: estado de alarma, de calamidad pública, de sitio y de guerra.
302 Decretos 1-69, 2-69 y 1-70, del Presidente en Consejo de Ministros.
303 CI 65. Enero 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
304 CI 88. Marzo 1970. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
El 30 de junio de 1970 finalizó el período presidencial de Méndez
Montenegro y asumió la primera magistratura Carlos Arana Osorio. Si-
multáneamente, Oscar Adolfo Mijangos fue electo como diputado del
Congreso de la República, en representación de la URD, agrupación que,
por no estar aún inscrita como partido político, incorporó sus candidatos
en la lista de la Democracia Cristiana.
El régimen de Arana Osorio se caracterizó por el endurecimiento de
las acciones dirigidas no sólo contra la insurgencia armada, sino también
contra los sectores estudiantiles, de los trabajadores y la oposición política
legal. Durante su primer año de Gobierno se sucedieron registros genera-
lizados, numerosas detenciones, expulsiones del país de dirigentes políti-
cos, así como denuncias de muertes y desapariciones por motivos políti-
cos. Entre julio y octubre la prensa guatemalteca reportó 107 asesinatos
con esta causa, cifra que ascendió a más de 700 cuando aún no se cumplía
el primer año del nuevo ejecutivo. La prensa estimó a su vez en más de
1.600 las personas detenidas entre noviembre de 1970 y enero de 1971.
305
El 26 de noviembre de 1970, Julio Camey Herrera, abogado y políti-
co democrático, fue asesinado por tres individuos. Ese mismo día fue ca-
teada la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), situa-
da en la zona 1 de la ciudad capital.
306
El 30 de noviembre, unos desconocidos atentaron con armas de fue-
go contra el abogado y profesor universitario Alfonso Bauer Paiz, quien so-
brevivió incluso a un segundo atentado cuando pretendieron rematarlo en
el hospital del Seguro Social donde se recuperaba de las heridas.
307
El 12 de noviembre, mediante Decreto 3-70, el Gobierno había esta-
blecido un plazo de 30 días el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Al día siguiente, el Congreso de la República emitió el Decreto 89-70, por
el cual se reformó la Ley de Orden Público, extendiendo el estado de sitio
y ampliando las atribuciones del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas
en tales circunstancias.
El 11 de diciembre de 1970, el Gobierno de Arana Osorio decreta una
nueva ampliación del estado de sitio. En los considerandos del nuevo De-
creto se manifiesta que “persisten las causas de alteración de la paz social y or-
den público que dieran origen a la emisión del Decreto Gubernativo 3-70…
[y que] los hechos que motivaron la declaratoria de Estado de Sitio … son con-
siderados como constitutivo de guerra civil”.
308
Esta es la primera declaración
oficial reconociendo la existencia de una “guerra civil” en el país. El nuevo
decreto no contiene plazo de aplicación, por lo que la suspensión de ga-
100
305 Joseph Goulden, Guatemala: Terror in Silence, en The Nation/March 22, 1971, pgs. 365-366.
306 C 764. Noviembre 1970. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
307 Testigo directo CEH. C 427. Noviembre 1970. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
308 Decreto 4-70 del Presidente en Consejo de Ministros.
rantías era de duración indefinida, y se facultaba al ejecutivo además para
intervenir y disolver cualquier organización, asociación o entidad, tuviera
o no personalidad jurídica, que realizara “actos subversivos o contrarios al or-
den público”.
309
Desde su banca de diputado, Oscar Adolfo Mijangos objetó la amplia-
ción del estado de sitio:
“Antes de prorrogar el estado de sitio … debemos pedirle al ejecutivo
… que nos diga con claridad cuáles son las medidas que se han rea-
lizado y cuáles son los síntomas de que este estado anómalo continúa
en el país … si … no pedimos esta información, nos transformamos
… en un cuerpo no deliberante … apéndice del Ejecutivo …; que nos
informen, porque así lo dice la Constitución de la República”.
310
También se opuso a las reformas a la Ley de Orden Público: “Una Ley
extraordinaria … no debe ser discutida en esta forma precipitada … no debe
ser declarada de urgencia nacional … jamás debiéramos introducir reformas
… en una forma que no sea estudiado con mucho detenimiento … porque en
ello están … [en juego] las garantías que tienen los ciudadanos y las limita-
ciones al ejecutivo”.
311
En particular, manifestó su desacuerdo con los supuestos de la ley:
“Ellos [el Gobierno] califican qué es falta al orden público … qué es subver-
sivo y de ahí a la intervención o a la disolución de la municipalidad, de la
Universidad o de los sindicatos, no hay más que un milímetro”. En cuanto a
las limitaciones al recurso de amparo, expresó: “El Artículo 14 que veda
temporalmente el recurso de amparo, que es una garantía de efectividad de los
derechos consignados en la Constitución, que no están restringidos, configura lo
que en Derecho Administrativo se llama desviación de poder”.
312
Finalmente,
denunció con igual fuerza los abusos cometidos por la Policía Nacional al
amparo de la ley en cuestión.
Oscar Adolfo Mijangos tuvo claras posiciones en otros aspectos de la
vida del país, que lo llevaron a enfrentarse con el Gobierno. En cuanto a
la reforma de los códigos Penal y Procesal Penal, en el sentido de acrecen-
tar de forma drástica de las penas relacionadas con los delitos relativos a
drogas, expresó que dicha reforma debería “ser objeto de un estudio exhaus-
101
309 Decreto 4-70, del Presidente en Consejo de Ministros. Artículo 18.
310 Tomado de la transcripción de intervenciones del diputado Mijangos López, en el Congreso de
la República.
311 Tomado de transcripción de intervenciones del diputado Mijangos López, en el Congreso de la
República, durante la discusión de las reformas a la Ley de Orden Público.
312 Ibid.
tivo por parte de los científicos que conocen el problema …; no creo que este
proyecto … sea muy feliz … con el simple aumento de la penalidad”.
313
En cuanto a la pretendida creación de escuelas para el aprendizaje de
oficios, dirigida a los sectores más pobres del país, argumentó: “El proble-
ma no radica en la fundación de escuelas … radica en las profundas reformas
estructurales de tipo económico y social … pero para hacer las reformas … se
necesita luchar contra intereses creados sumamente poderosos … Esta postura
tiene la ayuda de nosotros como diputados de oposición para luchar contra esas
fuerzas poderosas que se han opuesto secularmente a las conquistas populares”.
314
Un tema puntual que por esta época movilizó a diferentes grupos en
el país fue el relativo al otorgamiento a la empresa Exploraciones y Explo-
taciones Mineras de Izabal S.A. (EXMIBAL), de la concesión de explota-
ción de las minas de níquel situadas en el departamento de Izabal.
Esta posibilidad había comenzado a ser debatida durante el Gobierno
de Julio César Méndez Montenegro, y dio lugar a una fuerte oposición que
se generalizó durante 1969.
La Universidad de San Carlos de Guatemala había creado una comi-
sión con el propósito de generar un debate abierto sobre este proyecto. En-
tre las recomendaciones que esta comisión emitió, figuraban: que en el
eventual contrato se incluyeran cláusulas que garantizaran que la empresa
favorecida sería gravada impositivamente de la misma forma que otras
compañías; que se compensaran los daños que la explotación pudiera apa-
rejar en los recursos naturales del país; que se contrataran compañías na-
cionales para el transporte del mineral. En esta comisión participaron Ju-
lio Camey Herrera, Rafael Piedra Santa, Alfonso Bauer Paiz y Oscar Adol-
fo Mijangos López.
El período presidencial de Méndez Montenegro finalizó sin haberse
tomado una decisión en cuanto a la concesión minera. Una vez iniciado el
mandato de Arana Osorio, éste reabrió casi de inmediato la controversia.
315
Oscar Adolfo Mijangos, desde su banca en el Congreso, se opuso con
firmeza a las condiciones bajo las que el Gobierno pretendía otorgar la
concesión a EXMIBAL.
A finales de 1970 era del dominio público que Oscar Adolfo Mijan-
gos López había sido amenazado. La víctima lo confirmó, pero le restó im-
portancia: “Es cierto, pero no creo que se atrevan a matarme, dada mi condi-
ción física”.
316
102
313 Ibid.
314 Tomado de transcripciones de intervenciones del Diputado Mijangos López en el Congreso de la
República.
315 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, “EXMIBAL
contra Guatemala”, de la serie Defensa de Patrimonio Nacional, Volumen 1, pg. 9.
316 Testigo directo CEH. Mijangos había sufrido un accidente en 1958 por lo que se veía forzado a
utilizar una silla de ruedas para desplazarse.
II. LOS HECHOS
Eran aproximadamente las siete de la noche del 13 de enero de 1971,
fecha en que el estado de sitio se mantenía vigente en todo el territorio na-
cional, cuando Oscar Adolfo Mijangos López salió de su oficina particu-
lar, situada en el edificio Horizontal, en la 4a. avenida y 9a. calle de la zo-
na 1 de la capital.
Yendo en silla de ruedas, se disponía a abordar su automóvil, con la
ayuda del piloto Marco Vinicio Ramírez. En el preciso momento en que
éste abría la portezuela del vehículo, tres hombres vestidos de chumpa y
sombrero de petate, portando armas cortas, se acercaron a pie y le dispara-
ron a quemarropa en la espalda. La víctima recibió doce impactos de bala
que de inmediato le provocaron la muerte. Como resultado de los hechos,
Marco Vinicio Ramírez resultó levemente herido.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El entierro del doctor Mijangos López fue una multitudinaria expre-
sión de duelo, pero también fue una muestra de repudio nacional por su
asesinato.
Tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como la Municipa-
lidad de la ciudad capital, decretaron tres días de duelo por tan execrable
crimen, ante el cual el Gobierno mantuvo silencio.
Los familiares del diputado asesinado exigieron la investigación del
crimen y el castigo de los responsables, intentando mantener viva en la
atención pública esta exigencia. Se manifestaron frente al Palacio Nacional
y en diversos lugares públicos señalando al presidente Arana y a su Gobier-
no como responsables de lo sucedido. Esta actitud motivó amenazas hacia
los familiares. Uno de ellos manifestó que cuatro o cinco meses después del
hecho, “como a las once de la mañana … se presentaron dos individuos con
planta de judiciales … y les dijeron, callen a esas viejas o si no matamos al so-
brino [de la víctima]”.
317
Estas amenazas fueron proferidas el mismo día en
la casa y en el trabajo del amenazado.
En febrero de 1971 el Gobierno de Carlos Arana Osorio concedió a
EXMIBAL la explotación minera, sin tomar en cuenta las opiniones ver-
tidas en un sentido contrario.
El 8 de mayo de 1971, Rafael Piedra Santa, decano de la facultad de
Economía de la USAC y abanderado de las posiciones contrarias a la con-
103
317 Testigo de referencia CEH.
cesión, se vio obligado a salir del país, debido a las amenazas de muerte
planteadas en su contra. Permaneció en el exilio por los siguientes quince
años.
318
IV. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes del caso, la CEH se ha formado la convic-
ción simple de que Oscar Adolfo Mijangos López fue ejecutado arbitraria-
mente, por sujetos que contaron con la aquiescencia o tolerancia del Esta-
do o, en todo caso, con su posterior protección, por lo cual su muerte con-
figura una violación a los derechos humanos.
Esta presunción simple se funda, principalmente, en la valoración de
antecedentes como la calidad de la víctima y de sus posturas contrarias a la
orientación del régimen gubernamental, las amenazas previas de que fue
objeto, el procedimiento empleado por los autores del crimen y la ocurren-
cia, en la misma época, de numerosos casos similares. Además, el férreo
control que el aparato del Gobierno ejercía sobre la población de la ciudad
capital, sobre la base de estados de excepción que restringían las garantías
constitucionales hace inconcebible que crímenes como el que afectó al di-
putado Mijangos pudieran perpetrarse y mantenerse impunes sin el cono-
cimiento y tolerancia del Estado.
Además, la CEH se formó plena convicción de que, en este caos, el Es-
tado de Guatemala faltó gravemente a su deber de investigar adecuada-
mente el hecho y sancionar a los culpables, constituyendo dicha inobser-
vancia una violación del derecho a la justicia.
Finalmente, la CEH considera que el asesinato del diputado Mijangos
es ilustrativo de un conjunto de casos análogos, en un contexto de perse-
cución hacia los opositores políticos, que los exponía a ser víctimas de la
política contrainsurgente o de la acción de los grupos paramilitares o es-
cuadrones de la muerte,
319
bajo el manto protector de los estados de excep-
ción constitucional, cuyo fundamento teórico era la doctrina de la seguri-
dad nacional, que extendía el concepto de enemigo a todos quienes discre-
paban del régimen establecido.
104
318 Testigo directo CEH.
319 Embajada de los EEUU en Guatemala, Aerograma al Departamento de Estado, 19 de mayo de
1970, Pq. HD/13.4. El documento contiene afirmaciones en tal sentido, señalando al escuadrón
de la muerte denominado “ojo por ojo” como responsable de la violencia contra opositores de iz-
quierda.
I. ANTECEDENTES
A partir de 1945 la Constitución Política de la República de Guate-
mala otorgó autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), concebida como rectora de la educación superior. A la vez, le en-
comendó funciones de cooperación en el estudio y solución de los proble-
mas nacionales.
La USAC, en efecto, tuvo participación en la vida nacional, mediante
propuestas concretas sobre temas económicos, políticos y sociales. En la
década de los setenta algunos de sus miembros fueron víctimas de la vio-
lencia política vinculada al enfrentamiento armado interno. Más tarde, se
promovieron proyectos de ley que atentaban contra la autonomía univer-
sitaria y se limitó con severidad su presupuesto.
Mario López Larrave cultivó la vocación por la defensa de los derechos
laborales desde sus años de estudiante de Derecho en la USAC, donde se
graduó con una tesis sobre Derecho Procesal del Trabajo. Más tarde, des-
tacó como abogado laboralista, docente universitario e investigador.
Alternó su actividad entre las aulas universitarias y la defensa de los
trabajadores. Su participación en la política universitaria siempre fue de
primer orden. Desde que se iniciara como dirigente estudiantil en 1952 en
la Asociación de Estudiantes El Derecho, ocupó los cargos más importan-
tes. Más tarde, fue secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, de la cual fue decano en el período 1970-1974 y, en el momento de su
muerte, miembro del Consejo Superior Universitario en representación
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto lo convertía en
un profesional notable dentro de la Universidad.
En 1970, al asumir el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, creó una “extensión universitaria”,
321
que tenía por finalidad capa-
citar a los sindicalistas para que conocieran las leyes laborales y sus dere-
Caso ilustrativo No. 28
La ejecución de Mario López Larrave
“El ejemplo hermoso y digno que constituye
la trayectoria de estudiante, de maestro uni-
versitario y de profesional democrático de
Mario López Larrave se consolida y se mul-
tiplica ante su sangre derramada”.
320
320 Parte del discurso pronunciado por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el
funeral del Lic. Mario López Larrave.
321 Antecedente de la Escuela de Orientación Sindical.
chos. La “extensión” funcionó en la Antigua Facultad de Medicina, pero tu-
vo que cerrar, debido a que los alumnos fueron amenazados de muerte si
se presentaban a clases.
322
Entre 1975 y 1976 López Larrave creó, junto con Manuel Andrade
Roca y Santiago López Aguilar, la Escuela de Orientación Sindical (EOS),
que no sólo daba cursos de formación, sino también asesoría jurídica y, en
general, asistencia a la formación de nuevos sindicatos.
323
Andrade Roca y
López Aguilar fueron asesinados en 1979 y 1984, respectivamente.
El trabajo de la EOS se extendió a nivel nacional y cubrió temas que
trascendían el derecho laboral. “Buscaba impulsar no un sindicalismo por sí
solo sino un sindicalismo que condujera tanto a la defensa de los intereses in-
mediatos de la clase obrera como a que la clase obrera pudiera hacer valer sus
derechos plenos como ciudadanos”,
324
objetivos que revelan la dimensión po-
lítica que adquiría la actividad académica y profesional de López Larrave,
quien, en todo caso, se ciñó siempre a la Constitución Política y a las le-
yes, en particular al Código de Trabajo, del que fue un tenaz defensor.
A principios de los setenta Mario López Larrave trabajó en la creación
de los sindicatos bancarios, logrando organizar, entre otros, los de los ban-
cos de Guatemala, de Londres y de los Trabajadores. Estos sindicatos cons-
tituirían después la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros (FE-
SEBS), entidad que ha jugado un papel determinante en el movimiento
sindical bancario guatemalteco.
A su capacidad profesional como asesor laboral se atribuye que, a pe-
sar de haber asesorado a gran cantidad de sindicatos, casi nunca las discu-
siones de pactos colectivos en que participó desembocaron en huelgas. “No
le gustaban las huelgas [prefería evitarlas] porque se perdía la credibilidad en
los sindicatos”.
325
Durante el período presidencial del general Kjell Eugenio Laugerud
García, el movimiento sindical, que había sido reprimido con dureza bajo
el Gobierno de Arana Osorio, se fue rehaciendo y en marzo de 1976 se for-
ma el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), uno de los logros
más significativos en los esfuerzos de integración sindical, y del cual Mario
López Larrave fue uno de sus principales asesores legales.
En el año de su muerte, 1977, continuaba asesorando sindicatos, en-
tre los cuales destacaba el del Ingenio Pantaleón, que meses después del
asesinato de López Larrave llevó a cabo una huelga trascendental en la his-
toria sindical de la Costa Sur.
326
106
322 Testigo de referencia (colega de la víctima) CEH.
323 “El Movimiento Sindical en Guatemala (1975-1985)”, Ciencia y Tecnología para Guatemala A. C.
(Enero, 1989).
324 Ibid.
325 Testigo de referencia CEH.
326 CI 109. 1983-1984. Escuintla.
El 30 de mayo de 1977 el CNUS informó a la prensa sobre un “plan
represivo antipopular y sindical” basado en la lucha anticomunista y que
contemplaría “la eliminación de todas aquellas personas que se consideran va-
liosas en el desarrollo del movimiento popular”.
327
En esos días la Universidad de San Carlos también recibió ataques ver-
bales provenientes del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional
(MLN). Estos ataques coincidían con el contenido del plan denunciado
por el CNUS, que se habría fraguado en una reunión internacional de gru-
pos anticomunistas, en la que Guatemala estuvo representada por el vice-
presidente de la República.
328
La actividad profesional y académica de Mario López Larrave fue
constante e ininterrumpida, y el reconocimiento de su papel como defen-
sor de los sindicatos y docente universitario ascendió progresivamente. Pe-
ro le costó la vida.
II. LOS HECHOS
La ejecución
El 8 de junio de 1977 Mario López Larrave participó en una reunión
del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que se prolongó du-
rante casi todo el día. Hacia las cinco de la tarde, llegó a su oficina ubica-
da en la Vía 7, 4-79, zona 4 de la ciudad capital.
329
Dejó en su escritorio los documentos que traía de la reunión y luego
salió, para ir a dar clases a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Aun-
que estuvo poco tiempo en la oficina, había guardado su carro en el par-
queo del edificio.
330
En el momento que se disponía a salir del inmueble a bordo de su ve-
hículo, fue atacado con armas de fuego. “Cuando sacó el carro del estaciona-
miento se oyeron los disparos. El carro quedó mitad en la calle, mitad en la
banqueta. Le dispararon en dos fuegos. Y los tipos que lo hacen huyen” en un
carro Datsun 120Y rojo.
331
Los compañeros de trabajo salieron de la oficina a ver qué pasaba. El
licenciado López Larrave, malherido, aún estaba con vida dentro de su au-
tomóvil. Los Bomberos Municipales auxiliaron a la víctima y la llevaron al
Centro Médico, donde ingresó a las 17.30 “con múltiples heridas de bala en
107
327 “El Fascismo en Guatemala. Un Vasto Plan Retrospectivo Antipopular y Sindical”. Documento del
CNUS. (Junio, 1989), pg. 14.
328 Boletín número 12 de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, junio de 1977, pgs. 39-40.
329 Testigo directo CEH.
330 Ibid.
331 Ibid.
diferentes partes del cuerpo …. [Fue] asistido médicamente hasta las 18h20
cuando debido a las heridas que recibiera dejó de existir”.
332
La autopsia reveló que la víctima había recibido múltiples heridas en
el cráneo, tórax, abdomen y los miembros superiores; dos penetrantes en
el cráneo y una penetrante en el abdomen.
Personas que se encontraban en una academia ubicada en la vecindad
de la oficina del abogado dijeron que, desde las cuatro de la tarde, dos
hombres estuvieron sentados en la acera de una calle aledaña. Vestían som-
breros de petate
333
y portaban unos costales de azúcar en los que, probable-
mente, escondieron las armas.
Universitarios, campesinos y sindicalistas condenaron en forma uná-
nime el asesinato de Mario López Larrave. Diversas entidades internacio-
nales manifestaron en forma pública su repudio por el crimen.
El entierro fue la primera manifestación multitudinaria de guatemal-
tecos para expresar públicamente su rechazo al terror.
La secuela
Tras la muerte de López Larrave se produjeron, en forma reiterada,
ejecuciones extrajudiciales de destacados representantes de los sectores uni-
versitario y sindical. Esta secuela fue anunciada por los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, quienes considera-
ron que la ejecución del abogado marcaba “el inicio de una ola represiva sin
precedentes, de la que ninguno de nosotros tiene seguridad de escapar”.
334
Entre las víctimas se cuentan numerosas personas ligadas a la Escuela
de Orientación Sindical (EOS) y, por tanto, a Mario López Larrave. A mo-
do de ejemplo, destacan: Manuel Lisandro Andrade Roca,
335
abogado y ca-
tedrático, co-fundador de esa Escuela, quien fue ametrallado la noche del
13 de febrero de 1979 cuando salía de la elección de nueva junta directiva
del Colegio de Abogados; Johnny Dahinten,
336
abogado y catedrático,
miembro de la EOS y asesor de los sindicatos de la Costa Sur, quien fue
ejecutado a balazos la tarde del 9 de abril de 1980 cuando estacionaba su
vehículo frente al Bufete Popular de la USAC; Manuel de Jesús Marroquín
Castañeda,
337
abogado, periodista y catedrático de la Escuela de Orienta-
ción Sindical, quien, después de salir ileso de un atentado en 1978, fue eje-
cutado el 17 de julio de 1980, frente a su bufete profesional; Ileana Miner-
va, Víctor Herrera, Rosario Leal, Nery Robledo Espinoza y Julio César Pé-
108
332 Informe Sección de Hurtos y Robos de la Policía Nacional adjunto al expediente policial, pg. 1.
333 CI 16. Julio, 1978. Huehuetenango. En otras ejecuciones similares, los autores utilizaban som-
breros de petate.
334 Manifiesto de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC al pue-
blo de Guatemala. Boletín 12 de esa Facultad, junio de 1977, pg. 6.
335 C 18256. Febrero, 1979. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
336 CI 15524. Abril, 1980. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
337 C 15554. Julio, 1980. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
rez Gálvez,
338
estudiantes de la USAC, todos miembros de la EOS, quienes
el 28 de agosto de 1980 fueron capturados junto con once personas más
en la finca de retiro Emaús, en el municipio de Palín, Escuintla, mientras
participaban en un seminario y de cuya suerte y paradero nunca más se su-
po, destacando que el juez encargado de la investigación fue asesinado a las
pocas semanas de haberla iniciado; Santiago López Aguilar,
339
abogado la-
boralista y catedrático, director de la Escuela de Orientación Sindical y es-
trecho colaborador de López Larrave y que luego de sufrir un atentado en
1978, del cual se recuperó, fue capturado en el centro de la ciudad el 17
de febrero de 1984 por varios hombres que lo obligaron a subir a un vehí-
culo, apareciendo su cadáver cinco días más tarde en la Plaza Berlín, al sur
de la ciudad; Alan Humberto Gatica,
340
miembro de la Escuela de Orien-
tación Sindical y militante de la ORPA, cuyo cadáver apareció cerca de la
USAC el 21 de febrero 1984; y María Guadalupe Navas,
341
abogada labo-
ralista y catedrática de la Escuela de Orientación Sindical, cuyo cadáver
apareció el 30 de agosto de 1980 en un hotel de Antigua Guatemala, jun-
to al del secretario general de la Universidad de Nicaragua, indicando la
necropsia que las víctimas fueron torturadas y posteriormente envenena-
das, para que diera la impresión de un suicidio.
La impunidad
Ninguno de los casos reseñados fue esclarecido por las instituciones
del Estado de Guatemala; tampoco la ejecución de Mario López Larrave.
El mismo día 8 de junio de 1977 elementos de la Sección de Hurtos
y Robos del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional elaboraron un
primer informe sobre el asesinato de la víctima, describiendo el hecho y
agregando una declaración de su esposa, quien decía que “lo habían asesi-
nado por defender a la clase (sic) trabajadora”.
Del expediente policial abierto sobre el asesinato se desprende de for-
ma fehaciente que la víctima era investigada ilegalmente por las Fuerzas de
Seguridad del Estado, desde que fuera incluida en un “listado de personas
comunistas”, a pesar de no haber militado en ninguna organización políti-
ca de ese signo. En dicho expediente se incluye un informe de la Sección
de Archivo del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, que registra
supuestas actividades “comunistas” del licenciado Mario López Larrave,
desde el año 1957 hasta 1971. Sobresale lo siguiente: “Con fecha 12/7/64.
Ha viajado tras la cortina de hierro y a Cuba, lista de 219 comunistas. Con
fecha 22/3/71. Como guerrillero actúa en Gualán”.
109
338 C 51.1982. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
339 C 15553. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
340 C 679. Enero, 1984. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
341 C 15555. Agosto, 1980. Ciudad de Guatemla, Guatemala.
Por su parte, el expediente judicial no contiene ninguna resolución o
constancia de la que se desprenda que el juez competente dio impulso a la
investigación del hecho y la determinación de los responsables. El juez se
limitó a tomar declaración a los compañeros de oficina de la víctima y de-
volver dos automóviles que habían sido consignados.
III. CONCLUSIONES
La CEH presume fundadamente que Mario López Larrave fue vícti-
ma de agentes del Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o
tolerancia o, en todo caso, con su posterior protección y encubrimiento,
siendo su muerte una violación a los derechos humanos.
Esta presunción se funda en el análisis de todos los antecedentes del
caso. Entre estos antecedentes destacan: la calidad de la víctima, quien fue
previamente investigada ilegalmente por los servicios de Inteligencia del
Estado, el procedimiento empleado por los autores del crimen y sus carac-
terísticas personales, así como las armas utilizadas y el vehículo en que se
movilizaban. Además, se ha tenido en cuenta la ocurrencia, en la misma
época, de numerosos casos similares en un contexto de inequívoca hostili-
dad del Gobierno hacia las actividades de la Universidad de San Carlos y
del movimiento sindical. Por último, el férreo control que el aparato del
Gobierno ejercía sobre la población de la ciudad capital no permite con-
cebir que hechos de esta naturaleza pudieran perpetrarse y mantenerse im-
punes sin el conocimiento y tolerancia del Estado.
Además, la CEH se formó la convicción de que en este caso las auto-
ridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su de-
ber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.
La CEH considera que el asesinato del profesor López Larrave es ilus-
trativo de un conjunto de casos análogos, que consistieron en la represión
estatal clandestina de carácter selectivo, utilizando métodos criminales,
contra miembros de la Universidad de San Carlos y del movimiento sin-
dical. El fundamento de esta persecución fue la identificación que se hacía
de ambos grupos con la insurgencia, sobre la base de la extensión impro-
pia que, del concepto de enemigo, hacía la denominada Doctrina de la Se-
guridad Nacional. La garantía de impunidad que, de hecho, el Estado
otorgaba a los autores de estos crímenes, fomentó su proliferación.
Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la función estatal de in-
vestigar, cuando los recursos de que el Estado dispone para ejercerla no se
destinan a su propia finalidad, que es la persecución del delito, sino a la vi-
gilancia ilegal de personas calificadas como enemigos políticos y, en defi-
nitiva, al encubrimiento objetivo de los autores de graves crímenes y vio-
laciones de derechos humanos.
110
I. ANTECEDENTES
El sindicato de la Coca-Cola surge en 1948, con la apertura democrá-
tica propiciada por la revolución de Octubre de 1944. En 1954, cuando
es derrocado el Gobierno del presidente Jacobo Arbenz, como consecuen-
cia de la represión al movimiento sindical, el sindicato es disuelto.
En diciembre de 1974 se produce el resurgimiento del sindicato. La
empresa “indemnizó a la casi totalidad de los obreros de la planta y posterior-
mente recontrata a la mayoría, con lo cual automáticamente los trabajadores
perdían su antigüedad en la empresa. Fue ese el detonante para la reorganiza-
ción del sindicato”.
343
Se condicionó la recontratación de los trabajadores al
hecho de que aceptaran sólo el 75% de sus prestaciones. Para recuperar el
restante 25% y mejorar las condiciones de salubridad y de trato, los asala-
riados buscaron la asesoría de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).
Entre sus primeras acciones destacó la presentación de un pliego de peti-
ciones a un juzgado de trabajo
344
y convocaron a una asamblea general pa-
ra constituir el sindicato.
El 24 de enero de 1976 los trabajadores de la Embotelladora Guate-
malteca, S.A. (EGSA-Coca-Cola) ocuparon la fábrica, después que fueran
despedidos 154 de ellos. Ese día la patronal solicitó la intervención de la
fuerza pública, que desalojó con violencia a los obreros, hiriendo a 12 per-
sonas y deteniendo a otras 14. Varios sindicatos iniciaron acciones de soli-
daridad con el de Coca-Cola, lo que originó un amplio movimiento que
se materializó en la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical
(CNUS).
345
Caso ilustrativo No. 67
El sindicato de la Coca-Cola
“El mando del Ejército Secreto Anticomunis-
ta [ESA] por medio de este boletín presenta
un “ultimátum” a los siguientes sindicalistas,
profesionales, obreros y estudiantes: … ad-
vierte a todos que ya los tiene localizados y
sabe muy bien donde se encuentran estos ne-
fastos dirigentes comunistas, quienes desde ya
están condenados a MUERTE por lo que se-
rán ejecutados despiadadamente…”
342
342 Boletín No. 6, 3 de enero de 1979, ESA.
343 Miguel Angel Albizures, “Tiempo de Sudor y Lucha”, Edición Local, pg. 19.
344 La petición fue presentada el 11 de agosto de 1975.
345 El CNUS logra constituirse el 31 de marzo de 1976.
El CNUS logró encabezar una serie de campañas de movilización y
denuncia que permitieron el reconocimiento legal del Sindicato de Traba-
jadores de la Embotelladora Guatemalteca, S.A. (STEGSA), la reinstala-
ción de los despedidos y la aceptación por parte de la empresa para discu-
tir el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Miembros del sindicato llegaron a tener contactos con la Federación
Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), el Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT) e incluso con las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Se-
gún un declarante, “el movimiento sindical era alérgico a los partidos políti-
cos, aunque algunos dirigentes sí tenían vínculos establecidos e incluso pertene-
cían a movimientos políticos”;
346
y hubo algunos sindicalistas de base que
pertenecían a las organizaciones insurgentes.
Para ejercer un control directo sobre los trabajadores, existía una estre-
cha relación entre los administradores de la empresa y los agentes de segu-
ridad del Estado. Las Fuerzas de Seguridad sostenían reuniones con los
propietarios de la empresa.
347
Se conoce que participaban en los encuen-
tros, por parte de la empresa, John C. Trotter,
348
propietario de la franqui-
cia de Coca-Cola, Alfonso Riege y otros empleados de la empresa; por par-
te del Estado, intervenía el coronel Germán Chupina Barahona.
349
Tuvieron lugar también, algunas acciones legales por parte de la em-
presa que los dirigentes consideraban atentados contra la unidad sindical.
Una de esas acciones consistió en fraccionar la empresa en 12 razones so-
ciales diferentes.
II. ACCIONES CONTRA TRABAJADORES
Y PERSONAS LIGADAS AL SINDICATO
El control del personal de la empresa se ejercía a través de miembros
de las Fuerzas de Seguridad del Estado que laboraban en puestos adminis-
trativos, tales como el jefe de personal, el jefe de almacén y el jefe de segu-
112
346 Testigo directo CEH. (T.C. 420).
347 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Nro. 38/81, caso 4425 (Guatema-
la) 25 junio 1981.
348 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado. Junio, 1979. Pq.1-29.
“Trotter, miembro del MLN, tenía antecedentes de ser un radical antisindicalista, defensor del Gobier-
no de Lucas García, y sostenía que las condiciones en Guatemala habían mejorado desde que su Go-
bierno estaba en el poder”.
349 Testigo directo CEH. C 777. Testigo de referencia CEH (T.C. 81). Sostiene que hubo reuniones
entre los empresarios y altos agentes del Estado, éstos decían a los primeros: “...Miren, si ustedes
quieren que desaparezca el movimiento sindical, y nosotros lo hacemos, sólo tiene que hacer dos cosas,
darnos la lista de la gente y darnos equis cantidad de plata y nosotros le hacemos el trabajo, y ellos lo
hicieron”.
ridad.
350
Incluso llegaron a la contratación de ex militares, como en el caso
del ex teniente Francisco Javier Rodas Flores,
351
quien llegó a la empresa
acompañado de tres guardaespaldas. Pero, además, la empresa contrató a la
Policía Militar Ambulante (PMA) para que se encargara de la seguridad.
352
En este contexto, se produjeron varios atentados contra trabajadores.
El 10 de febrero de 1977, Angel Villegas y Oscar Humberto Sarti fueron
ametrallados en la calzada Aguilar Batres, pero ambos sobrevivieron al
atentado.
353
Días antes los dos trabajadores habían acusado ante los tribu-
nales a uno de los jefes de la empresa, quien los había amenazado de muer-
te. El 2 de marzo los asesores del sindicato, Marta Gloria de la Vega y En-
rique Torres, sufrieron un atentado contra su vida, resultando heridos.
354
El 16 de octubre de 1978, Israel Márquez Pivaral, secretario general
del sindicato, fue atacado a balazos cuando estacionaba su vehículo frente
a su casa en la zona 11. Del atentado salió ileso.
355
Sin embargo, Márquez
Pivaral continuó siendo víctima de actos intimidatorios y amenazas que lo
obligaron a abandonar el país en febrero de 1979.
356
Otros sindicalistas recibieron también amenazas de muerte, suscritas
por el denominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA).
357
De acuerdo con un declarante que trabajaba en la embotelladora:
“…En esos días, la empresa era una especie de cuartel y el ambiente era muy
tenso … En el lugar donde se marcaba la tarjeta había una ametralladora ca-
libre 50, a manera de intimidación, apuntando a la entrada de los trabajado-
res”.
358
A pesar de las amenazas y de que los administradores de la compa-
ñía no querían tratar con los sindicalistas, a quienes consideraban de extre-
ma izquierda,
359
el sindicato logró que en febrero de 1978 se suscribiera el
pacto colectivo de condiciones de trabajo.
No obstante, entre 1978 y 1980, siete miembros y líderes del sindi-
cato de la Coca-Cola fueron asesinados y dos más fueron desaparecidos
forzadamente. De conformidad con documentación desclasificada, la em-
presa embotelladora estaba decidida a acabar con el sindicato: “…Un fun-
113
350 Testigo directo CEH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compilación de informes
publicados sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala 1980-1995, Resolución No.
38/81, caso 4425 (Guatemala), 25 de junio de 1981, pg. 96. En este informe se sostiene que es-
tas personas fueron Juan Francisco Rodas, Edgar Gudiel Castro y Julio García.
351 En la empresa ocupó los cargos de asistente de personal, jefe de personal, asistente ejecutivo y je-
fe de relaciones industriales.
352 Testigo directo (miembro del sindicato de la época) CEH.
353 Frundt, Henry, Refreshing Pauses, Coca-Cola and human rights in Guatemala, Praeger, Estados
Unidos, 1987, pgs. 25-26.
354 Finalmente ambos salieron al exilio en 1978, luego que las amenazas y los secuestros contra sin-
dicalistas se incrementaran.
355 Miguel Angel Albizures, Ob.cit., pg. 43.
356 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, abril, 1979, Pq. 3-41.
357 Testigo directo CEH. (T.C. 81).
358 Testigo directo CEH. (T.C. 49).
359 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, mayo, 1980, Pq. 3-56.
cionario norteamericano de la compañía reconoció, entre otras cosas, que la
compañía estaba decidida a poner fin al sindicato…”
360
III.LAS EJECUCIONES ARBITRARIAS
DE LOS SINDICALISTAS
El 12 de diciembre de 1978 fue asesinado Pedro Quevedo y Queve-
do, primer secretario general del STEGSA. El hecho ocurrió a medio día
en la 11ª avenida y 9ª calle, zona 19, colonia La Florida, en el momento
que esperaba en la cabina del camión de reparto placa C-175850. Fue ba-
leado por dos sujetos que se conducían en motocicleta. Los sujetos se acer-
caron a la puerta izquierda del camión y por la ventanilla hicieron varios
disparos que le causaron tres heridas en la cara (en la frente, cerca de la bo-
ca y en el cuello). En total recibió 12 impactos de bala. Con anterioridad,
la víctima había recibido amenazas de muerte y un conocido suyo, que tra-
bajaba en la Policía Judicial, le había aconsejado que era mejor que se fue-
ra del país.
361
Al mes siguiente, el 24 de enero de 1979, fue asesinado Manuel Mos-
coso Zaldaña. En el atentado, su esposa, Gladys Castillo de Moscoso, su-
frió heridas graves. Los esposos Moscoso viajaban en un vehículo Honda
Civic P-48639 por la 3ª calle de la zona 11, colonia Molino de las Flores,
donde fueron atacados a balazos. Se presume que los autores pensaron que
en el vehículo iba Israel Márquez, secretario general del sindicato, quien
días antes había rentado a las víctimas la casa de su propiedad. Por ello, la
pareja fue víctima de la represión contra el sindicato de la Coca-Cola, a pe-
sar de no tener ningún vínculo ni relación con esa organización.
Cuando Israel Márquez salió al exilio, ocupó su puesto Manuel Fran-
cisco López Balam, quien ya había sufrido antes varios atentados que no
fueron denunciados, porque se valoró que era inconveniente. Incluso, tu-
vo que irse a vivir con su familia a la sede de la CNT.
No obstante las medidas de seguridad que tomó, López Balam fue ase-
sinado el 5 de abril de 1979 en la 17 avenida y 2ª calle de la zona 6, en la
tienda El Valle. Igual que en el caso de Quevedo, López Balam se encon-
traba realizando su tarea de distribución del producto de la empresa y fue
asesinado por dos sujetos, quienes lo golpearon con un tubo de hierro y
luego lo degollaron. Cuando otro trabajador acudió en su auxilio, uno de
los asesinos le dijo: “Yo no quiero matarte, es a él a quien quiero”,
362
señalan-
do a López Balam. Como en el caso de la muerte de Quevedo, los dos ase-
114
360 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, abril, 1979, Pq. 3-41.
361 Testigo directo CEH. C 222. Diciembre, 1978, ciudad de Guatemala, Guatemala.
362 Nuevo Diario, 6 de abril de 1979.
sinos, según se reportó, siguieron en motocicletas al camión de la compa-
ñía. El cuerpo de López Balam mostraba 17 heridas.
363
Se afirma que sus
agresores intentaron cubrir este crimen como un acto de delincuencia co-
mún (intento de robo).
364
Un declarante recuerda que para el entierro de
Manuel López Balam había agentes de la G-2 amedrentándolos y, a la sa-
lida del cementerio, los persiguieron.
365
Un declarante sostiene: “Fue con este hecho que se agudizó la relación
trabajadores-empresa. La confrontación fue muy fuerte. El número de agentes
de seguridad se había redoblado y hasta tenían perros”.
366
En los meses siguientes, la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación y Afines (UITA), con sede en Ginebra, Suiza, al conocer las
ejecuciones arbitrarias que se sucedían contra los trabajadores de la EGSA,
iniciaron campañas internacionales con la finalidad de presionar a los em-
presarios de la Coca Cola y a las autoridades guatemaltecas, y detener la
ola de violencia.
367
En enero de 1980, “…se hablaba ya más concretamente de boicot a la
producción y al consumo … a nivel local; Trotter [propietario de la franqui-
cia Coca-Cola] continuaba empecinado en mantener sus posiciones. El 2 de
febrero había vencido el convenio colectivo y Trotter se había negado a discutir
uno nuevo…”
368
El 13 de abril, ante la negativa de la empresa de discutir el pacto co-
lectivo que había vencido el 2 de febrero anterior, los trabajadores recurrie-
ron a los tribunales de trabajo. Ese mismo día, por la tarde, fueron despe-
didos 31 trabajadores, entre ellos tres miembros del comité ejecutivo del
sindicato: Marlon Mendizábal, Florentino Gómez e Ismael Vásquez, que
gozaban de inamovilidad. Estos tres directivos fueron reinstalados por or-
den del tribunal.
El 1 de mayo de 1980, luego de la marcha por el Día del Trabajo, fue-
ron detenidos Ricardo de Jesús García Ayfan y Arnulfo Gómez Segura,
miembros del sindicato de Coca-Cola. Ricardo de Jesús fue torturado, le
quebraron los dedos de los pies y las manos, y todo su cuerpo presentaba
evidencias de los numerosos golpes recibidos. Su cadáver apareció en Chi-
quimulilla, Santa Rosa, cerca de la frontera con El Salvador.
369
Arnulfo Gó-
mez Segura, de 22 años de edad, fue también torturado, con una hoja de
afeitar le cercenaron los labios y la lengua, colocándoselos en los bolsillos
115
363 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 38/81 caso 4425 (Guatemala), de
25 de junio de 1981, Ob.cit., pg. 86.
364 Miguel Angel Albizures, Ob.cit., pg. 55.
365 Testigo directo CEH. (T.C. 419).
366 Testigo directo CEH. (T.C. 49).
367 Miguel Angel Albizures, Ob.cit., pgs. 76-77.
368 Ibid. pg. 79.
369 Ibid. pg. 48.
de la camisa, le rompieron los dientes y todo su cuerpo mostraba señales
de golpes. Su cadáver apareció con tiro de gracia
370
en el puerto de Iztapa,
kilómetro 119 de la carretera al Pacífico.
René Reyes, miembro de base del sindicato, también fue secuestrado
y torturado en mayo de 1980. Su cadáver apareció en el departamento de
Jutiapa.
371
Marlon Randolfo Mendizábal asumió el cargo de secretario general
después de la ejecución de Manuel Francisco López Balam. Un declarante
refiere que en el sindicato de la Coca-Cola la elección del secretario gene-
ral se hacía en el mismo velorio del anterior y que la elección era un com-
promiso de muerte.
372
Marlon Randolfo fue asesinado el 27 de mayo de
1980, cuando salía de la empresa, poco antes de las cinco de la tarde, a es-
perar un bus para ir a su casa. El hecho ocurrió en la calzada Raúl Aguilar
Batres y 23 de la calle zona 11. Marlon Randolfo fue víctima de una ráfa-
ga de ametralladora disparada por la espalda, a menos de dos metros; reci-
bió 45 impactos de bala.
373
Antes de su muerte, Mendizábal fue sujeto de
encarcelamiento y habían intentado detenerle en julio de 1979. Había re-
cibido también amenazas de muerte.
Luego del asesinato de Marlon Randolfo Mendizábal, Mercedes Gó-
mez fue electo secretario general del sindicato. El 21 de junio de 1980, ha-
cia las cuatro de la mañana, se produjo el cambio de turno de trabajo en-
tre Mercedes Gómez y Edgar René Aldana, afiliado de base del sindicato,
dándole el primero su sombrero
374
a Aldana. Momentos después, irrumpie-
ron en la fábrica varios guardaespaldas de los empresarios y seis policías mi-
litares ambulantes que formaban parte del equipo de seguridad de la com-
pañía. Fue allí donde capturaron, torturaron y dieron muerte a Aldana,
quizá pensando que se trataba de Mercedes Gómez.
El mismo día sábado 21 de junio de 1980, en torno las 11 de la ma-
ñana, se convocó a una reunión en la CNT, en parte para tratar el caso del
asesinato de Edgar Aldana. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, se
decidió suspenderla. Debido a la dificultad de notificar a todas las perso-
nas citadas acerca de la cancelación, varios se presentaron. Esa misma tar-
de, 27 miembros de la CNT fueron secuestrados, entre ellos Ismael Vás-
quez y Florentino Gómez, miembros del Comité Ejecutivo del sindicato
de Coca-Cola.
375
Nunca más se volvió a saber de ellos.
116
370 Prensa Libre, 3 de mayo de 1980, pg. 3.
371 Miguel Angel Albizures, Ob.cit., pg. 48.
372 Testigo directo CEH. (T.C. 419).
373 Testigo de referencia CEH. Prensa Libre, 28 de mayo de 1980, pg. 4.
374 Mercedes Gómez solía usar un sombrero por el que le identificaban.
375 CI 51. Junio, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
IV. OTROS HECHOS DE VIOLENCIA
El 20 de junio de 1980, sobre las dos de la tarde, en la 13ª calle y 9ª
avenida de la zona 11, el jefe de personal de la Coca-Cola, teniente (reti-
rado) del Ejército, Francisco Javier Rodas Flores, quien se dirigía de su ca-
sa a la empresa a bordo de un carro, fue interceptado por otros tres vehí-
culos. Le hicieron varios disparos con metralletas. Francisco Rodas perdió
el control del automóvil, estrellándose contra una pared.
376
Luego del he-
cho, dos de los sujetos bajaron del automóvil y le dieron el tiro de gra-
cia.
377
En este caso, las FAR reconocieron públicamente que lo habían
“ajusticiado”.
378
El 10 de julio de 1980, en la madrugada, Justiniano Vargas Casasola,
trabajador de la Coca Cola, fue muerto a cuchilladas, golpes y tiros. Su ca-
dáver fue arrojado al campo de fútbol Las Ilusiones, ubicado en la punta
de un cerro en la zona 18. La víctima tenía en su bolsillo un carnet que lo
identificaba como miembro del servicio de Inteligencia militar.
379
V. CONCLUSIONES
La CEH, analizando los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción que entre 1978 y 1980 fueron ejecutados arbitraria y sistemáticamen-
te siete sindicalistas pertenecientes a la empresa Coca-Cola y una persona
particular; que dos más fueron desaparecidos forzadamente y que los ase-
sores jurídicos y varios miembros del sindicato sufrieron amenazas e inti-
midaciones, violándose de esta manera el derecho a la libertad, integridad
personal y a la vida de las víctimas, así como el pleno ejercicio del derecho
de asociación.
La CEH, tomando en cuenta numerosos antecedentes unívocos y
concordantes, entre los que se incluyen la capacidad de acción necesaria
para realizar dichas acciones, el modus operandi de los perpetradores y el
control que las fuerzas de seguridad ejercían sobre la ciudad capital, presu-
me que los sindicalistas fueron víctimas de operativos en los que participa-
ron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tole-
rancia o aquiescencia.
La CEH concluye, asimismo, que la ejecución de un funcionario de la
empresa por parte de miembros de las FAR, y la tortura y ejecución de un
trabajador, presunto agente de la inteligencia militar, por desconocidos,
117
376 Impacto, 21 de junio de 1980.
377 Prensa Libre, 21 de junio de 1980.
378 Comunicado FAR, Dirección Nacional Guatemala, 20 de junio de 1980.
379 Prensa Libre, 11 de julio de 1980.
constituye una grave violación al derecho a la integridad personal y a la vi-
da de estas víctimas.
Por otro lado, la CEH considera que este caso ilustra la represión se-
lectiva contra uno de los sindicatos protagonistas del movimiento sindical
en Guatemala entre 1970 y 1980, la cual consistió en la eliminación siste-
mática de los secretarios generales y miembros del Comité Ejecutivo, el
control de los trabajadores y la inflitración de agentes de seguridad en la
empresa.
Finalmente, la CEH estima que, en el presente caso, se aprecia no só-
lo la abierta colaboración y estrecha relación que existió entre los patrones
de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado, sino también el ejerci-
cio de una política abiertamente antisindical y contrainsurgente por parte
del Estado.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Desaparición forzada
Ismael Vásquez
Florentino Gómez
Herido en atentado
Ejecución arbitraria (FAR)
Francisco Javier Rodas Flores
Ejecución arbitraria (desconcocidos)
Justiniano Vargas Casasola
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
118
Edgar René Aldana Ruano
Manuel Francisco López Balam
Manuel Moscoso Zaldaña
Marlon Randolfo Mendizábal García
Pedro Quevedo y Quevedo
Ricardo de Jesús García Ayfan
Arnulfo Gómez Segura
René Reyes
Angel Villegas
Enrique Torres
Gladys Castillo de Moscoso
Oscar Humberto Sarti
Silverio Vásquez
Marta Gloria de la Vega
I. ANTECEDENTES
Oliverio Castañeda de León era un joven de 23 años, proveniente de
una familia capitalina de clase media. Brillante estudiante de Economía, se
destacó en la directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando, en el pe-
ríodo 77-78, ocupó el cargo de secretario de finanzas.
Su trayectoria en el movimiento estudiantil universitario registró un
rápido ascenso, dados su carisma y capacidad de liderazgo. En mayo de
1978 fue elegido secretario general de la AEU, respaldado por el grupo es-
tudiantil Frente, que aglutinaba a asociaciones estudiantiles de diferentes
facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos.
Frente era uno de los principales conglomerados estudiantiles en la
Universidad de San Carlos, en el que participaban miembros de la Juven-
tud Patriótica del Trabajo (JPT)
381
y también muchos estudiantes de iz-
quierda sin militancia política.
382
Debido a las mismas posiciones prevale-
cientes en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en esa época, ni
Frente ni la JPT apoyaron la vía armada y tampoco las tácticas violentas
que propugnaban otros grupos.
Frente se proclamaba partidario de la participación democrática para
la solución de los conflictos y postulaba la lucha política para enfrentar la
situación nacional.
Desde el mismo día 22 de mayo de 1978 en que Oliverio Castañe-
da llegó al cargo de secretario general de la AEU, hizo sentir su lideraz-
go. A raíz de la masacre de Panzós,
383
ocurrida el 29 de ese mismo mes,
Castañeda encabezó enérgicas medidas de protesta, que lo enfrentan al
Gobierno.
Caso ilustrativo No. 45
La ejecución de Oliverio
Castañeda de León
“Oliverio era carismático … inteligente, un
estudiante distinguido, el mejor de su carre-
ra. Era el joven que todos deseábamos ser”.
380
380 Testigo CEH. (T.C.870).
381 Rama Juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo ( PGT).
382 A Frente eran afines las asociaciones estudiantiles de Medicina, Agronomía, Farmacia, Psicología,
Ingeniería, Arquitectura, Trabajo Social, Derecho, Humanidades, Historia, Ciencia Política, Eco-
nomía, Veterinaria y Odontología.
383 CI 9. Mayo, 1978. Panzós, Alta Verapaz.
Dos días después de la masacre la AEU realiza una manifestación de
protesta, en la que participa en forma mayoritaria población indígena ma-
ya, y hace público un comunicado de prensa en el que demanda del Go-
bierno tres puntos que son aceptados por las autoridades: el acceso de los
medios de comunicación al lugar de la masacre, el acceso al mismo de es-
tudiantes de Medicina y la Cruz Roja, para atender a los heridos, y auto-
rización para entrevistar a seis soldados que resultaron lesionados.
Más tarde, en septiembre de 1978, Oliverio Castañeda, en su doble
calidad de dirigente de la AEU e integrante del Comité de Emergencia de
los Trabajadores del Estado (CETE), desempeña un papel activo en la or-
ganización de una huelga general, en protesta por el aumento del precio
del pasaje del transporte urbano.
La huelga paralizó a la ciudad capital, que se convirtió en escenario de
graves enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad, con un
alto saldo de heridos y cientos de manifestantes presos.
Luego de más de 15 días de huelga el Gobierno dio marcha atrás en el
aumento de las tarifas del transporte urbano y decretó un subsidio. Las de-
mandas de los huelguistas se cumplieron.
A esas alturas, la situación de inseguridad de los dirigentes de la huel-
ga se había agudizado. Líderes del CETE fueron encarcelados y destituidos
de sus cargos. Un antiguo dirigente del Sindicato de Correos y Telégrafos,
Arnulfo Cifuentes Díaz, fue asesinado el 6 de octubre y los atentados con-
tra sindicalistas y profesionales universitarios se acrecentaron.
El 19 de octubre, en vísperas de una manifestación conmemorativa de
la Revolución de 1944, aparece una lista de 39 ciudadanos amenazados de
muerte por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA).
Oliverio Castañeda de León es uno de ellos.
384
Este clima determinó que, aún antes de las amenazas del ESA, se
adoptaran medidas para proteger a Castañeda de León de eventuales aten-
tados. Se le llevaba a dormir a diferentes casas y se mantenía el control so-
bre sus movimientos.
En el contexto descrito, el presidente de la República, general Romeo
Lucas García, declaró a los medios de comunicación que la Universidad
era un foco de subversión, lo cual significaba que tanto estudiantes como
profesionales eran partícipes de las actividades armadas en el país.
A raíz de esta situación, el 19 de octubre por la noche se decidió que
los directivos de la AEU no participarían en la marcha del día siguiente, si-
no sólo en el mitin posterior. Esta decisión no fue acatada y la mayoría de
los dirigentes se integró a la marcha.
120
384 Nuevo Diario, 21 de octubre de 1978, pg. 1. “El nombre de Oliverio Castañeda de León figuraba,
junto a los de otras treinta y siete personas, en una lista de ‘condenados a muerte’, que distribuyó el
miércoles pasado a los medios de información, la organización clandestina autodenominada Ejército
Secreto Anticomunista, ESA”.
II. LOS HECHOS
Hacia las 9 de la mañana del 20 de octubre de 1978 la marcha de con-
memorativa de la Revolución de 1944 salió de El Trébol hacia el centro de
la ciudad. Transcurrió sin ningún incidente y el despliegue de policías fue
atribuido a declaraciones de las autoridades en el sentido de que se daría
protección a los manifestantes.
La marcha concluyó en el Parque Centenario, a 100 metros del Pala-
cio Nacional, donde inmediatamente después tuvo lugar un mitin donde
figuraba como orador Oliverio Castañeda de León, quien se integró a la
manifestación a la altura de la 9ª calle y 6ª avenida de la zona 1.
Su discurso, el último del mitin, imputa de modo directo al ministro
de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz, a quien le llama “Donaldo asesi-
no”,
385
haciendo referencia a graves violaciones de derechos humanos en
que se involucraba a efectivos de las Fuerzas de Seguridad a cargo de ese
funcionario.
Al finalizar el mitin las personas que llenaban el Parque Centenario co-
menzaron a dispersarse. La policía mantuvo un cordón de seguridad.
Hacia la una de la tarde, Oliverio Castañeda y un grupo de estudian-
tes abandonaron el Parque Centenario y cruzaron la 8ª calle. Llegaron al
edificio de la Empresa Eléctrica, en la inmediaciones de la 6ª avenida. Jun-
to a él iba una amiga y el guardián de la sede de la AEU.
Inmediatamente después de que cruzaron la 6ª, se inician los disparos.
Un hombre sale desde la puerta trasera de un carro sedan alargado color
turquesa, placas P-109716 y con una ametralladora abre fuego sobre Oli-
verio. Él corre sobre la 6ª avenida en dirección sur, intentando escapar, pe-
ro es alcanzado por una bala que lo hace caer a la entrada del Pasaje Ru-
bio. Otras cinco personas que transitaban por el lugar, entre ellos dos ni-
ños, también resultan heridos.
386
En ese momento un jeep Toyota color
blanco, placas oficiales O-8038, se detiene a media calle y de él desciende
un hombre de civil que le dispara a la cabeza, dándole el tiro de gracia. Re-
gresa al vehículo, que se marcha a toda velocidad. También interviene en
el operativo un carro tipo bronco, placas P-11716.
387
La víctima falleció aproximadamente a las 13.20 y su cadáver presen-
taba “herida de bala en región espinal y de salida en región externa, herida
de bala en pabellón inferior de la oreja derecha y salida en temporal del
mismo lado y herida de bala en la cara anterior del muslo izquierdo, con
salida en el mismo lugar”.
121
385 Testigo CEH. (T.C. 439).
386 Manuel de Jesús Revolorio Ramos, 19 años, Eufracia Revolorio Ramos, 24 años, María del Car-
men Palencia Revolorio, 7 años, Hairo José García Revolorio, 3 años, y Pedro Larios Morales, 23
años. Estos nombres aparecen en el expediente policial.
387 Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, juicio número 2556, año 1978.
A pesar de la numerosa presencia de policías en los alrededores del su-
ceso y de la duración de la balacera, no hubo reacción policial para auxi-
liar a la víctima, ni tentativa de persecución de los autores.
III. DESPUÉS
El 26 de octubre una manifestación que reunió a unas 40 mil perso-
nas manifestó su rechazo ante el asesinato del líder estudiantil. Los rótulos
pintados por los manifestantes fueron borrados con pintura amarilla en la
madrugada del día 27, por agentes de la Policía Nacional.
388
La investigación del crimen corresponde en primer término a la Poli-
cía Nacional, cuyo expediente contiene una descripción de la marcha y el
mitin previos al asesinato. Luego, sobre la base de la información aporta-
da por los efectivos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, des-
cribe la forma en que fue asesinada la víctima y un informe en el cual se
identifica el automóvil al que correspondían en realidad las placas que lle-
vaba uno de los carros utilizados en el crimen. Además, el informe policial
señala que los disparos provinieron probablemente de un arma de calibre
45, pero ello no fue comprobado, porque no hubo autopsia ni se hizo re-
copilación de pruebas de balística en el lugar de los hechos. Tampoco se in-
terrogó a los testigos presenciales al iniciar las pesquisas.
Por su parte, la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Pú-
blico se centró en tres puntos:
1. La identificación de los automóviles utilizados en el operativo.
389
Es re-
levante que no se profundizó en la circunstancia de que uno de los ca-
rros, aquel que ocupaba el hombre que dio el tiro de gracia a la vícti-
ma, ostentaba placas oficiales y que los investigadores judiciales se con-
formaron con un primer informe, de fecha 7 de noviembre de 1978,
en que el jefe del Departamento de Tránsito informa que en su archi-
vo “no aparecen registradas” dichas placas. Información negativa y con-
formidad judicial semejantes se dieron respecto a las placas P-11716,
correspondientes al carro tipo Bronco;
2. Entrevistas a taxistas y vendedoras de los lugares aledaños al sitio en
que tuvo lugar el asesinato, pero no a otros testigos presenciales. El re-
122
388 Diario La Tarde, 27 de octubre de 1978, pg. 1.
389 Según el informe confidencial de la policía, “el carro en que iban los individuos que primero dispa-
raron a la víctima era marca Sedan, placas de circulación P-109716 ... Resultó ser que las placas de
circulación P-109716 utilizadas por ..., pertenecen a otro vehículo, marca Pontiac, modelo 58, color
azul, propiedad del señor Leonel Castillo Rubio”. Sin embargo, pese a establecerse la identidad del
propietario, no se continuó investigando si el vehículo había sido vendido tal como lo señaló el
padre de aquél.
sultado de las entrevistas fue irrelevante. Según reza el expediente: “Por
la gravedad del hecho y por temor, los entrevistados no proporcionaron in-
formación concreta que pudiera conducir al esclarecimiento del caso”.
390
3. Indagación de la existencia de una cinta sobre el asesinato, menciona-
da por los medios de comunicación. Nada se comprobó y el Ministe-
rio Público concluyó que el Gobierno, a través de los medios a su al-
cance, debería establecer la veracidad de la existencia de la cinta.
La secuencia criminal que culminó con el tiro de gracia evidencia que
Oliverio Castañeda de León fue una víctima seleccionada con premedita-
ción por sus asesinos, en un contexto de varios casos similares que afecta-
ron a otros dirigentes universitarios
391
y, en particular, del conjunto de efec-
tos derivados del discurso gubernamental, que señalaba a la Universidad de
San Carlos como un foco de subversión.
392
En dicho contexto, el 6 de noviembre de 1978, Antonio Ciani Gar-
cía, sucesor de Oliverio Castañeda en la AEU, es detenido por hombres ar-
mados, vestidos de civil, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
393
Pese al compromiso asumido públicamente por las autoridades, el Es-
tado no realizó una investigación seria para tratar de esclarecer el caso. Los
responsables de la persecución penal omitieron de forma deliberada seguir
aquellas pistas que indicaban la participación de agentes estatales o se con-
formaron con referencias dudosas.
A todo lo expuesto se suma el esfuerzo propagandístico de las más al-
tas autoridades de la época, para achacar el crimen a organizaciones clan-
destinas que escaparían al control del Gobierno. En carta dirigida al vice-
presidente de la República, publicada en el diario La Hora, el ministro de
Gobernación manifestó, refiriéndose específicamente al asesinato de Cas-
tañeda: “… Acerca de los grupos paramilitares que usted menciona en su men-
saje, puedo asegurarle que no existen, aunque sí organizaciones clandestinas de
la extrema derecha e izquierda, que aparentemente colaboran entre sí para de-
sestabilizar y crearle problemas al gobierno”.
394
Sin embargo, un declarante ante la CEH, señaló que la eliminación
de Oliverio Castañeda fue objeto de una “decisión central” de carácter es-
tatal y que “después del asesinato de éste se sentía un ambiente alegre en el
Ministerio”.
395
123
390 Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, juicio número 2556, año 1978.
391 C 8009. Septiembre, 1980. C 8010. Julio, 1980. C 8011. Septiembre, 1980. C 913. 1980. C
914, Marzo, 1980. C 8159. Enero, 1984. C 8215. Julio, 1979. C 13348. Marzo, 1980. C 18254.
1983. Todos de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.
392 La Nación, noviembre de 1978.
393 C 723. Noviembre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
394 La Hora, 26 de octubre de 1978.
395 Testigo directo CEH. (T.C. 248).
Este testimonio coincide con informaciones sobre la participación en-
cubierta, en graves violaciones a los derechos humanos, del denominado
Comando Seis, unidad operativa de la Policía Nacional, que funcionó des-
de 1978 hasta 1982 y que en la práctica se relacionaba directamente con
el Estado Mayor del Ejército, específicamente la D-2, e indirectamente
con el denominado Archivo del Estado Mayor Presidencial.
396
IV. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la calidad de la víctima y sus últimas actuaciones
públicas, el modus operandi de los hechores, la actuación de la policía en
el lugar del crimen y el curso dado a la investigación por las autoridades
del Estado; y considerando, el contexto en que vivía el país, el cual hacía
imposible la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impu-
nidad sin que los autores contaren, a lo menos, con la aquiescencia o con-
sentimiento de las autoridades del Estado, la CEH ha llegado a la convic-
ción de que Oliverio Castañeda de León fue víctima de agentes del Esta-
do o de sujetos que actuaron bajo su aquiescencia o tolerancia, consideran-
do su muerte una violación de derechos humanos. La CEH presume que
la responsabilidad estatal, en cualquiera de las dos alternativas, radicó en la
Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.
Además, atendidos los antecedentes de las investigaciones realizadas
por la Policía, el Ministerio Público y los tribunales, la CEH se formó la
convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala
faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, vio-
lando el derecho a la justicia que asiste a los familiares de la víctima y a la
sociedad guatemalteca.
Por otra parte, la CEH considera que el modus operandi utilizado pa-
ra perpetrar este crimen, que combina la desafiante, pública y notoria ac-
tuación de los hechores con el encubrimiento y protección de su identi-
dad, es ilustrativo de las modalidades represivas empleadas, a fines de la dé-
cada de los setenta y comienzo de los ochenta, contra líderes sociales iden-
tificados por el Gobierno como partícipes de la insurgencia o su ideología.
Por último, el asesinato de Oliverio Castañeda de León constituye un
precedente importante del cierre de espacios a la participación política y
social de los estudiantes universitarios, que se prolongará durante la déca-
da de los ochenta, en que la mayoría de los dirigentes de la AEU son ase-
sinados o desaparecen luego de ser detenidos.
124
396 El Archivo era una dependencia del Estado Mayor Presidencial que efectuaba labores de Inteli-
gencia. El Comando Seis fue creado por el director de la Policía Nacional, Germán Chupina Ba-
rahona.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Oliverio Castañeda de León
Herido en atentado
Eufracia Revolorio Ramos
Hairo José García Revolorio
Manuel de Jesús Revolorio Ramos
María del Carmen Palencia Revolorio
Pedro Larios Morales
125
I. ANTECEDENTES
Eufemio Hermógenes López Coarchita, nacido en 1928 en la finca El
Pirú, entre Ciudad Vieja y Antigua Guatemala, fue ordenado sacerdote
diocesano en 1954. Fue fundador del colegio Preprimario Santiago en An-
tigua Guatemala, impulsó el movimiento rural de Acción Católica en 19
aldeas de la misma zona y se desempeñó como guía espiritual en el Semi-
nario Conciliar en ciudad de Guatemala. Más adelante, ejerció su minis-
terio en la parroquia de San Miguel Dueñas en Sacatepéquez y en la pa-
rroquia La Florida de la capital.
El 26 de noviembre de 1966 el padre Hermógenes se hizo cargo de la
parroquia de San José Pinula. Este municipio, asentado en un valle cerca-
no a la capital de la República, contaba a su llegada con una escuela pri-
maria para 300 alumnos, un par de canchas de deportes, un parque, un
mercado y una población católica casi en su totalidad que los domingos y
días festivos acogía a los visitantes de las aldeas vecinas.
El sacerdote se integró pronto en la comunidad. Era alegre, bromista,
participaba en reuniones de vecinos y acostumbraba regalar dulces a los ni-
ños de los lugares que visitaba en su tarea pastoral. Según algunos, se ca-
racterizaba por su ingenuidad, “que alguna vez llegó hasta lo inconcebible …
ingenuidad que está lejos de ser sinónimo de tontera … ingenuidad que era la
admiración de los feligreses”.
398
Lo normal era que el Gobierno municipal de San José Pinula lo con-
trolaran familias poderosas y conservadoras. Esta tradición se rompió en
las elecciones de 1977, ocasión en la que fue electo como alcalde Miguel
Angel Cifuentes, un joven maestro y estudiante universitario.
399
Por su parte, el padre Hermógenes hizo suyas las inquietudes y angus-
tias que afectaban a sus feligreses, por mínimas que éstas fueran y sin im-
portar si la solución superaba sus posibilidades personales.
Caso ilustrativo No. 101
Ejecuciín arbitraria del padre Eufemio
Hermógenes López Coarchita
“Si mi misión es dar la vida, así lo haré, pe-
ro nunca me echaré atrás en la causa que es-
toy defendiendo”.
397
397 Testigo directo CEH. Palabras del padre Hermógenes.
398 Julius Pater (Julián Meléndez Hidalgo), Aquel Santo que yo conocí, pg. 14.
399 La alcaldía había sido ocupada por los candidatos del Movimiento de Liberación Nacional
(MLN) por lo menos en los últimos cinco períodos. Cifuentes fue candidato por la Democracia
Cristiana (DC).
Se opuso a un proyecto de la empresa Aguas S.A., que pretendía deri-
var el agua de los riachuelos que circundaban la región, para abastecer la
ciudad capital, alegando el irreversible daño ambiental y las negativas con-
secuencias que su realización tendría para las familias campesinas, que ve-
rían afectadas sus siembras y el pasto del ganado. Calificó el proyecto co-
mo un negocio entre los propietarios de las fincas de la zona y los empre-
sarios de Aguas S.A.
El 3 de febrero de 1977 el padre Hermógenes escribió una carta, diri-
gida a uno de los hombres fuertes del pueblo y ex alcalde,
400
expresándose
en los siguientes términos:
“Estamos en peligro de perder nuestras aguas y no podemos ante tal
peligro, permanecer impávidos … En mi modesto esfuerzo … he to-
cado todas las puertas posibles … solamente me faltan dos. Una de es-
tas últimas es la de usted”.
“…Una mañana [nos encontramos] como a eso de las diez … Aca-
baba usted de dejar el honroso cargo de alcalde. Y usted me ofreció sus
buenos oficios como siempre y me dijo que prácticamente usted segui-
ría siendo el alcalde. Me habló de sus seguras influencias … el retra-
to que usted me hizo de usted mismo lo delineó con rasgos de influjos
de peligro y de miedo. Aquellos ‘poderes’, entonces, y aquellas influen-
cias, deben servir para algo; y qué bien está usarlas a favor del pueblo
¡No hacerlo, es ingratitud! Dejar de hacerlo, sospecha de complicidad.
Póngase entonces al servicio del Pueblo con esos dones o habilidades
con que el Cielo le ha adornado, y sabemos que calidad de hombre se
esconde en el nombre de…”
“Consciente de que esta carta me sitúa en el límite del peligro, me
atrevo a firmarla con la nitidez de la verdad…”
401
El padre Hermógenes se opuso, también, a la obligatoriedad del servi-
cio militar y al reclutamiento forzoso discriminatorio. En cuanto a los re-
servistas del Ejército fue tal su oposición a las prácticas de entrenamiento
militar a la que aquéllos se veían forzados, que dicha oposición se atribuye
que la Institución Armada haya optado por eximir a los reservistas de San
José Pinula y Fraijanes de la realización de las mismas durante 1978.
402
128
400 La persona, a quien la carta iba dirigida, ejerció como alcalde municipal en lo períodos 1966-
1968 y 1972-1974. Era, además, dueño de la gasolinera de San José Pinula.
401 Testigo directo CEH. El testimonio de este testigo fue brindado a la CEH en forma escrita, es-
tando incluido en el documento el texto de la carta.
402 Ibid. En una carta abierta al presidente de la República, general Kjell Eugenio García, fechada el
29 de junio de 1978, el padre Hermógenes agradece al Ejército, por intermedio del mandatario,
haber tomado dicha decisión.
El día anterior a su muerte, en una carta abierta de fecha 29 de junio
de 1978, dirigida al presidente de la República, general Eugenio Laugerud
García, solicitó a éste la “supresión del Ejército Nacional”.
403
Las reacciones ante las posturas asumidas por el sacerdote no se hicie-
ron esperar. Un diputado dirigió una carta a monseñor Casariegos, enton-
ces jerarquía máxima de la Iglesia Católica, pidiendo que retirara al padre
Hermógenes de la parroquia de San José Pinula, porque soliviantaba los
ánimos de la población campesina.
404
El sacerdote recibió también anónimos en los que se le amenazaba de
muerte, acusándolo de comunista. Estas amenazas determinaron que el
padre Hermógenes decidiera siempre trasladarse solo. “Prefiero ir solo, temo
por ustedes … no teman, yo ya tengo mis alforjas llenas”,
405
decía, al rechazar
los ofrecimientos de compañía. A pesar de las amenazas el religioso persis-
tía en sus labores cotidianas, sosteniendo: “Si mi misión es dar la vida, así
lo haré, pero nunca me echaré atrás en la causa que estoy defendiendo”.
406
El 25 de junio de 1978 el padre Hermógenes, en su homilía, pronun-
ció las siguientes palabras: “Si es necesaria la sangre de uno de nosotros para
que haya paz en Guatemala, yo estoy dispuesto a derramar la mía”.
407
Cinco días después, el 30 de junio de 1978, fue asesinado.
II. LOS HECHOS
El día 30 de junio de 1978, como a las diez de la mañana, el padre
Hermógenes salió de su parroquia rumbo a la aldea San Luis, a seis kiló-
metros de San José Pinula. Se dirigía en su camioneta a visitar unos enfer-
mos, como era su costumbre.
En la aldea visitó varias casas. En el hogar de uno de los enfermos se
estaba celebrando un culto con unos “hermanos evangélicos” de Villa Nue-
va de San Antonio. Debido a ello, el padre decidió retirarse para no inte-
rrumpir. “Entró nada más al patio, y cuando vio la reunión … dijo, no quie-
ro estorbar, mejor regreso … aquí le dejo esto … repartile a los niños”,
408
de-
jando una bolsa de dulces. Acto seguido emprendió el regreso. Eran como
las once de la mañana.
El vehículo del sacerdote se desplazaba despacio y se detuvo justo al
llegar a la primera curva, a menos de un kilómetro del trayecto, en medio
de dos elevaciones desde cuya cima se ve clara y fácilmente el camino y a
129
403 Julius Pater (Julián Meléndez Hidalgo), Aquel Santo que yo conocí, pg. 16.
404 Testigo directo CEH.
405 Ibid.
406 Ibid.
407 Ibid.
408 Ibid.
quien transite por él. Según un testimonio, “cuando la camioneta [del pa-
dre Hermógenes] venía, estaba un carro negro en los cerritos, entonces el hom-
bre estaba como mirando … el carro que estaba descompuesto y no estaban es-
perando al padre. Ya cuando el padre venía … no lo dejaron pasar … lo arrin-
conaron al paredón … cuando se oyeron los disparos”.
409
Se escucharon dos detonaciones. “Vi que del paredón brincaron dos
hombres … la mudada de los hombres se les miraba negra”.
410
De inmediato
reaccionaron los vecinos: “Nos acercamos al camino, cuando vimos por los ce-
rritos se miraba una parte del pick-up, de la palangana... dijimos, es el pa-
dre”.
411
Un carro oscuro, posiblemente negro, “grande, de ocho cilindros …
que no era de persona conocida”
412
se retiraba entonces a toda velocidad en
dirección a San José Pinula.
Días antes los pobladores ya habían visto que el mismo vehículo tran-
sitaba por el pueblo y la carretera. “Ese carro lo vio el pueblo seguirle a él …
ese carro llegaba, volvía a regresar … más o menos iban cuatro con el que ma-
nejaba … eran jóvenes … de unos 20 a 25 años … como cualquier común y
corriente”.
413
Los pobladores más próximos al lugar corren presintiendo la tragedia
y al llegar, encuentran el viejo carro del padre. “Estaba cabal en línea, ni to-
pó al paredón”.
414
Las portezuelas estaban aún con el seguro puesto: “Toqué
las dos portezuelas del carro y las dos con llave”.
415
Dentro, el cuerpo inerte
del sacerdote apoyado sobre el volante y junto a él, la Biblia. De la base del
cráneo un hilillo de sangre corría por un lado de su cara. El pecho estaba
ensangrentado.
La noticia sobre el asesinato del padre Hermógenes se extiende por los
poblados, la gente acude y la conmoción se generaliza. La gente comienza
a rezar, dolida e incrédula. Van por el juez de paz y la policía, y el primero
ordena llevarlo a la municipalidad. Un policía abre la portezuela del pilo-
to y se lleva al padre en su propio vehículo. En el municipio, “levantaron
el acta”.
416
Otros testimonios dicen, en cambio, que unos jóvenes que llegaron al
lugar del asesinato inmediatamente después de ocurridos los hechos se lle-
varon consigo al padre. Cuando la gente les dijo que debían esperar al juez,
los jóvenes respondieron: “Nada de eso … él no es ningún delincuente”, y se
lo llevaron. “No permitieron que se estuviera ahí hasta que el juez quisiera le-
vantarlo”.
417
130
409 Testigo directo CEH.
410 Ibid.
411 Ibid.
412 Ibid.
413 Testigo directo CEH.
414 Ibid.
415 Ibid.
416 Ibid.
417 Testigo de referencia CEH.
Luego, el cadáver es trasladado a la iglesia. La gente comenzaba a agol-
parse. “Una multitud muy grande, eran miles de gentes de San José, El Colo-
rado, Concepción Pinula, de las Nubes, de la Soledad, de Palencia, El Zapo-
te, El Naranjo, de la Joya, de los Cedros … fueron miles de gentes”.
418
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
“Llegó doña Toya y llegó don Angel y otros de la familia... Lo lleva-
ron allá a hacerle la autopsia, inmediatamente no cabe duda. El te-
nía amigos doctores, lo regresaron pero rápido y lo velamos en San Jo-
sé Pinula … mucha gente, increíble, gente de las montañas que sa-
ber cómo hicieron para venir … eso fue a las meras doce, cuando
eran ya las cuatro de la tarde ya venían las caravanas de las monta-
ñas a acompañar … al día siguiente lo llevamos a enterrarlo a la An-
tigua”.
419
La autopsia estableció que murió a causa de “heridas penetrantes del
cráneo y tórax producidas por proyectiles de arma de fuego”.
420
En la noche de los hechos, la gente estaba indignada. Se preguntaba el
“por qué de lo sucedido … Hubo una acción … intentaron pegarle fuego a la
gasolinera … eso fue en la noche … como de las diez en adelante”.
421
Pero en
realidad nada pasó.
Transcurrieron los primeros nueve días. “Mucha gente quería ir a escu-
char ese mensaje de la misa … pero de orden de las fuerzas de autoridad no
dejaron salir, cancelaron los permisos de las camionetas que iban a salir … vi-
no el comando de Policía … estuvieron no dejando salir”.
422
IV. CONCLUSIONES
Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la presunción
fundada de que el sacerdote Eufemio Hermógenes López Coarchita fue
ejecutado por sujetos que contaron con la posterior protección y encubri-
miento del Estado, cuyas entidades faltaron gravemente a su deber de in-
vestigar y sancionar los hechos.
131
418 Testigo directo CEH.
419 Ibid.
420 Informe del médico forense que realizó la autopsia, dirigido al juez octavo de Primera Instancia
de lo Criminal, Guatemala, 5 de julio de 1978.
421 Testigo directo CEH. Hace referencia a la gasolinera de Ismael Reyes Hernández, ex alcalde de
San José Pinula.
422 Testigo directo CEH.
El caso ilustra el grado de intolerancia que se vivió en Guatemala du-
rante el enfrentamiento armado interno, que llevó a la eliminación de per-
sonas pacíficas como el padre López Coarchita, especialmente cuando per-
turbaban los intereses de quienes ejercían sin ley ni contrapeso su poder
económico.
132
I. ANTECEDENTES
Dos meses separan los asesinatos de estos dos intelectuales y políticos
guatemaltecos, de reconocida trayectoria en la vida pública y probada rec-
titud.
Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta tuvieron mucho en
común. La labor política ocupó gran parte del quehacer de sus vidas y
constituyó, en ambos casos, un ejemplo de práctica democrática: propug-
naron el debate de las ideas, la construcción de partidos políticos, la tole-
rancia con el adversario y la búsqueda del consenso.
II. LA EJECUCIÓN DE ALBERTO FUENTES MOHR
La vida política del doctor en Economía, Alberto Fuentes Mohr, tran-
sitó por el camino de la izquierda centrista y su bandera fue la de las refor-
mas.
Caso ilustrativo No. 65
Ejecuciones arbitrarias
de Alberto Fuentes Mohr
y Manuel Colom Argueta
“Dejo constancia histórica de los planes del
gobierno para eliminar a mi persona física-
mente … Como las próximas elecciones re-
presentan un desafío entre la arbitrariedad,
la violencia organizada y todo el proceder
fascistoide del actual Gobierno y el enfrenta-
miento que le hace el pueblo, el resultado
puede implicar la pérdida del poder de hom-
bres millonarios …, que son los verdaderos
directores de la política gubernamental. Ello
los precipita y están dispuestos en primer lu-
gar, a crear desórdenes, a eliminar a quienes
consideran los líderes de la oposición … Este
documento se debe dar a publicidad al suce-
der los hechos. Mi condición de Alcalde me
obliga a desafiar la represión y por ello dejo
constancia de mi puño y letra”.
423
423 Carta de puño y letra de Manuel Colom Argueta, firmada por él, 2 de marzo de 1974.
Fue militante del Partido Revolucionario y durante la administración
de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) ejerció el cargo de mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público y, más tarde, el de Relaciones Exte-
riores. Durante su gestión como ministro de Hacienda, impulsó una refor-
ma tributaria que desató la firme oposición del sector económico más po-
deroso del país. Finalmente, fue separado de su cargo.
En este período, el 27 de febrero de 1970, durante su gestión como
ministro de Relaciones Exteriores y ante la proximidad de las elecciones
presidenciales fue secuestrado por un comando urbano de las Fuerzas Ar-
madas Rebeldes (FAR). La acción tuvo como propósito exigir, a cambio de
la liberación del canciller, la puesta en libertad de un militante de la orga-
nización guerrillera, Vicente Girón Calvillo, quien había sido capturado
por la Policía Judicial y cuyo paradero se desconocía. La exigencia de las
FAR fue cumplida y Alberto Fuentes recuperó su libertad.
En 1970, a pesar del llamado que hiciera a los partidos políticos el
nuevo presidente, general Carlos Manuel Arana Osorio, para que se reor-
ganizaran y así iniciar un proceso de apertura política en el país, integran-
tes del Partido Revolucionario fueron víctimas de persecución. En noviem-
bre de 1970 Alberto Fuentes Mohr fue detenido y acusado de realizar ac-
ciones insurgentes. Permaneció en prisión durante cinco días y al ser libe-
rado partió al exilio. Residió algunos años en Costa Rica, donde se dedicó
a la docencia, impartiendo la cátedra de Economía en la Universidad Na-
cional.
En 1974 regresó a Guatemala y fue candidato a vicepresidente de la
República junto a Efraín Ríos Montt, apoyado por el Frente Nacional de
Oposición integrado por la Democracia Cristiana, el Partido Revoluciona-
rio Auténtico y el Frente Unido de la Revolución.
Esta fórmula presidencial, que encabezaba un militar secundado por
Fuentes Mohr, quien regresaba del exilio y tenía un claro pensamiento de
centro izquierda, se explica desde el punto de vista de este último sector
político, porque la única alternativa que vislumbraba para acceder al poder
consistía en postular a un miembro del Ejército como candidato a la pre-
sidencia,
“Nosotros mismos en el Frente Nacional de Oposición, entendimos
que aun ganando la elección, no podríamos llegar al poder si no era
con un candidato militar y de esa cuenta fue que se postuló al general
Ríos Montt, convencidos de que un militar tal vez podría hacer valer
su triunfo, pero un civil no lo podría lograr”.
424
134
424 Testigo directo (ex militante del PR) CEH.
En elecciones de segundo grado el Congreso de la República eligió
presidente de la República al ex ministro de la Defensa Nacional, Kjell
Laugerud, candidato por el Partido Institucional Democrático (PID) en
alianza con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y a quien se ha-
bía dado como ganador, por mayoría relativa, en marzo. Los partidos po-
líticos de oposición alegaron fraude en esas elecciones.
En 1979 Alberto Fuentes Mohr ocupaba un escaño en el Congreso,
como diputado por el departamento de Quetzaltenango. Había ganado esa
elección postulado por el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido
Democracia Cristiana. Al mismo tiempo se entregaba a la tarea de cons-
truir una nueva fuerza política, el Partido Socialista Democrático (PSD),
con la pretensión de afiliarse a la Internacional Socialista. Además, proyec-
taba integrar a su partido en el Frente Democrático Contra la Represión
(FDCR) que se constituyó el 24 de febrero de 1979.
El carácter multisectorial del FDCR permitió que en él confluyeran
tendencias de diversos signos, entre ellos el PSD y el Frente Unido de la
Revolución (FUR) liderado por Manuel Colom Argueta.
Sin embargo, para otros grupos de centro el nacimiento del FDCR
significó la creación de una instancia legal donde podrían tener cabida gru-
pos insurgentes y, a su vez, la Inteligencia militar lo consideró como un
avance de la guerrilla en el plano político. De este modo, Fuentes Mohr y
Colom Argueta podrían ser identificados como los artífices de un vínculo
orgánico con los sectores que propugnaban la lucha armada.
El proyecto del FDCR no prosperó. La situación polarizada y la polí-
tica represiva inhibieron el desarrollo de una instancia pública que hubie-
se aglutinado incluso a sectores que se adherían a la lucha armada.
425
Coincidiendo con lo planteado por el Gobierno de Arana en 1970, el
de Lucas García, quien inicia su período presidencial en 1978, prometió
una apertura democrática y, para sustentarla, impulsó un proceso de diá-
logo con los partidos políticos, ofreciendo la posibilidad de que los regis-
tros electorales se amplíen para lograr la inscripción de nuevos partidos.
“Había un proceso político tendiente a que se rompiera el monopolio de parti-
dos políticos y se crearan nuevos partidos”.
426
El Gobierno de Lucas García encomendó al vicepresidente de la Re-
pública, Francisco Villagrán Kramer, que iniciara conversaciones con el
sector de centro, en concreto con Fuentes Mohr y Manuel Colom Argue-
ta, para proceder a la inscripción del PSD y del FUR, respectivamente.
135
425 Testigo directo CEH. “El FDCR nace queriendo ser público pero no pudo nunca ser público porque
fue tal la escalada represiva que se viene que es imposible ya hacerlo público. Incluso los formadores del
frente al final nos vamos al exilio casi todos porque no resistíamos, no estábamos preparados para es-
to”.
426 Testigo directo (ex vicepresidente de la República) CEH.
No obstante, esta iniciativa gubernamental no era respaldada por sec-
tores del Ejército que no querían perder su influencia política, y que des-
de 1970 se manifestaba, por ejemplo, en que los altos mandos decidían,
junto a sectores financieros de gran influencia, quién habría de ser el futu-
ro candidato presidencial.
El largo proceso de inscripción del PSD culminó el 26 de enero de
1979. Sin embargo, un día antes, Alberto Fuentes Mohr fue asesinado.
Los hechos
El 25 de enero de 1979, hacia la una y media de la tarde, después de
haber participado en una sesión ordinaria del Congreso, Alberto Fuentes
Mohr se dirigía en su automóvil hacia la casa del vicepresidente de la Re-
pública, Francisco Villagrán Kramer, ubicada en la zona 14 de la capital,
donde sostendrían una reunión junto al secretario adjunto de la OEA, li-
cenciado Jorge Luis Zelaya Coronado.
Se trataba de una reunión rutinaria con un representante del Gobier-
no, para discutir sobre el contexto político en general. “Era para discutir al-
gunas de las actividades vinculadas con la visita previa de Alberto a Washing-
ton, donde él había tenido una serie de reuniones, precisamente advirtiendo so-
bre la polarización que se estaba dando en Guatemala”.
427
El vehículo conducido por Fuentes Mohr avanzaba sobre la avenida La
Reforma en dirección norte-sur cuando, al llegar a la intersección de esa
avenida con la 1a. calle, a pocos metros de la antigua Escuela Politécnica,
fue interceptado.
Desde un vehículo y dos motocicletas se abrió fuego cruzado y cerra-
do. La víctima cayó acribillada. La necropsia reportó un total de veintitrés
impactos de bala en su cuerpo, correspondientes a armas de fuego de mu-
nición calibre 45.
Fuentes periodísticas, sobre la base de testimonios recibidos in situ,
aseguraron que el ataque tardó treinta segundos y que, después, los auto-
res se dieron a la fuga tomando distintas direcciones a bordo de los vehí-
culos que tripulaban.
428
Junto al vehículo conducido por Fuentes Mohr, circulaba un auto-
móvil marca Toyota tripulado por Ana María Méndez de Rodríguez,
quien también fue alcanzada por dos impactos de bala y resultó herida en
el cuello.
El Organismo Judicial ordenó instruir la correspondiente investiga-
ción sumaria de los hechos. Sin embargo, ésta concluyó sólo trece días des-
pués, sin resultado alguno. Igual que en otros casos similares, la última di-
136
427 Ibid.
428 Diario El Gráfico, 26 de enero de 1979.
ligencia efectuada en el proceso consistió en la devolución del vehículo en
que se movilizaba la víctima.
429
No constan más diligencias y el expedien-
te fue archivado.
Existen dos partes policiales: uno procedía del Tercer Cuerpo de la
Policía Nacional y otro de la Sección de Detectives de la misma Policía,
los cuales no sólo no guardan armonía entre sí, sino que son claramente
contradictorios, resaltando una evidente ligereza en el registro de la infor-
mación.
430
III. LA EJECUCIÓN DE MANUEL COLOM ARGUETA
Durante sus estudios de secundaria y más tarde en la facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, Manuel Colom Argueta ocupó cargos de dirigen-
te estudiantil. Sus contemporáneos le recuerdan como un líder natural, un
demócrata incansable. “Manuel Colom era efectivamente el gran líder nacio-
nal del país. Creo que eso nadie lo cuestiona y sin duda era el candidato gana-
dor en cualquier elección que se pudiera prever”.
431
En 1954 cuando el movimiento de la liberación derroca al presidente
Jacobo Arbenz y pone en su lugar a Castillo Armas, Colom Argueta, sien-
do todavía un estudiante, junto a otros jóvenes y muchos profesionales, se
declaró públicamente opositor al nuevo régimen.
Fue fundador del Partido Revolucionario a finales de los años cincuen-
ta, del cual salió más tarde por desaveniencias con Mario Méndez Monte-
negro. Luego fundó la Unidad Revolucionaria Democrática (URD), con
el respaldo de varios compañeros de generación.
Fue miembro del Consejo Superior Universitario de la USAC duran-
te el período 1967-1969, en representación del Colegio de Abogados.
Para las elecciones de 1970 la URD no logró ser reconocida como par-
tido político, por lo que en calidad de Comité Cívico postuló la candida-
tura de Manuel Colom Argueta para ocupar la Alcaldía de la ciudad de
Guatemala, ganando las elecciones.
Durante su mandato como alcalde, 1970-1974, alcanzó gran popula-
ridad y se ganó el cariño y la simpatía de la población.
Ya en esa época fue víctima de amenazas y hostigamientos. Ocupando
aún el puesto de alcalde, escribió una carta de su puño y letra en que de-
nunció la existencia de un plan gubernamental para darle muerte.
137
429 CI 28. 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
430 A modo de ejemplo: El parte emanado de la Policía Nacional informa que en el carro de Alber-
to Fuentes se encontraron boletines titulados “Socialista Democrático” mientras que el informe
de la Sección de Detectives informa del hallazgo de boletines titulados “Revolucionario Demo-
crático”.
431 Testigo de referencia CEH.
La afirmación de Colom Argueta en el citado documento concuerda
con la información contenida en documentos desclasificados de la CIA.
En marzo de 1979 uno de estos informes señala:
“Es de opinión de los oficiales que Colom debería haber sido asesina-
do durante el período 1970-1974, cuando él era Alcalde de la ciudad
de Guatemala o en su defecto a la salida de este cargo. En ese momen-
to había un plan para matar a Colom... Había pruebas que Colom,
el Alcalde de la ciudad de Guatemala, era ‘la cabeza clandestina in-
telectual’ de la izquierda radical, en ese entonces comprometida en la
guerra de guerrillas urbana”.
432
Su asesinato se planificó en distintos períodos de Gobierno:
“Durante el período presidencial de Ydígoras Fuentes fue enviado
prisionero a El Salvador. Luego, durante el gobierno de Laugerud,
sufrió un atentado cuya ejecución se le adjudica a [un oficial del
Ejército de Guatemala]. En esta oportunidad resultó herido en un
brazo y arrastrándose varias cuadras llegó al cuerpo voluntario de
bomberos”.
433
Al igual que Alberto Fuentes, Manuel Colom atendió el llamado de
Lucas García para inscribir al Frente Unido de la Revolución (FUR) como
partido político.
Desde hacía años venía intentando inscribir su partido, primero como
Unidad Revolucionaria Democrática (URD), después como Frente de
Unidad Revolucionaria Democrática (FURD) y por último como Frente
Unido de la Revolución (FUR).
También formó parte del Frente Democrático Contra la Represión
(FDCR) junto a Fuentes Mohr.
En su última entrevista, Manuel Colom declaró:
“En este momento, cuando reconocen mi partido, lo difícil es lograr
que no me maten, ya que las técnicas de la ultraderecha para sostener-
se en el poder han cambiado … En la actualidad la derecha ha enar-
bolado la bandera del crimen, jugando al asesinato político”.
434
Sin embargo, Manuel Colom, a pesar de las amenazas y de conocer los
planes gubernamentales para asesinarle continuó con su trabajo.
138
432 CIA, Informe a Departamento de Estado, 5 de marzo de 1979, Pq. 12-25.
433 Síntesis del caso Colom Argueta, documento elaborado por familiares de la víctima.
434 Latin American Political Report, 19 de marzo de 1979, Manuel Colom Argueta, su última entre-
vista.
“No podía detenerse, hay tanto que hacer en nuestro país que un mi-
nuto que no se produce, es un momento perdido, cada momento per-
dido será reclamado por la historia, por las nuevas generaciones, por
ese mundo crítico del futuro”.
435
Tras el asesinato de Alberto Fuentes Mohr y después que el 15 de mar-
zo de 1979 el FUR quedara inscrito como partido político, muchos de sus
correligionarios, amigos y familiares señalaron a Colom la necesidad de
que saliera del país. Pero él permaneció en Guatemala.
Una de las razones para que tomara esta decisión pudo ser una supues-
ta promesa que recibió del presidente Lucas García, quien se habría com-
prometido a garantizar la inscripción de su partido, el FUR, así como la
posterior candidatura presidencial de Colom. Un documento desclasifica-
do de la CIA afirma que “el presidente prometió a Colom su protección al par-
tido FUR, asegurando que sería garantizada la sobrevivencia como partido po-
lítico con posibilidades de participar en la vida política del país bajo la admi-
nistración de Lucas y en la campaña que vendría en 1982”.
436
Los hechos
El 22 de marzo de 1979, desde temprano, fueron vistos agentes de se-
guridad en los lugares que Colom Argueta frecuentaba y en las cercanías
de su bufete profesional.
La víctima salió de su oficina, ubicada a poca distancia de la embajada
de los Estados Unidos, en la 6ª calle, 7-55 de la zona 9, con rumbo a la Uni-
versidad de San Carlos. Conducía su vehículo marca Toyota color rojo y era
escoltado por un Mercedes Benz color azul, en el que viajaban sus dos guar-
daespaldas, Héctor Barillas Zelada e Hilario Hernández Quiñonez.
Aproximadamente a las once de la mañana el automóvil Mercedes
Benz fue atacado por los ocupantes de otro vehículo de color verde y blan-
co, quienes comenzaron a disparar. Posteriormente, se agregó otro auto-
móvil color negro; los dos eran de fabricación americana.
437
Los guardaespaldas de Colom Argueta fueron alcanzados por una de-
cena de proyectiles cada uno. Todos los disparos fueron dirigidos hacia la
cabeza. En los informes forenses se concluye que la muerte de ambos fue
ocasionada por las “heridas penetrantes en el cráneo producidas por arma de
139
435 “Ametrallan al profesor de la USAC y líder político”, en Revista Voz Universitaria, pg. 38.
436 CIA, Informe a Departamento de Estado, 29 de marzo de 1979, Pq. 12-23. Embajada de los
EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, 19 de marzo de 1979, Pq. 3-40. “La re-
lación con Colom empezó antes de las elecciones, dijo Villagrán, cuando un pacto había sido arregla-
do entre Lucas, Alejandro Maldonado y Colom con la aprobación de partidos pro gobierno y grupos de
interés sectoriales. Inicialmente el pacto fue oral y cubrió cuatro puntos: el registro de partidos adicio-
nales, el Gobierno toleraría las organizaciones de sindicatos y la negociación colectiva y que Lucas Gar-
cía no pondría obstáculos a la elección de un gobierno civil”.
437 “Ametrallan al profesor de la USAC y líder político”, Revista Voz Universitaria, pg. 38.
fuego”.
438
A consecuencia del ataque, el vehículo Mercedes Benz tripulado
por los escoltas se estrelló contra una casa.
Eliminados los guardaespaldas, un automóvil de color rojo y dos mo-
tocicletas comenzaron la persecución de Colom Argueta, quien intentó
huir del lugar donde se había producido el tiroteo, para ser interceptado a
la altura de la 3ª avenida y 5ª calle de la zona 9, donde fue ametrallado.
Informaciones vertidas por testigos presenciales y recogidas por fami-
liares de la víctima, señalaron que desde el vehículo de color rojo fueron
disparadas varias ráfagas sobre el lado derecho del automóvil, mientras
que, por el lado izquierdo, Colom fue atacado por los ocupantes de una de
las motocicletas, de la cual descendió un sujeto joven y corpulento portan-
do una subametralladora, quien remató a la víctima.
439
Ejecutada la acción, los autores huyeron rápidamente por las calles
próximas, en los mismos vehículos utilizados en el ataque.
Manuel Colom recibió el impacto de 24 proyectiles calibre 45 milí-
metros. La mayor parte de las heridas de bala se concentró en el cráneo, la
cara y el tórax.
IV. DESPUÉS
Los familiares de Colom Argueta aseguraron que el operativo fue diri-
gido desde un helicóptero que sobrevolaba el área y que entre sus tripulan-
tes se encontraba el general David Cancinos, jefe del Estado Mayor del
Ejército.
Esta versión ha sido confirmada por la CEH mediante las declaracio-
nes ofrecidas por un testigo, quien asegura lo siguiente:
“David Cancinos, personalmente, desde un helicóptero supervisó el
operativo que se había planificado en una forma de círculos concén-
tricos; si salía del primer círculo del operativo, le esperaban en un se-
gundo y así. Efectivamente no lo lograron en el primer punto, sino en
un siguiente círculo del operativo”.
440
En este mismo sentido, miembros de la comunidad empresarial, al
reaccionar ante la ejecución de Colom Argueta, indicaron al personal de la
embajada de los Estados Unidos: “Era comunista y se lo merecía; su muerte
[de Manuel] fue el trabajo del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Can-
cinos, quien busca allanar el camino para ser candidato presidencial en 1982;
140
438 Informe forense que consta en el expediente judicial.
439 Síntesis del caso Colom Argueta, documento elaborado por familiares de la víctima.
440 Testigo de referencia CEH.
y que Colom tenía que ser eliminado eventualmente, pero ¿por qué tan tem-
prano?”
441
El general Cancinos fue asesinado poco tiempo después, atribuyéndo-
se la acción el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización que
confirmó la versión del involucramiento de dicho oficial en la ejecución de
Colom Argueta:
“Teníamos compañeros que trabajaban en el Gobierno en diferentes
ministerios, incluido Gobernación. Obteníamos permanentemente in-
formación desde allí y por eso obtuvimos información cercana a Can-
cinos, quien andaba dirigiendo la operación del asesinato de Manuel
Colom Argueta desde un helicóptero, con al menos otros dos jefes”.
442
Los gobiernos europeos y latinoamericanos reaccionaron, pronuncián-
dose contra las ejecuciones arbitrarias de Fuentes Mohr y Colom Argueta,
y haciendo un llamamiento para esclarecer los hechos mediante una inves-
tigación judicial que, en definitiva, no prosperó.
El 24 de abril de 1979, treinta días después de la ejecución de Manuel
Colom, sus familiares directos publicaron un campo pagado en el que de-
nunciaban las amenazas que existían sobre el líder del FUR antes de su eje-
cución.
443
A la vez, responsabilizaron al Gobierno y a las autoridades civi-
les y militares de su asesinato, señalando sobre todo al primero, por no rea-
lizar una investigación en torno al caso.
La inserción en la prensa escrita se tituló “No puede descubrir quien en-
cubre” y apareció en varios periódicos, lo que provocó que la familia fuese
víctima de una persecución judicial por parte del Gobierno. El 13 de ju-
nio del mismo año se dio inicio, ante el Juzgado Octavo de Primera Ins-
tancia, al proceso originado por una querella presentada por el Ministerio
Público, por el delito de desacato.
444
141
441 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama a Departamento de Estado, 27 de marzo de
1979, Pq. 1-62.
442 Entrevista de la CEH con miembros de la dirección del EGP.
443 El texto expresa en su segundo párrafo: “Unos días antes del asesinato un oficial del Ejército, com-
pletamente uniformado y con escolta militar, procedió a fotografiar a las personas y a los vehículos que
se encontraban en ese momento frente a las oficinas de Manuel y áreas circunvecinas, hecho palpable-
mente intimidatorio que él mismo puso en conocimiento del secretario privado de la presidencia, quien
inmediatamente y a su vez, lo puso en contacto por la misma línea telefónica con un oficial de apelli-
do Montalván, el cual le dio excusas por tal procedimiento y le indicó que podía estar tranquilo”. Lo
anterior coincide con la información contenida en un documento desclasificado: Embajada de los
EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado, 19 de marzo de 1979, Pq. 3-40. Villagrán
Kramer ... relató que “se le acercó el coronel Ricardo Méndez Ruiz y le advirtió que Colom Argueta
iba a ser asesinado ... que ya había advertido a su amigo Colom Argueta ... Méndez estaba molesto
con la idea que el general Cancinos se vuelva Ministro de la Defensa. Le dijo a Villagrán que Canci-
nos bloquearía la carrera de cualquiera que no fuera personalmente leal a él”.
444 El Ministerio Público argumentó que “este delito tiene como fin primordial, mantener el principio
de respeto a la autoridad fuera de que, por supuesto, involucra una franca y abierta falta de respeto a
la autoridad y consecuentemente pone en peligro el mantenimiento de la institucionalidad y estabili-
dad del Estado legalmente constituido”. Expediente judicial 1475-79, Juzgado Octavo de Primera
Instancia del Ramo Penal.
Fueron citados a declarar los hermanos de la víctima, Guillermo y Lui-
sa (Lulú) Colom Argueta, a quienes luego de prestar su declaración inda-
gatoria —en la que ratificaron los términos de la publicación pagada en
los medios de prensa—, se les motivó auto de prisión. Asimismo, fue ci-
tado al tribunal el director de dos diarios en los que se publicó el campo
pagado.
De esta manera se inició un largo y engorroso procedimiento judicial
en contra de la familia Colom.
Pero el acoso no se limitó a la persecución penal. Guillermo Colom re-
cibió por vía telefónica múltiples amenazas de muerte y solicitó asilo en la
sede de la embajada de Venezuela en Guatemala, después de sufrir un in-
farto.
445
Los hermanos Gustavo y Guillermo Colom emprendieron la vía del
exilio, en tanto que Lulú permaneció en el país un tiempo más.
Uno de los abogados de la familia, Abel Lemus, fue asesinado.
En el proceso penal por desacato no se dictó resolución alguna que pu-
siera término al mismo, ya fuera desestimando la acción, por no ser cons-
titutiva de delito, ni dictando una sentencia condenatoria.
446
Por otro lado, del mismo modo que en el proceso por la muerte de
Fuentes Mohr, la última diligencia en el proceso para investigar el asesina-
to de Colom Argueta y sus dos guardaespaldas, con fecha 25 de mayo de
1979, consiste en la entrega a su propietario del vehículo que manejaba la
víctima.
447
No constan más diligencias encaminadas a esclarecer los hechos
y el expediente fue archivado.
V. CONCLUSIONES
La CEH presume fundadamente que Alberto Fuentes Mohr y Manuel
Colom Argueta fueron víctimas de la acción premeditada de agentes del
Estado o de sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en to-
do caso, con su posterior protección y encubrimiento, constituyendo sus
ejecuciones una violación a los derechos humanos. En el caso de la muer-
te de Colom Argueta, esta presunción afecta a autoridades del Ejército de
Guatemala y específicamente del Estado Mayor del Ejército.
Esta presunción se funda en el análisis de todos los antecedentes del
caso. Entre estos antecedentes destacan: a) la calidad de las víctimas y las
142
445 Síntesis del caso Colom Argueta, documento elaborado por familiares de la víctima.
446 La última resolución de fecha 23 de agosto de 1979, ordena suspender la tramitación del proce-
so, en tanto el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se pronuncie respecto a una resolución de
la Sala de la Corte de Apelaciones en la que se inhibe de conocer un recurso, alegando incompe-
tencia. En el expediente no consta ninguna diligencia posterior a ésta.
447 CI 28. CI 65. En ambos, la última diligencia judicial practicada fue la devolución de vehículos.
amenazas y amedrentamientos de que fueron objeto con antelación a sus
ejecuciones; b) los procedimientos empleados por los autores de los críme-
nes, que evidencian la actuación de grupos con un alto autocontrol y po-
der de fuego, que actúan a plena luz del día en sectores de asiduo tráfico,
cerca de la antigua Escuela Politécnica del Ejército —en el caso de Fuen-
tes Mohr— e incluso con apoyo aéreo, en el caso de Manuel Colom; c) las
armas utilizadas; y d) documentación desclasificada de la CIA, en la que se
asevera que, “el asesinato de Manuel Colom Argueta, ex alcalde de la ciudad
de Guatemala y líder del FUR el 22 de marzo de 1979 y de Alberto Fuentes
Mohr, anterior Ministro de Relaciones Exteriores y líder del grupo de social-de-
mocrátas el 25 de enero de 1979, también fueron el trabajo del ‘Comando Seis’
llevado a cabo bajo la dirección del Gobierno”.
448
Por otra parte, el férreo control que las fuerzas de seguridad del Go-
bierno ejercían sobre la población de la ciudad capital no permite conce-
bir que hechos de esta naturaleza pudieran perpetrarse y mantenerse im-
punes, sin el conocimiento y tolerancia del Estado.
Además, la CEH se formó la convicción de que, en estos casos, las au-
toridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su
deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justi-
cia, en particular los órganos jurisdiccionales, que no cumplieron efectiva-
mente su función y facilitaron con ello la impunidad. Esta violación de de-
rechos que afectó al conjunto de la sociedad y a los familiares de las vícti-
mas se vio agravada por la inicua persecución judicial emprendida contra
la familia Colom.
Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la función estatal de in-
vestigar, cuando los recursos de que el Estado dispone para ejercerla no se
destinan a su propia finalidad, que es la persecución del delito, sino al en-
cubrimiento sistemático de los autores de graves crímenes y violaciones de
derechos humanos.
La CEH considera que los asesinatos de los señores Fuentes Mohr y
Colom Argueta son prototípicos de otros casos análogos, que consistieron
en la represión estatal clandestina de carácter selectivo, utilizando métodos
criminales, contra opositores políticos. El fundamento de esta persecución
fue la identificación que se hacía de los opositores con la insurgencia, so-
bre la base de la extensión impropia que, del concepto de enemigo, con-
templaba la denominada doctrina de la seguridad nacional. La garantía de
impunidad que, de hecho, el Estado otorgaba a los autores de estos críme-
nes, fomentó su proliferación.
El caso ilustra, también, la forma en que los sectores que ejercían el po-
der, cerraban las puertas del acceso democrático al Gobierno de líderes
143
448 CIA, Informe a Departamento de Estado, Marzo-Abril, 1980, Pq. 12-35.
opositores, contribuyendo así a la prolongación del enfrentamiento arma-
do interno.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Alberto Fuentes Mohr
Manuel Colom Argueta
Héctor Barillas Zelada
Hilario Hernández Quiñónez
Herido en atentado
Ana María Méndez de Rodríguez
Cándida González Fajardo
144
I. ANTECEDENTES
La política contrainsurgente activó la práctica criminal de la desapari-
ción forzada. En 1966 fueron detenidos y desaparecidos de esta forma nu-
merosos miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y del Mo-
vimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13). Fue conocido como
el caso de “los veintiocho desaparecidos”.
450
Durante el enfrentamiento armado interno, el sector estudiantil, tan-
to de educación media como universitario, sufrió la desaparición forzada
de sus líderes. El de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
fue uno de los más golpeados y reprimidos. Esa represión se extendió a to-
dos los estamentos de la USAC y se materializó a través de la asfixia eco-
nómica, las capturas, las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forza-
das de gran cantidad de sus alumnos, docentes y trabajadores. Difundir lis-
tas que incluían los nombres de futuras víctimas fue una práctica común.
Así sucedió en 1978 con Oliverio Castañeda de León
451
y Antonio Estuar-
do Ciani García.
452
La violencia política dirigida contra la USAC se incrementó después
de los golpes de Estado del 23 de marzo de 1982 y del 8 de agosto de 1983.
Caso ilustrativo No. 48
Desapariciones forzadas de
Edgar Fernando García,
Sergio Saúl Linares Morales
y Rubén Amílcar Farfán.
Fundación del Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM)
“De repente nos llaman a nosotras comunis-
tas, subversivas, enemigas del Estado. Noso-
tras, mujeres que antes éramos trabajadoras,
madres de familia y que estábamos sufrien-
do, que éramos víctimas de la violen-
cia…”
449
449 Testigo directo CEH. (T.C. 84).
450 CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala y otros departamentos de la República.
451 CI 45. Octubre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
452 C 728. Noviembre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Durante los primeros ocho meses de Gobierno del general Oscar Humber-
to Mejía Víctores hubo un aumento de la represión selectiva en la ciudad
de Guatemala y se registraron 635 casos de desapariciones forzadas. Es de-
cir, cada mes desaparecía un promedio de ochenta personas.
453
Entre marzo y mayo de 1984, siete miembros del comité ejecutivo de
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) fueron capturados y
más tarde desaparecidos.
454
La misma suerte corrieron Edgar Fernando
García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amílcar Farfán, todos ellos
vinculados a la USAC y familiares de las primeras mujeres fundadoras del
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
II. LOS HECHOS
Edgar Fernando García
Edgar Fernando García tenía 27 años de edad, era estudiante de la fa-
cultad de Ingeniería de la USAC y trabajador administrativo en Centroa-
mericana de Vidrios, S.A. (CAVISA), donde se integró en el sindicato co-
mo secretario de actas y acuerdos. Estaba vinculado también a la Juventud
Patriótica del Trabajo del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).
El sábado 18 de febrero de 1984, Edgar Fernando García salió a pie
de su casa ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, rumbo a su tra-
bajo, en la calzada Aguilar Batres, zona 12. Ese mismo día había quedado
de almorzar con su esposa e hija en la casa de una hermana suya.
En el camino, Fernando se encontró con Danilo Chinchilla. A la al-
tura del mercado El Guarda, cerca del Trébol, estaba instalado un retén
montado por la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía
Nacional (PN). Allí obligaron a ambos a detenerse, pero ellos intentaron
huir. Los agentes respondieron disparándoles, y los dos resultaron heridos:
Fernando García fue trasladado al Quinto Cuerpo de la PN localizado en
la calzada San Juan; Danilo Chinchilla fue conducido, por una fuerte es-
colta, al Hospital Roosevelt.
455
La vigilancia no se interrumpió en ninguno
de los dos establecimientos.
456
146
453 Reporte de Human Rights Watch Americas, Washington, 1985, pg. 11.
454 Amnistía Internacional, Guatemala: crónica de las violaciones a los Derechos Humanos, España,
1985, pg. 96, Entre ellos, el estudiante de Sociología Carlos Ernesto Cuevas Molina, hijo del ex
rector de la USAC, Dr. Rafael Cuevas Del Cid y esposo de María del Rosario Godoy Aldana de
Cuevas, también fundadora del GAM. Testigos directos CEH. C 679. 1984. Ciudad de Guate-
mala. A principios de 1984, el 27 de enero, también hombres desconocidos vestidos de civil, que
se conducían en una panel blanca, capturaron a Jorge Mauricio Gatica Paz. No se volvió a saber
de él. El 14 de febrero de ese mismo año, capturaron a Jorge David Calvo Drago, a quien libera-
ron días después. Ambos eran estudiantes de la USAC.
455 Testigo de referencia CEH. (T.C. 330).
456 Días más tarde, Danilo Chinchilla, aún en recuperación, fue sacado del hospital por un grupo de
amigos suyos, vestidos de médico. Probablemente en septiembre del mismo año, lo capturaron
de nuevo, esta vez junto con su compañera, Marilin Sosa. No se volvió a saber de ellos.
Ese mismo sábado, hombres vestidos de civil que conducían vehículos
sin placas de circulación, registraron la casa de Fernando García, llevándo-
se sus pertenencias. Los hombres indicaron a la madre y a la esposa de la
víctima, que Fernando regresaría el martes.
457
Sergio Saúl Linares Morales
Sergio Saúl Linares Morales tenía 33 años de edad, trabajaba como
asesor de Informática del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y
era catedrático de la facultad de Ingeniería de la USAC. En 1977 había
sido representante estudiantil de la facultad de Ingeniería ante el Conse-
jo Superior Universitario y dirigente de la asociación de estudiantes de esa
facultad.
El 23 de febrero de 1984, alrededor de la cinco de la tarde, Sergio Saúl
Linares Morales desapareció después que saliera de su vehículo, placas par-
ticulares P-165196, desde el INFOM hacia la Universidad de San Carlos
de Guatemala. No se volvió a saber de él.
A la siete de la noche de ese mismo día, hombres desconocidos allana-
ron su vivienda, golpearon a su madre, de 68 años de edad, y se llevaron
diversos objetos personales de la víctima.
Rubén Amílcar Farfán
Rubén Amílcar Farfán tenía 40 años de edad, era estudiante de la fa-
cultad de Humanidades de la USAC, trabajaba en los talleres de la Edi-
torial Universitaria y pertenecía al sindicato de esa misma casa de estu-
dios.
El 15 de mayo de 1984, a las seis de la mañana, Rubén Amílcar Far-
fán salió de su casa, ubicada en la colonia Primero de Julio, para dirigirse
a su trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese día labo-
ró hasta las tres y media de la tarde cuando se trasladó hacia la facultad de
Humanidades. En el trayecto, hombres armados y vestidos de civil lo gol-
pearon y lo introdujeron a un vehículo llevándoselo con rumbo descono-
cido. En la captura intervinieron dos autos: uno de color rojo y con pla-
cas de circulación P-237053 y otro de color blanco, con placas de circu-
lación P-113509.
458
147
457 Testigo directo CEH.
458 AEU, Violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad universitaria durante el conflicto arma-
do interno. Guatemala, 1998. Ese mismo día, desaparecieron Carlos Ernesto Cuevas Molina y Ot-
to René Estrada Illescas. Una semana después, también desaparecieron Gustavo Adolfo Castañón,
Irma Marilú Hicho Ramos y Héctor Alirio Interiano Ortíz, estudiantes de la facultad de Cien-
cias Económicas y miembros de la AEU.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
En cuanto recibieron noticias del apresamiento y la desaparición de las
tres víctimas, sus familiares tramitaron diferentes diligencias, con el objeti-
vo de conocer su paradero. Interpusieron recursos de exhibición personal,
acudieron ante el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
jefe de Estado, el Estado Mayor de la Defensa, el arzobispo metropolitano
y las autoridades civiles; visitaron morgues, hospitales y cárceles legales pa-
ra determinar donde se encontraban, sin resultado positivo.
La esposa de Fernando García lo fue a buscar al Quinto Cuerpo de la
Policía Nacional, centro al que supuestamente había sido trasladado des-
pués que lo capturaron herido.
459
Más tarde rastreó su pista en el quinto pi-
so del Palacio Nacional: “Era [un lugar] secreto, nadie podía subir”.
460
La re-
cibió un hombre que estaba “con una máscara negra y con arma …”
461
y le
dijo:
“Mire, señora, le voy a decir una cosa, aquí nosotros sí secuestramos,
pero a los guerrilleros, a los comunistas, a la gente perversa de este país.
Usted dice que su esposo es buen padre, que es un buen trabajador,
que es honesto. ¿Cree usted que nosotros podemos tener a su esposo?”
462
En los tres casos los familiares tuvieron conocimiento de que algunos
meses después de su captura las víctimas aún se encontraban vivas. En el
caso de Fernando García, según un testigo, además de él “habían [vivos]
dos más … Me dijo que estaba vivo [también] Carlos Cuevas …”
463
Por la
descripción que hizo un sobreviviente del lugar donde permaneció deteni-
do ilegalmente, un testigo sospecha que pudo haber sido tras el colegio Li-
ceo Guatemala.
464
De acuerdo con la versión de otro testigo, Fernando García pudo ha-
ber estado cautivo en una cárcel clandestina, por la Villa de Guadalupe, zo-
na 10, ciudad de Guatemala. “Se encontraba muy mal, muy torturado y …
lo tenían engrilletado…”
465
148
459 Testigo de referencia CEH. Según el testigo, por otras informaciones se enteraron que él había
estado en el 5º. Cuerpo de la Policía Nacional en la zona 7.
460 Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. (T.C. 84).
461 Ibid.
462 Ibid.
463 Testigo directo (ex rector de la USAC) CEH. (T.C. 329). Esta información le fue proporcionada
al rector por una persona capturada el 14 de febrero de 1984 en su casa de habitación, en la 14
calle y 1ª avenida, zona 1 y fue posteriormente fue liberado a principios de abril de ese mismo
año. También dice haber visto en el lugar de su cautiverio un letrero en la pared donde decía:
“Aquí estuvo Luz Haydeé Méndez de Santizo”. Ella había sido capturada el 8 de marzo de 1984 y
aún no se sabe de ella.
464 Ibid.
465 Testigo de referencia CEH. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. (T.C. 84). Esta informa-
ción le fue proporcionada por un miembro del BROE.
Del mismo modo, a través de un testigo, los familiares de Sergio Li-
nares llegaron a saber que él “se encontraba preso en uno de los cuarteles de la
ciudad …, que había oído cuando alguien llamaba por su nombre a la vícti-
ma y que lo había visto; que debido a las torturas estaba inválido”.
466
Tres días después de la desaparición de Rubén Amílcar Farfán, el rec-
tor de la USAC manifestó a la hermana de éste:
“…Tranquilícese, señora. Sí, a su hermano … lo capturó el Ejército,
la G-2 y el DIT. Ellos lo tienen y no sólo los tienen a ellos sino tam-
bién tienen a otros sindicalistas y están otros estudiantes … Estamos
esperando que se recuperen de la golpiza que les dieron, para poderlos
entregar; ya no siga haciendo nada señora, váyase a alistar la ropa, la
valija, la maleta de él … Vamos a llamarle para decirle a dónde van,
dónde se van a juntar…”
467
Según varios testigos, el ex rector de la USAC tenía acceso a las auto-
ridades del Gobierno, principalmente al ministro de Relaciones Exteriores,
quien a su vez mantenía vínculos con los militares, todo lo cual proporcio-
naba información al rector en funciones
468
y, por su mediación, a los fami-
liares. El mismo ex rector de la Universidad expresó:
“Yo le dije: [al ministro de Relaciones Exteriores] ‘Ayúdame, devol-
veme a estos estudiantes, yo me encargo de sacarlos del país y de que
no vuelvan’ … Mirá, me dijo, está bueno, yo se lo voy a decir ahora
al general, ahora que vamos de viaje a El Salvador; entonces, reparó,
pero [únicamente] si nosotros lo tenemos [dijo]”.
469
Durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, los familiares de Rubén Amíl-
car Farfán interpusieron denuncia ante el procurador de los Derechos Hu-
manos (PDH), quien a su vez solicitó información a las autoridades mili-
tares y judiciales: las respuestas que recibió fueron negativas. El PDH dejó
abierta la investigación, al efecto de dar con el paradero de la víctima.
470
Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
El 4 de junio de 1984, en medio de un ambiente político dominado
por el terror estatal, surgió el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) planteando
149
466 Testigo de referencia CEH. C 37.
467 Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. (T.C. 328).
468 Testigo de referencia CEH. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. (T.C. 328).
469 Testigo directo (ex rector de la USAC) CEH. (T.C. 329).
470 Resolución del procurador de los Derechos Humanos. 24 de febrero de 1988. Ciudad de
Guatemala, Guatemala.
una respuesta al drama que sufrían miles de guatemaltecos por la desapa-
rición forzada de sus parientes y amigos.
Durante los primeros años el GAM se desarrolló ante todo en las zo-
nas urbanas y la gran mayoría de sus miembros eran mujeres: madres, es-
posas y hermanas de personas desaparecidas vinculadas a la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
471
Sin embargo, el Grupo aglutinó más tarde a familiares de campesinos
mayas desaparecidos. Llegó a constituir una de las primeras expresiones or-
ganizadas para esclarecer los hechos y creció al tiempo que se multiplica-
ban los intentos de los familiares de las víctimas.
472
Convencidos e inspirados por la necesidad humana de que sus parien-
tes y amigos aparecieran con vida, o impulsados al menos por el derecho a
saber de su paradero, los integrantes del GAM interpusieron multitud de
recursos de exhibición personal y denuncias públicas en instancias nacio-
nales e internacionales. En el interior del país denunciaron, a través de los
medios de comunicación, las desapariciones forzadas y las amenazas de
muerte contra muchos de sus dirigentes. Asimismo, llevaron a cabo las de-
nominadas “paradas” de los viernes, manifestaciones que se celebraban en
ese día y que se caracterizaban porque los asistentes tocaban pitos y golpea-
ban ollas delante de las oficinas estatales.
El 30 de noviembre de 1984, después de una reunión que sostuvieron
los dirigentes del GAM con el jefe de Estado, se creó la Comisión Tripar-
tita, cuyo objetivo era investigar las violaciones de los derechos humanos.
Esta Comisión quedó integrada por los titulares de Gobernación, de la
Defensa y del Ministerio Público.
473
Miembros del GAM llevaron a cabo
manifestaciones significativas frente a las instalaciones del Ministerio Pú-
blico para exigir que esta Comisión diera a conocer los resultados de la in-
vestigación que realizaban sobre las violaciones a los derechos humanos, y
en particular sobre todo lo concerniente a las desapariciones forzadas.
474
150
471 Testigo directo (fundadora del GAM) CEH. (T.C. 84).
472 CI 68. 1966. Ciudad de Guatemala y otros departamentos de la República. Uno de los primeros
intentos por exigir el aparecimiento de sus parientes, fue el de los familiares de los 28 desapare-
cidos en 1966. Testigo directo CEH. C 217. Enero, 1971. Ciudad de Guatemala, Guatemala. El
Imparcial, 10 de Marzo de 1971, pg. 3. También la madre de Juan Luis Molina Loza llevó a ca-
bo una huelga de hambre frente al Palacio Nacional con el propósito de exigir el aparecimiento
de su hijo Juan Luis quien había sido capturado el 13 de enero de 1971, pero la Policía Nacional
la detuvo conduciéndola al hospital neuropsiquiátrico, donde la sometieron a un examen médi-
co solicitado por la Policía.
473 Testigo directo CEH. 1984. Ciudad de Guatemala. (T.C. 84). Antes de ésta Comisión, a princi-
pios de 1984 se creó la Comisión para la Paz, integrada por la Iglesia Católica, la Prensa, el Ejér-
cito, la Universidad Nacional y la iniciativa privada. Posteriormente, durante el Gobierno de Vi-
nicio Cerezo, se formó otra comisión investigadora, que señaló: “que los desaparecidos todos es-
taban muertos y que mejor perdonáramos, olvidáramos y nos reconciliáramos de todo (...)”.
474 La Palabra, 2 de marzo de 1985, pg. 2. Americas Watch, The Group for Mutual Support 1984-85,
Washington, 1985, pg. 54. El 6 de junio de 1985, presentó su informe, el cual constaba de tres
hojas de papel a doble espacio, donde recomendaba la creación de una nueva comisión, la cual
debería excluir a las organizaciones gubernamentales y oficiales, siendo formada, en cambio, por
profesionales, religiosos y organizaciones privadas, pues recibirían mayor cooperación por parte
de los parientes de las víctimas.
En enero de 1985 enviaron una carta pública al señor Colville de Cul-
ross, relator de las Naciones Unidas para Guatemala, a raíz del informe so-
bre los derechos humanos que éste presentó en la última Asamblea de la
ONU.
475
Manifestaron su indignación porque, según los miembros del
GAM, había falseado la “cruda realidad” que vivían los guatemaltecos.
476
Al
mismo tiempo, el GAM continuó recibiendo apoyo y solidaridad a escala
internacional. Llegaron a Guatemala representantes del Parlamento ale-
mán y de los gobiernos de Canadá, Bélgica y España, cuyo propósito era
solidarizarse de una forma pública con el país y solicitar al Gobierno de la
nación el esclarecimiento de los hechos.
El 12 de marzo de ese mismo año miembros del GAM se presentaron
a la Asamblea Nacional Constituyente, para reclamar que la nueva Cons-
titución Política de la República contemplara la figura jurídica del “preso
político”.
477
Durante la segunda mitad del mes de marzo el Gobierno hizo públi-
ca su desaprobación respecto a las “tácticas escogidas por el GAM para sus
objetivos”.
478
El jefe de Estado, general Oscar Humberto Mejía Víctores,
acusó a los integrantes del GAM de estar manipulados por los insurgentes
y cuestionó las fuentes de financiación del Grupo.
479
El 14 de marzo de
1985, en un acto oficial realizado en la base militar de Jutiapa, el general
Mejía Víctores, señaló: “Dentro de este contexto, gestionar la aparición con
vida de los desaparecidos era un acto subversivo, que adoptarían las medidas
para contrarrestarlo y que en adelante no se le toleraría más demostraciones”.
480
Con la misma firmeza, el ministro de Gobernación, Gustavo Adolfo
López Sandoval, advirtió a los miembros del GAM, que “se abstengan de
cometer desórdenes en la vía pública. [Porque] si alteran la paz social, estarán
sobrepasando la paciencia de las autoridades [y] serán las autoridades del or-
den público quienes actúen…”
481
151
475 ONU, Situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guatemala, No.39/120.
Diciembre, 1984. Sin embargo, las Naciones Unidas, pidieron al Gobierno guatemalteco que in-
vestigara y aclarara la suerte de los desaparecidos de forma involuntaria o forzada y cuyo parade-
ro sigue sin conocerse, y que pusiera fin a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios en luga-
res secretos. Asimismo, pidieron al Gobierno guatemalteco que permitiera a las organizaciones
humanitarias internacionales prestar asistencia en la investigación sobre la suerte de los desapare-
cidos, con el fin de informar de su paradero a los familiares.
476 La Palabra, 26 de enero de 1985, pg. 7. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Andrade
Díaz Durán, manifestó después de la primera visita del relator de las Naciones Unidas para Gua-
temala “que el informe de Culross era positivo en un 90 por ciento”.
477 La Palabra, 13 de febrero de 1985, pg. 1.
478 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, Abril, 1985, pg. 5, Pq.
4.17.
479 Ibid. La Palabra, 15 de marzo de 1985, pg. 4.
480 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Compilación de informes publicados sobre la si-
tuación de los derechos humanos en Guatemala, 1980-1995. Washington, 1995. pg. 89.
481 La Palabra, 22 de marzo de 1985, pg. 4.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Andrade Díaz Durán,
expresó al personal de la embajada de los Estados Unidos que aunque “el
GAM fuera un frente organizado por la subversión, que él creía que era el ca-
so, el Gobierno sería muy cauteloso de evitar confrontaciones con éste, y le he
dicho a los militares de estar alertas de caer en la trampa de crear mártires”.
482
Sin embargo, el 30 de marzo y el 4 de abril de 1985 fueron ejecutados
arbitrariamente dos dirigentes del GAM: Héctor Orlando Gómez Calito
483
y María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, ésta última junto a su her-
mano Maynor René y su hijo Carlos Rafael, de dos años de edad.
484
Por otra parte, del 3 al 5 de septiembre de 1985, el Ejército asaltó las
instalaciones de la USAC, después de declarar a la opinión pública que era
un centro del narcotráfico y de la “subversión”.
485
En 1992 surgió la Asociación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos de Guatemala (FAMDEGUA), iniciada por madres y familiares de de-
saparecidos que habían estado ligadas al GAM.
A pesar de los múltiples esfuerzos para esclarecer la suerte de las vícti-
mas que sufrieron la desaparición forzada, la mayoría de familiares vive,
aun hoy, el calvario de desconocer el paradero de sus seres queridos.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar todos los antecedentes de los casos ex-
puestos, llegó a la convicción de que agentes del Estado capturaron e hi-
cieron desaparecer a Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales
y Rubén Amílcar Farfán, mediante acciones encubiertas previamente deci-
didas por autoridades estatales, violando su derecho a la libertad y a la in-
tegridad física y psicológica.
En el caso de Edgar Fernando García, la CEH llegó a la convicción de
que su captura fue practicada por efectivos de la Brigada de Operaciones
Especiales (BROE) de la Policía Nacional.
La CEH presume fundadamente que todas las víctimas de este crimen
de lesa humanidad fueron, en definitiva, ejecutadas por agentes del Esta-
do, por orden o con la aquiescencia de autoridades superiores.
La CEH considera que estos casos corresponden a la aplicación de una
política criminal destinada a la eliminación de dirigentes opositores vincu-
lados a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La circunstancia de
152
482 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, 4 de marzo de 1985,
pg. 2, Pq. 4.14.
483 C 243. Marzo, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
484 CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
485 CI 30. Agosto, 1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
que todas las personas detenidas y posteriormente desaparecidas permane-
cieran durante determinado tiempo en lugares secretos, refuerza la convic-
ción del carácter planificado de dicha política.
El caso es, también, ilustrativo de la creación de un sistema clandesti-
no de justicia para-estatal, característico de una política de “guerra sucia”
contra opositores políticos o sociales que no eran combatientes, lo cual de-
bilitó en extremo el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y
contribuyó a la aceptación de la violencia y la impunidad como fenóme-
nos normales, con grave detrimento de la cultura cívica en Guatemala.
Finalmente, el caso es otro ejemplo de la intencional denegación de
justicia en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos
y, consecuentemente, de la responsabilidad estatal en el fomento de la im-
punidad.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura,
Rubén Amílcar Farfan
Sergio Saúl Linares Morales
Desaparición forzada, tortura, herido en atentado
Edgar Fernando García
Herido en atentado, privación de libertad
Danilo Chinchilla
153
I. ANTECEDENTES
La psicóloga y periodista Irma Flaquer inició su carrera muy joven. En
1958, a sus 20 años de edad, trabajaba para diferentes medios de comuni-
cación radiofónicos y escritos. Sobresalió por su actitud crítica que quedó
plasmada en su columna “Lo que otros callan”, que se publicaba en el dia-
rio La Hora y en una época posterior en el matutino La Nación. Su espa-
cio se caracterizaba por la crítica que hacía a la corrupción política, la de-
nuncia de la difícil situación de los pobres y de la discriminación a los in-
dígenas. En todo momento cuestionó la situación represiva que sufrió por
la población en los años setenta.
487
Contrajo matrimonio con Fernando Valle Arizpe, de quien más tarde
se separó. De su unión matrimonial nacieron dos hijos, Fernando y Ser-
gio. Al cabo de los años, éste último, por razones de seguridad, optó por
vivir en Israel.
Entre sus actividades políticas la periodista fue militante del Partido
Revolucionario (PR) y ocupó cargos de relieve en la administración pú-
blica.
En 1968 Irma Flaquer sufrió un atentado, cuando trabajaba como se-
cretaria de prensa de la esposa del presidente de la República. Unos desco-
nocidos le lanzaron una granada mientras manejaba su auto y resultó he-
rida de gravedad. En esa oportunidad el presidente Méndez Montenegro
le ofreció su apoyo para abandonar el país. La víctima decidió perdonar
Caso ilustrativo No. 49
Desaparición forzada de Irma
Flaquer y ejecución extrajudicial
de Fernando Valle Flaquer
“Dile a Irma que se vaya inmediatamente
del país, ya le envié de nuevo el pasaporte, el
dinero y pasaje aéreo para Managua, no
quiero excusas que posterguen su viaje … Si
se queda yo no puedo hacer nada por ella, el
grupo que decidió su eliminación física está
totalmente fuera de mi control”.
486
486 Testigo directo CEH. Esta advertencia, según su testimonio, fue hecha el 14 de octubre de 1980
por el ministro de Gobernación de la época, en llamada telefónica al domicilio del ex esposo de
Irma Flaquer, Fernando Valle Arizpe.
487 Sobre las actividades periodísticas de la víctima, June Erlick, El secuestro de Irma Flaquer Azurdia,
en Sociedad Interamericana de Prensa, Crímenes sin castigo contra periodistas (1997), pgs. 62-66.
públicamente a sus agresores y escribió un libro titulado A las 12:15, El Sol
dedicado a “Mi querido asesino”.
488
Luego del atentado, Irma continuó con su labor periodística. Utilizó
su espacio en los medios de comunicación para criticar las violaciones de
los derechos humanos y denunciando la impunidad con que algunos sec-
tores actuaban.
Para la periodista, 1980 fue un año de intensa actividad. En enero es-
tuvo presente en la toma de la embajada de España.
489
Allí grabó el suceso,
entregando la cinta a una cadena de radiodifusión europea. Entre otras ac-
tividades, realizó reportajes sobre un cementerio clandestino localizado en
Chimaltenango.
490
También en el mes de enero la víctima, junto a otros ciudadanos gua-
temaltecos, fundaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que
se vieron obligados a disolver seis meses más tarde,
491
a consecuencia de
amenazas de muerte que recibieron. Esta situación determinó que sus fun-
dadores salieran del país, a excepción de Irma Flaquer.
Durante el Gobierno de Lucas García la periodista se relacionó con
personas muy influyentes
492
y desempeñó distintos cargos en la administra-
ción pública: psicóloga de la Dirección General de Presidios, miembro del
Consejo Asesor en Política Criminal y Prevención de la Delincuencia del
Ministerio de Gobernación y miembro suplente de la Junta Directiva de la
Empresa Eléctrica, nombrada por el presidente de la República.
493
El ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, fue compañero
de estudios del ex esposo de Irma Flaquer mientras realizaban los cursos de
primaria. Cuando Alvarez se graduó de Derecho la posición económica de
Fernando Valle Arizpe le permitió contratarlo como abogado y notario de
su empresa, y a resultas de este trato continuado surgió una amistad per-
sonal entre ellos.
Pero, al mismo tiempo, Irma Flaquer mantenía relaciones con oposi-
tores al régimen de Gobierno, en particular con representantes de las Fuer-
zas Armadas Rebeldes (FAR). Un testigo que fue miembro de esa organi-
zación, de la que se desvinculó en 1981, afirma que la periodista era mili-
156
488 June Erlick, El secuestro de Irma Flaquer Azurdia, en Sociedad Interamericana de Prensa, Crímenes
sin castigo contra periodistas, 1997, pg. 63, se refiere a este libro como “una sorprendente oda al per-
dón”. En el prólogo del mismo, Flaquer se dirige a los agresores diciéndoles: “Les he hecho daño, mu-
cho daño. La violencia de mis artículos periodísticos les hizo desear mi muerte. Ellos provocaron más vio-
lencia que la que ustedes ya habían padecido y los convirtió en asesinos. A lo mejor no debían sentirse cul-
pables porque suele suceder que los poseídos por el odio sólo son víctimas de las circunstancias de su vida.
Producto de circunstancias adversas. Por su propio dolor, se convierten en verdugos de otros”.
489 Testigo directo CEH. CI 79. Enero, 1980.
490 La Nación, 22 de marzo de 1980.
491 June Erlick, El secuestro de Irma Flaquer Azurdia, en Sociedad Interamericana de Prensa, Crímenes
sin castigo contra periodistas (1997), pg. 61.
492 Testigo directo CEH. Según este testimonio, “ella entraba al Palacio Nacional como entrar a su casa”.
493 El Gráfico, 18 de octubre de 1980.
tante de las FAR,
494
siendo su responsable Sergio Aníbal Ramírez.
495
Este
apareció muerto el 19 de agosto de 1980, luego de una supuesta entrevis-
ta que mantuvo con Irma Flaquer. Esta circunstancia, según asegura dicho
testigo, puede dar lugar a considerar que la periodista fue considerada
agente doble por parte de la organización guerrillera.
Sin embargo, en entrevistas mantenidas por la CEH con representan-
tes de las FAR, aunque sí confirman el asesinato de Sergio Aníbal Ramí-
rez, no relacionan el hecho con la supuesta entrevista que éste sostuvo con
Irma. También rechazan que la periodista haya sido doble agente.
Las insistentes amenazas de los grupos de extrema derecha obligaron a
Irma Flaquer a abandonar su trabajo en el diario La Nación. El vespertino
La Hora lo explicó con estas palabras: “Se vio obligada a retirarse y práctica-
mente a olvidarse de la carrera periodística debido a las múltiples amenazas de
muerte que había recibido por parte de organizaciones de extrema derecha; in-
cluso el nombre de la periodista había aparecido en hojas volantes que señala-
ban a personas que habrían de ser ultimadas”.
496
La periodista era vigilada incluso en su residencia. Ella misma preve-
nía a sus amigos y parientes sobre esa vigilancia. En varias oportunidades
comentó a varias personas allegadas sobre las amenazas de muerte que re-
cibía y el temor que sentía.
II. LOS HECHOS
El 14 de octubre de 1980 Donaldo Alvarez Ruiz, ministro de Gober-
nación, llamó a Fernando Valle para comunicarle el siguiente mensaje:
“Dile a Irma que se vaya inmediatamente del país, ya le envié de nue-
vo el pasaporte, el dinero y pasaje aéreo para Managua, no quiero ex-
cusas que posterguen su viaje … Si se queda yo no puedo hacer nada
por ella, el grupo que decidió su eliminación física está totalmente fue-
ra de mi control”.
497
Preocupado por la advertencia, Valle consideró hablar con un militar
amigo para que intercediera por su ex esposa, pero el ministro de Gober-
nación lo disuadió diciéndole, según expresa el testigo: “La decisión viene
de más arriba”.
498
157
494 Sin embargo, otros testimonios de miembros de las FAR recabados por la CEH afirman que, debi-
do a la compartimentación que existía en el grupo rebelde, ignoraban si la víctima militaba o no en
el mismo, aunque ello era posible.
495 Testigo de referencia CEH.
496 La Hora, 17 de octubre de 1980.
497 Testigo directo CEH.
498 Ibid. El amigo al que Fernando Valle pretendía llamar era un primo de Lucas García.
A pesar de la advertencia, Irma Flaquer no salió de Guatemala. Su ex
esposo le previno del peligro que suponía para ella quedarse un día más
en Guatemala: “Yo insistí que debía ser ese día [el 15 de octubre], le dije:
‘Mirá, Donaldo me dijo que hoy … tenés que irte, que mañana es tarde’, y
así fue”.
499
Las amenazas que había recibido la víctima se cumplieron el 16 de oc-
tubre de 1980. Ese día, Irma Flaquer almorzó en casa de su hijo Fernan-
do, ubicada en la 13 calle A y 2ª avenida de la zona 3. Frente a la residen-
cia, pudieron observar a una pareja de novios sentada en el bordillo de la
acera. Aquellos jóvenes tenían un maletín grande que llamó la atención de
los familiares de la periodista.
A pocas cuadras de la casa, en la 1ª avenida y 13 calle A, otros testigos
afirman que vieron a miembros de la policía judicial, armados, dentro de
un vehículo tipo jeep.
500
Hacia las seis y media de la tarde, cuando oscurecía, la periodista abor-
dó su vehículo en compañía de su hijo, quien ocupó el lugar del piloto.
Los parientes de Fernando observaron que, cuando el vehículo de Irma
Flaquer salió de la casa, los dos muchachos hicieron una señal a los ocu-
pantes de una panel color beige que se encontraba estacionada a una cua-
dra de la casa, que se desplazó de inmediato tras el vehículo de la víctima,
contra el que hicieron varios disparos.
501
Ante el ataque, Fernando viró con rumbo sur en la avenida del Ce-
menterio. A dos cuadras, en la 14 calle, la panel los rebasó y les cortó el pa-
so. Los desconocidos volvieron a dispararle. En ese momento, desde una
calle cercana, 13 calle “C”, salió un microbús cuyos tripulantes también
abrieron fuego contra ellos.
502
Fernando resultó gravemente herido; una
bala expansiva le penetró en la cabeza, perdió el control del volante, cho-
cando el vehículo que conducía contra la pared de una casa ubicada en la
14 calle y la avenida del Cementerio de la zona 3.
503
Irma Flaquer sufrió
heridas que no le impidieron salir del carro pidiendo a gritos ayuda médi-
ca para su hijo.
504
En ese momento varios individuos que participaron en
el ataque armado, dieron alcance a la periodista, cubrieron su rostro con
un pañuelo y rápidamente se la llevaron del lugar.
505
Dentro del expedien-
te no se establece de cuál de los vehículos salieron los sujetos que secues-
traron a Irma.
158
499 Testigo directo CEH.
500 Testigo de referencia CEH.
501 Ibid.
502 Ibid.
503 Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Expediente Judicial No. 4164-80.
504 Testigo de referencia CEH. Según este testigo, la víctima habría gritado: “Mi hijo está herido, lla-
men a un médico”.
505 Testigo de referencia CEH. Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Expediente
Judicial No. 4164-80. El Gráfico, 17 de octubre de 1980.
Un hombre que presenció los hechos fue perseguido por los agresores
hasta la 2ª avenida y 8ª calle de la zona uno,
506
donde lo ejecutaron.
507
La
CEH posee plena certeza de que otra persona que transitaba a la misma
hora y por el mismo lugar, fue herido en una pierna, y fue trasladado al
Centro Médico.
508
Menos de media hora después el vehículo de placas P-143196, propie-
dad de la víctima, en cuyo interior se encontraba su bolsa de mano, una
grabadora pequeña, cintas grabadas y otros instrumentos de trabajo, fue
retirado del lugar
509
y trasladado a la Brigada Militar Mariscal Zavala.
510
Fernando Valle Flaquer fue trasladado, en estado grave, al Hospital
General San Juan de Dios. Murió a las pocas horas de ingresar en el cen-
tro asistencial. Recibió sepultura el 18 de octubre de 1980.
Ese mismo día, el ex esposo de Irma Flaquer y padre de Fernando,
ofreció públicamente una recompensa para quienes ayudaran a esclarecer
el asesinato de su hijo y la desaparición de la periodista. Como resultado,
su casa fue ametrallada a las ocho de la noche.
Aunque la mayoría de los antecedentes registrados por la CEH puede
indicar la participación de las Fuerzas de Seguridad en el hecho, un testi-
go sostuvo la responsabilidad de las FAR en el mismo. Este, ex militante
de las FAR y desvinculado de la misma desde 1981, declaró ante la CEH
que él proporcionó a Irma Flaquer “una ruta fijada por la Dirección Na-
cional Ejecutiva de las FAR”, un punto de encuentro y uno de “reserva”,
trayecto predeterminado donde la secuestraron.
511
El supuesto conoci-
miento de la ruta que seguiría la víctima lleva a sostener al testigo que es-
te grupo guerrillero planificó y consumó la operación.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
La búsqueda que inició la familia de Irma Flaquer fue en vano. Visita-
ron morgues y hospitales tratando de identificar el cuerpo de la periodista
entre las decenas de cadáveres que por aquellas fechas a diario aparecían.
Un testigo ante la CEH manifestó que el arzobispo monseñor Mario
Casariego, amigo muy cercano de Irma Flaquer, habría manifestado a los
familiares de las víctimas su imposibilidad de oficiar misas públicas por
ella, debido a que “fuerzas superiores se lo habían impedido”.
512
159
506 Diario La Tarde, 17 de octubre de 1980, pg. 3.
507 Testigo de referencia CEH. Diario La Tarde, 17 de octubre de 1980.
508 Testigo directo CEH.
509 Testigo de referencia CEH.
510 Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Expediente Judicial No. 4164-80. Así lo
informó el 7 de noviembre de 1980, según consta en el documento, el tercer inspector general
del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional.
511 Testigo de referencia CEH.
512 Testigo de referencia CEH.
Son numerosos los informes públicos que aseguran conocer el parade-
ro de Irma Flaquer, pero ninguno de ellos proporciona antecedentes que
otorguen certeza a sus afirmaciones. Antonio García Borrajo, en un infor-
me preparado para la Federación Internacional de los Derechos del Hom-
bre, llegó a la conclusión de que Irma Flaquer se encontraba recluida en
una cárcel clandestina en la antigua Escuela Politécnica:
“Se encuentra en el subterráneo de una prisión clandestina de la Es-
cuela Politécnica de Guatemala, en un estado gravísimo, en una si-
tuación de demencia avanzada, consecuencia de las torturas que ella
sufrió y a las violaciones que ha debido aguantar … Durmiendo en
el suelo en los subterráneos citados, en condiciones y estado penosísi-
mos, su peso no llega a los cuarenta kilos”.
513
Los familiares de la víctima continuaron sufriendo amenazas.
514
Inclu-
so, el hijo menor de Irma Flaquer, residente en Israel, recibió llamadas de
este tipo. En una de ellas le dijeron que su madre se encontraba viva y en
estado de demencia.
515
Si bien el Gobierno lamentó formalmente la desaparición de la vícti-
ma y la muerte de su hijo,
516
no se produjo el menor esfuerzo oficial para
investigar lo ocurrido. En el proceso judicial la única diligencia practicada
fue el acta de reconocimiento del cadáver de Fernando, hijo de Irma. No
se practicó reconocimiento judicial sobre el vehículo, no se escuchó a los
familiares, ni se tomó declaración a la persona herida.
517
Los parientes de
las víctimas no pudieron recuperar el vehículo ni las demás pertenencias de
la desaparecida.
IV. CONCLUSIONES
Los variados y coincidentes elementos de convicción reunidos por la
CEH permiten reconstruir con suficiente precisión la forma en que suce-
dieron los hechos que determinaron la desaparición de Irma Flaquer. Di-
chos hechos derivaron de una decisión premeditada de eliminar a la vícti-
160
513 Antonio García Borrajo, Informe: Misión Especial a Guatemala para investigar sobre los Derechos
del Hombre y en particular sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (1983). June Erlick, por
su parte, manifiesta que el periodista guatemalteco José Calderón había afirmado en un artículo
publicado en el diario Excélsior de México que Irma Flaquer “había sido vista viva, trastornada y
terriblemente envejecida en una cárcel subterránea de la casa de [Donaldo] Alvarez en la Ciudad de
Guatemala”. (June Erlick, El secuestro de Irma Flaquer Azurdia, en Sociedad Interamericana de
Prensa, Crímenes sin castigo contra periodistas (1997), pg. 66).
514 Testigo directo CEH.
515 Testigo de referencia CEH.
516 El Gráfico, 18 de octubre de 1980.
517 Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Expediente Judicial No. 4164-80.
ma, acción en la cual fueron ejecutados arbitrariamente Fernando Valle
Flaquer, hijo de ésta, y un transeúnte que pasaba por el lugar del atentado,
resultando herida otra persona.
La existencia de un testimonio de referencia, único, que adjudica la
responsabilidad de los hechos a las Fuerzas Armadas Rebeldes, sumado a
otras referencias sobre algunas actividades de la periodista víctima de la de-
saparición, crearon en la Comisión una duda inicial razonable sobre dicho
aspecto de la investigación.
Sin embargo, la mayor cantidad de antecedentes recabados, todos con-
testes y provenientes de fuentes diversas, le permite establecer una presun-
ción simple de que, en los hechos, participaron agentes de Estado o suje-
tos que contaron con su aquiescencia o tolerancia y, en todo caso, con su
posterior protección y encubrimiento, constituyendo su desaparición, así
como la muerte de otras dos víctimas y las lesiones inferidas a un tercero,
violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad física de las
víctimas.
Entre aquellos antecedentes destacan la calidad de la víctima, su de-
nuncia pública de la violencia desatada desde el poder y de violaciones de
derechos humanos, las serias y comprobadas amenazas recibidas por ella,
algunas de las características del procedimiento empleado por los autores y
la omisa actitud de las autoridades encargadas de investigar el crimen, en
un contexto que hacía inverosímil concebir la impunidad de un hecho de
esta naturaleza sin que mediara tolerancia del Estado.
Atendida la circunstancia de no haberse realizado una investigación se-
ria del caso, la CEH se formó la convicción de que las autoridades respon-
sables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investi-
gar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.
De todos modos, el caso ilustra claramente los niveles de intolerancia
a que condujo el desarrollo del enfrentamiento armado interno, que deri-
vó en la pérdida, para Guatemala, de destacadas personalidades cuya elimi-
nación física significó una notable pérdida para el acervo cultural del país.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Fernando Valle Flaquer
Desaparición forzada, tortura, herido en atentado
Irma Marina Flaquer Azurdia
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
161
I. ANTECEDENTES
A partir de 1977 muchos pobladores maya ixil y k’iche’ de los muni-
cipios de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán, ubica-
dos en el norte del departamento de Quiché, se organizaron en el Comité
de Unidad Campesina (CUC).
En estos municipios se registraron en 1979 varios hechos de violencia
que fueron responsabilidad del Ejército.
520
En septiembre, siete campesinos
de la aldea Chicamán, municipio de Uspantán, fueron detenidos arbitra-
riamente por miembros del Ejército. Meses más tarde, vistieron a los pri-
sioneros con uniformes verde olivo y los hicieron caminar solos, en un si-
mulacro de emboscada y, por último, los ejecutaron. El 6 de diciembre de
1979 sus cadáveres fueron descubiertos en Chajul.
521
Días después, el Ejército informó de forma oficial que había dado
muerte a siete guerrilleros durante un enfrentamiento armado. De ahí en
adelante el Ejército desarrolló una escalada represiva en el municipio de
Chajul, combinando rastreos, controles, presencia masiva de carácter mi-
litar, cateos en las casas y detenciones arbitrarias de campesinos.
522
Como respuesta a la represión, campesinos maya ixil y k’iche’, hom-
bres, mujeres y niños, algunos de ellos miembros o líderes del CUC, via-
jaron a la ciudad capital para denunciar ante medios nacionales e interna-
cionales las graves violaciones de los derechos humanos que estaba sufrien-
Caso ilustrativo No. 79
La masacre en la Embajada de España
“…No nos ha quedado otra alternativa que
permanecer en la Embajada de España como
la única manera de hacer llegar nuestras de-
nuncias a todo el pueblo de Guatemala y a
los pueblos del mundo”.
518
“Ojalá que estos hechos lamentables e increí-
bles, que ocasionaron la muerte de hermanos
de sangre y de raza, nos hagan comprender a
plenitud el valor de la vida humana”.
519
518 Declaración pública de las comunidades indígenas que tomaron la embajada, con fecha 31 de
enero de 1980.
519 Prensa Libre, 22 de junio 1982, Mario Aguirre Godoy, “La tragedia de Guatemala en la Embaja-
da de España”.
520 C 16710. 1979, Quiché. C 11114. 1979, Quiché. C 3571. 1979, Quiché.
521 OEA/Ser.L/V/II.53, CIDH, 13 de octubre de 1981, pg. 30.
522 Ibid.
do la población. “Fueron en camionetas con compañeros de Nebaj, Chajul y
Cotzal. Cuando llegaron a Guate había gente de otro lugares, allí estaba Vi-
cente Menchú. Ellos sólo querían exigir sus derechos”.
523
La represión que el Ejército llevaba a cabo en el departamento de Qui-
ché alcanzó también a los sacerdotes que trabajaban en el área, muchos de
ellos de nacionalidad española, al igual que a los catequistas guatemalte-
cos.
524
Por esta razón, el 30 de enero de 1980 Máximo Cajal, embajador de
España en Guatemala, viajó al Quiché para hablar con los sacerdotes y,
además de ofrecerles protección, “…decirles que si alguno se sentía amena-
zado, él podría ayudar a sacarlos del país”.
525
En la visita que el embajador
de España hizo al departamento de El Quiché no se entrevistó con cam-
pesinos, limitándose a conversar con los sacerdotes y las religiosas españo-
les que trabajaban en el área. Así lo confirma un declarante: “…Con los in-
dígenas no tuvieron ningún trato, fueron a ver a los padres a los conven-
tos…”
526
En la ciudad capital los campesinos recorrieron muchos lugares para
que sus denuncias econtraran eco y fueran atendidas. Todo fue en vano. Se
les impidió el acceso al Congreso Nacional de la República
527
cuando in-
tentaban solicitar que se formara una delegación para que visitase los mu-
nicipios y verificara los hechos que motivaban sus protestas. El grupo no
logró obtener el apoyo que esperaba del Congreso Nacional.
Los medios de comunicación se negaron también a difundir la denun-
cia: “Todos los periodistas estábamos informados, sabíamos que un grupo de
personas provenientes de Uspantán, Chimel, de Quiché, se encontraba en Gua-
temala, realizando una serie de acciones porque estaba solicitando que se inte-
grara una comisión investigadora de la masacre de Chajul. Según ellos, esa ma-
sacre había sido cometida por el Ejército el 6 de diciembre … La prensa en ese
momento no destacó para nada las peticiones de los campesinos…”
528
Un declarante, que en aquella época tenía un cargo de relieve en un
medio de comunicación, afirmó: “Llegaron a las oficinas del periódico un
grupo de campesinos que querían hacer la denuncia de las atrocidades que es-
taban cometiendo contra ellos en Quiché, nos llevaron a la redacción la denun-
cia y, con mucha franqueza digo, no nos atrevimos a publicarla, y, lo mismo
que hice yo, lo hicieron todos los medios: nadie publicó la denuncia ¿qué los
obligamos a hacer? Ir a tomarse la Embajada de España”.
529
164
523 Testigo directo CEH (campesino de Xasbaj). C 3538. Enero, 1981, Quiché.
524 C 5582. 1979, Quiché. C 11465. 1980, Quiché. C 16018. 1980, Quiché.
525 Testigo directo CEH (sacerdote español). (T.C. 101).
526 Ibid.
527 Testigo en acto de conmemoración del 19 aniversario de la masacre cometida en la Embajada de
España, 29 de enero de 1999.
528 Ibid.
529 Testigo directo (director de un periódico en Guatemala) CEH. (T.C. 573).
Según un testigo, “…Estos campesinos intentaron ser oídos también por
la OEA y allí les cerraron las puertas … Es importante hacer notar que se to-
caron las puertas del Estado de Derecho. Se trató hacer funcionar el Estado de
Derecho antes de la toma de la Embajada … lo estoy diciendo como periodis-
ta, testigo de esa época…”
530
Sin embargo, fueron apoyados por estudiantes de la Universidad San
Carlos (USAC) y militantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin
García (FERG),
531
algunos sindicatos y diversas organizaciones populares.
Un declarante, que entonces cursaba la carrera de leyes en la Universidad
de San Carlos, relató: “…Nosotros les ayudamos … visitaron centrales sindi-
cales, colegios privados, institutos públicos, estuvieron en la prensa y todo. Su
principal demanda era que cesaran los bombardeos en Quiché, la represión, el
desaparecimiento de campesinos”.
532
En vista de que todas la vías formales para conseguir una respuesta de
las autoridades se habían agotado, buscaron otros medios para alcanzar sus
objetivos.
Es entonces cuando, con el apoyo de estudiantes, miembros del Fren-
te Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG) y del Ejército Guerri-
llero de los Pobres (EGP), se analizaron las posibilidades que existían para
ocupar una iglesia o una representación diplomática.
533
Optaron al fin por
ocupar una embajada. De acuerdo con lo señalado por un declarante:
“…Se barajaron distintas posibilidades de qué embajada podía ser y se trató
de buscar con un criterio operativo y político al mismo tiempo la embajada que
prestara mejores condiciones operativas, que fuera accesible y que se pudiera lle-
var a cabo esta ocupación, pero político también, buscando que fuera un Go-
bierno democrático, que, por lo menos, no tuviera una actitud contraria y más
bien pudiera servir de intermediario para encontrar una solución”.
534
Antes de tomar la decisión de ocupar la Embajada de España, se pen-
só en otras, como la de Panamá, la de algún país escandinavo, las de Ca-
nadá o Bélgica, que por su ubicación no reunían las mejores condiciones
operativas o de impacto público. Además, la Embajada de España tenía un
sistema de seguridad menos estricto que otras.
165
530 Testigo en acto de conmemoración del 19 aniversario de la masacre cometida en la Embajada de
España, 29 de enero de 1999.
531 Testigo directo (ex estudiante de la USAC) CEH. (T.C. 575). Cuenta: “En ese momento, también
compañeros del grupo de teatro y del periódico los empezaron a apoyar, yo me recuerdo de ... [que] fue-
ron con ellos a tomar la Embajada, la intención, según recuerdo, era hacer la denuncia y salir ... bien
pudo haber sido otro compañero, pude haber sido yo o cualquier otro el que se prestó voluntariamente
a acompañarlos”.
532 Testigo directo (ex estudiante de la USAC) CEH. (T.C. 575).
533 Testigo directo (ex miembro del EGP) CEH. (T.C. 23). Afirmó: “... la primera idea fue que se ocu-
para una iglesia, pero ocupar una iglesia era exponerse demasiado a nuevamente ser objeto de una re-
presión muy fuerte y se pensó, bueno, ya, una embajada, eso tiene repercusiones internacionales, se van
a medir mucho más, es decir, si no respetan una casa sagrada de la Iglesia, tal vez sí respetarían una
embajada”.
534 Ibid.
II. LA OCUPACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
A las once de la mañana del jueves 31 de enero de 1980, 27 personas,
la mayoría de ellos indígenas y representantes de organizaciones populares
de Quiché, y algunos estudiantes, ingresaron de forma pacífica en la Em-
bajada de España.
En el momento de producirse la ocupación el embajador, Máximo
Cajal, se encontraba en su despacho. Mantenía una reunión con tres juris-
tas guatemaltecos, Adolfo Molina Orantes, ex ministro de Relaciones Ex-
teriores de Guatemala, Eduardo Cáceres Lenhoff, ex vicepresidente de la
República de Guatemala, y Mario Aguirre Godoy, profesor de la facultad
de Derecho de la Universidad San Carlos. Estos prestigiosos abogados, con
anterioridad y por escrito, habían solicitado este encuentro para pedir apo-
yo económico del Gobierno español, con el propósito de preparar un acto
académico.
Mario Aguirre Godoy, quien salió ileso y logró escapar antes de que se
produjera el incendio de la Embajada, relató con posterioridad la entrada
de los ocupantes en la sede diplomática: “…El doctor Molina Orantes expu-
so el objeto de nuestra visita, entonces entró por primera vez la persona que nos
había atendido al ingresar nosotros a la sede diplomática y dijo: ‘Señor Emba-
jador, quiere usted salir, porque lo necesitan abajo”.
535
El Embajador contes-
tó a dicha persona, el secretario de Embajada Jaime Ruíz del Arbol, que
atendiera a quienes acababan de llegar y que procediera a recibir sus peti-
ciones para atenderlos al final de la reunión, y reanudó su diálogo con los
juristas. Pocos minutos después informaron al diplomático español de que
los visitantes habían cerrado las puertas de la sede, diciendo que la habían
ocupado. En ese momento bajó el embajador.
El grupo de campesinos y estudiantes, que llevaban sombreros y los
rostros cubiertos, se encontraba en el primer nivel de la sede. Comunica-
ron al embajador las causas, propósitos y peticiones de la ocupación pací-
fica a través de una declaración pública, donde se exponía en detalle la re-
presión que estaban sufriendo las comunidades:
“…Toda esta injusticia, toda esta maldad y toda esta cobardía del
Ejército Nacional es lo que venimos a denunciar a la capital, pero
también aquí fuimos perseguidos y amenazados por las fuerzas repre-
sivas. Los periódicos y las radios no querían publicar nada porque
también sus trabajadores han sido amenazados de muerte por el Go-
166
535 Prensa Libre, 17 de junio de 1982, Mario Aguirre Godoy, “La tragedia de Guatemala en la Emba-
jada de España”. Expediente 547-80, 1980, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, fs. 87.
bierno … por todos estos hechos no nos ha quedado otra alternativa
que permanecer en la embajada de España como la única manera de
hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los
pueblos del mundo. Estamos firmemente decididos a permanecer den-
tro de la embajada hasta que las peticiones que les hacemos a ustedes
sean resueltas favorablemente …”
536
En el interior de la sede diplomática se encontraban también, además
del español Jaime Ruiz del Arbol, la española María Teresa de Villa, visi-
tante que había acudido a realizar gestiones, y otros funcionarios de nacio-
nalidad guatemalteca: Felipe Sáenz Martínez, canciller de la Embajada de
España; María Lucrecia Rivas de Anleu, secretaria; Nora Adela Mena Acei-
tuno, secretaria; Miriam Rodríguez Urrutia, secretaria; Mary Wilken de
Barillas, oficial de la cancillería, y María Cristina Melgar, cocinera.
Desde los primeros momentos de la ocupación el embajador español
intentó poner fin a la situación irregular que afectaba a la sede diplomáti-
ca. Expresó a los ocupantes que garantizaba que sus demandas llegarían al
Gobierno español y a otros gobiernos amigos, y les conminó a que se reti-
raran porque, si la noticia de su presencia trascendía, podía acudir la Poli-
cía y producir violencias innecesarias.
Los ocupantes no depusieron su actitud. Al contrario, venían dispues-
tos a continuar varios días en la embajada, ya que traían consigo una con-
siderable cantidad de alimentos (tortillas, maíz, fruta etc.).
Alrededor de las once y media de la mañana desplegaron banderas y
pancartas por el exterior de la Embajada en las que se leía: “Condenamos la
masacre de Chajul”. El embajador solicitó a los ocupantes que se autoriza-
ra la salida del personal de la Embajada y se ofreció personalmente para
permanecer en ella junto con el secretario de Embajada. Los ocupantes di-
jeron que contemplaban la salida de algunas personas, en especial de las
mujeres, pero que, como primera medida, tenían que comunicarse con la
Cruz Roja. Autorizaron al embajador para que conversara por teléfono con
las autoridades guatemaltecas y evitara la entrada de la Policía.
“El Embajador intentó hablar con el canciller Castillo Valdés, pero le
fue imposible. Le dijeron también desde el Ministerio de Relaciones
Exteriores que el jefe de Protocolo no estaba y que el segundo jefe de
Protocolo se encontraba de vacaciones. Pudo finalmente tomar con-
tacto con el Viceministro de Relaciones Exteriores, … todas las llama-
das fueron realizadas siempre en presencia de los ocupantes, sin vio-
lencia alguna, tenían sin embargo controlados a todos individual-
167
536 Declaración pública de fecha 31 de enero de 1980 suscrita por las comunidades campesinas de
Chajul, Nebaj, Cotzal y San Miguel Uspantán.
mente. El embajador señaló al viceministro que la embajada había
sido ocupada por gentes que dicen ser campesinos de El Quiché, el vi-
ceministro preguntó: ‘¿Pero son campesinos o no son campesinos?,’ a lo
que el embajador Cajal respondió: ‘Pues mire usted, no estoy en con-
diciones de verificarlo; yo lo que le pido es que traslade usted al Sr. mi-
nistro y a las autoridades competentes mi ruego de que la Policía se re-
tire, porque creo que esto será una medida de prudencia que contri-
buirá a aliviar la tensión y evitará mayores problemas’. El embajador
de España trató también de llamar al ministro de la Gobernación ….
Se puso al teléfono su secretaria quien le señaló que estaba reunido. El
embajador Cajal insistió en que era una llamada muy urgente debi-
do a que la embajada había sido ocupada y que tenía absoluta nece-
sidad de hablar con el ministro”.
537
En tanto esto ocurría, el Gobierno del general Lucas García recibía las
primeras noticias de la ocupación. Un declarante relató que el ministro de
Gobernación “…le comentó la situación y Lucas dice: ‘Sáquenlos a como dé
lugar’. El Gobierno pensó que era un foco de propaganda allí, por la dimen-
sión que iba tomando era mejor terminarlo allí. Ese ‘sáquenlos a como dé lu-
gar’ fue transmitido literalmente…” por el ministro de Gobernación al di-
rector de la Policía Nacional y éste, a su vez, trasladó la orden en los mis-
mos términos al tercer jefe de la Policía Nacional. “…En la práctica, la or-
den se convirtió en un romper puertas…”
538
Al cabo de unos 15 minutos se presentaron los primeros policías ante
la embajada. Por iniciativa propia, el embajador consideró oportuno evitar
que la policía acudiera de forma masiva y de nuevo intentó hacer gestio-
nes en este sentido, vía telefónica, con las autoridades guatemaltecas.
Las negativas del personal del Gobierno guatemalteco ante las reitera-
das y urgentes llamadas telefónicas efectuadas por el embajador no fueron
casuales.
539
Un declarante relató la forma como se adoptaron las decisiones
dentro del Gobierno: “…Del despacho del ministro entraban y salían los que
allí estaban reunidos. Pregunté a los otros: ‘¿Serán guerrilleros?’. Donaldo con-
testó: ‘No, si fueran guerrilleros, ya habrían tirado el primer cadáver como
muestra de fuerza’. El sabía desde un principio que se trataba de un grupo de
campesinos, estudiantes y pobladores … Donaldo le avisa a Lucas lo que está
pasando, con la información básica sobre la situación y se quedan a la espera,
mientras se toman medidas preventivas a través del tercer jefe de la Policía Na-
cional … quien era el encargado del operativo en el lugar. Chupina le daba las
órdenes directamente, que estuviera pendiente de las órdenes del presidente. Lu-
168
537 Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
538 Testigo directo CEH. (T.C. 153).
539 Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
cas ha de haberse reunido con García Granados, algunos otros y Héctor Mon-
talván, jefe del EMP [Estado Mayor Presidencial], para tomar una decisión
… Mientras esto pasaba en la Presidencia, la secretaria del ministro le avisa a
Donaldo que hay una llamada directa del canciller español, Marcelino Oreja,
que le urge hablar con el Gobierno. Donaldo le dice a la secretaria: ‘Dígale que
no estoy’. A la vez, venía corriendo la secretaria del canciller guatemalteco a de-
cirle al canciller que tenía una llamada directa de Madrid. Igual, el canciller
y coronel Rafel Castillo Valdés le instruye a decir que no está. En eso, el emba-
jador Cajal también llama a la Cancillería guatemalteca y al ministro de Go-
bernación y, como las han instruído, las dos secretarias niegan la presencia de
sus jefes. Es decir, a Cajal le es negado el acceso directo que buscaba, se le hace
imposible la comunicación oficial. Esta actitud de los ministros respondía a
una decisión presidencial…”
540
La Embajada fue rodeada por decenas de agentes de seguridad.
III.LA INVASIÓN DE LA SEDE DIPLOMÁTICA
POR
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Rotos los canales regulares de comunicación con las autoridades gua-
temaltecas, e inútiles incluso las líneas telefónicas, que muy probablemen-
te habían sido cortadas desde fuera por la Policía, y luego de advertir que
las fuerzas de seguridad del Estado daban comienzo a la invasión de la se-
de, hacia la una de la tarde uno de los ocupantes y después el embajador,
hablando por medio de un megáfono, pidieron reiteradamente a las fuer-
zas policiales que se retiraran del edificio. El embajador informó al mando
del operativo que los ocupantes aceptaban abandonar de modo pacífico la
Embajada.
La petición del diplomático español no fue atendida. Decenas de
agentes uniformados y algunos de civil de la Policía Nacional, judiciales y
miembros de la Inteligencia del Ejército, fuertemente armados, dieron ini-
cio al asalto de la sede, infringiendo la inviolabilidad que ampara a los
agentes diplomáticos y al local de su respectiva misión,
541
al hacerlo ante la
clara oposición de su titular.
Los elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, armados con
metralletas, fusiles, pistolas y revólveres penetraron por los jardines y esca-
169
540 Testigo directo CEH. (T.C. 153).
541 Artículos 22, 27 y 29 del Convenio de Viena, ratificado por Guatemala el primero de octubre de
1963, sobre relaciones diplomáticas, que establece la prohibición de penetrar en sedes diplomá-
ticas sin el consentimiento del jefe de la misión, y la obligación del Estado de proteger tanto el
recinto diplomático como a sus agentes.
laron los balcones hasta llegar al techo, donde intentaron practicar una
abertura para acceder al interior, y rompieron puertas y ventanas. Del ex-
terior de la Embajada, de personas que estaban observándolo, llegaban los
gritos que pedían que los agentes se retiraran.
En el interior del recinto, tanto el embajador como Adolfo Molina
Orantes intentaron convencerles de nuevo de que retrocedieran y pidieron
la presencia de un interlocutor responsable:
“…Yo recuerdo muy bien a Adolfo Molina Orantes cuando le expli-
ca a las fuerzas de seguridad que se retiren. Les hace ver que él fue mi-
nistro de Relaciones Exteriores, que sabe lo delicado que es el momen-
to y que hagan favor de retirarse…”
542
Dentro de la Embajada el nerviosismo crecía. Los agentes de la Policía
entraron en la sede y los ocupantes decidieron, corriendo la orden, refu-
giarse en el despacho del embajador. “…Cuando la fuerza pública tomó la
determinación de entrar al interior del segundo piso, el joven que a mí me pa-
reció más decidido y que transmitía las decisiones en voz alta gritó ‘están en-
trando’, todos los ocupantes que se encontraban en el pasillo del segundo piso se
concentraron en el despacho del señor embajador empujando hacia adentro a
todos los que estaban afuera”.
543
Mario Aguirre Godoy aprovechó un descui-
do de los ocupantes para deslizarse hasta la sala de visitas, donde ya se en-
contraba la Policía, y se salvó. Los ocupantes cerraron la puerta del despa-
cho del embajador, utilizando como trancas un sofá y una consola. Segui-
damente la Policía empezó a derribar la puerta a golpes.
Los ocupantes pedían la presencia del presidente de la Cruz Roja, Sr.
Bauer Arzú, que subieran periodistas para garantizar que no los mataran y
un bus para trasladarse de inmediato a la Universidad de San Carlos. La
Policía se negó a aceptar condiciones. Utilizando hachas y picos, los agen-
tes de seguridad rompieron la puerta e hicieron un orificio.
Ninguna solicitud de negociación fue atendida por los agentes de se-
guridad. En el recinto donde se encontraban los 37 ocupantes y rehenes,
el embajador continuaba pidiendo a gritos, pegado a la puerta, que se aten-
dieran las peticiones. Cuando pedían un plazo para negociar, la respuesta
textual era: “De acuerdo, les damos a ustedes un plazo para negociar: tienen
dos minutos”. Los rehenes fueron tratados por los policías con la misma du-
reza que aplicaron a los ocupantes. En un momento determinado el diplo-
mático gritó: “Esta gente está llegando al límite de la desesperación … han sa-
170
542 Testigo en acto de conmemoración del 19 aniversario de la masacre cometida en la Embajada de
España, 29 de enero de 1999.
543 Expediente 547-80, 1980, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, fs. 88, Mario Aguirre
Godoy, ob. cit.
cado cocteles molotov y aquí vamos a morir todos”. Los policías contestaron:
“Pues si morimos, morimos todos”.
544
Fuera de la Embajada, al haberse divulgado con gran rapidez la noti-
cia de que la sede diplomática española había sido ocupada, comenzaron a
presentarse los periodistas: “…Cuando nosotros llegamos, una de las cosas que
me sorprendió más fue que [a] los periodistas nos dejaron movernos libremen-
te … Había estado anteriormente en otras tomas de embajadas, la Embajada
suiza, la Embajada de México, pero nos habían puesto muchas limitaciones a
la movilización …, pero aquí no. Tuve el presentimiento de que ahí iba a ocu-
rrir algo, como que ya se había tomado la decisión de escarmentar…”
545
Numerosos testigos que presenciaron los hechos desde fuera de la Em-
bajada, entre los que se encontraban familiares directos de los rehenes, in-
tentaron persuadir a las Fuerzas de Seguridad para que se abstuvieran de
asaltar el edificio. Sin embargo, la actitud de los agentes fue la que se ha
descrito. Uno de los testigos se dirigió hacia las personas que comandaban
el operativo y les solicitó que “…recapacitaran en su intento de tomar la Em-
bajada, ya que ponían en peligro la seguridad de los rehenes … Me respondie-
ron ambos que seguían órdenes superiores, por lo que yo les pedí tiempo para
tratar de cambiar dichas órdenes, habiéndome concedido 15 a 20 minutos …
nunca frenaron los intentos de penetrar a la Embajada”.
546
Un ciudadano español y un empleado de la Embajada que se encon-
traban en el exterior del recinto, en la puerta de entrada, vieron cómo un
policía subía las escaleras en dirección al despacho del embajador cargan-
do un artefacto que le colgaba en bandolera. Advirtieron que no se trata-
ba de un arma para disparar gases lacrimógenos sino que, según técnicos
españoles, debió ser un lanzallamas o un expulsor de gas inerte.
547
IV. LA MASACRE
Mientras tanto, en el interior de la Embajada los hechos comenzaron
a precipitarse. Pese a las peticiones del embajador, que se encontraba más
cerca de la puerta del despacho acompañado del secretario de Embajada,
los agentes de la Policía, entre treinta y cuarenta, continuaban tratando de
abrir a golpes un orificio en la puerta: “Cuando la puerta estaba práctica-
171
544 Informe del embajador Máximo Cajal.
545 Testigo en acto de conmemoración del 19 aniversario de la masacre cometida en la Embajada de
España, 29 de enero de 1999.
546 Expediente 547-80, 1980, Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, fs. 30.
547 El Estado Mayor del Ejército Español, el 30 de abril de 1981, confirmó que en la fotografía del
semanario Cambio 16 del 17 de febrero de 1981, en la que se ve a un policía armado, “según in-
forma la Dirección General de Armamento y Material, al parecer se trata de un lanzador de niebla
paralizante e irritante de la piel y en especial de los ojos. Puede causar grandes daños si se aplica en
cantidad y a pequeña distancia. Parece que puede proceder de Israel”.
mente hecha astillas dieron un empujón final y, en ese momento, algunos de los
ocupantes sacaron revólveres o pistolas y tres o cuatro cócteles molotov, un poco
antes habían intentado arrojar uno, no había estallado y tiraron una cerilla,
que yo apagué con un pie, sin que tomaran ninguna represalia contra mí
548
…
Cuando la puerta se derribó, el sofá y la consola cayeron; todos retrocedimos
unos pasos y, súbitamente, se produjo una enorme llamarada en la puerta, des-
pués de una leve explosión, como una detonación amortiguada …”
549
“… Ví
mis manos ardiendo. No lo pensé dos veces. Salté hacia delante por entre el fue-
go …”
550
Minutos antes los policías habían intentado introducir un bote de
color rojo por el orificio abierto en la puerta, lo que el embajador, en ese
momento, logró impedir.
551
“El programa de televisión Aquí el Mundo reportó que la policía no hizo
nada cuando el fuego empezó. El público en la calle gritaba: ‘Se están queman-
do vivos, rompan la puerta’, mientras tanto la Policía se mantuvo totalmente
pasiva”.
552
Sobre el origen del incendio no se realizaron peritajes por parte del Or-
gano Judicial y falta la información forense sobre el hecho. En el informe
realizado por el Estado Mayor del Ejército Español, basado en investiga-
ciones periciales, se “considera muy probable que se utilizara gas inerte o al-
go similar, lo que produce parálisis inmediata del atacado … por las condicio-
nes del lugar, la postura petrificada de los cadáveres, su posición frontal y la no
carencia de oxígeno en el cuarto de la tragedia, no parece posible concluir que
la gasolina de un cóctel molotov haya terminado con todas las vidas”.
553
Un testigo que más tarde pudo ver los cadáveres en la morgue relata:
“… [en las fotos] todos los cadáveres están pilados en una esquina uno sobre
otros … lo que da la impresión es de alguien que se va para atrás … tuvo que
haber sido algo muy fuerte, como un lanzallamas, para que se hayan ido para
atrás y empiezan a caer unos encima de otros … además, la mayoría está bo-
carriba y con los brazos abiertos … Gregorio Yujá sobrevive porque está hasta
abajo … la ropa de los de encima está totalmente quemada, la de los abajo no
… lo que da la impresión es de un fuego muy violento y muy corto, y una ex-
plosión … me imagino por los gases que debió haber algún tipo de explosión
porque había cuerpos abiertos y calcinados. Había ojos saltados … entonces fue
una cosa muy violenta. … recibió una llamada de un médico que estaba tra-
bajando en una dependencia del Estado, que le dijo que él había participado
… en la autopsia … explicó que su experiencia había sido que ese tipo de
172
548 Declaraciones del embajador Máximo Cajal, extraídas del Informe de Cancillería, Ob.cit.
549 Informe del embajador Máximo Cajal sobre los hechos. Febrero, 1980.
550 Declaración del embajador Máximo Cajal a Cambio 16, Nº 479 de 2 de febrero de 1981, pg. 56.
551 Embajador Máximo Cajal. Los sucesos ocurridos en la cancillería de la embajada de España en
Guatemala, el jueves 31 de enero de 1980. Junio, 1998.
552 OEA/Ser.L/V/II.53, CIDH, 13 de octubre de 1981, pg. 33.
553 Informe del Estado Mayor del Ejército Español, 30 de abril de 1981.
muerte por la forma en que habían sido quemados y por la forma en que ha-
bían quedado los cuerpos, sólo lo produce el fósforo blanco…”
554
Un testigo que acudió a la morgue para recuperar los cadáveres relata:
“No se me olvida la tarea titánica de separar los cadáveres calcinados uno de
otro … los separábamos y se despedazaban. La parte de un cuerpo se quedaba
pegada en otro, se fundieron … Para poderlos poner cada uno en sus cajas fue-
ron casi 14 horas tratando de identificarlos … casi ninguno tenía la cara re-
conocible y después dicen que se autoinmolaron …”
555
Todos los elementos de que dispone la CEH indican que las fuerzas
policiales, una vez que ven que sus coacciones no provocan la salida de los
ocupantes y que la utilización de botes de gases lacrimógenos no resulta
factible, inmediatamente después de haber derribado la puerta, utilizan un
lanzallamas o un lanzador de gas inerte contra todas las personas que se en-
contraban dentro del despacho del embajador, alcanzándolas, en su mayo-
ría, de la cintura hacia arriba de sus cuerpos, proyectándolas hacia atrás
unas encima de otras. El fuego provocado se propagó desde esa altura me-
dia hacia la parte superior del despacho. Los cócteles molotov que llevaban
los ocupantes, a consecuencia de ello, se habrían incendiado igualmente.
El embajador, que se encontraba cerca de la puerta, aunque a un lado, se
ve afectado porque las llamas le queman la cara y manos. Previsiblemente,
por reacción instintiva de conservación, se lanzó entonces hacia la puerta,
lo que le permitió salvar la vida. Gregorio Yujá, que se hallaba en el suelo,
cubierto por los cuerpos de otros ocupantes, se vio protegido por ellos y
logra salvar inicialmente su vida.
Hacia las tres de la tarde, una vez desatado el voraz incendio dentro de
la Embajada, las fuerzas de seguridad presentes no hicieron nada para de-
tener el fuego o para rescatar a los ocupantes; tampoco los bomberos pu-
dieron intervenir de inmediato. El fuego creció y duró unos 3 minutos. Pa-
saron, sin embargo, 10 minutos hasta que una unidad de bomberos pudo
actuar, unas cuatro horas después de la toma de la Embajada.
El embajador, que había logrado escapar de las llamas y salir del recin-
to, resultó con quemaduras en las manos y en la cara, y fue recibido de for-
ma agresiva por la Policía, que le zarandeó y trató de detenerlo. Mediante
una rápida intervención de la Cruz Roja se evitó que lo detuvieran e inclu-
so que le mataran,
556
logrando que se le trasladara en seguida al Hospital
Herrera Llerandi.
173
554 Testigo de referencia CEH. (T. C. 861).
555 Testigo en acto de conmemoración del 19 aniversario de la masacre cometida en la Embajada de
España, 29 de enero de 1999.
556 Informe de Máximo Cajal, febrero de 1980, “La señora Odette Arzú, de la Cruz Roja ... gritaba
que yo era el embajador de España, porque al parecer uno de los policías tenía un revólver amartilla-
do apuntándome a la cabeza y, según ella ... si no está conmigo me pegan un tiro...”
Se vio salir humo muy espeso por las ventanas de la sede y 37 perso-
nas que se encontraban en el interior de esa sección de la Embajada mu-
rieron quemadas vivas. Sólo Gregorio Yujá Xoná se salvó al encontrarse
caído en el suelo, al fondo del despacho, cubierto bajo otros cadáveres.
Con muy severas quemaduras en todo el cuerpo, fue trasladado por los
bomberos también al Hospital Herrera Llerandi, donde se le internó en es-
tado grave. Entre los muertos se encontraban las personalidades ya men-
cionadas, Eduardo Cáceres Lenhoff, Adolfo Molina Orantes
557
y el secreta-
rio de Embajada, el diplomático Jaime Ruíz del Arbol, al igual que los de-
más visitantes, empleados de la sede diplomática y ocupantes.
Yujá y el embajador español fueron los únicos testigos de lo ocurrido
en el interior de la Embajada. Tanto el uno como el otro fueron custodia-
dos por policías nacionales mientras permanecieron en el hospital.
V. SECUESTRO, TORTURAS Y EJECUCIÓN
ARBITRARIA DE
GREGORIO YUJÁ
El 1 de febrero, a las ocho y veinte de la mañana, un día después de
que Yujá ingresara en el hospital, los agentes de la Policía que custodiaban
a los heridos abandonaron su puesto de guardia, quedando así desprotegi-
dos los únicos sobrevivientes y testigos de los hechos.
Varias personas se encontraban en el cuarto del embajador Cajal, entre
ellas su homólogo de Costa Rica. A eso de las ocho y treinta, cuando éste
salía del edificio para abordar su automóvil, vio cómo un grupo de 20 hom-
bres armados entraba en el hospital. Iban vestidos de civil, con guayaberas
y sombrero de petate.
558
Presumiblemente eran miembros de la Judicial. Te-
miendo por la vida del embajador Cajal, el diplomático regresó a la habita-
ción de éste y lo encontró todavía acompañado por las otras personas.
559
El comando ingresó al hospital, inmovilizó al personal médico, a los
auxiliares y a las enfermeras y entró seguidamente al cuarto donde se en-
contraba Yujá. Lo sacaron a la fuerza de su cama, cargándolo entre varios
y llevándoselo con rumbo desconocido. La acción duró 20 o 25 minutos.
Alrededor de las nueve y veinte, los agentes de la Policía Nacional volvie-
ron a montar guardia ante la habitación de Cajal.
Para garantizar la seguridad del embajador Cajal, sobre las ocho y cua-
renta y cinco de la noche, familiares y diplomáticos le condujeron en cali-
174
557 Según el informe forense, el cadáver de Adolfo Molina Orantes presentó quemaduras extensas en
todo el cuerpo y una herida penetrante por proyectil de arma de fuego en el tórax. No existe in-
forme balístico en el expediente judicial.
558 Informe de la Cancillería de España, Ob.cit.
559 Un religioso y un miembro de la Misión de Asistencia Técnica Española.
dad de huésped a la Embajada de los Estados Unidos. Durante el traslado
fue seguido por carros sin placas.
560
El 2 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de Gregorio Yujá,
con evidentes signos de haber sido torturado, a pesar de encontrarse grave
y con gran parte de su cuerpo quemado. Su cadáver había sido arrojado en
la madrugada frente a la Rectoría de la Universidad San Carlos.
VI. EJECUCIONES ARBITRARIAS DE ALUMNOS DE
LA
USAC DURANTE EL CORTEJO FÚNEBRE
DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN LA
EMBAJADA DE
ESPAÑA
El 2 de febrero, sábado, desde primeras horas de la mañana la Policía
Nacional montó un cerco de seguridad en la ciudad capital. Mientras tan-
to, una multitud de personas acompañaba el cortejo fúnebre de las vícti-
mas del 31 de enero. Cuando el cortejo se disponía a salir, dos estudiantes
de la USAC, militantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin Gar-
cía (FERG), Gustavo Adolfo Hernández, presidente de la Asociación de
Estudiantes de Medicina (AEM), y Jesús España fueron ejecutados en la 2ª
avenida, entre 11 y 10ª calle de la zona 1.
También Liliana Negreros, alumna de la USAC, fue desaparecida
por la Policía Nacional durante la procesión fúnebre por las víctimas de
la Embajada española. El 20 de marzo de 1980 fue encontrado su cuer-
po en un cementerio clandestino, cerca de la cabecera municipal de Co-
malapa.
VII. LOS SUCESOS POSTERIORES
El Gobierno de Guatemala, utilizando la prensa nacional, desató una
campaña de desprestigio público hacia los ocupantes de la Embajada que
habían muerto. La figura del embajador Cajal fue también objeto de la
misma campaña. El Gobierno de Guatemala acusó a los ocupantes de ser
miembros de la guerrilla y puso en duda la actuación del diplomático es-
pañol, tergiversando los motivos que había tenido para viajar al Quiché un
175
560 Informe de la Cancillería española, Ob.cit. “... al iniciarse la salida de los cuatro automóviles con
placas diplomáticas, un jeep del Cuerpo de Detectives intentó perseguir la caravana. Con gran presen-
cia de ánimo, el embajador de Venezuela, se apeó del vehículo, se encaró con el presunto oficial al man-
do y le indicó tajantemente que desde aquel instante la seguridad personal del embajador de España
era de su única y exclusiva incumbencia. Aprovechando la confusión que produjo en la policía la in-
tervención del embajador de Venezuela, los cuatro vehículos que participaban en la operación partie-
ron a gran velocidad, llegando sin incidentes a la residencia de la Embajada de Estados Unidos”.
día antes de la ocupación, sosteniendo asimismo que había existido un
acuerdo previo entre el embajador y los ocupantes.
561
Hechos posteriores justificaron de sobra la oportunidad y convenien-
cia de la visita del embajador a los sacerdotes españoles amenazados de
muerte en Quiché. Varios de los religiosos españoles que venían sufrien-
do amenazas fueron ejecutados arbitrariamente en el término de un año,
por miembros del Ejército: el padre Juan Alonso Fernández, en Uspantán;
el padre Faustino Villanueva, en Joyabaj; y el padre José María Gran, en
Chajul.
562
Ante la gravedad de los hechos y el silencio que mantenía al repecto el
Gobierno de Guatemala, el Gobierno español condenó los hechos y la
conducta de las autoridades guatemaltecas, exigió el total esclarecimiento
de lo ocurrido y comunicó oficialmente la ruptura de relaciones diplomá-
ticas con Guatemala.
563
En respuesta, Romeo Lucas García, jefe de Estado
de Guatemala, en carta al presidente español, Adolfo Suárez, solicitó que
se restablecieran los vínculos diplómaticos y explicó que “una sólida y gra-
nítica comunidad, no debe ponerse en peligro por incidentes aislados como del
31 de enero de 1980, que si bien revisten gravedad, escapan al control huma-
no y pueden ocurrir en cualquier parte del mundo”.
564
Habrían de transcurrir cuatro años para que se reanudaran las relacio-
nes diplomáticas entre los dos países. En el documento suscrito entonces
por ambos Gobiernos, Guatemala reconoció el allanamiento de la Emba-
jada española, la violación de la Convención de Viena y ofreció asumir las
responsabilidades de los hechos.
565
En el ámbito internacional, la Organización de los Estados America-
nos (OEA) se pronunció respecto a los hechos declarando “…su rechazo a
todos los actos de violencia perpetrados en el recinto de la Embajada de Espa-
ña en Guatemala, que violan normas de Derecho Internacional, afectan prin-
cipios tradicionalmente respetados por las Naciones americanas y han ocasio-
nado irreparables pérdidas de vidas humanas”.
566
176
561 Informe de la Cancillería española, Ob. Cit., pg. 22. “...se inicia a través del canal de TV espacio
de noticias Aquí el Mundo, dirigido por el Sr. Mario David García, la campaña de falsedades, ca-
lumnias e injurias dirigidas contra el embajador Cajal ... la campaña de desprestigio en gran escala,
animada y financiada en la prensa a través de campos pagados por conocidos circulos de extrema de-
recha y la Secretaría de Relaciones Públicas del Ejército, acusaba al embajador entre insensateces de es-
tar en connivencia con los ocupantes ... el paraxismo llegó al límite cuando se le acusó de ¡saliar con
vida!”
562 C 3212. 1980, Quiché. Además, la CEH registró en Quiché 12 casos de catequistas que murie-
ron por acciones de agentes del Estado, desde 1980 hasta 1982.
563 Nota Verbal, Ministerio de Asuntos Exteriores para la embajada de Guatemala en Madrid, 1 de
febrero de 1980.
564 Nota suscrita por Romeo Lucas García dirigida a Adolfo Suárez, con fecha 4 de febrero de 1980.
565 Comunicado de Prensa, Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Madrid, 22 de septiembre de 1984.
566 Así fue manifestado por los embajadores de los paises del Grupo Andino y por la OEA.
El Parlamento Europeo emitió una resolución según la que “Conmo-
vidos por los acontecimientos recientes sucedidos en Guatemala y especialmen-
te por el incendio criminal de la Embajada de España por la policía y cons-
ciente de que esta tragedia revela la amplitud y ferocidad de la represión que
sufre el país, denuncia la intervención brutal de las fuerzas de orden, condena
la violencia terrorista a la cual está sujeto el pueblo de Guatemala, especial-
mente la población indígena, por lo que invita a los Estados miembros a rea-
lizar un boicot diplomático al régimen dictatorial…”
567
VIII. LA IMPUNIDAD
El 31 de enero de 1980 el Juzgado Séptimo de Paz del Ramo Penal de
Guatemala ordenó instruir la investigación sobre los hechos ocurridos en
la Embajada de España.
En cuanto a los informes médicos forenses, sólo constan las necropsias
practicadas a 34 víctimas. Todos los informes señalan como la causa de
muerte quemaduras de cuarto y tercer grado.
568
No consta en el expediente judicial la declaración del principal testi-
go, el embajador español Máximo Cajal. Se recibieron, en cambio, cuatro
declaraciones: una del hijo de uno de los rehenes, la de dos chóferes que
presenciaron los hechos desde afuera, y la de Mario Arturo Aguirre Godoy,
que estuvo dentro de la Embajada hasta minutos antes de que se desenca-
denara el incendio. No se elaboraron informes periciales que permitieran
establecer las causas del siniestro. No se ordenaron, y, por lo tanto, no se
recibieron declaraciones de policía alguno.
El último trámite realizado, de fecha 6 de marzo del mismo año, fue
una providencia en la que se dispuso la entrega a sus parientes de los efec-
tos personales de una de las víctimas.
El examen de las pocas páginas que componen el expediente judicial
Nº 547-80, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, titulado Ca-
so de quema de Embajada de España, muestra claramente la absoluta fal-
ta de voluntad del Organismo Judicial y del Ministerio Público de inves-
tigar los hechos y de enjuiciar y castigar a los culpables.
Respecto a la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Gre-
gorio Yujá, la CEH no pudo encontrar el parte policial donde se daba
cuenta del hallazgo del cadáver. Lo mismo sucedió en relación al caso de
los estudiantes universitarios que fueron acribillados durante el funeral ce-
lebrado por las víctimas de la masacre.
177
567 Ligia Carolina Gonzales Guerra, El Proceso de Reanudación de Relaciones diplomáticas entre Espa-
ña y Guatemala (1982-1984), Tesis de Grado, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Escue-
la de Ciencia Política, USAC, pg. 43.
568 Informes médicos forenses agregados al expediente judicial, fs. 34-57.
IX. EL PUNTO RESOLUTIVO NO. 6-98 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Con fecha 3 de febrero de 1998 el Congreso de la República emitió el
Punto Resolutivo No. 6-98, que, por su importancia, se transcribe literal-
mente:
PUNTO RESOLUTIVO NUMERO 6-98
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Considerando:
Que los Acuerdos de Paz establecieron la creación de la Comisión pa-
ra el Esclarecimiento Histórico, como un mecanismo que permita conocer
y poner al descubierto los hechos más violentos ocasionados por el conflic-
to armado interno.
Considerando:
Que la memoria Histórica es parte de la cultura social y que esta mis-
ma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para que los hechos acae-
cidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guatemalteca.
Considerando:
Que en el año de 1980, un grupo de campesinos hizo suyos los sufri-
mientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que
se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la Embajada de Es-
paña con el único fin de que el mundo conociera su situación.
Por tanto; resuelve:
PRIMERO: Solicitar a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
incluya dentro de sus investigaciones lo ocurrido en la Embajada de Espa-
ña, y así se pueda conocer la verdad de lo acaecido ese lamentable día 31
de enero de 1980.
SEGUNDO: Solidarizamos con los familiares de quienes dieron su vi-
da por encontrar el camino para un mejor futuro y alcanzar la paz firme y
duradera.
TERCERO: Exhortar a la sociedad guatemalteca a efecto de que
connmemoremos estos acontecimientos que son parte de la historia de
Guatemala y, por lo tanto, constituyen la demostración más grande del sa-
crificio de sus hijos por la nación.
CUARTO: Solicitar al Gobierno de Guatemala, que siga dando todo
su apoyo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y así las guatemal-
178
tecas y guatemaltecos puedan conocer los múltiples hechos que, producto
del enfrentamiento armado, se dieron durante las tres décadas de lucha re-
volucionaria.
QUINTO:Trasaladar el presente punto a la Comisión para el Esclare-
cimiento Histórico y al Gobierno de la República de Guatemala.
SEXTO: El presente punto resolutivo entra en vigencia inmediata-
mente y será publicado en el Diario Oficial”.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRES DIAS DEL MES
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
R
AFAEL
E
DUARDO
B
ARRIOS
F
LORES
Presidente
R
UBÉN
D
ARÍO
M
ORALES
V
ELIZ
V
ÍCTOR
R
AMÍREZ
H
ERNANDES
Secretario Secretario
569
La CEH destaca la importancia de este Punto Resolutivo del Congre-
so de la República, que fue adoptado de forma unánime por el Pleno del
mismo. En primer lugar, por las consideraciones que formula, en especial
sobre las motivaciones de quienes el 31 de enero de 1980 ocuparon la Em-
bajada de España, la solidaridad que expresa con los familiares de las vícti-
mas, por equiparar a mártires por la paz a las víctimas y el exhorto a com-
memorar esos acontecimientos. En segundo lugar, porque constituye la
única petición formal planteada a la CEH por el Estado de Guatemala pa-
ra que se investigue un caso en particular.
Derecho aplicable a las relaciones diplomáticas
El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 tiene
por objeto regular las relaciones diplomáticas entre los Estados que forman
parte de la Comunidad Internacional y la de los órganos especializados en
las relaciones exteriores, llamados misiones diplomáticas. El personal di-
plomático y las misiones, incluyendo sus instalaciones y la documentación
contenida en ellos, gozan de una serie de privilegios e inmunidades cuyo
objetivo es garantizar a cada misión el desarrollo de sus funciones con li-
bertad, seguridad y sin intromisiones ni trabas de ningún tipo.
Guatemala ratificó el Convenio de Viena el 1 de octubre de 1963 y
España lo hizo el 21 de noviembre de 1967, sin que ninguno de los dos
Estados haya formulado reservas sobre el mismo.
179
569 Punto Resolutivo Nº 6-98, Congreso de la República de Guatemala, 3 de febrero de 1998.
Siendo plenamente aplicable, y por tanto exigible, el Estado de Gua-
temala violó el Artículo 22 del Convenio de Viena, al haber penetrado la
policía en la Embajada y hacerlo contra la voluntad expresa de impedirlo
del Embajador; el Artículo 27, no sólo por no proteger la libre comunica-
ción de dicha misión diplomática, sino por haber cortado su teléfono; y el
Artículo 29 de la misma, al haber maltratado de palabra y obra, al emba-
jador español. Todas estas acciones suponen una violación de las reglas más
elementales del derecho diplomático.
Por otra parte, la CEH está convencida de que el embajador Máximo
Cajal actuó de forma correcta ante el hecho de la ocupación ilegal y en su
relación y reacción ante el Gobierno anfitrión. Ante los ocupantes mantu-
vo una actitud dialogante, única válida para impedir y aminorar cualquier
reacción de fuerza. Ante el Gobierno de Guatemala actuó de forma respe-
tuosa con el Derecho y la práctica diplomática, al utilizar el canal del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores para intentar hablar con el Canciller y
otros altos funcionarios, y el del Ministerio de Gobernación, en ambos ca-
sos para informar del hecho de la ocupación y su oposición a la entrada de
la policía y la petición de que se retirara. El Gobierno español también uti-
lizó el canal diplomático adecuado.
IV. CONCLUSIONES
Analizados todos los antecedentes de este caso, la CEH llegó a la con-
vicción de que agentes del Estado, en concreto la Policia Nacional, judicia-
les y miembros de la Inteligencia del Ejército, uniformados y de civil, aten-
taron contra el derecho a la vida de 37 personas, que fueron los responsa-
bles materiales de la ejecución arbitraria de quienes estaban dentro de la
Embajada de España, y que las más altas autoridades del Gobierno de
Guatemala de la época son responsables intelectuales de esta gravísima vio-
lación de derechos humanos.
La CEH considera que carece de toda base la hipótesis de que las víc-
timas se autoinmolaron.
La CEH estima que la reacción del Estado fue injustificable, ya que su
operativo y despliegue ofensivo fueron totalmente desporporcionados en
relación con la amenaza que representaban los ocupantes, quienes se en-
contraban, prácticamente, en estado de indefensión.
Del mismo modo, asiste a la CEH la convicción plena de que agentes
del Estado ejecutaron arbitrariamente, bajo protección de las autoridades
superiores, al único ocupante que sobrevivió la masacre de la Embajada,
Gregorio Yujá.
La CEH, coincidiendo con la opinión del Congreso de la República
de Guatemala, considera que los ocupantes tenían como única intención
180
la denuncia pública y pacífica de las graves violaciones a los derechos hu-
manos que sufría la población maya en zonas rurales. No haber sido escu-
chados por autoridad alguna ni por la prensa les llevó al extremo de ocu-
par la Embajada de España.
Los antecedentes del caso establecen de forma plena que el Estado de
Guatemala no llevó a cabo investigación real alguna encaminada a estable-
cer la responsabilidad de los hechos, incumpliendo su deber de perseguir,
enjuiciar y sancionar a los responsables y favoreciendo, de este modo, la
impunidad.
Por otro lado, a la luz de las normas del derecho internacional, los
agentes del estado atentaron flagrantemente contra el Convenio de Viena,
al entrar en la Embajada aún contra la voluntad expresa del jefe de misión,
al desproteger y atentar contra la vida de su personal y al violar y destruir
el recinto diplomático.
El caso de la masacre de la Embajada de España es precedente, prue-
ba de la intensidad y el exceso que alcanzó en 1980 la represión política
durante el Gobierno de Lucas García, y refleja tanto la imposibilidad de
cualquier acción de oposición, de demanda social de justicia y de denun-
cia de violaciones de los derechos humanos cometidas en esa época, así co-
mo el ambiente de terror y amenaza que se vivía en el país.
La CEH resalta el valor y el significado de la resolución del Congreso
de la República de Guatemala, que consideró y reconoció de un modo for-
mal que “un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y pe-
ticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate en la pobreza y po-
breza extrema, al tomar la Embajada de España con el único fin de que el
mundo conociera su situación”, y que “la memoria histórica es parte de la cul-
tura social y que esa misma debe ser inspiración de reconciliación y paz, para
que los hechos acaecidos nunca más vuelvan a repetirse en la sociedad guate-
malteca”.
570
Por último, el caso fue un hito en el enfrentamiento armado interno,
porque en él confluyeron la violencia que se vivía tanto en las zonas rura-
les como en las urbanas, en un suceso en que murieron tanto indígenas co-
mo ladinos, campesinos, obreros, estudiantes, personal de la Embajada y
que evidenció que el Estado no autoimponía límite alguno, jurídico o éti-
co, a sus acciones represivas.
181
570 Ibid.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Ejecución arbitraria (posterior)
Gustavo Adolfo Hernández González
Jesús Alberto España Valle
Liliana Negreros
Ejecución arbitraria, tortura, herido en atentado
Gregorio Yujá
Herido en atentado
Máximo Cajal y López
182
Adolfo Molina Orantes
Gavina Morán Chupe
Edgar Rodolfo Negreros Straube
Eduardo Cáceres Lenhoff
Felipe Antonio García Rac
Francisco Chen Tecu
Francisco Tun Castro
Gaspar Vi Vi
Jaime Ruíz de Arbol
José Angel Xoná Gómez
Juan José Yos González
Juan Chic Hernández
Juan López Yac
Juan Tomás Lux
Juan Us Chic
Leopoldo Pineda
Luis Antonio Ramírez Paz
Luis Felipe Sáenz Martínez
María Cristina Melgar
María Lucrecia Rivas de Anleu
María Teresa Vásquez de Villa
María Pinula Lux
María Ramírez Anay
María Ramírez Anay
María Wilken de Barillas
Mateo López Calvo
Mateo Sic Chen
Mateo Sis
Miriam Judith Rodríguez Urrutia
Nora Adela Mildred Mena Aceitu-
no
Regina Pol Cuy
Reyno Chiq
Salomón Tavico Zapeta
Sonia Magaly Welchez Váldez
Trinidad Gómez Hernández
Vicente Menchú Pérez
Victoriano Gómez Zacarías
I. ANTECEDENTES
En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sin-
dicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECE-
TRAG),
573
la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FE-
NOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).
574
La CNT nun-
ca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Lati-
noamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Des-
de su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas
y cooperativas.
La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayo-
ritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindi-
catos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol
en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia
no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el mo-
mento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Par-
tido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el
sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT,
Caso ilustrativo No. 51
Desaparición forzada de miembros
de la Central Nacional de Trabajadores
(CNT) en la ciudad de Guatemala
y en la finca “Emaús Medio Monte”
“…agarraron a patadas a los compañeros …
fue cuestión como de unos cuatro o cinco mi-
nutos que los llevaron a ellos, se puede decir
una operación relámpago…”
571
“…en el país cada quien puede actuar con
amplia libertad, desplazarse con facilidad
hacia el lugar que lo desee sin necesidad de
pedir permiso a nadie…”
572
571 Testigo directo CEH.
572 Prensa Libre, 18 de julio de 1980, pg. 4, ministro de Defensa Nacional, general Angel Aníbal
Guevara Rodríguez.
573 Conocida anteriormente como Frente Cristiano de Trabajadores de Guatemala.
574 “El movimiento sindical en Guatemala”, en Ciencia y Tecnología para Guatemala A.C., enero
1989, sin editorial, pg. 14. “La CNT surgió como una organización, en principio ligada a la De-
mocracia Cristiana; no tanto como partido, sino como gente del Partido Demócrata Cristiano y
también a partir de lo que se llamó la Juventud Obrera Cristiana (JOC), que surgió en Guate-
mala más o menos en 1945”.
lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980 la CNT con-
taba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se
interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apo-
yaban a los sindicatos en sus reivindicaciones.
En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Es-
tado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un
ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuen-
ta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del
CNT-FAR donde se identificaba a una organización con la otra.
575
Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las
actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en
la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había si-
do la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios
de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la se-
de pertenecía a “la judicial”.
576
También las patronales, en varias empresas,
dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de no-
che a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con
el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.
Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hos-
tigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en
su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno gol-
pearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de
febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional.
577
Se
encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se
difundió una lista de “condenados a muerte” en la que se incluían a asesores
y dirigentes de la CNT.
578
Los seguían a la salida del trabajo. Un declaran-
te recuerda los vehículos “Toyotas beiges” en que viajaban hasta cuatro suje-
tos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.
579
Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos has-
ta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael
Vásquez —que después fue desaparecido— sabía que su vida corría peli-
gro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. So-
lía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de
todo los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcio-
namiento de la sede.
184
575 Testigo directo (ex asesor sindical) CEH. (T.C. 636).
576 Testigo directo (ex asesor sindical) CEH.
577 Amnesty International, Guatemala: Repression of Trade Unionists and Peasants, 12 de marzo de
1981, pg. 2.
578 A finales de 1979 dejaron una lista con amenazas en la que figuraban los nombres de algunos
miembros de la CNT, Israel Marquez, Miguel Angel Albizures, Frank La Rue y Leonel Luna, en-
tre otros.
579 Testigo directo CEH.
II. LOS HECHOS
La reunión del 21 de junio de 1980
La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fi-
jada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la
organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológi-
cas
580
sobre la dirección del movimiento sindical,
581
las estrategias para la
sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres
miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era obje-
to de intensa represión.
En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana
Ruano, miembro de este último sindicato.
582
Unido este asesinato a los
problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once
de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la
reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los de-
legados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a
partir de las dos de la tarde.
583
En palabras de un sobreviviente: “A las tres
menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que ha-
bían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas …
todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres ofi-
ciales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían”.
584
El gru-
po estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a
la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo “sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba
abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros:
‘Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar’. Sólo terminado de decir es-
tas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y
entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacio-
nado, para que nadie pudiéramos salir”.
585
En ese momento había unas 30
personas en el local.
La 9ª y 10ª avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían inte-
rrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de
fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmas-
185
580 José Antonio Ríos, “A diez años del secuestro masivo en la CNT; 21 de junio, solsticio de la ra-
zón”, en Otra Guatemala, Año 3, No. 11, México, mayo 1990, pg. 47. “...no en función de discu-
tir planes de reorganización y crecimiento, sino en razón de purgar las diferencias ideológicas”.
581 “El Movimiento Sindical en Guatemala (1975-1985)”, en Ciencia y Tecnología para Guatemala
A.C., enero de 1989 (no indica lugar de edición), pgs. 18-19. Se discutía si los abogados podían
asumir la dirección porque los dirigentes debían ser trabajadores. Se consideraba que el abogado
aparecía como dirigente y que el espacio para la dirigencia se iba reduciendo, y que imposibilita-
ba una serie de desarrollos de la propia dirigencia.
582 CI 67. 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
583 Ubicada en la 9ª avenida, entre 4ª y 5ª calle, zona 1.
584 Testigo directo CEH.
585 Ibid.
carados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo
identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían
y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris.
586
Fueron
tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: “…Oíamos los
gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban
contra la pared”.
587
No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los
militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco mi-
nutos; fue una “operación relámpago”.
Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasa-
dos unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No es-
taba el portero del sindicato en la calle. Pensó: “Qué descuido”. Empujó la
puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el
corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sa-
caron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo su-
cedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco
minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron
retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con
otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presencia-
ron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instala-
ciones estaban hechas un desastre.
588
Hay dudas sobre el número total de víctimas.
589
Un testigo de los he-
chos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se ha-
bía alcanzado en el momento de la reunión: “Eran los que ya estaban senta-
dos para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque
estaban dentro…”
590
La CEH logró identificar a 27 personas.
Desaparición forzada en la finca “Emaús Medio Monte”
591
Dos meses más tarde, dadas las condiciones de inseguridad existentes
y para evitar un desenlace como el ocurrido en la CNT el 21 de junio, 17
personas entre líderes sindicales e integrantes de la Escuela de Orientación
Sindical de la Universidad de San Carlos, organizaron un seminario-taller
fuera de la capital, en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla.
Sin embargo, en una operación que respondía a las mismas caracterís-
ticas y objetivos del caso descrito, el 24 de agosto de 1980, efectivos del
Ejército y fuerzas de la Policía Nacional bajo la dirección del subjefe de la
186
586 Ibid.
587 Ibid.
588 Testigo directo CEH. C 331. Junio, 1980.
589 Fueron 31 trabajadores (4 no identificados) según el recurso de exhibición personal; 29 sindica-
listas según la CNT, pero, además, manifestó que la dirigencia sindical no tenía conocimiento
exacto de quiénes allí se encontraban; 27 personas, según FAMDEGUA. Según la CIDH y Am-
nistía Internacional, 25 personas.
590 Testigo directo CEH.
591 C 220. Junio, Agosto, 1980. Escuintla.
división de detectives
592
detuvieron e hicieron desaparecer a 16 personas,
entre ellos sindicalistas y miembros de la Escuela de Orientación Sindical
de la USAC.
El 2 de septiembre de 1980 el administrador de la finca, José Luis Pe-
ña, fue capturado, torturado y ejecutado. La víctima había sido testigo di-
recto de la desaparición forzada y había sido amenazado de muerte si pro-
porcionaba alguna información.
El representante legal de la casa Emaús, que fue acusado por el Ejérci-
to “de darle cabida a los comunistas”,
593
afirmó que jeeps militares y un ca-
mión fueron parte del operativo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los secues-
trados fueron conducidos a los garajes de la división de investigaciones de
la Policía Nacional, en la zona 6 de la ciudad, donde fueron torturados ba-
jo la dirección del nuevo jefe de Investigaciones.
594
III. DESPUÉS
El Gobierno negó su responsabilidad en la desaparición de los sindi-
calistas. El ministro de Gobernación declaró que los dirigentes desapareci-
dos podrían haber sido secuestrados por grupos extremistas, con el propó-
sito de causar problemas al Gobierno.
595
Más tarde, las autoridades presen-
taron a seis sindicalistas que la CNT incluía en la lista de desaparecidos.
596
Sin embargo, el vicepresidente de la República, Francisco Villagrán
Kramer, aseguró a la embajada de los Estados Unidos, el 24 de junio de
1980, que los desaparecidos se encontraban en el destacamento militar
Berlín, ubicado en Coatepeque;
597
y reconoció que el Estado de Derecho
atraviesa por una situación compleja y difícil.
598
Según documentos desclasificados del Gobierno de los Estados
Unidos, “la policía niega tener conocimientos sobre el paradero de los sindica-
listas, pero la incursión, igual como la previa (allanamiento de la sede el 29 de
abril de 1980), tiene todos los rasgos de una operación de elementos de seguri-
187
592 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Resolución 35/81 caso 7490 (Guate-
mala) de 25 de junio de 1981.
593 Testigo directo CEH. (T.C. 36).
594 Cf. Resolución 35/81 caso 7490 (Guatemala) de 25 de junio de 1981, antecedente No. 3.
595 Prensa Libre, 26 de junio de 1980, pgs. 14 y 79.
596 Prensa Libre, 7 de julio de 1980, pg. 12. Los dirigentes de la CNT aclararon que a la fecha del
allanamiento de la CNT no tenían conocimiento exacto de quienes allí se encontraban, por lo
que hubo confusión en la lista de las personas desaparecidas que inicialmente publicaron. Las per-
sonas dadas como aparecidas por el jefe del Cuerpo de Detectives, nunca estuvieron en el lugar
en el momento de la reunión.
597 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq. 3-60.
598 Prensa Libre, 26 de junio de 1980, pg. 14.
dad. Con aparente impunidad, el grupo atracador incluso desvió el tráfico de
las calles congestionadas del centro durante la operación”.
599
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolu-
ción 33/81, caso 7403 (Guatemala), de 25 de junio de 1981, resolvió con-
siderar verdaderos los hechos denunciados (el Gobierno no respondió a las
solicitudes de información) y efectiva la detención arbitraria de los afilia-
dos a la CNT. Declaró que el Gobierno de Guatemala violó los derechos
a la libertad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección ju-
dicial y el derecho de reunión.
En el mismo año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ex-
presó su “extrema preocupación … [por] los asesinatos y ataques violentos con-
tra la integridad física de un elevado número de dirigentes sindicales, desapa-
riciones vinculadas al movimiento sindical, amenazas, atentados contra el de-
recho de huelga, interferencias violentas en reuniones sindicales, ocupación de
locales sindicales, ataques a la propiedad sindical y despidos por razones sindi-
cales”.
600
Finalmente, recomendó que se investigara y sancionara a los res-
ponsables y que los detenidos fueran liberados.
La Corte Suprema de Justicia recibió, el 25 de junio de 1980, un re-
curso de exhibición personal en favor de los desaparecidos. El 1 de julio se
decretó la exhibición por parte de la Cámara Penal, señalándose audiencia
para el siguiente día. Se pidieron informes al Ministerio de Gobernación,
a los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia de Hacien-
da y se comisionó a todos los jueces de Primera Instancia para que los so-
licitaran en sus territorios jurisdiccionales. El 7 de julio la Cámara Penal
declaró sin lugar el recurso, porque los funcionarios de Gobierno informa-
ron que los secuestrados no estaban detenidos y se remitió el expediente al
Juzgado Sexto de Primera Instancia del ramo penal de la ciudad de Gua-
temala, para que investigara el paradero de las personas secuestradas.
El Juzgado ordenó: “Practíquese cuanta diligencia sea necesaria para el
mejor esclarecimiento del hecho que se investiga”.
601
Según informaciones pro-
porcionadas por el Archivo General de Tribunales, esta fue la última actua-
ción judicial en el caso.
En cuanto se refiere a la información policial, las autoridades declara-
ron que la localización de las víctimas había sido negativa,
602
pero lo único
que hicieron fue preguntar el paradero de los desaparecidos en las empre-
188
599 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq. 3-59.
Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, junio de 1982, Pq. 3-82.
CIA, Informe a Departamento de Estado, junio de 1980, Pq. 12-37.
600 OIT, Informe del Comité de Libertad Sindical, Informe 211, Vol. LXIV, 1981, Serie B, núm. 3,
pg. 169.
601 Expediente No. 1445, Organismo Judicial de la República de Guatemala, Ramo Penal, Juzgado
Sexto, Guatemala, 1989.
602 Inspectoría General del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, memorándum a Ministerio
de Relaciones Exteriores, 14 de octubre de 1980.
sas donde habían laborado. Hasta hoy, “las investigaciones para la localiza-
ción de estas personas están quedando abiertas y su resultado será informado
oportunamente”.
603
Las acciones de protesta realizadas por los sindicatos nunca obtuvieron
resultados favorables.
Muchos familiares, que formaron el “Comité de desaparecidos 21 de Ju-
nio” buscaron durante varios años a las víctimas. “Con el tiempo decidieron
no seguir, pues estaban siendo amenazadas”.
604
La desaparición de los sindicalistas, además, ocasionó daños psicológi-
cos en los familiares. Por ejemplo, un declarante cuenta que la esposa de
una de las víctimas “se empezó a poner loca, no salía a realizar mandados por-
que no podía atravesar calles, se fue a quitar los dientes pensando que eso le
quitaría los dolores de boca, no podía comer, trató de olvidar todo lo que ha-
bía pasado, también estuvo en tratamiento psiquiátrico…”
605
En un Informe al Departamento de Estado norteamericano se afirma
que, especialmente desde el 21 de junio de 1980 la violencia se incremen-
tó, que existía un clima de terror en Guatemala y que los trabajadores te-
nían miedo de reunirse abiertamente.
606
La represión contra los sindicalistas continuó.
607
La mayoría de los di-
rigentes que sobrevivieron hubo de marchar al exilio o pasar a la clandes-
tinidad. La CNT quedó muy debilitada y al año se encontró de hecho de-
sarticulada.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar los antecedentes que obran en su poder,
llegó a la convicción de que los días 21 de junio y 24 de agosto de 1980
agentes del Estado de Guatemala, pertenecientes al Ejército y a la Policía
Nacional y Judicial capturaron e hicieron desaparecer forzadamente, a 43
personas, dirigentes sindicales y miembros de la Escuela de Orientación
Sindical de la USAC, en violación de su derecho a la libertad personal y,
en definitiva, de su derecho a la vida.
Los vínculos que pudieron existir entre algunas de las víctimas y la
guerrilla no constituyen justificación para este crimen de lesa humanidad
que ha permanecido en la impunidad.
189
603 Inspectoría del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, Informe, 14 de octubre de 1980.
604 Testigo directo CEH (ex sindicalista).
605 Testigo directo CEH (ex sindicalista). C 331.
606 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, julio de 1980, Pq-
3.64.
607 Testigo directo CEH (ex sindicalista). (T.C. 636).
Oficina Internacional del Trabajo, informes del Comité de Libertad Sindical, Informe 211, vol.
LXIV, 1981, Serie B, No. 3, Casos 954, 957, 975, 978 y 1026, pg. 169.
Por otra parte, a la CEH le asiste la convicción de que, en este caso,
los responsables, en el Organismo Ejecutivo, de realizar las investigaciones
de los delitos premeditadamente incumplieron su deber. Además, la ine-
xistencia de una seria investigación posterior por parte de los tribunales de
justicia permite concluir que las autoridades del Estado de Guatemala vio-
laron el derecho a la justicia, consumando la desaparición forzada de las
víctimas.
La CEH considera que este caso ilustra la decisión política de las auto-
ridades del Estado, en el año 1980, de desarticular al movimiento sindical,
atacando a sus organizaciones mediante la eliminación sistemática de sus lí-
deres más representativos, bajo la modalidad de la desaparición forzada.
El caso ilustra, asimismo, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, que extendió el concepto de enemigo desde el campo de batalla
a las organizaciones sociales críticas al régimen establecido.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Jaime Marroquín Garrido
Ejecución arbitraria, torturas
José Luis Peña
Desaparición forzada
190
Adalberto Juárez
Adolfo Obdulio Molina Mérida
Agustín Chitay Chapetón
Alvaro Orlando Estrada
Augusto Yach Ciriaco
Bernardo Marroquín Salazar
Crecencio Coronel Ordóñez
Cristina Yolanda Carrera
Cabrera Edgar De la Cruz
Erwin René Hernández Paíz
Florencia Xocop Chavez
Gerónimo Alberto Moreno Palencia
Guillermo Turcios García
Gustavo Adolfo Bejarano Oscal
Héctor Manuel Sánchez
González Hilda Carlota Pérez Me-
néndez
Ileana del Carmen Minera López
Jordan Alberto Salazar Urizar
Jorge Luis Serrano
José Víctor Herrera Castillo
José Ruiz
Juan Guerra Castro
Julio César Pérez Gálvez
Manuel Antonio Rodríguez Ramos
Manuel René Polanco Salguero
Mario Campos Valladares
Mario Martínez
Neri Roblero Espinosa
Orlando Antonio García Rodríguez
Oscar Armando Salazar
Oscar Augusto Pérez
Desaparición forzada, torturas
Irma Candelaria Pérez Osorio
191
Pedro Ramos Micatu
Rafael Antonio Aguilar Pérez
Rafael Enrique Giran Mérida
Rafael Estrada
Roberto Poll Tomás
Rosario Leal
Sara Cabrera Flores
Selvin Arnoldo García López
Sonia Elizabeth Alecio
I. ANTECEDENTES
Adrián Portillo Alcántara nació en El Salvador, desde donde salió exi-
liado en 1952 a consecuencia de su militancia sindical. Pasó a radicarse en
Guatemala, cuya nacionalidad adquirió al cabo de un tiempo.
De su primer matrimonio tenía ocho hijos adultos, dos mujeres y seis
hombres. Vuelto a casar (había enviudado en 1972) una hija más nace en
el matrimonio. Completaban el grupo familiar varios nietos y nietas.
Adrián Portillo Alcántara se ganaba el sustento trabajando como ven-
dedor y agente de seguros, actividad que mantuvo hasta el momento de su
desaparición.
Sus hijos varones dejaron el estudio en los primeros años de la ense-
ñanza secundaria y se dedicaron a ayudar a su padre; las mujeres, en cam-
bio, llegaron a terminar la secundaria.
Según una de sus hijas, Adrián Portillo Alcántara había sido “revolucio-
nario desde que era muy joven, muy político y muy consciente de la realidad y
con un concepto muy grande de lo que era la justicia social, y había sabido in-
culcarnos a nosotros, sus hijos, el amor por la justicia y la igualdad para to-
dos”.
609
Estos ideales inspiraron en los hijos, en sus propias palabras, “la ne-
cesidad de hacer algo”, sintiendo que no tenían otra opción que unirse “a los
esfuerzos que ya existían para cambiar la situación del país”.
610
Así fue como,
tanto el padre como los hermanos, se unieron a la Organización del Pue-
blo en Armas (ORPA), con diverso grado de participación.
En 1978, uno de los hijos de Adrián Portillo fue reclutado para servir
en el Ejército, cuando contaba con 17 años de edad. Permaneció en la ins-
titución casi todo el tiempo de servicio obligatorio, hasta que en abril de
1981 desertó, “por lo intenso del conflicto y por lo que implicaba ser miembro
de la Institución Armada”.
611
Al parecer, poco antes de concluir los treinta
Caso ilustrativo No. 87
Detención y desaparición forzada
de seis miembros de la familia Portillo,
incluidas tres niñas
“Estos 16 años han sido la tortura más gran-
de que pueda haber. … Años de agonía, de-
sesperación, angustia, dolor”.
608
608 Testigo directo (madre e hija de las víctimas) CEH.
609 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH.
610 Ibid.
611 Testigo directo CEH.
meses reglamentarios comenzó a aparecer entre sus pertenencias propagan-
da revolucionaria, hecho que le hizo temer por su vida y lo determinó a
huir.
El 25 de julio de 1981 tuvo lugar en la colonia Vista Hermosa II, de
la zona 15 de la capital, un operativo militar que terminó con la muerte de
varios hombres y mujeres. El Ejército había detectado una casa de seguri-
dad de la guerrilla y la había atacado con un gran número de efectivos y
un alto poder de fuego. Al día siguiente los periódicos hacían alusión al he-
cho y describían algunos de los cadáveres, acompañando la nota con foto-
grafías. Una de ellas correspondía a Carlos Alfredo Portillo Hernández, hi-
jo de Adrián, de 23 años de edad, combatiente guerrillero. Su hermana
manifiesta: “Cuando leí los periódicos me di cuenta de que la descripción de
uno de los cadáveres, incluyendo la ropa que vestía y las fotografías que …
[acompañaban la nota] correspondían a mi hermano”.
612
Ningún pariente se
presentó a reclamar el cadáver pues, “en ese tiempo, admitir que una perso-
na era familiar de un miembro de la guerrilla era sentencia de muerte”.
613
Operativos de este tipo, aplicados al desmantelamiento de casas de se-
guridad de la guerrilla y la muerte o desaparición de sus ocupantes, fueron
frecuentes en la época.
614
En un caso registrado por la CEH, Fuerzas de Se-
guridad del Estado detectaron casas que habían sido montadas en Guate-
mala por un grupo insurgente salvadoreño. El 17 de abril de 1981 se de-
sarrolló un operativo en la zona 15 de la capital, a resultas del cual desapa-
recen Berta Menjívar de Lobo, su hijo Walter Ernesto Lobo Menjívar, de
cinco años, y Luis Antonio Saracay, todos ellos de nacionalidad salvadore-
ña. Al día siguiente, en la noche, un grupo de hombres armados allanaron
otra casa de seguridad, esta vez en la carretera que de la capital conduce a
Mixco. Una de las personas que habitaban en ella, Iride del Carmen Ma-
rasso de Burgos, de nacionalidad chilena, quien había salido antes del alla-
namiento, para comunicar con alguna de las personas desaparecidas de la
casa de la zona 15, también desapareció. En el momento de los hechos la
mujer estaba embarazada de ocho meses. Nunca se supo la suerte corrida
por las víctimas, en particular del niño de cinco años y del bebé que debía
nacer en pocas semanas.
615
II. LOS HECHOS
El viernes 11 de septiembre de 1981, a eso de las nueve y media de la
mañana, hombres jóvenes armados, vestidos de civil, a bordo de un vehí-
194
612 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH.
613 Ibid.
614 Testigo de referencia CEH.
615 C 865. Abril, 1981. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
culo con vidrios polarizados y sin placas, se presentaron a unas oficinas si-
tuadas en la 9ª calle, entre la avenida Elena y 1ª avenida A de la zona 1 de
la capital. Dos de ellos penetraron en el lugar, portando uno un fusil y el
otro una pistola.
616
Allí se encontraba de visita Adrián Portillo Alcántara, a
la sazón de 70 años de edad, por quien preguntaron y de quien llevaban
un retrato hablado. Una vez identificado, procedieron a interrogarle, pre-
guntándole entre otras cosas por la persona que le acompañaba ese día
temprano, cuando conducía su camioneta. Portillo Alcántara les contestó
que se trataba de su hijo Angel Antonio, pero que había ido a la terminal
de buses de la zona 4 a esperar a unos familiares. La verdad es que Angel
Antonio se encontraba presente en el lugar y pudo, de esta forma, evitar
que le reconocieran y, a la vez, presenciar lo que ocurría. Escuchadas las ex-
plicaciones, los captores sacaron a punta de pistola a su padre de la ofici-
na, y le obligaron a entrar en el vehículo. “Alcancé a ver cuando mi padre
fue introducido en el vehículo, después de lo cual éste se dirigió hacia el centro
de la ciudad”.
617
Después de presenciar la detención, Angel Antonio se dirigió en auto-
bús a la residencia de su padre para avisar de lo sucedido a sus familiares,
ahí reunidos. Cuando llegó se dio cuenta que se desarrollaba un operativo
alrededor de la manzana, dirigido por un hombre que le pareció ser el mis-
mo que hacía un rato había interrogado y detenido a su padre.
Vehículos sin placas, jeeps militares, radiopatrullas y una cantidad in-
determinada de hombres armados, vestidos de civil unos y de uniforme
militar otros, portando radio transmisores, habían tomado posesión de la
residencia, situada en la 2ª avenida 1-57 de la zona 11 de ciudad de Gua-
temala.
“Fue sorpresivo cuando de repente vino el Ejército, pero no así [de cara
descubierta, sino] con esas gorras que llaman pasamontañas, pero sí eran del
Ejército”. Los militares “rodearon prácticamente toda esta cuadra, toda esta
cuadra la rodearon y ya después ya vinieron otros carros particulares, que en ese
tiempo, según decían que era de la Policía Secreta”. Al llegar, “rompieron la
puerta, a fuerza … Eso fue aproximadamente como a las once de la mañana”.
Un testigo no vio que los militares sacaran personas de la casa, pero un su-
ceso le pareció singular: “A mi lo que me extrañó que cuando ya hicieron eso
[el copamiento de la casa], entró ese pick-up celeste … doble cabina y … co-
mo allí antes había un garage, entraron así, de espalda digamos y … llevaban
195
616 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH. Según el testigo, uno de los individuos era “de
complexión musculosa, tez morena, casi mulato, pelo rizado, de más o menos 25 años de edad, de apro-
ximadamente 1.65 metros de estatura y 150 libras de peso, armado con un fusil Galil, arma regla-
mentaria del ejército de Guatemala”. El otro individuo, era “de complexión delgada, tez blanca, apro-
ximadamente 1.70 metros de estatura y 130 libras de peso, pelo rizado peinado hacia atrás, portando
una escuadra calibre .45 o .9 mm”.
617 Ibid.
algo ahí”, aunque “no, no supimos qué era”. Los medios de comunicación
llegaron como 35 o 40 minutos después de iniciado el operativo, que ter-
minó “como a las tres y media … o cuatro [de la tarde]”. Quedaron dos
agentes custodiando el lugar.
618
En el domicilio allanado vivía Adrián Portillo Alcántara, su esposa Ro-
sa Elena Latín de Portillo, de 23 años, y la hija de ambos Alma Argentina,
de sólo 18 meses de edad. El día de los hechos se encontraban de visita,
procedentes de Jutiapa, las pequeñas Rosaura Margarita y Glenda Corina
Carrillo Portillo, de diez y nueve años respectivamente, nietas de Adrián
Portillo Alcántara. Además se encontraba también Edilsa Guadalupe Alva-
rez Morales, de 18 años, compañera de Manuel Alfonso, hijo del dueño de
casa. Algunos vecinos contaron a los familiares de las víctimas que, duran-
te el operativo militar, escucharon las voces de mujeres y niños que llora-
ban y pedían ayuda.
619
Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad dijeron que
la casa se encontraba deshabitada. Los medios de prensa se hicieron eco de
la versión oficial: “Aparte de la incautación [de material subversivo] no se re-
portan capturas de las personas usuarias del lugar de referencia, pues al acudir
el elemento de seguridad pública, el reducto estaba deshabitado”.
620
Angel Antonio Portillo, que había llegado a la residencia de su padre
cuando se iniciaba el operativo, optó por caminar por la acera hasta una
tienda ubicada en la esquina, donde preguntó al tendero sobre lo que pa-
saba. Luego, “aún bajo los efectos de un choque tremendo”, decidió retirarse
del lugar, dirigiéndose hacia “la casa de mi jefe … con quien yo trabajaba
vendiendo libros y quien vivía en la zona 5”.
621
Como a las dos de la tarde, Adriana Margarita Portillo, madre de la ni-
ñas Glenda Corina y Rosaura Margarita, llegó a la casa de su padre con la
esposa de su hermano Angel Antonio y sus dos sobrinos. Encontraron la
manzana entera rodeada por agentes de la Policía Nacional, Policía Militar
Ambulante, Policía Judicial y soldados. Al acercarse son interceptados e in-
terrogados por “el tipo que parecía ser el jefe [quien] era alto y delgado, de tez
blanca, pelo castaño rizado y de ojos color verde o café claro. Llevaba lentes de
aro dorado y tenía un bigote pequeño. Vestía muy bien y parecía de muy bue-
na educación”.
622
Cuando Adriana Margarita preguntó por sus familiares,
los militares contestaron primero que no estaban allí, para decir luego que
sí estaban dentro, que pasaran a verles. No lo hicieron, por miedo, y se re-
tiraron rápidamente del lugar. Desde la calle observaron que unos hombres
lavaban el piso de la casa empleando una manguera y escobas.
196
618 Testigo directo CEH.
619 Testigo de referencia CEH.
620 Diario El Gráfico, 13 de septiembre de 1981.
621 Ibid.
622 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH.
Nunca más se supo del paradero y la suerte de Adrián Portillo Alcán-
tara, de su esposa y su nuera, y de las tres niñas secuestradas.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Al día siguiente los periódicos dieron cuenta del operativo e identifica-
ron la vivienda en donde habitaba Adrián Portillo, publicando fotografías
y referencia exacta de la dirección, como una “casa de seguridad” de la gue-
rrilla. En efecto, la ORPA reconoció a la CEH que “se trataba de una casa
de seguridad … y … el compañero Portillo era el responsable de esa casa”.
623
Tras estos hechos los familiares sobrevivientes de Portillo Alcántara vi-
vieron el temor de convertirse en las próximas víctimas. Uno de sus hijos
se trasladó con su familia a la capital: “Buscábamos perdernos dentro de tan-
ta gente y por tres años permanecimos en la ciudad sin decir absolutamente na-
da a nadie”.
624
Luego, poco a poco, comenzaron a salir del país.
Los parientes buscaron en el exterior el apoyo de organismos no gu-
bernamentales y gubernamentales de derechos humanos. Su caso fue reci-
bido por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparicio-
nes Forzadas y, desde 1993, a la Comisión Presidencial de Derechos Hu-
manos (COPREDEH). El 1 de abril de 1998 se presentaron ante el Mi-
nisterio Público, exponiendo los hechos y solicitando que la desaparición
de sus familiares fuese investigada.
Las autoridades de Guatemala nunca reconocieron que la detención
de los desaparecidos hubiera tenido lugar. El 31 de julio de 1998 la CEH
consultó al Ejército sobre el caso. Este, mediante nota fechada el 20 de
agosto del mismo año, contestó afirmando que en sus archivos no guarda-
ba información al respecto y adjuntando la transcripción de un artículo de
prensa del día 12 de septiembre de 1981.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la convicción de
que Adrián Portillo Alcántara fue detenido ilegalmente por agentes del Es-
tado, quienes ocultaron posteriormente el hecho. La omisión de los capto-
res de dar cuenta a la autoridad competente y el ocultamiento, hasta el pre-
sente, del paradero de Portillo Alcántara, constituye una desaparición for-
zada, de la que es responsable el Estado de Guatemala.
197
623 Testigos directos (ex miembros de la dirección de ORPA) CEH.
624 Testigo directo CEH.
Los indicios y testimonios existentes convencen a esta CEH que
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, con ocasión del operati-
vo desarrollado en la residencia ubicada en la 2ª avenida 1-57 de la zona
11 de la capital, detuvieron ilegalmente a Rosa Elena Latín de Portillo, de
23 años, a Alma Argentina Portillo Latín, de 18 meses de edad, a Edilsa
Guadalupe Alvarez Morales, de 18 años, a Rosaura Margarita Carrillo Por-
tillo, de diez años, y a Glenda Corina Carrillo Portillo, de nueve años de
edad. La negativa de los agentes captores de reconocer la detención de es-
tas personas y la falta de noticia sobre su paradero, constituyen también
una desaparición forzada.
Las desapariciones forzadas de las personas nombradas constituyen
gravísimas violaciones a los derechos humanos e ilustran los extremos de
crueldad con que las Fuerzas de Seguridad actuaron con el pretexto de la
lucha contrainsurgente, haciendo víctimas de su represión a niños de cor-
ta edad y destruyendo con su accionar familias enteras.
La participación de algunas de las víctimas en una organización gue-
rrillera no representa justificación alguna, de tipo jurídico o moral, de los
crímenes reseñados.
La falta de reconocimiento oficial de los hechos representa un grave
obstáculo para la ubicación del paradero de las víctimas y, en definitiva, pa-
ra la reconciliación nacional.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada
198
Adrián Portillo Alcántara
Alma Argentina Portillo Muñoz
Edilsa Guadalupe Alvarez Morales
Glenda Corina Carrillo Portillo
Rosa Elena Muñoz Latín de Portillo
Rosaura Margarita Carrillo Portillo
Berta Menjívar de Lobo (salvadoreña)
Walter Ernesto Lobo Menjívar (niño salvadoreño)
Luis Antonio Saracay (salvadoreño)
Carmen Marraso de Burgos (chilena)
I. ANTECEDENTES
Desde la década de los sesenta, Emeterio Toj Medrano se distinguió
como dirigente del movimiento cooperativo. Se vinculó también a la Ac-
ción Católica de Quiché, donde ocupó cargos de dirección. Esta actividad,
a la que se dedicó de lleno, le permitió participar en grupos de discusión y
conocer el movimiento social. Trabajó como locutor para la radio católica
Quiché, dirigiendo los mensajes en lengua k’iche’, por lo que su voz se hi-
zo conocida para los oyentes que comenzaron a identificarlo como voz lí-
der. Al concluir la década se afilió a la Democracia Cristiana, que impul-
saba el cooperativismo. En 1974, tras las acusaciones que señalan a este
partido como responsable de avalar el “fraude electoral”, abandona sus filas.
A finales de los setenta y principio de los ochenta la violencia aumen-
ta en Guatemala. Por una parte, la protesta social se acrecienta y las orga-
nizaciones guerrilleras se fortalecen. Por otra, el Gobierno reprime a la po-
blación urbana y rural, sobre todo la del Altiplano, que considera apoyo a
la insurgencia.
En 1978 sale a la luz pública el Comité de Unidad Campesina (CUC).
Emeterio Toj Medrano es uno de sus principales impulsores. Debido a es-
ta actividad, tanto él como su familia comienzan a recibir amenazas de
muerte: “A finales de los setenta es cuando empezamos a recibir amenazas de
muerte …; el Ejército Secreto Anticomunista … [elaboraba] volantes … don-
de decían que para todos los comunistas los días estaban contados …; también
empezó la persecución directa”.
627
En este momento, Emeterio Toj ya había
establecido una relación de adhesión política al EGP.
Caso ilustrativo No. 98
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Emeterio Toj Medrano
“Después de aquellas terribles torturas, me
enchacharon las manos hacia atrás y tam-
bién me enchacharon los pies, y con otro par
de chachas
625
juntaron mis manos con mis
pies hacia atrás … seguido me amarraron
un lazo a la chacha que servía de unión en-
tre mis manos y mis pies, y así me introduje-
ron a un horno”.
626
625 “Chachas” significa esposas.
626 Palabras de Emeterio Toj Medrano.
627 Testigo directo CEH. (T.C. 258).
Por esta razón, a principios de 1981 Toj sale de Santa Cruz junto a su
familia y se traslada a Quetzaltenango; allí vivirían en la clandestinidad:
“Mi mamá se tuvo que cambiar la ropa, incluso ya no hablábamos nuestro
idioma … sólo en español …; empezamos a vender fruta para sobrevivir”.
628
Por razones de seguridad, continuamente debían cambiar de residencia.
Así, además de Quetzaltenango, residieron en Chimaltenango, Antigua
Guatemala y San Antonio Aguas Calientes.
Por esa época corrieron igual suerte numerosas familias, que huían de
la violencia en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimalte-
nango, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz y Petén. Toj
ayudó al reasentamiento de estas familias desplazadas.
II. LOS HECHOS
El 4 de julio de 1981, Emeterio Toj se trasladó desde Llanos de Urbi-
na, Cantel, a Quetzaltenango, en compañía de uno de sus hijos y de un so-
brino. Debía realizar unas compras para la familia y localizar a una perso-
na que lo apoyaría en un proyecto de reasentar a una familia desplazada de
Quiché.
Ya en Quetzaltenango, realizan algunas compras, hallan a la persona
que buscaban y deciden acudir juntos a recoger unos cassettes a un negocio,
cuando notan que les siguen: “Alguien nos detectó y nos siguió. Nosotros trata-
mos de despistarlo. Ese alguien es un hombre … de Santa Cruz del Quiché”.
629
Como a las cuatro y media o cuatro cuarenticinco de la tarde se diri-
gían a abordar el bus que los trasladaría a su hogar, cuando son intercep-
tados por varios hombres vestidos de civil, en la acera del costado norte de
la catedral quetzalteca. “Mi tío venía algo rápido y con mi primo veníamos
jugando en las calles, cuando de repente en la esquina llega un carro … con
vidrios polarizados … vi cuatro hombres … un tipo alto se viene directo a mi
tío … le retuerce el brazo y se lo lleva … pensé que era un asalto”.
630
Emete-
rio trata de oponerse, pero es en vano:
“Me encañonaron en la cabeza y en la espalda, al tiempo que me do-
blaron los brazos hacia atrás … me llevaban casi arrastrado y al mo-
mento de atravesar la avenida, apareció un carro con las portezuelas
abiertas … y con violencia me introdujeron a él; me tiraron al piso e
inmediatamente me enchacharon las manos hacia atrás”.
631
200
628 Ibid.
629 Narración de la víctima sobre los hechos acaecidos entre el 4 de julio de 1981 y el 27 de noviem-
bre del mismo año, fechada en noviembre de 1984. (T.C. 58).
630 Testigo directo CEH. (T.C. 258).
631 Narración de la víctima sobre los hechos acaecidos entre el 4 de julio de 1981 y el 27 de noviem-
bre del mismo año, fechada en noviembre de 1984. (T.C. 58).
El hijo y el sobrino de Emeterio, al darse cuenta de que se trataba de
un secuestro, corren en direcciones opuestas. Uno de ellos es perseguido
por el mismo hombre que introdujo a su pariente en el vehículo, pero lo-
gra escapar: “Empecé a correr … la gente se quedó ahí estática, sorprendida de
lo que estaba pasando … por suerte una camioneta iba arrancando para Pa-
cajá … y logré colgarme”.
632
Minutos después, Emeterio se encuentra en un servicio sanitario del
Primer Cuerpo de la Policía Nacional de Quetzaltenango, sentado sobre el
piso mojado, las manos siempre esposadas a la espalda.
El detenido no sabe qué suerte han corrido su hijo y sobrino, pero és-
tos habían logrado llegar junto al resto de la familia, a quienes dan la no-
ticia del secuestro. Todos acuerdan dejar en seguida, la casa, salir en dos
grupos y tomar rumbos distintos.
Mientras tanto, dos o tres horas después que los capturasen, Emeterio
es sometido al primer interrogatorio, durante el cual no dejó de recibir gol-
pes y puñetazos. Quedará hasta el día siguiente, tirado en el piso y esposa-
do dentro del sanitario que utilizan con gran frecuencia los policías.
Vuelven a interrogarlo. Le hacen las mismas preguntas, y lo mantienen
tirado en el piso; lo golpean y le ponen la capucha. Por la noche lo trasla-
dan al cuartel de la zona militar de Quetzaltenango, donde lo interrogan
sin interrupción hasta las seis de la mañana del nuevo día: “Las primeras
cuarenta y ocho horas estuve en Quetzaltenango bajo terribles torturas, tanto
en el edificio de la Policía Nacional como en el cuartel … me fueron a decir
que capturaron a mi familia eso agravó el dolor psicológico y moral”.
633
Diri-
gía el interrogatorio un coronel, un hombre “alto de ojos azules”. Luego de-
jaron a Emeterio esposado al piso, en un calabozo donde están otros dete-
nidos que no conoce ni lo conocen.
El 6 de julio es trasladado al cuartel de Huehuetenango. Allí lo inte-
rroga otro coronel. En esta ocasión lo esposan de manos y pies, uniendo
ambas esposas a la parte posterior del cuerpo, e introducen todo su cuer-
po en un horno de pan acondicionado como calabozo. “Golpes, toques eléc-
tricos, hambre, sed, sueño … amarrado de pies y manos hacia atrás … me ja-
laban y introducían empujándome con un palo …; durante aquellos días en
el horno busqué la muerte”.
634
También le inyectaron drogas para obtener
más información.
635
A los seis o siete días de tenerlo en aquella postura, que le causaba tre-
mendos dolores, lo sacan del horno y un oficial le dice: “El CUC y la Uni-
201
632 Testigo directo CEH. (T.C. 258).
633 Testigo directo CEH. (T.C. 58).
634 Narración de la víctima sobre los hechos acaecidos entre el 4 de julio de 1981 y el 27 de noviem-
bre del mismo año, fechada en noviembre de 1984. (T.C. 58).
635 Amnesty International, AMR 34/35/82, Guatemala: Testimony by Emeterio Toj Medrano, 20
July 1982.
versidad te están reclamando … Ya sospechábamos que eras del CUC … tus
mismos compañeros han confirmado que sos uno de los fundadores”.
636
A la tortura física agregan la psicológica, pues le dicen que han captu-
rado a su esposa e hijos y que ya los tenían en el cuartel: “Delante de vos …
a todos los vamos a ir quebrando poco a poco”.
637
El 19 de julio lo hacen bañar, limpian su cara desfigurada y las heridas
que supuran, le proporcionan ropa verde olivo y lo trasladan en avión al
aeropuerto La Aurora y de aquí a la base militar contigua al mismo, don-
de permanece hasta el 22 o el 23 de julio, atado de manos y pies a una ca-
ma. Allí es interrogado a diario, sobre asuntos que se repiten: identidad de
algunas personas, actividades que realiza, actividades de algunos sacerdotes
y personas ligadas a la Iglesia Católica, un viaje que hizo a Europa, sus con-
tactos.
El 25 es trasladado de celda, dentro del mismo cuartel. “Habían siete
u ocho personas; cinco capturadas en las casas que habían caído días antes en
la capital”.
638
Las heridas que le han ocasionado las esposas y otras surgidas
a consecuencia de las torturas están infectadas y despiden mal olor: “El ofi-
cial ordenó que me sentaran … mi cuerpo no podía sostenerse y nuevamente
caí al suelo … por lo que así tirado me empezó a interrogar”.
639
El 28 es llevado al Agrupamiento Táctico de la Fuerza Armada y se le
deposita en una celda junto a varios detenidos, incluidas dos mujeres jóve-
nes. En este nuevo calabozo recibe la visita de un coronel, para “platicar”.
En otros dos interrogatorios los militares muestran a Emeterio diversas fo-
tografías, con intención de que reconozca a las personas retratadas.
Durante esos días permanece en la misma celda junto a los que fue-
ron trasladados con él. Al ver el daño que le ocasionan las esposas, le pi-
den al oficial que llega a verlos que se las quiten, a lo que éste accede du-
rante breves momentos. “Aquellos minúsculos logros alentaban la esperanza
de la fuga”.
640
El 8 o 9 de agosto conducen a Emeterio al Cuartel General de Santa
Cruz del Quiché. Llegan a mediodía, pero lo mantienen en el interior del
vehículo hasta la tarde. Después de permanecer varios días en ese lugar lo
vuelven a trasladar, esta vez al cuartel que está cerca de la Iglesia del Calva-
rio, siempre en Santa Cruz, donde escucha nombrar a líderes campesinos
a varios comisionados reunidos con los militares, campesinos a los que
“aunque no sean guerrilleros … hay que ir a sacarlos”. Encontrándose en es-
te cuartel le liberan de las esposas y hasta le permiten bañarse a diario.
202
636 Testigo directo CEH. (T.C. 58).
637 Ibid.
638 Ibid.
639 Ibid.
640 Ibid.
El 15 de agosto el detenido regresa al Agrupamiento Táctico de la
Fuerza Aérea en la capital y, aunque el primer día lo pasó tendido en el sue-
lo, el trato que le dispensan ha cambiado. Le dan de comer con regulari-
dad, le entregan ropa, le proporcionan un radio y no lo esposan más, con
lo que puede hacer algunos ejercicios físicos.
La víctima considera que el cambio de actitud hacia él se debió a que
los captores consideraban que ya se había “entregado” al Ejército y a la
anunciada e inminente llegada de unos senadores norteamericanos. Estos
llegan, en efecto, a entrevistarse con él, y, para complacencia de sus capto-
res, Emeterio afirmó: “Yo estaba en el CUC … y ya no quise seguir, por eso
me vine y aquí estoy, señores”. Consultado sobre el modo en que lo trataban,
contestó: “Pues, bastante bien”. Sus respuestas terminaron de “afianzar una
cierta confianza que ya había ganado con los oficiales”.
641
El 16 de septiembre, por sorpresa, llevan a Toj a buscar a su familia.
Esta se había ido del lugar —Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango—
desde hacía más de un mes, y los vecinos no supieron darle datos concre-
tos sobre su paradero. Al final de la infructuosa búsqueda, es recluido en
el cuartel Justo Rufino Barrios, en la capital, para que esté “cómodo y tran-
quilo”. Se le ordena usar el seudónimo Juan.
Al día siguiente de llegar a este cuartel recibe la visita de una persona
que se presenta como psicólogo y que propone ayudarle. Será el “encarga-
do” del detenido y lo visitará con asiduidad, requiriendo que exprese sus
pensamientos e insistiendo en que debe brindar datos útiles al Ejército, so-
bre todo acerca de las actividades de los religiosos.
Luego de pasar unos días en un pequeño calabozo, lo trasladan a “un
cuartito de la enfermería del cuartel”, donde la situación mejora notable-
mente: comida “de oficial”, libros, etc. Los libros que le brindan tratan de
la lucha contrainsurgente, entre ellos uno “escrito por un ex miembro del
PGT, de apellido Pellecer; el título de la obra es ‘Utiles después de muertos”.
642
La noche del 30 de septiembre lo levantan de su cama y hacen que vea
el noticiero en el que informan de la conferencia de prensa dada por el sa-
cerdote Pellecer Faena,
643
en la cual éste reconoce haber desertado de la
guerrilla. “El coronel … estaba rebosante de gozo, se levantaba de su asiento a
cada poco manifestando su alegría”.
644
Los siguientes cinco días lo obligan a
ver y oír las declaraciones dadas por Pellecer, que vuelven a transmitirse por
televisión. A principios de octubre el psicólogo anuncia a Emeterio que,
por órdenes superiores, tiene que dar una conferencia de prensa similar. Se-
203
641 Ibid.
642 Ibid. El autor del libro es Carlos Manuel Pellecer. (T.C. 58).
643 Se refiere a Luis Eduardo Pellecer Faena, sacerdote, miembro del EGP, capturado por agentes gu-
bernamentales y presentado en la fecha apuntada a la opinión pública por el Ejército.
644 Narración de la víctima sobre los hechos acaecidos entre el 4 de julio de 1981 y el 27 de noviem-
bre del mismo año, fechada en noviembre de 1984. (T.C. 58).
gún la víctima, su resistencia inicial se vio vencida por las amenazas que le
proferían: “Si vos no querés hablar, vos serás responsable de lo que le pase a tu
familia y a la gente por quien vos estuviste trabajando en los tiempos del
CUC”.
645
Comienzan a prepararlo para ofrecer la conferencia de prensa. Emete-
rio debe elaborar un documento, bajo la supervisión del psicólogo. Lo ha-
cen practicar día tras día en el cuartel o en un local del Canal Cinco, ale-
daño a la instalación militar donde continuaba recluido. Se simulan entre-
vistas en la que unos seudoperiodistas intentan arrancar más información
al detenido: “Además de la propaganda subversiva que se sacaba en los mimeó-
grafos de los curas, ¿qué otros volantes sacaban?; ¿Además del cura Juan Gerar-
di, quiénes otros les daban cursillos subversivos?”
646
El 10 u 11 de octubre, en un gesto en verdad insólito, el psicólogo lle-
va a Emeterio a almorzar a su casa, y allí le presenta a una señora y una ni-
ña. “Esa fue una buena ocasión que tuve para fugarme, pero no tuve el espíri-
tu, la fuerza suficiente para tal empresa”.
647
El 22 de octubre se despliega un gran operativo de seguridad, dentro
y fuera del Palacio Nacional. En esta sede gubernamental tendría lugar la
conferencia de prensa. Esta sería presidida por el ministro de Gobernación
y el secretario general de la Presidencia. Diversas personalidades se presen-
tan en el salón, e incluso representantes del cuerpo diplomático.
Antes de comenzar la conferencia recibió las últimas advertencias: “Ya
sabe, nada de decir cosas que no convienen, tenga en cuenta a su familia”. Ac-
to seguido, Emeterio Toj comienza a recitar la declaración aprendida.
“Lo que estaba escrito en el texto eran barbaridades contra sectores de
la Iglesia, especialmente contra los sacerdotes de El Quiché y la USAC,
como los promotores del CUC … Querían que acusara en forma par-
ticular al obispo del Quiché como promotor de la subversión”.
“Aunque ciertamente parte de estas declaraciones salieron de mi boca
en los tiempos de tortura en los primeros días del secuestro, ya que des-
de el principio yo negué que tuviera que ver con la guerrilla, sostuve
que tenía tiempo de estar desligado de toda actividad del CUC …
Sin embargo, a lo largo de mi cautiverio me fueron arrancando cosas
sueltas y además sin duda fueron atando nudos, y claro, se fue eviden-
ciando mi membresía en mayor o menor grado en el EGP”.
648
204
645 Ibid.
646 Ibid.
647 Ibid.
648 Ibid.
Luego de la conferencia y una vez ganada la confianza del Ejército,
Emeterio es manipulado como ejemplo para convencer a las comunidades
campesinas de la inconveniencia de apoyar a la guerrilla. Es conducido por
varias aldeas y cantones para que refiera su experiencia a los vecinos. Tam-
bién le hacen grabar “cuñas” radiales donde reitera su rechazo a la lucha
guerrillera: “Yo, Emeterio Toj Medrano, soy un campesino igual que ustedes;
yo les pido que retiren su apoyo a los subversivos, ellos son los culpables de todo
lo que les está pasando en estos momentos”.
649
La esperanza que Emeterio mantenía en volver a ver a su familia era el
arma que el Ejército empleaba con mayor frecuencia para lograr su cola-
boración. Pero los días pasaban y, a pesar de algunos intentos, las comuni-
caciones con su familia, que le habían prometido, nunca se realizaron. Los
planes para escapar se vuelven, entonces, el centro de su interés.
Mientras tanto, con el pasar de los días, el personal del cuartel Justo
Rufino Barrios se ha acostumbrado a la presencia de Emeterio, resulta
normal verlo caminar por las instalaciones, sobre todo por la enfermería,
o ir a los estudios del Canal Cinco. No existe el menor recelo perderlo de
vista.
El 26 de noviembre de 1981, a las nueve de la mañana, un hombre al
que no conoce y que no viste uniforme militar llega al cuarto de Emeterio
y le dice: “Prepárese, sólo voy a arreglar su salida y vengo en un momento”. La
razón es su inminente traslado a otro lugar.
Por la tarde aún no ha regresado el desconocido que anunció su tras-
lado. Emeterio sale de su cuarto-prisión y comienza a recorrer el trayecto
tantas veces recorrido en los últimos tiempos. Pasa por la enfermería y se
dirige al puesto de guardia. “Voy a Canal Cinco” dice al guardia y sigue sin
detenerse. El recorrido es de casi 200 metros, la calle está a la vista, a unos
pasos. Llega al Canal televisivo, pregunta por una ropa que está esperan-
do. Le contestan que nada ha llegado y él toma el camino de regreso. Ca-
mina unos 25 pasos, decide intentar la huida y se dirige a la calle. “A me-
dia cuadra empecé a sentir un gran miedo, empecé a sentir una impotencia,
sentía que las manos me empezaban a sudar, las piernas las sentía como de
plomo; y hubo un momento de indecisión, sentía que no podía avanzar, in-
cluso llegué a pensar en un momento que era mejor regresar al cuartel”.
650
Sin
embargo continuó caminando y tomó un bus que lo condujo a la liber-
tad.
205
649 Ibid. Texto de una “cuña” radial que, según la víctima, tuvo que grabar a instancia de los milita-
res.
650 Ibid.
III. CONCLUSIONES
Estudiados los antecedentes del caso, la CEH arribó a la convicción de
que Emeterio Toj Medrano fue detenido arbitrariamente y sometido a tor-
turas y apremios psicológicos tendientes a anular o disminuir su persona-
lidad, por parte de agentes del Estado, primordialmente miembros del
Ejército, que contaron con la protección de las más altas autoridades del
Estado. Los hechos constituyen graves violaciones de los derechos a la li-
bertad y a la integridad personal.
La CEH considera que el caso ilustra la práctica llevada a cabo por el
Ejército como parte de la lucha psicológica contra la insurgencia, consis-
tente en la detención de civiles que adherían políticamente a las organiza-
ciones insurgentes, a quienes se sometía sistemáticamente a tortura física y
sicológica, para quebrar su resistencia y utilizarlos luego en tareas de pro-
paganda antiguerrillera. Aquella adhesión de las víctimas a la guerrilla no
justifica, bajo ninguna circunstancia, esas graves violaciones de derechos
humanos.
La circunstancia de haber participado en la operación altas esferas del
Estado, como lo prueba el hecho que la simulada conferencia de prensa se
realizó en la sede de Gobierno, evidencia la inexistencia, en la época, de un
Estado de Derecho y la absoluta desconsideración del poder ejecutivo ha-
cia los órganos judiciales, a quienes sustituía burdamente en su función de
investigar y sancionar conductas contrarias al ordenamiento legal vigente.
206
I. ANTECEDENTES
Durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt se estable-
cieron los Tribunales de Fuero Especial.
653
Algunos detenidos por razones
políticas fueron consignados a estos tribunales en forma secreta, pero la
mayoría fueron desaparecidos.
654
Caso ilustrativo No. 22
Desaparición forzada de América
Yolanda Urízar Martínez de Aguilar,
Ana Lucrecia Orellana Stormont,
Edgar Raúl Rivas Rodríguez,
María Angela Ayala Saravia
y Rosa Estela Pérez Villaseñor
“Señor presidente: usted como cristiano no
puede permitir que nuestra hija sea maltra-
tada física o mentalmente ya que usted afir-
ma en sus mensajes de cada domingo que to-
do guatemalteco merece ser respetado por ser
semejanza de Dios y de la Patria …”
651
“…ninguna autoridad se ha preocupado por
el caso. Yo no puedo seguir viviendo así, ya
que mi hija es lo más grande que tengo”.
652
651 Carta abierta al jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, publicada en diarios locales, con fecha 26 de
abril de 1983, suscrita por los padres de Yolanda Urízar.
652 Carta suscrita por Oscar Pérez Guisasola, padre de Rosa Estela Pérez Villaseñor, dirigida a la Co-
misión de los Derechos Humanos del Congreso de la República, con fecha 3 de septiembre de
1984.
653 Los Tribunales de Fuero Especial fueron instaurados por el gobierno de Ríos Montt, el 1 de ju-
lio de 1982, en virtud del Decreto Ley 46-82, derogado por el gobierno de Mejía Víctores, el 12
de agosto de 1983, mediante el Decreto Ley 93-83. El Decreto Ley 74-84, del 18 de julio de
1984, otorgó indulto total a las personas condenadas por dichos tribunales. Los casos fueron tras-
ladados a los tribunales ordinarios. Sin embargo, la mayoría de las personas procesadas o conde-
nadas continúan desaparecidas hasta hoy. Los Tribunales de Fuero Especial estaban integrados por
jueces sin rostro y de identidad desconocida, quienes podían ser civiles o militares. Tanto los jue-
ces como su personal, eran nombrados directamente por el jefe de Estado. Su competencia terri-
torial era decidida por el jefe de Estado y eran responsables de juzgar delitos de carácter político
y conexos. Para los delitos comunes, se ampliaron las penas y se generalizó la aplicación de la pe-
na de muerte.
654 C 390. Febrero-octubre, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
C 241. Mayo, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
C 4311. Febrero, 1983. Sololá y ciudad de Guatemala.
Una muestra de la situación expuesta, en el mes de agosto de 1983,
sólo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), existía ya una
lista de 37 personas desaparecidas.
655
Un oficial de Policía Nacional dijo a una víctima sobreviviente de los
Tribunales de Fuero Especial que las personas capturadas tenían tres alter-
nativas: “Los Tribunales de Fuero Especial, la libertad o el fusilamiento clan-
destino”.
656
Algunos de los prisioneros indicaron que uno de los centros de
detención en la ciudad de Guatemala era el cuartel general de la zona mi-
litar 1, denominado Matamoros o Justo Rufino Barrios.
657
En este sentido, un informe de la Agencia Central de Inteligencia de
los Estados Unidos (CIA) señala: “…después de la reunión de finales de oc-
tubre de 1982, los oficiales del AGSAEMP [sección del Estado Mayor Pre-
sidencial]
658
fueron informados que tenían la libertad de detener, mantener
preso, interrogar y disponer de sospechosos de ser guerrilleros, conforme a su cri-
terio”.
659
En febrero de 1983, se reportó que por órdenes de Ríos Montt “… co-
nocidos guerrilleros ya no serán enviados a los Tribunales Especiales, pero más
bien se encargarán de tratarlos en el AGSAEMP”.
660
Efectivamente, varios militantes de la Unidad Revolucionaria Nacio-
nal Guatemalteca (URNG), fueron capturados, torturados y desaparecidos
entre el mes de marzo y junio de 1983, entre ellos: América Yolanda Urí-
zar Martínez de Aguilar, Ana Lucrecia Orellana Stormont, Edgar Raúl Ri-
vas Rodríguez, María Angela Ayala Saravia y Rosa Estela Pérez Villaseñor.
II. LOS HECHOS
El 25 de marzo de 1983, América Yolanda Urízar Martínez de Agui-
lar fue capturada en un lugar cercano a la frontera entre México y Guate-
mala. El vehículo en el que viajaba fue interceptado cuando se dirigía, en
compañía de dos personas más, hacía la ciudad de Guatemala.
661
América
Yolanda Urízar Martínez de Aguilar era abogada laborista, asesora sindical
208
655 Prensa Libre, 16 de agosto de 1983.
656 C 20008. Enero 1983 a junio 1984.
Americas Watch, Guatemala: A Nation of Prisoners, 1984, pg. 13.
657 El Gráfico, 14 de septiembre de 1983. En carta pública, María Cruz López Rodríguez condena-
da a 30 años de prisión por los Tribunales de Fuero Especial, expresó que muchos de los deteni-
dos se encuentran en el cuartel general Justo Rufino Barrios.
“Comunicado de Prensa No. 19 de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)”
Noticias de Guatemala, Año 6 No 97 del 20 de Octubre de 1983, pgs. 14-15. Lista de 29 perso-
nas “detenidas desaparecidas” que estarían en poder del Ejército en el Cuartel General Justo Ru-
fino Barrios de acuerdo con Enfants Refugiés du Monde, París.
Americas Watch, Guatemala: A Nation of Prisioners, Ob.cit., pg. 26.
658 Conocida popularmente como el Archivo.
659 CIA, Informe a Departamento de Estado, febrero de 1983. Pq. 12.46.
660 Ibid.
661 Testigo de referencia CEH.
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), del Comité Nacional de
Unidad Sindical (CNUS), catedrática de la Escuela de Orientación Sindi-
cal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y militante
de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Hasta la fecha la víctima se en-
cuentra desaparecida.
662
El mismo día de su secuestro, el padre de Yolanda Urízar, el coronel
retirado Augusto Urízar, denunció de forma pública que “su hija había si-
do interceptada por hombres armados cuando venía a reincorporarse a la vida
pacífica y normal, al amparo de la amnistía que está vigente, ingresando al
país procedente [de] México, donde vivió autoexiliada, a raíz de la represión
que el Gobierno del general Fernando Romeo Lucas García … ejerció contra
las organizaciones laborales y sus asesores”.
663
Un mes después, los padres de
Yolanda Urízar, en carta abierta al jefe de Estado, general Efraín Ríos
Montt, publicada en los diarios locales afirman que ha transcurrido “… un
mes exacto que fuera detenida por las Fuerzas de Seguridad de Gobierno …
En relación con esta detención estamos seguros que debe existir un grave error
ya que la asesoría sindical no es delito y ésta es la razón de la vida de Yoly”.
664
El 3 de mayo de 1983 fue capturada Rosa Estela Pérez Villaseñor en
la 1ª avenida y 12 calle de la zona 10, de la ciudad capital, por cuatro hom-
bres armados vestidos de civil, quienes viajaban en dos vehículos. Según un
testigo presencial, quien trató de auxiliar a la víctima y notificó el hecho a
la familia, la víctima se resistió y los hombres la golpearon hasta ensangren-
tarla. Esta persona siguió los vehículos de los agresores hasta San José Pi-
nula, donde los perdió de vista; no obstante logró obtener el número de
placa de los vehículos de los secuestradores.
665
Rosa Estela Pérez Villaseñor
trabajaba como secretaria en el Centro de Estudios Folklóricos de la USAC
y desde 1981 era militante de la Organización del Pueblo en Armas (OR-
PA) donde asumía tareas en la estructura de logística de este grupo.
El 6 de junio de 1983, Ana Lucrecia Orellana Stormont fue captura-
da por cuatro individuos cuando se dirigía a reunirse con Edgar Raúl Ri-
vas Rodríguez, la estaban esperando en el estacionamiento del Hotel Pla-
za, zona 4 de la ciudad capital, donde ella asistía a un curso de control
209
662 C 15552. Abril, 1979. Guatemala. Anteriormente, el 20 de abril de 1979, América Yolanda Urí-
zar y dos personas más, una de ellas Florencia Xocoy Chavéz, miembro de la Comisión de Orga-
nización de la CNT, secuestrada y desaparecida el 21 de junio de 1980, fueron capturadas en el
aeropuerto internacional La Aurora, donde permanecieron detenidas durante varias horas en una
oficina interior. Posteriormente, fueron trasladadas a las dependencias de la Policía Judicial, don-
de permanecieron retenidas durante cuatro días, y luego fueron puestas en libertad. Las víctimas
fueron acusadas de “distribución de material subversivo”. El boletín que distribuían contenía la de-
nuncia sobre el caso de un niño de dos años de edad, que fue forzado a salir al exilio con su ma-
dre, quien había estado secuestrada 48 horas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
663 Cable de la agencia de noticias AP, 26 de abril 1983.
Carta abierta al jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, suscrita por los padres de Yolanda Urízar.
664 Carta abierta al jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, publicada en diarios locales, con fecha 26 de
abril de 1983, suscrita por los padres de Yolanda Urízar.
665 Testigo directo CEH.
mental. Según el guardián del parqueo, dos de los hombres la agarraron,
la metieron por la fuerza en la parte trasera de su vehículo y se la llevaron
con rumbo desconocido.
666
En el lugar quedó tirado su inhalador; ella pa-
decía de asma y le era difícil sobrevivir sin medicina. Ana Lucrecia Orella-
na Stormont era psicóloga, docente de Ciencias de la Conducta de la Fa-
cultad de Medicina de la USAC, asesora del movimiento campesino de
Zacapa, de la CNT y militante de las FAR.
Ese mismo día fue secuestrado Edgar Raúl Rivas Rodríguez, entre las
seis y las siete de la noche, en el recorrido entre la terminal de autobuses
de la zona 4, de la ciudad capital y el Hotel Sheraton (hoy Hotel Rama-
da), cuando se dirigía a reunirse con Ana Lucrecia Orellana y otra perso-
na, también desaparecida y no identificada.
667
Edgar Raúl Rivas Rodríguez
era docente en la Escuela de Ciencia Política de la USAC y militaba en las
FAR. Ni los familiares ni sus compañeros volvieron a verlo.
El 13 de junio de 1983 fue capturada María Angela Ayala Saravia por
dos individuos, quienes la introdujeron dentro de un vehículo de doble
tracción en la 9ª calle A y 3ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital, y se
la llevaron con rumbo desconocido.
668
María Angela Ayala Saravia era tra-
bajadora social, trabajaba en la Asociación Pro Bienestar de la Familia
(APROFAM), era docente en la Escuela de Trabajo Social de la USAC y
militante de las FAR.
III. LUGARES DE DETENCIÓN, EXTORSIONES Y TORTURAS
Yolanda Urízar estuvo detenida en el destacamento de Santa Ana Ber-
lín,
669
departamento de Quetzaltenango. Posteriormente, fue trasladada a
la Ciudad de Guatemala, donde permaneció prisionera en la Antigua Es-
cuela Politécnica, según se supo “… por testigos … que han estado en la mis-
ma prisión clandestina que posee el Ejército en los subterráneos de la antigua
escuela militar (politécnica), ella fue allí trasladada, sometida a interrogatorios
y torturas, encontrándose en un estado lamentable y habiendo perdido la ra-
zón”.
670
El 19 de junio de 1983 los familiares de Edgar Raúl Rivas Rodríguez
recibieron una llamada telefónica de un desconocido, diciendo que se co-
210
666 Testigo de referencia CEH. Años después, el vehículo de Lucrecia Orellana fue localizado cuan-
do se accidentó un militar destacado en la base militar de Jutiapa, que lo conducía.
667 Testigo de referencia CEH.
668 Denuncia presentada ante el Juzgado Tercero de Instancia y en el Departamento de Investigacio-
nes Especiales de la Policía Nacional, Oficio No. 5478, 14 de junio de 1983.
669 Testigo de referencia CEH.
670 Antonio García Borrajo, Informe: Misión especial a Guatemala para investigar sobre los Derechos del
Hombre y en particular sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, octubre de 1983.
municaran con un primo de la víctima, quien mantenía una relación de
confianza con el general Mejía Víctores, ministro de la Defensa Nacional,
y con Lucrecia Orellana. Esa persona les indicó también que publicaran en
los periódicos que Edgar Raúl Rivas Rodríguez se encontraba detenido en
el cuartel de Matamoros y que iba a ser fusilado en cinco días.
671
A principios del mes de julio, un magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, amigo de la familia, les corroboró la información de que Rivas Ro-
dríguez se encontraba detenido en el cuartel de Matamoros.
672
El 7 de junio la familia de Lucrecia Orellana recibió una llamada tele-
fónica de una mujer desconocida, quien les indicó: “… dígale a los padres
de Lucrecia que por motivos de seguridad salió a Tapachula, que no se preocu-
pen por ella”.
673
A los ocho días del secuestro, un familiar recibió otra lla-
mada telefónica; “Una voz de hombre le dijo que Lucky estaba en el cuartel
general de Matamoros, que debían sacar notas en el periódico pidiendo que
Lucky apareciera con vida y que estaba mal del asma que necesitaba medici-
nas”.
674
Los familiares dieron dinero a los informantes para comprar las me-
dicinas, mientras continuaban recibiendo información de la detenida. Es-
ta situación se prolongó muchos meses después que se hubiera producido
su presunta ejecución arbitraria.
En septiembre de 1983 un pariente de la víctima viajó a Washington
DC, donde con el apoyo y acompañamiento de la entidad Washington
Office on Latin America (WOLA) y de una religiosa norteamericana, lo-
gró entrevistarse con Robert Blohm, encargado del “Escritorio” de Guate-
mala, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien solicitó a
su secretaria el expediente del caso.
675
Luego de algunas consultas, confir-
mó que Lucrecia Orellana se encontraba con vida en el cuartel de Mata-
moros.
676
Durante su cautiverio, a Lucrecia Orellana la obligaron a identificar a
posibles simpatizantes de la guerrilla en el departamento de Zacapa, don-
de había trabajado con el movimiento campesino de la CNT, antes de su
desaparición.
677
A finales de octubre de 1983 un amigo del hermano de Lucrecia Ore-
llana lo buscó para contarle que había visto a su hermana en el Hospitali-
to del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional:
678
“Estaba grave, de muerte,
211
671 Testigo de referencia Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, 27 de enero de 1997.
672 Ibid.
673 Testigo directo CEH.
674 Testigo de referencia CEH.
Prensa Libre, 20 de junio de 1983.
675 Testigo directo CEH. El cual, según el declarante, el expediente tenía aproximadamente seis pul-
gadas de grosor.
676 Testigo directo CEH.
677 Testigo de referencia CEH.
678 El 13 de marzo de 1998, en carta dirigida al director general de la Policía Nacional, la CEH so-
licita acceso a los archivos del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional que contienen los ingresos
muy desmejorada por un gran ataque de asma”.
679
En este sentido, uno de los
informantes manifestó: “A Lucky le habían puesto una capucha con gamezán
y se había deteriorado mucho, que le habían hospitalizado durante tres días,
del 22 al 25 de octubre y que luego la regresaron a Matamoros”.
680
En los primeros días de noviembre el informante comunica de nuevo
a un familiar de Lucrecia Orellana: “Lucky sé esta muriendo, que ella ya no
quería vivir más y que no aceptaba sus medicinas”.
681
En marzo de 1984 un familiar de Ana Lucrecia Orellana Stormont
viajó de nuevo a Washington DC, y logró entrevistarse una vez más con el
mismo funcionario del Departamento de Estado, quien en esa oportuni-
dad confirmó la muerte de la víctima y su militancia política.
682
De igual forma, a la familia de Rosa Estela Pérez Villaseñor le infor-
maron, a través de llamadas telefónicas, que ella se encontraba detenida en
el cuartel de Matamoros, y exigieron dinero a cambio de evitarle dolor en
la aplicación de ciertas torturas. Los torturadores pasaban por la casa de la
víctima a recoger el dinero, que se les entregaba en pequeñas cantidades.
683
Un informante aseguró a un familiar de Lucrecia Orellana que el 5 de
noviembre de 1983, los cadáveres de Ana Lucrecia Orellana Stormont y
Rosa Estela Pérez Villaseñor habían sido trasladados en un camión, desde
el cuartel de Matamoros a Magdalena Milpas Altas, departamento de Sa-
catepéquez, donde al parecer las enterraron en una fosa común, posible-
mente cerca del cementerio del lugar.
684
Después del 5 de noviembre la familia de Lucrecia Orellana siguió
siendo objeto de extorsión. Dos mujeres se comunicaron a la familia que
ella seguía viva; les demandaron muchas cosas, entre otras, objetos perso-
nales de la víctima, a cambio de información. Estas personas poseían in-
formación detallada sobre Lucrecia Orellana, sus gustos, sus plantas y su
ropa.
685
El 13 de junio de 1983, el mismo día del secuestro, la madre de Ma-
ría Angela Ayala Saravia “recibió una llamada telefónica de una persona de
212
y salidas de personas detenidas al Hospital de la Policía Nacional, en particular los correspondien-
tes a los años 1982 y 1983. El 16 de abril de 1998, en respuesta a la solicitud presentada por la
CEH, la Dirección del Hospital de la Policía Nacional informa que “en este Centro Asistencial no
se cuenta con datos solicitados ya que fue hasta en el año de 1988, que se formó el Departamento de
Registros Médicos en este”.
C 776. Junio, 1982. Ciudad de Guatemala. Un declarante, quien estuvo detenido, desaparecido;
y, días antes de su liberación, fue ingresado en el “Hospitalito” del Segundo Cuerpo de la Policía
Nacional, donde en el expediente medico aparecía como “paciente xx”.
679 Testigo de referencia CEH.
680 Testigo de referencia CEH.
681 Testigo de referencia CEH.
682 Testigo directo CEH.
683 Testigo directo CEH. (T.C. 232).
684 Testigo de referencia CEH. El informante le aseguró al familiar de Lucrecia Orellana que en el
entierro participaron cuatro personas, una de ellas un argentino que aparentemente “enseñaba có-
mo torturar”.
685 Testigo directo CEH.
sexo masculino, quien no dio a conocer su nombre, indicándole que su hija ha-
bía salido a una comisión fuera de la capital y que dentro de algunos días se
volvería a comunicar”.
686
Tiempo después a través de dos “judiciales”, la madre de María Ange-
la Ayala Saravia recibió, en tres oportunidades, un cheque que le enviaba
su hija para pagar la renta de la casa donde vivía. La última vez que Ange-
la envió el cheque, en el banco no quisieron cambiarlo porque su firma era
ya ilegible. Esta vez, los dos “judiciales”, quienes llevaban los cheques a la
casa de la víctima, le pidieron a la señora que los acompañara a la caja de
seguridad de un banco, donde sustrajeron una gran cantidad de dinero que
María Angela Ayala tenía allí resguardado.
687
IV. DESPUÉS
En diferentes fechas y en varios diarios nacionales e internacionales,
fue publicado un campo pagado de las FAR,
688
en el que los guerrilleros
planteaban un canje: Ana Lucrecia Orellana Stormont, América Yolanda
Urízar Martínez de Aguilar y María Angela Ayala Saravia, las tres militan-
tes de las FAR, a cambio de Marta Elena Ríos Montt, hermana de Efraín
Ríos Montt, y Celeste Aída Mejía Víctores, hermana del entonces jefe de
Estado, Oscar Humberto Mejía Víctores, estas últimas secuestradas el 29
de junio y el 10 de septiembre de 1983, respectivamente.
689
El 21 de octubre de 1983, en un comunicado hecho público, la Co-
mandancia General de las FAR informó que la negociación con el Gobier-
no fue infructuosa y que las secuestradas serían puestas en libertad.
690
El 26 de octubre de 1983 las FAR pusieron en libertad a Marta Elena
Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores.
V. LA IMPUNIDAD
Los familiares de los cinco desaparecidos buscaron a las víctimas en to-
dos los lugares donde se imaginaron que podían estar. “Se dieron muchas
213
686 Oficio No 5478, Departamento de Investigaciones Especiales, de la Policía Nacional.
687 Testigo de referencia CEH.
688 El Gráfico, 11 de septiembre de 1983. Prensa libre, 23 de octubre de 1983. New York Times, 9 de
junio de 1983.
689 C 960. Septiembre, 1983. Ciudad de Guatemala. Este caso incluye los secuestros de ambas per-
sonas.
690 “... el Gobierno ha negado tener en su poder a las compañeras reclamadas por nuestra organización ...
pese a la intransigencia del ejército guatemalteco, ha ordenado la libertad de las señoras Marta Elena
Ríos Montt de Rivas y Celeste Aída Mejía Víctores”.
vueltas. Se pusieron recursos de exhibición personal en los tribunales, se man-
dó una carta a los bomberos, a los centros de salud, a los hospitales y a todos los
lugares que pudieran tener relación con personas muertas”.
691
Las gestiones judiciales realizadas por los familiares y la presión inter-
nacional que ejercieron por su liberación diferentes organizaciones inter-
nacionales de derechos humanos, sindicales y de decenas de personalida-
des extranjeras,
692
fueron inútiles. El padre de Rosa Estela Pérez Villaseñor
interpuso un recurso de exhibición personal.
693
Los familiares de Edgar
Raúl Rivas Rodríguez y Ana Lucrecia Orellana Stormont denunciaron los
hechos al Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacio-
nal.
694
En el expediente judicial
695
de María Angela Ayala Saravia consta la
recepción de la denuncia como única diligencia realizada sobre el caso.
A requerimiento de la CEH, con fecha 21 de enero de 1998, la Poli-
cía Nacional remitió el expediente de América Yolanda Urízar Martínez de
Aguilar, que evidencia que no se realizó ninguna investigación. El expe-
diente se encuentra compuesto tan sólo por las respuestas de las distintas
jefaturas de la Policía Nacional sobre el radiograma circular Nº 0196 CR,
que indaga sobre el paradero de América Yolanda Urízar Martínez de Agui-
lar, y las cartas de la solidaridad internacional en las que se demanda infor-
mación acerca del paradero de la víctima.
Las familias de las víctimas no volvieron a conocer dato alguno sobre
su paradero.
VI. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción de que cuatro militantes de las FAR y uno de ORPA fueron deteni-
dos entre los meses de marzo y junio de 1983 y posteriormente hechos de-
saparecer. Además, asiste a la CEH la presunción fundada de que todos
ellos fueron torturados durante su cautiverio. Dado el tiempo transcurri-
do se presume que fueron ejecutados arbitrariamente.
214
691 Testigo directo CEH. (T.C. 232).
692 Cartas dirigidas al coronel Héctor Rafael Bol de la Cruz, quien se desempeñaba como director de
la Policía Nacional en 1984, demandando información sobre el paradero de América Yolanda
Urízar Martínez de Aguilar: Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, UITA, re-
presentando 2 millones de trabajadores de 61 países; Sindicato de la Policía de Alemania; Amnis-
tía Internacional Grupo 190 de París; Amnistía Internacional Grupo 7º Lausanne, Suiza; Amnis-
tía Internacional de Italia; Amnistía Internacional de Suiza; Seltzer, Gould & Riehl de California
y decenas de ciudadanos de Dinamarca, Francia, Italia, Canadá, Austria, Alemania y España.
693 Proceso Nº 1539, Juzgado Octavo de Instancia Penal, el expediente está extraviado.
694 Denuncia No. 571, presentada el 9 de junio de 1983, ante el Departamento de Investigaciones
Técnicas de la Policía Nacional.
695 Proceso No. 2436, Juzgado Tercero de Instancia Penal. También fue presentada la denuncia ante
el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, Oficio No. 5478, 14 de ju-
nio de 1983.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concor-
dantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que las víctimas
fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por agentes del Estado o por
personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia, en
violación de sus derechos a la vida y la integridad personal.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, su militan-
cia en las FAR y ORPA, su pertenencia a la USAC y a organizaciones sin-
dicales y sociales, el modus operandi de las acciones desplegadas por los
agentes clandestinos y la información referente a los lugares donde se man-
tuvo a las víctimas.
Ni la militancia de las víctimas en las FAR y ORPA, ni cualquier otra
consideración de carácter militar o político, justifican jurídica o éticamen-
te estos crímenes.
La CEH considera que el Estado violó el derecho a la justicia de las
víctimas y de sus familiares, al no haber investigado seriamente los hechos
y haber sido manifiestamente ineficaces los recursos judiciales previstos pa-
ra sancionar a los responsables.
Además, los hechos son ilustrativos de los sufrimientos que tuvieron
que soportar los familiares de los desaparecidos en sus esfuerzos para cono-
cer su paradero, y la extorsión de que fueron objeto por agentes de Estado
que conocían la situación de las víctimas.
Finalmente, el secuestro de Marta Elena Ríos Montt de Rivas y Celes-
te Aída Mejía Víctores, perpetrado por un comando militar de las FAR,
ilustra el circulo vicioso de la violencia que tuvo lugar durante el enfrenta-
miento armado.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Ana Lucrecia Orellana Stormont
Edgar Raúl Rivas Rodríguez
América Yolanda Urízar Martínez de Aguilar
María Angela Ayala Saravia
Rosa Estela Pérez Villaseñor
Víctimas colectivas/desconcocidas: 1
215
I. ANTECEDENTES
María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas nació en 1960 y realizó
sus estudios en el Instituto Belga Guatemalteco, donde participó en el pro-
grama Operación Uspantán.
697
Al concluir sus estudios con el grado de
maestra de Educación Primaria Urbana continuó trabajando en ese mismo
establecimiento educativo. Cuando fue asesinada, el 4 de abril de 1985,
ejercía como maestra en el colegio Loyola, de los jesuitas, y era vicepresi-
denta de la directiva del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
El 4 de junio de 1984, familiares de detenidos/desaparecidos confor-
maron el GAM, con el propósito de exigir a las autoridades del Gobierno
que devolvieran con vida a sus familiares, víctimas de desapariciones. Ma-
ría del Rosario fue una de las principales fundadoras del Grupo, después
de la desaparición forzada de su esposo, Carlos Rafael Cuevas Molina, de
25 años de edad,
698
quien fue detenido el 15 de mayo de 1984, junto a Ot-
to René Estrada Illescas.
699
Ambos eran estudiantes universitarios. Ese día
Caso ilustrativo No. 35
Ejecución arbitraria de María
del Rosario Godoy Aldana de Cuevas,
Maynor René Godoy Aldana y el niño
Augusto Rafael Cuevas Godoy
“…O me devuelven a Carlos vivo o me lle-
van a mí también … jamás descansaré has-
ta encontrar a mi gordo”.
696
696 Carta de puño y letra de María del Rosario a sus familiares, 30 de marzo de 1985, Guatemala.
697 Movimiento de alumnas, maestras(os) y religiosas del Instituto Belga Guatemalteco, cuyo propó-
sito era la promoción y educación informal, mediante jornadas de alfabetización que tenían lu-
gar durante las vacaciones de cada ciclo escolar, en el municipio de Uspantán, departamento de
Quiché. Estas experiencias constituyeron para las estudiantes -la mayoría de ellas provenientes de
familias de clase media acomodada de la ciudad de Guatemala- un proceso significativo de cono-
cimiento de la realidad rural del país.
698 Era estudiante de la escuela de Ciencia Política y miembro de la Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios (AEU).
699 CI 48. Mayo, 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Ese mismo día, en el campus central de
la USAC, hombres armados capturaron a Rubén Amílcar Farfán, quien era estudiante, emplea-
do y miembro del sindicato de la USAC.
Violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad universitaria durante el conflicto armado in-
terno (Guatemala, 1998). Una semana después, también fueron desaparecidos Gustavo Adolfo
Castañón, Irma Marilú Hicho Ramos y Héctor Alirio Interiano Ortíz, todos estudiantes de la fa-
cultad de Ciencias Económicas e integrantes de la AEU.
fueron interceptados en la 3ª calle y 3ª avenida de la zona 1 de la capital,
por una panel color café, placas P-78157, un vehículo Mitsubishi color
verde placas P-78485, y un vehículo color blanco, sin placas, que condu-
cían hombres armados y que se identificaron como miembros del Depar-
tamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional (PN).
700
Como dirigente y miembro de la directiva del GAM, María del Rosa-
rio formó parte de la delegación que sostuvo una entrevista, el 30 de no-
viembre de 1984, con el jefe de Estado. Uno de los resultados de dicho en-
cuentro fue la conformación de la Comisión Tripartita, cuyo objetivo era
investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, conformada
por los ministros de Gobernación, de la Defensa y Ministerio Público.
701
Por otra parte, durante el mes de marzo de 1985 la Jefatura de Estado
y las autoridades del Gobierno realizaron declaraciones públicas donde
acusaban a los miembros del GAM de estar vinculados con la insurgencia
y de atentar contra el orden público y la seguridad nacional.
702
En una carta fechada el 30 de marzo de 1985, Rosario contaba a sus
familiares sobre una reunión que la directiva del GAM había mantenido
con el gobernador departamental, en la que éste advirtió, “… en acta le-
vantada que nos abstuviéramos de seguir haciendo esas cosas porque si seguía-
mos se nos va a apresar, llevar al segundo cuerpo de la Policía Nacional y con-
signarnos por atentar al orden público y la seguridad nacional”.
703
Ese mismo 30 de marzo la directiva de Grupo se reunió en sus ofici-
nas, para abordar temas vinculados a la seguridad y al peligro que corrían
en ese momento. Al salir del inmueble, hombres desconocidos, vestidos de
civil, capturaron a Héctor Orlando Gómez Calito, de 32 años de edad, vo-
cero del GAM, quien se dirigía a su casa, ubicada en Amatitlán. Al día si-
guiente, su cadáver fue encontrado en el Parque de las Naciones Unidas.
704
De acuerdo con los testimonios y las informaciones de prensa el cadáver
presentaba señales de tortura.
“…atado de pies y manos, quemado, con la lengua cortada, los dien-
tes quebrados a golpes y con el cráneo destrozado, además de golpes en
el rostro”.
705
218
700 Testigo directo (esposa de la víctima) GAM. Testigo directo REMHI. C5073. Mayo, 1984.
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
701 Americas Watch, “The Group for Mutual Support” 1984-85. Washington, 1985, pg. 54, El 6 de
junio de 1985, después de la ejecución de Rosario Godoy, la comisión publicó su informe, el cual
constaba de tres hojas de papel a doble espacio, donde recomendaba la creación de una nueva co-
misión, la cual, debería excluir a las organizaciones gubernamentales y oficiales, siendo en su lu-
gar formada por sectores parlamentarios y profesionales y por entidades privadas y religiosas, que
recibirían una mejor cooperación por parte de los parientes de las víctimas.
702 CI 48. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
703 Carta de puño y letra de María del Rosario a sus familiares, 30 de marzo de 1985, Guatemala.
704 Testigo directo CEH. C 243. Marzo, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
705 Testigo directo GAM. Marzo, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Al día siguiente, durante el funeral de Héctor Gómez Calito, María
del Rosario Godoy pronunció un discurso en el que expresó el dolor que
les embargaba por la muerte del compañero, a la vez repudió el crimen y
responsabilizó de este hecho al Gobierno. Un pasaje de este discurso fue
transmitido por un programa de televisión.
706
Después de este hecho, el GAM denunció que hombres vestidos de ci-
vil, portando armas, de fuego circulaban y vigilaban las viviendas de varios
miembros de esta organización de derechos humanos.
707
Asimismo, habían
llamadas telefónicas y amenazas anónimas. En la casa de María del Rosa-
rio Godoy se recibían llamadas extrañas, realizadas por personas que col-
gaban cuando se contestaba al teléfono.
708
II. LOS HECHOS
El 4 de abril de 1985, festividad de Jueves Santo, hacia las once y me-
dia de la mañana, María del Rosario Godoy, junto a su hermano Maynor
René, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de San Carlos, y
su hijo Augusto Rafael, de dos años de edad, salieron en un vehículo des-
de su casa, ubicada en la 5ª avenida 2-30, zona 12, colonia Pamplona, de
la capital, con rumbo al centro comercial Montúfar, de la zona 9, con el
propósito de comprar medicinas, ya que el niño se encontraba enfermo.
Pasado el mediodía, la madre de María del Rosario se preocupó, por-
que no regresaban. Decidió buscarlos en los hospitales, informó de la si-
tuación a los dirigentes del GAM y a la cinco de la tarde interpuso denun-
cia formal de la desaparición forzada de sus hijos en la Policía Nacional.
El 5 de abril, en las primeras horas de la madrugada, miembros del
DIT de la PN informaron a la madre que los cadáveres de sus hijos y nie-
to estaban en la morgue de La Verbena. Los habían encontrado en el kiló-
metro 19 de la carretera que conduce de la aldea Boca del Monte a la ca-
becera municipal de Villa Canales. Esta ruta no era la que María del Ro-
sario Godoy tenía previsto tomar.
709
Según el informe de la PN, a las dieciocho horas y diez minutos del 4
de abril, “por rumores públicos”, tuvieron conocimiento de que en el lugar
antes mencionado “había ocurrido un accidente de tránsito, y que en el mis-
mo lugar se encontraban tres cadáveres desconocidos”.
710
219
706 Prensa Libre, 9 de abril de 1985, pg. 4.
707 El Gráfico, 03 de abril de 1985.
708 Testigo de referencia CEH. (T.C. 868). Americas Watch, The Group for Mutual Support 1984-
85, Washington, 1985, pg. 45.
709 Testigo directo CEH. (T.C. 868). Americas Watch, The Group for Mutual Support 1984-85, Was-
hington, 1985, pg. 44.
710 Informe de la Subestación de la Policía Nacional de Villa Canales, 4 de abril de 1985, Oficio
No.384.
A las siete de la noche se presentó en el escenario de los hechos el juez
de turno. A una distancia de un metro de la orilla de la carretera encontró
“tres cadáveres sobre tres camillas de metal”. Los bomberos voluntarios ha-
bían puesto los cadáveres sobre las camillas. En el mismo lugar se determi-
nó la identidad de las víctimas adultas tras consultar sus documentos de
identificación personal. Rosario Godoy “presentaba una herida en la sien del
lado derecho”, su hermano Maynor René y su hijo Augusto habrían muer-
to “politraumatizados”.
711
Sin embargo, algunos testigos que observaron a las víctimas en la mor-
gue, relataron, contestes que “Rosario tenía los pómulos hundidos y estaba
muy amoratada; además, su ropa interior estaba llena de sangre y al destapar-
la se sentía olor a semen. El niño tenía como señales de estrangulamiento. El
muchacho también estaba muy golpeado …”
712
“Sobre todo el niño daba la
impresión de haber sido torturado”.
713
“[El cadáver] del niño no tenía uñas y
Rosario tenía como mordidas en los pechos”.
714
El Viernes Santo fueron enterrados en el Cementerio General.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
La versión oficial sobre la causa de la muerte de las víctimas fue que
habían fallecido por haber recibido severos golpes en la cabeza, por “trau-
ma cráneo encefálico de cuarto grado y hemorragia subaraenoidea difusa”.
715
El
examen forense no verificó si María del Rosario había sido víctima de vio-
lación sexual ni si el niño había sido torturado. Tampoco el juez lo solici-
tó.
El informe sobre el reconocimiento judicial del vehículo concluyó que
éste tenía el freno de mano puesto, que el pedal del freno no funcionaba y
que en la alfombra trasera habían encontrado manchas de sangre.
716
Nun-
ca se efectuó el análisis de la sangre hallada en el vehículo, pero se solicitó
este análisis para establecer si Rosario Godoy había ingerido alguna bebi-
da alcohólica. El resultado fue negativo.
717
Tampoco la investigación judi-
cial comprobó las condiciones en que se encontraban los neumáticos, al
objeto de determinar si las causas del supuesto accidente habían sido la
pérdida de control del vehículo o si el auto se había quedado sin frenos.
220
711 Resolución del 4 de abril de 1985 del Juzgado de Paz del municipio de Villa Canales, departa-
mento de Guatemala, que manda instruir la averiguación sumaria. Sin número.
712 Testigo directo CEH. (T.C. 866).
713 Testigo de referencia CEH. (T.C 868).
714 Testigo directo CEH. (T.C. 867).
715 Informes forenses. 16-19 de abril de 1985.
716 Resolución del 4 de abril de 1985 del Juzgado de Paz del municipio de Villa Canales, departa-
mento de Guatemala, que manda instruir la averiguación sumaria. Sin número.
717 Informe de la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC, 12 de abril de 1985.
Un testigo directo señaló a la CEH:
“Las lesiones que presentaban podían ser de un accidente de tránsito,
aunque no lo creo porque eran demasiados golpes en la cabeza … Te-
nían una hemorragia cerebral muy severa. No recuerdo que tuvieran
fracturas en otras partes del cuerpo. Quizá uno tenía fracturada la na-
riz. Los cuerpos estaban muy golpeados, [parecía] que los torturaron
a golpes. Los cuerpos presentaban moretes y equimosis, como si los hu-
bieran golpeado con un tubo de metal”.
718
Por otra parte, durante el proceso judicial tan sólo se escucharon las
declaraciones de la madre de María del Rosario Godoy y del agente de la
PN de Villa Canales que dio la noticia del hecho, ningún testigo directo
fue interrogado. El proceso concluyó una semana después, con la entrega
de los efectos personales y el vehículo a los familiares.
El arzobispo Próspero Penados del Barrio afirmó que se trataba de un
triple asesinato.
En cambio, el ministro de Gobernación, el director de la Policía Na-
cional y el secretario de Relaciones Públicas de la Jefatura de Estado, afir-
maron que las víctimas habían fallecido en un accidente de tránsito. El
ministro de Gobernación, dijo que “era injusto llamar la muerte de los
Cuevas asesinato cuando el reporte oficial ha demostrado que no ha sido el
caso”.
719
Agregó que la información estaba en manos de un juez guatemal-
teco que tenía autoridad para abrir nuevas investigaciones, si lo conside-
raba necesario.
720
Sin embargo, la PN no realizó ninguna indagación,
721
a
pesar de que se había solicitado por el Ministerio Público el 22 de abril
de 1985.
722
Después de la muerte de Héctor Gómez Calito y de María del Rosa-
rio Godoy, la dirección del GAM se vio reducida. Como consecuencia de
las amenazas y persecución, varios de sus miembros abandonaron el país.
En 1988 la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFRE-
GUA) proclamó mártir a María del Rosario Godoy.
221
718 Testigo directo CEH. (T.C. 869).
719 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado. Abril, 1985. Pq. 4-18,
pg. 4.
Prensa Libre, 9 de abril de 1985, pg. 4.
720 Embajada de los EEUU en Guatemala, cable a Departamento de Estado. Abril, 1985. Pq. 4-18,
pg. 4.
721 Policía Nacional, Informe de personas desaparecidas solicitado por la CEH, Sin fecha, pg. 5.
722 Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, 22 de abril de 1985, 818.6.
IV. CONCLUSIONES
Atendidos los antecedentes del caso, la CEH se formó la presunción
simple de que María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, Maynor René
Godoy Aldana y el niño Augusto Rafael Cuevas Godoy fueron ejecutados
arbitrariamente por agentes del Estado o por sujetos que contaron con la
aquiescencia o tolerancia de sus autoridades y, en todo caso, con su poste-
rior protección, por lo cual su muerte configura una violación a los dere-
chos humanos.
Esta presunción se basa, principalmente, en la cantidad de testimo-
nios contestes, la calidad de una de las víctimas, María del Rosario Godoy,
las amenazas previamente recibidas por ella, la ocurrencia, en la misma
época, de casos similares que afectaron a otros miembros del GAM y la
reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen.
Además, atendida la circunstancia de no haberse realizado una inves-
tigación que reuniera mínimos requisitos de seriedad, la CEH se formó la
convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala
faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, vio-
lando el derecho a la justicia.
Después de analizar el expediente judicial, la CEH concluyó que si
bien es cierto las autoridades del Organismo Ejecutivo, específicamente las
encargadas de la persecución penal, orientaron evidente y deliberadamen-
te las escasas actuaciones que realizaron para evitar que surgieran pistas de
una violación de derechos humanos, no basta para exonerar a los funcio-
narios del Organismo Judicial la absoluta denegación de justicia, precipi-
tando junto a las autoridades del Ejecutivo, sobre bases muy precarias, la
versión de que se trataba de un accidente de tránsito, lo cual refuerza la
principal conclusión de la CEH.
Finalmente, el caso es ilustrativo del pernicioso discurso oficial que
identificaba a los activistas de derechos humanos con la guerrilla y que
consideraba atentatorios contra la seguridad del Estado reclamos tan jus-
tos como la aparición con vida de los desaparecidos forzados.
222
I. ANTECEDENTES
Desde su fundación en 1920 la Asociación de Estudiantes Universita-
rios (AEU) ha jugado un papel importante en la vida política del país y fue
uno de los sectores más golpeados por la violencia. El destacado líder estu-
diantil Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, fue eje-
cutado arbitrariamente el 20 de octubre de 1978 a una cuadra del Palacio
Nacional, luego de una manifestación conmemorativa del aniversario de la
Revolución del 44.
725
Antonio Ciani García, quien tomó su lugar en la
Asociación, fue desaparecido el 6 de noviembre de ese mismo año.
726
Desde entonces la AEU ocultó la identidad de su directiva y el secre-
tariado fue sustituido por una coordinadora que facilitaba el anonimato de
sus dirigentes. A pesar de estas medidas, en mayo de 1984, cuando se in-
tentaba rearticular el movimiento estudiantil y la AEU fortalecía su traba-
jo público, cinco miembros de su Comité Ejecutivo sufrieron desaparición
forzada: Carlos Ernesto Cuevas Molina, Marilú Hichos, Gustavo Adolfo
Castañón Fuentes, Otto René Estrada Illescas y Héctor Alirio Interiano
Ortíz. Mientras, otros dos, Raúl Figueroa Sartí y María del Rosario Cue-
Caso ilustrativo No. 30
Ejecuciones arbitrarias y
desapariciones de estudiantes
en 1989
“Todos los sectores coinciden en señalar que
Guatemala se está encaminando, a pasos
agigantados, hacia la era de la violencia que
se vivió en los gobiernos militares, en que los
derechos humanos eran violados impune-
mente y en los que la violencia imperaba en
calles, caminos y veredas, ciudades y pueblos
de todo el país”.
723
“No dejan que los jóvenes, que pueden estu-
diar y con su ideología mejorar al país, ha-
gan algo; en lugar de dejarlos, los matan”.
724
723 El Gráfico, 12 de septiembre de 1989. “Violencia ... maldita violencia!”, editorial.
724 Prensa Libre, 11 de septiembre de 1989. Declaraciones de Miguel Humberto Chutá Camey, her-
mano de una de las víctimas.
725 CI 45. Octubre 1978, ciudad de Guatemala, Guatemala.
726 C 728. Noviembre, 1978. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
vas tuvieron que buscar refugio en Costa Rica.
727
Todos fueron miembros
del grupo estudiantil Frente.
El 3 de septiembre de 1985 tropas del Ejército de Guatemala allana-
ron y ocuparon por tres días la ciudad universitaria, registraron y desorde-
naron los archivos, incluyendo los expedientes de los estudiantes. Además,
se reportó la pérdida y destrucción de libros y otros objetos de valor aca-
démico e histórico.
728
Los diferentes sectores universitarios condenaron la ocupación a las
instalaciones de la USAC:
“Ello fue una reacción represiva a la postura de la universidad, respec-
to al alto costo de la vida y el aumento al precio del pasaje urbano,
que generó protestas masivas, en las cuales participaron miles de estu-
diantes universitarios”.
729
El Gobierno justificó esa ocupación militar aduciendo que la USAC
era centro de la “subversión” y del narcotráfico.
La recuperación del movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y
1986 no hubo AEU. En 1987 se eligió una nueva directiva. La organiza-
ción estudiantil no volvió a actuar de forma pública hasta 1989, cuando
en un número de El Estudiante se publicaron los nombres de todos los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Ese año, los principales
objetivos de la AEU fueron reorganizar el movimiento estudiantil, apoyar
a los estudiantes de educación media y a los sectores populares e impulsar
un proceso de reforma universitaria. La reforma implicaba la reestructura-
ción financiera, administrativa y académica de la USAC.
Estas líneas de trabajo habían sido acordadas en diciembre de 1987,
en un seminario que, por razones de seguridad, se celebró en México, con-
tenidas en un documento que se denominó Nueva Esperanza.
En 1989 el Gobierno dirigido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo en-
frentó un intento de golpe de Estado (9 de mayo) y una ola de críticas por
abuso en la utilización de los recursos del Estado. Por su parte, el sector la-
boral acusaba al Gobierno de desviar fondos públicos para financiar una
campaña preelectoral interna.
730
En este contexto, la AEU apoyó la huelga de maestros que se realizó
en toda la República entre junio y agosto de 1989.
731
Se estima que el apo-
224
727 Testigos de referencia (ex estudiantes) CEH.
728 Informe de la Facultad de Ciencias Económicas a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 15
de mayo de 1998. Entre los objetos desaparecidos se encontraban los premios otorgados a los gru-
pos de teatro.
729 Ibid.
730 Inforpress Centroamericana, No. 831 del 6 de abril de 1989 y 836 del 18 de mayo de 1989.
731 La huelga del Magisterio incluyó a otros sectores como los trabajadores del INTA, del Ministe-
rio de Finanzas y de la Dirección General de Caminos, y contó con el apoyo de aproximadamen-
te 80 mil trabajadores.
yo estudiantil a los docentes fue uno de los factores que desató la represión
en su contra.
732
Asimismo, la AEU participó en el Diálogo Nacional, jun-
to con la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), y apoyó las de-
mandas sindicales, campesinas y populares.
733
Estas acciones las realizó la
AEU a pesar de haber recibido amenazas suscritas por “Jaguar Justiciero,
JJ”
734
y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA),
735
y pese a que estallara
una bomba frente a la casa de Aarón Ochoa, miembro de la coordinadora
estudiantil, con un panfleto en el que le acusaban de ser un traidor y estar
vinculado con la guerrilla.
El agosto de 1989 se denominó “agosto negro”,
736
debido a los hechos
de violencia que se iniciaron con el asesinato de Danilo Barillas, dirigente
de la Democracia Cristiana, y de René Estanislao López, miembro de la
juventud de ese partido. Asimismo, estallaron tres bombas, una frente a la
Rectoría de la Universidad de San Carlos,
737
otra en la sede de Brigadas de
Paz, y la tercera frente a la del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), donde se
encontraba refugiada la familia de Rumualda Camey, miembro de esa aso-
ciación, que había sido desaparecida el 16 de agosto.
738
La Universidad también sufrió las consecuencias de este “agosto negro”:
en menos de quince días, entre agosto y septiembre de 1989, diez líderes
universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Cinco de ellos fueron ase-
sinados y los restantes desaparecieron. Los que lograron salvar la vida tu-
vieron que salir al exilio. En diciembre de ese mismo año otro miembro de
la coordinadora de la AEU fue ejecutado. Varias de las víctimas eran sim-
patizantes del movimiento guerrillero.
II. LOS HECHOS
El lunes 21 de agosto de 1989, alrededor de las once de la mañana,
Iván Ernesto González Fuentes salió de la Universidad para participar en
una reunión en la UASP, entidad ante la que representaba a los damnifica-
dos por la violencia. Nunca más regresó ni se supo de él. Iván Ernesto te-
nía 29 años de edad, era estudiante de Psicología, representante estudian-
225
732 Inforpress Centroamericana, No. 841, 15 de junio de 1989.
Americas Watch, Guatemala Renewed Violence Against Students, ob. cit., pg. 4.
733 Frente Estudiantil de Reforma Universitaria, FERU, Breve cronología de los actos represivos en con-
tra del Movimiento Estudiantil, ob. cit., pg. 11.
734 Testimonio directo (ex estudiante) CEH.
735 Testigos directos (ex estudiantes) CEH. Inforpress Centroamericana, No. 832. 13 de abril de 1989.
736 Frente Estudiantil de Reforma Universitaria, FERU. Breve cronología de los actos represivos en con-
tra del Movimiento Estudiantil, Ob.cit., pg. 11.
737 Prensa Libre, 23 de agosto. Donde el sindicado de la USAC pide que cese la violencia y condena
el atentado del 14 de agosto de 1989 frente a la Rectoría.
738 Prensa Libre, 16 de agosto de 1989.
til ante la Junta Directiva de esa Escuela, miembro de la Coordinadora Es-
tudiantil de la AEU y su representante ante el Diálogo Nacional.
Al día siguiente, Carlos Ernesto Contreras Conde fue a desayunar con
unos familiares en la colonia Landívar, zona 7, ciudad de Guatemala. A
media mañana se dirigió a la zona 3, donde se encontraría con su compa-
ñera, pues tenían previsto acudir juntos a registrar a su niña recién nacida.
Nunca llegó a la cita. Carlos Ernesto tenía 22 años, estudiaba psicología,
era representante estudiantil ante la Junta Directiva de esa Escuela. Algu-
nos testigos aseguran que lo detuvieron en la Universidad mientras espera-
ba un bus.
739
El 23 de agosto dos personas penetraron en la residencia de
la víctima y se llevaron algunos documentos.
También el 22 de agosto, Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado por
cuatro hombres armados, vestidos de civil, que se desplazaban en dos ve-
hículos, uno de ellos un Pickup rojo con vidrios polarizados. La víctima
era estudiante de Ciencia Política y catedrático auxiliar de Ciencias de la
Comunicación. A las cinco de la tarde salió del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, donde trabajaba, para impartir clases en la Universi-
dad de San Carlos y cuando transitaba por la 5ª avenida, entre la 13 y 14
calle de la zona 9, se produjo la detención. Una declarante afirmó que la
vigilancia a la familia continuó durante dos años.
El miércoles 23 de agosto de 1989, Silvia María Azurdia Utrera, de 29
años, y su esposo, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, de 35, sufrieron de-
saparición forzada al salir de su domicilio, ubicado en la 5ª calle A, 11-02
de la zona 11. Silvia era politóloga y psicóloga, Víctor Hugo era politólo-
go y licenciado en Relaciones Internacionales. Ambos fueron fundadores
del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
El día de los hechos, desde las cinco de la mañana, hombres fuerte-
mente armados, incluso con ametralladoras se apostaron cerca de la casa,
en un pick-up color negro, con líneas grises, placas de circulación P-
144624 y un carro marca Nissan color celeste aplomado o gris metálico,
placas P-161097.
740
Poco antes de la siete de la mañana, Silvia Azurdia sa-
có el carro, lo detuvo a media calle para esperar que Víctor Hugo Rodrí-
guez cerrara la puerta del garaje, y los dos vehículos se cruzaron junto al
suyo, uno por adelante y el otro por atrás. Víctor Hugo corrió para auxi-
liarla, pero fue golpeado en la cabeza, se desmayó y le arrojaron a la parte
trasera de uno de los carros. Silvia salió de su vehículo, gritando que los au-
xiliaran, pero la agarraron del cabello, la metieron en su carro y la sentaron
entre los secuestradores.
226
739 Testigo de referencia (ex estudiante) CEH.
740 Acta de Reconocimiento Judicial, Guatemala, 28 de agosto de 1989, Proceso 3146-89, Juzgado
Primero de Primera Instancia Penal de Instrucción, folio 23. Acta de declaración testimonial,
Guatemala, 25 de agosto de 1989, Proceso 3146-89, Ob. cit., folio 11.
Esa misma tarde dos hombres entraron en la oficina número 301, si-
tuada en el tercer nivel del Edificio América, 1ª avenida, 11-39, zona 1,
donde Silvia y Víctor Hugo tenían su oficina, y sustrajeron documentos.
Estas personas llevaban las llaves y una nota de las víctimas en que se au-
torizaba al guardián a abrir la oficina.
741
En su domicilio también entraron
personas desconocidas y sustrajeron algunas cosas.
El 23 de agosto, a las tres de la tarde, el estudiante de Sociología, Aa-
rón Ubaldo Ochoa fue visto por última vez cuando salió de su casa con
rumbo a la Universidad. Aarón tenía 27 años, era miembro de la Coordi-
nadora de AEU y vocal ante el Consejo Directivo de la Escuela de Cien-
cia Política.
El último en ser desaparecido ese día fue Mario Arturo De León, lue-
go de dar una conferencia de prensa en la Universidad, a las siete de la no-
che, sobre la desaparición de sus compañeros. Mario salió en su Pickup
blanco, rumbo a su casa y nunca más se supo de él. Tenía 27 años, había
egresado de la Facultad de Agronomía y era catedrático auxiliar de la mis-
ma, miembro de la Coordinadora de AEU y director de la Comisión de
Reforma Universitaria.
En septiembre otros tres estudiantes fueron desaparecidos: Carlos
Leonel Chutá Camey, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Eduardo An-
tonio López Palencia. A diferencia de los siete estudiantes desaparecidos
en agosto, que pertenecían al mismo grupo, Unidad Estudiantil, y esta-
ban relacionados con la Coordinadora de AEU, éstos fueron miembros
de la Coordinadora en el período anterior, 1987-1988, y eran integran-
tes del grupo Avanzada, que también propugnaba por la reforma univer-
sitaria.
El 8 de septiembre de 1989, hacia las ocho de la mañana, frente a la
parada de buses de Lomas de Pinares, zona 17, ciudad de Guatemala, Car-
los Leonel Chutá Camey, de 31 años, se encontraba con su esposa y con
su hija de diez meses. Cinco hombres jóvenes armados, que se conducían
en una furgoneta Toyota con vidrios polarizados, lo subieron a la fuerza a
uno de los vehículos y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El 9 de septiembre, Carlos Humberto Cabrera Rivera, de 46 años, re-
presentante educativo rural ante la Asamblea Nacional del Magisterio y es-
tudiante de humanidades, sufrió desaparición forzada a las ocho treinta de
la mañana, cuando lavaba su vehículo frente a su casa, ubicada en la 19 ave-
nida 9-79, de la colonia Venezuela, zona 21. Los victimarios eran ocho per-
sonas armadas, con equipo de comunicaciones, que ocupaban dos vehícu-
227
741 Acta de declaración testimonial, Guatemala 11 de septiembre de 1989, Juez Primero de Primera
Instancia Penal de Instrucción, proceso C-3146-89, folio 62.
los, uno pick-up rojo placas P 157245
742
y una camioneta de color gris.
743
El 10 de septiembre de 1989, Eduardo Antonio López Palencia, de 26
años, estudiante de Ciencias Químicas y Farmacia, miembro del grupo
Avanzada, fue detenido en la 18 calle entre 4ª y 5ª avenida, zona 1, cuan-
do transitaba por ese sector acompañado de su novia. Tampoco de él se su-
po nada más.
Por otro lado, al menos en cuatro casos hubo vigilancia de los miem-
bros de la familia, con posterioridad a las desapariciones.
744
Por lo menos,
nueve de los doce dirigentes sobrevivientes de la Coordinadora de la AEU
salieron del país.
III. LUGAR DE LA DETENCIÓN
Y LA EJECUCIÓN DE CINCO ESTUDIANTES
Según documentación desclasificada por el Gobierno de los Estados
Unidos, existía una cárcel en la zona 6 de la ciudad capital.
745
Además, un
declarante, ex miembro de la sección de Inteligencia militar, observó que
los estudiantes desaparecidos estuvieron en el interior de la cárcel clandes-
tina ubicada en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada “La Isla”,
que estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa. Asimis-
mo, al referirse a los estudiantes desaparecidos en 1989, relató: “En La Is-
la los mataron. Cabal cuando yo entré, entrando yo, cuando yo entré a la di-
rección, todavía habían dos … Esos no los enterraban, aparecían muertos así
en la U, otros por ahí en la calle, en los barrancos … Y me contaron que a la
gente que no apareció la fueron a tirar al mar”.
746
En efecto, en la madrugada del 10 de septiembre de 1989, en la 17
avenida, entre la 35 y 36 calle de la zona 12, a la entrada de la colonia Vi-
llasol (parte oriental de la Universidad), varias personas bajaron de un ve-
hículo color azul para abandonar los cadáveres de Silvia María Azurdia
Utrera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, Carlos Humberto Cabrera Ri-
vera y Carlos Leonel Chutá Camey. Junto a los cuerpos, que mostraban se-
ñales de tortura,
747
fue hallada una nota que asociaba diversas razones “es-
228
742 De acuerdo con el registro del Departamento de Tránsito esta placa pertenecía a otro vehículo,
Proceso 3146-89, Ob.cit., folio 139.
743 Parte de policía, de fecha 9 de septiembre de 1989, Proceso 3146-89, Ob.cit., folio 118, descrip-
ción que concuerda con la nota periodística de Prensa Libre, 10 de septiembre de 1989.
744 Testigos directos (familiares de las víctimas) CEH. C 727.
745 CIA, Comentarios por (fuente censurada) en el proceso usado por los militares guatemaltecos pa-
ra explotar los valores de Inteligencia de los guerrilleros capturados, noviembre de 1994.
CI 33. Julio, 1992, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
746 Testigo directo (ex miembro de la sección de inteligencia militar) ODHA.
747 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, octubre, 1989. Pq.
4.66. En el testimonio rendido por un inspector de policía al juez sexto de Primera Instancia Pe-
nal de Instrucción, proceso 3146-89, folio 160, afirma que “presentaban señales de haber sido
torturados”.
tudiantiles” para explicar el móvil de los crímenes.
748
De acuerdo con el re-
conocimiento de los cadáveres y los informes médico forenses, los cuatro
cadáveres presentaban pinchazos de aguja hipodérmica
749
y múltiples heri-
das penetrantes producidas por objeto punzocortante: Víctor Hugo Rodrí-
guez Jaramillo tenía seis heridas; Silvia María Azurdia Utrera, cinco heri-
das; Carlos Leonel Chutá Camey, cinco heridas y Carlos Humberto Ca-
brera Rivera, presentaba 31 heridas.
750
El cadáver de López Palencia apareció el 15 de septiembre en la ca-
rretera de tierra, cerca de Guastatoya, El Progreso. Tenía heridas de ar-
ma blanca y señales de tortura. Según los familiares, presentaba tres ba-
lazos.
751
El 18 de diciembre de 1989, cerca del puente del Incienso, zona tres,
ciudad de Guatemala, fue encontrado el cadáver de Marco Tulio Monte-
negro,
752
miembro de la Coordinadora de AEU, estudiante de Agronomía,
quien presentaba contusiones y heridas de arma blanca. En ocasiones an-
teriores se había refugiado en Costa Rica y Panamá pero después de reci-
bir la garantía personal del Presidente de la República, Vinicio Cerezo, re-
gresó.
IV. LA RESPONSABILIDAD
Un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos re-
produce la opinión de una fuente que no especifica: “El descaro y la seguri-
dad con que actuaron y la pericia técnica demostrada por secuestradores pare-
cería implicar a personas integrantes de las fuerzas de seguridad”.
753
El presidente de la República, Vinicio Cerezo, sostuvo que el clima de
violencia que se tradujo en estos crímenes fue provocado “sistemáticamen-
229
748 Proceso 3146-89, folio 127. “Por la dignificación de la AEU. Hoy ante el grado de descomposición
existente en la dirigencia de AEU, nos vemos obligados a tomar medidas radicales contra todos aque-
llos dirigentes que han lucrado con nuestros fondos y entregado nuestra asociación a sectores externos li-
gados a la represión y que han atomizado el movimiento estudiantil impidiendo la unidad. Carlos
Chutá de AVANZADA se robó Q. 35,000; Carlos Cabrera de AVANZADA por oponerse al proceso
reformista; Víctor Hugo Jaramillo del MEU, por oreja. Seguiremos en la búsqueda de otros que han
falseado y producido un estancamiento del proceso reivindicador del movimiento estudiantil”.
Prensa Libre, 12 de septiembre de 1989. “AEU rechaza acusación”, Los estudiantes, al respecto, “re-
chazamos enérgicamente el contenido de los boletines que fueron encontrados a pocos metros de los ca-
dáveres”.
749 Prensa Libre, 11 de septiembre de 1989. “Los cuatro cadáveres presentaban pinchazos de agujas en
los brazos, como si les hubieran administrado algún veneno o suero”.
750 Juzgado de Paz de Turno, proceso 3146-89, folio 120, 147, Acta de Reconocimiento de Cadáve-
res de fecha diez de septiembre de 1989.
751 Prensa Libre, 20 de septiembre de 1989.
752 En diciembre, el doce, Marco Tulio Montenegro había sido detenido.
753 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, octubre de 1989. Pq.
4-67.
te por grupos ajenos al gobierno para crear un ambiente de inestabilidad…”
754
Por su parte, el ministro de la Defensa, Héctor Alejandro Gramajo Mora-
les, el 18 de septiembre de 1989, en una reunión con Americas Watch,
Amnistía Internacional y Washington Office on Latin America, WOLA,
afirmó —sin una investigación que lo respaldase— que los propios estu-
diantes eran los responsables de las desapariciones y ejecuciones.
755
Poste-
riormente, el 27 de septiembre de 1989, en declaraciones concedidas a
Reuters, Gramajo sostuvo que los responsables, en tres de los casos, eran
traficantes de drogas
756
y, en el resto, de la URNG.
757
Nunca se conoció el
sustento de tales aseveraciones.
El 11 de septiembre de 1989, tres sobres cerrados dirigidos a miem-
bros de la Coordinadora de la AEU fueron depositados en la recepción de
la Rectoría. La nota, suscrita por el Ejército Secreto Anticomunista, ESA,
indicaba que sus autores sabían que miembros de la Asociación tenían con-
tacto con la URNG y habían viajado a Costa Rica, México y Nicaragua.
La nota aclaraba también que no la enviaban a los otros miembros de la
AEU, porque éstos se encontraban en poder del ESA.
758
Simultáneamen-
te, según una nota de prensa, el ministro Gramajo Morales responsabilizó
ahora de los hechos “a los dementes de la derecha”.
759
Otras fuentes señalan que los crímenes pudieron ser cometidos con
tanta eficacia y en tan poco tiempo, debido a la existencia de una red de
informantes,
760
entre los cuales se contaba un miembro de la Inteligencia
militar que había conseguido infiltrarse en la AEU, con la finalidad de de-
sarticular las bases políticas de apoyo a la guerrilla, llegando incluso a con-
vertirse en un alto dirigente estudiantil. Según las fuentes, este “infiltrado”
llegó a ser un importante cuadro político de la URNG, de donde fue ex-
pulsado. Luego de los meses de agosto y octubre de 1989 abandonó el país
y después regresó, para cumplir funciones de asesoría en organismos del
Estado relacionados con tareas de Inteligencia y seguridad.
230
754 Diario de Centro América, 19 de septiembre de 1998, “La culpa no es del Gobierno”, declaracio-
nes de Vinicio Cerezo.
755 Americas Watch, Guatemala Renewed Violence Against Students. Ob. cit., pg. 7.
756 En los mismo términos se pronunció el presidente Cerezo, insinuando que las víctimas estaban
vinculadas con el tráfico de drogas. Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la Re-
pública, 13 de septiembre de 1989, comunicado de prensa.
757 Americas Watch, Guatemala Renewed Violence Against Students. Ob. cit., pg. 4. Secretaría de Re-
laciones Públicas de la Presidencia de la República, 13 de septiembre de 1989.
758 Americas Watch, Guatemala Renewed Violence Against Students. Ob. cit., pg. 4.
759 Inforpress Centroamericana, “Represión política acosa a la Universidad”, N. 854, 14 de septiem-
bre de 1989.
760 Testigo directo (ex estudiante) CEH.
Testigo directo (periodista) CEH.
Testigo de referencia CEH.
Testigo directo (ex estudiante) CEH.
V. LA IMPUNIDAD
Múltiples sectores sociales solicitaron la investigación de los hechos y
el esclarecimiento de estos delitos.
761
Por su parte, los dirigentes de la AEU
se reunieron con autoridades del Gobierno, con la intención de lograr la
reaparición con vida de los estudiantes. Consiguieron promesas sobre el
inicio de una investigación, pero nada se concretó.
En cinco de los casos, se presentaron recursos de exhibición personal,
que fueron declarados improcedentes.
En cuanto a la investigación policial, a pesar de las once órdenes dic-
tadas por los jueces a la Policía para que se investigaran los hechos, el or-
ganismo policial no actuó.
762
Asimismo, el 10 de septiembre de 1989 se so-
licitó a la sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Cri-
minológicas de la Policía Nacional,
763
que investigara las muertes de los es-
tudiantes. Los resultados de las pesquisas fueron remitidos al organismo ju-
dicial, dos años y medio después, el 27 de enero de 1992, y éstos no arro-
jaron conclusiones serias ni fundamentadas que ayudaran al proceso de
modo efectivo al proceso, llegándose a señalar, incluso, al entonces rector
de la universidad de San Carlos, entre otras personas, como responsable del
asesinato de los estudiantes.
764
En el expediente judicial constan diligencias de mero trámite en su
mayoría, y declaraciones de familiares de las víctimas. No hubo sindicados
en la causa ni, por lo tanto, resolución definitiva sobre los hechos y los res-
ponsables.
La madre de uno de los estudiantes víctimas de esta oleada represiva
testimonia que un funcionario del órgano judicial, después de los múlti-
ples trámites, le aconsejó: “Hable con el ministro de la Defensa, él es el úni-
co que puede ayudarla; nosotros no podemos hacer más…”
765
El presidente Cerezo reconoció que “no tenemos en este momento la su-
ficiente capacidad material para enfrentar una avalancha de este tipo…”
766
y,
días más tarde, que “las fuerzas de seguridad no han actuado con toda la
231
761 Por ejemplo, se formó el Frente Moral contra la Violencia, una misión internacional denomina-
da “Comisión por la vida”, el Movimiento Nacional por la Paz y la Democracia, se pronunciaron
también en este sentido varios sectores, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos del Con-
greso, una delegación de académicos mexicanos, la Iglesia, sindicatos, gremios profesionales.
762 Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción, folio 3, C-2269-89, Juzga-
do Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción, folio 4; C-3093-89, del Juzga-
do Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción, folios 14,
142,240,254,255,269.
763 C-3093-89, Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción, folio 157.
764 Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, 27 de enero de 1992, hoja 11. 5 pieza
del proceso 3146-89.
765 Testigo directo CEH. (testimonio escrito entregado a la CEH).
766 Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, conferencia de Prensa del pre-
sidente Vinicio Cerezo, 14 de septiembre de 1989.
prontitud del caso para controlar la violencia que mantiene atemorizada a la
población guatemalteca”.
767
En 1992 El Frente Estudiantil de Reforma Universitaria (FERU) de-
nunció una vez más los hechos ante el procurador general de la nación y
el Ministerio Público. Se comenzó un nuevo procedimiento ante el juez
quinto de Primera Instancia Penal de Instrucción, el 24 de abril de 1992.
El juez ordenó la investigación sumaria y mandó a citar a Vinicio Cerezo
y a Roberto Valle, ex ministro de Gobernación, a los ofendidos y a los je-
fes de seguridad de la época. Posteriormente se inhibió de conocer la cau-
sa y el 14 de mayo remitió al Juzgado Segundo, en donde se acumuló el
proceso al ya iniciado en 1989 y ordenó que se continuara el trámite.
VI. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que once estudiantes universitarios
fueron detenidos arbitrariamente entre los meses de agosto y diciembre de
1989. De ellos seis fueron torturados y ejecutados arbitrariamente, en vio-
lación de sus derechos a la vida y la integridad física. Hasta la fecha no han
aparecido cinco de las víctimas detenidas, cuyo derecho a la libertad y a la
integridad personales fue violado y de quienes, dado el tiempo transcurri-
do de estar desaparecidas, se presume que fueron ejecutadas arbitrariamen-
te por sus captores, con lo cual ha sido conculcado, además, su derecho a
la vida.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concor-
dantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que los estudian-
tes fueron víctimas de un operativo de inteligencia militar, en el que par-
ticiparon agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección,
tolerancia o aquiescencia.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, académi-
cos de pensamiento de izquierda o centro izquierda que buscaban la refor-
ma universitaria, activistas en la reivindicación de derechos y el estigma de
“subversiva” que se asignó a la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU), provocó que se desplegara toda la capacidad de acción del Estado,
poniendo en práctica el tradicional modus operandi de sus agentes clan-
destinos.
El caso ilustra, también, como con la represión contra los dirigentes
estudiantiles se pretendía desarticular el movimiento que impulsaba la re-
forma universitaria promovida por estudiantes, trabajadores y docentes
universitarios.
232
767 Siete Días, “Violencia afecta estabilidad”, declaraciones de Vinicio Cerezo, 22 de septiembre de
1989.
El caso también es ilustrativo de la actitud de altas autoridades de Go-
bierno que inculparon a determinados sectores sociales por la comisión de
los hechos, sin investigaciones serias ni fundamento alguno; y de la absolu-
ta carencia de rigor y seriedad de las investigaciones policiales y judiciales.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Carlos Humberto Cabrera Rivera
Carlos Leonel Chutá Camey
Silvia María Azurdia Utrera
Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo
Eduardo Antonio López Palencia
Marco Tulio Montenegro
Desaparición forzada
Aarón Ubaldo Ochoa Ramírez
Carlos Ernesto Contreras Conde
Hugo Leonel Gramajo López
Iván Ernesto González Fuentes
Mario Arturo De León Méndez
233
I. ANTECEDENTES
Una de las secuelas del enfrentamiento armado a principios de los años
ochenta fue el desplazamiento masivo de la población civil, indígena en su
mayoría, que adquirió una “dimensión traumática nacional”
768
y “ocasionó
violaciones de los derechos humanos y grandes sufrimientos para las comunida-
des que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y formas de vida, así como
para aquellas poblaciones que permanecieron en sus áreas de habitación”.
769
El control militar y social de la población civil que habitaba las llama-
das “zonas de conflicto” fue evidente, como señaló uno de los protagonis-
tas de ese período: “Se tenía que pelear una guerra en todos los frentes: mi-
litar, político y, sobre todo, social y económico. Las voluntades y corazones del
pueblo eran nuestros objetivos”.
770
Para el obispo de Quiché, había una “es-
trategia contrainsurgente declarada” sobre la “población disputada” que in-
cluía “la persecución, quema o corte de sus milpas o de lo que les servía para
vivir”.
771
Según el presidente constitucional de la República de la época,
“cuando venían [los desplazados] el Ejército les daba algunas pláticas, que al-
gunos acusan de ideologización, tratándolos de convencer de que había necesi-
dad de incorporarse a la vida civil [y] romper sus vinculaciones, si es que las
tenían, con organizaciones subversivas”.
772
Mientras tanto, hasta mediados de los años ochenta, en el medio aca-
démico guatemalteco no se había desarrollado una base documental que
ofreciera información o contribuyera a orientar las políticas públicas y las
Caso ilustrativo No. 85
La ejecución arbitraria de
Myrna Elizabeth Mack Chang
768 Preámbulo de Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrenta-
miento Armado, suscrito en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994, por el Gobierno de la Re-
pública de Guatemala y la URNG.
769 Ibid. El Acuerdo citado define como población desarraigada “al conjunto de personas que, desa-
rraigadas por motivos vinculados con el enfrentamiento armado, viven en Guatemala o en el ex-
terior e incluyen, en particular, los refugiados, los retornados y los desplazados internos, tanto dis-
persos como agrupados, incluyendo las CPR “(Comunidades de Población en Resistencia).
770 General Héctor Alejandro Gramajo Morales, De la guerra... a la guerra. La difícil transición Polí-
tica en Guatemala, Fondo de Cultura Editorial, Guatemala. Febrero, 1995. pg. 181.
771 Declaración testimonial ante tribunal, 1 de diciembre de 1995.
772 Declaración testimonial ante tribunal, 16 de noviembre de 1995.
acciones humanitarias de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e
iglesias, a favor de las poblaciones desplazadas.
En abril de 1986, bajo el nuevo Gobierno civil se iniciaron los prime-
ros retornos de población desplazada que buscaba la protección de la Igle-
sia Católica en Alta Verapaz e Izabal. Según el presidente de la República:
“…el Gobierno de la República y el Ejército en consecuencia, le concedía a ese
tema una gran importancia…”
773
En mayo y junio de ese año los diarios lo-
cales reportaron que pobladores ixil se entregaban al Ejército y sus condi-
ciones físicas eran alarmantes. En septiembre el Gobierno creó la Comi-
sión Especial de Atención a Retornados (CEAR), con la participación de
los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Desarrollo y el
Comité de Reconstrucción Nacional.
Myrna Elizabeth Mack Chang, antropóloga, socia fundadora de la
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), al frente
de un pequeño equipo, realizó a partir de 1987 investigaciones en comu-
nidades de desplazados internos en las montañas del norte de Alta Vera-
paz. Su propósito consistía en elaborar y presentar un estudio sobre las
condiciones de vida de las víctimas de este fenómeno y las políticas guber-
namentales hacia los desplazados.
En 1988 inició el estudio titulado “Política Institucional hacia el Des-
plazado Interno en Guatemala”, publicado en marzo de 1990, en el Cua-
derno No. 6 de AVANCSO. Como paso previo, en la Primera Conferen-
cia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) había
presentado un borrador de este trabajo que tuvo difusión nacional e inter-
nacional.
Según la antropóloga Myrna Mack, el Ejército trató a los desplazados
como prisioneros de guerra. Esto se correspondía con el punto de vista ofi-
cial que los conceptuaba como población de apoyo a la guerrilla, que el
Ejército trataba de reconquistar.
774
Sobre este mismo tema, la ex directora
de CEAR manifestó:
“Al principio, ellos [los militares] iban por los refugiados, por los des-
plazados que estaban allí … al campamento; los llevaban marchan-
do hasta la zona militar para darles clases, decían ellos, y los regresa-
ban marchando otra vez. Los hacían marchar … el saludo a la ban-
dera a las cinco de la tarde … cantar el himno nacional … El Ejér-
cito consideraba que el tema de refugiados y desplazados era un tema
que ellos debían trabajar … Cuando empezamos CEAR tuvimos mu-
236
773 Ibid.
774 Cfr. Myrna Mack/AVANCSO, “¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de
retornados”, Cuaderno No. 6 de AVANCSO, Guatemala, Marzo, 1990.
chos enfrentamientos internos, digamos, a nivel de Gobierno con el
Ejército, porque se negaban ante la parte civil a hablar del tema del
refugiado”.
775
La posición del Ejército era crítica hacia la capacidad del Gobierno
civil para hacerse cargo del tema de los desplazados y manifestaba su
inconformidad sobre las nuevas políticas oficiales planteadas en rela-
ción a los repatriados y desplazados.
Entre tanto, las acciones militares arreciaron en el área ixil. Desde ju-
lio de1986 el Ejército había realizado incursiones hostigando a las Comu-
nidades de Población en Resistencia (CPR). Pero fue en septiembre de
1987 cuando lanzó la denominada ofensiva Fin de Año, contra los frentes
guerrilleros del EGP y la ORPA, que se prolongó hasta marzo de 1988.
Los efectos de esa ofensiva se sintieron más sobre la población de Chajul,
Nebaj y Cotzal que sobre las unidades armadas guerrilleras.
776
Varios gru-
pos de desplazados que sobrevivían en zonas donde existía presencia gue-
rrillera se entregaron a los militares o cayeron prisioneros en Nebaj, Cha-
jul y otros municipios vecinos. A la población que se repatriaba desde Mé-
xico a través de Huehuetenango, se le impuso la firma de un acta de am-
nistía: en ese documento se acusaba a los desplazados de estar al margen de
las leyes.
En 1990, cuando las presiones políticas externas hacían vislumbrar las
negociaciones de paz, la evaluación del Ejército sobre el enfrentamiento
destacaba estos factores: “Los terroristas [la guerrilla] … han incrementado
sus actos de repercusión política para … entorpecer el sistema democrático, pre-
tendiendo restarle credibilidad, especialmente en el orden internacional … a
fin de que sean reconocidos … y sea propicio favorecer un diálogo con el Go-
bierno. Ante esta situación se prevé para 1990 … mantener la presión opera-
cional integral … y contrarrestar la campaña de desinformación”.
777
La vio-
lencia política había recrudecido desde junio de 1989 y continuó en la
misma tónica durante 1990,
778
sobre todo por las oleadas de secuestros y
asesinatos contra líderes estudiantiles.
779
237
775 Declaración testimonial ante tribunal, el 25 de agosto de 1995.
776 La CEH registró entre septiembre de 1987 y marzo 1988 en los tres municipios las siguientes vio-
laciones: Ejecuciones arbitrarias 11; Desapariciones forzadas 2; Torturas, tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes 8; Muerte por desplazamiento forzado 4; Privación de libertad 9.
777 Transcripción del: Ejército de Guatemala, Estado Mayor de la Defensa Nacional, plan de campa-
ña Avance 1990.
778 La CEH registró las siguientes violaciones en 1989: Ejecuciones arbitrarias, 9 (capital) y 40 (res-
to del país); Desapariciones forzadas, 7 (capital) y 20 (resto del país); 1990: Ejecuciones arbitra-
rias, 5 (capital) y 53 (resto del país); Desapariciones forzadas 1 (capital) y 19 (resto del país).
779 CI 30. 1989. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Los cuerpos de seguridad fueron reestructurados después del intento
de golpe de Estado del 11 de mayo de 1988. El 16 de agosto se creó el Sis-
tema de Protección Civil (SIPROCI),
780
organismo que depositaba en el
trabajo de los funcionarios civiles la coordinación de la seguridad ciudada-
na y la persecución del delito. Resultó ineficaz puesto que no escapó al
control militar. Este sistema estuvo subordinado al Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) y su Departamento de Seguridad Presidencial (DSP, cono-
cido como Archivo). Después de una segunda tentativa de golpe de Esta-
do, en mayo de 1989, la Dirección de Inteligencia (D-2) estructuró la
coordinación del Archivo, sometiendo su actuación a los criterios rectores
del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).
781
La violencia política de 1989 y 1990 puso en cuestión la Tesis de Esta-
bilidad Nacional que, durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, propuso el
ministro de la Defensa, general Héctor Alejando Gramajo, a quien en ju-
nio de 1990 le llegó la fecha de retiro del Ejército. El general Gramajo ha-
bía insistido en que varios ejércitos de Centroamérica habían desaparecido,
por no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Criticó también los
graves errores en materia de derechos humanos que se estaban cometiendo.
Desde 1987, Myrna Mack había visitado las comunidades de retorna-
dos y desplazados bajo control del Ejército, en la zona ixil en Quiché, el
norte de Huehuetenango y Alta Verapaz. Una funcionaria de AVANCSO
señaló: “Podía no haberse entendido la entrada que estaba haciendo Myrna”
a las comunidades. Ella “estaba visitando, haciendo entrevistas largas … Al
campo se iba con toda la claridad del caso … todos ellos [las autoridades] te-
nían cartas de AVANCSO, de qué estábamos haciendo … [Pero] podía al fi-
nal verse con cierta sospecha”. En las comunidades del área ixil, según el tes-
timonio de la funcionaria al referirse a Myrna, se oyeron comentarios de
este tenor: “¿Qué andará haciendo esta chinita aquí?”
782
El 7 de septiembre de 1990 las CPR de la Sierra (Chajul) dieron a co-
nocer su existencia a través de un campo pagado en los diarios del país, a
la vez que denunciaron severas condiciones de acoso por parte del Ejérci-
to y pidieron que el Gobierno los reconociera como “población civil no
combatiente”. La publicación del documento “fue como un bombazo”, ex-
presa el obispo de Quiché
783
y agrega:
238
780 El SIPROCI continuó básicamente con las funciones del Centro de Reunión de Información y
Operaciones (CRIO), esta unidad realizaba esencialmente las funciones de coordinación operati-
va de los grupos uniformados que cumplían tanto los órganos de Inteligencia como la Policía Mi-
litar Ambulante (PMA), la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y el control operacional
de los mecanismos clandestinos de Inteligencia. Este esquema de coordinación y control se apli-
có sobre todo a la Policía, ya que incluso se contó con su propio personal trabajando en esta uni-
dad.
781 REMHI, Guatemala Nunca Más, Tomo III. El Entorno Histórico, ODHAG, Guatemala 1998,
pg. 279.
782 Declaración testimonial en tribunal, 19 de septiembre de 1995.
783 Declaración testimonial ante tribunal, 1 de diciembre de 1995.
“Este documento y Myrna (Mack) estaban puestos a un mismo nivel
… Myrna y yo sabíamos de la existencia del documento … Myrna no
tuvo nada que ver en la elaboración … hay una reunión en Costa Ri-
ca … el tema fue ampliamente conocido … Myrna regresó a Guate-
mala, comenzó a recibir llamadas … donde le preguntaban … cuán-
do va a salir el documento … se convertía en el centro … de un do-
cumento que ni era suyo ni tenía … Me imagino que sí hubo una in-
teligencia telefónica y … han de haber pensado que Myrna era res-
ponsable …”
784
II. LOS HECHOS
El 11 de septiembre de 1990, hacia las 18.45, al salir de su oficina en
AVANSCO (12 calle y 12 avenida de la zona 1 de la capital), Myrna Mack
fue atacada por dos sujetos que la apuñalaron 27 veces, ocasionándole la
muerte.
785
De acuerdo con la versión de Miguel Mérida Escobar, investiga-
dor policial que tuvo a su cargo el caso y que corroboran testigos: “…se
atravesaron dos tipos, agarraron a la víctima … ambos … movían las manos
… los sujetos estuvieron 45 segundos y salieron corriendo…”
786
Alrededor de las 19.30 los bomberos y la Policía Nacional (PN) llega-
ron al lugar y aseguraron el área. El director general de la PN y el jefe del
Gabinete de Identificación de la PN condujeron la primera investigación.
Además, de acuerdo con un informe jurídico presentado a la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH), “varios miembros de la Inte-
ligencia Militar (G-2) aparecieron en el lugar … estas personas no estaban
uniformadas sino usando ropas civiles”.
787
La investigación que siguió al crimen adoleció de irregularidades des-
de que dio comienzo. La Policía no protegió del modo apropiado el esce-
nario de los hechos. No tomó muestras dactilares, aduciendo que había
llovido, pese a que el parte meteorológico manifiesta que no llovió entre
las 15 y las 24 horas del 11 de septiembre de 1990. Tampoco tomó mues-
tras de sangre; por el contrario, limpió las uñas de Myrna Mack pero de-
sechó el contenido de los raspados “por ser muestras demasiado pequeñas” y
no realizó la consiguiente investigación de laboratorio. Tampoco sometió
a examen su ropa y el juego de fotos de las heridas resulta incompleto de-
239
784 Ibid.
785 Este hecho culminó un plan de vigilancia de por lo menos dos semanas contra Myrna Mack, di-
rigido por el sargento mayor del Ejército, asignado al DSP del EMP, Noel de Jesús Beteta Alva-
rez, según consta en el expediente judicial del caso.
786 Declaración de testigo ocular, agregada en el proceso judicial.
787 Georgetown University y Lawyers Committee for Human Rights, Petición Suplementaria presen-
tada a la CIDH en el caso No. 10.636 contra la República de Guatemala, bajo el nombre de
“Myrna Mack”, pg. 6.
bido a que, según se indica, “…se arruinó la cámara o el flash...”
788
Los in-
vestigadores tampoco tomaron las huellas digitales que hubieran podido
encontrarse en el carro de la antropóloga.
789
José Mérida Escobar y Julio Pérez Ixcajop fueron los investigadores de
la PN asignados al caso. El 29 de septiembre de 1990 entregaron un infor-
me de 60 páginas donde se concluía que Myrna Mack había sido asesina-
da por razones políticas. El informe mencionó como sospechoso al sargen-
to mayor del Ejército, Noel de Jesús Beteta Alvarez, miembro del Depar-
tamento de Seguridad Presidencial del EMP (DSP). Este informe no fue
conocido sino hasta que, en abril o mayo de 1991, el entonces director de
la PN
790
proporcionó una copia al jefe del Ministerio Público y procurador
general de la Nación, quien en junio del mismo año lo incorporó al expe-
diente judicial.
791
El informe de Mérida Escobar y de Pérez Ixcajop había sido sustitui-
do por una versión de trece páginas firmada por el, en aquella época, jefe
de la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Crimi-
nales (DIC). Fue ese informe, fechado el 4 de noviembre de 1990, el que
se envió a los tribunales. Todas las referencias a la implicación militar en el
asesinato habían sido suprimidas y en sus consideraciones finales dictami-
naba que el móvil del crimen había sido el robo.
El 10 de octubre de 1990, Helen Mack se presentó como acusadora
particular en el proceso. El 6 de enero de 1991 el juzgado citó a los inves-
tigadores para que ratificaran el informe del 4 de noviembre, pero la PN
respondió que los agentes no estaban disponibles. Posteriormente, el 26 de
junio de 1991, los investigadores Mérida y Pérez se presentaron ante el
juez. Mérida ratificó el informe de 60 páginas y luego de testificar, admi-
tió que su declaración equivalía a una “sentencia de muerte”. Pérez Ixcajop,
en cambio, se negó a reconocer este informe. A finales de julio de 1991,
Mérida comenzó a preparar su salida de Guatemala, pues ya había recibi-
do dos amenazas de muerte y sabía que hombres armados lo estaban vigi-
lando. El 5 de agosto de 1995, Mérida Escobar fue asesinado a balazos, a
menos de 100 metros de un puesto de la Policía Nacional. El hecho que-
dó sin esclarecer en los tribunales. En septiembre del mismo año la PN re-
cogió el arma y suspendió la escolta de protección a Pérez Ixcajop. En oc-
tubre él y su familia huyeron de Guatemala al notar que los vigilaban hom-
bres armados.
240
788 Declaración testimonial, en el proceso judicial contra Beteta Alvarez.
789 El jefe del Gabinete de la PN informó que no lo hicieron porque había llovido después de ocu-
rrido el asesinato. No obstante, las fotografías de la escena del crimen y los informes meteoroló-
gicos constataron que no llovió durante ni después del hecho.
790 El director de la PN era un oficial del Ejército con el grado de coronel.
791 El informe presentado por Mérida Escobar y Pérez Ixjacop tiene fecha 29 de septiembre de 1990.
El informe incompleto, presentado inicialmente por la Policía, tiene fecha 4 de noviembre de
1990.
El 29 de noviembre de 1991, Noel de Jesús Beteta Alvarez fue deteni-
do en Los Angeles por agentes del Servicio de Inmigración y Naturaliza-
ción de los Estados Unidos, y deportado el 4 de diciembre a Guatemala.
El Ministerio de Defensa informó a los tribunales que Beteta había traba-
jado en el EMP hasta el 30 de noviembre de 1990 como prensista 1 y cho-
fer, y que fue destituido “por convenir al servicio”. Beteta, en cambio, ase-
guró que sus tareas eran investigaciones criminales sobre secuestros y robos
dirigidas en persona por el jefe del EMP, quien le trasmitía órdenes verba-
les. El entonces jefe del EMP, general del Ejército, negó dar órdenes direc-
tas a Beteta, en tanto que el coronel, jefe del DSP, negó que Beteta le in-
formara directamente a él sino “por el conducto respectivo”, mientras que por
su parte el teniente coronel, segundo jefe del DSP, declaró que él no era je-
fe inmediato de Beteta.
El 29 de octubre de 1992 dos jóvenes testigos, Juan Carlos Marroquín
Tejeda y José Tejeda Hernández, coincidieron con un tercer testigo cuya
declaración constaba en la fase no pública de la investigación sobre la des-
cripción física de Beteta, a quien identificaron como uno de los dos ata-
cantes de Myrna Mack.
792
El 12 de febrero de 1993 la juez Carmen Ellgut-
ter dictó sentencia, condenando a Beteta a 25 años de prisión inconmuta-
bles, por asesinato, y cinco años, por lesiones contra un menor de edad.
Pocos meses antes, y también después de la sentencia, Beteta hizo confi-
dencias a otro convicto, que fueron grabadas y filmadas, en las que afirma-
ba que el asesinato contra Myrna Mack “fue un operativo montado … yo re-
cibía la orden directa de … sí … por motivos políticos. Ella estaba investigan-
do cosas que, pienso, perjudican lo que se dice seguridad y estabilidad del Go-
bierno, y por eso se ordenó el crimen …”
793
La acusadora particular presentó un recurso de apelación a la Sala
Cuarta de Apelaciones pidiendo dejar abierto el procedimiento, por auto-
ría intelectual del asesinato de la antropóloga, contra los tres oficiales mi-
litares. La Corte reafirmó la sentencia del 12 de febrero de 1993. Helen
Mack interpuso un recurso de casación y la Corte Suprema de Justicia ca-
só el fallo impugnado y dejó abierto el procedimiento penal en contra de
los acusados, en virtud de que “de lo actuado se deducen sospechas de su po-
sible concurso en la comisión de dicho hecho delictuoso”.
794
241
792 Tanto estos dos testigos presenciales, como Justino Virgilio Rodríguez, testigo de la vigilancia so-
bre Myrna Mack, el investigador Julio Pérez Ixcajop y Rember Larios Tobar, superior de Mérida,
abandonaron el país temiendo por su integridad física. Las presiones y amenazas alcanzaron tam-
bién a los miembros de AVANCSO. Durante las diligencias una de las juezas que llevó el caso hi-
zo “constar que es evidente el temor de las personas vecinas y cercanas que habitan el sector para
referirse al hecho y prestar su declaración” (Reconocimiento judicial del 20 de febrero de 1991,
hoja 4).
793 Declaraciones fechadas el 12 de noviembre de 1992 y el 13 de abril de 1993, grabadas por otro
convicto.
794 Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, Sentencia de Casaciones Acumuladas números 60-93
y 62-93, 9 de febrero de 1994.
El proceso fue remitido a un Juzgado Militar. La acusadora particular
se valió de los diferentes recursos judiciales para lograr que el proceso fue-
ra seguido en la jurisdicción común civil. Cuando el caso pasó al fuero ci-
vil,
795
y ya en el contexto del proceso de paz, los tres militares solicitaron
acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional.
796
Sin embargo, el 6 de fe-
brero de 1997, el juez primero de sentencia resolvió no conceder este be-
neficio, pues el delito de asesinato no está contemplado en los alcances de
la ley.
En el proceso judicial también se acumuló una gran cantidad de irre-
gularidades. Estuvo bajo la responsabilidad de doce diferentes jueces, des-
de el juez de paz que realizó las primeras diligencias, hasta la Corte Supre-
ma. El proceso se dilató debido a la presentación de múltiples recursos y
asimismo al incumplimiento de los plazos procesales.
797
En la etapa inicial
el proceso se prolongó desde septiembre de 1990 hasta diciembre de 1994.
En el proceso penal hubo también acciones de obstrucción y altera-
ción de pruebas, por parte de las autoridades militares. El EMP negó in-
formación, invocando el secreto de Estado, y ésta fue su actitud permanen-
te. Rechazó la existencia de expediente alguno sobre Myrna Mack (Oficio
No. 9185, pg. 1), pero la CEH llegó a conocer una copia que correspon-
día a un expediente de Inteligencia militar; en un principio negó también
que investigara el asesinato, a pesar de que son varios los testigos que de-
claran haber sido visitados e interrogados por un “Capitán Estrada” perte-
neciente a ese órgano asesor militar. Por otra parte, el EMP proporcionó
datos erróneos en lo referente a la fecha en que Beteta fue dado de baja de
su cargo y funciones, así como en lo relacionado con un tratamiento al que
fue sometido en el Hospital Militar. Asimismo, rechazó la entrega del par-
te diario de novedades del EMP; se opuso a satisfacer la petición de los li-
bros de entradas y salidas de vehículos del DSP, pues no constaba un libro
individual sino sólo el libro del EMP; tampoco remitió las órdenes gene-
rales del Ejército; no quiso presentar el organigrama del EMP; rehusó
aportar los nombres de los departamentos y secciones del EMP; no pro-
porcionó información sobre el Departamento de Personas del Ministerio
242
795 El 12 de junio de 1996 el Congreso de la República aprobó la ley que deroga el Artículo 546 del
Código Procesal Penal que se refería a la jurisdicción militar. La Corte Suprema envió lo actuado
al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal. Narcoactividad y Delitos contra el Medio Am-
biente, que a partir de esa fecha se encargó del caso. Con éste fueron once los jueces quienes du-
rante seis años conocieron el proceso. Varios se inhibieron, otros fueron impugnados, los demás
se ocuparon circunstancialmente del caso.
796 Se deriva del Acuerdo sobre las Bases para la Reincorporación de la URNG a la Sociedad, suscri-
to por el Gobierno de la República de Guatemala y la Insurgencia el 12 diciembre de 1997. Días
después el Congreso de la República la promulgó como la Ley 145-96, concediendo el beneficio
de la extinción de la responsabilidad penal a las personas que hubieren cometido delitos políticos
y comunes conexos durante el enfrentamiento armado.
797 Así sucedió con las primeras diligencias, que, conforme al Artículo 319 del Código Procesal Pe-
nal vigente en esa época, debieron realizarse dentro del “perentorio término de tres días” y que,
sin embargo, fueron remitidas al tribunal superior dos meses después.
de la Defensa, y tampoco acerca de los antecedentes de los imputados, los
nombres de los comandantes de las zonas militares y destacamentos don-
de Myrna Mack llevó a cabo sus investigaciones, ni sobre el grupo al que
pertenecía Beteta y la D-2.
El Ministerio de la Defensa también incurrió en alteración del oficio
No.5826, según consta en el proceso, donde se admitía que el Ministerio
de la Defensa había efectuado una investigación sobre el caso Mack. Ade-
más en el oficio No. 777 firmado por el jefe del EMP (13 de octubre de
1995) aparecen fechas que fueron alteradas materialmente, anotaciones
que no respetan el orden cronológico y anotaciones cuyos contenidos re-
sultan incongruentes entre sí.
Durante 1998 el Ministerio de la Defensa persistió en su negativa de
proporcionar información, en tanto que uno de los procesados incumplió
la obligación impuesta en la medida sustitutiva, de asistir al juzgado cada
quince días a firmar el libro correspondiente. A pesar de la solicitud del fis-
cal del MP de revocar la medida sustitutiva por la prisión preventiva, el
juez la rechazó. El 23 de junio de este mismo año el fiscal presentó la acu-
sación contra los tres militares. Hasta la elaboración de este Informe el pro-
ceso se encuentra suspendido, mientras se tramita una duda de competen-
cia planteada a la Corte Suprema de Justicia, para que decida qué Tribunal
de Sentencia debe conocer del juicio oral.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
abrió el caso, a solicitud de Helen Mack, en septiembre de 1990, con el
número 10.363. Esta entidad emitió en marzo de 1996 informe de admi-
sibilidad. En la actualidad el trámite se encuentra abierto.
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando todos los antecedentes reunidos, ha llegado a
la convicción de que el asesinato de Myrna Elizabeth Mack Chang fue co-
metido por un agente del Estado en su calidad de miembro activo del Es-
tado Mayor Presidencial (EMP), en cumplimiento de órdenes recibidas de
otros oficiales de ese órgano asesor militar, constituyendo su muerte una
grave violación del derecho a la vida.
La CEH considera que esta violación de derechos humanos es ejem-
plo y consecuencia del pernicioso discurso que, en los años del enfrenta-
miento armado interno, identificó como enemigos del Estado a los despla-
zados internos y a intelectuales que abordaron el estudio de su problema.
LA CEH estima que quienes decidieron asesinar a Myrna Mack pretendie-
ron, además, sobre la base de una apreciación errónea de inteligencia sobre
el papel de la profesional y su actividad antropológica, enviar un mensaje
243
intimidatorio, en general, a las comunidades de desplazados y, en particu-
lar, a las instituciones y personas preocupadas por sus condiciones de vida.
La CEH aprecia que este caso ilustra ejemplarmente las graves fallas y
limitaciones de la acción de los tribunales de justicia, no obstante a múlti-
ples y persistentes acciones procesales de la acusadora particular y quere-
llante adhesiva. A la vez, revela la existencia de mecanismos subterráneos
de impunidad que sabotean la investigación criminal y entorpecen la apli-
cación de la ley, mediante la alteración de la escena del crimen, el entorpe-
cimiento de la investigación criminal, la ejecución de planes abiertos y en-
cubiertos de intimidación contra jueces, testigos, acusadores e investigado-
res —que llegaron a cobrarse la vida del investigador policial José Méri-
da— y de actos oficiales de encubrimiento e invocación arbitraria del se-
creto de Estado.
Pero el caso revela también las posibilidades que se reabren, cuando los
familiares de la víctima, como ocurrió con Helen Mack, ejercen con deci-
sión su derecho a la acción judicial e intentan superar las intimidaciones,
el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos y la invocación
abusiva del secreto de Estado.
244
I. ANTECEDENTES
En 1992 el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal-
teca (URNG) se encontraban debatiendo, en el marco de las negociacio-
nes de paz, el tema de los derechos humanos, sobre el cual aún no habían
llegado a consensos que les permitieran suscribir un acuerdo. El último
acuerdo alcanzado, sobre el tema de la “Democratización para la búsqueda
de la Paz por medios políticos”, había sido suscrito en julio de 1991.
En las negociaciones influían no sólo las acciones de guerra como ta-
les, sino también las denominadas operaciones psicológicas, desarrolladas
por el Ejército, utilizadas como un factor importante para la desmoraliza-
ción del enemigo.
798
En este contexto, el Ejército presentó ante los medios de comunica-
ción a más de diez miembros de la URNG, indicando que habían deser-
tado de las filas insurgentes y solicitado la protección de las fuerzas arma-
das.
799
En enero de 1992 seis de ellos fueron entregados por la institución
castrense al procurador de los Derechos Humanos. En dicho traspaso, el
Ejército aseveró que pertenecían a la guerrilla y que “fueron abandonados
mal heridos por sus compañeros en distintas partes del país en que opera la in-
surgencia”.
800
En relación con esta operación del Ejército, el procurador de los De-
rechos Humanos indicó que dos de los presuntos guerrilleros puestos bajo
su custodia habían pertenecido a la Institución Armada desde hacía dos
años, devengando un salario, y que al menos en uno de los otros cuatro ca-
sos existía evidencia de que la persona no perteneció nunca a las filas in-
surgentes.
En este marco tuvo lugar la privación arbitraria de libertad y tortura
de Maritza Urrutia García, maestra, estudiante de antropología y miembro
Caso ilustrativo No. 33
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Maritza Urrutia
798 Inforpress, No. 968, 30 de enero de 1992. Así lo declaró Ramiro De León Carpio, entonces pro-
curador de los Derechos Humanos.
799 E/CN.4/1993/10 párrafos 134-135, pg. 15. El Experto Independiente de Naciones Unidas para
Guatemala informó en 1992 de 10 casos.
800 La Hora, 24 de enero de 1992.
del grupo insurgente Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde mi-
litaba utilizando un seudónimo.
II. LOS HECHOS
A las ocho y cuarto de la mañana del 23 de julio de 1992, mientras ca-
minaba por la quinta avenida de la zona 13 de la ciudad capital, después
de dejar a su hijo en el colegio, Maritza Urrutia fue secuestrada por cuatro
hombres armados que se desplazaban en un vehículo blanco con vidrios
ahumados. Durante la captura hubo un forcejeo y Maritza perdió un za-
pato, que sirvió como evidencia para la familia a la hora de presentar una
denuncia a la Policía Nacional, y solicitar la investigación del caso.
Una vez que la introdujeron en el vehículo, los captores, quienes co-
nocían el seudónimo político de la víctima, le taparon la cabeza con un
chaleco y la condujeron a un lugar que aparentaba ser un estacionamien-
to. Le cambiaron la capucha y en esta situación la mantuvieron, de hecho,
durante todo su cautiverio.
Sin embargo, la víctima pudo identificar el lugar: en varias oportuni-
dades sintió el paso del vehículo sobre túmulos
801
y, bajo la capucha que le
cubría el rostro, vislumbró mochilas verde olivo y armas grandes. También
escuchó redoblantes con toque militar a las seis de la mañana y a las seis de
la tarde. En otra oportunidad observó a una persona con los zapatos bien
lustrados y pantalones color caqui. Por fin, uno de sus captores le indicó
que se encontraba en poder del Ejército.
802
Asimismo, dos testigos, ex miembros de la Inteligencia militar, confir-
maron a la CEH que habían participado en el secuestro de Maritza y que
ésta estuvo detenida en las instalaciones ubicadas tras la sede de la Policía
Militar Ambulante, exactamente en la 16 avenida, frente a las casas mar-
cadas con los números 13-65 y 13-85 de la zona 6, donde funcionaba una
cárcel clandestina denominada La Isla.
803
Además, a partir de una fuente sólida, la CEH ha podido determinar
que “en el caso de Maritza Urrutia participaron por lo menos ocho especialis-
tas del Ejército y dos oficiales, todos miembros de la Inteligencia del Ejército”.
El interrogatorio a que fue sometida la detenida versó, en un comien-
zo, sobre el padre de su hijo —de nombre Esteban, quien también milita-
ba en el EGP—, sobre su hermano y otros miembros de la familia. Con
este motivo, le presentaron correspondencia entre ella y Esteban, que días
246
801 Resalte en un camino.
802 De acuerdo con el testimonio de la víctima, uno de sus captores le dijo: “¿Sabes donde estás?, ¿Sa-
bes lo que es este lugar? … Estás con el Ejército, por supuesto. ¿Dónde más podrías estar? Estás deteni-
da por el Ejército”.
803 Testigo directo (ex miembro de Inteligencia militar) CEH.
antes los captores habían interceptado. Le mostraron, también, varias fo-
tografías para que identificara a las personas retratadas, algunas de las cua-
les mostrataban signos de tortura o mutilaciones, siendo advertida que ella
y el padre de su hijo seguirían esa misma suerte si no cooperaba. También
la amenazaron con que nunca más iba a ver a su hijo.
Desde el primer día de su detención se le permitió mantener comuni-
cación telefónica con sus familiares. La primera llamada la hizo desde el re-
cinto donde estaba detenida, para solicitarles que fueran por su hijo al co-
legio, pero las demás las realizó desde teléfonos públicos cercanos al lugar,
hasta donde era llevada sin previo aviso por sus celadores, quienes supervi-
saban tales comunicaciones, en las que sólo debía referirse a su “buen esta-
do”, a su deseo de abandonar la organización guerrillera y a su pronto re-
greso a casa.
El cautiverio de Maritza Urrutia se prolongó por ocho días, durante
los cuales, salvo las pocas idas al baño o las llamadas telefónicas, fue man-
tenida en un cuarto, sentada en una cama y con la mano esposada a la ca-
becera. En el lugar, día y noche se mantenía la luz encendida y un radio
con todo el volumen, lo cual le provocó tormento, le impidió dormir y
causó graves alteraciones en su sistema nervioso. Durante las noches, en-
traban y salían hombres de la habitación, quienes la observaban y le repe-
tían que tenía que cooperar con ellos.
La víctima pudo observar varias veces el rostro del militar que estuvo
a cargo de la operación, cuyas características físicas coinciden con las de un
miembro de la Inteligencia militar. Otros testigos también señalan que es-
ta persona fue la encargada de dirigir la operación.
804
El viernes 24 de julio los captores obligaron a la víctima a ser protago-
nista de un vídeo donde manifiestaba su voluntad de abandonar las filas
del EGP y “agradece” a las personas que la habían ayudado a concretar di-
cho propósito. El vídeo finalizaba con un llamado a todos sus compañeros
para que abandonasen la lucha armada.
La filmación se realizó mediante la lectura obligada de guiones escri-
tos en una pizarra o en cartulinas. Además, se le proporcionó maquillaje y
ropa, que llegaba con etiquetas de una tienda cercana a la cárcel clandesti-
na denominada La Isla, donde se estima permaneció detenida.
El miércoles 29 se realizó la grabación final. Esa tarde la víctima fue
obligada a llamar a dos estaciones de televisión y a pedir que transmitieran
una cinta que “les enviaría”. Esa videograbación fue, en efecto, transmiti-
da a las diez de la noche y en ella Maritza Urrutia aparece asegurando que
no fue secuestrada sino que se encontraba con personas a las cuales había
recurrido para obtener protección y poder abandonar las actividades ilega-
247
804 Testigo directo (ex miembro de la Inteligencia militar y de la Policía Nacional) CEH.
les. La familia denunció a los medios de comunicación que la filmación era
un montaje.
El jueves 30 de julio Maritza Urrutia fue conducida por sus captores
al Ministerio Público, bajo la condición de solicitar la amnistía, funda-
mentada en el Decreto 32-88 del Congreso de la República. La amnistía
le fue concedida a ella, que había sostenido públicamente su militancia
hasta 1992 en el EGP, pese a que el Decreto la hacía aplicable sólo a quie-
nes habían militado hasta el 23 de junio de 1988.
805
El propio fiscal general de la nación le acompañó al Juzgado Quinto
de Instrucción del Ramo Penal, donde se levantó el acta de aplicación de
la amnistía.
Sin embargo, ninguna autoridad judicial indagó sobre la legalidad de
su detención. El fiscal general apoyó la versión oficial de que no existían
indicios de secuestro, en clara contradicción con el expediente que él mis-
mo remitiera al Organismo Judicial, el cual contiene, como resultado de la
investigación policial, las declaraciones, ante la Policía, de dos testigos de
los hechos.
806
Por su parte, la juez del Juzgado Quinto de Instrucción no interrogó
a Maritza Urrutia sobre su captura y las condiciones de la detención, ni so-
bre su militancia política. La víctima sostiene que el documento que le
concedió la amnistía ya estaba preparado con anticipación a su presenta-
ción ante la juez.
807
Al finalizar la diligencia, el fiscal general llevó nuevamente a Maritza
Urrutia a la sede del Ministerio Público, donde sostuvo una conferencia de
prensa en la cual, aún presa del terror debido a las amenazas, repitió lo di-
cho en la videograbación que había sido transmitida por los medios de co-
municación.
Al cabo de cierto tiempo, y ya bajo la protección de una entidad hu-
manitaria, la víctima fue trasladada por sus parientes a un lugar seguro,
donde permaneció hasta el 7 de agosto, cuando salió de Guatemala con
rumbo a los Estados Unidos, pese a que los captores también le habían im-
puesto la condición de no abandonar el país.
En su última semana en Guatemala, funcionarios gubernamentales in-
tentaron insistentemente comunicarse con ella, y el fiscal general la citó pa-
ra que declarara ante los tribunales.
Por otro lado, el presidente Serrano objetó ante representantes de la
Embajada de los los Estados Unidos la emisión de una visa a favor de Ma-
248
805 Decreto 32-88 del 8 de julio de 1988.
806 Expediente 2038-92 Oficial 5º, Juzgado Cuarto de Instancia Penal.
807 En 1992 los jueces de instrucción tenían a su cargo la investigación en las causas penales, por lo
que la juez debió indagar sobre la detención y/o sobre los supuestos delitos que amnistiaba.
ritza Urrutia, pues consideraba que la URNG podría usar como pretexto
este caso para romper las negociaciones de paz.
808
La víctima denunció el hecho ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, donde presentó una declaración jurada sobre lo sucedi-
do. Lo mismo hizo ante el Experto Independiente de Naciones Unidas pa-
ra Guatemala.
Luego que se halló en el exterior, el Gobierno reaccionó con dureza
ante todas las entidades que le habían prestado protección. El ministro de
la Defensa acusó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
haber obligado a Maritza Urrutia a partir al extranjero y amenazó a uno de
sus abogados con expulsarlo del país. Otros funcionarios acusaron al pro-
curador de los Derechos Humanos de haber encubierto un delito. Además,
el Gobierno solicitó a la embajada de los Estados Unidos que retirara a uno
de sus funcionarios por “injerencia en asuntos internos”.
809
El expediente judicial No. 2038-92, Oficial 5º, a cargo del Juzgado
Cuarto de Instancia Penal, correspondiente a este caso, se encuentra desde
el 19 de junio de 1995 en poder del Ministerio Público, sin que hasta la
fecha y de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal se
haya efectuado diligencia alguna.
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando todos los antecedentes reunidos en la investi-
gación de este caso, llegó a la convicción de que Maritza Urrutia sufrió vio-
lación de su derecho a la integridad personal, mediante la tortura cometi-
da por efectivos del Ejército, quienes le inflingieron sufrimientos psicoló-
gicos y aplicaron sobre ella métodos tendientes a anular o disminuir su per-
sonalidad. Esta violación no admite justificación basada en la calidad de
miembro de una organización insurgente que ostentaba la víctima.
Del mismo modo, la CEH llegó a la plena convicción de que la ante-
rior violación ocurrió en el marco de una detención arbitraria y contraria
a la legislación guatemalteca, practicada por los mismos agentes del Esta-
do en la persona de la víctima, violando su derecho a la libertad personal.
Además, atendida la evidente circunstancia de no haberse realizado
una investigación sobre el caso, de habérsele negado a la víctima el dere-
cho a obtener protección judicial y de omitir un procedimiento para hacer
efectivas las responsabilidades de los autores, la CEH se formó la convic-
249
808 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, 14 de agosto de
1992. Pq. HR/5.5. “Urrutia Case: GOG Request for Polcouns Departure”.
809 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, agosto, 1992. Pq.
HR/5.4. “GOG Requests Departure of FO-91 Polcouns Chester”.
ción de que las autoridades del Estado de Guatemala faltaron gravemente
a su deber de investigar y sancionar estas violaciones de derechos humanos,
desconociendo el derecho a la debida protección judicial de la víctima y a
la justicia.
Esta última violación se ve agravada por la circunstancia que el Esta-
do, a través de agentes suyos en el Ministerio Público y los tribunales, pro-
tegió a los autores y colaboró con ellos, encubriendo la naturaleza de sus
acciones y obedeciendo a la influencia ilegítima y perniciosa que el Orga-
nismo Ejecutivo, en particular el poder militar, aún ejercía sobre otros or-
ganismos y funcionarios del Estado en el año 1992.
Finalmente, la CEH considera que este caso, acaecido en el período de
las negociaciones de paz, es ilustrativo de la intensificación de operaciones
psicológicas del Ejército en apoyo a la lucha contrainsurgente, entre las
cuales destacó la manipulación publicitaria de prisioneros, con la finalidad
de bajar la moral a la contraparte. Algunas de dichas operaciones prescin-
dieron del respeto a los derechos humanos.
250
I. ANTECEDENTES
A finales de diciembre de 1962 nacen las Fuerzas Armadas Rebeldes
810
(FAR) y al año siguiente inician los secuestros con fines económicos.
811
Fueron los militantes del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre
(MR-13) quienes habían planteado la posibilidad de realizar este tipo de
secuestros, con la finalidad de financiar los gastos que la guerra implicaba.
Al momento de recibir el pago exigido en calidad de rescate, los secuestra-
dos eran liberados.
En esa década los miembros de la insurgencia eran detenidos y desa-
parecían. En marzo de 1966 varios miembros de los grupos guerrilleros del
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), de las FAR y el MR-13 fueron
capturados y nunca fue posible conocer su paradero, a pesar de las gestio-
nes efectuadas por sus familiares. Este caso concreto es conocido como el
de “los 28 desaparecidos”.
812
En esa misma época, las FAR adoptaron una nueva modalidad en los
secuestros: los secuestros políticos. Al realizarlos no buscaban conseguir
beneficios económicos sino denunciar los actos represivos del Gobierno y
la exhibición o consignación en los tribunales de sus militantes desapare-
cidos.
En 1966 hubo elecciones presidenciales y después de tres años de Go-
bierno militar, resultó electo presidente de la República un civil, el aboga-
do Julio César Méndez Montenegro. Al mismo tiempo, los jefes de las
FAR decidieron llevar a cabo varios secuestros de altos funcionarios repre-
sentantes de cada uno de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y ju-
dicial.
Caso ilustrativo No. 32
Secuestros de Romeo Augusto
de León, Baltasar Morales de la Cruz
y Héctor Menéndez de la Riva por las
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)
810 Las FAR son el resultado de la unión de tres grupos guerrilleros: Movimiento Revolucionario 13
de Noviembre, Movimiento 20 de Octubre y Movimiento 12 de Abril.
811 Regis Debray, Las pruebas de fuego. La crítica de las armas, Siglo XXI, (México 1975), pg. 312.
“Guatemala fue el primer país de América Latina donde la guerrilla practicó el secuestro con fines eco-
nómicos”.
812 CI 68. Marzo, 1966. El caso es así conocido porque ese fue el número de víctimas que señaló la
guerrilla.
Según declaraciones formuladas ante la CEH, el propósito de la gue-
rrilla era secuestrar a un miembro de cada uno de esos organismos, con la
intención de obtener la liberación de los 28 desaparecidos, considerando
la transición de un Gobierno militar a otro de carácter civil.
813
El 5 de ma-
yo de 1966 tomaría posesión “un nuevo Congreso y la idea era que en esa to-
ma de posesión estuviesen ausentes los representantes de los tres poderes del Es-
tado, como resultado de la existencia de 28 desaparecidos políticos”.
814
II. LOS HECHOS
El 4 de mayo de 1966, a las siete y media de la noche, fue secuestra-
do el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
815
Romeo Augusto de
León, cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurrió en la zona 2 de la
Ciudad de Guatemala, a pocas cuadras de su residencia, y fue cometido
por cinco miembros de la resistencia urbana de las FAR.
Los autores interceptaron y encañonaron a la víctima y a su chofer,
Coronado Piedrasanta, obligando a este último a conducir el vehículo por
la dirección que ellos le indicaron. A pocas cuadras dejaron libre al chofer
y emprendieron la fuga en el vehículo del funcionario, seguidos por el au-
tomóvil en el que habían llegado al lugar de los hechos. Más tarde, el ve-
hículo del Presidente de la Corte sería localizado en las inmediaciones del
lugar donde se perpetró el secuestro.
816
La víctima fue conducida a una ca-
sa de campo ubicada en San Pedro Sacatepéquez.
El secretario de Información del Gobierno de la República, periodista
Baltasar Morales de la Cruz, había ocupado varios cargos en la administra-
ción pública. El día de los hechos, 4 de mayo de 1966, se desplazaba por
una calle de la zona 1 en un vehículo conducido por su chofer, Isabel Cani-
zales Poitán, y escoltado por el de su hijo, Luis Fernando Morales Martínez.
Después de estacionar los vehículos, ambos fueron interceptados por
varios hombres de las FAR que bajaron de un jeep color azul, sin capota,
placa P-14249, quienes les dispararon ráfagas de metralleta. Luis Fernan-
do Morales trató de impedir el secuestro de su padre, por lo que le dispa-
raron y le dieron muerte, mientras que el chofer recibió tres impactos de
bala y también falleció.
817
Los secuestradores trataron de llevarse a la víctima en el mismo jeep en
que habían llegado al lugar, pero éste tuvo una súbita falla mecánica, por
252
813 Testigo directo CEH.
814 Testigo directo CEH.
815 El presidente de la Corte Suprema de Justicia también lo es del Organismo Judicial.
816 Testigo directo CEH.
817 Testigo de referencia CEH.
lo que lo abandonaron en las cercanías del lugar y emprendieron la huida
montando en los propios vehículos del periodista.
Consumados estos dos secuestros, las FAR dieron al Gobierno un pla-
zo de 48 horas para que exhibiera a los presos políticos cuyo paradero se
desconocía desde hacía dos meses, amenazando en caso contrario con eje-
cutar a los funcionarios plagiados.
818
La presión que ejerció la guerrilla provocó la respuesta de los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, quienes refiriéndose a los recursos de
exhibición personal presentados a favor de los “28 desaparecidos”, asegura-
ron que “si esos recursos no han obtenido el resultado deseado, no ha sido por
su culpa, pues los detenidos no han sido presentados por las autoridades de po-
licía”.
819
Las FAR también habían planeado secuestrar, el mismo día 4 de ma-
yo, a Vicente Díaz Samayoa, presidente en funciones de la Asamblea
Constituyente. Los guerrilleros esperaron a su víctima durante varias ho-
ras, pero no pudieron completar la operación y decidieron, en cambio, in-
tentarlo con el vicepresidente del Congreso, Héctor Menéndez de la Riva,
quien además era secretario general del Partido Institucional Democrático
(PID). Este fue secuestrado, en efecto, la noche del 26 de mayo de 1966,
en la zona 10 de ciudad de Guatemala y trasladado a una casa de campo.
Su cautiverio duró 15 días. El 9 de junio, en la noche y aprovechando
que los encargados de vigilarle estaban extenuados, huyó,
820
para presentar-
se al día siguiente ante las autoridades.
Al poco tiempo de su fuga y con la información que Menéndez pro-
porcionó, las Fuerzas de Seguridad allanaron la casa que él identificó co-
mo su lugar de cautiverio, pero no encontraron ahí a los otros dos funcio-
narios secuestrados.
821
Fue en estos días cuando se produjo la captura de José María Ortiz Vi-
des, Chema, jefe de los comandos de resistencia urbana de las FAR, quien
fue detenido en un retén instalado por las Fuerzas de Seguridad.
Esta circunstancia y la conciencia que, a esas alturas, tenía la dirección
de las FAR sobre que los 28 desaparecidos estaban muertos, determinaron
un cambio en las condiciones formuladas para la liberación de los funcio-
narios plagiados. “Por el deterioro de la operación provocado por la fuga de
uno de los secuestrados y para salvarle la vida a Chema se acordó —por exi-
gencias de las FAR— el intercambio de los funcionarios por el guerrillero se-
cuestrado”.
822
253
818 Prensa Libre, 6 de mayo de 1966, pg. 2.
819 Diario El Imparcial, 6 de mayo de 1966, pgs. 1 y 4.
820 Julio César Macías, La guerrilla fue mi camino, primera edición, Editorial Piedra Santa, S.A.
(Guatemala, 1977), pg. 127.
821 Testigo directo CEH.
822 Julio César Macías, Ob. Cit., pgs. 128-129.
Méndez Montenegro, quien tomó posesión de la Presidencia el 1 de
julio de 1966, no estaba de acuerdo con dicho intercambio. Así lo mani-
festó a un colaborador cercano, encargado de las negociaciones con las
FAR: el presidente “no podría, por razones políticas, estar de acuerdo con el
intercambio propuesto por las FAR”.
823
Pero finalmente aceptó.
Para la negociación del canje de Romeo Augusto de León y Baltasar
Morales por “Chema”, se constituyó un grupo de mediadores, entre quie-
nes estaba Armando Amado Chacón, representante de la Cruz Roja, y el
arzobispo Casariego. Después de algunas pláticas, el presidente Méndez
Montenegro admitió que la iniciativa fuera adelante.
El 31 de agosto de 1966 la Cruz Roja facilitó una ambulancia, que lle-
gó al Primer Cuerpo de la Policía Nacional, desde donde sacaron a “Che-
ma” con rumbo al lugar acordado. Una vez en el lugar, Chema salió de la
ambulancia, mientras De León y Morales, libres, cruzaron la calle. Había
terminado su cautiverio.
El proceso penal sobre los secuestros del presidente del Organismo
Judicial y del secretario de Información del Gobierno, así como del ase-
sinato del hijo y el chofer de éste último, estuvo a cargo del juez quinto
de Primera Instancia de lo Criminal, con el número 1370. Las diligen-
cias practicadas se limitaron a detener e indagar a un mecánico que, con
anterioridad a los hechos, había reparado el vehículo en el que se movi-
lizaban los secuestradores del señor Baltasar Morales y que dejaron aban-
donado.
Al constatar el juez que dicho vehículo había sido robado antes de pro-
ducirse los hechos, devolvió el jeep a su verdadera propietaria, siendo ésta
la última diligencia practicada en dicho proceso.
III. CONCLUSIONES
Con los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la plena convic-
ción de que Romeo Augusto de León, Baltasar Morales de la Cruz y Héc-
tor Menéndez de la Riva fueron secuestrados por miembros de las Fuerzas
Armadas Rebeldes, en cumplimiento de una decisión de sus dirigentes.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción plena de que Isabel
Canizales Poitán y Luis Fernando Morales Martínez fueron privados de sus
vidas por miembros de las FAR, constituyendo dicho acto una ejecución
arbitraria.
Ninguna circunstancia otorga justificación jurídica o ética a estos crí-
menes.
254
823 Memorándum interno de la Embajada de los EEUU, 19 de septiembre de 1966, Pq. 6-39.
En el presente caso, la CEH estima que el reconocimiento de los he-
chos por parte de los actuales dirigentes de la URNG es un signo positivo,
desde la perspectiva de la reconciliación nacional.
Finalmente, los hechos ilustran la estrategia desarrollada durante los
años sesenta y setenta por las fuerzas guerrilleras, que contemplaba el se-
cuestro de destacadas personalidades de Guatemala con fines políticos o
económicos.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Isabel Canizales Poitán
Luis Fernando Morales Martínez
Secuestro
Baltazar Morales De la Cruz
Héctor Menéndez De la Riva
Romeo Augusto De León Roldán
255
I. ANTECEDENTES
En los primeros meses de 1970, que fueron los últimos del Gobierno
de Julio César Méndez Montenegro, Guatemala vivía momentos de una
gran convulsión política que involucró a todos los grupos, tanto los que se
encontraban dentro como fuera de la legalidad. El estado de emergencia
824
había sido dictado en el mes de diciembre de 1969, prorrogado ese mismo
mes y vuelto a establecerse en enero de 1970.
El proceso de elección del nuevo mandatario se realizó el domingo 1
de marzo, resultando designado el general Carlos Manuel Arana Osorio.
El traspaso de la jefatura de Gobierno estaba fijado para que se celebrara el
primero de julio.
A la lógica agitación proselitista de la coyuntura electoral se sumó en-
tonces una cadena de secuestros de carácter político, que ponían en entre-
dicho la capacidad del Gobierno para controlar la violencia generada tan-
to por la guerrilla urbana como por otros grupos de poder, de signo con-
trario, vinculados al Ejército y la Policía. Se agregarían al panorama, por
último, las presiones diplomáticas derivadas de los propios sucesos.
Al secuestro de Alberto Fuentes Mohr, acaecido el 27 de febrero de
1970, mientras ejercía como ministro de Relaciones Exteriores, siguió el 6
de marzo el de Sean Holly, agregado laboral de la Embajada de los Estados
Unidos. Ambas víctimas, secuestradas por las Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR), fueron liberadas luego de que el Gobierno accediera a las exigen-
cias planteadas por el grupo insurgente, que consistían en la liberación de
Vicente Girón Calvillo, en el primer caso, y la de José Manuel Aguirre
Monzón y Vitalina Monzón, en el segundo, junto con la aclaración del pa-
radero de dos personas, una de apellido Sierra y otra de nombre Leonel
del Cid.
825
Caso ilustrativo No. 88
Secuestro y ejecución arbitraria
del embajador de Alemania,
Karl von Spreti
824 Estado de excepción decretado por el Ejecutivo, cuya duración máxima es de 15 días, prorroga-
bles, y cuyo efecto es la restricción o limitación de garantías constitucionales. Dentro de la esca-
la de medidas de esta índole es la más leve, siguiéndole en severidad los estados de alarma, de ca-
lamidad pública, de sitio y de guerra.
825 Estas personas eran militantes de la organización insurgente que realizó los secuestros.
Las Fuerzas Armadas Rebeldes, organización que reivindicó la autoría
de las dos acciones, intentaba en esa época fortalecer su presencia en el área
urbana y específicamente en la capital. “Ha menguado la guerrilla rural de
extrema izquierda que cobró auge bajo el Gobierno militar de 1963-66; pero
ahora surge implacable la guerrilla urbana…”
826
Además, a esas alturas del enfrentamiento las FAR ya no perpetraban
secuestros por razones o fines políticos,
827
sino también por objetivos eco-
nómicos. “…En muchos casos fueron [fines] políticos y económicos y no se po-
día distinguir … la burguesía va a financiar la propia guerra … porque ellos
mismos sufragan al Ejército…”
828
En fin “en este contexto, estos comandos urbanos realizan el secuestro de
von Spreti…”
829
II. LOS HECHOS
A mediodía del 31 de marzo de 1970, el vehículo en que se moviliza
el embajador de Alemania, Karl von Spreti, es interceptado por dos auto-
móviles en la avenida Las Américas, en la ciudad capital; de los vehículos
descienden individuos armados. La víctima es secuestrada e introducida a
la fuerza a uno de esos automóviles, que emprende la marcha con rumbo
desconocido. El piloto queda abandonado en el lugar, junto al Mercedes
Benz del diplomático.
El día 1 de abril, por mediación de la Nunciatura, se reciben dos no-
tas de las FAR, idénticas, dirigidas al presidente y al ministro de Relacio-
nes Exteriores, en las cuales la organización guerrillera confirma que von
Spreti se halla en su poder, exige la liberación de 15
830
personas detenidas
que, según las notas, están “[en] peligro de ser asesinadas”,
831
que sean pues-
tas bajo la protección de la Embajada de México, para que puedan aban-
donar el país, y el cese de la represión contra el pueblo guatemalteco.
Luego, las FAR amplían a 22 el número de personas que deben ser li-
beradas y agregan como exigencia el pago de 700 mil dólares. Por último,
establecen un plazo de 48 horas, a partir del jueves 2 de abril, a las tres de
la tarde, para que el Gobierno proceda a cumplir todas estas condiciones.
258
826 Alberto Fuentes Mohr, Secuestro y prisión dos caras de la violencia en Guatemala, crónica de los se-
cuestros realizados por las FAR y de hechos sucedidos en relación con los mismos, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 27 de febrero de 1970 y el 5 de abril del mismo año, pg. 14.
827 CI 32. Mayo, 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
CI 68. Marzo, 1966. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
828 Testigo de referencia (dirigente de las FAR) CEH. (T.C. 23). “Los secuestros fueron políticos pero
después pasaron a ser económicos y políticos ... La burguesía va a financiar la propia guerra, por eso
muchos secuestros después van a ser puramente económicos porque ellos mismos sufragan al Ejército de
Guatemala”.
829 Testigo de referencia (dirigente de las FAR) CEH. (T.C.23).
830 Según documentación del Gobierno alemán, exigían la liberación de 16 personas.
831 Alberto Fuentes Mohr, Ob. Cit., pg. 83.
De lo contrario, manifiestan, “…procederemos a ajusticiar al autor intelec-
tual y material de la política imperialista”,
832
en alusión al diplomático se-
cuestrado.
Mientras esto ocurre, a través de las radioemisoras se pide a los secues-
tradores que faciliten medicamentos al diplomático, pues padece de los
nervios y el corazón.
Dada la magnitud de las exigencias de los rebeldes, se reúne el gabine-
te del Gobierno para discernir si debe ceder ante las exigencias de las FAR
y valorar las consecuencias. Algunos ministros proponen establecer el esta-
do de sitio como respuesta a la reincidencia de la guerrilla en este tipo de
operaciones de extorsión. En esa misma reunión se les informa que, a ex-
cepción de dos de los detenidos cuya liberación exige la guerrilla, los de-
más han sido procesados o condenados judicialmente, lo cual, a juicio del
Gobierno, limita su capacidad de resolución y agrava la disyuntiva: satisfa-
cer las exigencias de los secuestradores, violando la Constitución, o recha-
zarlas, poniendo en peligro la vida del diplomático.
El Gobierno se inclina por esta segunda opción. El 2 de abril el Eje-
cutivo decide declarar el estado de sitio, por un plazo de 30 días:
“El Presidente Constitucional de la República … ACUERDA: …
queda en receso toda actividad política de los particulares … la poli-
cía nacional, departamento judicial, policías municipales, de hacien-
da y demás agentes de autoridad, deben ponerse a las órdenes de las
autoridades militares … los servicios de relaciones públicas e informa-
ción del Gobierno … quedan centralizados en la jefatura de relacio-
nes públicas del Ejército … el presente acuerdo entrará en vigencia in-
mediatamente…”
833
En este comunicado, que es dado a conocer por el sistema nacional de
radio y televisión y por los periódicos, el Gobierno aclara que la situación le-
gal de los detenidos no permite liberarlos, por haber sido ya procesados o es-
tar siéndolo, en cuyo caso: “Nuestro ordenamiento jurídico les garantiza un
proceso imparcial y asegura su integridad física … Cualquier interferencia del
Ejecutivo en funciones propias de los tribunales … constituiría una violación de
la Constitución de la República”.
834
En efecto, en los anteriores casos de se-
cuestros perpetrados por la guerrilla, que habían sido resueltos sobre la base
de la liberación de personas detenidas, éstas aún no habían sido consignadas
a los tribunales o se les había dejado en libertad por “falta de mérito”.
835
259
832 Comunicado del Mando de la Región Central de las FAR, publicado en los periódicos.
833 Prensa Libre, 03 de abril de 1970, Comunicado gubernamental.
834 Ibid.
835 Falta de pruebas o pruebas no contundentes como para decretar la detención de una persona im-
putada de haber cometido algún acto ilícito.
Refiriéndose a la posición adoptada por el Gobierno de Guatemala, su
homólogo alemán, a través del encargado de Negocios, manifiesta: “De
ninguna manera estamos de acuerdo con esa decisión”
836
y expresa la “mayor
preocupación por la decisión … de rechazar la propuesta de los secuestrado-
res…”
837
Informa, también, que el diplomático secuestrado se encuentra en
buen estado y que se ha comunicado por escrito con su hijo.
El 3 de abril por la tarde, llega a Guatemala un alto representante del
Ministerio de Asuntos Exteriores, enviado por el Gobierno de Alemania.
En la misma noche se entrevista con el ministro guatemalteco de Asuntos
Exteriores, e insiste en que Guatemala tiene que cumplir con las exigencias
de la guerrilla para conseguir la liberación de von Spreti. Sin embargo, la
respuesta que recibe es que la legislación guatemalteca no permite la libe-
ración de personas ya condenadas, a pesar de las obligaciones que resultan
del Artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Por su parte, el Cuerpo Diplomático manifestó su preocupación por
la seguridad de sus miembros y la de sus familias, sumándose a aquélla la
Nunciatura.
El Ejército notificó que se mantenía firme, en apoyo a la decisión del
Ejecutivo, “ya que si cede el señor Presidente, se formaría un caos y el pueblo
no creería en su capacidad a sólo tres meses para entregar el mandato”.
838
El 4 de abril el encargado especial alemán se entrevista con el presiden-
te guatemalteco, y vuelve a exponer cuál es la posición alemana sobre el te-
ma. A la una de la tarde, el canciller alemán, Willy Brandt, quien se en-
cuentra en visita oficial en El Paso, los Estados Unidos, dirige un llamado
al pueblo guatemalteco y a los responsables del secuestro para que hagan
todo lo posible por alcanzar la liberación del rehén.
En el transcurso de la tarde del 5 de abril, el encargado especial y el
encargado de negocios entregan dos mensajes al ministro de Asuntos Ex-
teriores, Fuentes Mohr. Un mensaje del canciller alemán Willy Brandt, di-
rigido al presidente guatemalteco (con el cual no logran establecer comu-
nicación), en el que se apunta: “…Desafortunadamente, se acrecienta la im-
presión de que el ilustre Gobierno de Guatemala no agota todas las posibilida-
des para conseguir la liberación del embajador”.
839
El segundo mensaje del
ministro de Asuntos Exteriores es dirigido a su colega guatemalteco y des-
taca una vez más la obligación del Gobierno guatemalteco, fundada en el
derecho internacional, de responder positivamente a las exigencias de la
guerrilla.
260
836 Prensa Libre, 03 de abril de 1970.
837 El Imparcial, 03 de abril de 1970.
838 Alberto Fuentes Mohr, Ob. Cit., pg. 100.
839 El Imparcial, 06 de abril de 1970, Mensaje del canciller alemán al presidente de Guatemala, da-
do a conocer en conferencia de prensa.
El día 5 de abril, a través de una llamada telefónica, el nuncio apostó-
lico es advertido por los secuestradores de que el plazo se encuentra agota-
do, debiendo darlo a conocer al Gobierno de Guatemala.
Alrededor de las siete y media de la noche, una voz anónima informa
por teléfono a los bomberos voluntarios del hallazgo de un cadáver en las
cercanías de San Pedro Ayampuc, a 17 kilómetros de la capital. Poco des-
pués, se confirma que se trata del embajador alemán. Los médicos foren-
ses establecen que su muerte ocurrió alrededor de las cinco de la tarde de
ese mismo día y que presenta un disparo en la sien derecha.
El mando del frente urbano de las FAR había tomado la decisión de
ejecutar al embajador, “…el Gobierno no accedió a las presiones … era una
posición de fuerza … el comando de esta región urbana ejecuta al embajador,
para demostrar que no estaban jugando y que hablaban en serio”.
840
“Se sometió al presidente de la República a esta crisis y respondiendo
a esta situación el Gobierno de Méndez Montenegro se puso duro. Pu-
do haber cedido, pero entonces hubiera quedado mal y el contrincan-
te era Arana Osorio, que se vanagloriaba de haber aniquilado a la
guerrilla en el Oriente y defendía una posición de fuerza frente a los
secuestros. Se la estaba jugando y entonces tenía que hacer contrapeso
a la posición de Arana Osorio. Von Spreti fue víctima de este juego po-
lítico”.
841
El Gobierno de Guatemala, en un nuevo comunicado, remitido a tra-
vés de Relaciones Públicas del Ejército, “…deja constancia de que se agotó to-
dos los medios que estuvieron a su alcance … Desafortunadamente las desorbi-
tantes pretensiones de los secuestradores … hicieron nugatorios estos esfuerzos”.
842
III. CONCLUSIONES
Con los antecedentes obtenidos por la CEH, ha sido posible adquirir
la convicción plena de que el embajador de Alemania, Karl von Spreti, fue
víctima de secuestro y ejecución arbitraria perpetrados por miembros de
las Fuerzas Armadas Rebeldes, en cumplimiento de una decisión de los di-
rigentes del frente urbano de esa organización guerrillera.
Ninguna circunstancia otorga justificación jurídica o ética a este cri-
men.
261
840 Testigo de referencia (dirigente de las FAR) CEH. (T.C. 23).
841 Ibid. “Se sometió al presidente de la República a esta crisis...”
842 Prensa Libre, 07 de abril de 1970, Es identificado como boletín de prensa No. 114, fechado 6 de
abril de 1970 a las 11.47.
La CEH considera que el hecho es ilustrativo de la utilización que la
guerrilla hizo de personas inocentes, como el embajador von Spreti, a
quien se convirtió, desde el momento mismo de su secuestro, en víctima
propiciatoria de un juego de medición de fuerzas políticas, con total des-
precio al derecho a la vida.
Además, la CEH considera que este suceso tuvo un impacto negativo
especial en las relaciones exteriores de Guatemala, a raíz de la infructuosa
presión que todo el Cuerpo Diplomático debió ejercer ante el Gobierno,
frente a la posibilidad de que otros miembros del mismo pudieran ser ob-
jeto de acciones similares.
262
I. ANTECEDENTES
El año 1977 estuvo caracterizado por el deterioro económico, que re-
dundó en una mayor pobreza y marginación para los sectores más desfa-
vorecidos de la población, ya golpeados por el terremoto del año anterior
y por la polarización política. En ese ámbito, en febrero de 1976 había te-
nido lugar la aparición pública de un nuevo “escuadrón de la muerte”, el
Ejército Secreto Anticomunista (ESA), que publicó una lista de 40 perso-
nas “condenadas” a muerte, amenaza que cumplió en varios casos.
Por su parte, la guerrilla desarrollaba la denominada propaganda ar-
mada y reinició la práctica del secuestro para estimular el canje de deteni-
dos y la obtención de recursos económicos.
En un comienzo la guerrilla no aceptaba su responsabilidad en los se-
cuestros que sólo pretendían alcanzar fines económicos. Esta actividad se
modificó cuando a la extorsión se agregaron objetivos políticos, como la
exigencia a la familia del secuestrado de publicar, en campos pagados, bo-
letines de prensa y pronunciamientos de la guerrilla, o bien se requería la
liberación de activistas prisioneros.
Esta práctica fue dirigida contra lo que denominaban “la burguesía bu-
rocrática”,
843
compuesta por grupos de militares y civiles, que, según la gue-
rrilla, se asociaban para obtener provecho de los negocios del Estado. “Es-
te grupo de burguesía burocrática se caracterizó por ser un sector de nuevos ri-
cos muy avorazados, incluso que no le importaba pasar por encima de otros sec-
tores de la burguesía … que provoca contradicciones con otros sectores de la
burguesía … este era el caso de Herrera Ibargüen”.
844
Las fricciones y pugnas de los sectores tradicionales con este nuevo
grupo empresarial se expresaron hasta cierto punto en el tratamiento pe-
riodístico concedido al secuestro de Luis Canella,
845
a quien se identificaba
con las fortunas del país.
Caso ilustrativo No. 89
Secuestro y ejecución arbitraria
de Luis Canella Gutiérrez y secuestro
de Roberto Herrera Ibargüen
843 Testigo CEH. (T.C. 23).
844 Testigo CEH. (T.C. 150).
845 El Imparcial, 16 de diciembre de 1977, pg. 1. “Por el momento se ha descartado que el bárbaro ase-
sinato haya sido cometido por alguna fracción de izquierda...”
En efecto, en principio la prensa adjudicó la autoría del hecho a la de-
lincuencia común, opinión que reforzó días después el propio ministro de
Gobernación,
846
que tampoco otorgó al crimen un móvil político priorita-
rio, a pesar de la polarización que en ese ámbito vivía el país.
Con enfoque similar el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
examinó el secuestro de Roberto Herrera Ibargüen, en un comunicado en-
viado a los periódicos, donde “…condena el secuestro … y no le concede mó-
viles políticos”.
847
Estas circunstancias, sumadas a la relación de este nuevo grupo empre-
sarial con el Gobierno, convirtieron a Herrera Ibargüen en objetivo idóneo
para los fines que la guerrilla se había trazado, pues el secuestro de uno de
sus miembros permitía tanto la extorsión económica como la política.
La reacción del Gobierno, al recurrir a los aparatos de Inteligencia pa-
ra emprender la búsqueda de los secuestrados, y la cobertura periodística,
confirmaban lo anterior. El canje de un guerrillero herido, en el caso de
Roberto Herrera Ibargüen, es un ejemplo que lo reafirmó.
848
II. LOS HECHOS
Secuestro y ejecución arbitraria de Luis Canella Gutiérrez
Luis Canella Gutiérrez, de 52 años de edad, era un conocido empre-
sario, miembro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Co-
merciales, Industriales y Financieras (CACIF). En el momento de su
muerte era miembro del Consejo de Estado de la República de Guatema-
la. Su adscripción a la derecha política era conocida y notoria.
El día 13 de diciembre de 1977, poco después de las ocho de la ma-
ñana, Canella conducía su vehículo, sin compañía, rumbo a su trabajo. Al
llegar a la 1ª calle y 7ª avenida de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala,
fue interceptado por un automóvil del que descendieron varios hombres
armados. Lo conminaron a bajar de su vehículo, pero como se negó y
opuso resistencia,
849
le dispararon y lo introdujeron en otro carro. “En el
Oldsmobile … del industrial Canella, quedaron manchas de sangre, así co-
mo en el suelo…”
850
264
846 Prensa Libre, 30 de diciembre de 1977, pg. 6. “... se tiene conocimiento que el asesinato del señor
Canella fue resultado de la acción de delincuentes comunes asociados con políticos”.
847 Impacto, 3 de enero de 1978.
848 La Nación, 16 de diciembre de 1977, pg. 4. “Servicios de Inteligencia del Ejército y de la Policía Na-
cional están trabajando conjuntamente para identificar y capturar a los autores del secuestro y asesina-
to del industrial Luis Canella Gutiérrez ...”
Impacto, 3 de enero de 1978, “Todas las Fuerzas de Seguridad buscan al ex canciller de Guatemala
Roberto Herrera Ibargüen, secuestrado ayer”.
849 En ninguna de las entrevistas sostenidas por miembros del EGP con la CEH, han dicho que la
resistencia de Luis Canella a ser secuestrado fuera armada.
850 El Gráfico, 14 de diciembre de 1977, pg. 4. “Cómo sucedió el secuestro”.
Luis Canella fue herido de bala en la pierna izquierda, y murió pron-
to debido a la gravedad de la hemorragia causada. “…Lo de Canella fue un
intento fallido, Canella opuso resistencia y uno de los que participaba en el ope-
rativo … le disparó en una pierna, pero le rompió la vena femoral y el hom-
bre empezó a desangrarse … se le intentó dar atención … pero … la herida
era muy profunda y realmente murió desangrado y en el mismo lugar … en-
tonces en la misma carretera por donde estaba y donde murió allí mismo lo de-
jaron, ya sólo se avisó…”
851
Al día siguiente, a la altura del kilómetro 34.5 de la antigua carretera
que conduce al municipio de San Raymundo, departamento de Guatema-
la, se encontró el cadáver de la víctima, tendido sobre una colchoneta. Le
habían hecho un torniquete con su propia corbata. En el lugar quedaron
unos anteojos oscuros con esparadrapos pegados sobre los lentes.
El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) emitió un boletín de
prensa, donde asumió la responsabilidad del secuestro de Luis Canella, a
quien calificó de “explotador y financiador de bandas terroristas”, dando a
conocer los detalles del secuestro, las razones que lo motivaron y la causa
de la muerte:
“El martes 13 de diciembre de 1977 capturamos a Luis Canella,
quien sabiéndose culpable de muchos crímenes contra el Pueblo, se re-
sistió en forma suicida. En el forcejeo recibió golpes … Ante su acti-
tud y como último recurso para reducirlo, le disparamos a las piernas.
Pero debido a su estado de salud las heridas le resultaron mortales …
Nuestro objetivo no era ajusticiarlo sino capturarlo vivo para obtener
logros políticos y económicos … El EGP lo había señalado como un
enemigo del Pueblo y de la Revolución … cabecilla, organizador y fi-
nanciador de bandas terroristas … Luis Canella usaba el secuestro y
la extorsión de otros ricos … como forma de eliminar a sus competi-
dores … Los golpes económico políticos los realizamos contra … quie-
nes explotan al Pueblo y financian y dirigen a los asesinos de obreros,
campesinos, estudiantes, profesionales democráticos…”
852
Secuestro de Roberto Herrera Ibargüen
La publicación del anterior comunicado tiene relación con el hecho
atribuido al EGP: el secuestro, el 31 de diciembre de 1977, de Roberto
Herrera Ibargüen, vicepresidente del Consejo de Estado, miembro de la
Comisión Nacional de Asuntos de Belice, ex canciller y ex ministro de Go-
265
851 Testigo CEH. (T.C. 23).
852 “El Ejército Guerrillero de los Pobres golpea a los cabecillas del terror reaccionario”, campo pagado,
publicado el 5 de enero de 1978 en diferentes periódicos, por la familia de Roberto Herrera Ibar-
güen.
bernación en el Gobierno del general Arana Osorio. Además de su actua-
ción en la esfera pública, Herrera Ibargüen era presidente de la sociedad
propietaria del ingenio azucarero Pantaleón y accionista de la fábrica de te-
las Cantel.
Al mediodía de la fecha citada, Herrera Ibargüen viajaba a bordo de
un vehículo oficial en compañía de dos guardaespaldas cuando fue embes-
tido por otro vehículo en las inmediaciones del puente Hincapié, a 11 ki-
lómetros de la ciudad de Guatemala. Los agresores ametrallaron el auto-
móvil de Herrera Ibargüen matando a los dos guardaespaldas, quienes ha-
bían intentado repeler la agresión abriendo fuego. Sus cuerpos quedaron a
un costado del vehículo en que se encontraban.
En estas circunstancias, Herrera Ibargüen bajó del automóvil e inten-
tó huir, pero es alcanzado; e introducido en un “vehículo oscuro”
853
y se lo
llevan con rumbo desconocido.
El 3 de enero los medios de comunicación reciben un boletín del EGP
donde este grupo se responsabiliza del secuestro de Roberto Herrera Ibar-
güen y del “ajusticiamiento” de los guardaespaldas. El boletín, además, ofre-
ce detalles sobre el secuestro y posterior muerte de Luis Canella. Para fina-
lizar incluye una exigencia a la familia de Herrera Ibargüen: publicar un
comunicado de la organización guerrillera, junto con el pago del rescate,
cuyo monto se había negociado en privado.
El 10 de enero se publica, en campo pagado por la familia del secues-
trado, un segundo comunicado donde el EGP expone su estrategia políti-
ca y militar.
El 17 de enero las Fuerzas de Seguridad del Gobierno realizaron un
operativo, al parecer rutinario, en la Costa Sur, entre San Bernardino y
Mazatenango, donde por esas fechas se celebraba una reunión del grupo
guerrillero a la que asistían dos miembros de su Dirección Nacional. Tie-
ne lugar un enfrentamiento armado, en que mueren varios guerrilleros y
resulta herido el comandante Genaro, quien logra llegar al hospital de Ma-
zatenango tras abordar un transporte colectivo extraurbano. El hecho de
llegar herido de bala determina que se lo investigue, a raíz de lo cual las au-
toridades establecen su militancia política y la causa de sus heridas, por lo
que es puesto bajo custodia de policías militares.
Con Roberto Herrera Ibargüen en su poder el EGP sumó a las exigen-
cias ya impuestas la liberación del comandante Genaro, iniciándose un
proceso de negociación en que participaron un miembro de la Dirección
Nacional del EGP y el jefe del Estado Mayor Presidencial.
854
266
853 Impacto, 3 de enero de 1978.
854 Testigo CEH. (T.C. 23). “Ya en ese momento se decidió acelerar la negociación con la familia de He-
rrera Ibargüen … e inmediatamente después se puso como condición la liberación de Genaro … se tu-
vo que negociar directamente con el jefe del Estado Mayor Presidencial ...”
El 24 de enero, por la noche, el comandante Genaro es sustraído del
hospital de Mazatenango por hombres vestidos de verde olivo, que apro-
vecharon o provocaron un apagón en las instalaciones del hospital. Una
vez desarmaron a los policías que lo custodiaban, a los que dejaron atados
sobre el piso, se llevaron al guerrillero. Asimismo burlaron la presencia mi-
litar que había en la zona. “La llegada de los hombres armados coincidió con
dos operaciones de registro que realizó la Policía Nacional y Militar Ambulan-
te en las dos salidas de esta población…”
855
En las primeras horas de la madrugada del 25 de enero, personas no
identificadas dejaron al comandante Genaro en la embajada de Costa Rica.
Del relato que los testigos presenciales, pacientes del hospital, hicieron
a los medios de comunicación y de las declaraciones del mismo sustraído,
quien aseguró no conocer a los hombres que lo sacaron del hospital, pues
le habían maltratado y sus actitudes no se correspondían con las de sus
compañeros, se puede inferir que el episodio consistió en un canje realiza-
do por agentes del Estado, por efecto de las negociaciones. Acto seguido el
Gobierno guatemalteco concedió un salvoconducto al jefe guerrillero,
quien el 28 de enero salió del país.
El 30 de enero, entre las nueve y las diez de la mañana, fue puesto en
libertad Roberto Herrera Ibargüen, en Tecpán, Chimaltenango, donde fue
recibido por el director de la Cruz Roja guatemalteca.
III. CONCLUSIONES
La CEH adquirió plena convicción de que integrantes del Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP), cumpliendo órdenes de su Dirección,
fueron autores del secuestro y de la ejecución arbitraria de Luis Canella
Gutiérrez, así como del secuestro de Roberto Herrera Ibargüen y de la eje-
cución arbitraria de sus dos guardaespaldas.
La CEH considera que el presente caso es ilustrativo de la práctica del
secuestro con fines políticos y económicos, que formó parte de la política
de los grupos insurgentes. Los casos expuestos ilustran como, inevitable-
mente, esta práctica puede conducir a crímenes contra la vida.
Los argumentos de carácter político vertidos por la dirigencia del EGP,
no justifican de ninguna manera estos crímenes contra la vida y la libertad
de las personas.
267
855 Prensa Libre, 26 de enero de 1978.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, secuestro
Luis Canella Gutíerrez
Secuestro
Roberto Herrera Ibargüen
Víctimas colectivas/desconocidas: 2
268
I. ANTECEDENTES
En el segundo semestre de 1996, el proceso de negociaciones de paz
entre el Gobierno de Guatemala y la URNG se encontraba en su fase fi-
nal, que concluiría con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito por
las partes el día 29 de diciembre de ese mismo año. Entre el 19 de septiem-
bre y el 12 de diciembre se habían firmado los Acuerdos sobre Fortaleci-
miento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrá-
tica, sobre el Definitivo Cese al Fuego, sobre Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral y sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la
Legalidad. A la espera del fin del enfrentamiento armado interno, prevale-
cía el optimismo en Guatemala y en la comunidad internacional.
La URNG carente de nuevas fuentes de financiamiento
Había pasado mucho más de una década desde que la URNG cesara
la práctica reiterada de secuestros de carácter extorsivo, en que pedía una
cantidad de dinero a cambio de la liberación de la víctima, y que constitu-
yeron una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones guerrille-
ras, especialmente en la década de los setenta. Según un informe propor-
cionado a la CEH por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el 10 de abril de 1976,
en la ciudad capital, la señora Olga Novella Alvarado fue víctima de un se-
cuestro que el informe atribuye al Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP), basado en que los secuestradores, mediante llamadas telefónicas, se
identificaban como miembros de esa organización guerrillera. Solicitaban
un rescate de 15 millones de quetzales para liberar a la víctima. A los 46
Caso ilustrativo No. 103
El secuestro de la señora de Novella
y la desaparición forzada de Juan José
Cabrera Rodas, “Mincho”
856
856 Todas las afirmaciones de hecho que aparecen en este caso han sido corroboradas por la CEH y
provienen de diversas fuentes, incluso testigos contestes de los hechos. En la gran mayoría de los
puntos de hecho, la afirmación se basa en más de una fuente. Siempre que la CEH tuvo dudas
acerca de la confiabilidad de una fuente o halló versiones cuya contradicción no era posible su-
perar, prefirió no referirse al punto específico de la contradicción o señalar que no lo pudo cons-
tatar. Debido a la contemporaneidad de este caso y con la finalidad de cumplir, esmeradamente,
la obligación de proteger la identidad de sus fuentes, la CEH ha decidido omitir señalar, en el
texto o en notas al pie, la calidad de la fuente, cuando ella es personal.
días, en las inmediaciones del Parque de la Industria, fue puesta en liber-
tad por sus secuestradores.
857
Según el informe entregado por el CACIF, el último caso similar ha-
bría sido el secuestro extorsivo sufrido por Pedro Julio García el 9 de octu-
bre de 1983, que dicho informe atribuye específicamente al “PGT y hom-
bres armados”.
858
En cambio, el último caso registrado por la CEH bajo la
regla de la declaración individual, es el secuestro de Luis Canella Gutiérrez
y Roberto Herrera Ibargüen, en diciembre de 1977.
859
En todo caso, al
concluir el proceso de negociaciones de paz, hacía más de 13 años que la
URNG había abandonado dicha práctica.
También, al culminar el proceso de negociaciones de paz, la URNG
había decidido cesar el cobro, hasta entonces reiterado, del denominado
“impuesto de guerra”, aporte en dinero o especies exigido especialmente a
finqueros. Al ponerse en práctica esta decisión, las organizaciones de la
URNG se vieron privadas de otra de sus principales fuentes de financia-
miento. El “impuesto”, en muchos casos, había sido motivo de amenazas o
represalias contra quienes se resistían a pagarlo. En la etapa final del en-
frentamiento, tales acciones intimidatorias fueron objeto, por parte de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA), de una se-
vera censura
860
que influyó en la Comandancia General de la URNG. En
marzo de 1996, dicha Comandancia, junto con decidir unilateralmente la
suspensión de las actividades ofensivas, paso decisivo para el avance de las
negociaciones de paz, resolvió suspender el cobro del “impuesto de gue-
rra”.
861
Con ello, la URNG se quedó sin el único recurso de financiamien-
to importante con que aún contaba.
Las últimas desapariciones forzadas
Por otra parte, en el período final de las negociaciones de paz la CEH
registró muy pocos casos de desaparición forzada atribuidos a agentes del
Estado. Durante años, el Estado de Guatemala había aplicado sistemática-
mente este método criminal, para eliminar a opositores políticos, militan-
tes de las organizaciones insurgentes y civiles presuntamente partidarios de
la guerrilla. Pero, el último caso que fue producto de una política sistemá-
tica ocurrió en 1989, cuando once estudiantes de las USAC fueron dete-
nidos y desaparecidos.
862
En los últimos años del proceso de negociaciones,
entre 1994 y 1996, la CEH registró un total de cuatro desapariciones for-
270
857 Informe del CACIF a la CEH, sobre algunos hechos de violencia perpetrados en contra del sector em-
presarial durante el conflicto armado, pg. 21.
858 Ibid.
859 CI 89. Diciembre 1977, Guatemala.
860 Tercer Informe de MINUGUA, párrafo 206, noviembre de 1995.
861 Quinto Informe de MINUGUA, párrafos 161, 212 y 226, septiembre de 1966.
862 CI 30. Agosto-septiembre, 1989, ciudad de Guatemala, Guatemala.
zadas, ninguna de las cuales obedeció a un plan preconcebido de elimina-
ción de opositores. Las últimas, en octubre de 1996.
863
Una de ellas forma
parte de este caso.
Los secuestros y la respuesta del estado
En otro ámbito, a pesar del avance del proceso de paz, en 1996 el país
sufría una grave crisis de inseguridad ciudadana. La incontrolable ola de
secuestros extorsivos perpetrados por el crimen organizado, en un contex-
to de casi absoluta impunidad, era una de las más dramáticas expresiones
de esa crisis.
El presidente Alvaro Arzú, “en declaraciones públicas realizadas en agos-
to (de 1996) afirmó que ‘la industria del secuestro’ involucra tanto a militares
como a políticos y otros civiles”.
864
Por su parte, informes de MINUGUA sos-
tenían que “agentes del Estado, en conexión con ex agentes estatales y civiles,
operan en amplias redes del crimen organizado”.
865
Ya a comienzos de ese año, se había informado que el Gobierno, deci-
dido a dar una lucha frontal contra las bandas de secuestradores, crearía un
comando especial para tal efecto. Posteriormente, numerosos y serios an-
tecedentes recabados por la CEH indican que en el Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) se había creado una unidad “antisecuestros” que, si bien es-
taba integrada por destacados oficiales de la inteligencia militar, actuaba
con absoluta autonomía del Ministerio de la Defensa y, por cierto, de la
Policía Nacional. Los hechos posteriores confirmaron tales antecedentes y
evidenciaron que la Policía Nacional sólo prestaba funciones de apoyo a los
“operativos antisecuestro” dirigidos por el EMP.
En cambio, la denominada “unidad antisecuestros” creada por el Minis-
terio de Gobernación, integrada parcialmente por funcionarios de la Poli-
cía Nacional y que contaba con la colaboración de la inteligencia militar,
sólo cumplió tareas de recolección de información la cual debía ser entre-
gada al EMP, y cada vez que se realizaban operativos supeditaba su actuar
a la autoridad de este organismo.
II. LOS HECHOS
El secuestro de la señora de Novella
Cerca de las 10.30 del domingo 25 de agosto de 1996, un grupo de
individuos vestidos con uniformes de la Policía Nacional, quienes estaban
ubicados cerca de la Iglesia de Corpus Christi, en la zona 6 de la ciudad
271
863 C 4003. Octubre 1996.
864 Sexto informe de MINUGUA, párrafo 62, abril 1977.
865 Ibid.
capital, simulando un retén de ese cuerpo de seguridad, detuvieron el ca-
rro en que se movilizaba la señora Olga Alvarado de Novella, de 87 años
de edad,
866
procediendo a secuestrarla y trasladarla a un lugar desconocido,
en un vehículo marca Lada que, también, simulaba pertenecer a la institu-
ción policial.
Inmediatamente que la denuncia fuera presentada a los organismos
del Estado, se descartó la participación de agentes de la Policía Nacional en
el secuestro.
Durante los dos meses que duró el plagio, los medios de comunica-
ción, uniformemente y a diferencia de lo ocurrido en otros secuestros ex-
torsivos, otorgaron escasa información sobre las exigencias de los secuestra-
dores y la reacción de los familiares de la víctima. En todo caso, el círculo
social que estaba en conocimiento de la situación, siempre pensó que se
trataba, como tantos otros, de un secuestro de carácter extorsivo cometido
por una de las bandas criminales comunes que operaban en el país.
Y, en efecto, era un secuestro de carácter extorsivo, pues los autores
exigían a la familia de la víctima, para su liberación, seis millones de dóla-
res de Estados Unidos de América.
867
Pero, la autoría no correspondía a de-
lincuentes comunes. Dos meses más tarde, se supo que el plagio había si-
do perpetrado por miembros de la ORPA, específicamente por integran-
tes de un grupo urbano al mando de Rafael Augusto Valdizón Núñez,
miembro de la Dirección de esa organización guerrillera reconocido como
comandante Isaías. Este grupo mantuvo secuestrada a la víctima en una ca-
sa que, según el informe del proyecto REMHI, estaría “situada probable-
mente al sur de la ciudad”.
868
La investigación prejudicial del secuestro,
el operativo de captura y el canje
La investigación del secuestro, cuya víctima y su familia tenían una es-
pecial relación afectiva con el presidente de la República, fue asignada de
inmediato al comando especial “antisecuestros” del Estado Mayor Presiden-
cial. Por disposiciones superiores, la Policía Nacional sólo jugó un rol sub-
sidiario, limitándose a examinar el lugar en que ocurrió el secuestro y a re-
copilar información que se le proporcionaba, pero con el sólo objeto de ser
trasladada al Estado Mayor Presidencial.
La CEH no logró establecer en qué momento de la investigación el
Gobierno de Guatemala supo que los autores del plagio eran miembros de
272
866 Madre de la señora Olga Novella Alvarado, secuestrada en 1976.
867 Otras versiones, menos confiables para la CEH ,indicarían que el monto exigido fue de entre 10
y 14 millones de dólares americanos.
868 Informe de REMHI, pg. 355, Tomo III.
un grupo urbano de la ORPA, pues respecto a este punto las informacio-
nes son muy variadas y poco confiables.
En todo caso, dicha investigación culminó el día 19 de octubre de
1996, en un operativo en que fueron capturados dos de los integrantes de
la ORPA involucrados en el secuestro: Rafael Augusto Valdizón Núñez, re-
conocido como el comandante Isaías, y Juan José Cabrera Rodas, conoci-
do como “Mincho”. Este último había ingresado a la URNG en 1980, en-
rolándose primero como militante urbano en las filas del EGP y posterior-
mente en la ORPA, de la que era militante al momento de su captura.
A Mincho se le vio por última vez, ese mismo día, cuando abandonó,
“para ir a almorzar”, un local de la zona 12 donde había asistido a una reu-
nión en que estuvieron presentes varios militantes de la ORPA. Posterior-
mente, cerca de las tres de la tarde, Mincho y el comandante Isaías se en-
contraban en la zona 9 de la capital. Desde dos teléfonos públicos, cerca-
nos uno del otro, ambos llamaron varias veces, alternándose, a miembros
de la familia Novella, con quienes continuaban negociando el rescate.
Cuando concluyeron las llamadas, subieron a su carro y, de inmediato, co-
menzaron a ser perseguidos por alrededor de diez personas que se movili-
zaban en tres vehículos, uno de ellos de color verde oscuro, otro de marca
Toyota y una panel Dogde. La carrera para escapar cubrió varias zonas de
la capital, pero finalmente los miembros de la ORPA fueron rodeados por
los vehículos de sus persecutores en la zona 8, probablemente la 1ª aveni-
da, a la altura de la 35 calle.
Luego de hacerlos salir del carro, propinaron a Isaías varios golpes, en
el tórax, con un palo grueso, presuntamente un bate, y lo introdujeron en
uno de los vehículos, donde se identificó de inmediato como integrante de
la ORPA. También Mincho fue golpeado con similar objeto, pero en la ca-
beza, e introducido en otro de los carros. Los antecedentes con que cuen-
ta la CEH permiten presumir que Mincho, por efecto de ese golpe, que-
dó malherido al momento de su captura
869
y falleció ese mismo día o en los
días siguientes. Posteriormente, el Gobierno admitiría “que una segunda
persona estuvo con Baldizón (sic) al momento de su captura, a la que las fuer-
zas de seguridad habrían decidido dejar escapar, por considerar que no estaban
en capacidad operativa para detener a ambas personas”.
870
Todos los antece-
dentes reunidos por la CEH contradicen y hacen inverosímil esta última
afirmación.
Los antecedentes reunidos por la CEH confirman que este operativo es-
tuvo a cargo de personal bajo el mando del Estado Mayor Presidencial, que
actuó con autonomía de los ministerios de la Defensa y de Gobernación.
273
869 Además de otras fuentes, comunicado público de MINUGUA 20 de mayo de 1997.
870 Comunicado oficial de 20 de mayo de 1997.
Los dos capturados fueron trasladados a un recinto militar, ubicado
junto o cerca del Aeropuerto “La Aurora”. En ese lugar, luego de ser con-
firmada la identificación de Rafael Augusto Valdizón Núñez ,se negoció,
según la mayoría de las fuentes a propuesta del propio Isaías, y con cono-
cimiento y aceptación de las más altas autoridades del Gobierno, el deno-
minado “canje”, consistente en liberar simultáneamente a Isaías y a la se-
ñora de Novella. Como los guerrilleros que custodiaban en ese momento
a la víctima del secuestro tenían orden de dar muerte a la anciana en caso
de una captura de Isaías, este los llamó por teléfono, para indicarles cuál
era su situación y ordenarles que aguardaran el momento del canje. Por su
parte, la decisión del Gobierno de canjear al capturado por la anciana y de-
jar libres a quienes la mantenían secuestrada, adoptada finalmente por el
presidente Arzú, tuvo como primera consideración una de carácter huma-
nitario que el propio jefe de Estado explica al fiscal general de la Repúbli-
ca: “como un acto humanitario y por el estado de necesidad de salvarle la vida
a dicha señora y no existiendo otra forma de evitarlo, dadas las circunstancias
apremiantes, se accedió al canje propuesto por el señor Valdizón Núñez”.
871
Pe-
ro, es evidente que dicha decisión también consideró la necesidad de evi-
tar fatales consecuencias para el curso del proceso de paz, que se encontra-
ba en su etapa final.
Al día siguiente, domingo 20 de octubre, en horas de la mañana, fue-
ron liberados Isaías y la señora Novella. El resto de los miembros de la OR-
PA que custodiaban a la anciana pudieron abandonar libres la casa donde
se desarrolló el secuestro.
Sin embargo, nada se supo de la suerte que había corrido Juan José Ca-
brera Rodas, Mincho.
A las once de la mañana de ese domingo, cuando la señora Novella ya
se encontraba en su hogar, el ministro de Gobernación fue informado de
la captura del comandante Isaías.
872
Además, los antecedentes con que
cuenta la CEH indican que el ministro de la Defensa Nacional no tuvo co-
nocimiento de los hechos hasta después que ellos ocurrieron.
Por otra parte, el Gobierno “convocó de inmediato al moderador de Na-
ciones Unidas en las negociaciones de paz señor Jean Arnault, cuya sede era
Nueva York, para enterarlo de los hechos sucedidos y solicitarle su inmediata
intervención ante la Comandancia General de la URNG, a efecto de exigir las
explicaciones del caso y esclarecer los correspondientes niveles de responsabilidad
en este hecho delictivo”.
873
En cambio, la Misión de Verificación de las Na-
ciones Unidas (MINUGUA), con sede en Guatemala, no fue informada.
274
871 Carta al fiscal general, 23 de mayo de 1997.
872 Interpelación ante el Congreso de la República, 10 de junio de 1997, Versión taquigráfica, pg. 3,
fecha de impresión, 16 de junio de 1997, Respuesta a pregunta del diputado Sr. Klee Orellana.
873 Declaración del Gobierno del 28 de octubre de 1996.
El conocimiento público de la autoría del secuestro,
de la captura de Isaías y del canje
En tanto, todo lo ocurrido el 19 y el 20 de octubre sólo era de cono-
cimiento de las Partes. Además, la moderación de las Naciones Unidas ha-
bía sido informada, por el Gobierno, de la autoría de la URNG en el se-
cuestro. Las otras instituciones nacionales o internacionales con sede en
Guatemala y la opinión pública se enteraron de lo sucedido el día 28 del
mismo mes de octubre.
En esta fecha, en horas de la tarde, los hechos sustantivos, con excep-
ción de la captura y posterior desaparición de Mincho, fueron conocidos
por la ciudadanía, al escuchar la declaración del Gobierno. También el Mi-
nisterio Público se informó de lo sucedido a través de los medios de comu-
nicación y, al día siguiente, su titular, el fiscal general de la República se
quejó de no haber sido informado oficial y oportunamente de la detención
de Isaías, con el objeto de iniciar la investigación penal.
874
Fue también en esta fecha, horas antes de realizarse la conferencia de
prensa en que el Gobierno dio a conocer su comunicado oficial, que el di-
rector de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA),
señor David Stephen, fue informado, por primera vez, desde Nueva York,
por el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, del hecho que
miembros de la URNG habían participado en el secuestro de la señora Ol-
ga de Novella.
Dos días después, el 30 de octubre de 1996, la Comandancia General
de la URNG emitió una declaración pública, mediante la cual reconoció
que “efectivamente, Rafael Augusto Valdizón Núñez, ex comandante Isaías,
organizó y realizó, al mando de una pequeña fuerza irregular urbana, el se-
cuestro y retención de la señora Novella, quien fue liberada a cambio del can-
je del ex comandante Isaías que lo convino con las fuerzas de seguridad del Go-
bierno”.
La declaración agrega que “aunque el ex comandante Isaías era miembro
de la Dirección de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) dicha acción
fue realizada sin conocimiento ni autorización de su Dirección”.
Finalmente, el comunicado insiste en que “ninguno de los integrantes de
la Comandancia General de la URNG tuvo, en momento alguno, conocimien-
to de la ejecución de este plan”, que se desarrolló durante casi dos meses.
No obstante todo lo anterior, la Comandancia general de la URNG,
en esa misma declaración, “asume la responsabilidad política del hecho a cau-
sa de que quienes realizaron tal acción eran miembros de sus organizaciones”,
agregando que, sin embargo, “no puede en rigor asumir la responsabilidad de
275
874 Notas de fecha 29 de octubre de 1996, dirigidas por el fiscal general a los ministros de Goberna-
ción y Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional.
algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Posteriormente, en declara-
ciones prestadas ante el fiscal general de la República, el comandante de la
ORPA, Gaspar Ilóm, reiteró que asumía la responsabilidad política por los
hechos.
En todo caso, el comunicado de la URNG tampoco se refirió a la de-
tención y desaparición de Juan José Cabrera Rodas ni a la liberación de los
otros militantes suyos que habían mantenido secuestrada a la señora de
Novella.
De inmediato, se postergaron las jornadas de negociaciones de paz
que habían sido programadas por las Partes, las cuales se reanudaron sólo
después que Gaspar Ilóm renunció a seguir representando a la ORPA en
la mesa de negociaciones. El lamentable suceso casi había echado por tie-
rra el esfuerzo conjunto de ambas Partes, para alcanzar la Paz Firme y Du-
radera.
Luego de aclarada la autoría del secuestro extorsivo, resuelta de facto
y al margen de los procedimientos legales la situación, mediante el canje
de Isaías por la señora Novella, y asumida la responsabilidad política por la
URNG, la investigación del Ministerio Público se caracterizó por la re-
nuencia o el desinterés de todas las partes involucradas, en cooperar y por
los nulos resultados procesales.
El conocimiento público de la captura
y posterior desaparición de Mincho
Estando en el recinto militar donde fue conducido por sus captores,
Isaías había preguntado sobre la suerte de Mincho, tanto a sus celadores
como al secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Adolfo Porras Cas-
tejón, quien concurrió a concretar la negociación del canje, en representa-
ción del Gobierno. Aquellos le habrían manifestado que Mincho estaba en
buen estado, mientras Porras le señaló que consultaría sobre este segundo
detenido a los responsables del operativo. A raíz de estas consultas, se ha-
bría obtenido como respuesta que la “segunda persona”, al momento de la
captura de Isaías, “había escapado”, o que se le dejó escapar, versión que el
Gobierno hizo público siete meses después.
875
Inmediatamente después de ser liberado, Isaías comunicó lo ocurrido
con Mincho a la Dirección de la ORPA, la cual hizo llegar su preocupa-
ción al Gobierno, recibiendo como respuesta que no existía ninguna infor-
mación sobre la existencia de un segundo detenido.
La CEH no ha logrado constatar que, en la gestión que el Gobierno
encargara al moderador de las Naciones Unidas, éste hubiese recibido una
denuncia de la URNG en el sentido que un segundo guerrillero había si-
276
875 Comunicado oficial de 20 de mayo de 1997.
do capturado y que su paradero era desconocido, ni que la URNG le ha-
ya solicitado pedir información sobre este asunto al Gobierno de Guate-
mala. La CEH tampoco ha podido constatar que a partir de fines de octu-
bre algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se
hubiesen enterado de la detención y posterior desaparición de Mincho.
La primera denuncia formal interpuesta sobre la desaparición de Min-
cho en alguna institución la recibió MINUGUA, de personas muy cerca-
nas a la víctima, el día 16 de abril de 1997. La primera noción sobre la exis-
tencia de un segundo guerrillero la había recibido esa Misión el 22 de no-
viembre de 1996, con motivo de una reunión ordinaria realizada en Méxi-
co con la Comandancia General de la URNG. En tal ocasión, pero sepa-
radamente, el representante de la ORPA transmitió su preocupación por el
desconocimiento del paradero de un segundo capturado, sin entregar a los
delegados de la Misión datos precisos sobre su identidad y agregando que,
por otras vías, se estaba tratando de obtener información del Gobierno.
Aunque aquella noticia no significara una denuncia formal y precisa,
a partir de su recepción la Dirección de MINUGUA persuadió insistente-
mente a la URNG, para que le entregara información circunstanciada que
le permitiese iniciar la verificación del caso. Pero, no recibió mayor infor-
mación.
Recién a mediados de enero de 1997, comienzan a aparecer en la pren-
sa los primeros trascendidos sobre la captura y desaparición de un segundo
guerrillero no identificado. Entonces, la Dirección de MINUGUA, mien-
tras continuaba induciendo a la URNG a proporcionar mayor informa-
ción, instruyó a su Oficina Regional en la ciudad de Guatemala, que abrie-
ra un archivo con toda la información que fuese recibiendo sobre el caso.
La primera información pública sobre la identidad de la víctima apa-
rece el 18 de marzo de 1997, en el diario El Periódico, que lo señala como
Juan José Cabrera, conocido como “Mincho”.
Hasta el 16 de abril de 1997, ninguna persona o entidad de derechos
humanos había presentado alguna denuncia a organismos oficiales o a MI-
NUGUA. Fue en esta fecha que la Misión de las Naciones Unidas recibió
aquella a que se ha hecho referencia más arriba, la cual contenía pormeno-
res sobre la identidad de la víctima. A partir de entonces, la Dirección de
MINUGUA decidió verificar activamente el caso.
Siete días más tarde, el 23 de abril de 1997, MINUGUA señaló pú-
blicamente que “existen elementos de convicción relativos a que el señor Ca-
brera Rodas efectivamente se encuentra desaparecido desde el 19 de octubre de
1996” y estableció la presunción de que aquel sería “el integrante de la
URNG cuya suerte y paradero no ha sido posible establecer”.
876
Fue éste el pri-
277
876 Comunicado de Prensa, 23 de abril de 1997.
mer pronunciamiento público formulado sobre el caso por una institución
con sede en Guatemala. Menos de un mes más tarde, el 20 de mayo de
1997, la verificación internacional concluía que Mincho había estado in-
volucrado en el secuestro de la señora de Novella, que fue capturado por
las fuerzas de seguridad y que múltiples elementos de convicción indica-
ban que la captura había estado a cargo del Estado Mayor Presidencial.
877
Estas aseveraciones de MINUGUA fueron duramente rechazadas por el
Gobierno, generándose la mayor tensión entre el Estado de Guatemala y
las Naciones Unidas desde que se iniciara el proceso de paz.
La investigación del Ministerio Público
Por su parte, el titular del Ministerio Público manifestó de inmediato
su interés en investigar el caso de Cabrera Rodas. Sin embargo, esta inves-
tigación oficial no pudo prosperar, debido a la falta de colaboración de las
autoridades del Gobierno. Por otra parte, la Comandancia General de la
URNG, guardando coherencia con su versión de que el hecho estuvo to-
talmente fuera de su control, no sólo no lo denunció sino que señaló des-
conocer la existencia de un comandante de nombre Mincho,
878
agregando
que “no ha sido posible establecer otros detalles, a causa de la falta de contacto
con los autores”.
879
El 20 de mayo de 1997, el fiscal general solicitó al presidente de la Re-
pública que informara “sobre el conocimiento e información que tenga en tor-
no al presente caso”, que se refiere a la presunta desaparición del señor Juan
José Cabrera Rodas, conocido como “Benjamín” o “Mincho”. El siguiente
texto incluye la respuesta completa del presidente:
“Con fecha 25 de agosto de 1996, fui informado del secuestro de la
señora Olga de Novella, de 87 años de edad
“Asimismo, con fecha 19 de octubre de 1996, fui informado de la
captura del señor Rafael Augusto Valdizón Núñez, llamado coman-
dante Isaías, en situación que lo involucraba en el secuestro de la an-
ciana de 87 años de edad, antes mencionada.
“Con la captura del señor Rafael Augusto Valdizón Núñez, llamado
comandante Isaías, se agravó el riesgo de muerte, que por su condición
de secuestrada corría ya, la señora Olga de Novella, razón por la que,
como un acto humanitario y por el estado de necesidad de salvarle la
278
877 Comunicado de MINUGUA, 20 de mayo de 1997.
878 Prensa Libre, 22 de mayo de 1997.
879 Siglo Veintiuno, 22 de mayo de 1997.
vida a dicha señora y no existiendo otra forma de evitarlo, dadas las
circunstancias apremiantes, se accedió al canje propuesto por el señor
Valdizón Núñez.
“Se me informó igualmente que la secuestrada señora de Novella fue
puesta en libertad sana y salva el 20 de octubre de 1996”.
880
El mismo día 20 de mayo, el fiscal general ofició al jefe del Estado Ma-
yor Presidencial, consultándole, entre otros puntos, si el operativo “fue efec-
tuado por un grupo compuesto por miembros del EMP”.
Con fecha 9 de junio de 1997, el jefe del EMP respondió al fiscal ge-
neral que, “por ser el Estado Mayor Presidencial un órgano jerárquicamente
dependiente del ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la Ley
Constitutiva del Ejército, no me está permitido atender en forma inmediata a
su solicitud”. En la misma carta, el jefe del EMP indica que procederá “a
emitir por el conducto respectivo, el oficio ya mencionado (del fiscal) al Estado
Mayor de la Defensa Nacional, para los efectos legales consiguientes”. Según
antecedentes con que cuenta la CEH, hasta el 2 de julio de 1997 el oficio
del fiscal general aún no había sido recibido por el Estado Mayor de la De-
fensa Nacional, cuya jefatura asumió el ex jefe del Estado Mayor Presiden-
cial el día siguiente.
También el 20 de mayo, el fiscal general envió otro oficio al ministro
de la Defensa Nacional, en los mismos términos anteriores. El ministro
respondió, con fecha 17 de junio, manifestando no tener conocimiento de
la captura y desaparición de Mincho y aclarando que el EMP, “en atención
a su función de velar por la seguridad personal de señor presidente de la Repú-
blica y su familia, depende directamente del señor presidente”.
El 20 de mayo, el fiscal general solicitó información, asimismo, al mi-
nistro de Gobernación, quien públicamente había asumido la responsabi-
lidad superior del operativo. Recién con fecha 8 de agosto el fiscal recibió
la respuesta del ministro, quien le remite copia de otra carta, fechada el 28
de mayo, que nunca había llegado a manos del titular del Ministerio Pú-
blico. En esta carta, el ministro señala que sólo sabe del caso de Mincho
por los medios de comunicación, agregando que “al momento de la deten-
ción del señor Augusto Rafael Baldizón (sic) Núñez no se procedió a la apre-
hensión de ninguna otra persona” y que la detención de Isaías “se realizó por
fuerzas de seguridad de este Despacho”. Pese a esta última afirmación, cinco
días antes de la carta del ministro, el director de la Policía Nacional, fuer-
za de seguridad legal dependiente del Ministerio de Gobernación, había
manifestado al fiscal general que “la Policía Nacional no tuvo ninguna par-
ticipación en la detención del señor Rafael Augusto Baldizón Núñez”.
881
279
880 Carta firmada por el Presidente Constitucional de la República del 23 de mayo de 1997.
881 Carta de 23 de mayo de 1997.
Posteriormente, el ministro de Gobernación proporcionó “confiden-
cialmente”, al fiscal que investigaba el caso, los nombres de agentes estata-
les que habrían participado en el operativo del 19 de octubre de 1996, pe-
ro sin que pudiesen figurar en el expediente. En todo caso, se desconoce si
esos agentes fueron, en definitiva, interrogados por el Ministerio Público.
En relación con este punto crucial para la investigación, la CEH, en
cumplimiento del mandato que le otorgaran las partes, se dirigió al minis-
tro de Gobernación el 23 de febrero de 1998, tomando en cuenta declara-
ciones suyas “en las cuales señala que los agentes del Estado que actuaron en
la operación señalada lo hicieron bajo la responsabilidad del Ministerio de Go-
bernación” y solicitándole, por tanto “tener a bien proporcionar las identida-
des de los agentes del Estado que participaron en dicho operativo, con la fina-
lidad de invitarlos a entregar su versión de los hechos”.
La misiva invoca la obligación legal de las autoridades de colaborar
con la CEH, establecida en el Artículo 10 de la Ley de Reconciliación Na-
cional, y agrega que “la Comisión es rigurosamente respetuosa del principio de
confidencialidad de sus fuentes de información, cuando así se solicita, y que,
además, los trabajos y el informe de la Comisión no individualizarán respon-
sabilidades ni tendrán propósitos o efectos judiciales”.
882
La respuesta del ministro de Gobernación, fechada el día 27 de mar-
zo de 1998, fue la siguiente:
“La información que obra en mi poder, sobre el hecho a que usted ha-
ce referencia en dicho oficio, es la misma que he expresado a los dife-
rentes medios de comunicación social, cuando se me ha preguntado al
respecto, estando también contenida en la interpelación que me hicie-
ra el Honorable Congreso de la República, de la que adjunto copia.
Reconozco la preocupación de esa Comisión para esclarecer este hecho,
la que este Despacho comparte, ofreciendo desde ya hacer de su cono-
cimiento cualquier información adicional que obtenga relacionada
con este caso”.
883
Revisados el texto completo de la interpelación que hiciera el Congre-
so al ministro y sus respuestas, no hay ninguna mención a la identidad de
los agentes del Estado que actuaron en el operativo del 19 de octubre de
1996, aunque el ministro afirma que lo hicieron bajo su responsabilidad.
Por ello, la carta del ministro de Gobernación mereció otra nota del
coordinador de la CEH, fechada el 7 de abril de 1998, la cual señala, en
sus aspectos sustantivos, lo siguiente:
280
882 Carta del coordinador de la CEH al ministro de la Gobernación.
883 Carta del ministro de Gobernación al coordinador de la CEH.
“Le agradezco la gentileza de proporcionar a la Comisión copia de la
interpelación que le hiciera el Honorable Congreso de la República,
en relación con el denominado ‘caso Mincho”.
“No obstante, es evidente que, en dicha comunicación, usted ha omi-
tido responder a la petición concreta contenida en mi carta del 23 de
febrero, que consiste en que usted tenga a bien proporcionar las iden-
tidades de los agentes del Estado que participaron en el operativo del
día 19 de octubre de 1996”.
“Esta petición se fundamentaba en que usted conoce dichas identida-
des, puesto que dichos agentes del Estado actuaron bajo su responsabi-
lidad, lo cual se confirma en el texto de la interpelación que le hicie-
ra el Congreso de la República.
884
La petición tiene por finalidad el
cumplimiento de una de las funciones de la Comisión, establecidas en
el Acuerdo de Oslo, que consiste en invitar ‘a todos los que puedan es-
tar en posesión de información pertinente a que presenten su versión
de los hechos’, sobre la base de la reserva de las actuaciones de la Co-
misión y la secretividad de las fuentes. Además, como usted sabe, los
trabajos y el informe de la Comisión no individualizan responsabili-
dades ni tienen efectos ni propósitos judiciales”.
“Finalmente, reconociendo su disposición, manifestada en su carta del
27 de marzo, a hacer de nuestro conocimiento ‘cualquier información
adicional que obtenga relacionada con el caso’, y considerando lo esta-
blecido en el Artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional, me
permito reiterar respetuosamente mi petición concreta de que usted
proporcione a la Comisión las identidades de los agentes del Estado
que participaron en el operativo del día 19 de octubre de 1996, ase-
gurándole la total reserva presente y futura de dichas identidades”.
885
A esta segunda solicitud de la CEH, el ministro de Gobernación res-
pondió, finalmente, con fecha 4 de mayo de 1998, indicando lo siguiente:
“A. En su oportunidad proporcioné, al Ministerio Público, los aspec-
tos que conozco en relación al secuestro de la señora Novella y su pos-
terior canje por el señor Rafael Augusto Valdizón Núñez; lo anterior
lo hice bajo garantía legal de confidencialidad, para no entorpecer la
investigación correspondiente.
281
884 Esta afirmación se basó en el principio de la buena fe y se redactó cuando el caso se encontraba
en plena etapa de investigación en la CEH.
885 Carta del coordinador de la CEH al ministro de Gobernación, 7 de abril de 1998.
“B. En virtud de lo expuesto, por el presente medio le manifiesto, que
por el momento no puedo proporcionar ningún dato adicional sobre
el tema”.
886
La exhumación de un cadáver no identificado
La única diligencia procesal que despertó alguna expectativa de cono-
cer la suerte de Juan José Cabrera Rodas se practicó el día 6 de agosto de
1997, a raíz de una gestión de MINUGUA ante el Ministerio Público. En
el mes de junio de 1997, la Misión había recibido, de la dirección de Re-
vista Crónica, la fotografía de un cadáver no identificado, hallado en un ba-
sural de la capital el 14 de diciembre de 1996. El rostro que aparecía en la
fotografía coincidía bastante con el de Juan José Cabrera.
Premunida de esta foto, la Misión, ejerciendo las facultades que le
otorga el Acuerdo Global sobre Derechos humanos, realizó con la mayor
reserva
887
diversas diligencias, logrando establecer la autenticidad de la fo-
to y determinar el lugar en que estaba sepultado el cadáver. Culminadas las
diligencias, el 4 de agosto de 1997, la Misión entregó inmediatamente la
foto al Ministerio Público, urgiéndolo a realizar inmediatamente la exhu-
mación, la cual se practicó dos días después. En el intertanto, el lugar en
que estaba sepultado el cadáver fue resguardado.
El resultado de la exhumación, realizada en presencia de personas que
conocían a Juan José Cabrera y verificada por las Naciones Unidas, fue que
el cadáver exhumado correspondía al de la fotografía, pero que no era el de
Juan José Cabrera, por un cúmulo de antecedentes, especialmente las prue-
bas dactilares y odontológicas, y el cotejo con otras características físicas
previamente señaladas por las personas más cercanas a la víctima.
Posteriormente, la investigación sobre la captura y desaparición de
Mincho se mantuvo, hasta el término de los trabajos de la CEH, en el más
completo hermetismo y quedó, en la práctica, paralizada.
III. CONCLUSIONES
En primer lugar, analizados todos los antecedentes del secuestro que
afectó a la señora Olga Alvarado de Novella, asiste a la CEH la convicción
plena de que efectivos de la URNG fueron sus autores, incurriendo en un
grave atentado a la dignidad humana. La prolongación en el tiempo del se-
cuestro, lo cual supuso recursos humanos y logísticos de cierta magnitud
destinados durante casi dos meses a la ejecución continuada del plagio, ha-
282
886 Carta del ministro de gobernación al coordinador de la CEH.
887 Según declaración de MINUGUA de fecha 7 de agosto de 1997, esta reserva tuvo por objeto evi-
tar una exhumación clandestina del cadáver.
ce dudar a la CEH de la afirmación de la Comandancia General de la
URNG que los hechos estaban “totalmente” fuera de su control y estable-
cer la presunción simple de que mandos superiores de la estructura orgá-
nica tuvieron conocimiento del mismo y pudieron impedirlo o, a lo me-
nos, interrumpir su prolongación en el tiempo.
La CEH considera que el secuestro extorsivo de la señora Novella, si
bien no correspondió a una política de la URNG en la época en que se
perpetró sino a una decisión coyuntural, ilustra el peligro de reiteración de
hechos de violencia, incluso en tiempos de paz, si no media un convenci-
miento profundo de la necesidad de respetar la ley, que es una de las bases
de todo estado de derecho.
Asimismo, considerando que este secuestro se dio en un contexto de
perpetración sistemática de casos similares por bandas criminales, la CEH
llama a reflexionar sobre el nefasto efecto contagioso que prácticas aborre-
cibles, consideradas como “propias de la guerra”, ejercen a futuro sobre las
sociedades, incluso cuando ya se han depuesto las armas.
En segundo lugar, estudiados todos los antecedentes, procedentes de
fuentes confiables, variadas y contestes, la CEH ha llegado a la plena con-
vicción de que Juan José Cabrera Rodas, militante de la ORPA involucra-
do en el secuestro de la señora Olga Alvarado de Novella, fue privado de
su libertad por agentes del Estado que actuaban bajo la dirección del Esta-
do Mayor Presidencial y que, posteriormente, se ha negado dicha captura
y ocultado el paradero y la suerte de la víctima, lo cual constituye una de-
saparición forzada de responsabilidad del Estado de Guatemala. Asimis-
mo, asiste a la CEH la presunción fundada de que Juan José Cabrera Ro-
das falleció, a raíz de un golpe propinado por sus captores, y que su cadá-
ver ha sido inhumado clandestinamente.
La CEH concluye que la paralización de la incipiente investigación
iniciada por el Ministerio Público, que constituye incumplimiento del de-
ber del Estado de investigar y sancionar las violaciones de derechos huma-
nos y los crímenes contra las personas, y que ha determinado la impuni-
dad de los hechos analizados, se debe fundamentalmente a la falta de coo-
peración de las autoridades del Gobierno de Guatemala.
La CEH estima que esta impunidad ha sido favorecida, además, por
la falta de colaboración de la URNG, en su calidad de parte en el enfren-
tamiento armado interno.
El caso ilustra los nefastos efectos que, para la vigencia del estado de
derecho, tiene la asignación a órganos militares de funciones que no le son
propias, como la lucha contra el delito, ya que ello conduce, regularmen-
te, a métodos ilegales y violaciones de derechos humanos.
La CEH considera este caso, que puso en peligro la feliz culminación
de las negociaciones entre las Partes, como una demostración de que la
283
construcción de la paz requiere no sólo la suscripción de ciertos acuerdos,
sino, además, actitudes nuevas, especialmente de quienes participaron en
el enfrentamiento armado interno, de respeto total a la ley, al estado de-
mocrático de derecho y a los derechos humanos.
Finalmente, la CEH lamenta que, en este caso, el Gobierno de Gua-
temala, representado por el señor ministro de Gobernación, no le haya
prestado el apoyo debido, como lo establece el Artículo 10º de la Ley de
Reconciliación Nacional.
284
I. ANTECEDENTES
El locutor José Arnoldo Guilló Martínez nació el 27 de septiembre de
1930 en la ciudad de Escuintla. Realizó sus estudios primarios en esta ca-
becera departamental y se graduó de maestro de Educación Primaria en el
Instituto Nacional de Varones de Occidente (INVO) de la ciudad de
Quetzaltenango. Desde muy joven simpatizó con la izquierda, influido por
los acontecimientos de la revolución de 1944 y por los sucesos del Gobier-
no del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, derrocado en 1954.
Durante el Gobierno de Arbenz, Guilló Martínez trabajó en la Radio
Nacional TGW, en ciudad de Guatemala, donde su voz se dio a conocer a
través de varios programas oficiales, entre ellos el radioperiódico Recortes
de prensa. Cuando el Gobierno fue derrocado y asumió la jefatura de Es-
tado Carlos Castillo Armas, de posición anticomunista, Guilló dejó la lo-
cución en la radio oficial TGW.
Ante estas circunstancias, volvió a radicarse en su ciudad natal, Escuin-
tla, donde se dedicó ante todo a su profesión de maestro, prestando tam-
bién servicios en entidades públicas y privadas. Asimismo continuó con su
carrera de locutor, trabajando en Radio Sur y Radio Palmeras.
Al mismo tiempo, Guilló colaboraba, en calidad de voluntario, con la
Pastoral Radial de los sacerdotes belgas de la Congregación del Inmacula-
do Corazón de María. Desde Radio Sur se hacían dos transmisiones sema-
nales dirigidas a los sectores más desfavorecidos del área. “A lo largo del pro-
grama ‘La vida de los santos’, tratamos de hacer entender a la gente que había
persecución e injusticias … siempre con un sentido social bastante fuerte”.
889
Caso ilustrativo No. 41
Desaparición forzada
del locutor y maestro
José Arnoldo Guilló Martínez
“El rostro de la señora de Guilló refleja el do-
lor, el insomnio y las penas que destruyeron
felicidad y juventud. Los hijos menores de
edad ya comprenden el dolor que les aqueja-
ba, sabiendo que hombres desconocidos ha-
bían arrancado de sus brazos a su padre y
perdieron la alegría natural de los niños”.
888
888 Impacto, sección nacional, 13 de octubre de 1967.
889 Testigo directo (colaborador de la Pastoral Radial) CEH.
Por otro lado, José Guilló mantuvo vinculación con el Partido Guate-
malteco del Trabajo (PGT).
En 1966 Julio César Méndez Montenegro asumió la presidencia de la
República, postulado por el Partido Revolucionario (PR) y apoyado por
una amplia coalición de organizaciones de oposición. La reserva que los
mandos militares mantenían hacia los triunfadores concluyó con el “pacto
secreto” entre el PR y el Ejército, que incluía el compromiso de aplicar las
leyes anticomunistas, combatir la guerrilla y mantener la autonomía de las
fuerzas armadas, cediéndole amplios poderes ejecutivos, en perjuicio del
poder civil.
A mediados de 1966 surgieron los primeros “escuadrones de la muerte”.
En concreto Mano Blanca,
890
organización respaldada política y económi-
camente por elementos de extrema derecha para erradicar el comunismo,
que hizo pública por primera vez su existencia el 3 de junio de 1966. En
1967 éste y otros grupos similares empezaron a imponer el terror difun-
diendo volantes con listas de personas a quienes calificaban de comunistas
y amenazaban de muerte.
Las acciones de la Mano Blanca afectó, en particular, al sector estu-
diantil y profesional del país y los universitarios denunciaron públicamen-
te las intimidaciones y amenazas de que eran objeto.
891
En el mes de junio de 1967 unos desconocidos pintaron en la casa de
José Guilló una cruz negra y una mano, y además su nombre apareció in-
cluido en una lista de amenazados de muerte por la Mano Blanca.
892
La fa-
milia pudo constatar que en ninguna otra casa de la colonia Quetzal, don-
de residían, había sucedido algo similar. Como medida de precaución, “se
mantienen alerta, porque sus convicciones revolucionarias, en contra de las in-
justicias son conocidas y él mantiene una militancia clandestina con el PGT,
que algunos pueden suponer”.
893
II. LOS HECHOS
El 12 de julio de 1967, a las siete y veinte de la mañana, hombres ar-
mados y vestidos de civil que se circulaban en un carro celeste con capota
blanca, marca Ford, placas P-38485, después de herirle con un disparo de
arma de fuego en la pierna, secuestraron con violencia al locutor y maes-
286
890 Su nombre era Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO) y su signo una mano
blanca sobre un círculo rojo, de ahí que este escuadrón de la muerte fuera conocido como La Ma-
no Blanca.
891 El Gráfico, 11 de julio 1967, pg. 30, y 12 de julio de 1967, pg. 26.
892 Testigo directo CEH.
893 Ibid.
tro José Arnoldo Guilló Martínez, en la colonia Quetzal, de la cabecera de-
partamental de Escuintla.
La víctima se encontraba acompañada de su esposa y sus tres hijos, a
una cuadra de su casa, en la parada de autobuses sita en la intersección de
la primera avenida y el camino que conduce a la finca Concepción, Es-
cuintla. Estaban esperando un autobús con dirección al centro de la ciu-
dad, cuando el carro celeste se detuvo frente al grupo familiar y sus ocu-
pantes atacaron a José Guilló. Este intentó oponer resistencia. Ante la reac-
ción de la víctima, los agresores abrieron fuego hiriéndolo en la pierna de-
recha. Este cayó al suelo y fue recogido por sus agresores, que le introdu-
jeron en el vehículo, alejándose a toda velocidad.
Los secuestradores de José Guilló actuaron mostrando absoluta segu-
ridad: “Actuaban sin miedo, como si nada, a pesar que tanta gente los estaba
mirando. Cuando ya lo tenían herido y él gritó de dolor, lo cargaron en ‘zopi-
lotillo’ y lo tiraron al carro y se lo llevaron”.
894
Ese mismo día, 12 de julio los familiares de la víctima denunciaron el
hecho ante la Policía Nacional, aportando los datos que tenían sobre los
autores del atentado y las características del carro en que le secuestraron.
La actitud de los agentes pareció extraña a los denunciantes: “Se tardaron
en hacer el parte, casi dibujaban la letra; total, dijeron … que no tenían co-
nocimiento. Ganando tiempo tal vez”.
895
Más tarde, fuentes policiales indicaron que el número de placa repor-
tado no había sido otorgado aún, lo que les hizo suponer que el mismo fue
alterado. El gobernador departamental de Escuintla, coronel Saturnino
Barrera, informó que se había entrevistado con el ministro de Goberna-
ción para hacerle saber las actividades que realizaba la Policía para localizar
al profesor y locutor José Guilló y que contaban con algunas pistas para
dar con su paradero,
896
pero finalmente no obtuvieron ningún resultado.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
En los meses siguientes, los familiares de la víctima emprendieron una
campaña de divulgación con la intención de rescatarle con vida. Como
reacción ante esta actitud, personas vinculadas a las Fuerzas de Seguridad
intimidaron a los promotores de la campaña con amenazas veladas.
Un testigo directo afirma que durante una entrevista para el periódico
Impacto, en la que afirmaba que la Policía era responsable del secuestro y
287
894 Ibid.
895 Ibid.
896 El Gráfico, 13 de julio 1967, pg. 30.
desaparición de José Guilló, se le acercó una persona con la cual mantuvo
la siguiente conversación:
“Usted ... ¿vio que era la policía?
Sí, le dije yo, eran policías, sólo que vestidos de particular.
Entonces ellos se identificaron, me dijo.
Esos desgraciados no se identifican, le dije yo.
¿Le quedan hijos señora?, me dijo él.
Sí, le dije, me quedan tres.
Entonces no diga que fue la policía, me dijo.
Yo no sé [si] fue un aviso o una advertencia. Lo cierto es que, yo …
mi calvario fue duro, porque yo … fui a policías, yo … fui a los an-
fiteatros buscándolo y nunca, nunca apareció”.
897
En septiembre se publicó la noticia de que había aparecido el cadáver
del locutor Guilló, pero la familia confirmó que no era cierto. Este hecho
ocurrió después que la esposa del desaparecido publicó una carta con un
llamado a los secuestradores de su esposo, para que le perdonaran la vida
y se compadecieran del sufrimiento de ella y sus tres hijos. “No lo maten
por favor, déjenlo vivo, nosotros lo necesitamos”,
898
fue el dramático llamado
de la esposa de la víctima.
Días después dos hombres visitaron la casa de la familia Guilló. Uno
de ellos “era aquel que le decían ‘Huevo Loco’, este Córdoba Molina”.
899
Este
había sido policía, pero ya no pertenecía a los cuadros de la institución; sin
embargo, se decía que colaboraba “bajo de agua” con la misma. El visitan-
te dijo que “él sabía que en la casa escondíamos personas”. Luego de varias
preguntas, Córdoba Molina y su acompañante se retiraron.
900
La familia Guilló conoció rumores que indicaban que habían encon-
trado a José e incluso recibieron noticias sobre la aparición de su cadáver y
posterior autopsia.
901
Sin embargo, no lograron esclarecer la veracidad de
estas informaciones.
Durante los años que siguieron al hecho, la esposa de José Guilló lu-
chó por conocer su paradero e integró en 1967 la primera organización de
familiares de desaparecidos.
288
897 El Gráfico, 13 de julio de 1967, pg. 30.
898 El Impacto, sección nacional, 13 de octubre 1967.
899 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, 23 de octubre de
1967, HD/10.9. El declarante hace referencia a Jorge Córdoba Molina, apodado “Huevo Loco”,
reconocido líder del escuadrón de la muerte Mano Blanca. Supuestamente miembros del IV
Cuerpo de la Policía Nacional fueron los responsables de su muerte, por el deterioro de las rela-
ciones entre una unidad operativa del Ejército y la organización Mano Blanca.
900 Testigo directo CEH.
901 Investigaciones de la CEH permiten afirmar que esa información carece de veracidad.
“Yo moví cielo y tierra … Cada persona que le desaparecían a sus pa-
rientes la llamábamos para que nos uniéramos. Participamos con una
manta el 1 de mayo y nuestra manta decía: ‘Familiares de las Vícti-
mas de la Represión’. Yo hablé en la Concha Acústica [del parque
Centenario] ese 1968. Y hubiera sido capaz de todo por saber de Pe-
pe. Esos años fueron terribles. Los desaparecidos de esos años son in-
contables, todos los días llevaban muertos al hospital”.
902
La desaparición de Guilló, además del dolor y la angustia que generó
en su familia, tuvo otro tipo de consecuencias negativas: en el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) su señora no podía reclamar las
prestaciones sin la prueba de la muerte de su esposo, con el agravante de
que después de tres meses se perdía el derecho a las mismas; la casa que ha-
bitaban pertenecía al Instituto Nacional de Vivienda (INVI) que debían
continuar pagando sin el apoyo del padre de familia; el salario devengado
hasta su desaparición estuvo retenido, puesto que el Ministerio de Hacien-
da tenía en estudio el caso. En fin, “en todos lados me piden un poder firma-
do por mi esposo, como que de viaje se hubiera ido”.
903
Ante la imposibilidad de localizar a su cónyuge desaparecido, la seño-
ra tramitó ante el juez competente la declaración de muerte presunta y,
luego de múltiples diligencias, logró una resolución favorable.
904
IV. CONCLUSIONES
Atendiendo a los antecedentes del caso y en particular, a la militancia
política de la víctima, su función en la Pastoral Radial de la Iglesia Católi-
ca en programas de denuncia y sensibilización, las acciones del escuadrón
de la muerte Mano Blanca, el procedimiento utilizado por los autores y la
reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen, la CEH ha
llegado a la convicción fundada de que José Guilló Martínez fue captura-
do por agentes del Estado o por personas que contaron con su aquiescen-
cia o autorización, presumiblemente integrantes de la organización Mano
Blanca, ocultando posteriormente su paradero. La acción constituyó, en-
tonces, una desaparición forzada y, por lo tanto, una gravísima violación a
los derechos humanos.
La inexistencia de una seria investigación posterior, por parte de los
agentes estatales encargados de tal obligación, lleva además a la CEH a la
289
902 Testigo directo CEH.
903 Testigo directo CEH.
904 Los artículos 63 a 77 del Código Civil regulan lo relativo a la declaración de muerte presunta.
convicción de que las autoridades del Estado de Guatemala incumplieron
con su deber de investigar los hechos y sancionar a los responsables, vio-
lando el derecho a la justicia.
Asimismo, la CEH considera que el presente caso es ilustrativo del
modus operandi e impunidad con que operaron los grupos paramilitares
de extrema derecha en su objetivo de eliminar a aquellas personas que con-
sideraban opositoras al régimen vigente.
290
I. ANTECEDENTES
Antes de la reforma agraria de 1953 los campesinos de San Vicente Pa-
caya, departamento de Escuintla, arrendaban la finca El Barretal, propie-
dad del teniente coronel Manuel de Jesús Arana Mansilla. El sistema de
arrendamiento consistía en entregar al dueño de la finca dos quintales del
producto cosechado por cada manzana de tierra arrendada.
En la época del presidente Arbenz se formó un Comité Agrario Local,
el cual solicitó al Departamento Agrario Nacional la expropiación de cua-
tro caballerías con 53 manzanas de la finca El Barretal.
906
Los que solicita-
ban la expropiación eran miembros de la Unión Campesina de San Vicen-
te Pacaya, que se constituyó para arreglar los asuntos relacionados con la
Ley de Reforma Agraria. El 5 de febrero de 1953 se expropió en favor de
los solicitantes parte de la finca el Barretal.
907
El 19 de agosto de 1954, después del golpe de Estado contra Arbenz,
el teniente coronel Arana Mansilla presentó un recurso extraordinario de
revisión, solicitando que se le restituyera su propiedad, aceptando que le
expropiasen menos de una caballería.
Sin embargo, en octubre de 1954, antes de que se resolviera la peti-
ción de restitución de tierras presentada por el teniente coronel Arana, los
campesinos parceleros fueron obligados por el inspector agrario y por el
patrono a desalojar sus parcelas. Al respecto, un testigo afirma: “…Debía-
mos devolver las parcelas, o caso contrario se nos acusaría de comunistas y sal-
dríamos en peores circunstancias, evitando esas represalias y con la confianza
Caso ilustrativo No. 99
Torturas, desapariciones y ejecuciones
en San Vicente Pacaya
“…yo siento dolor por todos los que mataron
injustamente, la gente sólo buscaba tierra
…; los parcelamientos se hicieron en tiempos
de Arbenz … hicieron un montón de barra-
basadas los señores de la liberación y el Ejér-
cito, pero lo más en tiempos de Arana Oso-
rio; … daba lástima”.
905
905 Testigo directo CEH.
906 Folio 0026, expediente INTA, “Por cultivarla nosotros en su totalidad como arrendatarios y por exis-
tir en nuestro poder la escritura verídica donde consta que dicho terreno perteneció al pueblo de San
Vicente Pacaya, quitada después por los gobiernos tiranos para repartírsela entre ellos mismos abusan-
do de autoridad y de las leyes que ellos mismos elaboraron a su antojo”.
907 Acuerdo gubernativo No. 29 del 19 de agosto de 1953.
que cumplirían su oferta [pagar por las siembras que se perderían y arreglar
las deudas con el Banco Agrario que los campesinos habían contraído], no
tuvimos inconvenientes en dejar las parcelas ya que se nos obligaba a ello …
pero torcidamente todos perdieron, no sólo sus siembras sino que también la
parcela”.
908
En agosto de 1955 se inició la revisión legal de la expropiación de
1953. En una inspección ocular, se determinó que la finca estaba cultiva-
da con café y que en ella funcionaba una empresa lechera que “aunque no
tenga ganado, esto se debe a que en su mayor parte se vendió por la expropia-
ción de que había sido objeto y siendo así, como está probado en autos, la mis-
ma Ley de Reforma Agraria, Decreto 900, declara su inafectibilidad”.
909
Finalmente, fue acogido el recurso y se procedió a “reintegrar al domi-
nio de su propietario el exceso de tierras que resulta entre lo expropiado ante-
riormente y lo acordado en la presente resolución”.
910
De este modo, en 1956
se formalizó el desalojo realizado con anterioridad y la poca tierra que se
repartió —menos de una caballería— benefició sólo a las personas que
eran incondicionales del patrón en lo político y lo personal; o sea, simpa-
tizantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
La gran mayoría de campesinos perjudicados llevó a cabo gestiones pa-
ra recuperar las tierras y lograr ser exonerados de pagar los créditos que el
Banco Agrario les había otorgado anteriormente para sembrar las tierras.
911
Todas las peticiones de revisión de las medidas de restitución de tierras al
patrón interpuestas por parte de los campesinos fueron denegadas. Ade-
más, los campesinos fueron perseguidos y reprimidos. Según un declaran-
te, “estuvieron presas como 500 personas …, de los que tenían parcelas y de los
que no tenían también, estuvieron allí detenidos que no cabían en las escuelas
de San Vicente Pacaya …. Muchos permanecieron hasta seis meses deteni-
dos…”
912
De igual forma, varios testigos afirman que muchas personas fue-
ron asesinadas por los “liberacionistas”.
913
En consecuencia, mucha gente se
desplazó hacia otros lugares.
292
908 Testigo directo CEH.
909 Folio 00121, Expediente INTA, finca el Barretal. En la inspección ocular realizada previa a su ex-
propiación se consigna que había 20 cabezas de ganado en toda la finca y un beneficio de café
poco utilizable.
910 Folio 00121, Expediente INTA, finca El Barretal.
911 Petición al Banco Agrario Nacional, abril de 1955. “A raíz del cambio de gobierno con intervención
del patrono y un Inspector Agrario se nos quitaron las parcelas indicándosenos que quedábamos exen-
tos de todo pago. El Banco Agrario Nacional, con base en nuestra solicitud y exposición resolvió que de-
bemos hacer nuevos contratos pagando los intereses respectivos y prorrogándonos por un año más, cosa
que consideramos injusta porque nosotros solicitamos la exoneración por no haber aprovechado nada
de las siembras y habérsenos quitado las parcelas, ahora estamos en buena disposición de cumplir con
las obligaciones, previo solicitamos que nos entreguen las mismas”.
912 Testigo directo CEH.
913 Testigo directo CEH. Aurelio Rivera y Magdaleno Arraiga, ambos organizados en comités agra-
rios, fueron asesinados en 1954.
Los sucesos que ocurrieron posteriormente en San Vicente Pacaya tie-
nen sus orígenes en ese enfrentamiento originado por la tenencia de la tie-
rra. Desde esa época la población se dividió entre los que apoyaron a Ar-
benz, que se identificaban con el Partido Revolucionario (PR), y los que
apoyaron a Castillo Armas, simpatizantes del MLN. Estos últimos conta-
ron con el apoyo de las estructuras del Estado para reprimir a sus adversa-
rios políticos y, en varias oportunidades, se llevaron presos a miembros del
PR. Un ejemplo se encuentra en lo sucedido en 1963, cuando varios po-
bladores de San Vicente Pacaya fueron detenidos, entre ellos el presidente
de la Unión Campesina. Asimismo, los miembros del MLN hacían lista-
dos de las personas que consideraban “revolucionarias”.
914
En 1963 la Poli-
cía detuvo a 20 y las privó de su libertad durante cuatro meses.
915
En 1966, 1968 y 1970 la alcaldía de San Vicente Pacaya fue ganada
sucesivamente por el Partido Revolucionario. El Ejército decía que había
guerrilleros en la zona del volcán Pacaya; sin embargo, la mayoría de las
víctimas estaba organizada en el PR y algunos pocos en el Partido Guate-
malteco de Trabajo (PGT). Un declarante confirma que “la gente estaba or-
ganizada, pero en partidos nada más del Partido Revolucionario, ese era su
partido favorito de ellos, pero a todos nos culpaban de comunistas, nos trata-
ban de guerrilleros, todo era injusto…”
916
Los pocos simpatizantes de las
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) no fueron combatientes y tampoco te-
nían armas.
II. LOS HECHOS
El 15 de enero de 1971,
917
en horas de la mañana, un batallón del Ejér-
cito, miembros de la Policía Judicial y comisionados militares, ingresaron
en el centro de San Vicente Pacaya portando una lista de nombres de per-
sonas consideradas como “revolucionarias”. Catearon sus casas y practica-
ron varias detenciones. Algunos de los capturados, como el alcalde salien-
te y el ex alcalde durante el Gobierno de Arbenz, lograron huir.
Luego, los militares se dirigieron a la aldea vecina El Patrocinio, ubi-
cada a unos diez kilómetros de San Vicente. A El Patrocinio llegaron más
soldados en helicópteros, capturaron a muchas personas y ejecutaron a
otras más, cuyos cuerpos fueron arrojados a unas zanjas que habían cava-
293
914 Aquí el concepto de revolucionario se utiliza para designar las personas que adherían a los postu-
lados de la revolución del 20 de octubre de 1944.
915 Uno de los detenidos en esa ocasión fue Fruto González, secretario general de la Unión Campe-
sina en 1953, los demás detenidos habían sido miembros de la Unión Campesina y beneficiarios
de la Reforma Agraria.
916 Testigo directo CEH.
917 Los hechos ocurrieron durante el Gobierno del general Arana Osorio, quien era sobrino del te-
niente coronel Arana Mansilla, propietario de la finca El Barretal.
do previamente. Tras estos hechos, los miembros del Ejército se establecie-
ron en una parcela, propiedad de uno de los vecinos, y estuvieron en ella
durante unos 22 días. Un declarante que logró escapar cuenta: “…El Ejér-
cito andaba para arriba y para abajo … los comisionados nos cuidaban … pe-
ro cuando vinieron los aviones se distrajeron y nos escapamos…”
918
Después, se trasladaron a la aldea Calderas de Amatitlán, cercana a El
Patrocinio y continuaron con la tarea de reprimir a los simpatizantes del
PR, a los que habían participado en los reclamos de tierras durante el Go-
bierno de Arbenz y a quienes siguieron organizados. Algunas de las perso-
nas a las que no habían capturado en las aldeas, por haber huido del des-
pliegue militar, cayeron prisioneras pocos meses después en otras zonas de
la región.
En el campamento militar ubicado en la aldea El Patrocinio, el Ejér-
cito montó un centro de tortura y ejecuciones. Luis Arriaga Martínez, de
20 años, fue torturado y ejecutado. Uno de los sobrevivientes recuerda ha-
ber recogido el que tal vez fuera su cadáver, que “tenía deshecha la cara a
balazos”.
919
Las torturas consistían en meter a los detenidos en un tonel de
agua y golpearlos constantemente. Un declarante cuenta que a “Francisco
Díaz dicen que lo metieron dentro de un saco de yute, dentro de un costal y
ahí lo ametrallaron”.
920
Otro testigo, que vivía cerca de donde se encontra-
ban destacados los militares, afirma: “…Los traían de noche y los venían a
enterrar, los traían en carros a los pobres hombres, eran de San Vicente Paca-
ya; a mí me pedían azadones y hachas para los malos usos que estaban hacien-
do, detenían a buenos y malos, venían en carros del Ejército, tenían como 60
presos amarrados a las estacas, se paraban sobre de ellos, los colgaban, los que-
braban, les ponían las capuchas de gamezán…”
921
De igual modo, miembros del Ejército llegaban a otras aldeas cerca-
nas, cateaban las casas y tiraban las cosas afuera. Detenían a las personas
que buscaban, las llevaban al destacamento ubicado en la aldea El Patroci-
nio y las torturaban. Un detenido que sobrevivió, cuenta: “…Me llevaron
rumbo a la aldea El Patrocinio. A medio camino pararon y me ataron de pies
y manos y me vendaron los ojos … así, todo doblado, los soldados se me subían
encima y me golpearon, casi me quiebran. Un sargento daba las órdenes, me
colgaron de un palo, cabeza abajo, me tuvieron cinco días sin comer y venda-
dos los ojos, me pusieron la capucha de gamezán y me golpeaban, me pregun-
taban quiénes eran mis amigos de asaltar y me acusaban de guerrillero. Había
un montón de gente tirados en el piso y amarrados, luego se me nublaba la vis-
294
918 Testigo directo CEH. C 13303. 1980, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Declarante No. 1).
919 Testigo directo CEH.
920 Testigo de referencia CEH.
921 Testigo directo CEH. C 13303. 1980, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
ta y perdí la vista, estuve mucho tiempo con un gran dolor en el pecho por las
costillas quebradas…”
922
Las mujeres que iban a dejar comida a sus maridos, detenidos en el
destacamento militar, eran violadas por los soldados. Un testigo confirma
que “…entraban a servirse [violar] de las mujeres …, a las mujeres que ve-
nían a traer comida a sus familiares presos las dejaban ir, pero primero se ser-
vían de ellas…”
923
Algunos detenidos fueron trasladados a una aldea cono-
cida como Cueva de la Llorona, donde se dice que ejecutaron a unas 30
personas.
Las víctimas eran campesinos pobladores del municipio San Vicente
Pacaya, la mayoría miembros del Partido Revolucionario y varios habían
tenido un destacado papel en la Unión Campesina y el Comité Agrario
Local durante el Gobierno de Arbenz.
No ha sido posible establecer con precisión la cantidad total de dete-
nidos, torturados, desaparecidos forzadamente y ejecutados arbitrariamen-
te entre enero y mayo de 1971. La CEH logró, mediante declaraciones,
identificar solamente a 31 víctimas, pertenecientes todas ellas a varias al-
deas del municipio de San Vicente Pacaya.
III. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la convic-
ción de que decenas de habitantes de las comunidades del municipio de
San Vicente Pacaya, fueron arbitrariamente capturados, torturados, ejecu-
tados o desaparecidos forzadamente por agentes del Estado, específica-
mente miembros del Ejército, de la Policía Judicial y comisionados milita-
res, en violación de sus derechos humanos.
Además, asiste a la CEH la convicción fundada de que varias mujeres
fueron violadas sexualmente por soldados, atentando gravemente contra
su derecho a la integridad física y moral.
La CEH considera que la militancia o preferencias políticas de las víc-
timas no otorgan ningún tipo de justificación jurídica o ética para efectuar
este tipo de acciones criminales.
Este caso demuestra el grado de intolerancia ideológica prevaleciente
en la época y en que forma se utilizó la lucha contrainsurgente como pre-
texto para violar los derechos humanos y por la fuerza el sistema de la te-
nencia y propiedad de la tierra.
Finalmente, la CEH estima que los hechos a que se hace referencia en
el presente caso, revelan la estrecha colaboración entre el Ejército y los
295
922 Ibid.
923 Ibid.
miembros del MLN e ilustran la represión sistemática ejercida contra la
oposición política y, particularmente, el propósito de aniquilar la organi-
zación social y política de las aldeas de San Vicente Pacaya.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura
Francisco Diaz
Luis Arriaga Martínez
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Desaparición forzada
Tortura, privación de libertad
Tortura
Demetrio Peralta
Privación de libertad
Francisco Garrido
Santiago Gómez
Víctimas colectivas/desconocidas: 20
296
Antonio Barillas Ibáñez
Esteban Martínez Arriaga
Feliciano Peralta Chacón
Felipe Martínez Arriaga
Matilde Carrera Mujangos
Alejandro Roque Carrera
Alfredo González Peralta
Baltazar Carrera
Esteban Cachin
Catalino de Jesús González
Eulalio González
Felipe Cachin
Francisco Arias Velis
Iván Cachin
Juan Roque Carrera
Justiciano Santizo Arias
Onofre Martínez López
Boanergues Peralta
Cecilio de Jesús Contreras Bustamante
César Carrera
Francisco Peralta
Juan Cruz
Manuel XXX
Pedro Jiménez
Vicente Osorio Jiménez
Vicente Quezada
I. ANTECEDENTES
A principios de los años setenta varias parroquias de la diócesis de Es-
cuintla, en la Costa Sur, iniciaron un trabajo de pastoral social a través de
las llamadas Familias de Dios, inspiradas en la pedagogía de Paulo Freire.
Esta labor abordaba el estudio de la Biblia desde la perspectiva de los po-
bres orientada a la reflexión sobre el papel de los cristianos en la construc-
ción de una sociedad más justa.
925
Los miembros de la familia Bautista Es-
cobar estaban muy comprometidos, como catequistas, en dicha actividad.
Alejandro Bautista y Gerarda Escobar “trabajaban en la parroquia de San-
ta Lucía Cotzumalguapa con los padres Walter Voordeckers, sacerdote belga,
926
párroco de Santa Lucía Cotzumalguapa, Conrado de la Cruz, sacerdote filipi-
no de la congregación Inmaculado Corazón de María,
927
Sergio Berten, volun-
tario belga,
928
Pablo Shildermans,
929
Juan Raquet y las hermanas del Inmacu-
lado Corazón de María”.
930
Un aspecto de preocupación de la Iglesia Católica en la Costa Sur
fueron las condiciones inhumanas del trabajo en las fincas y la falta de una
organización de los trabajadores temporales y cuadrilleros llegados del Al-
tiplano.
Caso ilustrativo No. 13
Persecución y desintegración de la
familia Bautista Escobar, torturas
de menores y embarazadas, violación
de menores y desapariciones forzadas
“Mi papá ya no podía hablar, tenía la cara
hinchada … lo que pasa es que cuando le
ponían el nylon lo asfixiaban y aparte lo gol-
peaban. Mi papá sólo se nos quedó viendo
con una mirada de mucha tristeza, realmen-
te es una mirada que yo siento que … es una
de esas miradas que nunca se le borran a
uno. Ya no nos dijo nada”.
924
924 Testigo directo CEH.
925 Paulo Freire (1921-1997), pedagogo brasileño. Su libro más famoso, Pedagogía del oprimido, es-
crito en 1969, representó un hito en la disciplina, constituyéndose hasta hoy en un texto que sus-
cita reflexión, discusión y polémica.
926 CI 56. Mayo, 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
927 C 15618. Mayo, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
928 C 15562. Enero, 1982. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
929 Sacerdote de la parroquia de Tiquisate, secuestrado el 4 de enero de 1982 y mantenido prisione-
ro en una cárcel clandestina junto con Roberto Paredes.
930 Testigo directo CEH.
Santa Lucía Cotzumalguapa, donde se ubica la mayoría de los inge-
nios azucareros y las fincas cañeras más grandes de la Costa Sur, fue el mu-
nicipio con mayor desarrollo de las Familias de Dios y más tarde del Co-
mité de Unidad Campesina (CUC).
En febrero de 1980 se convocó a una huelga en la finca cañera de Ta-
huantepeque, en el mismo municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa. To-
dos los trabajadores de las fincas cañeras y de algunas algodoneras de la
Costa Sur se plegaron a la misma. Más de 80 mil obreros suspendieron sus
labores exigiendo un aumento salarial.
En este contexto, la comunidad Las Playas, perteneciente al munici-
pio de Santa Lucía Cotzumalguapa, de donde era originaria la familia
Bautista Escobar, fue una de las más organizadas: “…La asamblea local
del CUC de la aldea Las Playas de Santa Lucía se constituyó en el eje prin-
cipal del movimiento de huelga de principios de 1980. El grupo del CUC de
Las Playas estaba compuesto por personas originarias del lugar y por un gru-
po de antiguos dirigentes sindicales de algunas fincas de Santa Lucía, entre
otras de la finca Xatá, que a principios de los años setenta habían sido des-
pedidos ‘por rebeldes’ …. Dentro de la asamblea local de Las Playas se desta-
ca la familia Bautista. Don Alejandro Bautista poseía una pequeña parcela
cerca del río Pantaleón y sus hijos Pablo, Domingo, Ricardo y Miguel Angel
trabajaban la mayor parte del año en la finca Tahuantepeque …. Doña Ge-
rarda Bautista, la esposa de don Alejandro, fue un miembro destacado del
muy dinámico grupo de mujeres de la Familia de Dios que jugó un papel de-
cisivo en el movimiento de los paros
931
… En el auge de la huelga Pablo Bau-
tista se había constituido en el líder indiscutible del movimiento…”
932
El acoso a la familia Bautista Escobar, formada por el matrimonio y
sus trece hijos, está íntimamente vinculado a este protagonismo en las lu-
chas sociales de Santa Lucía Cotzumalguapa y comienza aun antes incluso
de la formación del CUC: “Desde la implicación de don Alejandro y [doña]
Gerarda en las comunidades cristianas, la familia Bautista Escobar fue seña-
lada por los llamados orejas del Ejército y la vigilancia se convirtió en persecu-
ción, secuestros, torturas y asesinatos”.
933
II. LOS HECHOS
En los primeros días de marzo de 1980, cuando todavía estaba en mar-
cha la huelga cañera de la Costa Sur, hombres vestidos de civil intentaron
298
931 Doña Gerarda murió el 6 de abril de 1976 a la edad de 42 años por complicaciones de un par-
to, tres de sus hijos murieron de enfermedades infantiles curables por la falta de servicios médi-
cos adecuados.
932 Testigos directos CEH.
933 Ibid.
secuestrar en la aldea Las Playas a Pablo Bautista Escobar, de 29 años, hi-
jo de don Alejandro. Al no lograrlo lo dejaron malherido, con la cara des-
trozada a balazos. Pablo fue llevado al IGSS de Santa Lucía y de ahí al hos-
pital de Escuintla. Sin embargo, por temor a que fuera secuestrado del hos-
pital, fue trasladado por miembros de equipo de la pastoral de Santa Lu-
cía a una clínica privada de la ciudad de Guatemala, donde se recupera de
las heridas.
934
Un año y medio después, el 23 de septiembre de 1981, un grupo de
hombres fuertemente armados, vestidos de civil, intenta secuestrar en San-
ta Lucía Cotzumalguapa a Benigno Ambrosio Colorado, de 28 años, es-
poso de una de las hermanas de Pablo Bautista. Al resistirse, Benigno es
asesinado por aquellos individuos.
Dos días después, el 25 de septiembre de 1981, los mismos sujetos que
ejecutaron a Benigno Antonio capturaron a Fermín Ambrosio, padre de
Benigno, a quien torturaron e interrogaron sobre el paradero de su nuera.
El señor padecía de cáncer de garganta y no podía hablar. Fue liberado el
mismo 25, pero falleció pocos días después.
El 21 de octubre de 1981, nueve hombres fuertemente armados y ves-
tidos de civil catearon la casa en la que vivía don Alejandro Bautista con sus
hijos, ubicada en el caserío Santa Lucía, del municipio de Santo Domingo,
departamento de Suchitepéquez. Durante el cateo, los individuos armados
torturaron salvajemente a Alejandro Bautista, de 52 años; a su hija Alberta,
de 13 años y a su nuera Isabel Estrada, de 23 años, esposa de Pablo Bautis-
ta y quien, además, estaba embarazada. Las torturas se aplicaron en frente
de los hijos pequeños de don Alejandro, de seis, siete y once años: “…El je-
fe del grupo, mientras torturaban a Alberta, Alejandro e Isabel, les decía: ‘A us-
tedes hay que exterminarlos a todos, desde el más grande hasta el más chiquito,
hasta que no quede uno solo para que la raíz no retoñe de nuevo…”
935
En esa ocasión, los agresores, además, interrogaron a las víctimas so-
bre los hermanos Pablo y Ricardo Bautista Escobar y, después de perma-
necer varias horas en ese sitio, se llevaron a Alejandro Bautista, a Isabel Es-
trada y a Juan Gordon, quien había alojado a la familia en el caserío San-
ta Lucía. Varios vecinos siguieron a los secuestradores, pero no lograron
darles alcance: “…Sólo encuentran el sombrero y el cincho ensangrentado de
don Alejandro…”
936
Desde entonces no se volvió a saber de ellos.
Cuatro días después, Pablo Bautista, el hijo de don Alejandro que ha-
bía resultado herido en un atentado en marzo de 1980, acudió a la morgue
del hospital de Mazatenango, ante el rumor de que había un cadáver con
299
934 Testigos directos CEH. C 15528. Marzo, 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
935 Testigo directo CEH.
936 Ibid.
características semejantes a las de su padre. Varias personas le vieron entrar
a la morgue, pero nunca volvió a salir y hasta le fecha está desaparecido.
937
El 7 de diciembre de 1981, en la mañana, un grupo de hombres fuer-
temente armados, similar al que actuó en el secuestro de don Alejandro,
llega a la aldea El Arenal, municipio de La Gomera, donde había encon-
trado refugio Maximiliana Estrada,
938
de 24 años, esposa de Ricardo Bau-
tista Escobar, con sus hijos de dos y tres años, y sus cuñados de seis, siete,
once y trece años, hijos de don Alejandro. El grupo irrumpe en su casa y
tortura a Maximiliana, quien estaba embarazada, y a Alberta, de 13 años,
quien ya había sido torturada el 21 de octubre en la casa de su papá. Cuan-
do el grupo de retira se lleva a las dos mujeres, quienes hasta hoy continúan
desaparecidas. “…Maximiliana, que estaba encinta de cuatro meses, se dedi-
caba a cuidar y educar a sus hijos, no tenía ningún vínculo o participación con
las organizaciones populares o revolucionarias. Su delito era ser la esposa de Ri-
cardo Bautista y ser una más de esa familia…”
939
Ese mismo día, por la tarde “…cuatro de los hombres regresaron … pa-
ra continuar el registro y se robaron todo lo que había de valor …. Pregunta-
ban por Ricardo y llevaban una fotografía de él …, interrogaron a los cinco
niños que quedaron solos …. Eran los mismos hombres que habían estado por
la mañana y los mismos que habían participado en el secuestro de don Alejan-
dro e Isabel…”
940
Asimismo, los cuatro individuos violaron también a la ni-
ña de 11 años en presencia de sus hermanos, de seis y siete años, y de sus
sobrinos, de dos y tres años.
941
Entre marzo y abril de 1982, Ricardo Bautista Escobar fue capturado
en un retén militar situado en el camino a Santa Lucía Cotzumalguapa. En
el retén se encontraban algunas personas vestidas de militares, quiénes le
señalaron.
942
Un acompañante de Ricardo, de identidad desconocida, fue
testigo de los hechos.
943
Algunos meses después, Ricardo fue visto en rete-
nes militares de la Costa Sur, vestido de militar. Luego de ello, no volvió a
ser visto ni sus familiares pudieron establecer contacto con él.
944
El 4 de marzo de 1983, una de las hijas de don Alejandro Bautista Es-
cobar fue capturada y conducida a la ciudad de Guatemala, a una depen-
dencia policial ubicada frente a la parroquia de la zona 6. Allí, un hombre
vestido de militar decide que la trasladen a una casa en la zona 10, identifi-
cada como el Departamento de Investigación Técnica (DIT). En ese lugar
300
937 Testigo directo CEH.
938 Testigo directo CEH.
939 Ibid.
940 Testigos directos CEH.
941 Testigo directo CEH.
942 Ibid. Según el testigo, fueron ex miembros del EGP que habían sido previamente capturados por
el Ejército.
943 Ibid.
944 Ibid.
fue torturada y violada. Cuando sus antecedentes familiares son descubier-
tos, aumentan las torturas y es violada reiteradamente por varios militares.
En la tortura participaron también mujeres: “…Las mujeres la senta-
ban en una silla, desnuda, y con una navaja se la empezaron a pasar por los
pechos y le decía que si no empezaba a hablar se los iban a cortar … Ella se
quedaba inconsciente …; no sé ni cuántos hombres abusaron de ella …, ha-
bía otros donde torturaban porque se oían los gritos…”
945
Mientras estuvo detenida, la prisionera era trasladada a lugares públi-
cos, fuertemente escoltada por hombres vestidos de civil, con la finalidad
de que reconociera o fuese reconocida por otras personas. Posteriormente,
fue trasladada a la cárcel de mujeres, donde el médico forense constató las
violaciones y la tortura con electricidad que había sufrido. Finalmente, fue
recluida varios meses en la cárcel de Santa Teresa, donde los mismos hom-
bres que la habían torturado seguían vejando a las mujeres trasladadas allí.
Durante varios meses después de su liberación, los torturadores mantuvie-
ron un control intimidatorio sobre ella.
946
Como consecuencia de estos ataques la familia Bautista fue completa-
mente diezmada: seis de sus miembros fueron desaparecidos en diferentes
circunstancias, mientras que todos fueron objetos de torturas tanto físicas
como psicológicas. En 1983 los que habían logrado sobrevivir fueron obli-
gados a abandonar el país y los niños más pequeños debieron permanecer
durante varios años en una institución de menores; pensando que sus fa-
miliares los habían abandonado y bajo el temor de que los adoptaran y per-
der, en consecuencia, todo vínculo con su familia.
III. CONCLUSIONES
La CEH, analizando los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción de que varios miembros de la familia Bautista Escobar sufrieron gra-
vísimas violaciones a sus derechos a la vida, integridad y libertad personal,
por parte de agentes del Estado o de personas que actuaron con la toleran-
cia o consentimiento de autoridades. La anterior convicción se funda en el
modus operandi con que procedieron los responsables, en la calidad de las
víctimas y en el contexto general de violencia sufrida en ese tiempo en la
Costa Sur de Guatemala.
La CEH ha llegado a la plena convicción que Benigno Ambrosio Co-
lorado fue ejecutado arbitrariamente y que Ricardo Bautista Escobar fue
detenido y hecho desaparecer forzadamente por miembros del Ejército de
301
945 Ibid.
946 Ibid.
Guatemala, constituyendo ese acto una violación al derecho a la libertad,
integridad personal y a la vida de la víctima.
La CEH concluye que una hija de Alejandro Bautista Escobar fue de-
tenida, torturada y violada numerosas veces por agentes del Estado en ins-
talaciones estatales controladas por personal militar, en grave violación al
derecho a la libertad e integridad personal de la víctima.
De igual forma, la CEH ha llegado a la convicción de que las autori-
dades del Estado de Guatemala no cumplieron con el deber de investigar
los hechos y sancionar a los responsables, violando así el derecho a la jus-
ticia de las víctimas y sus familiares.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la persecución sufri-
da por un núcleo familiar con el objeto de exterminarlo, como consecuen-
cia de la activa participación social de algunos de sus miembros, con carac-
terísticas de violencia excepcionalmente cruel.
Asimismo, la CEH estima que las ejecuciones y desapariciones de los
miembros adultos de la familia Bautista Escobar produjeron en los niños
de la familia una sensación de desprotección y abandono que los hizo,
también, víctimas directas de estos delitos.
Por último, la CEH considera que la persecución soportada por la fa-
milia Bautista Escobar y la brutal violencia ejercida contra ellos son ilus-
trativas de la represión sufrida por líderes campesinos que reclamaban me-
joras para los trabajadores agrícolas de las grandes fincas de la Costa Sur.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Benigno Ambrosio Colorado
Desaparición forzada, tortura
Torturas, privación de libertad
Fermín Ambrosio
Desaparición por causas desconocidas
Miguel Angel Bautista Escobar
Toribio XXX
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
302
Alberta Bautista Escobar
Alejandro Bautista
Isabel Estrada
Juan Gordon
Maximiliana Estrada
Pablo Bautista Escobar
Ricardo Bautista Escobar
I. ANTECEDENTES
Walter Voordeckers, sacerdote belga de la Congregación del Inmacula-
do Corazón de María (CICM), llegó a Guatemala el 30 de agosto de 1966
y ejerció su ministerio en los departamentos de Santa Rosa y Escuintla.
Según informaciones aportadas por el Arzobispado de Guatemala, el
padre Voordeckers, cuya línea pastoral coincidía con los planteamientos de
la teología de la liberación, quedó muy impresionado por las difíciles con-
diciones de vida y de trabajo de los campesinos de las fincas algodoneras y
de los ingenios de caña de azúcar. Un declarante manifestó: “Walter se en-
tregó completamente a la causa, a luchar contra el sufrimiento del pueblo…”
948
Esta línea pastoral, que seguían otros sacerdotes y laicos de la prela-
tura de Escuintla, derivaba necesariamente en una prédica de carácter éti-
co-social hacia los campesinos, que entró en conflicto con los intereses de
los dueños de las fincas e ingenios. Al padre Voordeckers le fue prohibido
ingresar y celebrar misas en esos centros productivos. Pero continuó aten-
diendo a la feligresía católica en la parroquia de Santa Lucía Cotzumal-
guapa.
En 1976, con motivo de una huelga en la finca del ingenio Pantaleón,
el más importante del país, el padre Voordeckers proporcionó comida a los
trabajadores y sus familias.
949
Un testigo afirmó que “el padre Walter se ca-
taloga como uno de los mejores hombres de defensa de los derechos laborales del
trabajador…”
950
Ese mismo año aparecieron pintadas en las paredes de Santa Lucía
Cotzumalguapa varias amenazas públicas contra el padre Voordeckers, sus-
critas por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA).
951
Al-
Caso ilustrativo No. 56
Ejecución del sacerdote
Walter Voordeckers
“Padrecito cuídate bien, no vas a tomar esta
carta como broma ya te conocemos bien…”
947
947 Carta anónima recibida por el padre Voordeckers.
948 Testigo directo CEH.
949 Testigo directo CEH. “...los hombres ahí se quejaban ‘no nos alcanza lo que ganamos ... a media se-
mana ya no hay dinero ... ¿una mujer con cinco hijos qué hace?’ ellos se organizaron ...; ahí había un
sindicato y el sindicato decretó que nosotros paráramos ... y así es la huelga. Bueno, ¿qué hizo el Padre
Walter? llevarles comida a los pobres hombres...”
950 Testigo directo CEH.
951 El ESA había comenzado a funcionar en junio de 1976, aunque hizo su aparición por la Prensa
más tarde.
gunas leyendas eran “Walter, comunista, el ESA te busca”, “Walter go home -
ESA”.
952
En junio de 1977 el ESA envía circulares a los medios de prensa, se-
ñalando que su finalidad es “parar el comunismo que actualmente actúa con
impunidad en el país”. En la misma época, el Comité Coordinador de Aso-
ciaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) soli-
cita al presidente Laugerud que declare el estado de sitio y permita la crea-
ción de grupos privados —“quizá con ESA en la mente”, según el Departa-
mento de Estado Norteamericano‚ para proceder a la represión del terro-
rismo de izquierda. Ante la negativa del presidente, el CACIF advierte que
está preparado para actuar por mano propia.
953
Por otro lado, en los años setenta el Comité de Unidad Campesina
(CUC) ya tenía presencia y liderazgo en la región. En la Costa Sur el CUC
logró formar una amplia base de apoyo vinculada al trabajo pastoral de los
padres belgas de la CICM en Escuintla.
954
Miembros del CUC de la Costa Sur participaron en la toma de la em-
bajada de España, el 31 de enero de 1980
955
y el 18 de febrero de 1980,
con la participación de trabajadores de las plantaciones de algodón y caña
de azúcar; dicho Comité organizó una huelga en la que participaron alre-
dedor de 100 mil campesinos, pidiendo un incremento del salario míni-
mo. La huelga duró hasta el 3 de marzo y los trabajadores consiguieron que
se aumentara el salario mínimo a 3.20 quetzales.
La violencia política contra la Iglesia se agudizó en la Costa Sur: el 1
de mayo de 1980 desaparecen el padre Conrado de la Cruz, párroco de Ti-
quisate, Escuintla, de origen filipino, perteneciente también a la CICM, y
el catequista Herlindo Cifuentes Castillo.
956
El 11 de mayo de 1980 el padre Voordeckers comentó: “Yo tengo un
miedo tremendo porque ya recibí amenazas, me quieren matar y me van a
matar, pero si me quieren matar o si me quieren arrastrar, yo voy a correr, no
me voy a dejar secuestrar, mejor prefiero recibir un balazo y no ser secuestra-
do así…”
957
II. LOS HECHOS
El 12 de mayo de 1980 cuatro individuos fuertemente armados se ha-
bían apostado, desde las siete de la mañana, frente a la parroquia y la sede
304
952 Prensa Libre, 13 de mayo de 1980, fotografía.
953 Embajada de los EEUU en Guatemala, telegrama al Departamento de Estado, octubre, 1981, Pq.
8-59.
954 José Manuel Fernández Fernández, El Comité de Unidad Campesina: Origen y Desarrollo, Guate-
mala, 1988, pg. 19.
955 CI 79. Enero, 1980, ciudad de Guatemala, Guatemala.
956 C 15618. Mayo, 1980, ciudad de Guatemala, Guatemala.
957 Testigo directo CEH.
de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, de-
partamento de Escuintla. Faltando unos quince minutos para las diez de la
mañana el padre Voordeckers salió de la parroquia camino de la oficina de
correos. Los cuatro individuos trataron de secuestrarle y, al fallar en el in-
tento, le dispararon; el religioso recibió siete impactos de bala calibre 45.
De inmediato, los atacantes se subieron a un jeep Toyota Land Cruiser de
color beige, con placas tapadas y huyeron. Un testigo presencial contó que
“al oír yo los disparos, me llamó la atención el ruido, salí yo por el portón que
está junto a la parroquia y pude ver la movilización y todo; algo había pasado
anormal, salí corriendo para seguir viendo y pude ver todavía un Toyota que
salió huyendo con unos hombres con sus morralitos; se subieron al Toyota y se
fueron. Pude ver al padre Walter en sus últimos momentos, eso nunca se me va
olvidar, porque causa una impresión tan fuerte; llegué, él estaba boca bajo con
unos sus caites y todavía intentó de hablar, de abrir la boca … en la esquina
del parque se había juntado mucha gente, pero fue muy poca gente que se acer-
có…”
958
Los Bomberos Voluntarios recogieron el cuerpo del sacerdote y lo
llevaron al IGSS, donde murió a causa de las numerosas heridas de bala.
Cuatro días más tarde, el 16 de mayo de 1980, un importante finque-
ro de la región dirigió una carta a monseñor Mario Enrique Ríos Mont,
donde manifestó, refiriéndose a la muerte del padre Voordeckers: “Dios
tenga misericordia de él pues murió como víctima del mismo odio que él dis-
persó en el departamento de Escuintla. Qué lástima que por su preocupación
exagerada por los problemas políticos y socio-económicos se haya perdido en un
bosque en el cual ya no veía los árboles … ¿Por qué no llama al orden a los sa-
cerdotes en su diócesis que predican la violencia y la destrucción de la vida y la
propiedad? ¿Por qué no le obedece usted al Santo Padre? Así no será responsa-
ble por la muerte de incautos e inocentes sacerdotes como el Reverendo Voordec-
kers, que en paz descanse”.
959
Un documento desclasificado del Gobierno de los Estados Unidos se-
ñala que existen razones para creer que tanto el padre Voordeckers, como
el sacerdote Conrado de la Cruz Concepción y el catequista Herlindo Ci-
fuentes Castillo, fueron víctimas de elementos pertenecientes a los órganos
de seguridad del Gobierno.
960
A pesar de la denuncia formulada por la Iglesia, la muerte del padre
Voordeckers no generó ninguna reacción judicial y sus autores gozan, has-
ta hoy, de impunidad.
305
958 Testigo directo CEH.
959 Carta a monseñor Ríos Mont, 16 de mayo de 1980.
960 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe al Departamento de Estado sobre la Situación de
Violencia y Derechos Humanos en Guatemala para mayo 1980, 1 de agosto de 1980, Pq. 5-27. “The
Secret anti-Communist Army (ESA) took credit (Guatemala 3102). We have reason to believe that all
three are dead and were killed by government security elements”.
El 23 de julio de 1982, mediante el oficio No.2631, la Policía Nacio-
nal informó al viceministro de Gobernación, Haroldo Cabrera Enríquez,
que “se considera que el religioso mencionado fue víctima de uno de estos actos
subversivos, sin que hasta la fecha se hayan podido identificar, no obstante que
se continúan las investigaciones”.
En los años que siguieron a la muerte del padre Voordeckers fueron
ejecutados por grupos paramilitares o desaparecieron luego de su deten-
ción, decenas de catequistas de Santa Lucía Cotzumalguapa. Según un de-
clarante, por ejemplo, de 17 catequistas que hubo en esa época en la aldea
Miriam, sólo sobrevivieron cuatro.
961
III. CONCLUSIONES
Atendiendo a los antecedentes del caso, en particular las circunstancias
de lugar, el procedimiento empleado por los autores, la calidad de la vícti-
ma y la reacción de las autoridades encargadas de investigar el crimen; y
considerando el contexto general en que se hallaba sumido el país y espe-
cíficamente la Costa Sur de Guatemala, que no permite concebir la comi-
sión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que el
Estado lo hubiese conocido y tolerado, la CEH presume fundadamente
que el sacerdote Walter Voordeckers fue víctima de agentes del Estado o de
sujetos que contaron con su aquiescencia o tolerancia o, en todo caso, con
su posterior protección y encubrimiento, siendo su muerte una violación
al derecho a la vida.
Además, atendida la circunstancia de no haberse realizado una inves-
tigación seria del caso, la CEH se formó la convicción de que las autorida-
des responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber
de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia.
Por otra parte, la CEH considera que el modus operandi empleado en
este caso es ilustrativo de la reiterada e impune forma de actuación que, en
la Costa Sur en los años ochenta, caracterizó a grupos armados vinculados
al Estado o tolerados por éste.
Considera, asimismo, que la ejecución del padre Voordeckers es repre-
sentativa de las represalias que sufrieron agentes pastorales de la Iglesia Ca-
tólica que respaldaban la organización y demandas de los trabajadores agrí-
colas de las grandes fincas de la Costa Sur.
306
961 C 13356. Septiembre, 1983, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 15134. 1984, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
I. ANTECEDENTES
En los años veinte el Estado de Guatemala otorgó varias fincas a la
Compañía Agrícola Bananera de Guatemala, situadas en la región de San-
ta Lucía Cotzumalguapa, Nueva Concepción y Tiquisate, al oeste del mu-
nicipio de Escuintla, con una extensión aproximada de 1,440 caballerías,
y donde el banano era el cultivo predominante.
En 1944 los hombres que laboraban para la compañía se organizaron
en sindicatos y exigieron mejoras salariales.
962
Hacia 1950 varios campesi-
nos comenzaron a ocupar tierras ociosas de la compañía, tal como sucedió
en San Juan la Noria en la región de Tiquisate, donde los trabajadores se
apropiaron de algunas parcelas para vivir y cultivar su milpa.
Con la expropiación de tierras de la Compañía Bananera, promovida
en 1953 por el Gobierno de Jacobo Arbenz (Decreto 900, Ley de Refor-
ma Agraria), campesinos procedentes en su mayoría del oriente del país lo-
graron obtener tierras en los parcelamientos creados por la reforma agra-
ria: Jocotén, Almolonga, Pinula, Santiago y Santiaguito, en Tiquisate y
Nueva Concepción.
El derrocamiento de Arbenz (1954) interrumpió este proceso. En
1956, el Gobierno de Castillo Armas otorgó el resto de las tierras que ha-
bían pertenecido a la Compañía a finqueros amigos, miembros del Movi-
miento de Liberación Nacional (MLN), quienes obtuvieron grandes ex-
tensiones de terreno en la zona de Tiquisate. En esta época empezaron las
primeras persecuciones y desapariciones forzadas en el área. Las violacio-
nes de los derechos humanos que alcanzaron mayor resonancia tuvieron
lugar en la finca Jocotén. “Cuando cayó Arbenz hubo masacres en la finca Jo-
cotén; fue el Ejército de Castillo Armas y los del MLN los que masacraban, me-
tían a la gente en pozos y luego los enterraban con tractores en la finca”.
963
Caso ilustrativo No. 74
Desaparición forzada masiva en los
parcelamientos de Almolonga y Pinula
962 En su mayoría eran trabajadores temporales y viajaban desde el Altiplano y del Oriente para em-
plearse en las fincas de la Costa Sur.
963 Testigo directo CEH.
Durante los años sesenta el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)
inició su trabajo político en los parcelamientos de Almolonga y Pinula, y
a su tarea se incorporaron varios campesinos.
Años después, en los setenta, el Comité de Unidad Campesina (CUC)
realizó actividades en ambas comunidades. También las Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) tuvieron in-
fluencia en el área. Sin embargo, los campesinos nunca se integraron en la
lucha armada.
En esta época el Ejército comenzó a servirse de los pobladores de las
comunidades designados como comisionados militares, para reunir infor-
mación sobre las actividades de los campesinos. En los parcelamientos de
Pinula y Almolonga, los comisionados militares reportaban de forma pe-
riódica al destacamento de Tiquisate sobre la situación en la zona. Sobre la
base de esta información el Ejército tuvo noticias de que en los parcela-
mientos se encontraban miembros del PGT, del CUC y otros activistas
que formaban la base social de las FAR y del EGP. Fueron elaboradas lis-
tas con los nombres de estas personas.
El 12 de junio de 1980, en la carretera que comunica a Almolonga y
Pinula con Tiquisate, aparecieron volantes, mantas y pintas en algunas ca-
sas, que promovían la organización campesina. Sobre la responsabilidad de
los volantes existen versiones opuestas: unos afirman que fueron impresos
por los miembros del Ejército para justificar la represión en la comunidad,
otros que fueron hechos por las organizaciones políticas que tenían in-
fluencia en la zona.
II. LOS HECHOS
En la madrugada del 13 de junio de 1980, alrededor de las cinco de la
mañana, los trabajadores de las fincas se hallaban frente al salón comunal
de Pinula, como de costumbre, para esperar el bus que los llevaba a las fin-
cas algodoneras. Llovía. De repente, un batallón de soldados del Ejército
ingresó con tanquetas, camiones y jeeps por la carretera principal que con-
duce a los parcelamientos de Pinula y Almolonga. “Nos asustamos al ver a
tanto soldado y ver las tanquetas del Ejército entrar al parcelamiento”.
964
Los
soldados descendieron de los vehículos y con violencia, los registraron y les
exigieron que se identificaran. La mayoría de los campesinos no portaban
sus cédulas de identidad. Los soldados, con insultos y golpes, les ordena-
ron que fueran a buscarlas a sus casas.
308
964 Ibid.
Los efectivos militares se desplegaron por ambos parcelamientos, reco-
rrieron casa por casa revisando todos los rincones y preguntando por los
varones mayores de 15 años. Llevaban una lista que cotejaban con los
nombres que les daban los pobladores. A aquéllos cuyos nombres coinci-
dían con los de la lista, los subían a los camiones y se los llevaban. Dos co-
misionados militares de los parcelamientos fueron vistos este día acompa-
ñando al Ejército, incluso uno de ellos vistiendo uniforme militar.
965
El Ejército permaneció allí cerca de siete horas, tiempo en el que inte-
rrogaron a la gente y capturaron a más de 25 hombres. Los encerraron en
los camiones cubiertos con lonas verdes, que impedían que pudiera distin-
guirse a las víctimas. Los familiares que intentaban impedir que se los lle-
varan recibían insultos y amenazas. Los soldados afirmaban, según un de-
clarante, que se “los llevaban porque eran guerrilleros”.
966
Al retirarse el Ejército, doña Marta Julia Yanes de Mérida, una mujer
de 50 años de edad, “desesperada por el dolor”
967
decidió seguir los camiones
y tanquetas del Ejército en el vehículo de un familiar, para ver a dónde lle-
vaban a su esposo y a sus dos hijos, pero los perdió de vista en la entrada a
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. La señora Yanes siguió buscando a
las víctimas junto con otras madres y esposas de los desaparecidos. El 12
de octubre de 1980 fue asesinada a balazos en su casa, junto con un nieto
de seis años que tenía en brazos. El crimen fue realizado por hombres ar-
mados y vestidos de civil, que circulaban en un pick-up.
968
Todos los esfuerzos tendientes a conocer la suerte corrida por las víc-
timas fueron infructuosos.
De los 25 campesinos que, según los testimonios desaparecieron a
consecuencia de esta operación, la CEH logró identificar los nombres de
23 víctimas.
III. CONCLUSIONES
Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de
que efectivos del Ejército de Guatemala fueron autores de la desaparición
forzada de por lo menos 23 pobladores de los parcelamientos Pinula y Al-
molonga, municipio de Tiquisate, Escuintla, el día 13 de junio de 1980.
La CEH presume que agentes de las fuerzas de seguridad del Estado
fueron autores de la ejecución arbitraria de la señora Marta Julia Yanes de
309
965 Este comisionado militar fue visto días después por familiares de las víctimas en el destacamento
de La Nueva Concepción, esta vez vestido de civil.
966 Testigo directo CEH.
967 Testigo de referencia CEH.
968 C 13166. Octubre, 1980. Escuintla.
Mérida y de su nieto de seis años, como represalia por los esfuerzos reali-
zados por aquella para dar con el paradero de sus familiares capturados por
el Ejército.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la identificación que
el Ejército realizó durante el enfrentamiento armado interno, de los líde-
res sindicales y personas que reivindicaban sus derechos laborales, con la
insurgencia. El caso ilustra, además, la efectividad con que operaba, en esa
época, el método criminal de exterminio conocido como desaparición for-
zada de personas.
Finalmente, el caso es ilustrativo de la utilización, por parte de agen-
tes del Estado, de miembros de las comunidades como informantes y de-
latores, con el resultado de ruptura del tejido social y de los lazos comuni-
tarios al provocar la división de la población.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Marta Julia Yanes de Merida y su nieto
Desaparición forzada
Víctimas colectivas/desconocidas: 3
310
Antonio Carrera
Antonio Mérida
Carlos Alberto Belton Luna
Daniel Chávez
Eduardo Trujillo
Ernesto Guevara Morales
Eulalio Merida
Eulogio López
Everardo Merida Yanes
Felipe Mencos Valez
Felipe Paredes
Francisco Guevara Morales
Jaime López
Julio Zepeda Castillo
Justiniano Merida Yanes
Ovidio del Jesús Belton Luna
Pedro Chojola
Pedro Merida López
René Trujillo
Rocael Florian
Ruben Chávez Barrera
Salvador Carrillo Velásquez
Santiago Pérez Esteban
I. ANTECEDENTES
El municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, tiene un al-
to potencial agrícola, especializado en el cultivo de caña de azúcar, algo-
dón, maíz, maicillo y algunas frutas, además de la producción de ganado
vacuno.
El Silencio y Las Cruces son dos parcelamientos vecinos, ubicados al
noreste de ese municipio. La mayor parte de la población cultivaba sus
propias milpas y, a la vez, trabajaban en las fincas algodoneras.
970
Las malas condiciones de salud, los bajos salarios, el abuso de los ca-
porales y la falta de prestaciones laborales en las fincas de la zona ocasiona-
ban el descontento de los trabajadores. Estos se organizaron sobre la base
de una experiencia que se remontaba a la Revolución de 1944, cuando se
unieron en Comités Agrarios y posteriormente en Ligas Campesinas para
obtener las parcelas y defender sus intereses como campesinos. Los dirigen-
tes comenzaron a participar en cursos de capacitación sindical a escala re-
gional.
Hacia 1953, como resultado de la Reforma Agraria (Decreto 900), los
trabajadores lograron que se les entregaran tres manzanas de terreno a ca-
da parcelario. Sin embargo, a raíz del derrocamiento de Arbenz, en 1954,
se les quiso despojar de sus tierras. Los campesinos se organizaron para im-
Caso ilustrativo No. 76
Masacre de las familias campesinas
Alvarez y Betancourt en los
parcelamientos de Las Cruces
y El Silencio
“El primer disparo se escuchó a las dos menos
diez de la mañana. Luego la disparazón fue
interminable, tiraron ráfagas de fusil contra
las cuatro casas de los Alvarez. Después lan-
zaron bombas incendiarias y cuando casi
terminó el fuego, entraron a rematar a los
que se estaban quemando”.
969
969 Testigo directo CEH.
970 El cultivo de algodón en el área tuvo su auge en los años sesenta, sustituyendo las plantaciones de
banano. Este cultivo entró en crisis en mitad de los ochenta y fue sustituido completamente por
la caña de azúcar. En los años relacionados con este caso predominaba el algodón como cultivo
principal.
pedirlo y para lograr que el Instituto Nacional de Transformación Agraria
(INTA) les proporcionara la documentación correspondiente.
Ante la imposibilidad de organizarse en la legalidad, debido a que “la
contrarrevolución anuló cualquier forma de organización laboral y comunita-
ria”,
971
en 1960 varios campesinos se vincularon al Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT) e iniciaron actividades políticas clandestinas en Las
Cruces. “Nos reuníamos en células en los potreros. Hablábamos de las injusti-
cias y queríamos que la comunidad se organizara”.
972
Las principales actividades del PGT eran propagandísticas, con llama-
miento al campesinado a organizarse en Ligas y a luchar para defender sus
derechos laborales y la propiedad de tierra. Las células de concienciación
de este grupo fueron detectadas y se inició la persecución ilegal contra sus
dirigentes,
973
por lo que varios jóvenes tuvieron que salir de su aldea.
En esa época la Policía Militar Ambulante (PMA) montó un destaca-
mento en el parcelamiento de Cerro Colorado, a tres kilómetros de Las
Cruces y El Silencio.
A pesar de que se logró de nuevo la integración de una Liga Campe-
sina, que contaba con la asesoría de la Federación Autónoma Sindical de
Guatemala (FASGUA), las tensiones con los propietarios de las fincas al-
godoneras continuaron a lo largo de los años.
En 1978, Milton Molina, uno de los finqueros con mayor extensión
de tierra en el área, que se caracterizaba por recurrir a la represión estatal
para resolver los conflictos laborales y de propiedad,
974
comenzó a utilizar
en sus algodoneras herbicidas que dañaban las milpas de los pequeños par-
celarios, provocando incluso la muerte del ganado y de otros animales do-
mésticos.
975
Según estudios realizados en la región por el Catholic Institute for In-
ternational Relations (CIIR), dichos herbicidas eran dañinos para la salud
y afectaban directamente la lactancia materna. Los campesinos no adver-
tían esta situación ni conocían el menoscabo específico a la salud que es-
taban sufriendo, aunque sí notaban los perjuicios provocados en sus co-
sechas.
Cansados de esta situación los campesinos del parcelamiento Las Cru-
ces decidieron denunciar en público, ante distintas organizaciones de ciu-
dad de Guatemala, los atropellos de que estaban siendo víctimas por par-
312
971 Testigo de referencia (presidente de la Liga Campesina) CEH.
972 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH.
973 Testigo directo (presidente de la Liga Campesina) CEH.
974 Catholic Institute for International Relations, The Rich, the Poor and the Christian Democrats,
Guatemala: False Hope, False Freedom, pg. 39.
Varios testimonios indican que era habitual ver a este finquero en helicópteros del Ejército.
975 Catholic Institute for International Relations, The Rich, the Poor and the Christian Democrats,
Guatemala: False Hope, False Freedom, pgs. 38-41.
te del finquero. La denuncia provocó que varios estudiantes de Derecho y
Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se pre-
sentaran en el lugar, para investigar los hechos y ofrecer asesoría a los par-
celarios. En esta época ya funcionaba la Escuela de Orientación Sindical
(EOS) fundada por Mario López Larrave.
976
Acerca del trasfondo de las fumigaciones efectuadas sobre las parcelas,
se llegó a especular que lo que se pretendía era que los campesinos aban-
donaran sus tierras:
“El finquero, quien es custodiado por elementos de la Policía Militar
Ambulante fuertemente armados, trata de desesperarlos para que
abandonen sus tierras para luego ampliar su propiedad … Denuncia-
ron que una de las formas de presión para que salgan del parcelamien-
to, la constituye el hecho de fumigar con unidades aéreas sobre el par-
celamiento. Esta actividad ilegal y criminal les ha provocado serios
daños e intoxicaciones peligrosas para sus vidas”.
977
En 1978 los parcelarios lograron, con asesoría del Bufete Popular de la
USAC y del abogado Johnny Dahinten,
978
que el finquero indemnizara a
los campesinos por los daños ocasionados a sus siembras y animales.
En 1979, el finquero fumigó una vez más sus algodoneras, utilizando
los mismos métodos y, a pesar de que los parcelarios lo denunciaron, esta
vez ya no estuvo dispuesto a pagarles. Por el contrario, afirmó: “Si conti-
nuaban molestándolo no iba a pasar un año sin que supieran de lo que él era
capaz”.
979
En ese tiempo, la población de Escuintla sufría con gran intensidad la
represión. Trascendieron varios casos de desapariciones forzadas y ejecucio-
nes extrajudiciales. En su gran mayoría las víctimas eran personas pertene-
cientes a organizaciones campesinas.
980
313
976 CI 28. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
977 Diario Impacto, 21 de junio de 1978.
978 C 15524. Dahinten, un conocido abogado y profesor universitario que colaboraba con la EOS,
asesoró a los campesinos para que también hiciesen denuncias internacionales de las injusticias
que sufrían. Fue ejecutado en la ciudad capital por el escuadrón de la muerte autodenominado
Ejército Secreto Anticomunista (ESA) el 9 de abril de 1980 frente al Bufete Popular de la USAC.
979 Testigo de referencia (ex miembro de la Liga y vecino del lugar) CEH.
980 C 13244. 1981. Escuintla.
C 13038. Abril, 1981. Escuintla.
C 15484. Julio, 1981. Escuintla.
C 13063. Diciembre, 1981. Escuintla.
C 15525. Diciembre, 1981. La Gomera, Escuintla.
C 13024. Enero, 1981. Masagua, Escuintla.
C 13161. Julio, 1981. Masagua, Escuintla.
C 13061. 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13040. Octubre, 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13013. Octubre, 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13106. Octubre, 1980. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 15378. 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
En el parcelamiento Las Cruces vivía Fidelino Marroquín, presidente
de la Liga Campesina del lugar. En diciembre de 1981, hombres armados
y vestidos de civil lo secuestraron. Fue el primero de una lista de secuestra-
dos y desaparecidos del área.
981
En el mismo parcelamiento vivían los Betancourt, una familia de jó-
venes parcelarios que estaba integrada por: Ricardo, de 38 años, su esposa
Alicia Ramos, de 30, y sus cuatro hijos: Marvin, de 13; Mario, de 8; Lau-
ra, de 7 y Jorge, de 5 años. Ricardo Betancourt era también miembro de
la Liga.
La familia Alvarez vivía en el parcelamiento El Silencio. Tenía una lar-
ga trayectoria en la organización comunitaria y sindical. Don Alberto Al-
varez fue miembro del PGT.
982
Eulalia Alvarez era la secretaria de la Liga
Campesina y una de sus activistas más importantes. Su liderazgo era reco-
nocido por todos.
Los integrantes de esta familia estaban distribuidos en cuatro casas ve-
cinas: en una vivía Don Alberto Alvarez, su esposa Olivia y su hija Eulalia;
en otra vivía Vidal Alvarez, su esposa Zenaida y cuatro hijos; en la siguien-
te Tomás Alvarez, su esposa María Luisa y dos hijos; por último, en la si-
guiente casa habitaban una hija de los Alvarez, su esposo e hijos. El día de
los hechos esta vivienda se encontraba vacía debido a que sus ocupantes es-
taban de visita en una comunidad cercana.
II. LOS HECHOS
Masacre de la familia Alvarez
La noche del 11 de enero de 1982, alrededor de 30 vecinos del parce-
lamiento El Silencio participaron en un culto religioso de la iglesia evan-
gélica Asamblea de Dios, que se celebró en la casa de don Alberto Alvarez.
La actividad religiosa terminó alrededor de las nueve de la noche, cuando
los participantes se retiraron a sus residencias.
A la una de la mañana del 12 de enero, hombres vestidos de civil in-
gresaron en El Silencio, portando armas de grueso calibre.
983
Venían en tres
vehículos tipo pick-up: “Uno de los carros era rojo, otro verde y un beige; los
314
C 13354. Enero, 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13005. Abril, 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 15528. Julio, 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 18061. Septiembre, 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 15528. Septiembre, 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
981 C 15525. Diciembre, 1981. La Gomera, Escuintla.
C 13219. 1982. La Gomera, Escuintla.
C 13180. Enero, 1982. La Gomera, Escuintla.
982 Uno de sus hijos se integró a la guerrilla en el año 1962 en el oriente del país.
983 Testigo directo (familiar de las víctimas) CEH. El testigo asegura que las armas que portaban eran
del tipo Galil, M-16, escopetas de 12 milímetros y armas cortas.
carros venían a unos 200 metros de distancia uno del otro y en cada uno ve-
nían por lo menos cinco hombres”.
984
Los desconocidos ingresaron por la carretera que comunica el parcela-
miento con el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y se
desplazaron a marcha lenta a lo largo del camino que recorre los parcela-
mientos de Cerro Colorado y El Silencio. Mientras lo hacían, gritaban:
“¡Dónde está el EGP, dónde están los de las FAR!”
985
Repentinamente, los tres vehículos se detuvieron y comenzaron a dis-
parar contra las cuatro casas de la familia Alvarez, cuyos ocupantes se en-
contraban durmiendo. Las consecuencias de esta acción fueron las si-
guientes:
En una de las casas fallecieron don Alberto Alvarez, de 65 años; doña
Olivia Barillas, de 60, y Eulalia Alvarez Barillas, de 23.
En otra, Vidal Alvarez Barillas, de 30 años y su hija Sonia, de 9. En es-
ta casa resultaron heridos un niño, de 8 años, y una niña, de 5. La niña re-
cibió un impacto de bala en un pulmón, cuyas secuelas persisten hasta la
fecha. Zenaida de Alvarez y otro menor lograron salir ilesos.
En la tercera casa murieron: María Luisa de Alvarez, esposa de Tomás,
y sus dos hijos, uno de 4 años y el otro de 2. Estas personas murieron que-
madas, como consecuencia de la acción incendiaria perpetrada por los vic-
timarios, luego de los disparos, contra las viviendas de los Alvarez. Tomás
pudo huir y salvarse.
Un testigo afirma:
“Los que pudieron salieron corriendo para el monte. Vidal salió hu-
yendo, pero cuando vio que su familia no lo seguía regresó a buscar-
los y entonces le dispararon y cayó muerto. Su hijita Sonia corrió ha-
cia él y quedó tendida encima del cadáver de su padre, rasgándole el
pecho … al recibir un impacto de bala por la espalda”.
986
La masacre duró aproximadamente 45 minutos, hasta que los ranchos
de madera y palma fueron consumidos por el fuego.
Masacre de la familia Betancourt
Luego de perpetrar la masacre de la familia Alvarez, los desconocidos
abordaron los vehículos en los que circulaban y se dirigieron al parcela-
miento Las Cruces, “gritando viva el ESA”.
987
Al llegar al lugar, hacia las 2.30, uno de los vehículos se detuvo frente
a un comercio de medicinas y sus tripulantes comenzaron a disparar, des-
315
984 Ibid.
985 Testigo directo (familiar y vecino de las víctimas) CEH.
986 Testigo directo (vecino del parcelamiento) CEH.
987 Testigo directo (vecino de la familia Betancourt) CEH.
truyendo por completo el negocio. Los propietarios lograron huir por la
parte trasera de la casa.
Mientras tanto, los agresores que marchaban a bordo de los otros dos
vehículos se dirigieron a la casa de la familia Betancourt, contra la que dis-
pararon, para más tarde prender fuego a la vivienda. Todos los integrantes
de la familia murieron acribillados y quemados.
Luego de consumar las masacres, alrededor de las tres de la madruga-
da, los victimarios salieron de la aldea por la vía que comunica dicho par-
celamiento con la cabecera municipal de La Gomera.
A pesar de que la Policía Militar Ambulante contaba con un destaca-
mento en Cerro Colorado, a escasos tres kilómetros del punto donde la
masacre tuvo lugar, sus efectivos no se presentaron allí en seguida. Un tes-
tigo presencial indica: “La balacera se escuchaba por toda la región, era im-
presionante”.
988
Los cadáveres fueron levantados e identificados por el juez de paz, que
en ese entonces era también alcalde del municipio. Ninguna persona se
presentó a la morgue del hospital de Escuintla para reclamar los cuerpos y
enterrarlos.
989
En total, en las masacres murieron 14 personas, entre hombres, muje-
res y niños. Dos niños quedaron heridos.
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando los antecedentes del caso, arribó a la plena
convicción de que las 14 personas fueron ejecutadas por sujetos armados
que contaban con la tolerancia y protección del Estado, constituyendo su
muerte una violación del derecho a la vida. Los mismos sujetos hirieron a
dos niños y un adulto quienes fueron víctimas de una tentativa de ejecu-
ción arbitraria.
La CEH considera que la motivación principal de los autores intelec-
tuales de este crimen fue la eliminación de líderes y miembros de Ligas
Campesinas y de comités locales, algunos de los cuales tenían vinculación
política con el PGT. Además, los antecedentes indican la estrecha corres-
pondencia existente entre aquella motivación y los intereses de algunos
grandes propietarios agrícolas del departamento de Escuintla, que perse-
guían terminar con las organizaciones sindicales campesinas contrarias a
dichos intereses, de lo cual éste es un caso ilustrativo.
990
316
988 Testigo directo CEH.
989 Diario El Gráfico, 14 de enero de 1982.
990 C 13244. 1981. Escuintla.
C 13038. Abril, 1981. Escuintla.
C 13240. Agosto, 1988. Escuintla.
Finalmente, la CEH considera que los niveles de brutalidad y de im-
punidad evidenciados en este caso, ilustran que otro de los objetivos de sus
autores era aterrorizar a la población campesina de la región, para impedir
la reproducción de sus organizaciones e, incluso, impulsar a muchas per-
sonas a abandonar temporalmente sus tierras.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Herido en atentado
Tomás Alvarez Escobar
Víctimas colectivas/desconocidas: 2
317
C 15525. Diciembre, 1981. La Gomera, Escuintla.
C 13180. Enero, 1982. La Gomera, Escuintla.
C 13024. Enero, 1981. Masagua, Escuintla.
C 13025. Junio, 1982. Masagua, Escuintla.
C 13061. 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 15521. Febrero, 1982. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13137. Mayo, 1982. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13033. Septiembre, 1983. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13081. Noviembre, 1983. Santa Lucía Cotzumalguapa. Escuintla.
Alberto Alvarez Pozuelos
Alicia Ramos de Betancourt
Eulalia Alvarez Escobar
Jorge Betancourt Ramos
Laura Betancourt Ramos
María Luisa,Gómez de Alvarez y
sus dos hijos menores de edad
Mario Betancourt Ramos
Marvin Betancourt Ramos
Olivia Escobar Barilla
Ricardo Betancourt
Sonia Alvarez Castellanos
Vidal Alvarez Escobar
I. ANTECEDENTES
Entre 1974 y 1980 creció el movimiento sindical en la Costa Sur de
Guatemala. En la huelga cañera de 1980 se reflejó la capacidad organiza-
tiva de los sindicatos, que se aliaron para mejorar las condiciones laborales
y sociales de los trabajadores. Eran años en que el Estado consideraba co-
mo “subversivos” a los sindicatos. En consecuencia, se procuró eliminarlos,
de tal forma que sus líderes fueron perseguidos e incluso desaparecidos. El
resultado final fue la disolución de los sindicatos en la zona. Uno de los
sindicatos que jugó un rol importante en las reivindicaciones obreras fue
el del ingenio Pantaleón. El presente caso es parte de su historia.
El ingenio azucarero Pantaleón fue el más grande de Guatemala.
992
A
mediados de los setenta laboraban en sus fincas tres tipos de trabajadores:
los rancheros o trabajadores permanentes, que vivían en las fincas; los tra-
bajadores voluntarios, que tenían carácter temporal en la región; y los cua-
drilleros, que eran trabajadores del Altiplano indígena que bajaban a la
Costa contratados por los intermediarios. Las condiciones laborales de
unos y otros diferían. Los rancheros tenían un lugar permanente donde vi-
vir, ganaban un jornal durante todo el año, tenían vacaciones pagadas, se-
guro social y aguinaldo. Los voluntarios y cuadrilleros no tenían ningún
beneficio laboral, trabajaban sólo cuatro o cinco meses y luego se traslada-
ban de finca en finca buscando trabajo. A un voluntario se le podía despe-
dir con facilidad o no volverlo a contratar. Por esta razón, a los finqueros
les convenía disminuir el número de rancheros.
El Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio Pantaleón existía
desde el tiempo de Arbenz. Con la llegada al poder de Castillo Armas, los
líderes fueron perseguidos, algunos detenidos y torturados. El sindicato
Caso ilustrativo No. 109
Desaparición forzada
de miembros del Sindicato
Azucarero del Ingenio Pantaleón
“Nadie quiso aceptar los cargos de los desa-
parecidos y los que quedaban en el sindicato
renunciaron”.
991
991 Testigo de referencia (ex sindicalista del Ingenio Pantaleón) CEH.
992 Según la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), en la zafra 74-75 Pantaleón fue
el ingenio de mayor producción y molienda en el país.
dejó de funcionar por un período de tiempo, pero luego se reorganizó. En
1980, de los 500 rancheros que trabajaban para el ingenio, 318 estaban afi-
liados al sindicato.
En la década de los setenta el sindicato formaba parte de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT) y fue uno de los grupos fundadores de la
Federación de Trabajadores Unidos de la Industria Azucarera (FETULIA).
La CNT y FETULIA, con sus sindicatos de base y otras organizaciones,
como el Comité de Unidad Campesina (CUC), formaban parte del Co-
mité Nacional de Unidad Sindical (CNUS). La FETULIA integraba a to-
dos los sindicatos de los ingenios azucareros de Escuintla, Santa Lucía Cot-
zumalguapa, y Palo Gordo en Suchitepéquez. A finales de los setenta estas
instancias unitarias coordinaban las medidas orientadas a reivindicar dere-
chos laborales de los trabajadores de la Costa Sur. Los trabajadores deman-
daban alzas salariales, prestaciones sociales según marcaba la ley y mejores
condiciones generales de trabajo.
Como contrapartida, los finqueros y empresarios se negaban a atender
los reclamos de los trabajadores, pretendían desalojar a los rancheros de sus
viviendas en las fincas y acusaban a la organización sindical de pertenecer
a la guerrilla.
Los sacerdotes de la Congregación del Inmaculado Corazón de Ma-
ría y el obispo de Escuintla mencionaban con frecuencia en sus homilías
las condiciones infrahumanas de vida y de trabajo a las que eran someti-
dos los trabajadores agrícolas, en particular los cuadrilleros indígenas.
Por sus denuncias, muchos sacerdotes fueron víctimas de la represión es-
tatal.
993
El Sindicato del Ingenio Pantaleón venía desarrollando medidas de
presión sindical desde principios de los años setenta. En 1976 el intento de
suscribir un pacto colectivo de trabajo, derivó en una huelga. Este conflic-
to, en cuya evolución el sindicato contó con la asesoría del licenciado Ma-
rio López Larrave,
994
tuvo resultados negativos para los trabajadores, debi-
do a las maniobras legales de la empresa y el respaldo que ésta encontró en
el Ministerio de Trabajo.
995
En 1977 los trabajadores del ingenio Pantaleón,
junto con otros de la Costa Sur, apoyaron la marcha de los mineros de Ix-
tahuacán.
996
A finales de los setenta se editaba un periódico sindical que se llama-
ba Zafra y se distribuía en los cañaverales llamando a los trabajadores tem-
porales a organizarse.
320
993 CI 56. Mayo, 1980. Escuintla.
994 CI 28. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
995 “La huelga del Pantaleón”, en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala, junio-octubre
(1977).
996 CI 16. Julio, 1978. Huehuetenango.
La gran huelga cañera de febrero y marzo de 1980
997
unió a más de 70
mil trabajadores de la Costa Sur y casi todos los ingenios fueron ocupados.
El sindicato del ingenio Pantaleón fue uno de los puntos donde los traba-
jadores se concentraron. En el transcurso de los hechos, un trabajador vo-
luntario murió en la puerta del ingenio, por un disparo de un agente de la
Policía Militar Ambulante (PMA).
998
Como resultado de la huelga se logró
el aumento del jornal a 3.20 quetzales.
El sindicato convocó también una huelga para lograr la dimisión del
administrador del ingenio Pantaleón, que era un reconocido anti-sindica-
lista.
999
Para lograr dicho objetivo, los trabajadores paralizaron el ingenio e
hicieron una caminata al edificio central ubicado en las instalaciones del
ingenio.
Muchos finqueros pagaban por el servicio de la Policía Militar Ambu-
lante, que resguardaba la seguridad de las empresas. Además, en varios in-
genios, incluido Pantaleón, existía seguridad privada. Uno de los fines que
planteaba la presencia de los agentes de seguridad era controlar los movi-
mientos de los trabajadores, en particular los afiliados al sindicato. Los jefes
de seguridad eran comúnmente miembros retirados del Ejército. En el ca-
so del ingenio Pantaleón, el jefe de seguridad cuando ocurrieron los hechos,
era el capitán del Ejército Leonel Nájera, quien tenía vínculos cercanos con
la zona militar de Santa Lucía Cotzumalguapa. Un declarante ante la CEH
afirma que miembros de esta zona militar “entraban a la finca a traer gasoli-
na que la empresa le regalaba”.
1000
Dentro de la finca existían, además, comi-
sionados militares que cumplían el rol de “orejas”. Algunos declarantes ante
la CEH afirman que en Pantaleón existía una cárcel clandestina.
En los años setenta el sindicato consiguió varias mejoras para los ran-
cheros: medicinas pagadas, atención médica, ración (una entrega mensual
de 20 libras de azúcar, 20 libras de maíz, dos libras de frijol, sal y cal) y úti-
les escolares.
La estrategia patronal en relación con los sindicatos varió con el paso
del tiempo. En un primer momento, tuvo como objetivo debilitar a los
sindicatos, utilizando para ello una variedad de métodos: ofertas de traba-
jo a los hijos de los afiliados a cambio de que éstos se retiraran del sindi-
cato, ofrecimiento de premios a los que renunciaran al mismo. Se men-
321
997 Testigo directo (ex sindicalista del ingenio Pantaleón) CEH. Este testigo comenta las razones de
la huelga: “La huelga vino de los voluntarios de otras fincas pidiendo aumento. Ganaban un quet-
zal por día. Los cortadores de caña ganaban 1.20 ú 80 centavos la tonelada. ... los voluntarios tra-
bajaban 4 ó 5 meses en la finca y cuando terminaban andaban de finca en finca buscando trabaji-
tos ... los rancheros ganábamos en tiempo muerto un quetzal por día, pero tenían vacaciones paga-
das, IGSS, aguinaldo, y los voluntarios no tenían nada, ninguna prestación”.
998 C 15613. 1983. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
999 Había sido administrador del ingenio Madre Tierra y era señalado por varios declarantes como
responsable de la desintegración del sindicato del mismo.
1000 Testigo directo CEH.
ciona, por ejemplo, que se prometían casas bajo la condición de renun-
ciar al sindicato.
En un segundo momento, la política patronal promovió la represión
sistemática de los líderes sindicales y de sus organizaciones. Los patronos
acusaban a los sindicalistas de tener vínculos con la guerrilla. Las negocia-
ciones colectivas se hicieron largas y dificultosas, mientras que los líderes
sindicales desaparecían.
1001
Los sindicatos dejaron de ser representativos y
los pocos líderes que quedaban tenían miedo. Los rancheros eran cada vez
menos. Un ex ranchero cuenta que “uno de los ejes principales del conflicto
era que la patronal quería sacar afuera del ingenio a los rancheros. La empre-
sa decía que quería ampliar la cosecha y necesitaba el lugar que ocupaban los
rancheros”.
1002
Por otra parte, en las patronales se elaboraron listas que contenían los
nombres de las personas que los finqueros consideraban conflictivas y se
daba aviso a otras fincas para evitar que se les diera trabajo.
El sindicato de Pantaleón fue uno de los últimos que sobrevivió a la
ofensiva patronal.
II. LOS HECHOS
En 1983 el sindicato contaba con apenas 35 afiliados y sólo cinco per-
sonas ocupaban cargos en la Comisión Directiva. Nadie quería cubrir las
vacantes y los que desempeñaban los cargos rotaban entre ellos, al objeto
de poder mantener el sindicato. Las amenazas contra sus vidas eran cons-
tantes, derivadas de la acusación de tener vinculaciones con la guerrilla.
Además, se sospechaba que en el sindicato había un miembro infiltrado,
contratado por la empresa para que pasara información a los finqueros.
El 12 de noviembre de 1983, en ciudad de Guatemala, hombres ar-
mados vestidos de civil que se desplazaban en vehículos sin identificación
y con vidrios polarizados, detuvieron a José Julio Cermeño Reyes, asesor
del sindicato del ingenio Pantaleón y miembro de la comisión de organi-
zación de la CNT, cuando se dirigía al encuentro de la comisión directiva
del sindicato. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
El 27 de noviembre de 1983, hacia las seis de la mañana, José Luis Ló-
pez Bran y Miguel Angel Gómez, integrantes de la última comisión direc-
tiva del Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio Pantaleón, se
322
1001 CI 26. 1980-1983. Escuintla. En esa época se produce la eliminación de los miembros de las
directivas sindicales de los ingenios Palo Gordo y El Salto, catorce personas entre ejecutados y
desaparecidos, C 13092. Octubre 1981. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Del Ingenio
Madre Tierra, ocho personas entre ejecutados y desaparecidos, C 15030. 1981. Masagua, Es-
cuintla. Del Ingenio Santa Ana, cuatro personas entre ejecutados y desaparecidos.
1002 Testigo directo CEH.
aprestaban a tomar un autobús para ir a una reunión sindical, cuando fue-
ron interceptados a las puertas del mismo ingenio por personas que ocu-
paban vehículos con vidrios polarizados. Los agresores, vestidos de civil y
portando armas, encañonaron a los sindicalistas y los introdujeron en los
automóviles. Luego, partieron con rumbo desconocido sin que hasta hoy
se conozca la suerte corrida por las víctimas del secuestro.
La noticia de lo acontecido se difundió con rapidez por las instalacio-
nes del ingenio, llegando a la “ranchería”, donde vivían las víctimas con sus
familias. Los familiares trataron de obtener información sobre el paradero
de sus seres queridos, pero resultó en vano. Días después, miembros del
Ejército registraron la casa de un familiar de las víctimas.
1003
Miembros del sindicato realizaron gestiones ante el Ministerio de Tra-
bajo, el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional de Santa Lucía Cot-
zumalguapa, pero nadie les dio explicación ni pista alguna.
Luego de las desapariciones se realizó una asamblea con los sindicalis-
tas que permanecían activos llegándose al acuerdo de que el resto de la co-
misión directiva debía abandonar el ingenio, porque existía el riesgo de que
corriera idéntico destino.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
En 1983 todos los sindicatos azucareros de base fueron descabezados.
El 2 de febrero de 1984 otro asesor del sindicato del ingenio Pantaleón
resulta víctima de secuestro. Lo capturan en la zona 1 de la capital, cuan-
do iba a reunirse con miembros de la CNT. Lo torturan durante 17 días,
en un lugar que la víctima identifica como “un cuartel militar, porque oía
los cantos de los soldados por las mañanas, mientras corrían”.
1004
Es liberado,
al parecer, por la intercesión de influyentes amigos de sus familiares. La víc-
tima afirma que los verdugos tenían información sobre la estructura de la
CNT y sobre todos sus miembros, dentro y fuera del país. Mientras era
torturado con “toques eléctricos”, uno de los torturadores le preguntó: “¿Vos
lo conocías a Julio Cermeño? Ese se murió, no aguantó”.
1005
Todos los afiliados del sindicato se retiraron o fueron despedidos del
ingenio en marzo de 1984. La justicia laboral no protegió a los trabajado-
res y favoreció a los empresarios:
“Después del secuestro hubo entre 15 y 20 despidos … [hubo] juicio
de reinstalación, los despedidos eran los que todavía participaban de
323
1003 Testigo directo CEH.
1004 Testigo directo CEH.
1005 Ibid.
las asambleas y las reuniones sindicales. En casi todos los cuatro juz-
gados del trabajo hay expedientes de demandas presentadas a la em-
presa en esos años. Nunca se reinstalaron los trabajadores, la empresa
siempre argumentaba que no reinstalaba porque estaba en quiebra.
El juzgado inmediatamente resolvía la quiebra a favor de la empresa
y ya era caso cerrado, era una nueva empresa y ya no había nada que
reclamar … para resolver una personalidad jurídica del sindicato se
tardaban años, pero la empresa podía cambiar de razón social sin
ningún problema”.
1006
La patronal estableció el “solidarismo” como forma de organización de
los trabajadores afines a la empresa, ofreciéndoles beneficios sociales y me-
jores condiciones laborales, a cambio de que no volvieran a formar sindi-
catos.
IV. CONCLUSIONES
Reunidos los antecedentes del caso, la CEH adquirió la presunción
fundada de que los líderes y asesores sindicales del Ingenio Pantaleón fue-
ron detenidos y luego desaparecidos por agentes de seguridad del Estado o
por particulares que actuaron con su tolerancia o connivencia, violando así
gravemente los derechos humanos de las víctimas.
Esta conclusión se refuerza por la consideración de los vínculos que el
sector patronal mantenía con las fuerzas de seguridad, en especial la PMA
y su colaboración con la política estatal de desarticulación del movimien-
to sindical que incluyó la eliminación de muchos de sus líderes.
Además, la CEH considera las acusaciones que identificaban a los sin-
dicalistas con la guerrilla y el contexto general en que se desenvolvía la acti-
vidad sindical.
En este caso el Estado de Guatemala incumplió, además, el deber de
garantizar a las víctimas y a los demás miembros del sindicato del Ingenio
Pantaleón, el derecho de asociación.
Del mismo modo, el Estado de Guatemala, en este caso, infringió su
deber de investigar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.
Por último, la CEH considera que este caso ilustra la represión desata-
da contra el movimiento sindical en los ingenios azucareros de la Costa Sur.
324
1006 Testigo directo CEH.
I. ANTECEDENTES
En la década de los setenta se desarrollaron diferentes movimientos es-
tudiantiles y se concretaron iniciativas de unidad sindical, como fue la
constitución de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otras enti-
dades que aglutinaron a diferentes sindicatos.
A partir de 1976 la actividad de los sindicatos y organizaciones estu-
diantiles fue notoria. Existen múltiples antecedentes de que, en esa misma
época, sectores económicos poderosos y las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do actuaron coordinadamente, con el propósito de desarticular, en parti-
cular, la actividad sindical.
1006
En este contexto se produjo una serie de vio-
laciones de derechos humanos contra estudiantes, obreros, campesinos y
profesionales que formaban parte de aquellas organizaciones.
1007
Antecedentes en poder de la CEH indican que, en aquella época, em-
presarios entregaban listados de líderes sindicales y obreros a altos funcio-
narios de Gobierno encargados de las fuerzas de seguridad, con el fin de
que trabajadores que consideraban molestos o que representaban algún pe-
ligro para sus intereses empresariales fueran eliminados.
1008
La CNT se expandió y procedió a una reorganización interna, para
atender diferentes demandas que se le presentaban, especialmente en ase-
soría legal. Estableció también una división por zonas geográficas, en cada
Caso ilustrativo No. 16
Ejecución arbitraria
de Mario Mujía Córdoba
1006 CI 9. Mayo, 1978. Panzós, Alta Verapaz.
CI 28. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
C 13244. 1981. La Democracia, Escuintla.
C 13038. Marzo, 1981. Escuintla.
C 13240. Agosto, 1988. Escuintla.
C 15525. Diciembre, 1981. La Gomera, Escuintla.
C 13061. 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
C 13013. Octubre, 1979. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
1007 CI 28. Junio, 1977. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
CI 67. 1977 a 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1008 Testigos de referencia CEH.
Testigo directo CEH. Este testigo afirma que: “[El ministro] también le contaba de reuniones con
el CACIF o el AGA [Asociación Guatemalteca de Agricultores] donde se quejaban con ... [el minis-
tro], y éste les decía ‘no me cuenten historias, denme nombres’. Allí pasaban las listas de obreros in-
cómodos que peleaban sus derechos. Y estos nombres fueron a las listas de personas a matar”.
una de las cuales fueron designados un responsable del área jurídica y otro
de organización.
Mario Mujía Córdoba era en 1977 encargado de organización de la
CNT en Huehuetenango. Fue el actor principal de la apertura de la sec-
ción huehueteca de la CNT. Además, era estudiante de Fruticultura en el
Centro Universitario de Nor-Occidente de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (CUNOROC), en la que también se proyectó como líder
estudiantil.
Mario Mujía Córdoba promovió la organización sindical en las em-
presas Santa Agape, Corral Chiquito, Minas de Ixtahuacán y en el Proyec-
to Lingüístico Francisco Marroquín.
La empresa Corral Chiquito producía anzuelos, mientras que la acti-
vidad productiva de la empresa Santa Agape consistía en la fabricación de
juguetes para perros, elaborados en cuero. La mano de obra era guatemal-
teca y el producto llevaba las etiquetas impresas en inglés, para su comer-
cialización y venta en los Estados Unidos. En 1973, la empresa Santa Aga-
pe fue vendida a la compañía estadounidense Miller Morton Company. El
gerente en Guatemala era José Leopoldo Zúñiga Seigne.
El Proyecto Lingüístico había abierto escuelas de español en Antigua
Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango, donde funcionaba el cen-
tro de Investigaciones Lingüísticas sobre idiomas mayas y una editorial. Su
sindicato fue fundado por maestros de español de las tres áreas geográficas.
Mujía logró proyección nacional como líder sindical al formar el Sin-
dicato Minas de Ixtahuacán Huehuetenango, y como promotor de una
marcha de los mineros, que habían sufrido represalias, despidos injustifi-
cados y desconocimiento de su organización sindical.
Los trabajadores de las minas laboraban en condiciones infrahuma-
nas
1009
y percibían un salario de 80 centavos de quetzal por día trabajado
(menos de 80 centavos de dólar). Al organizarse, demandaron mejores
condiciones de trabajo y un salario justo, pero no obtuvieron una respues-
ta favorable de los patronos y hubieron de enfrentar una actitud apática de
los funcionarios del Ministerio de Trabajo.
Mario Mujía promovió, en noviembre de 1977, la marcha de los mi-
neros de Ixtahuacán, que fue la movilización humana más importante de
la década. Agrupó a gente de otras organizaciones sindicales que se suma-
ron, a lo largo de aquella semana, al recorrido de más de 300 kilómetros,
desde Ixtahuacán hasta la ciudad de Guatemala. Mujía marchó junto a los
mineros.
326
1009 La altura de la entrada a la mina era inferior a un metro. Los trabajadores entraban agachados,
el producto que extraían lo colocaban dentro de bolsas plásticas, que cargaban en sus nucas o
llevaban en brazos, y caminaban de rodillas hasta salir al exterior. La temperatura interior era
caliente y húmeda, contrastando con el ambiente exterior frío. Estas condiciones ocasionaron a
muchos graves lesiones en la columna vertebral.
Miles de personas ingresaron con la manifestación en la ciudad, hasta
concluir su recorrido frente al Palacio Nacional. Los mineros atribuyeron
a esa marcha la autorización de su sindicato, por parte del Gobierno, y la
reinstalación de los trabajadores despedidos.
También en ese año los trabajadores de las empresas Santa Agape y
Corral Chiquito negociaron con sus patronos nuevas condiciones de tra-
bajo, que incluían mejoras salariales. Sin embargo, los patronos se opusie-
ron a la actividad de los sindicatos en sus empresas, ya que al permitirlo,
según su opinión, se estaría afectando la libre empresa.
1010
Mario Mujía recibió amenazas contra su integridad física y de muerte
mediante cartas anónimas. Sus compañeros de la CNT le recomendaron
salir de Huehuetenango, pero él decidió quedarse allí.
II. LOS HECHOS
El 20 de julio de 1978, Mario Mujía Córdoba terminó de almorzar y
se dirigió a la sede de la CNT, ubicada en el segundo nivel de una casa cer-
cana al Parque Central de Huehuetenango. A poca distancia de la sede se
encontraba la agencia del Banco de Guatemala, local que se mantenía per-
manentemente vigilado y protegido por elementos de seguridad. Su espo-
sa lo acompañó hasta la entrada de la oficina. Observaba que “Mario se
mostraba preocupado en los últimos días; en ocasiones le hablaba y parecía que
no escuchaba”.
1011
Cerca de las tres de la tarde, la víctima se encontraba en su oficina
donde asesoraba a diario a trabajadores con problemas laborales, cuando
“entraron dos hombres para él desconocidos a preguntarle si alquilaba cuartos;
que iban mandados por Leopoldo Zúñiga … Uno de los individuos le hizo seis
disparos y rápido se ausentaron”.
1012
Los atacantes de la víctima tenían apa-
riencia de campesinos ladinos, portaban sombreros de petate de ala ancha
y lentes oscuros.
1013
A pesar de las múltiples heridas recibidas, Mario Mujía logró arrastrar-
se, bajar las escaleras y salir a la calle a pedir auxilio. Unos transeúntes, al
verlo tirado y sangrando en la acera, llamaron a los bomberos, quienes lo
condujeron al hospital del Seguro Social. Dado que éste no podía brindar-
le la asistencia médica adecuada, debió ser trasladado al Hospital Nacional
de la localidad.
327
1010 Testigo de referencia CEH.
1011 Ibid.
1012 Testigo directo (víctima), Juzgado de Paz de Huehuetenango. 22 de julio de 1978.
1013 CI 28. Junio, 1977, ciudad de Guatemala, Guatemala. En esa época se registraron otras ejecu-
ciones perpetradas por personas que usaban tipo de vestimenta similar a la descrita.
La población de Huehuetenango se consternó al conocer la noticia del
ataque. Representantes del CUNOROC llegaron al lugar unos minutos
después del hecho y procedieron a realizar diversas gestiones ante la Poli-
cía Nacional, los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, y
hasta el presidente de la República, para exigir que se investigara lo suce-
dido y aplicar la ley a los responsables.
Aquella misma noche, estudiantes universitarios y de educación me-
dia de la localidad decidieron montar guardia en las afueras del hospital,
con el propósito de evitar un nuevo atentado. Varias autoridades militares
se presentaron al lugar para conocer el estado de salud de la víctima; sin
embargo, los estudiantes se opusieron y exigieron al médico de turno que
les negara el ingreso.
Al día siguiente, 21 de julio, autoridades del CUNOROC, estudian-
tes, docentes, sindicalistas, empleados municipales y representantes de la
CNT de Guatemala y Quetzaltenango, planificaron una manifestación de
protesta que se realizó el día 22, en la que participaron cientos de perso-
nas. Salieron del Centro Universitario de la localidad y recorrieron las prin-
cipales calles de Huehuetenango hasta llegar al Parque Central, donde se
realizó un mitin con la intervención de varios dirigentes que condenaron
airadamente el hecho criminal sufrido por Mario Mujía.
No obstante el grave estado en que se encontraba, la víctima pudo de-
clarar ante el juez de paz, relatando los detalles del hecho y acusando for-
malmente al empresario Leopoldo Zúñiga como responsable del atentado
sufrido.
Ante su estado cada vez más grave, dirigentes de la CNT gestionaron
el traslado de la víctima a un hospital privado de la ciudad de Guatemala,
para que recibiera una atención médica más apropiada. Mario Mujía fue
trasladado en avión el 23 de julio a las siete de la mañana. En el vuelo
acompañaron a la víctima su esposa, su hermano, un dirigente de la CNT,
un médico y dos enfermeras del hospital Herrera Llerandi.
Durante el viaje, por su gravedad, sufrió un paro cardíaco y, aún con
vida, luego del aterrizaje en la ciudad capital fue trasladado, pero falleció
al ingresar en el hospital. El médico forense estableció como causa de la
muerte “herida penetrante del abdomen producida por proyectil de arma de
fuego”.
1014
Ese mismo día, en horas de la tarde, sus compañeros trasladaron de re-
greso a Huehuetenango el cadáver de la víctima, donde fue recibido por
representantes de todos los sectores de la sociedad, quienes condenaron el
hecho.
La CNT declaró 1978 “año del mártir Mario Mujía”.
328
1014 Informe médico forense, 23 de julio de 1978.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Investigación judicial y ejecución arbitraria
de Leopoldo Zúñiga Seigne
Como consecuencia de la sindicación formal que hizo Mario Mujía
ante el juez de paz contra el empresario Leopoldo Zúñiga, éste fue objeto
de investigación como presunto responsable del atentado y estuvo deteni-
do, al igual que un empleado de su confianza.
Ambos fueron sometidos a un proceso penal, del cual quedaron des-
vinculados por falta de pruebas de conformidad con la sentencia emitida
por el juez primero de Primera Instancia de Huehuetenango, de fecha 8 de
enero de 1979.
1015
Luego de esa resolución las entidades encargadas de administrar justi-
cia no realizaron ninguna investigación dirigida a la determinación de los
autores materiales e intelectuales del crimen. La ejecución de Mario Mujía
quedó en la impunidad, provocando frustración y descontento en diferen-
tes sectores de la población.
El 1 de marzo de 1979 Leopoldo Zúñiga Seigne fue ejecutado
1016
por
integrantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que se atribuyeron el
hecho mediante un comunicado difundido el día 10 de marzo.
1017
Además,
esta acción fue reconocida ante la CEH.
1018
Continuó la persecución contra los sindicatos
La persecución contra organizaciones sindicales continuó. En 1980 la
CNT debió cerrar su oficina en Huehuetenango, en tanto que la sede cen-
tral ubicada en ciudad de Guatemala fue allanada; posteriormente los sin-
dicalistas debieron disponer su cierre. En 1981 éstos y sus asesores se vie-
ron obligados a salir del país, como consecuencia de las amenazas e intimi-
daciones que sufrían.
1019
Los hechos de violencia continuaron también contra sindicalistas de
las Minas de Ixtahuacán. En febrero de 1981 fue capturado y desapareci-
do Luis Federico Castillo Mauricio,
1020
secretario del sindicato.
En abril fue ejecutado Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro, miembro del
mismo sindicato y líder socialdemócrata.
1021
En mayo fue amenazado el vo-
329
1015 En la sentencia absolutoria el juez no otorgó valor probatorio alguno a la declaración de Mario
Mujía, ni a la ofrecida por los parientes de éste, por ser parte interesada en el proceso.
1016 C 623. Marzo, 1979. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1017 Comunicado de las FAR del 10 de marzo de 1979.
1018 Declaración oficial de las FAR ante CEH.
1019 Testigo directo CEH.
CI 51. Junio 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
1020 C 5616. Febrero, 1981. Ixtahuacán, Huehuetenango.
1021 C 5414 . Abril, 1981. Huehuetenango y Quetzaltenango.
cal del sindicato, Salvador Ordóñez Ramos, quien por medidas de seguri-
dad abandonó el país.
1022
Estos hechos, sumados a la muerte de Mario Mu-
jía, tuvieron como consecuencia la disolución del sindicato de los mineros.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, luego de analizados todos los antecedentes reunidos, presu-
me fundadamente que la muerte de Mario Mujía fue causada por sujetos
que actuaron por encargo de terceros, posiblemente particulares, quienes
contaron con la tolerancia o, en todo caso, con la posterior protección y
encubrimiento del Estado. Debido a esta última circunstancia, su muerte
constituye una violación a los derechos humanos.
Los antecedentes fundamentales de esta presunción tienen relación
con varios aspectos, tales como el procedimiento empleado por los autores
y sus dichos, la calidad de la víctima y la reacción de las autoridades encar-
gadas de investigar el crimen.
La CEH también consideró el contexto en que éste fue perpetrado, el
cual se caracterizó por otros atentados a la vida y la seguridad de numero-
sos dirigentes sindicales, anteriores y posteriores al caso investigado, y por
una situación que no permitía concebir la comisión de un hecho de esta
naturaleza y su posterior impunidad sin que el Estado lo hubiese tolerado
o encubierto.
Además, la CEH se formó la convicción plena de que, en este caso, las
autoridades responsables del Estado de Guatemala incumplieron delibera-
damente su deber de investigar el hecho y sancionar a los responsables, vio-
lando el derecho a la justicia, puesto que, a pesar de que Mario Mujía al-
canzó a realizar señalamientos contra determinadas personas, el crimen
quedó en la impunidad.
La CEH considera que la ejecución arbitraria de Mario Mujía Córdo-
ba es representativa de las represalias y violaciones de derechos humanos
sufridas, en la segunda mitad de la década de los setenta, por sindicalistas
que pretendían sostener sus organizaciones y hacer valer sus derechos. Es-
tos dirigentes se enfrentaron a acciones tendientes a impedir todo intento
de organización social, coordinadas por sectores económicamente podero-
sos que contaron con la tolerancia del Estado y que concretaron, incluso,
la eliminación de líderes y asesores sindicales. Esta política logró en buena
medida su objetivo, al producirse la disolución de importantes sindicatos,
como el de los mineros de Ixtahuacán, el cierre de la CNT en Huehuete-
330
1022 C 5616. Febrero, 1981. Ixtahuacán, Huehuetenango.
nango y, finalmente, el allanamiento y posterior clausura de la sede central
de esa entidad en Guatemala.
Del mismo modo, en la investigación del caso que afectó a Leopoldo
Zúñiga, la CEH adquirió la convicción de que esta persona fue víctima de
una ejecución arbitraria perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas
Rebeldes, quienes lo privaron de su derecho a la vida, en clara infracción a
las reglas del Derecho Internacional Humanitario y a los principios comu-
nes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Para alcanzar esta convicción, la CEH tuvo en cuenta, como elemen-
tos de plena prueba, el Comunicado de las FAR del 10 de marzo de 1979
y, especialmente, el reconocimiento del hecho ante la Comisión, gesto que
debe valorarse positivamente, desde la perspectiva de la reconciliación na-
cional.
La CEH considera que la ejecución arbitraria de Leopoldo Zúñiga
Seigne, es ilustrativa de la estrategia guerrillera de “ajusticiar”, al margen de
toda ley y violando las normas de la guerra, a personas que no eran com-
batientes y a quienes consideraba enemigos políticos, cuya muerte quedó
también en la impunidad.
Finalmente, la CEH estableció también, en la investigación de los res-
pectivos casos, la presunción fundada de que Luis Federico Castillo Mau-
ricio fue víctima de desaparición forzada cometida por agentes del Estado
y que Joaquín Ranferi Aguirre Villatoro fue también víctima de agentes es-
tatales, constituyendo su muerte una ejecución arbitraria.
La CEH considera que, tanto el tipo de “represalia” de la guerrilla, ma-
nifestado en la ejecución de Leopoldo Zúñiga, como la subsiguiente repre-
sión criminal de sindicalistas ilustran cómo opera, en un enfrentamiento
fratricida, el círculo vicioso de la violencia, al que tanto ha costado poner
fin en Guatemala.
331
I. ANTECEDENTES
Babeltzap es un caserío habitado por indígenas maya q’anjob’al, ubi-
cado a treinta minutos al este de la cabecera municipal de Barillas, depar-
tamento de Huehuetenango.
A mediados de 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) desa-
rrollaba una campaña de concienciación política en el caserío. Como par-
te de ésta, la guerrilla efectuó varias reuniones y muchos pobladores se in-
tegraron en las organizaciones del EGP. En el curso de una de las reunio-
nes tres personas fueron nombradas “representantes” del caserío. Al parecer,
otros se desempeñaron como combatientes en las filas del EGP. El resto de
la población pasó a desempeñar diferentes tareas logísticas, tales como co-
cinar y entregar alimentos al campamento guerrillero, que quedaba a unas
cinco horas a pie desde Babeltzap.
Mientras desarrollaba su la labor política el EGP realizó sabotajes alre-
dedor de la cabecera municipal de Barillas.
El 15 de junio de 1982 un pelotón del destacamento del Ejército se
presentó en la aldea La Palestina, vecina a Babeltzap, para organizar en va-
rias comunidades del municipio Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). A
partir de ese momento, todos los hombres de las aldeas concernidas debie-
ron patrullar, custodiando la aldea y participando en rastreos. Algunas pa-
trullas, consideradas por el Ejército como confiables, recibieron del desta-
camento de Barillas fusiles de asalto Máuser y M1.
1024
Sobre la tercera semana de junio dos guerrilleros visitaron a los tres re-
presentantes del EGP en la comunidad y les preguntaron dónde podían
conseguir armas y dinero. Uno de los representantes de Babeltzap condu-
jo a los guerrilleros al cantón San Felipe, donde entraron, a la fuerza, en
tres casas. Robaron las armas y el dinero que encontraron y golpearon a los
dueños. Al día siguiente, las víctimas de los guerrilleros se presentaron en
Caso ilustrativo No. 83
Masacre de pobladores maya
de Babeltzap en San Carlos Las Brisas
“Pensábamos morir por tanto dolor en nues-
tro corazón. Todavía cuando hablo de estos
acontecimientos siento mucha tristeza y me
da ganas de llorar”.
1023
1023 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
1024 Testigo directo CEH.
el destacamento de Barillas y denunciaron lo sucedido. Aseguraron que los
vecinos de Babeltzap eran guerrilleros. Entregaron una lista con diez nom-
bres de personas de esta comunidad que supuestamente pertenecían a la
insurgencia. De ellos, sólo uno era combatiente.
II. LOS HECHOS
El 27 de junio de 1982, a las tres de la mañana, las PAC de El Recreo,
La Palestina, San Carlos Las Brisas y Brisas Grande recibieron orden del
destacamento de Barillas: salir, de inmediato, en rastreo planteado para el
apresamiento de guerrilleros. La mayoría de los patrulleros de las diferen-
tes aldeas se dirigieron primero al cantón San Felipe y posteriormente a
San Carlos Las Brisas. Entre tanto, el comisionado militar de San Carlos
Las Brisas acompañó a una patrulla militar que se dirigió a Babeltzap, pa-
ra detener a los guerrilleros que constaban en la lista.
A las seis de la mañana, miembros del Ejército informaron a los patru-
lleros que se había capturado a diez guerrilleros procedentes de Babeltzap,
trasladados a continuación al destacamento militar de Barillas. Ordenaron,
además, que los jefes de patrullas se presentaran en dicho destacamento.
En las instalaciones militares los detenidos fueron torturados e interro-
gados. Un testigo de los hechos manifiesta: “Yo ví que estaban sangrando y
que los habían golpeado fuerte. Afuera siguieron golpeando a los diez señores y
les hicieron muchas preguntas. Después los pusieron en el calabozo”.
1025
A eso de las once y media de la mañana uno de los detenidos logró es-
capar del destacamento y a poca distancia saltó desde un puente hacia el
río, corrió a través del cauce hasta llegar a otro puente y subió otra vez a la
calle. Los soldados le perseguían gritando: “Allí va un guerrillero, agárren-
lo”.
1026
Al escuchar los gritos, muchos vecinos de Barillas empezaron a per-
seguir al fugitivo y a tirarle piedras. Consiguieron rodearlo, lo atraparon y
golpearon, causándole graves heridas. Luego intervinieron los soldados y
lo llevaron de nuevo al destacamento. La víctima exclamó: “Entrego mi vi-
da en sus manos. Soy inocente”.
1027
Al mediodía, los soldados sacaron a los diez presos del calabozo y los
pusieron delante de los patrulleros, los comisionados militares y otros sol-
dados. El teniente a cargo del mandó manifestó: “Por la culpa de ellos uste-
des tienen que patrullar y sufrir” y preguntó: “¿Ahora qué quieren ustedes que
hagamos con estos pisados?”
1028
El teniente decidió que los patrulleros y los
334
1025 Ibid.
1026 Ibid.
1027 Ibid.
1028 Ibid.
comisionados militares condujeran a los diez presuntos guerrilleros a San
Carlos Las Brisas, mientras que él se adelantaba en un vehículo. Antes de
partir, el teniente ordenó: “Llévense los pisados, pero hay que golpearlos fuer-
te en el camino”.
1029
Más de 100 patrulleros y comisionados militares cum-
plieron su orden. Trasladaron a los detenidos, a los que golpearon y patea-
ron a lo largo del camino.
Alrededor de las tres de la tarde llegaron a San Carlos Las Brisas. Allí
se encontraban también miembros de la comunidad de Babeltzap. Estos
habían recibido la orden de presentarse para celebrar una reunión, debien-
do portar sus machetes, palas, azadones y cédulas.
El teniente ordenó a su gente que rodearan a los vecinos de Babeltzap,
quienes tenían que mostrar sus cédulas al teniente, mientras los soldados
les pegaban. A los que no tenían cédulas o las mostraban en mal estado, les
acusaban de guerrilleros y les golpeaban más duro. Luego, les obligaron a
salir de San Carlos Las Brisas. Una de las personas de la comunidad de Ba-
beltzap cuenta:
“Tardamos un buen rato en San Carlos y por fin nos obligaron de sa-
lir. Queríamos quedar para ver qué iba a suceder porque tenían pre-
sos a diez hombres de nuestra comunidad. Uno era mi hermano. Pe-
ro a los que no salieron rápido, les propinaron patadas y incluso ame-
nazaron de dispararlos. Por eso corrimos y por miedo nos escondimos
en el monte”.
1030
Después de la salida de las personas, el teniente obligó a los diez pre-
suntos guerrilleros a formarse en una fila y dispuso la ejecución. Un testi-
go directo recuerda al teniente diciendo: “Ahora necesitamos 30 personas,
quienes estarán encargados de disparar a los pisados: 20 soldados, diez civiles,
más yo”.
1031
El teniente escogió a las 30 personas, que se alinearon y, una
por una, fusilaron a las víctimas. El mismo declarante detalla:
“En cada caso el teniente contaba, ‘uno, dos, tres’ y luego todos tenían
que disparar contra quien le tocaba el turno en la fila. Uno de ellos, al
esperar su turno, hincó la rodilla y mientras que estaba llorando empe-
zó a rezar diciendo: ‘saber por qué yo tengo que morir ahora. Soy ino-
cente’ Entonces se enojó mucho el teniente. Dijo: ‘¿Por qué este pisado
me está maldiciendo con su oración? Ahora acabamos con el pisado’ y
dio orden que le pusieran una arma en la boca y que le dispararan”.
1032
335
1029 Ibid.
1030 Testigo directo (vecino de Babeltzap) CEH.
1031 Testigo directo CEH.
1032 Ibid.
Después que hubieran ejecutado a todos los prisioneros, el teniente di-
jo: “Ahora estamos cansados. Por culpa de ellos ustedes tienen que patrullar pa-
ra poder matar tantos pisados, y estos pisados no quieren morir”.
1033
Tres de los
fusilados parecían estar con vida aún, por lo que unos soldados recibieron
la orden de darles el tiro de gracia. Sobre las cuatro y media de la tarde, los
diez detenidos estaban ya muertos.
No conforme con la muerte de las víctimas, el teniente ordenó a los
soldados, patrulleros y comisionados que mutilaran los cadáveres: “Para
terminar, ahora vamos a hacer los pisados picadillo. Ustedes tienen que hacer-
lo, porque yo ya estoy cansado de matar tantos pisados”.
1034
Entonces, sus su-
bordinados machetearon los cuerpos, dejándolos en pedazos. La orden
quedó cumplida.
Más tarde el militar a cargo reunió a su gente y les preguntó: “¿Y qué
sintieron ustedes? … Ahora experimentaron un valor para el futuro para ma-
tar pisados. Es un alcance. Ya saben ustedes que también pueden ser como sol-
dados”.
1035
Mientras los perros comenzaban a devorar los restos de los ejecutados,
los militares cavaron un hoyo detrás de la escuela de San Carlos Las Brisas.
Ahí enterraron a los difuntos. Uno de los presentes cuenta: “Para juntar los
pedazos de los cadáveres prestamos palas, azadones y machetes y los tiramos en
el hoyo. Tiramos sus cédulas encima, después tierra para cubrir el hoyo”.
1036
Eran las seis de la tarde. El teniente ordenó a los patrulleros que se queda-
ran para vigilar la fosa y los amenazó de muerte si se retiraban.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Tras esta masacre, la mayoría de la población de Babeltzap huyó y se
escondió en la montaña.
El 2 de julio, a cinco días de los hechos, un pelotón de soldados del
destacamento de Barillas arrasó el caserío de Babeltzap. Quemaron las ca-
sas, las siembras, los animales y todas las pertenencias de la gente. Sólo en-
contraron a un miembro de la comunidad, a quien detuvieron e hicieron
desaparecer. Según supieron más tarde algunos vecinos, lo habrían fusila-
do en el destacamento militar.
1037
La comunidad de Babeltzap sobrevivió al dolor y a las condiciones de
vida del desplazamiento. Uno de sus vecinos cuenta: “Estos tiempos sufrimos
mucho de hambre, sed, frío y enfermedades. Pensábamos morir por tanto do-
336
1033 Ibid.
1034 Ibid.
1035 Ibid.
1036 Ibid.
1037 Testigo de referencia CEH.
lor en nuestro corazón. Todavía cuando hablo de estos acontecimientos siento
mucha tristeza y me da ganas de llorar”.
1038
Entre junio y julio de 1982 el Ejército arrasó varias comunidades que
se ubican alrededor de la cabecera municipal de Barillas, departamento de
Huehuetenango: San Mateo,
1039
San Miguel,
1040
Ballí,
1041
Quiquil,
1042
Puen-
te Alto,
1043
Cananá.
1044
El 19 de diciembre de 1997 la Comisión solicitó al ministro de la De-
fensa Nacional información relativa a la masacre de diez patrulleros de Ba-
beltzap, ocurrida en San Carlos Las Brisas. En la respuesta dada por dicho
ministro, el día 5 de enero de 1998, “…niega rotundamente su responsabi-
lidad, por no ser política operacional institucional…” Sin embargo, agrega:
“…que no obran en los archivos de la Institución Armada registros relaciona-
dos con los hechos mencionados…”
1045
IV. CONCLUSIONES
Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de
que diez habitantes indefensos del caserío Babeltzap, fueron ejecutados ar-
bitrariamente por efectivos del Ejército de Guatemala y por miembros de
las patrullas de autodefensa civil que actuaron bajo su dirección. El hecho
constituye una grave violación del derecho a la vida.
También, la CEH llegó a la convicción de que numerosos pobladores
de Babeltzap, congregados por orden del Ejército en San Carlos Las Brisas,
fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en violación
de su derecho a la integridad personal.
La CEH está convencida, asimismo, de que el 2 de julio de 1982 los
soldados atacaron indiscriminadamente bienes civiles de la comunidad de
Babeltzap, arrasando la aldea, obligando a los pobladores a desplazarse ha-
cia la montaña y generando condiciones de vida que pudieron acarrear su
muerte. Como consecuencia de los sucesos de este día, miembros del Ejér-
cito detuvieron e hicieron desaparecer a un miembro de la comunidad.
La CEH considera que la ejecución de las diez personas y su posterior
mutilación constituyen actos que ilustran el menosprecio por la dignidad
humana que inspiró el castigo ejemplar de quienes eran considerados gue-
rrilleros.
337
1038 Testigo directo CEH.
1039 C 6022. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1040 C 6320. Julio, 1982. San Miguel Acatán, Huehuetenango.
1041 C 6187. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1042 C 6300. Junio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1043 C 6031. Julio, 1982. Barillas, Huehuetenango.
1044 C 6018. 1982. Barillas, Huehuetenango.
1045 Oficio No.002-MDN-acom/98.
Al analizar el conjunto de la operaciones militares, la CEH llegó a la
conclusión de que, en la masacre contra los pobladores de Babeltzap, los
efectivos del Ejército tuvieron la intención de eliminar a la comunidad me-
diante los hechos mismos que constituyeron la masacre del 27 de junio, la
quema de las casas, las siembras, animales y otras pertenencias, y por la
constante persecución de los desplazados. Todos estos hechos, evidencian
la intención del Ejército de destruir total o parcialmente a dicha comuni-
dad, lo que otorga al conjunto de estos actos un carácter genocida.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, torturas, privación de libertad
Víctimas colectivas/desconocidas: 2
338
Diego Domingo Felipe
Francisco de Francisco
Mateo Delgado
Mateo Delgado Sebastián
Mateo Sebastián
Pedro Francisco
Pedro Juan
Pedro Sebastián Diego
Sebastián Diego
Simón Pablo Pedro
I. ANTECEDENTES
A principios de los años setenta la comunidad de la aldea Coyá, mu-
nicipio de San Miguel Acatán, departamento de Huehuetenango, forma-
da por unas 500 familias indígenas maya q’anjob’al que vivían de la agri-
cultura, fundó una cooperativa que aglutinó a la mayoría de los vecinos de
la comunidad.
El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) empezó a operar por la
misma época en la zona. A mediados de la década de los setenta el EGP
realizó campañas de concienciación política. Su discurso giraba alrededor
de la distribución de la riqueza:
“Nos gustó bastante el mensaje de los guerrilleros. Nos explicaron que
en Guatemala sólo los ricos tienen terreno, mientras que son los pobres
que trabajan la tierra. ‘Eso no es justo, levantémonos todos para lu-
char por nuestra tierra’ decían vamos a quitar la tierra a los ricos y re-
partirlas entre los pobres”.
1046
A partir de 1978 el EGP realizó trabajo organizativo con los poblado-
res de las comunidades hasta consolidar sus bases sociales. Una viuda co-
menta sobre las formas de colaboración de la población: “Mi esposo tal vez
colaboraba de vez en cuando con la guerrilla dando un dinerito o algo de co-
mida, pero aparte de eso no tenía delito”.
1047
Coyá era una de las aldeas que
más colaboraba. Un excombatiente guerrillero estima que en Coyá el EGP
contaba con el apoyo mayoritario de la comunidad.
1048
Sobre la decisión de
organizarse, cuentan: “Cuando nos preguntaron de organizarnos con ellos, só-
lo poca gente no quería, pues todos éramos pobres y todos queríamos vivir me-
jor”.
1049
Se establecieron en la aldea las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y
un Comité Clandestino Local (CCL) y los pobladores aprendieron un sis-
Caso ilustrativo No. 84
Bombardeo y masacre en Coya,
San Miguel Acatán, Huehuetenango
1046 Testimonio colectivo CEH.
1047 Testigo directo CEH.
1048 Testigo directo (ex combatiente del EGP) CEH.
1049 Testimonio colectivo CEH.
tema de autodefensa en caso de un ataque militar. Una de sus estrategias
consistía en avisar a las comunidades vecinas para recibir ayuda en caso de
emergencia. Según un declarante, “se hacía ruidos con cohetes, cachos, pitos
y campanas para avisar cuando una aldea tuviera problemas…”
1050
A finales de 1979 el EGP fundó el Frente “Che Guevara”, que opera-
ba en la zona.
A mediados de 1981 miembros del Ejército empezaron a patrullar en
el área. En Coyá se produjeron dos incursiones. En una de ellas los pobla-
dores de la aldea, con la ayuda de comunidades vecinas que estaban orga-
nizadas, lograron que un grupo de soldados se alejara del lugar. Unas 200
personas gritaban que “…los soldados se vayan. La gente aglomerada carga-
ba machetes y palos. Los soldados se dieron cuenta que no tenían bastante fuer-
za y por lo tanto se retiraron”.
1051
II. EL BOMBARDEO
El 19 de julio de 1981, a las seis de la mañana, cerca de 300 efectivos
del Ejército destacados en Jacaltenango llegaron a Coyá. Lo hicieron por
diferentes vías, algunos incluso por un helicóptero que aterrizó en las in-
mediaciones de la aldea. Ubicaron morteros y dispararon sobre la comuni-
dad. Los soldados avanzaron, disparando a la gente que encontraba en el
camino.
Cuando los pobladores de la comunidad percibieron la presencia del
Ejército, dieron aviso a las aldeas vecinas. Hombres de Chimbán, Poza, Ix-
caná y Buena Vista acudieron en ayuda de la comunidad de Coyá. Sin em-
bargo, los soldados los interceptaron y mataron a 25 de ellos.
Al inicio del ataque la comunidad creía que con su solo sistema de au-
todefensa podría obligar a los soldados a irse del lugar, como había sucedi-
do en el pasado. Pero esta vez el sistema no resultó eficaz. Fueron los cam-
pesinos quienes en esta ocasión debieron huir.
A las siete y media de la mañana, un avión de guerra comenzó a
bombardear la aldea. Una y otra vez sobrevoló la misma dejando caer
bombas. La gente corrió a esconderse. Un sobreviviente de la comunidad
cuenta: “Nosotros nos escondimos en nuestras casas, abajo de la cama. La bu-
lla era increíble y lloramos de miedo … mucha gente se había escondido en
la montaña”.
1052
Luego del ataque aéreo los soldados ingresaron a la aldea. A las perso-
nas que encontraron fuera de sus casas, las mataron. También entraron con
340
1050 Testigo directo (ex combatiente del EGP) CEH.
1051 Testigo directo CEH.
1052 Ibid.
violencia en varias casas y mataron entre diez y veinte personas, algunas a
machetazos y a otras mediante disparos. Las ejecuciones fueron indiscri-
minadas, como se aprecia por el siguiente testimonio: “Los soldados mata-
ron a cinco personas, incluyendo una nena. Ellos sacaron vivas las cinco de sus
casas. Luego balearon a los cuatro adultos y mataron a machetazos a la nena,
cortaron su cuerpo. Se oyeron los gritos de las víctimas hasta la comunidad …
Mi hija sufrió una bala en el costado. La bala penetró su cuerpo y salió al otro
lado”.
1053
No existe una cifra que precise la cantidad de víctimas, debido a que
muchas pertenecían a las aldeas vecinas. Sin embargo, sobre la base de los
diferentes testimonios y los antecedentes, la CEH estima que en este ata-
que murieron unas 45 personas.
Después del bombardeo los soldados reunieron en la iglesia a todos los
sobrevivientes que encontraron, manteniéndolos encerrados hasta el día si-
guiente. Un declarante afirma que estando allí “oí cuando el jefe hablaba por
radio con la zona de Huehue preguntando si tenían que matar a nosotros. Es-
cuché que contestaron que podían matar sólo a los que tenían armas. Como
nadie tenía una arma, no mataron a nadie. Después, una noche y medio día
en la iglesia, nos dejaron en libertad”.
1054
Los soldados sacaron a 18 hombres de la iglesia y los encarcelaron du-
rante 18 días, en una casa abandonada de un estadounidense, donde los
golpeaban con frecuencia.
Los soldados permanecieron más de dos meses en Coyá. En este tiem-
po violaron sexualmente a varias mujeres y robaron comida y objetos de
valor. “Estos meses eran como una pesadilla. Los soldados nos robaron mucha
comida, violaron a muchachas y abusaron mucho a la gente, dando pateadas
y andando asustando a mujeres y ancianos. Ellos se comportaban como ani-
males”.
1055
III. MASACRE EN LA MINA EL ROSARIO
El 28 de septiembre de 1981, a la una de la mañana, los soldados sa-
caron a 29 vecinos, todos hombres, de sus casas. Sus nombres aparecían en
una lista como supuestos guerrilleros de la comunidad. Todos eran miem-
bros activos de una cooperativa.
A uno que aparecía en la lista, los soldados le dijeron: “Sálgate, porque
esta casa está denunciada”.
1056
Al no escuchar respuesta, dispararon. Una ba-
341
1053 Testigo de referencia CEH.
1054 Testigo directo CEH.
1055 Ibid.
1056 Ibid.
la atravesó la puerta e hirió a la víctima, que se encontraba detrás de ella.
Al entrar a la casa lo remataron. Un testigo presencial cuenta: “Los soldados
le dijeron ‘eres denunciado’ y le pusieron otra bala”.
1057
Encarcelaron a los hombres en la casa desocupada de un estadouni-
dense. Las esposas de los encarcelados mostraban a los soldados las cédu-
las de sus maridos para probar que hubo una equivocación en la identidad.
De esta forma diez hombres fueron puestos en libertad, al no coincidir sus
nombres con los que constaban en la lista. Las mujeres de los 19 que per-
manecieron detenidos intentaron llevar comida a sus esposos pero los sol-
dados lo impidieron, profiriendo amenazas.
Durante cuatro días los torturaron. Un poblador detalla:
“Los soldados los tenían amarrados como si fueran pelotas, y de hecho
durante los cuatro días jugaron fútbol con los pobres señores. Incluso los
habían desnudado y de noche los echaron agua. Como que sobre todo
en estos meses hace mucho frío en Coyá, los hombres se estaban conge-
lando y temblando de frío … no recibieron ni comida ni agua”.
1058
Otro habitante afirma: “Los soldados los estaban golpeando duro con sus
armas, con lazos y con puntapiés. Sangraron bastante y tenían las caras hin-
chadas”.
1059
El 1 de octubre, en torno a las cinco de la mañana, los soldados saca-
ron a los presos y los llevaron descalzos, con los pies y las manos amarra-
das, a una cueva a la par de una antigua mina de cobre, conocida como “El
Rosario”. A eso de las siete de la mañana, les dispararon. Luego echaron
granadas en la cueva para asegurarse de que ninguna de las 19 víctimas so-
breviviese. A lo lejos, la comunidad escuchó el tronar de las armas: “Oímos
las bombas hasta aquí en la comunidad … parece que unos hombres sobrevi-
vieron los disparos y por lo tanto los soldados echaron bombas en la cueva pa-
ra matarlos a todos”.
1060
IV. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Días después de la masacre los soldados se retiraron de la aldea y se
ubicaron en la cabecera municipal de San Miguel Acatán.
Durante algunos años, en Coyá vivieron únicamente alrededor de 40
familias de las casi 500 que la poblaran originalmente. Las restantes se des-
plazaron a la montaña o se refugiaron en México.
342
1057 Ibid.
1058 Ibid.
1059 Ibid.
1060 Testigo de referencia CEH.
En 1982, con las personas que se habían quedado en Coyá, el Ejérci-
to organizó las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La ofensiva militar
del Ejército provocó un cambio de actitud hacia la guerrilla. La comuni-
dad empezó a rechazarla. Un vecino de la comunidad comentó: “Vimos
que la guerrilla nos había engañado con promesas que no podía cumplir y de-
bido a nuestra organización, el Ejército ahora quería matarnos. A partir de es-
te momento ya no queríamos participar con los guerrilleros”.
1061
Aproximadamente año y medio después de la masacre, las viudas au-
xiliadas por catequistas de la comunidad recuperaron los cadáveres de sus
esposos de la cueva en que se encontraban y los enterraron en el cemente-
rio de Coyá.
La CEH solicitó al señor ministro de la Defensa Nacional, por nota
de fecha 19 de diciembre de 1997, información con respecto al caso. El
ministro respondió el 5 de enero de 1998, negando “rotundamente” la res-
ponsabilidad del Ejército de Guatemala. Además informó “…que no obran
en los archivos de la Institución Armada registros relacionados con los hechos
mencionados…”
1062
V. CONCLUSIONES
Estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la convicción de
que, el 19 de julio de 1981, efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron
arbitrariamente a aproximadamente 45 pobladores indefensos —hombres,
mujeres y niños— de varias comunidades del municipio San Miguel Aca-
tán, Huehuetenango, al atacar indiscriminadamente la población de Co-
yá, en violación de su derecho a la vida.
La CEH llegó, también, a la convicción de que, a partir de la misma
fecha y durante más de dos semanas, efectivos del Ejército de Guatemala
detuvieron arbitrariamente y sometieron a torturas a 18 hombres indefen-
sos, en violación de sus derechos a la libertad e integridad personales.
De igual modo, la CEH arribó a la convicción de que, entre el 28 de
septiembre y el 1 de octubre de 1981, efectivos del Ejército violaron se-
xualmente a dos mujeres, ejecutaron arbitrariamente a una persona y tor-
turaron y ejecutaron arbitrariamente a 19 hombres de Coyá, en violación
de sus derechos a la vida y la integridad personal.
La participación de los pobladores de Coyá en organizaciones de apo-
yo a la guerrilla no otorga justificación alguna, ética o jurídica, a estos crí-
menes.
343
1061 Testigo directo CEH.
1062 Oficio No. 002-MDN-acom/98.
La repetición y ensañamiento de los actos de violencia criminal con-
tra los habitantes de la comunidad de Coyá, a los que la Institución
Armada identificaba con la guerrilla, demuestra la intención del mando
responsable del Ejército de Guatemala de eliminar parcial o totalmente a
este grupo étnico. Esta intención se manifestó en las ejecuciones masivas,
la tortura, el desplazamiento forzado y la creación de condiciones de vida
que podían traer como consecuencia la muerte, por hambre, frío o enfer-
medad. El conjunto de estos hechos determina su carácter genocida.
Finalmente, el desconocimiento del hecho por el Ministerio de la De-
fensa Nacional, luego de ser requerido por la CEH, en nada contribuye a
la consecución de la verdad y la reconciliación nacional.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Ejecución arbitraria, torturas, privación de libertad
Herido en atentado
Cristóbal Antonio
Otras violaciones
María Francisco Pascual
Víctimas colectivas/desconocidas: 147
344
Andrés Juan
Andrés Miguel
Antonio Mateo Andrés
Diego Martín
Dolores Miguel
Juan Andrés
Juan Manuel
Juan Miguel
Juan Miguel
Lorenza Matías Diego
Martín Martín
Manuel Pedro Manuel
Miguel Diego
Miguel Felipe
Miguel Martín
Pascual Felipe
Pascual Pedro Miguel
José Andrés
Agustín Matías
Alonso Andrés
Alonso Francisco
Andrés Méndez
Baltazar Martín
Diego Sebastián
Diego Tomas
Francisco Diego
Francisco López
Francisco Pascual María
José Martín Pascual
Manuel Andrés
Martín Andrés Méndez
Martín Matías
Martín Pascual Juan
Matías Martín
Mendes Andrés
Miguel Martín Tomas
Miguel Matías
I. ANTECEDENTES
La finca San Francisco, ubicada en el municipio de Nentón, al norte
del departamento de Huehuetenango, habitado por mayas de habla chuj,
era, al comenzar la década de los ochenta, propiedad del coronel retirado
Víctor Manuel Bolaños. Tenía unas 30 caballerías de extensión (135 hec-
táreas), en las que se cultivaban cardamomo, caña y café; contaba, además,
con 400 cabezas de ganado.
El dueño de la finca dejó de visitar el lugar en febrero de 1981, des-
pués que la guerrilla ejecutó al administrador de la vecina finca Chaculá
1064
y que su administrador le advirtiese para que no volviera. Alrededor del 15
de diciembre de 1981, integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP) pasaron por la finca San Francisco, quemaron la casa del patrón y
robaron algún ganado.
En la zona existían tres campamentos guerrilleros, con un máximo de
cincuenta hombres cada uno. Durante ocho meses el EGP tuvo control so-
cial en la zona.
Debido a su posición geográfica (cercanía de la frontera con México)
y a la presencia del EGP, desde mediados de 1981 hasta finales de 1982 los
municipios del norte de Huehuetenango, incluido Nentón, fueron objeto
de represión estatal dirigida contra líderes locales, grupos familiares y co-
munidades enteras.
La escalada represiva aumentó en el mes de julio de 1982. El 12 de ese
mes efectivos del Ejército entraron por el camino que conduce hacia Nen-
tón, llegaron a Sebep y dieron muerte a 38 personas.
1065
El 14 de julio, fue-
Caso ilustrativo No. 18
Masacre en la Finca San Francisco
Nentón, Huehuetenango
“…El Ejército estaba preparando algo muy
grave … fueron matando uno por uno has-
ta las cuatro de la tarde … Ellos salieron co-
rriendo para informar a otras aldeas lo que
estaba pasando en San Francisco; por eso
muchos logramos salir a tiempo y venimos a
este lugar [México] en donde se nos dio apo-
yo”.
1063
1063 Testigo CEH.
1064 C 5731. Febrero, 1981, Nentón, Huehuetenango. Un mes después, miembros de la guerrilla
ejecutaron a otro administrador de la finca, junto a su familia.
C. 5730. Marzo, 1981, Nentón, Huehuetenango.
1065 C 6075. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
ron 89 las personas masacradas por los soldados en el caserío Petanac
1066
y
otros ocho los ejecutados en Yolcultac.
1067
Al día siguiente, 15 de julio,
miembros del Ejército que venían desde Barillas, pasando por San Mateo
Ixtatán, ejecutaron a cinco personas en Bulej,
1068
para luego seguir camino
hacia Yalambojoch y llegar, finalmente, a la finca San Francisco.
II. LOS HECHOS
El 17 de julio de 1982, a las diez de la mañana, gran cantidad de sol-
dados y un helicóptero que transportaba a un capitán y a otros cuatro ofi-
ciales, todos pertenecientes a la zona militar 19 de Huehuetenango, llega-
ron a la finca San Francisco. No había presencia alguna de la guerrilla en
el lugar.
Pasaron casa por casa haciendo salir a todos los habitantes, porque se
realizaría una reunión. “Los soldados se vieron enojados, aquí con nosotros y
ya no nos preguntaron si estábamos viendo guerrilla, sino véngase que tenemos
una ‘junta’, vamos a tratar de reunirnos a tratar de hablar cosas. Pasaron los
ejércitos entre las casas y se llevaron a las mujeres, a nuestros hijos, todo. Era el
día 17 de julio…”
1069
Después procedieron a agrupar a las mujeres y a los niños en la igle-
sia, y a los hombres y ancianos los reunieron en la alcaldía auxiliar. Todos
los hombres fueron registrados “en ese tiempo tenía yo reloj y tenía yo algo de
dinero en la bolsa y me desbolsaron todo de una vez”.
1070
Un grupo de solda-
dos penetró en las viviendas desocupadas y se apropió de todo lo que ha-
bía en ellas (comida, dinero, grabadoras, radios, relojes).
Un sobreviviente recuerda que, cerca del mediodía, obligaron a dos de
los colonos a traer “un mancuerno de bueyes capados que ellos van a comer,
que van a empezar a celebrar una fiesta, así nos dijo el jefe. Pero que [los ani-
males] sean de ustedes, no del patrón”.
1071
Hacia las dos de la tarde sacaron a las mujeres de la iglesia, en grupos
de 10 y 20; algunas escaparon hacia las casas. Treinta soldados las siguie-
ron y entraron tras ellas. Se escucharon gritos. Varias mujeres fueron vio-
ladas, pero no fue posible conocer cuántas, porque, inmediatamente des-
pués, prendieron fuego a las casas. Las mujeres fueron quemadas vivas.
A los niños y niñas que estaban en la iglesia los sacaron agarrados de
los pies y les golpearon, como sacos, contra unas columnas de madera. Un
346
1066 C 6074. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1067 C 6116. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1068 C 6075. Julio, 1982. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
1069 Testigo CEH (sobreviviente).
1070 Testigo CEH (sobreviviente).
1071 Ibid.
testigo presencial dice: “Después de haber matado a nuestras señoras, sacaron
nuestros hijos, chiquitos de diez años, ocho, cinco y cuatro años, nomás los aga-
rraban las patas y los giman y los somatan en los horcones de las casas y como
quedan pedaceados los cerebros de los chiquitos como masa de maíz. Yo tenía
seis hijos, todos murieron … también mi esposa. Ninguno quedó vivo”.
1072
Continuaron con los ancianos. Les ataron las manos, los acostaron bo-
ca arriba en el piso y simularon que les mataban. Otro testigo declara:
“…Empezaron a sacar a los ancianos, los acostaron en el suelo y le pasaban un
machete sin filo por el cuello, y los viejecitos gritaban y qué culpa tenían ellos del
dolor que están sufriendo, así murieron como quince ancianos … Después em-
pezaron a sacar la gente que son potentes…”
1073
Más tarde los degollaron de
verdad. “…Trajeron a los viejitos, los mataron con machetes viejos y sin filo”.
1074
Por último, a los hombres los eliminaron por grupos. Señalándolos, les
decían: “Ustedes vengan afuera”. Un sobreviviente relata: “Nosotros teníamos
mucho miedo, porque sabíamos que nos iban a matar, lo mismo que nuestras
esposas y niños, hablábamos entre nosotros, los soldados dijeron: ‘¿Qué piensan
ustedes? ¿Por qué hablan tanto allí adentro?, Nosotros no le vamos a hacer na-
da’. Algunos rezábamos a Dios que salvara nuestras vidas, no había nada más
que hacer … Veía cómo a mis compañeros los desnudaban, les quitaban las ca-
misas usándolas para taparles los ojos y las manos se las amarraron detrás y los
echan boca arriba y un Ejército para cada persona para echarles balazos ….
Los demás ejércitos agarran la gente como halar un perro muerto, los arrastran
como animales y los llevan hasta la iglesia y los dejan tirados. Dejaron amon-
tonada a la gente”.
A las cinco de la tarde sólo quedaban vivos, en la sede de la alcaldía au-
xiliar, una veintena de campesinos. Cuatro de éstos aprovecharon un des-
cuido de los soldados e intentaron escapar por la ventana. Uno de los que
huían fue descubierto y acribillado a balazos, pero los otros tres lograron
huir. Corrieron entre las balas, “…Empecé a correr y escuché cuando los sol-
dados dijeron, ahí va otro, chorros de balas detrás de mí, sonaban como tirar
piedras, un montón de grava, así con curvas me voy, así no me lograban ma-
tar, al fin como estaba oscureciendo salí un rato más allá y había una macoya
y por allí abajo de esa me metí, me quedé allí, y pensé, que me maten aquí, ya
yo estaba cansado por el susto y por la balacera siempre desmaya uno…” Fi-
nalmente, lograron reunirse: “Nos juntamos a medio camino, a una legua de
San Francisco, y nos fuimos camino a la frontera con México, llegamos entre
las cuatro y las seis de la mañana del día 18. Toda la noche estuvimos andan-
do bajo agua y lodo, sin luz, a veces gateando, a veces caminando, debido al
mal camino…”
347
1072 Ibid.
1073 Ibid.
1074 Testigo directo CEH.
Una de las personas que habían sido enviadas a buscar los bueyes no
quiso regresar al lugar y observó lo que pasaba desde lejos. Este testigo afir-
ma que una vez que los soldados concluyeron la masacre, pusieron al fue-
go la carne de los bueyes que habían destazado y comieron, bebieron y bai-
laron con la música de las radio-grabadoras que robaron de las casas.
Antes de marcharse, prendieron fuego a la aldea.
En San Francisco murieron aproximadamente 350 personas de la po-
blación civil.
III. HECHOS POSTERIORES
El administrador de la finca también había presenciado la masacre. Al
día siguiente, el 18 de julio de 1982, fue llevado por efectivos del Ejército
a la finca Yalambojoch, vecina a la de San Francisco. Según un testigo, con-
centraron a toda la población y dijeron al administrador que señalara quié-
nes más habían colaborado con la guerrilla. No respondió palabra y lo tor-
turaron frente a todos. La víctima pedía que le dieran muerte. Fue balea-
do un kilómetro antes de llegar a Bulej.
1075
Los hechos ocurridos en la finca San Francisco fueron conocidos por
los habitantes de las aldeas aledañas. La noticia se extendió por toda la re-
gión y fue una de las principales causas del desplazamiento hacia México
de los pobladores de las aldeas localizadas en la zona fronteriza con ese país
y con las montañas de San Mateo Ixtatán. En su mayoría pertenecían al
grupo étnico maya Chuj.
Entre julio y agosto de 1982, cerca de nueve mil personas huyeron ha-
cia México. Fueron abandonadas por completo las aldeas Yolambojoch,
Yuxquén, Santa Elena, Yulaurel, La Ciénega, Yolacatón, Buena Vista, Yal-
toyá y El Quetzal; y quedaron parcialmente abandonadas las aldeas La Tri-
nidad, El Aguacate, La Palma y Gracias a Dios. Según datos arrojados por
la Encuesta del Programa de Apoyo para los Vecinos del Altiplano (PAVA),
en 1984 cuarenta y cinco aldeas o fincas fueron abandonadas en el muni-
cipio de Nentón.
La mayoría de las aldeas desaparecieron.
En la actualidad muchos de los campesinos desplazados han retorna-
do a la finca Chaculá, ubicada en Huehuetenango, a la que denominaron
Nueva Esperanza.
348
1075 Testigo directo CEH. C 5717. Julio, 1982, Nentón, Huehuetenango.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que efectivos del Ejército de Guate-
mala ejecutaron a pobladores inermes de la finca San Francisco, en viola-
ción de sus derechos humanos.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que mujeres, an-
cianos y niños de esa finca sufrieron violaciones de su derecho a la integri-
dad física y moral, cometidas por los mismos agentes del Estado.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la aplicación, en
Huehuetenango, de las denominadas operaciones de “tierra arrasada”, con-
cebidas para el aniquilamiento de los elementos civiles que apoyaban a la
guerrilla y el arrasamiento de sus cultivos colectivos, acciones que, en la
práctica condujeron al exterminio casi total de comunidades inermes y a la
destrucción de las áreas que habitaban.
La CEH analizó el conjunto de la operación que culminó con la eli-
minación masiva de la comunidad de San Francisco, en el que destacan ac-
tos de crueldad que no eran necesarios para cumplir el sólo objetivo crimi-
nal de exterminar físicamente a las personas, como son las violaciones se-
xuales y las vejaciones y tratos crueles inferidos a menores y ancianos, y ac-
ciones explícitas de destrucción como el incendio de la aldea. La CEH
concluye que el único propósito concebible de estas gravísimas violaciones
de derechos humanos fue el exterminio de la comunidad.
El desplazamiento masivo de los sobrevivientes de San Francisco y de
habitantes de otras comunidades aledañas, provocado por la masacre, es
ilustrativo del carácter forzado de la mayoría de los casos de éxodo de cam-
pesinos indígenas en la década de los ochenta.
La CEH después de haber analizado los antecedentes y los hechos que
constituyeron la masacre de la finca San Francisco el 17 de junio de 1982,
concluyó que hubo intención del Ejército de Guatemala de destruir total
o parcialmente a dicha comunidad, lo que le otorga al conjunto de estos
actos un carácter genocida.
1076
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
349
1076 Véase capítulo segundo, Genocidio.
Ana Pérez Ramos
Ana Ramos Pérez
Ana Ramos Ramos
Andrés Alonzo Mateo
Bartolo Pérez
Andrés Gómez Domingo
Baltazar García Paiz
Bartolo Pérez Mendoza
Ejecución arbitraria, privación de libertad
350
Bartolo Ramos Pérez
Catarina Pérez Mendoza
Catarina Ramos
Catarina Ramos Pérez
Diego Ramos Pérez
Eulalia Alonso
Eulalia Marcos
Felipe García Pérez
Felipe Gómez Diego
Francisco García Paiz
Francisco Paiz García
Francisco Paiz Pérez
Isabel Pérez Ramos
Ana Mendoza
Isabela García Lucas
Isabela García Marcos
Joaquín García
José García
Juan Antonio García
Juan Alonzo Mateo
Juana García Paiz
Juana Lucas Pérez
Marcos García Lucas
María Marcos
María Pérez Ramos
Mateo García Lucas
Mateo Lucas Ramos
Mateo Paiz García
Mateo Ramos Diego
Mateo Ramos Paiz
Pascual Gómez
Pascual Pérez Ramos
Pascual Ramos Ramos
Petrona Pérez Mendoza
Alberto García S.
Ana García P.
Ana Gómez Andrés
Ana Mendoza
Ana Paiz Domingo
Ana Paiz Ramos
Ana Paiz Ramos
Ana Paiz Ramos
Ana Pérez Mendoza
Ana Pérez Ramos
Ana Ramos
Ana Ramos García
Ana Ramos Pérez
Ana Santizo
Ana Silvestre Lucas
Andrés García D.
Andrés López Paiz
Andrés Lucas B.
Andrés Lucas Carmelo
Andrés Lucas García
Andrés Lucas R.
Andrés Paiz D.
Andrés Paiz García
Andrés Paiz Lucas
Andrés Ramos
Andrés Ramos Ramos
Andrés Santizo
Angelina Domingo P.
Angelina Marcos
Angelina Paiz
Angelina Paiz
Angelina Paiz García
Angelina Paiz García
Angelina Paiz Ramos
Angelina Paiz Ramos
Angelina Paiz Silvestre
Angelina Pérez
Angelina Ramos García
Angelina Ramos L.
Angelina Santizo
Angelina Silvestre Lucas
Angelina Silvestre R.
Antonio García
Baltasar Paiz García
Baltazar Gómez R.
Bartolo García
351
Bartolo García L.
Bartolo García Pérez
Bartolo García Silvestre
Bartolo Gómez García
Bartolo Gómez García
Bartolo Ignacio
Bartolo Mendoza Pérez
Bartolo Paiz,Ramos
Bartolo Pérez
Bartolo Pérez Domingo
Bartolo Pérez Paiz
Bartolo Santizo
Catarina García L.
Catarina García P.
Catarina García Paiz
Catarina Lucas
Catarina Lucas R.
Catarina Lucas Velasco
Catarina Paiz
CatarinaPaiz R.
Catarina Paiz Ramos
Catarina Pérez Domingo
Catarina Pérez Lucas
Catarina Pérez Mendoza
Catarina Pérez Paiz
Catarina Ramos
Catarina Ramos
Catarina Ramos I.
Catarina Ramos Lucas
Diego García Velasco
Diego Lucas Pérez
Diego Lucas R.
Diego Ramos Andrés
Diego Ramos García
Domingo Paiz
Eulalia Alonzo
Eulalia Andrés
Eulalia Ignacio
Eulalia Lucas Paiz
Eulalia Marcos M.
Eulalia Paiz
Eulalia Paiz
Eulalia Paiz
Eulalia Paiz D.
Eulalia Paiz R.
Eulalia Sebastián
Federico Paiz García
Felipe Pérez Paiz
Felipe Silvestre Santizo
Francisco Paiz
Francisco Paiz D.
Francisco Paiz Domingo
Francisco Paiz García
Francisco Paiz Paiz I.
Francisco Paiz Pérez
Francisco Pérez I.
Francisco Silvestre Lucas
Francisco Silvestre R.
Gaspar Domingo R.
Gaspar Gómez G.
Gaspar Marcos M.
Gaspar Santizo G.
Isabel Paiz Domingo
Isabel Pérez Paiz
Isabel Pérez Ramos
Isabela Domingo
Isabela Domingo Paiz
Isabela García
Isabela García
Isabela García S.
Isabela García Silvestre
Isabela Lucas
Isabela Paiz
Isabela Paiz Domingo
Isabela Paiz García
Isabela Paiz García
Isabela Paiz Paiz
Isabela Pérez
Isabela Pérez
Isabela Ramos
Isabela Ramos I.
Isabela Silvestre Lucas
Jorge Santizo
Jorge Santizo D.
352
Jorge Santizo D.
Juan Marcos G.
Juan Santizo D.
Juana Diego D.
Juana García Silvestre
Juana Lucas
Juana Lucas
Juana Lucas Lucas
Juana Lucas Paiz
Juana Lucas Paiz
Juana Marcos R.
Juana Martín
Juana Paiz García
Juana Paiz García
Juana Paiz R.
Juana Pérez Domingo
Juana Ramos García
Juana Ramos M.
Juana Ramos R.
Lucas García D.
Lucas Mendoza
Lucas Paiz
Lucas Paiz R.
Lucas Paiz Ramos
Lucas Ramos Mendoza
Magdalena Lucas
Magdalena Lucas Miguel
Magdalena Marcos G.
Marcos Domingo P.
Marcos Domingo R.
Marcos Gómez S.
Marcos Lucas
Marcos Lucas García
Marcos Lucas Mateo
Marcos Lucas P.
Marcos Lucas Paiz
Marcos Paiz Lucas
Marcos Ramos L.
María García
María García
María García L.
María García S.
María García Silvestre
María García Velasco
María Gómez Andrés
María Gómez García
María Gómez R.
María Gómez R.
María Ignacio P.
María Lucas
María Lucas
María Lucas G.
María Paiz
María Paiz
María Paiz
María Paiz Domingo
María Paiz García
María Paiz García
María Paiz García
María Paiz García
María Paiz R.
María Paiz Silvestre
María Pérez
María Pérez R.
María Ramos
María Ramos
María Ramos García
María Ramos Juan
María Ramos Mendoza
María Ramos Paiz
María Silvestre
María Silvestre R.
Martín Pérez Domingo
Mateo Domingo R.
Mateo Gómez G.
Mateo Gómez García
Mateo Gómez García
Mateo Gómez P.
Mateo Gómez R.
Mateo Gómez R.
Mateo Gómez S.
Mateo Lucas
Mateo Lucas Lucas
Mateo Lucas Paiz
Víctimas desconocidas: 40
353
Mateo Lucas Paiz
Mateo Paiz
Mateo Paiz García
Mateo Paiz Lucas
Mateo Paiz R.
Mateo Paiz Ramos
Mateo Paiz Velasco
Mateo Pérez Ramos
Mateo Ramos Diego
Mateo Ramos García
Mateo Ramos L.
Mateo Ramos Lucas
Mateo Ramos P.
Mateo Ramos Paiz S.
Mateo Ramos Pérez
Mateo Ramos Ramos
Mateo Silvestre Ramos
Miguel García
Miguel García Domingo
Miguel García Paiz
Miguel Lucas
Miguel Lucas S.
Miguel Mendoza
Miguel Paiz L.
Miguel Ramos Lucas
Miguel Silvestre Lucas
Pascual Gómez Ramos
Pascual Lucas
Pascual Mendoza
Pascual Paiz
Pascual Pérez Gómez
Pascual Pérez Ramos
Pascual Ramos G.
Pascual Ramos Mendoza
Pascual Ramos P.
Pascual Silvestre
Pascuala Paiz Domingo
Pedro Gómez P.
Pedro Marcos Martín
Pedro Pérez
Pedro Pérez Domingo
Pedro Pérez G.
Pedro Pérez García
Pedro Ramos Pérez
Pedro Ramos Pérez
Petrona Domingo
Petrona García L.
Petrona García S.
Petrona Lucas
Petrona Mendoza
Petrona Pérez Mendoza
Petrona Ramos Mendoza
René Gómez G.
Sebastián Pérez Domingo
I. ANTECEDENTES
La aldea Xemal está ubicada en el municipio de Colotenango, en el sur
del departamento de Huehuetenango. El municipio de Colotenango limi-
ta al norte con los municipios de San Pedro Necta y Santiago Chimalte-
nango, al sur con el municipio de San Gaspar Ixchil, al Oriente con los
municipios de San Juan Atitán y San Rafael Petzal, y al occidente con el
municipio de Ixtahuacán.
En 1978 se formó el Comité de Unidad Campesina (CUC) en Hue-
huetenango. Esta organización llegó a ser la más grande del departamen-
to, hasta que a finales de 1981 quedó desarticulada en realidad como con-
secuencia de la represión a que fueron sometidos sus integrantes. En los úl-
timos meses de 1978 se informó sobre el primer hecho de violencia come-
tido contra dirigentes del CUC en Huehuetenango;
1078
“…cuando empezó
a organizarse el CUC, la gente lo recibió con entusiasmo porque buscaba un
cambio social y político. En 1980 los líderes del CUC fueron muy presionados,
tanto en la capital como en Huehuetenango, y tuvieron que irse a México …,
cae Vicente Menchú, Domingo Hernández miembro de la dirección nacional
[del CUC], se va al refugio…”
1079
En febrero de 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) reali-
zó la primera acción militar en la región. A esta acción militar se sumó el
“ajusticiamiento” de tres finqueros, uno de los cuales era comisionado mi-
litar y los otros dos supuestos colaboradores del Ejército. En octubre del
mismo año el EGP tomó el control de la única vía de acceso al noreste de
Huehuetenango. Durante los primeros meses de 1982 el EGP realizó em-
boscadas contra el Ejército en la carretera interamericana, además de que-
Caso ilustrativo No. 27
Masacre de Xemal
Colotenango, Huehuetenango
“He visto un hoyo muy grande; allí estaban
tirados los cuerpos; pensé que vi a mi hijo en-
tre ellos; los soldados tiraron una granada y
todos los cadáveres estaban en pedazos, pude
ver brazos y piernas y mucha sangre por to-
dos lados, había unas treinta personas dentro
de este hoyo”.
1077
1077 Testigo directo CEH. Agosto, 1982.
1078 Ibid.
1079 Testigo de referencia CEH.
ma de alcaldías, voladura de postes de energía eléctrica y de los puentes El
Boquerón, El Cable y Chanjón, y emprendió asimismo el ataque al desta-
camento militar de la aldea Tixel, ubicado en ese tiempo en la escuela del
lugar.
En 1982 el Ejército de Guatemala lanzó el plan de campaña Victoria
82 dirigido contra los frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país.
Gran parte de esta ofensiva militar se concentró en las áreas que se halla-
ban bajo la influencia del EGP, debido a que dicha organización contaba
con el apoyo de los pobladores de esa región.
Así, en el Anexo H del plan de campaña Victoria 82, relativo a la Es-
trategia Militar, el Ejército destaca que: “…se niegue el acceso a los subversi-
vos a la población que constituye su base de Apoyo Político Social …” Y con-
cluye: “La misión es aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas”.
De igual forma, en el mismo Anexo H del plan de campaña Victoria
82, el Ejército determinó que “…existe subversión, porque un pequeño gru-
po de personas la apoyaron, y un gran número de personas la toleran, ya sea
por temor o porque existen causas que la generan. La guerra se debe combatir
en todos los campos …. La mente de la población es el principal objetivo…”
El proceder del Ejército durante la aplicación del plan de campaña
Victoria 82, estuvo determinado por la percepción que la Institución
Armada tenía del nivel de relación con los insurgentes de la población. Así,
la represión en algunos lugares fue indiscriminada, mientras que en otros
fue selectiva, dependiendo de la información proporcionada por la Inteli-
gencia militar.
En julio de 1982 las autoridades militares convocaron a los vecinos de
los municipios de San Pedro Necta, Colotenango, Santiago Chimaltenan-
go, La Libertad y La Democracia a una reunión en la aldea Camojaíto,
municipio de La Democracia. En la reunión quedaron organizadas las Pa-
trullas de Autodefensa Civil (PAC) de la región. Con la implantación de
las PAC el Ejército alcanzó el objetivo estratégico de constituir un poder
local afín, supeditado, y que estuvo directamente implicado en la lucha
contrainsurgente.
1080
El 7 de agosto de 1982 la guerrilla dinamitó el puente Chanjón sobre
el río Selegua, donde el Ejército pasaba registro a las camionetas que ve-
nían de la cabecera departamental y de La Mesilla, frontera con México, y
donde se requerían los documentos de identificación personal a los pobla-
dores.
1081
A raíz de esa acción, el Ejército ordenó a las PAC de San Pedro Necta
custodiar todo el tiempo los puentes tendidos sobre el río Selegua. La vi-
356
1080 Testigo de referencia CEH.
1081 Ibid.
gilancia de estos puentes se convirtió en la principal función de las PAC
del lugar durante el enfrentamiento armado. Ese mismo año el Ejército
instaló un destacamento militar en la comunidad El Cable, con el fin de
evitar el bloqueo por parte de la guerrilla, de la carretera Interamericana.
1082
El Ejército ya había detectado entonces la simpatía con que contaba el
EGP en varias de las comunidades de los municipios de Colotenango y La
Democracia, entre las cuales se encontraban las aldeas Bella Vista, Tixel,
Ical y Xemal, y así también los caseríos Chanjón y El Chorro.
II. LOS HECHOS
El 9 de agosto de 1982 por la mañana, hombres fuertemente armados,
vestidos de civil y que aseguraban ser guerrilleros, llegaron cerca del case-
río Chanjón, a la orilla de la carretera Interamericana. Convocaron a los
habitantes del lugar y a los trabajadores de las fincas cercanas y les indica-
ron que debían acompañarlos, diciéndoles: “Ustedes tienen que venir con
nosotros, para ayudarnos a matar a los soldados”.
1083
Los vecinos se dieron
cuenta de que los hombres armados eran soldados, dado que, según los de-
clarantes, usaban botas de cuero de las usadas por el Ejército; además, al-
gunos vecinos los vieron llegar en un camión: “…Nos dimos cuenta que no
eran guerrilleros sino del Ejército … la guerrilla no usaba carros, especialmen-
te carros buenos”.
1084
Después, los hombres vestidos de civil capturaron a va-
rios pobladores, los subieron en el camión y los trasladaron hasta la aldea
Tixel. Cuando los subieron les empezaron a atar de pies y manos.
“…Cuando vimos que los estaban atando de pies y manos quisimos seguir los
camiones pero no pudimos…”
1085
Por la tarde, los mismos sujetos que habían
llegado por la mañana, pero esta vez debidamente uniformados como sol-
dados del Ejército de Guatemala, regresaron al caserío, donde incendiaron
varias casas y avisaron a los familiares de los capturados que lo mismo les
iba a pasar si seguían apoyando a la guerrilla.
1086
Ese mismo día, en la aldea Tixel, los soldados aprehendieron a varias
personas que se hallaban en sus casas o trabajaban en sus siembras. Las víc-
timas habían sido identificadas previamente mediante una lista que porta-
ban los uniformados. Los prisioneros fueron trasladados entonces a la al-
dea Xemal en el mismo camión en el cual iban las personas que habían si-
do capturadas en Chanjón.
1087
357
1082 Ibid.
1083 Testigo directo CEH.
1084 Ibid.
1085 Ibid.
1086 Ibid.
1087 Testigo de referencia CEH.
De acuerdo con los relatos de los declarantes, los soldados que efectua-
ron estas capturas provenían de la zona militar 19 y del destacamento mi-
litar del municipio La Democracia.
En Xemal, donde estaba ubicada la sede de la Patrulla de Autodefen-
sa Civil de esa comunidad, los soldados ejecutaron a las víctimas. Los ca-
dáveres fueron lanzados a una fosa común que había sido cavada por los
patrulleros civiles de la aldea Xemal, cerca de un arroyo que pasa por el
fondo de un barranco, en las afueras del pueblo. Antes de que los patrulle-
ros cubrieran de tierra la fosa, los soldados arrojaron en ella varias grana-
das sobre los cadáveres.
1088
La CEH logró identificar 21 de las 39 víctimas de la masacre de Xe-
mal, todos hombres, en su mayoría indígenas de origen mam y miembros
del Comité de Unidad Campesina (CUC). Los ejecutados eran parte de la
población civil y se encontraban indefensos y desarmados.
La búsqueda
Las víctimas habían sido capturadas en diferentes lugares y fueron tras-
ladadas al poco tiempo a un lugar desconocido para los familiares.
El día 10 de agosto un padre de familia inició la búsqueda de su hi-
jo, víctima de la masacre.
1089
Fue a buscarlo a la zona militar 19, ubicada
en la cabecera departamental de Huehuetenango, donde le recibió un ofi-
cial de la Oficina de Asuntos Civiles del Ejército (S-5). Este negó que hu-
biera algún detenido y lo remitió a la sede de la Policía Nacional. Sin em-
bargo, el comandante de la zona militar extendió un documento en el que
solicitaba a todo el personal militar del lugar que facilitara la búsqueda de
su hijo.
1090
Posteriormente, el padre regresó a Colotenango, donde recibió la in-
formación de que los detenidos habían sido ejecutados en la aldea Xemal.
El declarante dio aviso de los hechos al alcalde de Colotenango y al secre-
tario de la Municipalidad y, junto a otros familiares de víctimas, se dirigió
a la aldea Xemal. Allí se encontró con unos soldados que estaban vigilan-
do el sitio donde se había cometido la masacre.
Los efectivos militares no permitieron que nadie se acercara al lugar y,
disparando al aire, les advirtieron: “Vamos a matar a los que se atrevan a
acercarse a este lugar”. Sin embargo, al serles mostrado el documento exten-
dido por el comandante de la zona militar 19, dejaron pasar tan sólo al
portador de la carta. Al llegar al lugar de las ejecuciones, el padre vio la fo-
sa: “…He visto un hoyo muy grande, allí estaban tirados los cuerpos; pensé que
vi a mi hijo entre ellos; los soldados tiraron una granada y todos los cadáveres
358
1088 Testigo directo CEH.
1089 Ibid.
1090 Ibid.
estaban en pedazos, pude ver brazos y piernas y mucha sangre por todos lados,
había unas treinta personas dentro de este hoyo…”
1091
El 12 de agosto los otros familiares lograron llegar a la fosa y se dieron
cuenta de que la mayoría de los cuerpos estaban destrozados por comple-
to, por lo que decidieron enterrarlos allí mismo, pues era imposible trasla-
darlos a sus respectivas comunidades.
1092
Ese mismo día, el entonces alcalde de Colotenango levantó las actas
correspondientes en el libro de defunciones, con el registro No. 45-82.
Días después, el edificio de la municipalidad de Colotenango fue incen-
diado por la guerrilla, por lo que no existe la posibilidad de conocer el ac-
ta original.
1093
Sin embargo, algunas personas entrevistadas por la CEH presentaron
a ésta constancias de defunción con fecha 22 de enero de 1998, firmadas
por el actual registrador civil de Colotenango, en las que se hace constar
que algunas víctimas “murieron a consecuencia de destrozamiento del cráneo
y rostro, causados por heridas de bala”, mientras que otras “murieron por as-
fixia, como consecuencia de estrangulamiento”.
1094
III. HECHOS POSTERIORES
Desde el 12 de agosto de 1982 y durante los 12 años siguientes, los
pobladores varones del caserío Chanjón, que tuvieran entre 17 y 70 años
de edad, fueron obligados a patrullar. No les dieron armas. Los rastreos de
guerrilleros tenían que hacerlos en coordinación con los vecinos de las al-
deas Bella Vista y Granadillo.
1095
El 14 de agosto del mismo año los soldados llegaron nuevamente al
caserío Chanjón y capturaron a Raúl Morales Godínez, a quien ejecutaron
en el puente Chanjón; a Andrés Morales Velázquez, quien fue ejecutado
fuera de su casa y en presencia de su familia, y a Pedro Morales Velázquez,
a quien llevaron con rumbo desconocido sin que se volviera a saber de él.
Antes de retirarse del lugar, los soldados quemaron cuatro casas.
1096
Varios declarantes sostuvieron que el Ejército jamás les había “molesta-
do” antes, por lo que consideran que la masacre se debió a las acciones mi-
litares previas cometidas por la guerrilla.
359
1091 Ibid.
1092 Ibid.
1093 Ibid.
1094 La CEH tuvo a vista las actas de defunción, cuyo contenido le consta.
1095 Ibid.
1096 Ibid.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción de que el 9 de agosto de 1982, efectivos del Ejército de Guatemala y
de las PAC de Xemal, ejecutaron a 39 personas en la aldea Xemal, en vio-
lación de su derechos a la vida. Además, la CEH considera que el hecho se
ve agravado por la manifiesta sevicia y crueldad con que actuaron los res-
ponsables, al haber arrojado granadas sobre los cadáveres a fin de destruir
físicamente los cuerpos y evitar, así, la identificación de los mismos por sus
familiares.
Asimismo, la CEH concluye que el Estado, a través del Ejército, vio-
ló el derecho a la vida de las dos personas que fueron ejecutadas en el ca-
serío Chanjón el 14 de agosto de 1982 y como el derecho a la libertad, la
integridad y la vida de la persona que fue hecha desaparecer ese día, en el
mismo lugar.
La CEH considera, además, que la posible colaboración que la pobla-
ción pudo haber prestado a la guerrilla no otorga ningún tipo de justifica-
ción jurídica o ética a este crimen.
Al analizar los hechos del caso, la CEH ha llegado a la conclusión de
que la masacre de Xemal fue una acción ejecutada en el marco de los ob-
jetivos previstos en el plan de campaña Victoria 82 del Ejército de Guate-
mala y que las comunidades afectadas habían sido previamente selecciona-
das como blanco de esta operación.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Andrés Morales Velásquez
Raúl Morales Godínez
Ejecución arbitraria, privación de libertad
360
Alfonso García Morales
Andrés García Velásquez
Antonio Morales García
Antonio Morales García
Artemio López Morales
Ezequiel López Jiménez
Felipe Morales García
Juan Morales Mendoza
Julio Morales Vasquez
Marcos Morales López
Nicolas Velásquez Gabriel
Francisco Velásquez
Jacinto López Felipe
Julio García
Marcos López Morales
Marcos Morales Méndez
Miguel Morales Pérez
Miguel Velásquez
Rafael Velásquez
Sebastián Morales Méndez
Alonzo Morales Sánchez
Desaparición forzada
Pedro Morales Velásquez
Víctimas colectivas/desconocidas: 18
361
I. ANTECEDENTES
Tzisbaj es una aldea ubicada en el municipio de Jacaltenango, depar-
tamento de Huehuetenango.
En 1982, año en que suceden los hechos, el Ejército había ya forma-
do las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en la comunidad. Sin embar-
go, las patrullas de Tzisbaj no gozaban de la plena confianza de los milita-
res: éstos sabían que el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) había lle-
gado varias veces a realizar mitines en la aldea y contaba allí con una base
social que la apoyaba.
II. LOS HECHOS
El viernes 10 de septiembre de 1982, en la mañana, los patrulleros se
encontraban haciendo turno. A lo lejos divisaron a hombres armados, ves-
tidos de verde olivo, que se acercaban a la aldea.
En determinado momento los desconocidos dispararon. Un testigo
afirma: “Se distribuyeron alrededor de la comunidad y la rodearon; comenza-
ron a disparar contra la gente de la patrulla”.
1097
Los patrulleros, considera-
ron que se trataba de la guerrilla y, siguiendo a las instrucciones del Ejér-
cito, respondieron con los “dos o tres fusiles … que era el armamento de la
comunidad”.
1098
Mientras esto sucedía, un poblador corría a comunicar al
destacamento militar, ubicado en la cabecera municipal de Jacaltenango.
Los miembros de las PAC se enfrentaron con el grupo de desconocidos e
hirieron a uno de ellos. Los habitantes corrieron temerosos a protegerse en
sus casas; sin embargo, seis vecinos murieron y cuatro resultaron heridos
en el ataque por parte de los desconocidos.
Los atacantes —que todavía eran identificados por la población como
guerrilleros— luego de vencer la resistencia de los patrulleros llegaron al
Caso ilustrativo No. 63
Masacre de la aldea Tzisbaj
1097 Testigo directo REMHI.
1098 Ibid.
centro de la aldea. Reunieron a la gente en el parque y afirmaron ser miem-
bros del Ejército. Seguidamente, los soldados pertenecientes al destaca-
mento militar de San Antonio Huista, encerraron a las mujeres y a los ni-
ños en la iglesia, y a los hombres los formaron en fila frente a la escuela. El
oficial a cargo del operativo les dijo que tenían conocimiento de que en esa
aldea la población prestaba apoyo a la guerrilla y que lo habían comproba-
do ese día, pues habían sido atacados por la comunidad. Algunos pobla-
dores se defendieron alegando que el color del uniforme de los soldados
era el mismo tipo de verde olivo que usaba la guerrilla y habían visto escri-
to en las mochilas las iniciales del EGP.
El oficial ordenó a los soldados ir casa por casa para buscar a las per-
sonas escondidas y descubrir las armas. Mientras realizaban el cateo, los
soldados robaron radios, grabadoras, ropa, dinero y otros objetos de valor.
Fue entonces cuando llegó a la comunidad otro grupo de soldados, es-
ta vez procedente de la cabecera municipal de Jacaltenango, que venía en
respuesta a la solicitud de apoyo de los pobladores ante el supuesto ataque
guerrillero. Los dos oficiales discutieron, ya que la aldea correspondía al
municipio de Jacaltenango y el grupo atacante pertenecía a San Antonio
Huista.
Al terminar el cateo de las casas los soldados volvieron al centro de la
población. Hacia las tres de la tarde el oficial sacó un papel del bolsillo de
su camisa y ordenó que uno por uno pasaran los hombres presentando su
cédula de identidad. En el papel constaba una lista de nombres de perso-
nas que, en teoría, estaban comprometidas con la guerrilla. Los soldados
revisaban las cédulas y confirmaban si los nombres figuraban o no en la lis-
ta. En el ambiente había mucho temor; cuando pasaba un vecino y su
nombre no aparecía en el listado, iba a sentarse frente a la iglesia.
Seis personas aparecieron en el listado y se les condujo a la escuela. En
ese lugar los soldados se encargaron de los interrogatorios y de las torturas.
Desde el exterior la comunidad escuchaba los gritos y los golpes que los
militares propinaban a los detenidos. Los soldados apresaron, además, a
uno de los profesores de la escuela, bajo la acusación de ser jefe guerrille-
ro, y lo amarraron.
Al mismo tiempo, el oficial pidió apoyo aéreo a la zona militar de
Huehuetenango, para evacuar al soldado herido y abastecerse de municio-
nes. Minutos más tarde, un helicóptero aterrizó en el centro de la pobla-
ción. Los soldados subieron al herido en la nave. Al cabo de media hora
apareció otro helicóptero, aterrizó en el mismo lugar y abasteció de muni-
ciones a la tropa.
A las cuatro de la tarde los detenidos maltratados fueron sacados de la
escuela. El oficial ordenó a los soldados que amarraran a las víctimas en los
pilares de la alcaldía auxiliar, con excepción del profesor.
364
El oficial se dirigió a la comunidad y dijo que iban a presenciar un
ejemplo de cómo terminaban los guerrilleros. Advirtió además que lo mis-
mo les pasaría a todos si seguían apoyando a la guerrilla. Seguidamente, or-
denó a un grupo de soldados que formara en fila delante de las víctimas.
Toda la comunidad observaba impactada cada movimiento de los soldados
y era testigo de los gestos de dolor y sufrimiento de los vecinos amarrados
en los pilares y a la espera del desenlace. Los soldados alzaron entonces sus
fusiles y a la orden de fuego del oficial, dispararon. Las víctimas cayeron
“dobladas” sobre sus cuerpos. Cinco murieron en el acto . Una persona aún
respiraba. Al percatarse de ello, el jefe de la operación militar le dio el tiro
de gracia.
A las ocho de la noche la tropa se dirigió al destacamento militar ubi-
cado en la cabecera municipal de Jacaltenango, llevándose amarrado al
profesor. Mientras, los vecinos de la aldea trasladaron a los heridos al hos-
pital del mismo municipio.
El profesor permaneció detenido durante ocho días en los que fue so-
metido a torturas y malos tratos. Los militares lo interrogaban y lo acusa-
ban con insistencia de pertenecer a la guerrilla. Le exigían que diera los
nombres de las personas que integraban la insurgencia en la zona. A reque-
rimiento de familiares y amigos, el cura párroco del lugar intercedió por él
ante el oficial del destacamento y el profesor fue puesto en libertad. Sin
embargo, lo obligaron a comparecer dos veces cada día en el cuartel. En la
mañana y en la tarde tenía que concurrir para firmar el libro de control.
Frecuentemente lo amenazaban a él y a su familia. Al no soportar esta si-
tuación, una madrugada del mes de octubre emprendió viaje a México. Se-
manas después hicieron lo mismo su esposa, hijos y padres.
En total, como resultado de la acción militar en la aldea Tzisbaj se re-
gistraron 17 víctimas, población civil e indefensa: 12 ejecutados arbitraria-
mente, de los cuales 6 fueron torturados, 4 heridos y un detenido y tam-
bién torturado.
III. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes reunidos, llegó a la convicción
de que el 10 de septiembre de 1982, en la aldea Tzisbaj, municipio de Ja-
caltenango, departamento de Huehuetenango, efectivos del Ejército viola-
ron el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de numerosos po-
bladores de dicha comunidad. Estas violaciones se originaron en el injus-
tificado ataque armado contra los patrulleros del lugar, que produjo ino-
centes víctimas civiles, y consistieron en la detención arbitraria, tortura y
ejecución arbitraria de seis de sus miembros, y la detención y tortura de
365
uno de los maestros de la aldea, además de la retención del resto de los ha-
bitantes, a quienes obligaron a presenciar sus acciones.
La CEH considera que el caso ilustra una táctica aplicada frecuente-
mente por el Ejército, la cual consistió en vestir a sus fuerzas como guerri-
lleros. Si bien el objetivo de esta táctica era primordialmente militar, en de-
terminadas ocasiones originó violaciones de derechos humanos y favoreció
su encubrimiento.
Por último, la CEH considera que el caso es, también, ilustrativo del
método de represión selectiva como castigo ejemplar a quienes el Ejército
consideraba colaboradores de la guerrilla.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Ejecución arbitraria
Víctimas colectivas/desconocidas: 2
366
Antonio Montejo López
Gaspar Montejo Hernández
José Sebastián Domingo Diaz
Manuel López Hernández
Matías Diaz Hernández
Ruperto Diaz Hernández
Víctor Dionicio Montejo Esteban
Gaspar Delgado Ross
José Camposeco Diaz
Julian Jacinto Montejo
Manuel Aguilar Silvestre
Ramon Pérez
Sebastián Domingo Quiñonez
Antonio Raymundo Méndez
Magdalena Aguilar
María Montejo
Miguel López Cota
I. ANTECEDENTES
La aldea Buena Vista es una comunidad cercana a la cabecera munici-
pal de Santa Ana Huista, departamento de Huehuetenango, y sus habitan-
tes son de origen maya popti’.
Muchos de los residentes del municipio de Santa Ana Huista y San
Antonio Huista participaron en actividades comunitarias. Algunos de ellos
se integraron a la guerrilla.
En 1982 el Ejército lanzó el plan de campaña Victoria 82 contra los
frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país y declaró “Zona Roja”
los municipios de la región Huista.
1100
Gran parte de su objetivo consistía
en eliminar, controlar y/o desarticular las bases de apoyo de la guerrilla,
siendo consideradas como tales las poblaciones de las aldeas Ojo de Agua,
Buena Vista, Pumúl, Pinalito, El Terrero, La Laguna y El Destierro, entre
otras. “…El 20 de agosto de 1982, los soldados estaban quemando el pueblo
[Santa Ana Huista]; todo el mundo estaba huyendo. Ya habían quemado Bue-
na Vista, Ojo de Agua, El Destierro, Pinalito y Pumúl. Mucha gente corrió por
ese rumbo [dirección a México]; mi hijo se fue por otro camino para que no
nos agarraran a todos juntos. Nunca más volvió…”
1101
Caso ilustrativo No. 64
Privación de libertad, tortura,
tratos crueles e inhumanos, violación
sexual, destrucción de bienes
y desplazamiento forzado
de Faustina Lorenzo Cruz
“Yo vivía en Buena Vista; a mi hijo lo ma-
taron los soldados en Guatemala; me que-
maron mi casa; me golpearon mucho en el
destacamento; me detuvieron casi dos meses y
me hicieron mucho daño; me quitaron mi
tierra y por eso no quiero regresar a Guate-
mala. Mejor me quedo en México. El sufri-
miento ha sido mucho. Hay muchas cosas
que uno no puede terminar de contar”.
1099
1099 Testigo directo CEH.
1100 Jacaltenango, Concepción Huista, San Antonio Huista y Santa Ana Huista.
1101 Testigo directo CEH.
El Ejército instaló tres destacamentos militares, uno en la cabecera
municipal de Jacaltenango, otro en la cabecera municipal de San Antonio
Huista y el tercero en El Tablón, aldea de San Antonio Huista. En las ca-
beceras municipales de Santa Ana Huista y Concepción Huista instalaron
puestos militares temporales. Para ello, utilizaron los edificios destinados a
los centros educativos, puestos de salud y los salones comunales.
Como consecuencia de la represión indiscriminada que el Ejército
ejerció sobre la comunidad, la mayoría de los pobladores de Buena Vista
se vieron obligados a refugiarse en México: “…En el año 1982, el 21 de sep-
tiembre, la gente ya no aguantó; el Ejército lanzó una gran ofensiva; eran mu-
chos batallones que iban barriendo la zona; cubrían todo lo que era Huehue-
tenango. Entonces la gente ya no podía; hubo bombardeos y sacaron a toda la
gente que estaba en los lugares más empinados, corrieron todo el día en desban-
dada, iban bajo el agua, caminaban en la noche, ya no había otro camino que
salir para México y, lo peor, era salir sin nada…”
1102
En septiembre de 1982 el Ejército ocupó la aldea Buena Vista. Faus-
tina Lorenzo Cruz, de 54 años de edad, madre de familia, originaria y re-
sidente de la aldea Buena Vista, se encontraba cerca de un arroyo de la co-
munidad. Los efectivos militares la detuvieron y la acusaron de colaborar
con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Los soldados la golpearon
y la violaron hasta dejarla inconsciente, abandonada en el arroyo. Antes de
retirarse le echaron piedras de laja sobre el cuerpo y la dejaron creyendo
que estaba muerta. Más tarde, los habitantes de la aldea emprendieron su
búsqueda y, al cabo de unas horas, la encontraron viva y la llevaron a cu-
rar a su casa, donde se recuperó de las lesiones recibidas.
1103
II. LOS HECHOS
El 14 de octubre de 1982 los soldados se apoderaron otra vez de la al-
dea y amenazaron de muerte a todos los vecinos. Los militares se dirigie-
ron a la casa de Faustina Lorenzo, a quien de nuevo acusaron de pertene-
cer a la guerrilla, la capturaron, la amarraron y así la trasladaron al desta-
camento militar de San Antonio Huista.
1104
En el destacamento militar, soldados al mando de un oficial interro-
garon y torturaron a Faustina Lorenzo Cruz: “…Cuando me capturaron,
me amarraron mis brazos con lazos y, al llegar al lugar de San Antonio Huis-
ta, me encerraron en un cuarto del destacamento, empezaron a golpear y a que-
368
1102 Testigo de referencia CEH.
1103 Testigo directo CEH.
1104 Ibid.
brar mis dedos; por eso tengo un dedo que está zafado, que se me ofende al tra-
bajar…”
1105
A Faustina Lorenzo Cruz le ocasionaron daños irreparables en su in-
tegridad personal a causa de las torturas recibidas: “…Yo pensaba que ya
no iba a vivir; me quebraron mis costillas, me daban muchas patadas, me da-
ban golpes en todo el cuerpo. Yo ya no podía comer, porque me dolía mucho
mi pescuezo al tragar la comida. Los soldados me abrían con mucha fuerza
mis piernas; me las estiraban muy duro, como que querían desprendérmelas.
Me quemaban los brazos con unos alambres; eso daba mucho dolor; todavía
tengo señas de las quemadas. Casi como dos meses me detuvieron en ese des-
tacamento”.
1106
El 25 de noviembre de 1982, después de seis semanas de constantes in-
terrogatorios y sesiones de torturas, el jefe del destacamento militar de San
Antonio Huista decidió concederle la libertad y declararla inocente del car-
go de pertenecer a la guerrilla. Al salir del destacamento, la víctima recibió
una constancia en hoja de papel sellado número 560098, donde dice:
“…El comandante del destacamento militar de esta población, por es-
te medio hace constar: Que la señora FAUSTINA LORENZO
CRUZ … Ella se encontraba detenida en el destacamento militar de
San Antonio Huista, pero al haber quedado aclarada su situación, ha
quedado en completa libertad y libre de toda sospecha, por consecuen-
cia, se suplica a las autoridades civiles y militares guardarle las consi-
deraciones del caso y no causarle molestias, igual súplica se hace a los
señores de las Patrullas de auto defensa civil y los habitantes de este
pueblo donde tiene su residencia…
Firma:…
Comandante del destacamento militar Santa Ana Huista.
Aparece el sello respectivo del destacamento militar y el sello
del Alcalde Municipal de Santa Ana Huista”.
1107
III. EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL REFUGIO EN MÉXICO
Debido al impacto que los hechos causaron a la víctima, ésta se vio
obligada a refugiarse en México para salvar la vida. Emprendió camino en
compañía de su madre, que se encontraba enferma, y de otros vecinos de
Buena Vista. Todos ellos se refugiaron en el campamento La Sombra, Eji-
369
1105 Ibid.
1106 Ibid.
1107 Transcripción hecha por la CEH del documento original, que se encuentra en poder de la víc-
tima.
do Comalapa, Estado de Chiapas, México: “…Yo salí muy enferma de Bue-
na Vista; a mi hijo lo mataron los soldados en Guatemala; tanto sufrimiento
pasó allá conmigo; quemaron mi casa y no tenía dónde vivir. Ahora lo he pen-
sado: ya no quiero regresar. Hay muchas cosas que uno no puede terminar de
contar. Ahora tengo 65 años; hace como 16 años que pasó todo eso. Cuando
pasó todo eso, yo estaba en Guatemala, cuidando a mi mamá. Mi esposo ya es-
taba viviendo en México y estaba muy enfermo y lo cuidaban sus hijas porque
se iba a morir. Solita yo estaba con mi mamá. Después nos venimos, porque la
gente de la aldea salió huyendo por el miedo…”
1108
Tal como sucedió en el caso de la señora Faustina Lorenzo Cruz, los
hechos de violencia ocurridos en la aldea Buena Vista, que en ese tiempo
era la más poblada del municipio de Santa Ana Huista, fueron el detonan-
te que desencadenó el desplazamiento de cientos de familias a territorio
mexicano, con el único objetivo de preservar la vida, dejando abandona-
das pertenencias y propiedades, de las cuales fueron despojadas al poco
tiempo: “…Nuestra comunidad quedó como un desierto, nadie vive allí; el
templo, las imágenes se las robaron; botaron el templo, se llevaron la campana,
nuestra comunidad se convirtió en un trabajadero, no acabaron con nosotros
pero sí con nuestra siembra, nuestros animales; cada quien agarró lo que le gus-
taba. Tuvimos que buscar en otro país…”
1109
“…Todos los de Buena Vista nos
fuimos para el refugio. Nuestros terrenos el Ejército se los entregó a gente de la
cabecera municipal. Como todos los terrenos de Santa Ana Huista son muni-
cipales, lo que nos daban eran recibos de pago de la tierra; pero como quema-
ron nuestras casas, también se quemaron nuestros papeles y, ahora que han pa-
sado más de 16 años, los que los tienen ocupados dicen que les pertenece por-
que los compraron…”
1110
El fenómeno del desplazamiento no fue exclusivo del municipio de
Santa Ana Huista. En Huehuetenango se registró un desplazamiento ma-
sivo, al menos un 80% de los pobladores abandonaron temporalmente sus
comunidades, sobre todo entre finales de 1981 y parte de 1982:
1111
“…Los
soldados nos estaban obligando a irnos de la aldea, contaminaban nuestras
fuentes de agua, echaban en el nacimiento animales muertos, tiraban muchas
cosas sucias, no querían que tuviéramos que comer porque quemaban nuestras
casas y nuestras cosechas, y tampoco tuviéramos que tomar porque contamina-
ban nuestra agua. Como ya estaba muy difícil [la situación en la aldea], em-
prendimos el camino [a México] a las tres de la tarde. Nos entró la noche por-
que los ancianos no podían caminar rápido; se miraba a las personas cargar a
370
1108 Testigo directo CEH.
1109 REMHI. Tomo I, pg. 99.
1110 Testigo directo CEH.
1111 Cuadernos de Investigación AVANCSO, número 6.
los ancianos. No sabíamos dónde quedaba México. Cuando nos dimos cuenta
ya estabamos frente a las autoridades de México…”
1112
En diciembre de 1982 la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refu-
giados, COMAR, informó que 56 campamentos con 36 mil refugiados
guatemaltecos se encontraban en México a lo largo de la frontera, desde
Ciudad Cuauhtémoc hasta las riberas del río Lacantún, en la aislada sel-
va de Marqués de Comillas. En 1983 la cifra ascendió hasta 46 mil refu-
giados en cerca de 90 campamentos. Oscar González, director de la CO-
MAR, estimó que en total había unos 200 mil refugiados guatemaltecos
en México.
1113
Las condiciones en que cruzaban los refugiados a México eran preca-
rias. Un médico mexicano, integrante de las primeras brigadas que aten-
dieron a los refugiados a su llegada a México, señaló: “…Al llegar a territo-
rio mexicano, eran múltiples los testimonios de los sobrevivientes de la violen-
cia. Hablaban de masacres, tierra arrasada, destrucción de bienes, desaparicio-
nes, tortura, violaciones, amenazas de muerte, lo que los obligó a tomar la de-
cisión de abandonar Guatemala y buscar un lugar seguro para vivir. El estado
de salud general de la población al llegar era terrible. Muchos llegaron como
esqueletos. Algunos habían estado en la selva cuatro o cinco días, pero a otros
les había tocado estar entre tres y cuatro meses. Habían estado en condiciones
infrahumanas y la desnutrición era la enfermedad más frecuente. También lle-
gaban muchos refugiados con problemas de paludismo, anemia, tuberculosis y
otras enfermedades infecciosas, principalmente respiratorias y estomacales. Los
recién nacidos presentaban cuadros muy avanzados de desnutrición. Los que
nacían durante el desplazamiento tenían una mortalidad del 80%…”
1114
IV. CONCLUSIONES
La CEH, analizados los antecedentes del caso, ha llegado a la convic-
ción de que miembros del Ejército de Guatemala, asignados al destaca-
mento militar ubicado en la cabecera municipal de San Antonio Huista,
detuvieron arbitrariamente a Faustina Lorenzo Cruz por más de seis sema-
nas y que, durante ese tiempo, le fueron aplicadas torturas físicas y psico-
lógicas, lo cual constituyó una clara violación al derecho a la libertad y a la
integridad personal de la víctima.
La CEH estima, que el caso es ilustrativo de las prácticas de extrema
crueldad utilizadas por el Ejército cuando sospechaba que algún miembro
de la población colaboraba con la guerrilla.
371
1112 Testigo directo CEH.
1113 Uno Más Uno, México, 28 de agosto de 1985.
1114 Testigo directo CEH.
Asimismo, la CEH está convencida del carácter forzado del desplaza-
miento a que se vieron sometidos los habitantes de las aldeas y municipios
del departamento de Huehuetenango, particularmente del municipio de
Santa Ana Huista, lo cual constituye una clara violación del derecho de cir-
culación y residencia.
De igual forma, el caso ilustra el impacto que las campañas contrain-
surgentes aplicadas de manera indiscriminada por el Ejército causaba en la
población civil, la cual se vio obligada a desplazarse y buscar refugio en
otro país, para salvar su vida, viéndose sometida, durante su desplazamien-
to, a condiciones de existencia infrahumanas que pusieron en peligro su vi-
da e integridad física.
Finalmente, la constancia de libertad extendida en papel sellado debi-
damente numerado, firmada por el comandante del destacamento militar
del municipio Santa Ana Huista y sellada por la municipalidad de dicho
municipio, ilustra la subordinación a que estaban sometidas las autorida-
des civiles, respecto a las militares.
372
I. ANTECEDENTES
En 1993 hubo varios casos de abusos atribuidos a los Comités Volun-
tarios de Defensa Civil (CVDC)
1116
del municipio de Colotenango, depar-
tamento de Huehuetenango. Los pobladores, especialmente quienes se
oponían a los CVDC y a los excesos que éstos cometían, fueron víctimas
de múltiples y reiteradas violaciones a sus derechos.
En el mes de julio, en el caserío El Chorro, aldea Xemal, un joven re-
husó a participar en los CVDC. El y sus padres fueron asesinados a ma-
chetazos.
1117
El 3 de agosto de 1993, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y el
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) convoca-
ron a miembros de sus bases en Colotenango, para participar en una ma-
nifestación pacífica en el parque central de dicha cabecera municipal y de-
mandar la disolución de los CVDC. Solicitaban la intervención del presi-
dente de la República.
Los dirigentes invitaron a varias autoridades civiles y militares, para
que asistieran al salón municipal de Colotenango, donde harían entrega,
en presencia de la población, de un memorial en que manifestaban sus in-
quietudes y demandas respecto de los CVDC de la localidad. Ante la ina-
sistencia de las autoridades militares, decidieron formar una comitiva inte-
Caso ilustrativo No. 5
La muerte de Juan Chanay Pablo
por los patrulleros de Colotenango
“Nos estaban esperando los patrulleros ar-
mados con pistolas, rifles y palos. Uno de los
del CUC fue a negociar con ellos para decir-
les que íbamos en forma pacífica, pero no le
hicieron caso … Después empezaron a dis-
parar al aire y todos nos corrimos. Esa fue la
primera ráfaga. La segunda ráfaga ya fue
contra la gente”.
1115
1115 Testigo directo CEH.
1116 También conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas en 1982 por la Junta
Militar de Gobierno, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1996, Informe No. 19/97, Caso 11.212 Solución Amistosa, Guatemala, pg. 546. A lo largo de
este texto se hará referencia al citado Informe, por lo que en lo sucesivo tan sólo se menciona-
rá como “Informe de la CIDH”.
1117 Human Rights Watch Americas, Informe Sobre los Derechos Humanos en Guatemala 1993-1994,
pg. 38.
grada por representantes de las organizaciones responsables de la convoca-
toria y miembros de la Gobernación Departamental, la Alcaldía Munici-
pal y la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el propósito de plan-
tear verbalmente al comandante de la zona militar 19, con sede en Hue-
huetenango, las peticiones contenidas en el memorial.
Al conocer el planteamiento de las organizaciones sociales, el coman-
dante de la zona militar no aceptó la responsabilidad del Ejército sobre los
CVDC y su actuación, y señaló el carácter civil de esos cuerpos de defen-
sa, por lo que recomendó a la comitiva dirigir la solicitud a la Presidencia
de la República. Ante esta actitud los interesados insistieron en su deman-
da aludiendo la vigencia de leyes que determinaban la responsabilidad del
Ejército sobre los CVDC. Varios declarantes indican que su insistencia
molestó al comandante, quien “…tomó el fusil y dijo: ‘Aquí está la ley”.
1118
La comitiva volvió a Colotenango, sin la compañía de las autoridades
civiles, e informó a los manifestantes sobre el resultado de las gestiones en
la zona militar 19. Acto seguido, se acordó la anulación de la actividad.
Hacia las cuatro y media de la tarde los vecinos se dispersaron para dirigir-
se a sus lugares de residencia, ubicados en aldeas y caseríos del municipio.
II. LOS HECHOS
El puente Los Naranjales comunica el municipio de Colotenango con
la carretera Interamericana y está ubicado en el camino que conduce des-
de ese lugar a las aldeas Xemal y La Barranca. En concreto, en dicho puen-
te se encontraban apostados miembros de los CVDC armados con piedras,
machetes y fusiles. Con estas armas atacaron a los manifestantes que, de-
sarmados, volvían a sus residencias.
El ataque de los CVDC contra la población civil, compuesta por hom-
bres, mujeres, niños y ancianos, tuvo como consecuencia la muerte de Juan
Chanay Pablo, anciano de 64 años, quien cayó alcanzado por varios dispa-
ros frente a la garita de la Guardia de Hacienda ubicada a poca distancia
del puente Los Naranjales. Asimismo, resultaron heridos de gravedad Mi-
guel Morales Méndez, de 19 años, y la niña Julia Gabriel Simón, de 16
años. Otros manifestantes presentaban golpes y heridas de menor grave-
dad, entre ellos el periodista belga Karel Op De Breeck y su compañera,
quienes sufrieron agresión de los patrulleros. Estos se encontraban moles-
tos, porque les habían fotografiado durante el ataque armado que perpe-
traron contra los manifestantes.
374
1118 Testigo directo CEH.
Testigos presenciales afirman que la orden judicial para trasladar el
cadáver de Juan Chanay Pablo a la morgue fue emitida y ejecutada diez
horas después de acaecidos los hechos, porque miembros del Ejército im-
pidieron que se hiciera antes. Además, los mismos testigos señalan que
efectivos militares alteraron la escena del crimen manipulando el cadáver,
al que “le metieron una granada y una pistola en su bolsa típica, después que
murió, para hacer parecer que la víctima tuvo propósitos violentos y no pací-
ficos”.
1119
III. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Como consecuencia de la denuncia presentada ante la Policía Nacio-
nal por el CUC y CONAVIGUA, con el auxilio de abogados de la Iglesia
Católica de Huehuetenango y de la ciudad de Guatemala, se abrió el ex-
pediente judicial No. 215-93, tramitado por el Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia Penal de Instrucción, con sede en Huehuetenango.
El 9 de septiembre de 1993 el juez de la causa emitió orden de captu-
ra contra 15 patrulleros pertenecientes a los CVDC de La Barranca, Xe-
mal y Colotenango sindicados de los delitos de homicidio y lesiones. Sin
embargo, las autoridades responsables no ejecutaron de inmediato las cap-
turas, a pesar de que los acusados continuaban residiendo en los mismos
lugares. Sólo pocos meses después de los hechos dos de ellos fueron dete-
nidos.
En relación con el incumplimiento de la orden de captura, el ministro
de la Defensa Nacional declaró en Washington D.C. que “los patrulleros es-
taban en la Costa Sur, trabajando en las fincas, y no se encontraban en sus al-
deas. Por esto no fue posible para la Policía Militar capturarles”.
1120
El 14 de enero de 1995 fue aprehendido otro patrullero y en mayo del
mismo año, nueve más se entregaron por propia voluntad, a resultas de
una decisión personal destinada a “limpiar su nombre”.
1121
Aunque los detenidos afirmaron que jamás recibieron ningún tipo de
apoyo del Ejército, la mayor parte de las informaciones recibidas por la
CEH indica que dicha institución proporcionó respaldo directo a la defen-
sa legal de los acusados.
Durante la tramitación del proceso penal se sucedieron las intimida-
ciones contra los acusadores y los testigos de las víctimas, incluyendo ame-
nazas de muerte por parte de los patrulleros que aún se encontraban en li-
375
1119 Testigo directo CEH.
1120 Human Rights Watch Americas, en el informe citado agrega: “la Policía Militar Ambulante, no
sólo se negó a capturar a los encartados, sino que además, los oficiales a cargo del caso, siempre ha-
cían informes engañosos, para tratar de cubrir el hecho de que no les querían capturar”.
1121 Testimonio colectivo CEH.
bertad, pendientes de ser aprehendidos, cuyo objetivo era impedir que el
proceso penal continuara.
Debido a esta situación, el 18 de noviembre de 1993 la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de
Guatemala “que adoptara las medidas cautelares necesarias para proteger la vi-
da y la integridad física de nueve personas que, según informes se encontraban
en peligro debido a su participación en procedimientos legales”.
1122
Esta solici-
tud se acordó en el contexto de la presentación del caso a la CIDH, reali-
zada por la Iglesia Católica, cuyos abogados auxiliaron a los acusadores en
la tramitación del expediente judicial, a solicitud de las víctimas y en co-
patrocinio con otras entidades internacionales defensoras de los Derechos
Humanos. La Comisión Interamericana abrió el caso el 8 de noviembre de
1993 bajo el número 11.212.
Pese a la solicitud de la CIDH el 22 de abril de 1994, tan pronto ofre-
cieron su testimonio ante el juez de la causa, los acusadores particulares y
testigos presenciales de los hechos, Arturo Federico Méndez Ortiz y Alfon-
so Morales Jiménez fueron detenidos arbitrariamente y acusados sin fun-
damento por el asesinato del patrullero Efraín Domingo Morales, pertene-
ciente a la aldea Xemal.
1123
Como consecuencia de esta denuncia calumnio-
sa, la integridad de estos actores procesales estuvo en grave riesgo. Duran-
te más de un mes permanecieron detenidos en la misma cárcel en que se
hallaban dos patrulleros sindicados de la ejecución de Juan Chanay Pablo.
Finalmente, fueron puestos en libertad por falta de mérito.
La abogada de la Pastoral Social de la Iglesia Católica en Huehuete-
nango, quien había asumido la representación de los acusadores, también
sufrió intimidaciones que la forzaron a abandonar el caso y mudar su do-
micilio a otro departamento de la República. Los querellantes se vieron
obligados entonces a contratar los servicios profesionales de abogados par-
ticulares.
La viuda de Chanay Pablo, Francisca Sales Martín, fue también vícti-
ma de amenazas, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
del propio Gobierno de Guatemala, amplió las medidas provisionales otor-
gadas por ese organismo para protegerla a ella y amparar a los testigos.
1124
376
1122 CIDH, Informe citado, pg. 547, última parte, párrafo 2.
1123 Esta persona fue asesinada en el municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, departamento de Hue-
huetenango, lugar ubicado siete horas a pie desde Colotenango; el día y hora de los hechos los
señores Méndez Ortíz y Morales Jiménez se encontraban en sus comunidades ubicadas en Co-
lotenango.
1124 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de diciembre de 1994, me-
didas provisionales solicitadas por la CIDH, respecto de Guatemala, pg. 4. Durante la audien-
cia pública sostenida ante la Corte Interamericana, el Gobierno aceptó en forma tácita los plan-
teamientos de los peticionarios y “solicitó que se prorrogaran por el plazo que la Corte considerara
conveniente las medidas provisionales ... adicionando a la señora Francisca Sales Martín dentro de
la lista de las personas bajo su protección”.
Asimismo se solicitó que las personas protegidas pudiesen regresar a su lu-
gar habitual de residencia, en vista de que una de las testigos, Natividad
Godínez Pérez, luego de los hechos y ante presiones y amenazas sufridas
por parte de los miembros de los CVDC de Colotenango, se vio obligada,
junto a su hija menor, a abandonar su domicilio ubicado en el caserío El
Chorro.
1125
En el curso del proceso penal se apreciaron serias irregularidades, en-
tre éstas una inicial sentencia absolutoria de fecha 25 de abril de 1996. El
juez justificó el fallo, invalidando las declaraciones de los heridos y demás
manifestantes “por su carácter de ofendidos y por ser todos integrantes de la
misma manifestación”. Pero tampoco tomó en cuenta los reconocimientos
judiciales, la exhumación del cadáver de la víctima, la ampliación del in-
forme forense ni las fotografías aportadas por periodistas belgas que se en-
contraban presentes en el momento de los hechos.
Ante la insistencia de los organismos humanitarios peticionarios ante
la CIDH y el requerimiento constante de la Comisión y la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos de proteger a los testigos y garantizar la
justicia interna, el Gobierno de Guatemala, a través de la Comisión Coor-
dinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
(COPREDEH) se involucró en el caso y propuso que, bajo los auspicios
de la Comisión Interamericana, se iniciara un proceso de solución amisto-
sa.
1126
La propuesta fue aceptada y la negociación se inició en junio de
1996, de conformidad con lo preceptuado por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos del sistema interame-
ricano.
Mientras se desarrollaba esta negociación el Gobierno de Guatemala,
en el contexto de las negociaciones de paz, decidió iniciar el proceso de di-
solución de las PAC. El primer acto de desmovilización de estos cuerpos
tuvo lugar, precisamente, en Colotenango, lugar considerado emblemáti-
co respecto a los abusos cometidos por los patrulleros. En un acto solem-
ne, realizado el 9 de agosto de 1996, con la presencia de autoridades civi-
les, oficiales militares de alto rango y representantes de las Naciones Uni-
das, los patrulleros devolvieron las armas al Ejército. El discurso oficial es-
tuvo a cargo de la presidenta de COPREDEH y en él reconoció los exce-
sos y abusos que con sus armas habían cometido los miembros de los
CVDC agrediendo a personas inocentes, por el solo hecho de no partici-
377
1125 C 5606. Septiembre, 1993, Colotenango, Huehuetenango. Los padres de Natividad Godínez
habían sido amenazados de muerte en abril de 1993 y posteriormente asesinados en septiembre
del mismo año por oponerse a los CVDC.
1126 La solución amistosa es un proceso contemplado por el sistema interamericano de protección a
los Derechos Humanos, en virtud del cual las víctimas, representadas por sus peticionarios y el
Estado acusado de violar esos derechos pueden negociar una solución amistosa con la facilita-
ción de la CIDH. Este proceso debe llevarse de común acuerdo entre las partes y dentro de un
marco de respeto a los principios de Derechos Humanos.
par en sus actividades. La funcionaria recordó “aquel lamentable hecho su-
cedido en el año 1993, en esta comunidad, cuando fueron atacados varios ma-
nifestantes, resultando muerto el señor Juan Chanay Pablo y heridos los seño-
res Julia Gabriel Simón y Miguel Morales Mendoza”.
1127
Este reconocimien-
to público efectuado por el Gobierno fue considerado como un resarci-
miento moral a las víctimas y a la comunidad de Colotenango en general.
Tras varios meses de negociación, el 20 de febrero de 1997 se firmó,
simultáneamente en Huehuetenango y Washington D.C., el Acuerdo de
Solución Amistosa entre los peticionarios y el Gobierno, con los buenos
oficios de la Comisión Interamericana. Las víctimas lograron reparación
individual por un monto de 300 mil quetzales, equivalente a 50 mil dóla-
res, reparación colectiva consistente en varios proyectos de desarrollo co-
munitario y compromiso del Gobierno de procurar la justicia interna.
Por otra parte, después del fallo que había absuelto de responsabili-
dad a los patrulleros acusados de la ejecución de Juan Chanay Pablo, és-
tos permanecieron detenidos por varios meses mientras se resolvía el re-
curso de apelación planteado por la parte acusadora en contra de dicha re-
solución, lo que puede considerarse como violación a su derecho a la li-
bertad personal.
Posteriormente, la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones declaró
con lugar el recurso de apelación, por vicios encontrados en el proceso, y
dejó sin efecto todo lo actuado desde que se inició el juicio penal, por lo
que se realizó un segundo juicio.
El 6 de enero de 1997 los patrulleros solicitaron acogerse al beneficio
de la amnistía que concede la Ley de Reconciliación Nacional. Esta pre-
tensión fue denegada por la autoridad judicial competente.
1128
En febrero de 1998 culminó el controvertido proceso penal, que du-
ró más de cuatro años. El Juzgado de Sentencia de Huehuetenango con-
denó a 12 patrulleros a ocho años de cárcel, por el delito de homicidio co-
metido contra Juan Chanay Pablo y dos años más por el delito de lesiones
cometido contra Miguel Morales Méndez y Julia Gabriel Simón.
IV. CONCLUSIONES
La CEH se ha formado plena convicción de que Juan Chanay Pablo
fue ejecutado por miembros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil
378
1127 Transcripción literal del discurso de la presidenta de COPREDEH, contenido en el Informe de
la CIDH, pg. 549, párrafo 15.
1128 Los interesados en su petición argumentaron invocando los artículos 2 y 5 de dicha ley, que se
refieren a la extinción de la responsabilidad penal de los delitos políticos cometidos en el en-
frentamiento armado interno y los delitos (comunes) que con motivo del enfrentamiento arma-
do interno hubieran cometido las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cual-
quiera otra involucrada por ministerio de la ley.
de Colotenango, valiéndose estos de su calidad de integrantes de un cuer-
po que actuaba bajo la autoridad del Ejército de Guatemala, por lo que su
muerte constituye una violación de derechos humanos, de responsabilidad
de agentes del Estado.
De igual manera, se concluye que esos mismos patrulleros son los cau-
santes de las lesiones sufridas por Miguel Morales y Julia Gabriel Simón,
así como de las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos y abogados
involucrados en el caso.
La circunstancia que esta violación de derechos humanos haya sido
una respuesta al manifiesto deseo de la población de que fueran disueltos
los CVDC, evidenció la vigencia del discurso que identificaba la defensa
de los derechos humanos con la guerrilla, el cual penetró hondamente el
comportamiento de los patrulleros hasta la etapa final del enfrentamiento
armado. Pero, esta misma circunstancia transformó el caso de Colotenan-
go en un argumento emblemático de la necesidad de dicha disolución.
La CEH considera que el desarrollo, en este caso, del proceso penal,
mostró la debilidad de las entidades encargadas de administrar justicia, las
cuales, aún en la etapa en que se desarrollaban las negociaciones de paz, se
vieron sometidas a presiones e influencias ilegítimas destinadas a provocar
la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.
Pero, junto con lo anterior, a juicio de la CEH el desenlace final del
juicio penal evidencia, también, que en Guatemala es posible hacer efecti-
vos el derecho a la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de
derechos humanos.
La CEH considera necesario destacar la importancia que, para la efec-
tividad de la justicia y la reparación a las víctimas, tuvo en el desenlace de
este caso, como puede tenerlo en muchos otros, el cumplimiento, por el
Gobierno de Guatemala, de las obligaciones que le impone la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, lo cual constituye un precedente
positivo acerca de la preeminencia de los convenios y tratados sobre dere-
chos humanos.
1129
Finalmente, la CEH valora positivamente la actitud del Gobierno de
Guatemala, al haber reconocido públicamente los excesos y abusos come-
tidos por los miembros de los CVDC y someterse soberanamente al
Acuerdo de Solución Amistosa, hasta su total cumplimiento.
379
1129 En el numeral 10 del Acuerdo de Solución Amistosa se establece que “El Gobierno de la Repú-
blica de Guatemala, acuerda que tomará las medidas necesarias para asegurar justicia en este caso:
a.… b.… c.… De acuerdo con las normas internacionales vigentes en el Estado de Guatemala, no
habrá impunidad para quienes resulten culpables en este caso”.
I. ANTECEDENTES
En 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) vivió su momen-
to de mayor expansión a lo largo del enfrentamiento armado interno, has-
ta el punto de que sus dirigentes comenzaron a concebir la idea de crear,
en el futuro, una “zona liberada”.
Sin embargo, al repliegue aparente del Ejército en las zonas donde el
EGP tenía más presencia, sucedió un trabajo de Inteligencia que a fines de
ese año condujo al descabezamiento militar del frente urbano del EGP y,
más tarde, a una ofensiva que obligó a la insurgencia a retroceder desde
Chimaltenango hacia el departamento de Quiché.
El intento de reorganización del EGP en la ciudad capital se concretó
en acciones violentas, que incluyeron colocación de explosivos, secuestros
con extorsión y asaltos a locales de comercio.
Como reconoció un ex dirigente guerrillero que prestó testimonio
ante la CEH, “En realidad se estaba en medio de una derrota”. En este cli-
ma, que generó una crisis interna, miembros de la Dirección Nacional sa-
lieron hacia Nicaragua en 1982, donde dedicaron varios meses a debatir
la situación.
Ese año, mientras continuaba el repliegue del EGP hacia el norte de
Quiché, gran cantidad de sus militantes fueron capturados por las Fuerzas
de Seguridad, especialmente en la ciudad capital. Por estas razones, la di-
rección del grupo envió a un número importante de sus militantes desde
la ciudad capital a México y, sobre todo, a Nicaragua.
1131
Entre los militantes que cayeron prisioneros en 1982 se cuenta Guise-
la Irasema López, quien ya había sido detenida en 1979, siendo miembro
Caso ilustrativo No. 20
Ejecución arbitraria de seis miembros
del Ejército Guerrillero de los Pobres
por su propia organización
“Soy … de la Dirección Nacional y vengo a
notificarte lo siguiente: sobre el caso de ‘Bea-
triz’ a ella se le juzgó y se le encontró culpa-
ble de entregar recursos de la organización y
se le fusiló por órdenes de la Comisión Ejecu-
tiva del EGP”.
1130
1130 Comunicación de la ejecución de Guisela Irasema a su madre.
1131 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
del Frente Estudiantil Robin García, (FERG), una organización de estu-
diantes de secundaria y universitarios de izquierda.
1132
En seguida que fue
liberada, Guisela Irasema se incorporó a las actividades clandestinas del
EGP en la estructura militar urbana,
1133
en concreto en el seno del Frente
Otto René Castillo,
1134
donde era conocida con el seudónimo de “Beatriz”.
En febrero de 1982 fue capturada de nuevo, esta vez junto con otra mili-
tante, conocida como “Paula”,
1135
por hombres armados, vestidos de civil,
en la calzada Aguilar Batres, zona 12, ciudad de Guatemala. Estuvo dete-
nida por espacio de tres meses en las instalaciones de la Antigua Escuela
Politécnica
1136
y en ese lugar coincidió con muchas personas que se encon-
traban desaparecidas, algunas de las cuales se eran dadas por muertas.
1137
En esa cárcel clandestina la prisionera se encontró con Aída Marilú
Castillo Estrada, otra militante del EGP, conocida como “Carolina”, y que
había sido capturada el 28 de marzo de 1982 en la frontera de Guatemala
con México.
1138
El proceder de los captores con las detenidas combinaba malos tratos
y actitudes destinadas a ganar su confianza.
1139
En este contexto, a Guisela
Irasema y Marilú Castillo las trasladaban con frecuencia a una casa ubica-
da en la colonia Vista Hermosa de la ciudad de Guatemala, donde los cap-
tores llegaron a mantener relaciones sexuales con ellas.
1140
El 23 de mayo
de 1982, hallándose ambas en aquella casa, aprovecharon un descuido de
los hombres, y escaparon.
1141
Mientras esto ocurría, las madres de Guisela Irasema López y de Ma-
rilú Castillo Estrada no se resignaban a aceptar la desaparición de sus hijas
y comenzaron a hacer indagaciones. En particular, la madre de Marilú,
quien durante 16 años estuvo convencida, de que su hija se encontraba en
poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Entre abril y mayo de 1982 la señora de Castillo se entrevistó con el
jefe de la Policía Nacional, con el ministro de Gobernación, con la esposa
de éste y con la esposa del general Ríos Montt.
A pesar de las amenazas de muerte recibidas, a mediados de 1982 en-
vió sendos memoriales al presidente de la República y al nuevo ministro de
Gobernación, y se entrevistó también con el viceministro de la Defensa
382
1132 Ibid.
1133 Testigo de referencia (miembro del EGP en 1982) CEH. (T.C. 865).
1134 Ibid.
1135 C 15632. Febrero, 1982.
1136 CIA, Informe a Departamento de Estado y a la Agencia de Seguridad Nacional, 10 de noviembre
de 1994, Pq. 12-111. Comments on the process used by the Guatemalan Military to Exploit
the intelligence value of captured guerrillas.
1137 Testigos de referencia (miembros del EGP en 1982) CEH. (T.C. 863 y T.C. 864).
1138 Testigo de referencia CEH.
1139 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
1140 Testigo de referencia (miembro del EGP en 1982) CEH. (T.C. 864).
1141 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23)
Nacional. No realizó nuevas gestiones, ya que “estaba con mucho miedo por
la seguridad de mi familia y por la mía”.
1142
Años más tarde, la señora de Castillo se entrevistó en el Congreso con
miembros de la Democracia Cristiana, escribió una carta al presidente de
la República, Vinicio Cerezo y se entrevistó con él. Durante 16 años Ma-
ría Luz Estrada de Castillo siguió con sus esfuerzos, en la ilusión de poder
averiguar el paradero de su hija, “secuestrada el 28 de marzo de 1982 por ele-
mentos de seguridad del Ejército de Guatemala”.
1143
Otro de los prisioneros era Eugenio Contreras, ex presidente de la
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de San Carlos y
miembro del EGP, quien militaba con el seudónimo de “Mariano”. Con-
treras fue detenido por las Fuerzas de Seguridad en mayo de 1982, en ciu-
dad de Guatemala. Permaneció en calidad de detenido en la Antigua Es-
cuela Politécnica hasta noviembre de ese año
1144
cuando, según él mismo
relata, logró fugarse.
1145
II. LOS HECHOS
La ejecución de Guisela Irasema y Marilú Castillo
Lo que aún no sabían las madres de las dos mujeres detenidas, es que
en mayo de 1982, luego de escapar de la casa ubicada en Vista Hermosa,
Guisela Irasema y Marilú Castillo habían recobrado los vínculos con el
EGP. Sobre todo lo que vio y escuchó durante su cautiverio en la Escuela
Politécnica Guisela escribió un relato de 90 páginas que fue entregado a la
Dirección Nacional de este grupo insurgente, a la que incorporó la nómi-
na de personas detenidas, distinguiendo entre quienes colaboraban con las
Fuerzas de Seguridad y quienes se resistían a hacerlo.
1146
A finales del mes de junio ambas fueron trasladadas a Nicaragua e ins-
taladas en una casa de la localidad de Casares, departamento de Carazo, a
orillas del océano Pacífico. El propósito real de este traslado era investigar
si la versión que presentaban sobre los hechos era verdadera o si, en cam-
bio, habían sido “ganadas” por el Ejército y liberadas con la finalidad de
que se infiltraran en el EGP.
1147
En esa casa, Guisela Irasema fue vista por
varios compañeros suyos que también habían sido trasladados desde Gua-
temala.
1148
383
1142 Testigo directo CEH. (Carta al presidente de la República Vinicio Cerezo de María Luz de Cas-
tillo, madre de una de las víctimas, 13 de marzo de 1986).
1143 Ibid.
1144 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
1145 Ibid.
1146 Ibid.
1147 Ibid.
1148 Testigos directos (compañeros de Guisela en el EGP) CEH. (T.C. 863 y T.C. 864).
Por orden de los miembros de la Dirección Nacional del EGP que se
encontraban en Nicaragua, ambas mujeres fueron interrogadas varias veces
sobre su relato.
1149
Concluidos estos interrogatorios, la conclusión mayoritaria de los di-
rigentes fue que su versión no era verosímil, “que era falsa, que obviamente
habían negociado su salida y por lo tanto era únicamente con el objetivo de in-
filtrarse … y lo que correspondía era el fusilamiento, así se le llamaba a eso”.
1150
De este modo, miembros de la Dirección Nacional del EGP que se en-
contraban en Nicaragua decidieron la ejecución de estas dos militantes.
Para proceder a la ejecución, ambas víctimas fueron sacadas de su ca-
sa en Casares por otra militante del EGP, quien les indicó que preparasen
sus maletas, pues serían trasladadas a Cuba. En una gasolinera ubicada en
la nueva carretera a León, las dos mujeres fueron introducidas en un vehí-
culo conducido por un militante de sexo masculino.
1151
Ambas fueron ejecutadas, con absoluto secreto, en el interior de insta-
laciones que habría proporcionado el Gobierno de Nicaragua.
1152
A diferencia de la madre de Marilú Castillo, quien, ignorante de la ver-
dad, continuó buscando a su hija, la de Guisela Irasema conoció los he-
chos en julio de 1984, cuando fue citada a una reunión en Orizaba, Mé-
xico, y notificada de la ejecución de su hija por un miembro de la Direc-
ción Nacional del EGP, quien le indicó: “Soy … de la Dirección Nacional y
vengo a notificarte lo siguiente: sobre el caso de ‘Beatriz’, a ella se le juzgó y se
le encontró culpable de entregar recursos de la organización y se le fusiló por ór-
denes de la Comisión Ejecutiva del EGP”.
1153
La ejecución de Eugenio Contreras
Una vez en libertad, Eugenio Contreras grabó varias cintas con el tes-
timonio de su cautiverio, que fue remitido a los miembros de la Dirección
Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua.
Sin embargo, igual que en el caso de Guisela Irasema y Marilú Casti-
llo, los dirigentes no creyeron la versión de la fuga y sostuvieron que Con-
treras había negociado su libertad y traicionado a la organización, por lo
384
1149 Durante casi todo 1982, parte de la Dirección Nacional se concentraron en Nicaragua, mien-
tras el resto se encontraba en el Ixcán.
1150 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
Testigos directos (dirigentes actuales de la URNG) CEH. 30 de marzo de 1998.
1151 Testigo de referencia (familiar de Guisela) CEH.
1152 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
Las instalaciones pertenecían al Ministerio del Interior del Gobierno nicaragüense. En este sen-
tido, declaró también ante la CEH un alto funcionario del Ministerio del Interior de Nicara-
gua, quien desconoce la ubicación del lugar en que se realizó la ejecución, pero “no excluye que
los restos se encuentren en instalaciones del Ministerio del Interior nicaragüense, porque habían mu-
chas relaciones de amistad entre los guatemaltecos y los nicaragüenses, pero no como una política del
Estado de Nicaragua sino como un favor que le haría un militar a otro”.
1153 Comunicación de la ejecución de Guisela Irasema a su madre.
cual se decidió su ejecución. Esta se llevó a efecto en el camino a Aguaca-
tán, departamento de Huehuetenango.
1154
La ejecución de Carlos Ranfierí Morales López,
Ligia de Contreras y otra persona no identificada
Carlos Ranferí Morales López, primo hermano de Guisela Irasema y
perito contador, también había sido miembro del Frente Revolucionario
Robín García y después lo fue del EGP, en el Frente Guerrillero Augusto
César Sandino, donde militaba con el seudónimo de “Otto René”.
1155
El 26 de agosto de 1982, Carlos Ranferí salió de Guatemala hacia Ni-
caragua por órdenes de los dirigentes del EGP,
1156
con la finalidad de reci-
bir instrucción política. Al día siguiente, se comunicó con su madre, Mar-
ta López, y le confió haber tenido problemas con la organización,
1157
que
en teoría se habrían resuelto luego de una reunión con miembros de la Di-
rección Nacional.
El 15 de noviembre de 1982, a las cuatro de la tarde, su madre fue a
dejarle a la intersección Siete Sur en Managua, lugar donde le recogieron
miembros del EGP. Fue trasladado por éstos, y por las apariencias tomaron
dirección hacia Guatemala, en compañía de la esposa de Eugenio Contre-
ras, de nombre Ligia y apellidos desconocidos: ella había viajado a Nicara-
gua con la finalidad de indagar sobre la suerte de su esposo. Los acompaña-
ba, además, una tercera persona la que no se ha identificado, un joven que
se había incorporado al Frente Guerrillero César Augusto Sandino y que,
según lo señala un dirigente del EGP, “se presumía era un infiltrado”. Por es-
ta razón, según el mismo dirigente, el joven había sido excluido de la orga-
nización, pese a lo cual había aparecido en Nicaragua al cabo del tiempo.
1158
Ninguno de los tres sabía que, días antes, habían sido condenados a
morir por miembros de la Dirección Nacional del EGP que se encontra-
ban en Nicaragua. La decisión de ejecutar a Ligia y a Carlos Ranferí se ori-
ginó por la insistencia de ambos, ante los dirigentes del EGP, para conocer
el paradero del esposo de aquélla, Eugenio Contreras, y la prima de aquél,
Guisela Irasema. Ante la imposibilidad de los dirigentes de darles una res-
puesta persuasiva y para evitar otras pesquisas, los seis miembros de la Di-
rección Nacional del EGP que se encontraban en Nicaragua, decidieron
ejecutarlos también a ellos.
1159
La decisión de ejecutar al joven desconoci-
do obedeció a que se consideraba un infiltrado.
1160
385
1154 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
Testigos directos (dirigentes actuales de la URNG) CEH. 30 de marzo de 1998.
1155 Testigo de referencia CEH. Informe presentado por la familia de la víctima ante la CEH.
1156 Ibid.
1157 Ibid.
1158 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
1159 Ibid.
1160 Ibid.
Un miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982, declara an-
te la CEH que, en el trayecto desde Managua a la frontera con Honduras,
“pararon el carro y lo que hicieron, ya con el apoyo de otras gentes y de los san-
dinistas, fue taparles la nariz y la boca con un trapo o una toalla impregnada
de cloroformo. Así los habían reducido y dormido y en ese estado habían sido
ejecutados, los tres juntos en un mismo lugar y enterrados en una fosa en el
campo”.
1161
No ha sido posible establecer el lugar de la inhumación.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Quince años después, en 1997, la mamá de Marilú Castillo conoció
por el propio EGP la verdad sobre la ejecución de su hija, merced a las ges-
tiones de una organización no gubernamental de derechos humanos,
1162
en
respuesta a una petición suya.
Los esfuerzos de las otras madres tampoco fueron en vano. Los diri-
gentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que
formaban parte de la última Dirección Nacional del EGP reconocieron
públicamente en 1998, mediante la inserción de un campo pagado en la
prensa
1163
la responsabilidad de esa organización en dos de las ejecuciones.
Lo propio ocurrió respecto a todas las ejecuciones, ante la CEH.
Los dirigentes del EGP explican las ejecuciones señalando: “la situa-
ción en la ciudad era muy difícil, se habían dado golpes muy duros a la orga-
nización y una gran cantidad de personas había sido detenida por las Fuerzas
de Seguridad”.
1164
A lo anterior, agregan: “El aparato no destruye, ni tortura, ni retiene a
todos los que captura, a algunos los deja ir. Los suelta revueltos, deja ir a trai-
dores, infiltrados o personas que ya no le son útiles. Este método sirve para ocul-
tar a sus agentes y crear confusión, porque cómo se puede saber quién fue el trai-
dor, quién el infiltrado y quién permaneció fiel. De esa forma siempre perma-
nece la zozobra y además es posible cometer errores e injusticias”.
1165
Según un miembro de la Dirección Nacional del EGP en aquella épo-
ca, los fusilamientos fueron “los hechos más terribles, la expresión más dura,
de una situación de derrota no asimilada, no asumida, de una situación deses-
perada de tratar de preservar lo poco que quedaba, donde pesaba mucho tam-
386
1161 Ibid.
Testigos directos (dirigentes actuales de la URNG) CEH. 30 de marzo de 1998.
1162 Ibid.
1163 El Periódico, 23 de febrero de 1998. En el campo pagado la URNG indica que Guisela Irasema
López y Carlos Ranferí Morales “perecieron víctimas de prácticas y procedimientos indebidos e in-
justos”.
1164 Testigo de referencia (miembro del EGP en 1982) CEH. (T.C. 863).
Testigos directos (dirigentes actuales de la URNG) CEH. 30 de marzo de 1998.
1165 Testigo de referencia (miembro del EGP en 1982) CEH. (T.C. 865).
bién, la idea de que estábamos infiltrados, de que nos estaban golpeando tan-
to debido a la infiltración”.
1166
Las madres de las víctimas continúan la búsqueda de los cadáveres de
sus hijos.
IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes del caso, la CEH llegó a la plena
convicción de que Guisela Irasema López, Aída Marilú Castillo Estrada,
Eugenio Contreras, Ligia de Contreras, Carlos Ranferí Morales López y un
joven no identificado fueron privados de su vida por miembros del Ejérci-
to Guerrillero de los Pobres, en cumplimiento de una decisión de sus diri-
gentes nacionales, constituyendo dicho acto una ejecución arbitraria de
responsabilidad de dichos dirigentes.
Ninguna circunstancia de carácter militar o político otorga justifica-
ción jurídica o ética a este crimen.
La CEH estima que, en este caso, el reconocimiento de la verdad por
parte de los dirigentes de la URNG constituye un gesto positivo, desde la
perspectiva de la reconciliación nacional.
Finalmente, la CEH considera que este crimen es ilustrativo de la ca-
rencia, en la administración de la disciplina y justicia internas de la orga-
nización guerrillera, de normas mínimas objetivas que resguardaran dere-
chos inalienables de la persona humana, lo cual permitió que la simple des-
confianza condujera a la eliminación física de militantes indefensos.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Aida Marylu Castillo Estrada
Carlos Ranferi Morales López
Eugenio Contreras
Guisela Irasema López
Ligia de Contreras
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
387
1166 Testigo de referencia (miembro de la Dirección Nacional del EGP en 1982) CEH. (T.C. 23).
I. ANTECEDENTES
A finales de los años sesenta comenzó un proceso de colonización en
las riberas del río Usumacinta, que es la frontera del departamento de Pe-
tén con México. La gente, que llegaba de todos los rincones de Guatema-
la al área del municipio La Libertad en busca de tierras, se organizó en va-
rias cooperativas, entre ellas Bethel, Las Palmas, Buena Fe, El Arbolito,
Flor de la Esperanza, Bella Guatemala, Bonanza, Ixmucané y La Técnica.
En la década de los setenta las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) co-
menzaron a realizar tareas de propaganda y organización entre la gente de
esas cooperativas. Su éxito fue parcial pero importante, llegando a contar
con un buen número de simpatizantes y colaboradores.
En 1981 cuando aún las FAR no habían iniciado campaña militar al-
guna en esta zona, ocurrieron dos hechos que permitieron al Ejército co-
nocer la existencia de esas bases de apoyo social a la guerrilla y también la
identidad de los máximos líderes de las FAR en el área. El primero fue la
captura del “comandante Felipe” del Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP), en el departamento de Alta Verapaz, quien portaba documentos
que contenían información militar y organizativa sobre las FAR en el de-
partamento de Petén, incluyendo nombres de sus integrantes. El segundo
hecho fue la captura en la ciudad capital, también por el Ejército, de dos
miembros de la cooperativa El Arbolito que se aprestaban a viajar a Cuba,
enviados por las FAR, para recibir capacitación política y militar.
En el mes de junio de ese año, unos dos kilómetros al norte de la co-
munidad de Vista Hermosa, cercana a la cooperativa El Arbolito, el Ejér-
cito instaló un destacamento compuesto por cuatro pelotones de soldados.
Además, militares disfrazados de compradores de cerdos comenzaron a lle-
Caso ilustrativo No. 1
Ejecuciones, tortura
y desplazamiento forzado en la
ribera del río Isumacinta, Petén
“Me estuvieron pegando toda la noche, me
preguntaban por un guerrillero y yo les dije
que no lo conocía; no podía mal informarlos
como lo habían malinformado sobre noso-
tros, y me volvían a dar culatazos”.
1167
1167 Declaración de un miembro de la cooperativa El Arbolito, Libertad, Petén.
gar a las cooperativas de forma ocasional, pasando las noches platicando
con la gente con la finalidad de informarse sobre la población.
II. LOS HECHOS
La campaña del Ejército
El 16 de junio de 1981 efectivos del Ejército partieron del destaca-
mento militar y recorrieron varias cooperativas. Al llegar a la cooperativa
Bella Guatemala pintaron en la escuela la consigna “Vivan las FAR”. La in-
vestigación realizada por la CEH permite afirmar, con certeza, que los sol-
dados iban disfrazados de guerrilleros. Los soldados conducían a un hom-
bre capturado la noche anterior en la cooperativa Flor de la Esperanza. De
este hombre nunca se tuvo más noticia en su comunidad, cuyos habitan-
tes afirmaron haber encontrado manchas de sangre en su casa con poste-
rioridad a su desaparición.
Al día siguiente, en horas de la mañana, otros dos pelotones de solda-
dos vestidos de civil salieron del destacamento. Una persona de la coope-
rativa El Arbolito que iba camino a Vista Hermosa se encontró con ellos y
fue capturada; una segunda persona lo fue más tarde, esa misma mañana.
Un capturado, sobreviviente, manifestó a la CEH: “Yo vi hombres vestidos
de civil, pero no vi que traían armas, se abrieron y yo pasé, no me hablaron,
me dejaron pasar y sentí el golpe atrás de la cabeza, ahí estoy tirado, luego me
pusieron el pie aquí en la espalda y el cañón aquí [el pecho]. Y entonces fue-
ron a registrarme. Y yo les dije: ‘¿Qué es lo que quieren?’. Y empezaron a tra-
tarme de ratero, de ladrón, de sinvergüenza, que yo era un guerrillero. Le di-
go yo: ‘¿Pero por qué?, si yo no estoy haciendo nada’. Y agarraron mi leche que
llevaba y mi comida se la comieron, tiraron el arroz todo para el monte. En-
tonces ya me amarraron de los dos dedos y de las manos atrás. Al rato cayó
Fausto Bravo [el segundo capturado]; lo mismo le hicieron. Le pegaron con
machete, y sonaban los cuerazos en la espalda y le amarraron. Al rato oí que
estaban amarrándolo y gritaba cuando le estaban pegando. Cuando me di
cuenta, sí era el Ejército, pero todos iban vestidos de civil”.
1168
Los efectivos se dividieron en dos pelotones, uno se orientó hacia El
Arbolito y el otro marchó en dirección a la cooperativa Bonanza.
El pelotón que se dirigía a El Arbolito, que llevaba consigo a los dos
capturados y a una persona encapuchada que habría sido aprehendida en
la capital, se juntó con los soldados que habían estado el día anterior en la
cooperativa Bella Guatemala. A las diez de la mañana entraron en dicho
390
1168 Testigo directo CEH. (T.C. 491).
lugar disparando al aire. Más tarde, según los testimonios recogidos, ate-
rrizó en El Arbolito un helicóptero del Ejército.
Los soldados obligaron a todos los habitantes a reunirse en la cancha
de fútbol. Según relata un testigo: “Uno de los soldados entró a la escuela,
cuando estaban estudiando los niños, y les preguntó: ‘¿Quién es la niña más
grande aquí?, ¿Quién es?’, los niños se pusieron a llorar y salieron a la cancha
de fútbol”.
1169
Estando todos los habitantes reunidos en la cancha, la persona enca-
puchada fue señalando a ocho presuntos colaboradores de la guerrilla, que
fueron detenidos y llevados por los soldados al destacamento militar. En el
trayecto fueron golpeados con palos por los efectivos militares. Rumbo al
destacamento encontraron a una persona que se dirigía a El Arbolito y ahí
mismo le dieron muerte. Varias personas más fueron muertas por los sol-
dados en el trayecto hacia Vista Hermosa. Los cadáveres quedaron expues-
tos en el camino. Un sobreviviente que pasó días después por el lugar ates-
tiguó que no se aguantaba el mal olor en toda la zona y logró ver como a
treinta cadáveres tirados en el camino. El estado de descomposición de los
cuerpos impedía identificar a las víctimas, aunque algunos testigos presu-
men que eran trabajadores de una petrolera ubicada en el territorio fron-
terizo mexicano.
El pelotón que entró en la cooperativa Bonanza llegó gritando “Viva
el ESA
1170
y mueran los guerrilleros”, ejecutó en el lugar a un número inde-
terminado de personas de la comunidad que pertenecían o colaboraban
con las FAR.
“Masacraron en el mismo lugar a Pedro, Audelino y al teniente de las
FAR, Vidal. Capturaron a otro teniente de las FAR, Cruz Sánchez, y
otros de la misma comunidad tales como Faustino, Erazmo González
y Luis”.
1171
A Cruz Sánchez lo llevaron a la cooperativa La Técnica, para que iden-
tificara a sus compañeros, pero no encontraron a nadie porque la gente, ya
avisada, había huido. Luego lo llevaron al destacamento militar, donde fue
torturado y, probablemente, ejecutado. Un testigo presencial declaró a la
CEH: “Me tocó junto con Cruz Sánchez ser torturados”.
Al destacamento militar llegaron aproximadamente otros veinte hom-
bres capturados, que fueron arrojados en un pozo de lodo y sometidos a
tortura. “Me pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarme, me golpearon
a culatazos, no nos dieron nada de comer durante ocho días; habían personas
391
1169 Ibid.
1170 Ejército Secreto Anticomunista.
1171 Testigo directo CEH.
que les puyaron los ojos con agujas y a algunos los gusanos les comieron los ojos
y gritaban del dolor insoportable”.
1172
Según un testigo ante la CEH, en esos días bajó de un helicóptero una
alta autoridad militar, quien “…llegaba a observarnos en el lugar donde nos
estaban torturando, y luego desaparecía de nosotros”.
Después de ocho días de cautiverio sólo cuatro hombres sobrevivieron
y fueron liberados, bajo amenaza de muerte a ellos y sus familias en caso
de que contaran lo ocurrido.
Durante las dos semanas en que se desarrolló esta operación, efectivos
del Ejército también se hicieron presentes en la cooperativa Flor de la Es-
peranza, donde dieron muerte a siete personas, que fueron sepultadas por
un sobreviviente en el cementerio de la comunidad.
Cuando, días más tarde, se retiró el destacamento militar, habitantes
de la vecina comunidad Vista Hermosa fueron obligados por los soldados
a amontonar y quemar los cadáveres que aún no habían sido sepultados.
Según testimonios recibidos por la CEH, los cuerpos incinerados habrían
sido sepultados en una parcela ubicada a 1700 metros de la comunidad,
en la carretera a Bethel.
El desplazamiento y sus consecuencias
Antes del 16 de junio de 1981, conociendo la presencia del Ejército,
cientos de personas del área habían huido a México, donde pidieron refu-
gio. Inmediatamente después de ocurridos los sucesos narrados, todos los
habitantes de la comunidad de Ixmucané, afectados por el terror, decidie-
ron buscar asilo en el país vecino. Más tarde los siguió la mayoría de la po-
blación de las otras comunidades.
Como las autoridades mexicanas obligaron al primer grupo a regresar
a Guatemala, a través de la selva de Lacandón, la dirigencia política de las
FAR realizó gestiones para procurar que el Gobierno de México acogiera a
estos guatemaltecos como refugiados.
“…Las primeras pruebas que presentamos al Gobierno mexicano fueron
los sobrevivientes de la masacre de la cooperativa El Arbolito, horas después que
el Ejército los liberó. Las señales de torturas que presentaban los sobrevivientes
conmocionaron a las autoridades de ese país, declarando a las primeras cuatro
personas como asilados políticos. Este proceso de asilo político fue acompañado
por una campaña de prensa. Los cuatro sobrevivientes sirvieron para los demás
refugiados como fuentes para poder ingresar en calidad de refugiados y acepta-
dos por el Gobierno mexicano”.
1173
Después de concederse el asilo a estos so-
brevivientes, el Ejército mexicano, que se había instalado en la frontera, se
392
1172 Testigo directo CEH.
1173 Testigo directo CEH.
retiró. “Entonces abrió las puertas de nuevo, comprendieron que no venían a
buscar trabajo en el país”, sino que huían de la represión.
1174
Sin embargo, los miembros de otro grupo que no logró refugiarse en
México y que se encontró con las patrullas guerrilleras que operaban en ese
área fueron reclutados por la insurgencia y algunos organizados en “mili-
cias”, cuyo trabajo cotidiano consistía en la protección de la milpa, la caña
y otros alimentos, el abastecimiento y la atención médica a los combatien-
tes.
1175
Las milicias se denominaron “Comunidades Populares de Producción
y Defensa” y después “Comunidades Populares en Resistencia-Petén” (CPR-P).
Un ex miembro de las FAR atestiguó cómo el grupo guerrillero apro-
vechó este fenómeno de desplazamiento forzado para reclutar gente de las
cooperativas afectadas: “…Busquemos a los muchachos a ver si los hallamos,
y aunque no nos conocieran, y aunque nunca hayan sido colaboradores, bus-
quemos a los muchachos a que nos apoyen. Y muchas veces que nos topamos con
ellos ahí en esas desbandadas podríamos decir lo primero que dijeron: ‘Muchá,
aquí habemos tantos y queremos armas, y nos vamos a incorporar y vamos a
echarles punta a estos jodidos”.
1176
Por su parte, un desplazado de esas cooperativas convertido en com-
batiente, recuerda por qué se incorporó a la guerrilla, “En primer lugar fue
porque el Ejército había matado a mi papá, entonces eso ya guarda uno un
rencor, ni modo hay que hacer algo, eso por un lado, por otro lado, si no me
metía ahí era para que me dieran muerte en cualquier momento. Entonces di-
je yo, mi único chance es aquí. O salgo vivo o muero, pero voy a morir con
arma”.
1177
Otro ex combatiente afirmó “…Antes de la masacre del Arbolito si mu-
cho contábamos con 30 combatientes … las FAR eran un pescadito. Después
pasaron a ser el pez”.
1178
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando todos los antecedentes reunidos en la investi-
gación de este caso, llegó a la convicción de que efectivos del Ejército eje-
cutaron a civiles desarmados en violación de sus derechos humanos. Esta
violación del derecho a la vida no admite justificación basada en la cola-
boración que las víctimas eventualmente hayan podido prestar a la gue-
rrilla.
393
1174 Ibid.
1175 Angel Cantú Aragón, La hora cero en los tiempos de guerra, Artemis y Edinter, (1997), pg. 49-
50.
1176 Testigo directo CEH.
1177 Testigo directo CEH.
1178 Testigo directo CEH.
Además, la CEH llegó a la convicción de que efectivos del Ejército eje-
cutaron, fuera de combate, a presuntos integrantes de la guerrilla que no
estaban armados, violando su derecho a la vida e infringiendo normas ele-
mentales del Derecho Internacional Humanitario.
En este mismo caso, la CEH concluyó que varias personas sufrieron
violación de su derecho a la integridad física, mediante la tortura cometi-
da por los mismos agentes del Estado.
Por otra parte, la CEH llegó a la conclusión de que numerosas perso-
nas sufrieron violación de su libertad de circulación y residencia, al ser ob-
jetivamente forzadas a abandonar sus hogares y lugar de trabajo, a raíz de
una campaña vinculada al enfrentamiento armado interno.
En otro orden de consideraciones, la CEH estima que este caso ilus-
tra una táctica utilizada por el Ejército para contrarrestar la base de apoyo
civil a la insurgencia, la cual incluyó métodos ilegítimos de represión selec-
tiva, que no sólo afectaron a quienes efectivamente colaboraban con la
guerrilla, sino también al conjunto de las comunidades del área, como lo
evidencia el éxodo masivo de la población.
El caso ilustra, también, cómo población civil que no era parte en el
enfrentamiento terminó involucrada en el mismo, primero como víctima
y luego como colaboradora activa de una de las partes, fenómeno, este úl-
timo, que agudizo dicho enfrentamiento en Petén.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Erazmo González
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Benjamín Maldonado
Socorro Martínez
Cruz Sánchez
394
Carmen Rodas Rodas
Daniel Damasio Rodas Juárez
Erasmo Aguilar
Fausto Escobar
Luis Cardona
Luis Cifuentes
Noe Aguilar
Raúl Rodas
René Mejía Carreto
Vidaul Rodas Avila
Torturas, privación de libertad
Bonifacio Rodas Godínez
Delfino Cardona
Fausto Bravo
Felicito Acuña
Pedro Hernández
Reginaldo Aguilar López
Sostenes Cifuentes Flores
Víctimas colectivas/desconocidas: 47
395
I. ANTECEDENTES
El parcelamiento Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, fue fundado
en 1978 en el marco de una fuerte migración motivada por la búsqueda
de tierra por campesinos y por efecto de la colonización promovida por la
agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP). Los
fundadores del parcelamiento fueron Federico Aquino Ruano y Marcos
Reyes, a quienes la institución mencionada autorizó 100 caballerías de tie-
rra, para que la repartieran en lotes de cinco, dos y una caballerías a quie-
nes lo solicitaran.
El punto máximo de expansión del parcelamiento de Las Dos Erres se
produjo entre 1979 y 1980, cuando llegó una gran cantidad de personas
ladinas provenientes del Oriente y Costa Sur de Guatemala. En diciembre
de 1982 la población oscilaba entre 300 y 350 habitantes. Se construyeron
dos iglesias (una evangélica y otra católica) y una escuela. Asimismo, había
tres comercios pequeños, aunque los pobladores tenían que acudir cada se-
mana a la aldea vecina de Las Cruces para proveerse de víveres que no po-
dían obtener en su comunidad.
La vida en el parcelamiento era muy armónica y había muy pocos pro-
blemas. Sus habitantes tenían fama de ser trabajadores, respetuosos y ama-
bles unos con otros y una gran solidaridad regía entre ellos.
En 1981 se comenzó a vivir un clima de creciente tensión en la zona,
debido a que en la aldea Las Cruces algunas personas desaparecieron o fue-
ron asesinadas.
1181
A principios de 1982 miembros de las Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR) entraron en Las Cruces, para celebrar un mitin y comprar
víveres, lo que propició se incrementara la presencia militar que estableció
un destacamento en la propia comunidad. El clima de tensión en Las Dos
Erres se acentuó después de la masacre que se había cometido en abril de
Caso ilustrativo No. 31
Masacre de las Dos Erres
“…uno tenía que ser especialista para eso,
con corazón para hacer eso”.
1179
“La ejecución terminó como a las cinco de
la tarde y cerramos el pozo. Al finalizar la
ejecución quedamos listos para ir a ce-
nar”.
1180
1179 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
1180 Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA.
1181 Convergencia Por la Verdad. Casos 173, 310, 462 y 463.
1982 en la aldea Josefinos.
1182
Comenzaron a sobrevolar aviones militares
de combate a baja altura por esa zona, y el Ejército, a partir de entonces,
empezó a visitar con regularidad el parcelamiento.
En septiembre de 1982 comandos de las FAR atacaron con morteros
los cuarteles de la Policía Militar Ambulante y la Guardia de Hacienda de
Las Cruces. Como consecuencia, el comisionado militar del lugar organi-
zó la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) en su comunidad y en Las Dos
Erres. El objetivo era que esta última no patrullara en su parcelamiento si-
no que se integrara en la PAC de Las Cruces, alternativa que fue rechaza-
da por la población de Las Dos Erres, que sólo accedió a formar la patru-
lla para proteger su comunidad.
Ante esta negativa, el comisionado de Las Cruces empezó a difundir
el rumor de que la gente de Las Dos Erres era guerrillera. Una de las prue-
bas que presentó al Ejército fue un saco para recolección de la cosecha uti-
lizado por Federico Aquino Ruano, fundador de la comunidad, donde fi-
guraban las siglas FAR. Esta correspondía a las iniciales de su nombre,
coincidía con las de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Incluso cuando se ce-
lebró la “jura de bandera” en Las Cruces, en septiembre de 1982, el comi-
sionado militar prohibió a los pobladores de Las Dos Erres que participa-
ran en el evento. La negativa a jurar la bandera significaba en esa época, a
los ojos del Ejército, que se había tomado partido por la insurgencia.
Al propio tiempo, comenzó a correr en la zona el rumor de que el Ejér-
cito bombardearía pronto Las Dos Erres, por lo que en varias ocasiones fa-
milias enteras abandonaron sus casas, para regresar más tarde.
Transcurrió un mes y un convoy del Ejército de Guatemala sufrió una
emboscada que las FAR tendieron cerca del poblado de Palestina, a pocos
kilómetros de Las Cruces. Según un declarante, en el enfrentamiento mu-
rieron 21 soldados, en tanto que la guerrilla se llevó 19 fusiles.
1183
Ante la situación creada, la zona militar 23, con sede en Poptún,
1184
so-
licitó el envío del pelotón especial de kaibiles,
1185
formado por 18
1186
ins-
tructores de la Escuela Kaibil, ubicada en La Pólvora, Petén.
1187
El pelotón
398
1182 C 10309. Abril, 1982, La Libertad, Petén. Más de 20 personas, entre patrulleros civiles y campe-
sinos murieron a manos del Ejército.
1183 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 21 de octubre de 1997.
1184 En la época en que los hechos tuvieron lugar no existía aún oficialmente la zona militar 23, sino
la brigada militar “General Luis García León”.
1185 Testigo directo (ex kaibil) CEH. Tropas especializadas en operaciones de comandos y operaciones
especiales.
Ministerio Público. Expediente 541-94. Este pelotón especial de instructores kaibiles era itineran-
te, trasladándose de un lugar a otro del país según las necesidades del Ejército. Su objetivo era tan-
to dar instrucción a la tropa como conducir pelotones en combate o participar como grupo de
asalto.
1186 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262). Eran 19 pero uno de ellos se encontraba enfermo en
su casa y no viajó.
Testigo directo (mayor Eduardo Arévalo Lacs) Ministerio Público. 21 de marzo de 1997.
1187 Testigo directo (alto mando del Ejército) CEH. La escuela de kaibiles fue cerrada temporalmente
entre 1982 y 1984, cuando se formó este pelotón especial de instructores kaibiles.
llegó a la base aérea de Santa Elena, Petén, el 4 de diciembre de 1982, pro-
cedente de Retalhuleu, y fue informado de que iba a estar bajo las órdenes
de la zona militar 23. Otros 40 kaibiles destacados en la misma zona se
unieron a los instructores.
1188
El 5 de diciembre recibieron la orden de ir a Las Dos Erres, comuni-
dad a la que la Inteligencia militar ya consideraba simpatizante de la gue-
rrilla. La instrucción era registrar la aldea, matar a los pobladores y recupe-
rar los 19 fusiles perdidos en la emboscada de Palestina.
1189
Ese mismo día,
a las cinco y media de la tarde, reunieron a la tropa y les ordenaron vestir-
se como los guerrilleros,
1190
es decir, con camisa verde olivo y pantalón de
civi, y portar armas de uso común entre la guerrilla, aunque algunos con-
servaron su equipo de reglamento.
1191
El propósito de uniformarse como
los insurgentes era “para que la población se confundiera y dijera que no era
el Ejército el que andaba haciendo esas matanzas, sino que era la subver-
sión”.
1192
Su forma de identificación era una cinta roja en el brazo derecho
a fin de no confundirse en el ataque. En cuanto a la conformación de la
patrulla, “cada sub-instructor estuvo encargado de una escuadra de nueve
hombres, y se dividía en grupos de asalto, municiones, apoyo, comunicaciones
y seguridad … Nos dividieron en investigadores, rematadores y demoledores.
Uno tenía que ser especialista para hacer eso, con corazón para hacer eso”.
1193
Como a las nueve
1194
de la noche dos camiones civiles parten en direc-
ción a Las Dos Erres; dentro llevan 58 kaibiles. Para conducir los dos camio-
nes, un día antes de la masacre, dos personas, un comisionado militar y un
mecánico de Las Cruces, habían sido entrevistados por dos agentes de la G-
2. Durante su estancia en la base aérea de Santa Elena, los dos vieron que los
soldados torturaban e interrogaban a un hombre, y escucharon que lo iban
a llevar a Las Dos Erres. Se supone que este individuo era el “guía” que iba
con la patrulla de kaibiles el día de los hechos pero su identidad y proceden-
cia se desconocen.
1195
Los dos pilotos, con un pretexto, eluden la misión.
399
1188 Testigos directos (ex kaibiles) Ministerio Público. Expediente judicial 451-94. 21 y 22 de octubre
de 1997.
Ministerio Público (Expediente 541-94). De acuerdo con la información documental todo el pe-
lotón que actuó en la masacre de Las Dos Erres era kaibil, pues se necesitaba ese tipo de personal
especializado para esa operación debido a que se habían tenido noticias de que en esa zona la gue-
rrilla estaba causando muchas bajas al Ejército.
1189 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 21 de octubre de 1997.
Testigo directo Ministerio Público. Entrevistado por el fiscal especial el 22 de octubre de 1997.
Testigo directo FAMDEGUA. 23 de agosto de 1996. Dicen que fueron 21 los fusiles, y que la
instrucción no era matar, si no sólo realizar el cateo.
1190 Esta táctica fue usada en varias oportunidades por el Ejército. CI 27. Agosto, 1982. Colotenan-
go, Huehuetenango. CI 50. Marzo, 1982. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 22 de octubre 1997.
1191 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 21 de octubre 1997.
1192 Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA. 14 de noviembre 1996.
1193 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
1194 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 22 de octubre 1997. Dice que eran como las diez
de la noche.
1195 Testigo directo CEH. (T.C. 262). Afirma: “supongo que el guía de Las Dos Erres era un comba-
tiente de la guerrilla, eso era la práctica normal de nosotros, siempre donde andábamos”.
A las once de la noche del 5 de diciembre el grupo llega al “entrade-
ro”
1196
de Las Dos Erres, deja los camiones y camina los seis kilómetros ha-
cia el poblado, para alcanzar el objetivo hacia las dos y media de la maña-
na del siguiente día, 6 de diciembre 1982.
II. LOS HECHOS
Tan pronto como llegaron los kaibiles comenzaron a sacar con violen-
cia a la gente de sus hogares. Actúan casa por casa. Concentran a las mu-
jeres y niños en las dos iglesias y a los hombres los encierran en la escuela.
A estos últimos les fueron interrogando uno por uno y se llevó a cabo un
registro de todas las viviendas, sin que se hallara ningún arma ni propagan-
da y tampoco se detectara presencia de la guerrilla. Entre las cuatro y me-
dia y cinco de la mañana
1197
se escuchan “unos gritos de auxilio; una joven o
una señorita, aproximadamente como de unos catorce años gritaba atrás de la
iglesia donde estaba toda la gente reunida, y nosotros, como estábamos en una
vereda no nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando, pero ya al amane-
cer los mismos compañeros dijeron de que el señor o el teniente … había vio-
lado a la señorita atrás de dicha iglesia”.
1198
Después de reunir a toda la población, sobre las seis de la mañana los
jefes de la patrulla consultaron por radio
1199
con el mando superior
1200
y,
una vez recibidas las órdenes,
1201
informaron al resto de la tropa que se iba
a proceder a “vacunar”
1202
a los pobladores después del desayuno. Como a
mediodía, los kaibiles comienzan a “vacunar” a los niños. Los juntaron,
aunque no a todos. A las dos de la tarde arrojan vivo a un pozo seco a un
recién nacido de tres o cuatro meses de edad. Es el inicio de la masacre. A
continuación prosigue a costa de los demás infantes.
400
1196 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. 21 de octubre 1997.
1197 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. Expediente judicial 541-94.
1198 Ibid.
Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA. 14 de noviembre de 1996.
1199 Ibid. El grupo de kaibiles que participó en la masacre utilizó un radio de fabricación mexicana
tipo 74 en la frecuencia 5110 con enlace directo a través de la red de radio del Ejército y por
tanto con cobertura nacional.
1200 Testigo directo (alto mando del Ejército) CEH. (T.C. 92). Los kaibiles no dependían jerárqui-
camente de la zona militar de competencia territorial, sino directamente del director de opera-
ciones, miembro del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Testigo directo (ex kaibil) CEH. Sin embargo, en este preciso caso, estaban bajo las órdenes de
la zona militar 23.
1201 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262). “Uno no se mueve sin órdenes, no se hace nada que
el superior no lo ordene. Hasta para ir al baño hay que solicitar autorización. Había que consultar
siempre, incluso durante los combates cada hora. Siempre había contacto por radio, los radios que te-
níamos eran muy fuertes. Siempre se avisa y se coordina con los destacamentos y zonas militares. Su-
pongo que las órdenes siempre son coordinadas por el Ministerio, por el Estado Mayor de la Defensa
Nacional. No se puede hacer nada a criterio de cada uno, todo tiene que ser coordinado”.
1202 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. Expediente judicial 541-94. En ese momento se
había confirmado la decisión de matar a la gente.
Todos los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la ca-
beza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los ár-
boles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo.
Entre tanto, los hombres, mujeres y algunos niños seguían “encerrados
en las iglesias y en la escuela y sólo se escuchaban sus rezos y plegarias”.
1203
Ade-
más, “comenzaron algunos especialistas a violar a las niñas menores de
edad”.
1204
Los kaibiles se encargaron entonces de los hombres, las mujeres y los
ancianos. Estos fueron sacados uno por uno de la escuela y de las iglesias,
vendados y conducidos a la orilla del pozo, donde los hincaban de rodillas,
y les preguntaban si pertenecían a la insurgencia y quién era el jefe guerri-
llero del poblado. Si no contestaban, o alegaban que no sabían, un instruc-
tor kaibil los golpeaban con una almádana y, al igual que habían hecho con
los niños, les pegaban en el cráneo para lanzar después los cadáveres al po-
zo.
1205
Así se siguió haciendo todo el día 6 de diciembre.
De acuerdo con lo declarado por un ex kaibil que participó en la ma-
sacre, en la noche del 6 al 7 de diciembre los soldados volvieron a violar a
las niñas que aún estaban con vida y también a varias mujeres, que se ha-
bían repartido entre ellos: “Yo pude ver cuando ellos luchaban a las menores
de edad para violarlas”.
1206
A las mujeres embarazadas les provocaron abor-
tos como consecuencia de los golpes recibidos: “Se podía ver cómo las gol-
peaban en el vientre con las armas, o las acostaban y los soldados les brincaban
encima una y otra vez hasta que el niño salía malogrado”.
1207
Los hombres no
vieron todo eso, pero desde el lugar donde estaban, podían escuchar con
detalle todo lo que sufrían sus mujeres y niños.
El 7 de diciembre los kaibiles empezaron a matar por igual a hombres,
mujeres: unos fueron ejecutados tras destrozarles la cabeza con la almáda-
na y otros con arma de fuego. En esa ocasión, “uno de los hombres logró qui-
tarse la venda una vez que había caído al pozo, pues logró sobrevivir del golpe
en la cabeza y, al verse sobre el resto de cadáveres, insultó a uno de los kaibiles
que estaba a la orilla del pozo, quien le disparó con su rifle Galil y, al ver que
no moría, lanzó una granada de fragmentación encima de él”.
1208
Las últimas víctimas del 7 de diciembre no los mataron en seguida. Se-
gún declaraciones de un ex kaibil que participó en la masacre recogidas por
el Ministerio Público: “Cuando el pozo estaba casi lleno, algunas personas
401
1203 Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA. 14 de noviembre de 1996.
1204 Ibid.
1205 La mayoría de las víctimas en Las Dos Erres fue asesinada con esta especie de martillo, lo que
se corresponde con el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense cuyos miembros
fueron designados como peritos para el proceso 1316/94 del Juzgado de Primera Instancia de
Petén.
1206 Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA. 14 de noviembre de 1996.
1207 Testigo directo Ministerio Público. Expediente judicial 541-94.
1208 Ibid.
aún seguían vivas y se levantaban tratando de salir pero no podían. Pedían au-
xilio y mentaban a Dios. Después, cuando lo estaban tapando, todavía se es-
cuchaban quejas y llantos de las víctimas”.
1209
A los que aún quedaban con vida los mantuvieron retenidos en las
iglesias y en la escuela. En la noche del 7 al 8 de diciembre encañonaron
a las mujeres con sus armas y se burlaban de ellas. A algunas las volvieron
a violar; igual sucedió con las niñas. A los hombres los comenzaron a gol-
pear.
“Los agarraban a patadas, se miraba que les montaban, brincaban
encima y los pateaban … Después se oyeron. De repente se escucharon
cuatro balazos [y] al ratito … fueron sacando a los hombres de la es-
cuela y se los fueron llevando por un camino … en una montaña que
había Guamil … Los llevaban en surco. También iban un surco de
hombres con armas a la izquierda, derecha, atrás y adelante. Enton-
ces dijeron a la gente de la iglesia: ‘Salgan ustedes’. Saliendo al patio
de la iglesia cuando se oyeron descargas de ametralladoras. Ellos dije-
ron: ‘Escuchen, esos son unos hijos de p … que no los queremos y los
vamos a terminar a todos, los estamos matando porque son unos mo-
nos, unos micos’. … Entonces fueron llevando a las mujeres a patadas
y manadas, del pelo las agarraban, pero las agarraron a un lado aba-
jo de la escuela, no para donde llevaron a los hombres, sino para aba-
jo … Como a los dos minutos ellos dijeron: ‘Aquí dejémoslas’, las pu-
sieron allí y se oyeron los disparos, las descargas, se oyó un solo grito.
Se oyó que se quejaban niños y gente grande, mujeres. Conforme las
descargas se oyó como que las remataban, unos 15 o 20 tiros más, co-
mo que de una vez estaban rematando a los que quedaron … Des-
pués ya venían los hombres sacando las tolvas y metiendo otras nuevas
… Se iban riendo, como que nada le pasaba”.
1210
A los hombres que vivían aún les llevaron a la montaña, donde los de-
gollaron y remataron con arma de fuego.
1211
De esa forma “terminó la gen-
te de Las Dos Erres, ya no había nada”.
1212
En ese momento la patrulla de
kaibiles había terminado de asesinar a todos los pobladores de Las Dos
Erres, excepto un niño que se escondió entre la vegetación y logró salvar-
402
1209 Ibid.
1210 Testigo directo FAMDEGUA. Julio, 1994.
La CEH considera que los hombres fueron asesinados en la selva y el grupo de mujeres y niños
en Los Salazares, sitio cercano a Las Dos Erres, teniendo en cuenta: i) la inspección ocular del
lugar, realizada por la CEH; ii) las distancias y rutas a seguir en relación con los lugares men-
cionados; iii) las declaraciones ministeriales sobre el caso y; iv) los testimonios de la CEH.
1211 Testigos directos CEH.
1212 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. Expediente judicial 541-94.
se. Esa noche, la tropa de kaibiles festejó la masacre: “…se alegraban de có-
mo mataban a una persona, de que ya no había quedado nadie”.
1213
El 8 de diciembre, por la mañana, cuando los kaibiles “estaban a pun-
to de irse, llegaron a Las Dos Erres un grupo de personas. Eran aproximada-
mente 15 con todo y niños, inclusive un niño con sólo algunos días de nacido.
Al verlos llegar los soldados pensaron asesinarlos y echarlos también al pozo,
pues eran pocos, pero cuando fueron a ver si todavía le cabía gente al pozo en-
contraron una mano afuera y por lo tanto quizás todavía algo vivo quiso sa-
lirse, entonces los soldados procedieron a rellenar con más tierra el pozo”.
1214
Al ver que no cabía más gente en el pozo, los condujeron a un lugar
que está a media hora de camino y allí les fusilaron, dejando los cuerpos
tirados.
1215
Tan pronto concluyeron la tropa kaibil abandonó Las Dos Erres
y por la montaña tomó la dirección que llevaba a San Diego, La Técnica,
cerca de la frontera con México.
1216
Del último grupo de víctimas los sol-
dados se habían reservado a dos niñas de 16 y 14 años, a las que vistieron
igual que ellos, para reforzar las apariencias que apuntaban a los rebeldes
como los autores de la masacre y no las fuerzas del Ejército, pues “la gue-
rrilla siempre carga mujeres”.
1217
Las retuvieron durante tres días, las viola-
ron repetidamente, y “cuando se aburrieron de ellas”
1218
las estrangularon.
Junto con las niñas también fue ejecutado el guía de la patrulla, quien
desde hacía varios días había sufrido continuas torturas. Los kaibiles “le
arrancaron pedazos de piel y le quitaban pedazos de su cuerpo para que confe-
sara, y en vista de que el guía ya no tenía lugar para torturarlo, fue muerto por
medio de un torniquete en el cuello”.
1219
Mientras consumaban la masacre los kaibiles formaron un cerco alre-
dedor de Las Dos Erres: dejaron entrar a todo aquel que quería; pero na-
die logró salir.
1220
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El 9 de diciembre algunos vecinos de Las Cruces se aventuraron y fue-
ron a Las Dos Erres. Cuando llegaron el panorama era desolador. “Todo es-
403
1213 Testigo directo FAMDEGUA. Julio, 1994.
1214 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. Expediente judicial 541-94.
1215 Estas víctimas quedaron posiblemente en Las Aguadas, sitio que está a 20 minutos a pié del po-
zo, según la observación in situ que hizo la CEH.
1216 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
1217 Testigo directo (ex kaibil) Ministerio Público. Expediente judicial 541-94.
1218 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
1219 Testigo directo (ex kaibil) CEH. (T.C. 262).
Testigo directo (ex kaibil) FAMDEGUA.
1220 Según Baldomero Pineda, vecino de la aldea Las Cruces, interrogado por el Ministerio Público
el 26 de mayo de 1997, “en el 82, el 5 de diciembre, se prohibió salir [de Las Dos Erres] por cin-
co días … Sí, prohibió salir y entrar, no dejó salir a la gente”.
taba tirado … ropa tirada, todo estaba tirado, los trastos de la gente … Sus
animales sueltos, y todos los animales andaban allí, gritando de hambre … Se-
guimos … Había mucha sangre y había este … placenta, donde los niños na-
cieron, quizás por el miedo [de] las mujeres nacieron y se compusieron y que-
daron tirados todos los restos de los niños de los cordones de los ombligos y las
placentas tiradas … y mucha sangre, muchos lazos…”
1221
Alrededor del pozo, tapado con tierra, encontraban algunos sombre-
ros esparcidos. Sin embargo, más allá encontraron restos de cuerpos:
“…Los tiraron a la montaña, porqué eran demasiados hombres que había y no
podían caber en este pozo. Allá nosotras hallamos bastantes cuerpos, eran un
montón de cuerpos, cabezas se puede decir …. Habían muchos zapatos y mu-
chos costales de azúcar que cargaban … los chuchos comían quizás el azúcar
que ellos tenían allí, que no se habían terminado”.
1222
También el comandante del destacamento militar de Las Cruces llegó
a Las Dos Erres y sus intenciones fueron claras: “Saquen lo que puedan sa-
car, porque en el regreso quemo esta mierda”.
1223
Los soldados a su cargo se
apoderan de todos los bienes a su alcance, como ropas, láminas, enseres
domésticos, dinero, animales, maíz. Todo es repartido entre los soldados
del destacamento o vendido en la aldea de Las Cruces.
Un helicóptero militar sobrevuela Las Dos Erres en los días siguientes
como si estuviera inspeccionando el lugar,
1224
mientras tropas del destaca-
mento de Las Cruces prenden fuego a lo que queda del parcelamiento.
Tractores y camiones arrasan los últimos restos, desapareciendo así, inclu-
so de forma física el poblado.
1225
A finales de diciembre la embajada estadounidense recibe la noticia de
lo acontecido y envía una misión compuesta de tres delegados para averi-
guar lo que pasó en Las Dos Erres. “Dos Erres consiste en casas y grupos de
casas; todas han desaparecido y muchas han sido quemadas. Los oficiales del
Ejército dicen: ‘Ha sido la guerrilla que se llevó a la gente’, pero otra fuente in-
formó a la misión que el Ejército fue responsable de la desaparición de la gen-
te en el área”.
1226
La misión norteamericana concluye: “Basándonos en la in-
formación reportada por la fuente … y las observaciones en el campo el 30 di-
404
1221 Testigo directo CEH (T.C. 830).
1222 Testigo directo CEH. (T.C. 830).
1223 C 10135. 7 de diciembre de 1982. Petén. El mismo comandante del destacamento de Las Cru-
ces reconoció, en una declaración ante el fiscal especial, que fue a Las Dos Erres a “destrabar ta-
blas” para que la “subversión” no tuviera donde acogerse.
1224 Prensa Libre, 7 de agosto de 1994. “Terror se escribe con dos eRRes”.
1225 Crónica, No. 388, 11 de agosto de 1995, pg. 20. El sub comandante del destacamento, interro-
gado por el fiscal especial del caso el 8 de julio de 1997, así declaró: “...Lo que se hizo fue ... to-
do lo que era rancho, verdad, que no quedara para que ... la subversión no tuviera donde acogerse”.
1226 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe a Departamento de Estado, diciembre de 1982,
Pq. 4-6. “Dos R’s consists of scattered houses and groups of houses; they are all deserted and many ha-
ve been burnt. Army officials said guerrillas ‘Took the people away’ ... and a source in Las Cruces
told a mission members that the army was responsible for the disappearance of the people in the area”.
ciembre, la embajada debe concluir que la parte que aparece más responsable
para este incidente es el Ejército guatemalteco”.
1227
A pesar de que la embaja-
da de los Estados Unidos estuvo informada sobre los hechos ocurridos en
las Dos Erres, no hay noticias sobre reacciones del Gobierno de los Estados
Unidos al respecto.
La masacre de Las Dos Erres fue un detonante crucial que precipitó el
desplazamiento de numerosas personas que vivían en los alrededores, ha-
cia otras áreas de Petén, mientras que otra parte de la población buscó re-
fugio en México.
Los familiares de las víctimas y el niño que se salvó escondiéndose en-
tre la vegetación se encuentran, aún hoy, muy afectados psicológicamente
por la masacre. Un sobreviviente se expresa así: “Sentí que el corazón se me
había ido, sólo Dios fue el que dio a mí resistencia para soportar todo, saber
que ahí iba mi tío y mi hermano. Realmente estaba pequeño pero sentí duro,
tal vez hubiera querido morir a la par de él [hermano], junto con él”.
1228
Durante los doce años que transcurrieron hasta que se practicaron las
exhumaciones los familiares de las víctimas que vivían en Las Cruces su-
frieron constantes intimidaciones y amenazas de los patrulleros y los comi-
sionados militares locales, para que guardaran silencio sobre lo sucedido.
“Si hablábamos o comentábamos una palabra de Las Dos Erres éramos termi-
nados, no podíamos siquiera mencionar el nombre de Las Dos Erres”.
1229
En febrero de 1994 la Asociación de Familiares de Detenidos-Desapa-
recidos de Guatemala (FAMDEGUA) solicitó las exhumaciones al juez de
Primera Instancia de San Benito, Petén. En julio del mismo año se inicia-
ron los trabajos, estando a su cargo el Equipo Argentino de Antropología
Forense. Debido a que las tareas se iniciaron en época de lluvias, así como
por la complejidad técnica de la excavación, sólo pudo concentrarse 16
días en la labor y las exhumaciones hubieron de suspenderse hasta el año
próximo. Sin embargo, durante ese tiempo lograron exhumar los restos de
diez personas. Unas, tenían el cráneo destrozado otras, impacto de bala.
Los trabajos de investigación se reanudaron el 2 de mayo de 1995,
continuando los emprendidos en el pozo el año anterior e iniciando nue-
vos trabajos en los enclaves conocidos como la Aguada y los Salazares.
De acuerdo con el Informe de Antropología Forense, en el pozo se
encontraron restos óseos correspondientes a “no menos de 162 indivi-
duos”.
1230
“Sin embargo … puede haber habido un número mayor de muer-
405
1227 Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Ob. Cit., “Based on information reported by
source ... and on-site observations made on December 30, the embassy must conclude that the party
most likely responsible for this incident is the Guatemalan Army”.
1228 Testigo directo FAMDEGUA. Julio, 1994.
1229 Testigo directo CEH.
1230 De éstas sólo 19 osamentas pudieron ser identificadas fehacientemente.
tos. Esta incertidumbre … es consecuencia de las masivas lesiones peri-mor-
tem,
1231
el daño post-mortem
1232
y el grado de mezcla de los restos óseos. Mu-
chos infantes tal vez no fueron contados debido a la extensa fragmentación de
las partes del cuerpo”.
1233
La CEH logró identificar a 178 víctimas ejecutados, entre hombres,
mujeres y niños, todos ellos pobladores civiles de la comunidad Las Dos
Erres.
De los esqueletos recuperados dentro del pozo: “67 (41.35 %) corres-
ponden a niños menores de doce años, con una edad promedio de siete años …
y [en] 74 casos … el sexo es indeterminado, … ya que por tratarse de infantes
los rasgos de dimorfismo sexual no se manifiestan”.
1234
Otras 24 víctimas se-
rían mujeres.
Conforme avanzaba la exhumación las osamentas aparecían más con-
centradas, en posición oblicua o prácticamente vertical y algunas con los
pies hacia el cielo,
1235
mientras que “los restos óseos muestran signos de daño
producto de ser arrojados desde la boca del pozo”.
1236
“La mayoría de las víctimas estaban vestidas … [y] por lo menos en
dos casos … se levantaron sogas … que se encontraron amarradas en
pies y manos”.
1237
Asimismo, se recuperaron efectos personales tales
como dinero, una inscripción militar y un calendario de 1982 que
permiten afirmar que “los sucesos … no habrían sucedido antes de
1982”.
1238
Por fin, “Todas las evidencias balísticas recuperadas corres-
ponden a fragmentos de proyectil de arma de fuego y vainas servidas
de fusil Galil, de fabricación israelí”.
1239
En La Aguada y los Salazares todos los huesos y ropas encontrados es-
taban incompletos; la mayor parte muy deteriorada.
1240
Mientras se desarrollaban las exhumaciones, las personas que partici-
paban en ellas estuvieron sometidas a continuos actos intimidatorios, co-
mo disparos de ametralladoras hechos premeditadamente cerca del lugar
406
1231 Antes de su muerte.
1232 Después de muertos.
1233 Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense. Proceso 1316/94 del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Petén.
1234 Ibid.
1235 “La disposición en que se hallan es propia de la de cuerpos arrojados desde la boca del pozo”. Infor-
me del Equipo Argentino de Antropología Forense. Proceso 1316/94 del Juzgado de Primera
Instancia de Petén.
1236 Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense designados como peritos para el pro-
ceso 1316/94 del Juzgado de Primera Instancia de Petén.
1237 Ibid.
1238 Ibid.
1239 Ibid.
1240 Por la acción del fuego, el grado de acidez del suelo y la vegetación de la zona: véase Informe
del Equipo Argentino de Antropología Forense.
de trabajo o donde se hospedaban, así como el robo del equipo, entre
otros.
1241
Asimismo, los familiares de las víctimas de Las Dos Erres que vi-
vían en la comunidad de Las Cruces recibieron amenazas de muerte si con-
tinuaba la exhumación.
El 24 de noviembre de 1995 el fiscal encargado del caso solicitó ser re-
levado, debido a las amenazas que había recibido, y el querellante adhesi-
vo (FAMDEGUA) pidió el nombramiento de un fiscal especial. El caso se
transfirió a la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público. A juicio
del querellante adhesivo, las pocas diligencias realizadas fueron inútiles pa-
ra el desarrollo de la investigación del caso. Más tarde, se nombró un fis-
cal especial para el caso.
En septiembre de 1996, ante la lentitud de las investigaciones, los re-
presentantes de FAMDEGUA decidieron someter el caso al conocimien-
to de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril de
1997 el fiscal general decidió designar un nuevo fiscal especial para que
prosiguieran las indagaciones.
Después de la demora del Ejército en entregar los nombres de los ofi-
ciales que tenían algún tipo de responsabilidad sobre el parcelamiento de
Las Dos Erres, trece de ellos fueron citados por el Ministerio Público. En
sus declaraciones, aseguran que desconocen todo lo que sucedió en dicha
comunidad.
Temiendo por su seguridad los principales testigos del caso han solici-
tado de gobiernos extranjeros que se les conceda asilo.
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defen-
sa Nacional información sobre la masacre en Las Dos Erres, entre otros ca-
sos. El ministro respondió el 5 de enero de 1998 inhibiéndose de realizar
comentarios, aduciendo que este caso estaba sujeto a proceso judicial ante
los tribunales.
1242
IV. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la convicción de que la población inerme del
parcelamiento Las Dos Erres, incluidas las mujeres, los niños y los ancia-
nos, fueron ejecutados por efectivos de las tropas kaibiles del Ejército de
Guatemala, de acuerdo a un plan previamente elaborado y con el conoci-
miento y aprobación del alto mando, constituyendo su muerte gravísima
violación del derecho a la vida.
407
1241 Amnistía Internacional, Guatemala, exhumación de las víctimas de la matanza cometida por el
Ejército en 1982 en Las Dos Erres (Octubre, 1995), pg. 7.
1242 Oficio No. 002MDN-acom/98.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que mujeres, hom-
bres y niños de dicha comunidad sufrieron violaciones de su derecho a la
integridad física y moral, cometidas por los mismos agentes del Estado.
La CEH considera que este caso es ilustrativo de las operaciones de
aniquilamiento de población civil efectuadas por unidades del Ejército, las
cuales consistieron en el asesinato indiscriminado de todos sus habitantes,
la destrucción total de sus viviendas y en general de todos los bienes de las
personas.
El arrasamiento del parcelamiento Las Dos Erres no constituyó una
operación aislada, sino fue la culminación de otras operaciones combina-
das de inteligencia, desplazamiento y control de la población, que son in-
concebibles sin el conocimiento y aprobación del alto mando del Ejército.
El caso ilustra la sevicia con que efectivos del Ejército de Guatemala
actuaron contra la indefensa población. Los actos de torturas, violaciones
sexuales, abortos de mujeres embarazadas, los asesinatos a golpes de niños
indefensos, el castigo mortal a los ancianos y la destrucción total de la al-
dea no admiten ningún tipo de justificación. Estos antecedentes llevan a
concluir a la CEH que el único propósito de acciones como la investigada
era el exterminio total de la comunidad.
Asimismo, los hechos revelan los efectos que, sobre los soldados, tu-
vieron los programas de formación realizados para obtener la distinción de
“kaibil”, que pretendían convertirlos en “máquinas de matar”, con despre-
cio a la razón y a los sentimientos humanos más primarios.
La CEH rescata, como un elemento positivo para el esclarecimiento
de la verdad histórica, que algunos kaibiles que participaron en esos actos,
presionados por su propia conciencia moral, hayan decidido prestar testi-
monio sobre los hechos ocurridos.
Finalmente, el caso evidencia un encubrimiento de los hechos, por los
mandos superiores de los soldados que participaron. Dicho encubrimien-
to y las dificultades objetivas y subjetivas del sistema de justicia para lograr
la sanción de los responsables, a pesar de la confesión efectuada por algu-
nos de ellos, lleva a la conclusión que, en este caso, el Estado no ha dado
cumplimiento a su deber de investigar y sancionar esta grave violación a
los derechos humanos.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
408
Abel Granados Sandoval
Abel Muñoz Aguilar
Abel Pineda Cano
Adela Ruano Pernillo
Adulio Ruano Arana
Agustín Loaysa Contreras
409
Agustín Luarca Falla
Alberto Corado
Albino Arredondo
Ana González Arriaga
Angelina Escobar de Granados
Angelina Hernández Lima
Antonia Hernández
Arturo Salazar
Benedicto Granados Sandoval
Beneo Granados
Bernabe Muñoz Aguilar
Bernabe Pineda Cano
Blanca Hernández
Carlos Humberto Revolorio
Catarino Medrano Pérez
Cayetano Ruano Castillo
Cecilio Romero Martínez
Celso Martínez González
Consuelo Esperanza Ruano Pernillo
Cristina Castillo Flores
Cristóbal Aquino Ruano
Demetria Aquino Ruano
Domingo Batres
Dora Hernández
Dorca Hernández
Doroteo Ruano
Edgar Leonel Ruano Arana
Edgar René Revolorio Pérez
Elgar Ruano
Elias Jiménez Castillo
Elida González Arriaga
Elizabeth Muñoz Aguilar
Elizabeth Pineda Cano
Ernesto Sical
Esperanza Consuelo Ruano Arana
Estanislao González
Eulalio Granados Sandoval
Everildo Granados Sandoval
Evilda Cano Aguilar
Faustino Castillo
Federico Ruano Aquino
Felipe Arriaga
Félix Hernández Moran
Fernando García
Fernando Mejía Sánchez
Francisca Leticia Mejía Alfaro
Francisco Pernillo Jiménez
Francisco Roca Guevara
Germain Mayen Mejía
Geronimo Batres
Geronimo Pineda Cano
Graciela Pernillo Jiménez
Guadalupe Nelia Ramírez Peralta
Helder Castillo Pineda
Hilario Pernillo Jiménez
Horacio Cermeño
Ilda Rodríguez de Granados
Inés Romero Ramírez
Isabel Pineda Cano
Jaiman Beltran Castillo Pineda
Jerónimo Muñoz Aguilar
Joaquina Escobar de Granados
Jorge Adolfo de León
Jorge Remberto Ruano Pernillo
José Antonio Mejía Morales
José Catalino López Moratalla
José Domingo Muñoz Pineda
José Esteban Peralta Romero
José Félix Argueta Alveño
José Humberto Crispín
José Manuel Pernillo
Josefina González Arriaga
Josefina de González Arriaga
Juan Alfonso Batres,
Juan Audias Mayen Mejía
Juan Guillermo Corrales Hercules
Juan López Méndez
Juan Mejía Echeverría
Juan Pérez Agustín
Juan Romero Martínez
Juan Seren
Juana Ruano
Julia Arana Pineda
Julio César Mazariegos Medina
410
Lázaro Cermeño
Leonarda Jiménez
Leonicio Ruano Castillo
Lico Quino
Lorenzo Portillo Pérez
Lucía Castillo Pineda
Luz Jiménez Castillo
Marcelino Deras Tejada
Marcelino Granados Juárez
Marcelino Ruano
Marcelino Ruano Castillo
Marcelino Ruano Pernillo
Margarita Corte de Pineda
María Inés Peralta Romero
María López
Maribel González Arriaga
Mario René López
Mario Mayen Morales
Marta Elena Mejía Morales
Martha Marlene Mayen Mejía
Martir Alfonso Ruano Arana
Maximiliano Romero Peralta
Maximiliano Villanueva Peralta
Mayra Jiménez Castillo
Miguel Angel Falla Contreras
Miguel Angel González Arriaga
Miriam Ruano Arana
Mirna Pineda Cano
Myrna Muñoz Aguilar
Napoleón Duarte
Natividad Ramírez Linares
Nicho Ruano
Noe González Arriaga
Noe Guevara Ramos
Noe Roca Guevara
Olivia Cermeño
Oralia Muñoz Aguilar
Oralia Pineda Cano
Otilia Linares Axuma
Otilio Axuma Linares
Pablo Romero Ramírez
Patrocinio Barahona García
Patrocinio Pineda García
Paulina Peralta Romero
Pedro Axuma Linares
Pedro Barahona Medrano
Pedro Diaz Varillas
Pedro Jeronimo Rodríguez
Petrona Cristales Montepeque
Próspero Ramírez Peralta
Raquel González Arriaga
Raúl Antonio Corrales Hercules
Raymundo López
René Jiménez Castillo
Reynelda López
Rigoberto Aquino Ruano
Rodolfo de Paz Gudiel
Rosendo Roca Guevara
Rubén Nájera
Rubilio Armando Barahona Me-
drano
Samuel González Arriaga
Santos Cermeño
Santos Pernillo Jiménez
Santos Seren
Santos del Cid Escobar
Siprino Munguilla
Sonia Castillo Pineda
Sotero Cermeño
Sotero Salazar
Timoteo Morales Pérez
Tomás de Jesús Romero Ramírez
Tránsito Contreras Carrillo
Ubaldo Jiménez Castillo
Vergelina Ruano
Víctor Antonio González M.
Víctor Corado
Victoriano Jiménez Pernillo
Vilma Muñoz Aguilar
Vilma Pineda Cano
Vilma de Jiménez
Vitalino Pineda
Vitalino Ruano
Tschus XXX
Víctimas colectivas/desconocidas: 11
411
José XXX
José Domingo XXX Batres
Jerónimo XXX Muñoz
XXX Muñoz Aguilar
Ramiro XXX Hernández
I. ANTECEDENTES
El “ajusticiamiento” designa un procedimiento de los grupos insurgen-
tes destinado a eliminar a aquellas personas que consideraban colaborado-
res directos del Ejército o que hubieran entregado a éste integrantes de las
organizaciones guerrilleras.
Cada vez que una acción de este tipo era propuesta por alguna unidad
de las FAR se realizaba un proceso de recolección de información adicio-
nal, sobre cuya base el mando de las FAR del área resolvía si “se tomaba la
decisión de ajusticiarlo”.
1243
En caso afirmativo se elaboraba el correspon-
diente plan militar.
La CEH registró, sólo en el departamento de Petén, 24 casos que con-
ciernen a esta práctica,
1244
contándose entre las víctimas comisionados mi-
litares, patrulleros civiles y otras personas señaladas por la guerrilla de ha-
ber colaborado con el Ejército.
II. LOS HECHOS
A comienzos de 1991, en San Andrés, Petén, una unidad militar de las
FAR se dirigía a atacar una instalación castrense, pero debió desistir de su
propósito, al ser interceptada y atacada en varias ocasiones por efectivos del
Ejército. Como resultado de una investigación el mando de las FAR con-
sideró que Mártir Leonardo Estrada Méndez, Nayo, comisionado militar
Caso ilustrativo No. 29
Ejecuciones arbitrarias de
Mártir Leonardo Estrada Méndez
y Juan Pop por las Fuerzas Armadas
Rebeldes (FAR)
1243 Testigo directo CEH.
1244 Además del presente caso, C 10032, abril, 1987, San Francisco, Petén. C 10046, abril, 1987,
San Francisco, Petén. C 10085, 1991, La Libertad, Petén. C 10087, septiembre, 1983, Melchor
de Mencos, Petén. C 10093, septiembre, 1983, Melchor de Mencos, Petén. C 10094, Petén. C
10095, junio, 1982, Santa Ana, Petén. C 10100, 1985, La Libertad, Petén. C 10133, diciem-
bre 1982, La Libertad, Petén. C 10159, octubre, 1981, La Libertad, Petén. C 10161, julio,
1983, Dolores, Petén. C 10174, julio 1990, La Libertad, Petén. C 10190, diciembre, 1986, La
Libertad, Petén. C 10204, octubre, 1985, La Libertad, Petén. C 10280, enero, 1990, Sayakche,
Petén. C 10291, mayo, 1982, Dolores, Petén. C 10294, octubre, 1983, La Libertad, Petén. C
10299, Petén. C 10302, febrero 1982, Ixcan, Quiché. C 10317, 1981, Dolores, Petén. C
12115, 1990, San Luis, Petén. C 12042, abril, 1980, Uspantan, Quiché. C 12088, Petén.
y comandante de las patrullas civiles del caserío Santa Rosita, municipio
de San Andrés, había sido la persona que avisó al Ejército sobre la presen-
cia guerrillera en la región y decidió “ajusticiarle”.
1245
Antiguos vecinos de la víctima, sin embargo, contradiciendo esta ver-
sión, han declarado ante la CEH que el asesinato podría haber estado mo-
tivado en problemas de tierras que Estrada Méndez mantenía con un ve-
cino que, a su vez, se hallaba vinculado a las FAR.
1246
El 21 de abril de 1991, a las siete y media de la mañana, tres guerrille-
ros se presentaron en la vivienda de la víctima. Según señala un testigo pre-
sencial, los visitantes eran dos jóvenes de unos 24 años y un tercero de 13
a 14, los tres, vestidos de verde olivo, con botas de hule, y armados con dos
rifles y una ametralladora. Preguntaron si se encontraba el señor de la casa
y, al contestárseles afirmativamente, pidieron que saliera porque deseaban
platicar con él.
Tan pronto salió de su hogar, los desconocidos le amarraron e interro-
garon sobre su condición de comisionado militar y sobre el tiempo que lle-
vaba prestando dicho servicio. Estrada Méndez confirmó que en efecto os-
tentaba el cargo de comisionado pero no pudo, por no recordarlo, decir
desde qué fecha. Al revisar sus documentos, entre la cédula de vecindad en-
contraron el carné que lo acreditaba como comisionado militar. Luego de
esto llevaron a Estrada Méndez a una distancia de veinte metros de su vi-
vienda y le dispararon tres veces, una vez en la sien y dos en la boca, falle-
ciendo en el acto.
1247
Ejecutada la acción, los guerrilleros abandonaron el caserío, encon-
trándose en la salida con un lanchero, quien acudía a averiguar qué suce-
día. Esta persona fue capturada por los insurgentes y obligada a trasladar-
les en su lancha por el río San Pedro, aunque antes de partir robaron la ga-
solina de otras barcas. Durante el trayecto le amenazaron indicándole que
guardara silencio porque de lo contrario “se lo iban a comer los gusanos”.
1248
En varias oportunidades le pusieron sus armas descargadas en la cabeza y
accionaron el gatillo. Asimismo, en tres o cuatro ocasiones los captores hi-
cieron que se detuviera la lancha a la orilla del río y ordenaron al lanchero
que se acostara boca abajo, simulando que lo iban a fusilar, diciéndole: “Te
vamos a matar … vas a ser ajusticiado … ya te moriste”. Después lo subían
de nuevo a la lancha dándole empujones y golpes con sus armas.
1249
414
1245 Testigo directo CEH.
1246 Testigo directo CEH. Además, aseguró que un mando de las FAR amonestó a varios guerrille-
ros por haber ejecutado a la víctima ante la protesta de otra persona que defendía la inocencia
de Mártir Leonardo Estrada.
1247 Testigo directo CEH.
1248 Testigo directo CEH.
1249 Testigo directo CEH.
Mientras se desarrollaban estos hechos otra unidad militar de las FAR
había capturado a Juan Pop, conocido “confidencial”
1250
de la región, en el
caserío El Limón, San Andrés.
Ambas unidades se reunieron en la ribera del río San Pedro, cerca de
la aldea de Chocop, San Andrés, estando una mujer al mando de todo el
grupo, integrado por aproximadamente 23 personas. Ella, después de con-
firmar la identidad de Juan Pop, anunció que le “iban a matar por haber si-
do lengua del Ejército y por eso había causado mucho daño al pueblo”, el de-
tenido replicó: “Nunca denuncié a nadie y tengo mi conciencia tranquila”.
Las palabras terminantes de la guerrillera fueron: “Eso no importa, como
quiera te vas a ir”.
1251
Una vez que la comandante se hubo retirado, un guerrillero se acercó
a Juan Pop y le disparó en la cabeza. Recibido el impacto, la víctima se
abrazó al lanchero y “se fue resbalando poco a poco con los ojos abiertos y la
boca como que quería jalar aire”,
1252
siempre mirándole a los ojos, hasta que
llegó a la altura de su rodilla, momento en el que ambos cayeron al suelo.
Cuando se zafó el cadáver y levantó la vista, el lanchero vio a dos guerrille-
ros que le apuntaban con sus armas a la cabeza. Estaban a punto de dispa-
rarle cuando llegó otro miembro del grupo, quien los detuvo y dijo: “No-
sotros no castigamos como castiga el Ejército”.
1253
Terminados estos hechos el lanchero fue obligado a llevar en su embar-
cación al grupo insurgente por el río San Pedro, hasta un lugar llamado Bo-
tadero, siempre en San Andrés. Al bajar de la barca la mujer que comanda-
ba el grupo defendió al lanchero de los hostigamientos de sus compañeros
y le invitó a formar parte de las FAR, propuesta que fue rechazada.
Alrededor de las siete de aquella noche, el lanchero fue liberado.
III. CONCLUSIONES
Atendiendo a los hechos descritos, la CEH ha llegado a la convicción
de que miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) fueron respon-
sables de planificar, ordenar y ejecutar a Mártir Leonardo Estrada Méndez
y a Juan Pop, constituyendo sus muertes ejecuciones arbitrarias.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que la otra vícti-
ma —el lanchero— sufrió de parte de los mismos responsables, violacio-
nes al derecho a la vida, en forma de amenazas de muerte, así como viola-
ciones a la integridad y a la libertad personal.
415
1250 Persona de confianza y fuente de información del Ejército.
1251 Testigo directo CEH.
1252 Testigo directo CEH.
1253 Testigo directo CEH.
Ni las acusaciones formuladas contra las víctimas por la guerrilla, ni
cualquier otra consideración de carácter militar o político, pueden ser ale-
gadas como justificación jurídica o ética de estos crímenes.
La CEH considera que los asesinatos de Mártir Leonardo Estrada
Méndez y Juan Pop son ilustrativos de la política de “ajusticiamientos”
adoptada por las fuerzas guerrilleras contra aquellas personas que, en su
opinión, colaboraban directa y voluntariamente con el Ejército.
El reconocimiento de estos hechos por parte de las Fuerzas Armadas
Rebeldes es considerado por la CEH como un gesto positivo desde la pers-
pectiva de la reconciliación nacional.
1254
416
1254 Testigo de referencia (ex comandante de las FAR) CEH. (T.C. 367).
I. ANTECEDENTES
En el año 1982 un grupo de trabajadores de las colindantes fincas El
Hato y Las Animas,
1255
en el municipio de Colomba Costa Cuca, departa-
mento de Quetzaltenango, fundó una entidad denominada Asociación de
Desarrollo Organizado Campesino (ADOC), con el fin de obtener salarios
más dignos; llegó a contar más de 100 miembros y 10 directivos.
1256
Las condiciones laborales de los trabajadores eran deplorables. En esa
época sólo se les pagaba 60 centavos de quetzal
1257
por una tarea de tres
cuerdas,
1258
sin importar si la realizaban en uno, dos o mas días.
1259
A un mes de constituida la asociación los trabajadores plantearon un
aumento de salario de 30 centavos, propuesta que fue rechazada por el
dueño de las fincas.
1260
Ante la negativa patronal, en el mes de abril de 1982 los directivos de
ADOC visitaron al inspector de Trabajo de Coatepeque, Quetzaltenango,
solicitaron que realizara una visita a las fincas y comprobara los bajos sala-
rios que se pagaban. Fue una forma de presionar al finquero para que con-
cediera los aumentos solicitados.
1261
La visita del inspector de Trabajo se llevó a cabo, pero no tuvo resul-
tados positivos. Debido a ello, 130 trabajadores fueron a la huelga, exigien-
do el aumento de los salarios. Sin embargo, después de dos días de huelga,
los mayordomos
1262
les amenazaron: si no volvían al trabajo los expulsarían
de la finca. Por este motivo los huelguistas depusieron su actitud y regre-
saron a sus labores.
1263
Los directivos de la ADOC insistieron en mantener sus demandas y
evaluaron la posibilidad de realizar una denuncia formal ante la Inspecto-
Caso ilustrativo No. 23
Ejecuciones arbitrarias
en la finca El Hato
1255 Estas fincas pertenecían al mismo dueño.
1256 Testigo de referencia CEH.
1257 En aquel entonces 60 centavos de quetzal equivalían a 60 centavos de US dólar.
1258 Una cuerda mide unos 24 metros cuadrados.
1259 Testigo de referencia CEH.
1260 Ibid.
1261 Ibid.
1262 Administradores.
1263 Testigo de referencia CEH.
ría de Trabajo, para lo cual se comunicaron con un abogado, a la vez que
buscaron el apoyo de la Liga Campesina.
1264
En el transcurso de estas gestiones los directivos se percataron de que
los mayordomos de las fincas Las Animas y El Repósito, esta última una
finca nacional colindante a la primera, vigilaban sus actividades.
1265
De to-
dos modos, los directivos de la asociación no desistieron en sus esfuerzos.
II. LOS HECHOS
El 16 de octubre de 1982, a las once de la noche, los mayordomos de
las fincas Las Animas y El Repósito, acompañados por una veintena de
hombres bien armados y vestidos con uniformes del Ejército, llegaron a la
finca El Hato, donde procedieron a buscar a los líderes de la asociación.
1266
Primero, los hombres armados llegaron al domicilio de Emilio de
León Gómez, presidente de la ADOC, quien se encontraba durmiendo
junto a su esposa y tres hijos. Sacaron a de León de la casa y registraron és-
ta buscando los documentos de la asociación. Los papeles que encontraron
fueron quemados en presencia del dirigente y su familia. A continuación,
asesinaron a balazos a Emilio de León Gómez.
1267
El grupo armado se dirigió en seguida a la casa de otro líder de
ADOC. Sin embargo, este había huido, como otras personas de la comu-
nidad, al escuchar los disparos. Los agresores, al percatarse de la ausencia
del dirigente, ametrallaron la casa, matando a su esposa y a su hija de dos
años, quien se encontraba en la cama en brazos de su madre.
1268
Después de perpetrar estos crímenes los hechores se marcharon. Los
vecinos, a la luz de candelas, pudieron ver que de León Gómez presenta-
ba alrededor de 35 heridas de bala y que la cabeza de la niña Gilomena
González García aparecía destrozada por los impactos recibidos. Según los
testigos que declararon ante la Comisión, los proyectiles que quitaron la
vida a las víctimas correspondían a fusiles Galil, que son los empleados por
el Ejército guatemalteco.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El miedo que provocaron los asesinatos paralizó a la comunidad. El di-
rigente de ADOC que logró escapar a tiempo del ataque, pero en el trans-
418
1264 Ibid.
1265 Ibid.
1266 Testigo de referencia CEH.
1267 Ibid.
1268 Ibid.
curso de los hechos perdió a su familia, marchó a la capital y no se volvió
a saber de él. La familia de Emilio de León Gómez, por su parte, se mudó
a una comunidad cercana.
1269
El 24 de octubre de 1982, a escasos días de haberse producido los crí-
menes, cerca de cien personas de la comunidad se desplazaron por razones
de seguridad a la aldea San Miguelito, municipio de Génova Costa Cuca,
departamento de Quetzaltenango, que se encuentra al otro lado del río que
pasa por la comunidad donde vivían. Allí, los desplazados pasaron nume-
rosas privaciones.
1270
Semanas después, una comisión de la Organización del Pueblo en Ar-
mas (ORPA) se presentó en San Miguelito para instar a los campesinos de-
salojados a colaborar con la guerrilla. Como resultado de esta visita, algu-
nos miembros de la ADOC realizaron, a partir de enero de 1983, tareas de
propaganda que incluían las reivindicaciones laborales de los trabajadores
de las fincas.
1271
En el año de 1983 ADOC cambió su nombre por el de Unión de los
Campesinos del Sur (UCS). En 1985 los miembros de la Unión fundaron
una cooperativa con el propósito de recaudar fondos y realizar préstamos
a los cooperativistas. Al año siguiente participaron en la fundación de la
Asociación de Desarrollo Integrado de Coatepeque (ADIC), con el fin de
elaborar proyectos y obtener fondos para el desarrollo comunitario.
1272
A pesar de sus esfuerzos de muchos años, en 1996 la situación de los
campesinos no había mejorado. En abril de ese año, unos doscientos cam-
pesinos procedentes de las aldeas San Miguelito y La Paz, incluida una
veintena de personas originarias de las fincas El Hato y Las Animas, ocu-
paron la finca El Repósito, que fue desocupada de forma pacífica el 18 de
julio de 1996.
1273
En la actualidad los campesinos que en 1980 dejaron las
fincas El Hato y Las Animas, siguen viviendo, en la pobreza, en San Mi-
guelito.
1274
IV. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes del caso, asiste a la CEH la convicción de
que Emilio de León Gómez, así como la esposa y la hija del otro dirigen-
te de ADOC, quien logró escapar y cuyo nombre se omite por seguridad,
fueron ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército de Guatema-
419
1269 Testigo de referencia CEH.
1270 Ibid.
1271 Ibid.
1272 Ibid.
1273 Antes de su desalojo definitivo, la finca había sido desocupada y ocupada de nuevo.
1274 Testigo de referencia CEH.
la, o por particulares que actuaron con la colaboración y protección de di-
chos efectivos. En cualquier caso, estas muertes constituyen graves viola-
ciones al derecho a la vida atribuible, ya por acción u omisión, a agentes
del Estado.
La CEH considera que, en este caso, la participación de empleados de
confianza de los finqueros en la identificación y localización de los líderes
asesinados y la actuación conjunta con militares en la ejecución de las víc-
timas ilustra la frecuente connivencia entre hacendados y efectivos del
Ejército y la protección que estos prestaban a aquellos cuando se produ-
cían conflictos con los campesinos.
Asimismo, la CEH considera que la acción que resultó en la ejecución
de las víctimas perseguía claramente eliminar selectivamente a los líderes
de una organización campesina, desarticular la misma e impedir, por lo
tanto, la consecución de sus objetivos.
Finalmente, la CEH considera que este caso ilustra, también, cómo el
desconocimiento del derecho a un salario digno y la resolución por la fuer-
za de los conflictos laborales, sin respetar siquiera la edad de las víctimas ni
importar la desintegración de las familias, favoreció el involucramiento de
más personas en la insurgencia y el desarrollo del enfrentamiento armado.
420
I. ANTECEDENTES
La Victoria es una aldea ubicada en el municipio de San Juan Ostun-
calco, departamento de Quetzaltenango, habitada por población maya
mam. A partir de 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) rea-
lizó trabajo organizativo en algunas aldeas del departamento, entre otras La
Victoria, y varios pobladores decidieron integrarse a sus filas. La relación
entre la ORPA y sus colaboradores se desarrolló en la clandestinidad.
Cuando el Ejército quiso conocer los nombres de las personas de las
comunidades que participaban en la organización, tuvo que recurrir a de-
latores. Muchas veces, eran personas del mismo grupo guerrillero que, des-
pués de haber sido detenidos de forma ilegal y al parecer torturados por el
Ejército, participaban en los operativos de éste último y denunciaban a los
miembros de la ORPA de las diferentes aldeas.
II. LA DELACIÓN Y LA REPRESIÓN SELECTIVA
En agosto de 1983, Lucía Carreto Méndez, de 18 años, y Jesusa Mén-
dez Díaz, de 17 años, guerrilleras originarias de La Victoria, vestidas con
Caso ilustrativo No. 25
Represión selectiva en la aldea
La Victoria, San Juan Ostuncalco,
Quetzaltenango
“Estando debidamente enterado de la
AMNISTIA
… por este acto, libre y espontáneamente (sic) ma-
nifiesta su deseo de acogerse a los beneficios de la
misma … el presentado
BAJO JURAMENTO
se com-
promete solemnemente a partir de la fecha y en lo
futuro, a no cometer ninguna clase de delitos
PO
-
LITICOS
y
COMUNES CONEXOS
… ni a participar
en actividades subversiva (sic) de ninguna especie
… en virtud de lo manifestado … el comandante
de la zona militar … manifiesta que respetará la
integridad física y libertad del presentado y esta úl-
tima se hace efectiva [queda libre] en este mismo
acto”.
1275
1275 Acta de fecha 13 de octubre de 1983 suscrita por el comandante y el secretario de la zona mi-
litar 17, Quetzaltenango.
sus uniformes verde olivo, bajaron de la montaña hacia la cabecera muni-
cipal de Colomba. Mientras tomaban unos refrescos pasó un camión mi-
litar. Al verlo, las guerrilleras intentaron escapar, pero fueron detenidas por
los soldados.
1276
Días más tarde, en la madrugada, dos miembros de la ORPA pasaron
por La Victoria, para avisar a unos colaboradores sobre la captura de las dos
guerrilleras y sobre la posibilidad de que probablemente el Ejército llegara
de un momento a otro a la comunidad. Ante la advertencia, entre seis y
ocho personas se fueron de La Victoria. Partieron de inmediato: unas se di-
rigieron hacia México y otras a la Capital.
1277
El 28 de septiembre de 1983, de madrugada, unos 60 soldados de la
zona militar 17, de la cabecera departamental de Quetzaltenango, llegaron
al centro de La Victoria montados en un camión y un jeep. Los acompa-
ñaba, encapuchada, Lucía Carreto Méndez.
1278
De casa en casa iba señalan-
do a los supuestos militantes civiles de la ORPA. Primero, llegaron a la ca-
sa de Francisca Méndez Díaz, golpearon la puerta y cuando el padre abrió,
entraron y encontraron a la mujer en su cama. La envolvieron en una cha-
marra y la detuvieron, sin darle tiempo siquiera para ponerse los zapatos.
Los padres intentaron seguir a la hija, pero los soldados los patearon, de-
jándolos en el suelo.
1279
Luego, pasaron a la casa de Oliverio Leugivildo Castillo López, lo cap-
turaron y le amarraron las manos a la espalda.
1280
Asimismo, llegaron a la casa de Venturo Ortega Romero, que estaba
durmiendo con su familia. Cinco hombres entraron a la fuerza al patio de
la casa y 10 se quedaron fuera. Preguntaron al señor Ortega por el parade-
ro de su hijo, quien supuestamente era militante de la ORPA. Le amena-
zaron diciéndole, según un testigo presencial: “Si encontramos a tu hijo, no
te vamos a hacer nada a ti”.
1281
Al no encontrarlo, prendieron al señor Or-
tega, mientras un soldado puso una pistola en el pecho de su esposa y la
amenazó para que no gritara.
1282
Los soldados pasaron por la casa de Arnulfo Romero López, quien es-
peraba la llegada de unos vecinos que debían traer una carga de maíz.
Cuando escuchó el ruido de los pasos que se acercaban a su residencia,
convencido de que se trataba de aquellos vecinos, salió. Pero lo capturaron
y le amarraron los brazos hacia atrás.
1283
422
1276 C 8185. Agosto, 1983. Colomba, Quetzaltenango.
1277 Testigo directo CEH. C 8186, 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
1278 Testigo de referencia CEH. C 8186, 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. C 8131,
1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. C 8035, 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzalte-
nango.
1279 Ibid.
1280 Ibid.
1281 Testigo de referencia CEH. C 8186, 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
1282 Ibid.
1283 Ibid.
423
Los soldados subieron a los cuatro prisioneros en un camión, y partie-
ron hacia Quetzaltenango. Juan Romero, el padre de Arnulfo Romero Ló-
pez, intentó seguirlos en un carro, pero unos soldados lo detuvieron, lo ba-
jaron del carro, y lo patearon, mientras le acusaban de ser guerrillero.
1284
Miembros de la familia Ortega Romero fueron, el mismo día de los
hechos a la zona militar 17. Allí aguardaron para obtener información so-
bre el paradero de Venturo Ortega, pero al tercer día de espera fueron ame-
nazados de muerte y obligados a irse, sin haber obtenido respuesta algu-
na.
1285
A los ocho días, la misma familia decidió abandonar la aldea La Vic-
toria, y se desplazó a Ciudad de Guatemala, desde donde regresó unos
ocho años después.
1286
La familia de Oliverio Castillo y Castillo, atemori-
zada por lo acontecido, se refugió en México.
1287
Los capturados fueron desaparecidos.
1288
Dos semanas después, el 11 de octubre de 1983, a las cuatro de la ma-
ñana, unos 80 soldados uniformados que llevaban las caras pintadas regre-
saron a la aldea La Victoria. Pasaron casa por casa anunciando que toda la
población debía concentrarse en el campo de fútbol, a la par de la iglesia
Menonita, a las nueve de la mañana.
1289
El mismo mensaje se repetía por
un altoparlante. Algunas personas que intentaron huir hacia la montaña,
se dieron cuenta de que otros soldados estaban rodeando la aldea. Poco a
poco, los soldados cerraron el círculo para que todos los habitantes de la
aldea estuvieran en el campo de fútbol. Ya concentrados, los hicieron for-
mar en fila. Al frente de la iglesia estaban los soldados, tres camiones, al-
gunos jeeps del Ejército y como cuatro personas encapuchadas, vestidas con
uniformes militares. Entre estas últimas, se encontraba una vez más Lucía
Carreto Méndez, y así también un menor de edad, miembro de la ORPA,
que había sido capturado en las cercanías de Colomba.
1290
Un oficial se acercó al altoparlante y dirigiéndose a la población, expli-
có que el mitin se debía a la presencia de la guerrilla en la aldea y —seña-
lando a los encapuchados— que la captura de los cuatro guerrilleros allí
presentes era la prueba.
1291
Después, otro oficial preguntó por el altoparlante: “¿Quién es el diri-
gente de la guerrilla aquí?”
1292
Pasaron algunos minutos de silencio. Alguien
dio el nombre de Elidio Ortega Romero.
1293
Después de constatar que és-
1284 Ibid.
1285 Ibid.
1286 Ibid.
1287 Ibid.
1288 Ibid.
1289 Testigo de referencia CEH. C 8213, octubre 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
1290 Ibid.
1291 Ibid.
1292 Ibid.
1293 Ibid.
424
te no se encontraba allí, el oficial ordenó a la población que, en caso de que
este dirigente regresara, debían capturarlo y entregarlo al Ejército.
Al cabo de unos momentos, un oficial llamó por el altoparlante a Inés
Gómez Ortega, alcalde auxiliar y catequista. Insistió varias veces, afirman-
do que urgía su presencia. Cuando el requerido se presentó, lo amarraron
y lo subieron a uno de los camiones estacionados a las orillas del campo de
deporte. Hecho esto, el oficial explicó a la población que el capturado es-
taba metido en la ORPA y que era necesario alejarlo del pueblo. Semejan-
te escena se repitió con Gregorio Romero Méndez y Cornelio López Cas-
tillo.
1294
En esa ocasión, también fueron capturadas otras dos personas. Estos
cinco prisioneros fueron llevados en un camión militar, con rumbo desco-
nocido. No se volvió a saber de ellos.
1295
El día 13 de octubre llegaron de nuevo a La Victoria alrededor de 30
soldados. Iban acompañados por dos personas encapuchadas y detuvieron
a unos 20 civiles, a los que trasladaron a la zona militar de Quetzaltenan-
go, donde fueron interrogados durante siete días y, más tarde, amnistiados
y liberados;
1296
para ello se elaboraron actas en que se hacía constar que los
beneficiarios se habían “presentado voluntariamente” al comandante de la
zona militar 17 y habían sido amnistiados el mismo día de su supuesta pre-
sentación (13 de octubre de 1983). En el acta consta que:
1297
“El presentado BAJO JURAMENTO se compromete … a no come-
ter ninguna clase de delitos POLÍTICOS y COMUNES CONE-
XOS, tanto como autos (sic), cómplice y encubridor, a no formar par-
te bajo ningún aspecto de facciones subversivas, ni a participar en ac-
tividades subversiva (sic) de ninguna especie”.
1298
Más adelante, el acta de amnistía indica: “El comandante de la zona mi-
litar, EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, manifiesta
que respetará la integridad física y la libertad del presentado y esta última se
hace efectiva (queda libre) en este mismo acto”.
1299
Mientras tanto, la aldea siguió bajo control militar. El 3 de noviembre
de 1983, dos semanas después de la liberación de los primeros amnistia-
dos, llegaron otros 30 soldados, siempre acompañados por personas enca-
puchadas. En esta oportunidad detuvieron a seis personas más. A una de
1294 Ibid.
1295 Ibid.
1296 Ibid.
1297 Transcripción de un extracto del acta original que la CEH tuvo a la vista.
1298 Acta de fecha 13 de octubre de 1983 suscrita por el comandante y el secretario de la zona mi-
litar 17 de Quetzaltenango.
1299 Ibid.
425
ellas la amarraron y la encerraron en la escuela. Ya reunidos, les ordenaron
que se presentaran en la zona militar 17 y les obligaron a jurar ante la ban-
dera, que iban a defender y apoyar a Guatemala. Luego, los interrogaron.
Un declarante afirma que los soldados le decían: “Hoy te vamos a matar. Si
no dices nada, vamos a colgarte”. A otro le torturaron hasta que admitió ha-
ber ido a la montaña una vez, y luego fue trasladado al hospital para ser
curado.
1300
A esta misma persona los soldados la llevaron a una comunidad
donde se estaba realizando un mitin y ahí fue presentado como un “guerri-
llero herido, capturado en combate”.
1301
Los seis detenidos fueron liberados
el 10 de noviembre. Todos se autoinculparon, para beneficiarse de la am-
nistía.
1302
III. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la convicción de
que el Ejército atentó contra el derecho a la vida, la integridad física y la li-
bertad de los pobladores de la aldea La Victoria, generando así la respon-
sabilidad estatal por tales violaciones. En particular, el Estado de Guatema-
la es responsable por las torturas y la desaparición forzada de cuatro cam-
pesinos el 28 de septiembre de 1983, por la detención ilegal y posibles tor-
turas de cinco campesinos el 11 de octubre del mismo año, de los cuales
tres desaparecieron, por la detención arbitraria y trato inhumano dado a
20 vecinos de la misma comunidad el 13 de octubre de 1983, y por igual
tratamiento dado a seis personas más el día 3 de noviembre de 1983. Ade-
más, por la detención ilegal y posibles torturas a que fueron sometidos los
miembros de la ORPA que fueron utilizados por el Ejército para delatar a
supuestos colaboradores de la guerrilla.
La CEH concluye, asimismo, que la represión selectiva del Ejército en
contra de supuestos guerrilleros, tuvo la intención de castigar ejemplar-
mente a la comunidad entera. Por otro lado, la práctica de la delación y de
la tortura para la obtención de información generó un ambiente de inse-
guridad y de desconfianza en la población.
La CEH considera además que el caso ilustra las causas por las cuales
la población se vio en la necesidad de desplazarse internamente o refugiar-
se en México.
Por otro lado, los hechos revelan la utilización de la amnistía como ar-
ma política por parte del Ejército, alejando a aquélla de su objetivo recon-
1300 Testigo directo CEH. C 8212, 1983, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
1301 Ibid.
1302 Ibid.
ciliador. Como tal, los militares falsearon la realidad presentando capturas
ilegales como presentaciones voluntarias y confesiones arrancadas bajo tor-
tura como solicitudes espontáneas de amnistía. El Ejército utilizó el meca-
nismo de la amnistía para mantener en detención ilegal a supuestos cola-
boradores de la guerrilla, obtener de éstos información y, posteriormente
de otorgado el beneficio, mantener a los amnistiados como colaboradores
de la institución.
Finalmente, la CEH considera que el caso ilustra el control que el Es-
tado mantuvo, a través del Ejército, sobre la población civil, manteniendo
a ésta en la zozobra por la inminencia de sufrir represalias en caso de no
colaborar con la Institución Armada.
LISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada
Desaparición forzada, privación de libertad
Lucía Carreto Méndez
Torturas, privación de libertad
Víctimas colectivas/desconocidas: 28
426
Aurelia Melcho
Dorotea Gómez
Efectiva Carreto
Fernando Ortega
Inesia Ortega
Isabel Diaz Romero
Luis Marroquín
Matea Gómez
Modesta Marroquín
Pablo Romero
Pantaleón Ortega
Pascual Gómez
Roberto Carreto Romero
Arnulfo Romero López
Cornelio López
Francisca Méndez Diaz
Gregorio Romero Méndez
Inés Gómez Romero
Jesusa Romero López
Oliverio Leoguirildo Castillo López
Venturo Ortega Romero
Guatemala, memoria del silencio terminó de
imprimirse en el mes de junio de 1999, en
los talleres de Litoprint, 3a. Calle “A” 37-47
Zona 7, Guatemala 01007. La publicación
estuvo al cuidado de Cipriano Fuentes,
Francisco Morales Santos, Luis Roberto
Villalobos y Juan Rafael Ramírez.
GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Casos ilustrativos
Anexo I
GUATEMALA
MEMORIA
DEL SILENCIO
Informe de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico
TOMO VII
Primera edición, junio de 1999
El contenido del Informe
Guatemala, memoria del silencio
es responsabilidad únicamente de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Esta publicación fue realizada
por la Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS).
ISBN: 99922-54-00-9 (Obra completa)
ISBN: 99922-54-07-8 (Tomo VII)
PORTADA: CEH
DISEÑO: Servigráficos S.A.
Impreso en Guatemala
La presente obra puede ser reproducida total o parcialmente, por cualquier forma o
medio, sin consentimiento previo de UNOPS, siempre que se cite el crédito corres-
pondiente.
Caso ilustrativo No. 91
Mujeres maya k’iche’ víctimas
de violación sexual en
el departamento de Quiché 13
Caso ilustrativo No. 34
Muertos por desplazamiento forzado
municipio de Chiché, Quiché 27
Caso ilustrativo No. 38
Masacre de niños del cantón
Laguna Seca I, Quiché
35
Caso ilustrativo No. 17
Torturas en la zona militar
de Playa Grande, Ixcán,
departamento de Quiché
41
Caso ilustrativo No. 37
Ocupación militar del templo
católico y del convento
de San Andrés Sajcabajá, Quiché
53
Caso ilustrativo No. 60
La masacre de la comunidad
de Chel, Chajul 63
Caso ilustrativo No. 61
Masacre de la aldea Ilom, Chajul 73
Índice
Caso ilustrativo No. 54
Desapariciones forzadas masivas
en Chichicastenango
y San Sebastián Lemoa
“El caso de los camiones”
79
Caso ilustrativo No. 92
La masacre de la aldea Chisís 89
Caso ilustrativo No. 4
Masacres en Cuarto Pueblo 97
Caso ilustrativo No. 107
La masacre de la comunidad de Acul 115
Caso ilustrativo No. 39
Masacre de Paquix, Sacapulas, Quiché 123
Casos ilustrativos No. 43
Los patrulleros de Cucabaj 131
Caso ilustrativo No. 77
Desplazados internos en San Miguel
Uspantán: La familia Tipaz Pérez
139
Caso ilustrativo No. 78
Masacres en San Antonio Sinaché 147
Caso ilustrativo No. 80
Masacre de Arriquín 157
Caso ilustrativo No. 53
Miembros de las PAC obligados
a matar a otros miembros de las PAC
163
Caso ilustrativo No. 58
Bombardeos y muerte en
Santa Rosa Xeputul, Chajul
169
Caso ilustrativo No. 52
Ejecución arbitraria de María Mejía 175
Caso ilustrativo No. 42
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Gregorio Pop
185
Caso ilustrativo No. 105
Ejecución de tres jóvenes por los
Patrulleros de Autodefensa
Civil en Saquillá II
193
Caso ilustrativo No. 59
Ejecución de José Luis
Arenas Barrera por el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP)
199
Caso ilustrativo No. 97
Ejecución arbitraria de
Guillermo Monzón, comisionado
militar, por el Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP)
205
Caso ilustrativo No. 110
Masacre de Chacalte, San Gaspar
Chajul, Quiché, cometida
por el Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP)
209
Caso ilustrativo No. 73
Masacre de Sacuchum Dolores
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
215
Caso ilustrativo No. 70
Tortura pública y ejecución
extrajudicial del catequista
Carlos Vidal González Pérez
221
Caso ilustrativo No. 71
Ejecución extrajudicial
de Danilo Arriaga Morales
y Francisco José Pérez Rodríguez
227
Caso ilustrativo No. 81
Tortura y desaparición forzada
de Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez
(Comandante Everardo)
229
Caso ilustrativo No. 12
Persecución de católicos
en Santiago Atitlán
247
Caso ilustrativo No. 7
Masacre de mujeres y niños
en el caserío La Fe
257
Caso ilustrativo No. 11
Masacre “Del Pato” 261
Caso ilustrativo No. 6
Masacre de Santiago Atitlán 267
Caso ilustrativo No. 47
La masacre de Cajón del Río 277
Caso ilustrativo No. 44
Masacre en la aldea La Llorona
El Estor, Izabal
283
Caso ilustrativo No. 21
Desaparición forzada de
Jorge Alberto Rosal Paz y Paz
289
I. ANTECEDENTES
Este caso se refiere al sufrimiento de las mujeres maya k’iche’, víctimas
de violación sexual; documenta algunas de las violaciones sexuales cometi-
das por miembros del Ejército, comisionados militares, jefes y miembros
de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el departamento de Qui-
ché, durante el período comprendido entre 1979 y 1983.
A pesar de que muchos testigos se refieren, en sus relatos, a violacio-
nes sexuales cometidas contra mujeres en las comunidades rurales, la CEH
recibió un número de denuncias no muy elevado.
3
Muchas son las razones
por las cuales las mujeres maya k’iche’ se abstuvieron de atestiguar.
El estigma que marca a la mujer, la vergüenza, la humillación, el mie-
do a ser descubierta, e incluso culpabilizada, y la absoluta impunidad de
los responsables, contribuyó a que las víctimas no compartieran su dolor.
Esto favoreció el aislamiento y aumentó el sentimiento de culpabilidad:
“…No es fácil para una mujer atreverse a decir que la violaron, más
difícil es para una mujer indígena”.
4
Caso ilustrativo No. 91
Mujeres maya k’iche’ víctimas
de violación sexual en
el departamento de Quiché
“Violaban a las mujeres, las ponían a cuatro
patas, luego les disparaban metiendo el arma
en el recto o en la vagina … También man-
daban hacer ‘percha’ con las mujeres … por
una sola pasan 20 o 30 soldados. Si caía
bien la mujer, la dejaban ir; a otras las ma-
taba el último que pasaba con ella”.
1
“Es difícil que pueda contar, mataron a su
esposo, se murieron sus dos hijos. Tiene un
hijo de los que la violaron y mataron a sus
familias. Demasiado sufrimiento para una
vida…”
2
1 Testigo directo (militar en activo) CEH.
2 Testigo directo CEH. C 16504. Mayo, 1982. Quiché.
3 La CEH registró, entre 1979 y 1983, 766 víctimas identificadas, colectivas y anónimas, de viola-
ción sexual en el departamento de Quiché.
4 C 2620. 1981. Villa Hortencia, Cotzal, Quiché.
En el departamento de Quiché, el inicio de la violencia comenzó con
la persecución de líderes comunitarios, sacerdotes y activistas católicos: así
llegó a consolidarse un clima general de terror.
En 1980 el Ejército intensificó sus acciones dirigidas a desarticular la
organización comunitaria creada por la Acción Católica y por el Comité
de Unidad Campesina (CUC), estimando que esas comunidades estaban
vinculadas a la guerrilla.
A mediados de 1981, a causa de la persecución que sufría, la Iglesia
Católica se retira del departamento. Es en este momento cuando el Ejérci-
to ocupa, en casi todos los municipios, los templos y conventos católicos,
para instalar destacamentos militares,
5
lo cual facilita un mayor control so-
bre la población y, al mismo tiempo, usa las instalaciones como centros de
detención, tortura y ejecución. El Ejército también ocupa otros edificios
públicos, como escuelas y salones municipales. A partir de este momento,
la población de Quiché sufre reiteradas violaciones de derechos humanos.
6
Entre los atropellos sufridos por las mujeres, destacan las violaciones
sexuales, a las que, en multitud de casos, siguió la ejecución de la víctima.
Para quienes perpetraron las violaciones, ninguna condición —ser niña,
adolescente, anciana, soltera, casada, viuda, estar embarazada, haber dado
a luz o estar enferma— supuso un impedimento.
Tomando en cuenta la cantidad y complejidad de los hechos registra-
dos, el caso será abordado en varios apartados.
II. LOS HECHOS
Violación sexual de niñas
En una operación militar, un grupo de soldados sorprendieron a una
mujer y una niña junto a propaganda insurgente. El testigo relata:
“Entonces el capitán ordenó, ese capitán hijue puta ordenó que dos
soldados agarraran a la patoja esa y él la violó, así, él así, se arrodilló,
con calma se quitó su equipo, se bajó su pantalón, ‘la agarran bien
muchá’, les dijo, y la violó la pobre, y a la otra muchacha también la
violaron todos … El violó a la pequeña y después la dejó para que la
siguieran violando los demás”.
7
14
5 CI 37. Ocupación militar del templo católico y del convento de San Andrés Sajcabajá. Quiché.
1981-1983.
6 La CEH registró en total, en el departamento de Quiché, 327 masacres con participación de agen-
tes del Estado.
7 Testigo directo REMHI.
En el municipio de Ixcán, algunas niñas, además de ver cómo viola-
ban a mujeres mayores, sufrieron, ellas mismas, violación sexual.
8
Hubo niñas que fueron violadas más de una vez. Una de 16 años su-
frió estos abusos en dos oportunidades, que perpetraron comisionados mi-
litares.
9
Quedó embarazada, igual que sucedió en otros casos.
10
Niñas trabajadoras fueron también víctimas de violación sexual. Una
pequeña vendedora de nueve años de edad, fue sorprendida por los solda-
dos junto a su puesto de venta, próximo a la casa en que vivía, a la orilla
de la carretera, en Xepol, Chichicastenango. La llevaron a la casa, encerra-
ron a los padres en una habitación y a la niña en otro cuarto. La violaron
y luego la dejaron tirada, con graves lesiones.
11
En el municipio de Uspantán se reportaron casos de violaciones sexua-
les reiteradas, sufridas por menores.
12
La alevosía con que los autores cometieron públicamente estos ultra-
jes contra las menores fue conocida por el municipio San Bartolomé Joco-
tenango:
“[Los patrulleros] se aprovechaban más de las que no tenían hijos, les
gustaban las niñas … unos les abrían las piernas y otros iban pasan-
do con ellas … las violaban”.
13
Violación sexual de mujeres embarazadas
La condición de las mujeres embarazadas no fue respetada. Mujeres
cuyo embarazo se encontraba en su etapa final fueron violadas reiterada-
mente. Sus agresores no se conformaban tan sólo con violarlas:
“[La víctima] que estaba embarazada la violan, luego la cortan con
cuchillo, degollándola, y finalmente le abren el vientre, ya tiene 8 me-
ses de embarazo, y le arrancan al niño. Luego intentan quemarla”.
14
El embarazo no fue impedimento para las violaciones reiteradas, come-
tidas por varios autores. En el municipio de Joyabaj, una mujer embaraza-
da de siete meses tuvo que preparar comida para quince soldados. Cuando
terminaron de comer, la desnudaron y la violaron delante de su esposo.
15
15
8 C 2624. Enero, 1981. C 11256. Marzo, 1982.
C 11572. Febrero, 1982. Pueblo Nuevo, Ixcán.
C 3749. 1981. Fueron violadas dos niñas de 16 y 12 años junto a su madre de 35 años. El Ejérci-
to les dio alcance mientras huían, las violaron y las tiraron al río.
9 C 16375. Diciembre, 1980. Santa Cruz, Quiché.
10C 16375. Diciembre, 1980. Santa Cruz, Quiché.
11C 16159. Octubre, 1981. Chichicastenango, Quiché.
12C 2781. 1981 y 1982. Chipaj, Uspantán.
13Testigo de referencia CEH. C 2800. Noviembre, 1981.
14C 2309. Octubre, 1981. Uspantán, Quiché.
15C 2502. Enero, 1982. Joyabaj, Quiché.
En el municipio de Chinique “…después del interrogatorio, la esposa
[del hombre asesinado] fue violada consecutivamente, aproximada-
mente unas quince veces, tanto por los soldados como por los hombres
que vestían de particular…”
16
Los niveles de crueldad llegaron al extremo de la tortura y ejecución
de una mujer en el momento de dar a luz. En la masacre en Chuguexá, los
soldados llegaron a la casa de una mujer que estaba a punto de dar a luz, y
procedieron a ejecutarla con una navaja. Como ya sufría dolores de parto,
comenzó a dar a luz a su niño, que cuando murió su madre quedó con me-
dio cuerpecito dentro y medio afuera. Fue así como fueron hallados los
cuerpos, al día siguiente, por sus familiares. Los soldados también habían
hecho pedazos los pechos de la mujer con las navajas.
17
Asimismo, fueron violadas mujeres que se encontraban convalecientes
del parto. En el municipio de Chiché una mujer que acababa de dar a luz,
fue violada, primero por soldados y luego por integrantes de las PAC. De-
bido a su estado, enfermó gravemente.
18
Violación sexual de mujeres capturadas
El Ejército y las PAC apresaban a las mujeres. Los hechos permiten in-
ducir que el propósito era violarlas. De paso, las obligaban a realizar traba-
jos forzados.
19
Esta práctica era frecuente en los destacamentos militares y
cualquier lugar utilizado como cárcel:
20
“Las PAC la han violado por ocho
días en el destacamento”.
21
El domingo 15 de marzo de 1981, soldados procedentes del destaca-
mento militar de San Miguel Uspantán, llegaron a la comunidad de Ma-
calajau y capturaron a una joven k’iche’ de 16 años. La condujeron al des-
tacamento y allí fue torturada y violada.
22
En San Bartolomé Jocotenango, algunas mujeres permanecieron dete-
nidas de forma ilegal durante más de un año. Además de sufrir todo tipo
de agresiones sexuales, se les forzaba a hacer trabajos de limpieza y a coci-
nar para los soldados y los miembros de las PAC.
23
En marzo de 1982, en el destacamento instalado en el convento de
San Andrés Sajcabajá,
24
varias mujeres de distintas comunidades perma-
necieron detenidas durante unos tres meses. Durante su cautiverio fueron
16
16C 16246. Marzo, 1982. Chinique, Quiché.
17Testigo directo CEH. C 2854. Julio, 1982, Chichicastenango, Quiché. El testigo fue uno de los
que llegó y enterró a las víctimas.
18C 2733. Junio, 1981. Chiche, Quiché.
19Testigo directo CEH. C 2648. Julio, 1981. Chiche, Quiché, cárcel en destacamento militar.
20C 15123. Enero, 1981. Destacamento San Pedro Jocopilas, Quiché.
21Testigo directo CEH. C 2311. Octubre, 1982. Cotzal, Quiché.
22C 2419. Marzo, 1981, Uspantán, Quiché.
23C 2800. Noviembre, 1981, San Bartolomé, Quiché.
24CI 37. Ob. Cit.
violadas sexualmente en forma reiterada. Los militares las obligaban a ser-
virlos a ellos y a los patrulleros. Tenían que lavarles la ropa, prepararles la
comida, encargarse de tareas de limpieza; las obligaron también a acarrear
leña.
25
Fue habitual que el Ejército y los PAC aprovecharan los días de mer-
cado para hacer prisioneros.
26
En Santo Tomás Chiché, una mujer que se
dirigía al mercado fue detenida arbitrariamente y violada.
27
En Chiché,
miembros de las PAC forzaron a una mujer frente a su esposo cuando és-
tos se dirigían al mercado. Luego, la agredieron con un machete y la eje-
cutaron.
28
Las vendedoras de los mercados resultaron también víctimas de este ti-
po de abusos:
“[Ella] estaba vendiendo frijol y maíz en el mercado, cuando fue aga-
rrada por soldados junto con otras 20 ó 25 mujeres de distintos can-
tones como Pacajá, Chicabracán y Pacho Lemoa. Estuvieron deteni-
das en la cárcel de Chichicastenango … Una señorita de Chicabra-
cán fue violada sexualmente por un policía”.
29
El móvil
En numerosos casos las mujeres fueron violadas porque se les acusaba
de colaborar, pertenecer o ser parientes de miembros de la guerrilla. La
acusación de ser guerrillera o ser madre, hermana, esposa o hija de guerri-
llero, o de tener algún parentesco o colaborar con los alzados, era motivo
suficiente para que las mujeres fuesen víctimas de violencia sexual.
En marzo de 1981 una niña de 16 años fue acusada de colaborar con
la guerrilla:
“La acusaron de colaborar con la guerrilla, porque su hermano fue
quemado en la embajada de España, su padre ya torturado y desapa-
recido y ella tenía una máquina de coser en su casa, porque trabaja-
ba para la cooperativa … Fue muy fácil que le acusaran de hacer ro-
pa para la guerrilla … La familia estaba en el CUC, allá hacía su
trabajo … lo del EGP vino después. A ella la violaron, la torturaron
y de plano dio nombres de compañeros del CUC, sin saber nada de la
guerrilla”.
30
17
25C 2422. Marzo-Abril, 1982. Quiché.
26CI 54.
27C 2155. Julio, 1982. Chiché, Quiché.
28C 2827. Noviembre, 1981. Chiché, Quiché.
29Testigo directo CEH. C 2010. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
CI 54. Ob.cit.
30C 2419. Marzo, 1981. Uspantán, Quiché.
En San Bartolomé Jocotenango, en noviembre 1981, las casas de la co-
munidad fueron allanadas por patrulleros. Apresaron a las mujeres, cuyos
esposos se encontraban ausentes, las acusaron de ser mujeres de guerrille-
ros, porque sus maridos habían huido.
31
Otras mujeres fueron víctimas de violencia sexual atroz:
“Teníamos allí [en Chepol, cerca de Chupol] una carpa para pri-
sioneros, pero habían dos mujeres nada más. Prisioneras, decían ellos
[los militares] que eran guerrilleras, verdad, y las estaban violando
masivamente. O sea, que cuando yo llegué había una cola como de
35 esperando turno y yo no quise pasar porque realmente, como a
unos dos metros a la redonda se sentía un olor fuerte, una hedentina
así desagradable, como a shuco y yo veía a las muchachas allí … sí,
allí estaban rodeándolas y violándolas, verdad, y se levantaba uno y
pasaba el otro, violándolas, verdad, y se levantaba uno y pasaba el
otro, y se levantaba uno y pasaba el otro, y se levantaba uno y pasaba
el otro y total de que yo calculo que estas pobres mujeres las violaron
unos 300 soldados, tal vez, si no más…”
32
Varias mujeres acusadas de guerrilleras estuvieron seis meses detenidas
en el convento de Uspantán, ocupado por el Ejército: “En las noches entra-
ban los soldados a violar a las señoritas”.
33
Cuando las mujeres se encontraban solas e indefensas en sus residen-
cias, se les acusaba de guerrilleras y se les exigía que entregaran a sus espo-
sos.
34
Esa acusación era suficiente para que las violaran.
35
A otras las saca-
ban a la fuerza del interior de sus casas y las violaban en el monte.
36
Inclu-
so, menores de edad sufrieron esas violaciones.
37
En otros casos, miembros de las PAC, valiéndose de esta acusación, las
obligaron a tener relaciones sexuales con ellos y, a veces, cuando se opo-
nían, además de violarlas, las asesinaban.
38
Hubo ocasiones en que los pa-
trulleros acusaban a aldeas enteras de colaborar con la guerrilla. Por tal mo-
tivo, encerraban a las mujeres en las casas, las violaban y seguidamente in-
cendiaban las casas.
39
18
31C 2800. Noviembre, 1981. San Bartolomé, Quiché.
32Testigo directo REMHI.
33C 2596. Noviembre, 1982. Uspantán, Quiché
34C 2155. Julio, 1982. Chiche, Quiché.
35C 2215. Enero, 1983. Zacualpa, Quiché.
36C 2657. Febrero, 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
37C 2479. Enero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
38C 3220. 1982. Cotzal, Quiché.
39C 2782. Junio, 1980. Chicaman, Quiché.
En marzo de 1982, en la comunidad de Choaxán, Chinique, la ma-
yoría de la población había huido. Sin embargo, uno de los responsables
de Acción Católica aún permanecía en el lugar. Una noche, soldados
acompañados de hombres vestidos de civil se presentaron en su casa, mien-
tras la familia dormía. Se lo llevaron y le dieron muerte. Luego, regresaron
e interrogaron a su esposa, embarazada de siete meses; la violaron consecu-
tivamente, tanto los militares como los hombres que vestían de civil.
40
Violación sexual, las circunstancias
Masacres
Según algunos testigos de las masacres, la violencia sexual contra las
mujeres contaba con la aquiescencia de los oficiales al mando de la tropa.
Los soldados sabían que podían violarlas. Ellas eran consideradas, además,
como botín de guerra y también fueron ofrecidas como aliciente y regalo
a la tropa:
“Entonces llamé a otro, a un soldado de primera que se llamaba …
Soldado, le dije, hágase cargo de la señora, le dije, y es un regalo del
subteniente … y llamó a los muchachos [los otros soldados] y dijo:
‘Hay carne muchá’, dijo, verdad, entonces vinieron agarraron a la
muchacha, le quitaron al patojito y la violaron entre todos otra vez,
verdad, la violación masiva”.
41
La crueldad fue objeto de reiterados testimonios de víctimas directas y
parientes:
“Juntaron los soldados a muchas mujeres y niños y los encerraron y los
quemaron. También, violaron a las mujeres antes que las mataron.
Cortaron los pechos y orejas y manos”.
42
Se registraron casos de mujeres violadas con antelación al desarrollo de
la masacre. En estos casos, los militares, a veces con la colaboración de
miembros de las PAC y comisionados militares, quemaban casas, ropa, co-
sechas y luego violaban a mujeres y niñas. Más tarde procedían a realizar
la masacre.
43
19
40C 16246. Marzo, 1982. Chinique, Quiché.
41Testigo directo REMHI.
42C 3515. Abril, 1982. Chajul, Quiché.
43C 2479. Enero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
Ante los parientes
En muchos casos registrados por la CEH, mujeres fueron violadas en
presencia de sus esposos, hijos y otros parientes.
44
Estos no podían interve-
nir para evitar la violación, ya que también eran agredidos, como sucedió
con una mujer cuyo hijo trató de defenderla de la violación y los victima-
rios lo golpearon.
45
En otros casos, se relata la violación sexual reiterada que sufrieron mu-
jeres delante de sus hijos.
46
Durante la huida o refugiada en la montaña
Debido a la violencia que se ejercía sobre las comunidades, muchos
pobladores no tuvieron otra alternativa que escapar si querían salvar sus vi-
das. En algunos casos, el desplazamiento forzado no significó necesaria-
mente que lograran ponerse a salvo. Las mujeres, responsables de cargar
con los niños y las pertenencias indispensables, eran presa fácil durante la
fuga. Una mujer de Tzalamabaj, Chiché fue capturada mientras huía:
“La víctima ya no aguantó correr porque cargaba sus cinco hijitos …
[Los soldados] amontonaron a los niños, que lloraban todo el tiem-
po, la nena abrazó al chiquito, los metieron en una cuartito, los me-
tieron en un cuartito de la casa social y cinco soldados la violaron…”
47
En otro relato se describe cómo cuatro familias que huían, cruzaron el
río Xalbal y arribaron a Kaibil Balam. Fue entonces cuando los soldados
capturaron y violaron a las mujeres. Luego las mataron.
48
En julio de 1982,
una niña de 9 años, fue violada junto a su mamá, mientras intentaban huir
de los soldados.
49
Resultar heridas durante la huida impuso a muchas mujeres el riesgo de
caer prisioneras, y ser violadas. Son numerosos los casos conocidos, que se
produjeron en estas circunstancias en que las mujeres fueron violadas y lue-
go ejecutadas.
50
“…Es herida de bala en la pierna y es sujetada por los soldados,
quienes la desnudan, uno por uno la violan todos, al terminar todos, uno de los
20
44 C 2045. Febrero, 1982, Uspantan, Quiché. C 2053. Febrero, 1982, San Andrés Sajcabajá, Qui-
ché. C 2143. Mayo/junio, 1981, Chiché, Quiché. C 2214. Noviembre, 1983, Chiché, Quiché. C
2479. Enero, 1982, San Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2502. Enero, 1982, Joyabaj, Quiché. C
2511. Mayo, 1982, Chichicastenango, Quiché. C 2593. Febrero 1985, Uspantán - Cotzal, Qui-
ché. C 2832. Agosto, 1982, Chichicastenango, Quiché. C 2955. Septiembre, 1980, Uspantan,
Quiché. C 11195. 1982, Ixcan, Quiché. C 3123. Febrero, 1982, Chajul, Quiché.
45 C 4214. Diciembre, 1980. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
46 C 2881. Julio, 1982. Zacualpa, Quiché. C 3749, 1981, Chajul, Quiché.
47 C 2959. Agosto, 1981, Chiché, Quiché.
48 C 11147. Junio, 1982, Ixcan, Quiché.
49 C 2496. Julio, 1982. Cerritos II, Chiché, Quiché.
50 C 2045. Febrero 1982. Uspantan, Quiché. C 2193. Diciembre, 1982, Chiché, Quiché. C2309.
Octubre, 1981, Uspantan, Quiché.
soldados saca su cuchillo y la degolla”.
51
De igual forma, fue violada otra mujer
que estaba escondida en el lugar y fue sorprendida por los victimarios.
52
Era imposible, para las mujeres, encontrar un escondite seguro:
“A las cinco de la mañana fueron sorprendidos por las PAC cuando dor-
mían en un lugar escondido y empezaron a salir corriendo. Las PAC los
alcanzaron a las seis de la mañana, porque ya se agotaron de correr en-
tre el monte. Las PAC le alcanzaron a doña Petrona con balazos y su
pequeña niña y tenía otra hija pequeña, también se quedaron sin co-
rrer porque se murió su mamá y en el mismo lugar se quedaron mata-
dos. A puro machetazo, pedazo por pedazo, tirados donde fueron cap-
turados. La hija mayor fue torturada y violada hasta las doce del me-
dio día, la mataron con machete. Se llamaba Petrona Ramos”.
53
En otros casos, los autores de las violaciones dejaron evidencias de la
crueldad que habían empleado. Una mujer desplazada que se encontraba
en las montañas cercanas a la aldea Parraxtut, Sacapulas, y cuya familia
pertenecía a la Acción Católica, sobrevivió a las torturas a que la sometie-
ron. Luego, los soldados la desnudaron y la violaron:
“La clavaron parada, le metieron clavos en sus manos y en su pecho.
La quemaron viva. Cuando se retiró el Ejército, los vecinos enterra-
ron los pocos restos que hallaron. Algunos pedazos se quemaron, los pe-
rros habían comido sus piernas”.
54
En sedes militares, edificios religiosos
y públicos ocupados por el Ejército
Distintos edificios públicos y religiosos fueron ocupados y utilizados
como sedes militares y, a la vez, como centros de detención.
Los conventos de Uspantán, Chajul, Cotzal, Nebaj, Chiché, Canillá,
Sacapulas, Joyabaj, Zacualpa, San Pedro Jocopilas y San Andrés Sajcabajá
55
fueron ocupados por militares. Allí se perpetraron violaciones sexuales
contra las mujeres capturadas. Así sucedió en el convento de San Pedro Jo-
copilas, en enero de 1981;
56
en el convento de Uspantán, entre junio y di-
ciembre de 1983.
57
El desprecio hacia la dignidad de las mujeres era evidente y agresivo.
En un caso, en el destacamento militar de Uspantán, cuando un grupo de
personas fue conducida hasta allí por los militares, los soldados dijeron:
21
51 C 2500. Junio, 1982, Chiché, Quiché.
52 Ibid.
53Testigo directo REMHI.
54Testigo de referencia. C 16343. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
55Testigo directo (sacerdote de Quiché) CEH.
56C 15123. Enero, 1981. San Bartolomé Jocotenango, Quiché.
57C 2596. Junio, 1983. Uspantán, Quiché.
“Carne nueva nos vamos a echar…”
58
Este fue el anuncio:
“Todas las mujeres son violadas día tras día. Lo cierto es que toda mu-
jer capturada, de cualquier edad, era violada. A cualquier hora. Los
soldados hacían fila para abusar de ellas”.
59
Los victimarios no se conformaron con violarlas:
“Después las ejecutaban y los responsables se reían de la forma en que
fallecían”.
60
En el destacamento de Uspantán las mujeres permanecieron cuatro
días aisladas, encerradas en sanitarios individuales. Durante ese tiempo,
fueron sometidas a violación sexual por elementos del Ejército y sufrieron
todo tipo de torturas, incluidas descargas eléctricas y golpes. Además, las
víctimas estuvieron sometidas a fuertes presiones psicológicas:
“Un soldado que tocaba la guitarra les dijo que esa noche iban a es-
cuchar la última canción de su vida”.
61
En medio de todo el sufrimiento, las mujeres también presenciaron y
fueron víctimas de torturas infligidas a los demás detenidos. En el destaca-
mento había cuartos de tortura:
“Especialistas en tortura, carniceros, calentaban cuchillos con fuego, le
daban electricidad, le metían alambres en los ojos, estaba sólo en cal-
zones, colgado, dejando charcos sangre”.
62
En otra oportunidad, el domingo 15 de marzo de 1981, llegaron a la
comunidad soldados procedentes del destacamento militar de San Miguel
Uspantán. Capturaron a una joven k’iche’ de 16 años y la condujeron al
destacamento, donde fue torturada y violada.
63
Aunque la violación tuviese lugar en sedes militares, los victimarios no
eran soldados en todos los casos. Miembros de las PAC tenían acceso a esas
instalaciones y podían capturar y violar a las mujeres.
64
Como ejemplo de
22
58C 2419. Marzo, 1981. Uspantán, Quiché.
59Ibid.
60Ibid.
61Ibid.
62C 2419. Marzo, 1981. Uspantán, Quiché.
63Ibid.
64C 16145. Abril, 1982. Zacualpa, Quiché.
esta conducta puede citarse la detención arbitraria que sufrieron una abue-
la, su hija y cinco nietas de una familia de la Zona Reyna, Uspantán, a las
que condujeron al destacamento militar de La Parroquia, Lancetillo. Una
de las niñas, de 16 años, fue violada mientras los patrulleros la trasladaban
a la instalación militar:
“Unos patrulleros la apartaron y fueron pasando con ella … oímos co-
mo chilla, cómo llora”.
65
A muchas mujeres prisioneras, los militares las llevaban al destacamen-
to La Parroquia, Zona Reyna, y después a La Gloria, donde las violaban.
Según testimonios recogidos por la CEH, las jovencitas eran entregadas,
después, a hombres viudos. Hubo matrimonios forzados.
66
Violación sexual y embarazos forzosos
Gran número de mujeres, además del sufrimiento que provocaban las
masacres, la desaparición de parientes y la miseria en la que habían queda-
do, tuvieron que enfrentar el embarazo involuntario, como secuela de una
violación sexual.
Una mujer fue acorralada por dos comisionados militares, que la gol-
pearon en la cabeza y la violaron. Dos o tres días después, volvieron a
aguardarla en el camino y la violaron por segunda vez. A raíz de ello, la víc-
tima quedó embarazada.
67
La familia de la víctima era acusada de pertene-
cer a la guerrilla.
En El Saraguate, Uspantán, una madre de familia fue violada en for-
ma ininterrumpida ante sus hijos; quedó embarazada de los violadores:
“Es difícil que pueda contar, mataron a su esposo, se murieron sus dos
hijos. Tiene un hijo de los que la violaron y mataron a sus familias.
Demasiado sufrimiento para una vida…”
68
Violación sexual y ejecución arbitraria
Hubo casos en que mujeres que lograron sobrevivir a la violación se-
xual, fueron ejecutadas:
“Soldados la violaron y después le abren el cuerpo con un cuchillo”.
69
23
65C 16173. Diciembre, 1982. Uspantán, Quiché.
66C 2595. Abril, 1982. Uspantán, Quiché.
67Testigo directo CEH. C 16375. Diciembre, 1980. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
68Testigo directo CEH. C 16504. Mayo, 1982. Uspantán, Quiché.
69C 2955. Abril, 1981. Uspantán, Quiché.
La decapitación y el degollamiento aparecen con mucha frecuencia co-
mo medio de eliminar a las mujeres víctimas de violación sexual:
“[Las mujeres] presentaban señales de haber sido violadas sexualmen-
te y las habían decapitado”.
70
III. DESPUÉS
La vergüenza con que la sociedad somete a la mujer violada impedía a
las víctimas denunciar los hechos. Además, la impunidad vigente imposi-
bilitaba cualquier denuncia, resultaba inviable que las víctimas pudieran
emprender una persecución penal contra sus agresores.
El trauma de las víctimas sobrevivientes de violación sexual, es un le-
gado de angustia imperecedera:
“Nunca se le olvida lo que le hicieron, nunca pudo volver a estar con
su esposo, todavía ahorita cuando se reúne con sus hijos se miran y to-
dos se ponen a llorar”.
71
Al referirse a su situación actual, una mujer que sobrevivió a la viola-
ción sexual, manifiesta su dolor:
“El mal no se cura, una lo va llevando consigo misma y una trata de
sobreponerse a todo. El daño que te deja una violación sexual no se
puede curar … Luego de la violación te sentís tan vacía, tan echada
de menos…”
72
IV. CONCLUSIONES
Analizado este conjunto de casos presentados, la CEH arribó a la con-
vicción de que agentes del Estado de Guatemala y personas bajo su auto-
ridad, específicamente oficiales y soldados del Ejército, jefes y miembros de
las PAC y comisionados militares violaron sexualmente, en forma reitera-
da, a niñas y mujeres indígenas en el departamento de Quiché, entre 1979
y 1983, atentando contra su dignidad y vulnerando el derecho a la integri-
dad personal.
24
70C 2854. 1982. Chichicastenango, Quiché.
71C 2959. Agosto, 1981. Chiché, Quiché.
72Testigo directo (mujer combatiente de la guerrilla que fue violada a los 15 años) CEH.
Al respecto, el carácter reiterativo de las violaciones sexuales y la
aquiescencia de los mandos superiores ante su perpetración, permite soste-
ner que esta específica modalidad de atentar contra la integridad de las per-
sonas, a lo menos por tolerancia, formó parte de una política estatal.
El hecho mismo de la violación sexual se vio agravado, en la mayor
parte de los casos, por haber utilizado los victimarios métodos extremada-
mente atroces contra mujeres de toda condición, como niñas, madres em-
barazadas y ancianas. Estos métodos no tienen siquiera parangón con
aquellos que se utilizaban contra el enemigo en los combates del enfrenta-
miento armado interno.
Los agentes responsables de estos hechos, también lo fueron de violar
el derecho a la libertad de las personas, al detener arbitrariamente a las víc-
timas y obligarlas a trabajar para ellos, incluso dentro de instalaciones mi-
litares.
La CEH concluye, además, que, en todos estos casos, el Estado de
Guatemala infringió su deber de investigar y sancionar graves crímenes y
violaciones de derechos humanos, que han quedado en la impunidad.
A juicio de la CEH, este caso ilustra en qué grado las violaciones se-
xuales de mujeres fueron parte constitutiva de la represión que se aplicó a
la población civil, como parte de la política contrainsurgente, la cual par-
tía del supuesto que el simple hecho de pertenecer a una organización po-
pular o la participación de las mujeres o sus parientes en actividades de me-
joramiento de la comunidad local, significaban una opción política a favor
de la guerrilla.
A juicio de la CEH, las violaciones sexuales contra las mujeres maya
k’iche’ fueron otro mecanismo para implantar el terror en la población ci-
vil, incluso al interior de las familia cuando las mujeres eran violadas fren-
te a sus hijos y esposos, o tenían que presenciar el asesinato de sus parien-
tes o la violación de sus hijas antes de ser violadas ellas mismas.
Además, estos hechos representan una cruel manifestación de discri-
minación contra las niñas y mujeres que sufrieron violación sexual.
25
I. ANTECEDENTES
El municipio de Chiché pertenece al departamento de Quiché y está
ubicado en la Sierra de Chuacús. Se encuentra dividido en veinte caseríos,
dos aldeas, dos haciendas y seis fincas. Además de dedicarse a la agricultu-
ra en pequeñas extensiones, con una producción predominante de granos
básicos, sus pobladores migran en épocas de cosecha a la Costa Sur, don-
de están situadas las grandes plantaciones de café y de caña de azúcar para
la exportación.
En la década de los setenta la mayoría de las comunidades de Chiché
estaban organizadas en la Acción Católica, que jugó un papel importante
al promover nuevas formas de organización y defender los derechos huma-
nos inherentes a las personas.
“Aquí en Laguna Seca, venía un padre a celebrar misa, y cuando en
sus mensajes nos decía que nosotros teníamos derechos, que como cris-
tianos tenemos derecho a reclamar nuestros salarios … nuestro delito
fue reclamar el aumento de salario en las fincas en donde íbamos a
cada año”.
74
Durante la segunda mitad de la década de los setenta los pobladores
de Chiché se integraron en el Comité de Unidad Campesina (CUC). Más
tarde, algunos de ellos simpatizaron o colaboraron con la guerrilla. El Ejér-
cito Guerrillero de los Pobres (EGP) constituyó en algunas comunidades
de Chiché las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y los Comités Clandestinos
Locales (CCL), caracterizados por cumplir funciones organizativas y que
no estaban armados. Posteriormente, estas organizaciones desempeñaron
un papel importante en el proceso de desplazamiento.
Caso ilustrativo No. 34
Muertos por desplazamiento forzado
municipio de Chiché, Quiché
“Hay que acabar con los indios, éstos son co-
munistas y si no acabamos con ellos, maña-
na ellos nos quitarán nuestras tierras y hasta
nuestras mujeres”.
73
73 Testigo directo CEH.
74 Ibid.
La represión selectiva en Chiché se inició a principios de 1980, con la
persecución de catequistas y directivos de Acción Católica, miembros del
CUC y de los comités pro-mejoramiento, maestros y representantes de la
corporación municipal, después que los comisionados militares y colabo-
radores civiles del Ejército elaboraran listas en que se acusaba a dichas per-
sonas de ser guerrilleras.
Pero el antecedente más importante e inmediato del desplazamiento
forzado en el municipio de Chiché fueron las masacres. La CEH registró
13 masacres ejecutadas por agentes del Estado durante 1981 y 1982. Tres
fueron realizadas por miembros del Ejército de Guatemala. En las restan-
tes participaron, además de elementos regulares del Ejército, comisionados
militares y civiles que colaboraron con el Ejército, casi todos ladinos aco-
modados de la cabecera municipal, quienes al organizarse las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC) se convirtieron en sus jefes. Las primeras PAC se
formaron en junio de 1981 y algunos de sus miembros fueron obligados
por el Ejército a participar en las ejecuciones, individuales o colectivas, de
sus propios vecinos.
La primera masacre se registró en enero de 1981, cuando efectivos del
Ejército de Guatemala ejecutaron a cinco personas que asistieron a un cul-
to evangélico en el caserío Membrillal II.
75
En febrero de ese mismo año,
en el camino hacia Laguna Seca, efectivos militares y hombres vestidos de
civil ejecutaron a seis personas originarias del caserío Los Tzoc.
76
El 21 de
marzo, elementos del Ejército ejecutaron a 22 personas en el caserío Carri-
zal y posteriormente quemaron los cadáveres.
77
El 20 de abril, tropas destacadas en el municipio de Zacualpa, conjun-
tamente con los comisionados militares de Chinique, quemaron las casas
de la aldea de Chuaxán. “Casi toda la aldea huyó, los que se quedaron fueron
quemados”. Ese día mataron a 21 personas: niños, hombres y mujeres.
78
En Chupoj, el 2 de agosto, 20 hombres vestidos de civil mataron a
cinco miembros de una familia, cuatro de ellos menores de edad: “La gen-
te ya se había ido a refugiar a las montañas, la gente que se quedó fueron ase-
sinados”.
79
En octubre, militares y patrulleros civiles asesinaron, ante la mi-
rada de los demás pobladores, a siete hombres en el caserío Laguna Seca.
80
En 1982 se registraron otras seis masacres. El 20 de abril, efectivos del
Ejército acompañados de patrulleros civiles y comisionados militares, lle-
garon a Tululché, donde detuvieron a un número no determinado de per-
28
75 Testigo directo CEH. C 2566. Enero, 1981. Chiché, Quiché.
76 Testigo directo CEH. C 2251. Febrero, 1981. Chiché, Quiché.
77 Testigo directo CEH. C 2115. Marzo, 1981. Chiché, Quiché.
78 Testigo directo CEH. C 2108. Abril, 1981. Chiché, Quiché.
79 Testigo directo CEH. C 2147. Agosto, 1981. Chiché, Quiché.
80 Testigo de referencia CEH. C 2398. Octubre, 1981. Chiché, Quiché.
sonas y quemaron casi todas las casas. Al día siguiente, cuando los pobla-
dores regresaron, “los perros ya se están comiendo a las víctimas … Ese día
hay muchos muertos en los barrancos, la gente los enterraba allí mismo”.
81
El
1 de mayo, en Chupoj II, los soldados ejecutaron a seis personas.
82
El 31 de ese mismo mes fueron ejecutadas unas 23 personas en el ca-
serío Los Tzoc. Los militares llegaron en la madrugada y empezaron a dis-
parar contra las casas. La gente salió huyendo hacia las lomas, pero “mu-
chos cayeron en la huida”. Asimismo le prendieron fuego a las casas y las co-
sechas del lugar.
83
El 22 de noviembre, efectivos del Ejército con la colaboración de los
comisionados militares, reunieron a los pobladores de Tululché. Allí eligie-
ron a 10 hombres y los condujeron camino al caserío El Boquerón, don-
de es probable que fueran ejecutados. Más tarde capturaron a otros 12
hombres, quienes los patrulleros civiles y 400 hombres del lugar sometie-
ron a torturas y ejecutaron a golpes bajo órdenes del Ejército.
84
En diciem-
bre el Ejército obligó a los patrulleros civiles a participar en la ejecución de
otros miembros de las PAC, sumando 72 las víctimas. Estos habían sido
capturados y posteriormente torturados en la cárcel de la cabecera muni-
cipal de Chiché.
85
El desplazamiento forzado fue una de las consecuencias inmediatas de
las acciones militares contra la población civil indefensa. Los mayores flu-
jos de desplazados se registraron a partir de los primeros meses de 1981 y
durante todo 1982. En ese período se desplazaron casi en su totalidad los
pobladores de las comunidades del Carrizal, Los Tzoc, Laguna Seca, Tulul-
ché, Chupoj, Tzalamabaj, Membrillal, Chuaxán, Cucabaj, Choyomché,
Xexac, Tierra Colorada, Los Cerritos y San Francisco, todas ellas comuni-
dades de Chiché.
Durante los primeros meses las familias o los grupos de familias salían
a refugiarse en los barrancos y montañas cercanas y regresaban después que
el Ejército se retiraba de las comunidades. Pero, a principios de 1982, los
pobladores dejaron pasar más de seis meses, hasta que regresaron a sus ho-
gares, ya sometidos al control militar.
El fenómeno del desplazamiento forzado en la región presentó dos ti-
pos de víctimas, con su correspondiente modalidad. El primero estuvo
constituido por aquéllos que salieron de sus aldeas en grupos familiares
después de ser testigos presenciales de asesinatos o secuestros de parientes
o vecinos y que buscaron protección en otras comunidades donde tenían
parientes, o bien en la ciudad de Guatemala o en la Costa Sur.
29
81 Testigo directo CEH. C 2715. Abril, 1982. Chiché, Quiché.
82 Testigo directo CEH. C 16441. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
83 Testigo directo CEH. C 2158. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
84 Testigo directo CEH. C 2801. Noviembre, 1982. Chiché, Quiché.
85 Testigo directo CEH. C 2253. Diciembre, 1982. Chiché, Quiché.
El segundo estuvo constituido por comunidades enteras, con mayor
organización y presencia de la guerrilla a través de sus representantes loca-
les, que asistieron a la población para disponer de un sistema de vigilancia
destinado a prevenir la llegada de los militares.
“Tuvimos que abandonar nuestras casas, nuestras comunidades en sí,
que tuvimos que refugiarnos en otras comunidades, hay gente pues,
guías del Ejército que cabal nos conoce donde estamos y cabal nos hu-
bieran acabado … Los bombardeos que hubo encima de nuestras ca-
sitas es de que ya no podíamos vivir dentro de nuestras casas, entonces,
nos fuimos regados por todos lados pero en diferentes comunidades”.
86
De la misma manera, mientras que se prolongó el período de refugio
en las montañas y barrancos, la población no sólo sufrió los ataques mili-
tares, sino que tuvo que afrontar las condiciones del medio
87
y la ausencia
de alimentos y medicamentos, indispensables para la sobrevivencia. “No se
atrevían a regresar, comían zacate verde, matazanos, hierba mora, dormían
bajo los árboles. En dos oportunidades los aviones tiraron bombas”.
88
En las ocasiones en que hombres bajaron a sus comunidades a pro-
veerse de alimentos, fueron sorprendidos por el Ejército: “Se encontraba en
su casa, como a las ocho de la mañana, había ido por alimentos, cuando el
Ejército lo encontró, allí lo mataron con machete … lo degollaron”.
89
II. LOS HECHOS
Varias personas, entre ellos muchos niños, que huían del ataque de los
soldados, murieron en el desplazamiento:
Un día del mes de septiembre de 1981, a las once de la mañana, una
de las familias recibió el aviso: el Ejército estaba cerca de la comunidad. To-
dos se apresuraron a salir, para refugiarse en los montes y barrancos cerca-
nos. Los padres de esta familia salieron huyendo con sus cuatro hijos. La
madre tenía ocho meses de embarazo y llevaba en la espalda a su hija más
pequeña, Tomasa Chitic, de dos años de edad. Cuando iba corriendo la ni-
ña cayó al suelo, pero no se detuvo a recogerla porque los soldados los per-
seguían y bombardeaban, por aire y tierra. Un helicóptero disparaba indis-
30
86 Testigo directo CEH.
87 La mayoría de las comunidades se refugiaron en barrancos que tenían hasta 300 metros de pro-
fundidad. Algunos de los bosques donde la población también buscaba refugio ya habían sido que-
mados.
88 Testigo directo CEH. C 2158. Mayo, 1981. Chiché, Quiché.
89 Testigo directo CEH. C 2577. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
criminadamente contra la población. La gente buscaba desesperadamente
un lugar donde refugiarse. Ese mismo día, pero más tarde, los padres en-
cargaron a otras personas el cuidado de sus otros tres hijos y salieron a bus-
car a la hija que había quedado en el camino. En el trayecto hacia la co-
munidad de Laguna Seca la encontraron: estaba muerta. La levantaron y
después la enterraron allí mismo.
Transcurriendo un mes, la misma señora se estaba bañando en un te-
mascal y allí dio a luz una niña. De repente, escuchó los gritos de los de-
más vecinos que avisaban nuevamente de la llegada de los soldados. La
mujer se apresuró a envolver a la recién nacida y salió corriendo, dejándo-
la al lado del temascal. Otra vecina que también iba huyendo, pasó cerca
y escuchó los llantos de la bebé. La recogió y se la llevó con ella al monte.
Cuando los pobladores de la comunidad estaban reunidos ya en un refu-
gio más seguro y el padre de la niña se disponía a ir por ella, la señora que
la había recogido entregó la criatura a sus progenitores. Esta niña tiene en
la actualidad 15 años de edad. Aún no ha sido inscrita en el registro de na-
cimientos de su municipalidad.
90
La enfermedad y el hambre también fueron causa de muerte entre los
que huían:
En septiembre de 1982 los hermanos Antonio y Sebastián fallecieron
en la montaña. Días antes, los soldados le habían quitado la vida a su pa-
dre,
91
quien había bajado a la comunidad. Antonio, entonces de cuatro
años de edad, se enfermó del estómago y le dio diarrea. No fue posible pre-
pararle ni siquiera medicina casera; el fuego necesario para prepararla los
habría delatado ante los soldados. Después de un día y una noche en el ba-
rranco, Antonio murió en brazos de su madre. Lo enterraron allí mismo.
Tres semanas más tarde, cuando ya habían regresado a Membrillal, falleció
también Sebastián, de dos años de edad. Tenía fiebre y no lo pudieron lle-
var a Chiché para que recibiera atención médica, porque el Ejército estaba
controlando a los pobladores y si encontraban a alguien en el camino lo
más probable era que lo matasen.
92
Durante el desplazamiento forzado varias personas fueron detenidas
por los militares con el propósito de obtener información sobre la pobla-
ción que huía por la montaña. En mayo de 1982 los patrulleros aprehen-
dieron a cinco mujeres, cinco niños y tres hombres. Los llevaron a la ha-
cienda San Francisco y allí mataron a los hombres.
93
31
90 Testigo directo (madre sobreviviente) CEH. Septiembre, 1981. Chiché, Quiché.
91 Testigo directo (esposa de la víctima) CEH. C2650. Agosto, 1982. Chiché, Quiché.
92 Testigo directo (madre sobreviviente) CEH. Agosto, 1982. Chiché, Quiché.
93 Testigo directo CEH. C 2735. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
A las mujeres capturadas las violaban y a algunas de ellas las ejecuta-
ban posteriormente: “Fueron alcanzada por una bala … los soldados la aga-
rraron, hicieron una rueda y uno por uno la violó. Después uno de los solda-
dos la degolló”.
94
La CEH registró dos masacres durante el desplazamiento. En agosto
de 1981 elementos del Ejército y comisionados militares ejecutaron a cin-
co hombres que escapaban, cerca del caserío Chupoj.
95
El 28 de mayo de
1982 los soldados, con la colaboración de los patrulleros civiles, llegaron a
Tululché y ejecutaron a siete personas cuando intentaban huir por los ba-
rrancos.
96
“Al pasar por un tronco, en la parte baja del barranco, un niño llora
y eso delata al grupo. Los soldados les dan alcance y matan a [la fa-
milia] … Dos personas más murieron ese día … Encuentran los cuer-
pos más tarde con señales de haber sido comidos por animales”.
97
“Los niños se perdían, las madres estaban desesperadas … muchos ni-
ños se perdieron y si se encontraban con el Ejército, pues de plano los
mataban porque ya no supimos más … los perros en esos tiempos es-
taban bien gordos porque mucho comían”.
98
La gente dejó en las montañas y barrancos muchos familiares muertos
o desaparecidos, sin saber qué había sucedido con ellos o sin haberlos po-
dido enterrar según la costumbre y con dignidad.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Con los hostigamientos y rastreos en las montañas el Ejército preten-
día, entre otros fines, provocar que la población regresara a sus comunida-
des bajo control militar. Pero con la amnistía de 1982 la población fue lla-
mada abiertamente para que se reintegrase en sus comunidades. Muy po-
cas familias se resistieron. Otras regresaron más tarde. El Ejército prome-
tió a los desplazados internos ayuda económica para la resconstrucción y
sobrevivencia, tales como techo mínimo y granos básicos. Sin embargo, es-
to nunca constituyó una ayuda significativa para afrontar la situación en
que se encontraban las familias, que habían perdido todo durante el des-
plazamiento: alimentos, vivienda y herramientas de trabajo.
32
94 Testigo directo CEH. C 2500. Junio, 1982. Chiché, Quiché.
95 Testigo directo CEH. C 2564. Agosto, 1981. Chiché, Quiché.
96 Testigo directo CEH. C 2305. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
97 Ibid.
98 Testigo directo CEH. C 2963. Mayo, 1982. Chiché, Quiché.
“Cuando regresamos en las casas ya no teníamos nada, nos quedamos
sin nada, sin maíz, sin ropa, sin frijol, ahí sí que sólo lo que tenía-
mos entonces. Eso fue terrible para recordar toda una historia, es di-
fícil soportar de decir de que la guerra todo lo que dejó, fue una co-
sa triste”.
99
En la actualidad la población que vivió la experiencia del desplaza-
miento interno no se ha recuperado de las pérdidas humanas, económicas
y simbólicas que sufrieron en los años más duros del enfrentamiento arma-
do. Por el contrario, fueron obligados a reintegrarse en sus comunidades
bajo nuevas formas de organización política y social e incluso religiosa. De
este modo, los hombres fueron forzados por el Ejército a organizarse en las
PAC, con el propósito de reorganizar el poder local desde una perspectiva
contrainsurgente y militar. Además, muchos miembros de las PAC fueron
obligados por el Ejército a participar en ejecuciones, individuales o colec-
tivas, de sus propios vecinos y parientes, lo que dejó profundas huellas en
las relaciones intra e intercomunitarias.
“Luego que la gente había regresado a organizarse en las PAC, los sol-
dados obligaron a los patrulleros a matar algunos vecinos, pero la gen-
te no quería; pero nos decían, los van a matar o si no ustedes van a
morir también … Sólo los hombres fueron llamadas a matar, no se
sabe por qué los mataron, ellos no eran líderes de la comunidad”.
100
“Cincuenta patrulleros de Laguna Seca tuvieron que matar a palos a
la víctima, le decían que era un guerrillero y que había que hacer jus-
ticia, uno por uno tenía que pasar y darle un golpe. Si no cumplen
vamos a matarlos a todos ustedes, dijeron”.
101
Este conjunto de situaciones implicó la imposición de nuevos víncu-
los, tanto sociales como religiosos. Las relaciones que se habían estableci-
do por tradición con los muertos y con los vivos fueron trastornadas y sus-
tituidas por otros valores y parámetros, como la militarización y el uso de
la violencia para abordar los problemas o conflictos.
33
99 Testigo directo CEH.
100 Testigo directo CEH. C 16809. 1982. Chiché, Quiché.
101 Testigo directo CEH. C 2830. Septiembre, 1982. Chiché, Quiché.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que los niños y ancianos, hombres y
mujeres fallecidos y heridos durante el desplazamiento a que fueron forza-
dos por las acciones militares, fueron víctimas inocentes de las prácticas
contrainsurgentes implementadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Por lo tanto, el Ejército, pero también los comisionados militares, los jefes
y miembros de las PAC, y por ende el Estado de Guatemala, es responsa-
ble por la violación del derecho a la vida y a la integridad física de dichas
personas.
El caso es ilustrativo del fenómeno del desplazamiento forzado inter-
no, por medio del cual el Ejército intentaba destruir comunidades indefen-
sas con el propósito de aniquilar a la población civil que supuestamente
simpatizaba o apoyaba a la guerrilla. Asimismo, es ilustrativo de la forma
en que la población desplazada, posteriormente, fue sometida a control
militar, principalmente a través de la reorganización del poder local por
medio de las PAC.
La colaboración que la población pudo haber prestado a la guerrilla no
otorga justificación jurídica o ética a los crímenes contra la población co-
metidos por los agentes del Estado.
El caso ilustra también, a juicio de la CEH, la forma en que el Ejérci-
to de Guatemala involucró a la población civil en actos represivos, al ha-
ber obligado a los hombres a participar en la ejecución de sus parientes y
vecinos, algunos de estos en actos públicos y a través de métodos altamen-
te crueles e inhumanos. Esto hace más compleja la tarea de la reconstruc-
ción social y humana de los guatemaltecos.
Por otro lado, los habitantes actuales de dichas comunidades no han
podido hasta la fecha reencontrarse con sus muertos, debido a que la ma-
yoría no ha podido culminar sus procesos de duelo y no ha obtenido el re-
conocimiento social y legal de la muerte.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Muerte por desplazamiento forzado
Antonio Sinte Zapeta
Sebastián Sinte Zapeta
Tomasa Chitic Gonzáles
34
I. ANTECEDENTES
El municipio de Chiché, donde se encuentra el cantón Laguna Seca I,
se ubica en el departamento de Quiché, a unos a diez kilómetros al sudes-
te de la cabecera departamental. El cantón es habitado en exclusiva por po-
blación maya k´iche´. Desde hace muchos años, los problemas fundamen-
tales de esta región eran la tenencia y el acceso a la tierra. Esto determinó
que la población se organizara en las Ligas Campesinas
103
y en 1978, en el
Comité de Unidad Campesina (CUC), que logró aglutinar a los habitan-
tes de las áreas rurales. También, Acción Católica realizaba actividad en es-
ta zona.
Al mismo tiempo, en esa década, el Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP) inició su campaña de concienciación e intentó penetrar en la zona.
El mensaje que hizo circular se refería a la insuficiencia de la lucha políti-
ca y la necesidad de pasar a la lucha armada. Recorriendo las comunidades
la guerrilla logró incorporar a algunos jóvenes en sus filas, además de con-
seguir apoyo logístico en ciertos lugares.
II. LOS HECHOS
En marzo de 1981 la guerrilla atacó a soldados provenientes de Santa
Cruz del Quiché en Chinique, municipio cercano a Chiché.
104
Acto segui-
do los insurgentes se retiran, tomando el camino que conduce al cantón
Tululché. Los militares los persiguen pero, en vez de atacar a los rebeldes,
arremeten contra la primera comunidad que encuentran a su paso, el can-
tón Laguna Seca I.
Caso ilustrativo No. 38
Masacre de niños del cantón
Laguna Seca I, Quiché
“La muerte es más dolorosa cuando los papás
no pueden ver el cuerpo de sus hijos. El dolor
que causó el Ejército no se deja decir en pa-
labras. Nos sentimos enfermos, tristes, pobres
y abandonados”.
102
102 Testigos directos CEH.
103 Se trata de las primeras formas de organización para la reivindicación de aspiraciones campesinas.
104 C 2369. 1981. Chinique, Quiché.
Los soldados llegan acompañados por miembros de las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC) de Chiché y de Chinique. Un vecino denuncia
ante el Ministerio Público de Quiché: “…En el año de mil novecientos
ochenta y uno llegaron (sic) los soldados del Ejército y los señores patrulleros de
la comunidad de Chiché”.
105
Al momento de llegar las tropas, la comunidad estaba sufriendo una
epidemia de sarampión, por lo que buena parte de los niños se encontra-
ban enfermos en sus camas.
Al notar la presencia del Ejército los pobladores intentaron huir hacia
los barrancos. Sin embargo, varios de los niños enfermos fueron dejados en
las casas, suponiendo que los soldados no les harían daño. Algunos adul-
tos también permanecieron junto a los niños.
Los testimonios afirman que los militares y patrulleros operaron con
alevosía: “Es decir, entraron desde la mañana, primero desayunaron; para ello
matan coches
106
y gallinas y los cocen. Luego, cuando están bien alimentados,
empiezan a matar a la gente”.
107
Algunos de los niños y sus acompañantes fueron degollados por los
soldados y patrulleros. Los cuerpos de otros fueron encontrados fuera de
los hogares y presentando varios impactos de bala. A dos niñas, de ocho y
dos años, “los soldados les han colocado lazos al cuello, y las dejaron ahorcadas
dentro de la casa”.
108
Cuando el Ejército se retiró rumbo a Tululché, dejaba en el lugar nu-
merosas víctimas y muchas casas quemadas.
Los habitantes de Laguna Seca I permanecieron escondidos entre
montañas y barrancos durante toda la noche. Al día siguiente, cuando los
soldados y los patrulleros ya se habían retirado, los adultos regresaron a
sus casas con la esperanza de encontrar con vida a los niños y a quienes se
quedaron a su cuidado. Sin embargo, “cuando regresamos de los matorrales
donde nos escondimos, encontramos los cadáveres de nuestros familiares y ve-
cinos”.
109
Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados por sus parientes en dis-
tintos lugares, algunos cerca de sus hogares y otros en distintos sitios de la
montaña. “…lo hicimos de esta manera por temor a los militares, ya que po-
dían volver”.
110
Además, porque el cementerio estaba ubicado en la cabece-
ra municipal de Chiché, lejos de la comunidad.
La CEH pudo identificar a 42 víctimas, muchas de ellas niñas y niños
enfermos; 35 fueron ejecutadas, tres torturadas y dos desaparecidas.
36
105 Testigo directo Ministerio Público. Quiché (Causa No. 875-97).
106 Palabra usada por los campesinos para referirse a los cerdos.
107 Testigo directo CEH. C 2369. 1981. Chiché, Quiché.
108 Testigo directo CEH. C 2369. 1981. Chiché, Quiché.
109 Testigos directos Ministerio Público. Quiché (Causa No. 875/97).
110 Testigo directo Ministerio Público. Quiché (Causa No. 875-97).
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Muchos de los padres de familia que perdieron a sus hijos en aquella
masacre conservan aún hoy el sentimiento de culpa por haber dejado a los
mismos a merced de los agresores. Algunos han quedado trastornados, has-
ta perder el sentido de la realidad.
111
El 20 de marzo de 1997 algunos familiares de las víctimas, asesorados
por la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA),
presentaron denuncia penal ante el fiscal distrital del Ministerio Público de
Quiché, pidiendo que se investigaran los hechos y se ordenase la exhuma-
ción de las víctimas. Además, solicitaron que fuera cursada una petición de
informe “al Ministerio de la Defensa y demás instituciones, sobre los nombres
de los oficiales, soldados y patrulleros civiles que participaron en estos hechos
criminales y que en esta época estaban a cargo de las unidades militares en es-
tos lugares”.
112
El 5 de mayo de 1997 el Ministerio Publico pidió la aprehensión de
seis patrulleros sospechosos de haber participado en la masacre. El juez re-
querido resolvió que “por el momento no ha lugar a ordenar la aprehensión
de los sindicados”.
113
Pocos días después, el ministro de la Defensa Nacional
contestó la solicitud de información expresando: “Me permito manifestarle
que de acuerdo a los archivos correspondientes, en la fecha señalada no apare-
ce registrado que haya operado patrulla alguna en esa área”.
114
Del 23 al 28 de junio de 1997 la Fundación de Antropología Forense
de Guatemala (FAFG) llevó a cabo la diligencia de exhumación ordenada
por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Quiché en la causa No.
995-97. Fueron hallados restos de “8 osamentas de las 9 que habían sido de-
nunciadas y por las que se abrió este proceso”,
115
lográndose la identificación
en todos los casos. Pese al mal estado de conservación de los cadáveres, la
identificación fue posible, según los antropólogos forenses que intervinie-
ron, debido a que “los datos antemortem, que los familiares nos presentaron
por medio de las propias entrevistas, fueron bastante consistentes, tanto en la
ubicación de las fosas, la forma en que habían inhumado a sus muertos, la ro-
pa y artefactos asociados dentro de las cajas. Así mismo, el hecho que ellos na-
37
111 La mamá de un bebé muerto en la masacre y que resultara herida durante los hechos, resultó con
traumas físicos y psicológicos que le impiden valerse por si misma.
112 Expediente No. 875-97 del Ministerio Público de Quiché.
113 Resolución del juez Olegario Antonio Labbé Morales, Juzgado Segundo de Primera Instancia Pe-
nal de Narcoactividad y delitos contra el ambiente de Quiché, Santa Cruz del Quiché, 7 de ma-
yo de 1997, causa C-955-97. Of. 3º.
114 Oficio No. 2825 de fecha 12 de mayo de 1997 del general de división Julio Arnoldo Balconi Tur-
cios, ministro de la Defensa Nacional, al licenciado Ramiro Gonzalo Lee, agente fiscal del Minis-
terio Público de Quiché.
115 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Informe antropológico-forense Laguna Seca,
Quiché, Guatemala, 16 de febrero de 1998, pg. 23.
rran es concordable al tomar en cuenta la edad de las víctimas”. Sin embargo
fue imposible establecer la causa de la muerte de las víctimas. En definiti-
va, de las ocho osamentas encontradas, siete correspondían a niñas o ni-
ños, entre ellos tres hermanos.
Los familiares de otras seis víctimas de la misma masacre, en su mayo-
ría menores de edad, están tramitando la exhumación de sus restos.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de haber estudiado las evidencias reunidas, llegó a la
plena convicción de que, en el mes de marzo de 1981, efectivos del Ejér-
cito de Guatemala y patrulleros de autodefensa civil de Chiché y Chinique
ejecutaron arbitrariamente a 35 personas indefensas, en su mayoría niñas
y niños del cantón Laguna Seca I, en violación de sus derechos humanos.
La CEH destaca la gravedad del hecho que el Ministerio de la Defen-
sa, como lo evidenció posteriormente su respuesta al Ministerio Público,
haya encubierto, desde su inicio estos gravísimos crímenes. Este encubri-
miento superior y las dificultades objetivas y subjetivas del sistema de jus-
ticia para lograr la sanción de los responsables, a pesar de que algunos de
ellos fueron identificados, lleva a la conclusión que, en este caso, el Estado
no ha dado cumplimiento a su deber de investigar
La CEH considera que esta masacre ilustra los extremos a que condu-
jo la aplicación de los planes contrainsurgentes del Ejército en el departa-
mento de Quiché en los años 1981-1982, donde no se respetó siquiera la
vida de los menores de edad.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura
Tomás Saquic Ya
Ejecución arbitraria
38
Basilio Pol Quino
Catarina Canil
Catarina Nix Nimaja
Diego Mejia Pol
Dominga Suar Cuin
Estela, Pol, Quino
Gaspar Cuin Guarcas
Isabela Cuin Guarcas
Josefa Xirun Mejia
Juana,Chitic,Cuin
Juana Mejia Pol
Manuel Saquic Tzoc
Manuel Tzoc Chitic
María Suar
Desaparición forzada
Manuel Pol Pérez
Pablo Xirum Lares
Torturas
Manuela Itzoc Itzoc
María Tecun Lorenzo
Sebastiana Ya Pol
Otras violaciones
Tomás Suar Quiej
Tomasa Ordóñez
39
Micaela Chitic Cuin
Micaela González Suar
Micaela Xirum Tzoc
Nicolás Quino Morales
Pedro Aguilar Morales
Santos Isabel Tevalan Saquic
Sebastián Xirum Tzoc
Sebastiana Pol Morales
Tomás Aguilar Lares
Tomás Panjoj Tzoc
Tomás Pantzoc Tzoc
Tomás Saquic Tzoc
Tomás Suar Cuin
Tomás Tevalan Ordóñez
Tomasa Chitic González
Tomasa Guarcas
Tomasa Mejía Tecun
Venancio Cuin Guarcas
Verónica Panjoj Tzoc
Verónica Pantzoc y Tzoc
I. INTRODUCCIÓN
En Guatemala, durante el enfrentamiento armado interno, la tortura,
cuya finalidad es la obtención de información o castigar a la víctima, for-
mó parte del tratamiento habitual a que eran sometidas las personas cap-
turadas. Las técnicas de interrogatorio tienen su origen en los manuales de
instrucción
116
y en las prácticas de entrenamiento de la Inteligencia militar
del Ejército de Guatemala.
El presente caso se refiere únicamente a hechos ocurridos en el desta-
camento militar de Playa Grande,
117
Ixcán, entre los años 1981 y 1983.
Existen testimonios ilustrativos de otros períodos, de otras modalidades de
tortura y que tuvieron lugar en otras instalaciones militares. Sin embargo,
este caso y este período específico fueron seleccionados con el objetivo de
ilustrar las dimensiones que adquirieron la práctica de la tortura y su apli-
cación sistemática.
II. LOS HECHOS
Selección y captura de las víctimas
Las capturas se practicaron en las comunidades o en los caminos: los
realizaban numerosos grupos de soldados uniformados y armados, que im-
pedían cualquier tipo de reacción de los testigos, ante el temor de sufrir la
misma suerte que las víctimas. Realizadas las aprehensiones, las víctimas
eran trasladadas a las instalaciones militares.
118
“Llegamos a Canijá … allí se
Caso ilustrativo No. 17
Torturas en la zona militar
de Playa Grande, Ixcán,
departamento de Quiché
116 Manual de interrogatorio, Escuela de Inteligencia, Ejército de Guatemala, enero de 1980.
117 El 23 de marzo de 1983, el destacamento militar de Playa Grande se convirtió en la zona militar
22, por lo que hoy todas las personas al hablar del pasado se refieren a dicha instalación por esta
nueva designación.
118 C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11087. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11011. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11022. Diciembre, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11242. Marzo, 1982. Ixcán, Quiché.
encontraban los soldados, en el camino, a la orilla del río Canijá … me pidie-
ron mi cédula y también al resto de compañeros … Las empezaron a revisar,
cuando encontraron mi cédula, también mi nombramiento y mi credencial de
cooperativa, cuando los encontraron todos mis papeles, a los demás compañeros
se los entregaron y los míos no me los entregaron. Allí me dejaron arrestado”.
119
Muchas de las víctimas habían sido delatadas por los comisionados
militares, por los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) o
por ambos. Estas personas fueron citadas a los destacamentos que existían
en la región
120
y si el caso era considerado “importante”, se les trasladaba al
destacamento militar de Playa Grande.
121
Las capturas no sólo las practicó el Ejército, sino que también partici-
paron, aunque en menor grado, las PAC. “En 1982, Juan Méndez García
fue acusado por el comisionado militar, de pertenecer a las fuerzas guerrilleras.
Los patrulleros … capturaron a Méndez García”.
122
Otra modalidad utilizada fue la de los “listados”, que contenían los
nombres de aquellas personas que habían sido denunciadas. “El 10 de mar-
zo de 1982 llega el Ejército a San Alfonso y reúne en una casa a las mujeres y
niños y en otra sólo a los hombres. Los militares llevaban un listado, que ha-
bían elaborado previamente, con nombres de algunas personas de la comuni-
dad, a quienes llamaban y apartaban del grupo. Como a las cinco de la tarde
los militares terminaron con la tarea de seleccionar a la gente. Capturan a 35
personas y dejan en libertad al resto. Los soldados abandonaron la comunidad
con los detenidos”.
123
Una copia de los “listados” se encontraba en poder de los soldados,
quienes controlaban el paso de la gente por el ferry que cruzaba el río Chi-
xoy, en las inmediaciones del destacamento militar de Playa Grande. An-
tes de pasar al otro lado del río, había que entregar la cédula de vecindad
a los militares, y si aparecía el nombre de la persona en los listados, era de-
tenida y trasladada al destacamento. Al otro lado del río se encontraba el
único mercado que había en Ixcán y la única salida por carretera de la re-
42
C 11440. Junio, 1981. Ixcán, Quiché.
C 11519. 1982. Ixcán, Quiché.
C 11579. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11594. 1982. Ixcán, Quiché.
C 11620. Mayo, 1982. Ixcán, Quiché.
C 5146. Abril, 1982. Ixcán, Quiché.
119 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH. C 11166. Enero, 1981. Ixcán, Quiché.
120 Pueblo Nuevo, Puente Xalbal, Cuarto Pueblo y Mónaco entre otros.
121 C11022. Diciembre, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11111. 1981. Ixcán, Quiché.
C 11519. 1982. Ixcán, Quiché.
C 1608. 1982. Ixcán, Quiché.
122 C 11523. 1982. Ixcán, Quiché.
123 Testimonio colectivo (sobrevivientes de la masacre de San Alfonso) CEH. C 11009. Marzo,
1982. Ixcán, Qucihé.
gión. “Al pasar el río había que dejar la documentación y al regresar te la de-
volvían. Tenían un listado, la ‘lista negra’, si aparecías no te dejaban ir”.
124
En la comunidad de San Pablo, Ixcán, los comisionados militares y los
soldados requisaron las cédulas de vecindad de los pobladores y estos tu-
vieron que ir a reclamarlas al destacamento de Playa Grande; pero algunos
ya no regresaron. “El 12 de enero de 1982, durante la reunión pusieron a los
hombres en fila y les quitaron sus cédulas, informándoles que tenían que ir al
destacamento de Playa Grande para recuperar sus documentos”.
125
Según un ex soldado: “Cuando al Ejército le llega información no inves-
tiga, no hace sobre-averiguaciones, sino que agarra a la persona, la torturan y
buscan información. El Ejército dice que ellos son muy duros y que hay que sa-
carles la información a puro golpe, a pura verga [sin embargo] muchas perso-
nas son capturadas y torturadas para conseguir información pero muchos no di-
cen nada”.
126
A causa de estos criterios, un importante número de personas que no
tenían vínculo alguno con el enfrentamiento armado, fueron torturadas
sólo por efecto de rumores, envidias o venganzas personales. También su-
frieron tortura líderes comunitarios, catequistas, dirigentes de cooperati-
vas, familiares, amigos y vecinos de miembros de la guerrilla.
Centros de detención
La desaparición de la víctima comenzaba con su ingreso en el destaca-
mento militar de Playa Grande. No se trataba sólo de una captura ejecu-
tada sin cumplir con los requisitos legales, sino de una modalidad de cau-
tiverio en que la víctima era objeto de toda clase de torturas. Los militares
negaban sistemáticamente cualquier información a los familiares que se
atrevían a preguntar por los capturados o les amenazaban con correr la
misma suerte. “El 14 de enero de 1982 un grupo de mujeres se fue al desta-
camento de Playa Grande para reclamar a sus esposos e hijos. Un soldado que
estaba en la garita de la entrada les dijo: ‘Si no se van de una vez, voy a amon-
tonarlas en la calle’. Fue la única vez que los familiares trataron de reclamar
por las amenazas de muerte que recibieron esta vez”.
127
Antes de proceder al interrogatorio, las víctimas eran encerradas en
unas celdas sumamente reducidas. “Después nos sacaron de la pileta y nos
meten a un edificio dentro de la base y después a una cárcel, bien chiquita. Allí
ni movernos podíamos”.
128
O bien, eran introducidas en “hoyos” o piletas,
43
124 C 11218. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
125 C 11351. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11352. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11353. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
126 Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar Playa Grande) CEH. C 11431.
Abril, 1983.
127 C 11351. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
128 C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
donde sólo cabía una persona y estaban hechos de tal manera que en vera-
no eran sumamente calurosos por la lámina que tenían encima y en invier-
no se llenaban de agua. “Nos llevan al destacamento militar y de inmediato
nos meten a una pileta llena de agua sucia, nos llegaba a la panza [vientre] el
agua. Estábamos bajo el sol. El agua tenía tufo [mal olor] porque allí se hacía
la gente [sus necesidades]. Cuando llovía el agua llegaba hasta el pecho, no se
podía mover…”
129
Esta modalidad de introducir a los detenidos en hoyos fue muy co-
mún en la región, porque también se imponía a los miembros de las PAC
que no cumplían con las normas establecidas. “Mandaron a los culpables a
la zona y regresaron 15 días después. Cuando regresaron traían hongos por to-
do el cuerpo, porque cuando llovía se rebosaba el tonel donde estaban metidos
y como ahí se orinaban y hacían popó [excremento] se llenaron de hongos”.
130
Un ex “confidencial” del Ejército declara: “Se le metía en un hoyo lleno
de agua, si eras bajo te cubría entero, pero si eras alto te llegaba al cuello. Ha-
bía sapos y languillas. Trataban de ponerte de punta los nervios. Aparte el po-
zo tenía una lámina encima que cuando se calentaba era horrible el calor que
te caía encima de la cabeza. Ahí había que orinar y defecar en el hoyo. En el
mismo hoyo a veces metían a dos o tres. Era del ancho de las tuberías para la
carretera. Había varios en la zona, para el lado de la cancha. Detrás de la ofi-
cina de la dos [Oficina de la sección de Inteligencia, G-2] había tres. Des-
pués de la casa de oficiales hay un cerro con un depósito de gasolina, ahí había
varios hoyos donde encerraban y torturaban a la gente”.
131
Interrogatorios
De acuerdo con el testimonio de un ex soldado: “Los de la Inteligencia
eran los encargados de sacarle la verdad a la gente, les ponían una capucha de
gamezán, les sacaban los ojos con cuchara, les cortaban la lengua, los colgaban
de los testículos…”
132
Las preguntas se relacionaban con la actividad insurgente. Según lo re-
ferido por los sobrevivientes, las preguntas que se hacían eran, entre otras:
¿Cuánto tiempo tenías de colaborar con la guerrilla? ¿Dónde estaban los
campamentos guerrilleros? ¿De qué forma los apoyabas, con información
o con logística? ¿Quiénes en las comunidades eran miembros de la guerri-
44
129 Ibid.
130 Testigo directo (ex confidencial del Ejército asignado al destacamento militar de Playa Grande)
CEH.
131 Ibid.
132 Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar de Playa Grande) CEH.
Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar de Playa Grande) CEH. 1983.
Confirmó que “los de la sección, dos eran los encargados de torturar para sacar la información y ma-
tar. Todavía se dividen en investigadores, los captores y los destazadores”.
lla? ¿Cuántas y de qué tipo son las armas que tienen?. Estas preguntas se
repetían una y otra vez en las diferentes sesiones a las que era sometida la
víctima y, en ocasiones, los que practicaban el interrogatorio se cubrían el
rostro para que no los identificaran.
Formas de tortura
Una de las torturas más comunes y practicadas en los casos investiga-
dos fue conocida como “la capucha”: consistía en tapar el rostro de la víc-
tima con un hule o una bolsa de naylon, a veces impregnada con algún
producto químico de los utilizados en la agricultura (aldrín o gamezán),
hasta provocarle la asfixia. Cuando la persona desfallecía se le retiraba la ca-
pucha para repetir poco tiempo después la operación. “Me golpearon, me
pisotearon y me pusieron varias veces la capucha de naylon para ahogarme. Me
hicieron muchas preguntas sobre la guerrilla y sobre tipos de armas. Yo no sa-
bía nada de eso y me dejaron salir al día siguiente”.
133
Otra modalidad de tortura que también perseguía la asfixia era la de
introducir la cabeza de la víctima en un recipiente (pileta, tonel...) lleno de
agua. Cuando el torturador consideraba que había pasado suficiente tiem-
po, le sacaba y volvía a preguntar de nuevo repitiendo la acción varias ve-
ces. “Nos metían la cabeza a una pileta llena de agua y cuando ya uno sentía
morir lo sacaban. Dos hombres me sostenían de los brazos, uno sentía morirse,
no respiraba. Esto lo hacían varias veces para que uno dijera dónde estaban los
guerrilleros”.
134
También usaron métodos más sofisticados como las descargas eléctri-
cas. “A mí me acostaron en una cama de alambres, encendieron una planta y
conectaron unos alambres, después sólo sentía el dolor, me retorcía y gritaba”.
135
Fue muy común quemar con cigarro, repetidamente el cuerpo de las
víctimas, hasta obtener una confesión. “El comandante le interrogó. Como
nosotros no mucho sabemos de la guerrilla, quemó su cara con tizón de cigarro
y a media noche le estaban preguntando y los soldados parados encima de su
pecho y apretando el estómago, torturándolo para que dijera que era de la gue-
rrilla”.
136
En ocasiones acostaban a las víctimas sobre camas con alambres de
púas. “Los helicópteros llegaban todo el día, con dos o tres personas, les tortu-
raban. Había una cama con alambres de espiga, los tiraban y los soldados se
subían encima, a otros los metían en toneles…”
137
45
133 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
134 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
135 Ibid.
136 C 11496. Diciembre, 1981. Destacamento militar de Playa Grande, Ixcán, Quiché.
137 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
La comida jugó un papel fundamental en los métodos de tortura y sus
variantes sobrecogen por el grado de perversidad alcanzado. “Cuando entré
estaba solo … A los cinco días llegaron hasta cinco personas en la cárcel, enton-
ces cuando estábamos en la cárcel no comíamos nada. Como el compañero ha-
blaba en castilla, ellos pedían la comida y siempre llegaba la comida, pero no
nos la daban a nosotros, siempre los soldados que nos cuidaban se la comían.
Pasaron 15 días sin comer nada en la cárcel. Mis manos sólo hueso tienen”.
138
“La comida era mala, era jodido aguantar tanta hambre. La comida era así:
a mi compañero y a mí me daban un tamalito en la mañana, chocolate con
orines, y en la tarde me daban una palanganita llena de popó, nos obligaban
a comerlo, y si no lo comíamos nos los tiraban en la cara. Con mi compañero
nos pusimos de acuerdo de tomarnos el chocolate con orines porque teníamos
que vivir. El popó muchas veces lo comimos, nos golpeaban los soldados cuan-
do no lo comíamos”.
139
Los golpes, como puñetazos y patadas, fueron una de las prácticas más
comunes. “El señor regresó diez días después bien golpeado, con sus manos y
pies inflamados. Pelotas se formaron en su estómago … Por las heridas tuvo
que quedarse en la cama sin trabajar por casi un año”.
140
También algunas víctimas fueron lanzadas desde helicópteros, a baja
altura, o las transportaban colgando fuera de la nave. “[A los pocos días de
ser detenido] empezaron a golpearme los soldados, me quitaron la ropa, el
pantalón y los zapatos, sólo con calzoncillo me quedé y tenía amarradas mis
manos. En ese momento estoy bien golpeado. Entonces me tiraron al helicópte-
ro y subió el helicóptero, pero no subía totalmente, sólo llegaba a la punta de los
árboles de naranja y me tiraron del helicóptero. Dos veces me hicieron esto …
[Después] me llevaron en el helicóptero, pero cuando estaba cruzando un río
me empujaron al vacío para que yo cayera en el agua. Pero todavía no es tiem-
po que me acabe, gracias a Dios que por detrás del helicóptero hay un hierro,
en donde amarran la ametralladora, en la puerta del helicóptero, cabal el lazo
se trabó en el hierro y quedé colgando abajo del helicóptero y después me volvie-
ron a meter en el helicóptero y me llevaron a Cobán, a la base militar. Cuan-
do llegamos a la zona militar de Cobán, encima de los pinos, me tiraron del
helicóptero al suelo. Allí me recogieron los soldados y empezaron a golpearme”.
141
Los soldados obligaban a los capturados a que les acompañaran en sus
incursiones en las comunidades, por lo común vestidos con ropa militar, y
casi siempre llevando el rostro cubierto para que no fueran reconocidos.
Los efectivos militares reunían a la gente y el encapuchado debía identifi-
car a los colaboradores de la guerrilla, quienes de inmediato eran separados
46
138 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
139 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
140 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
141 Ibid.
del grupo. “El 10 de marzo de 1982 llega el Ejército a San Alfonso y reúne en
una casa a mujeres y niños y en otra sólo a los hombres. Dentro de la patrulla
de soldados había dos personas encapuchadas que eran las que señalaban a cier-
ta gente de la comunidad y que inmediatamente eran apartados y separados
del grupo. Supuestamente eran dos de los tres capturados con anterioridad”.
142
A la tortura física que se aplicó desde el primer momento a los captu-
rados, se agregó la psicológica, que continuaba a lo largo de todo el tiem-
po de cautiverio, aun después de haber cesado los interrogatorios y los tor-
mentos corporales. “Le ponen el cañón del arma en la cara y le meten la pun-
ta del Galil en la boca hasta dentro y otros le dan al gatillo, te vamos a matar,
le dicen”.
143
Otra modalidad era colocar a la víctima cerca de los lugares donde tor-
turaban a otras. “Yo sólo oía los gritos. Estaba muy cerca de donde hacían eso
[torturar]. Todos los días se oían gritos y alaridos”.
144
O bien, eran obligados
a presenciar la ejecución de otras personas. “La persona no la balearon, sino
sólo la doblaron, le quebraron la espalda por atrás”.
145
La muerte
La mayoría de las veces, las víctimas eran, por último, ejecutadas. “Les
taparon su cara y la boca, también fueron amarradas las manos. Después los
llevan a la playa y allí fueron asesinados en el río Chixoy. Es horroroso lo que
yo vi, aquí en la aldea no le he contado a nadie”.
146
“Miré cómo morían unas
18 o 20 personas de San Pablo,
147
no les daban de comer, las tenían al puro sol
con las manos amarradas a la espalda. Los mataron”.
148
Un ex soldado que estuvo asignado en el destacamento militar de Pla-
ya Grande confirma esta política de ejecutar casi a todos los detenidos: “Yo
miraba como llegaba gente y luego no había nadie, de noche los mataban”.
149
Las ejecuciones se realizaron en el interior del destacamento militar de
Playa Grande, donde había personas especialmente designadas para matar
a las víctimas.
150
“Había dos o tres que se dedicaban a eliminar al paciente. De
47
142 Testimonio colectivo (sobrevivientes de la masacre de San Alfonso) CEH.
143 Testigo de referencia CEH. El testigo conversó con la víctima antes de su muerte.
144 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH. C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
145 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH. C 11166. Enero, 1981. Ixcán, Quiché.
146 Ibid..
147 C 11351. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11352. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11353. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
148 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
149 Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar de Playa Grande) CEH.
150 Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar de Playa Grande) CEH. Abril,
1983. Estos verdugos se denominaron “destazadores” y “estaban entre los especialistas ... de la sec-
ción dos. Tienen un número de cabezas para cada uno. Cuando han matado más de doscientas o tres-
cientas ya no los dejaban vivir y los matan”.
Ricardo Falla, Masacres de la selva, Editorial Universitaria, Guatemala, 1993, introducción, pg. 1.
esos la mayoría quedan locos o desaparecidos o no quedan para contarlo. Co-
nocía a varios, eran soldados. No permanecen mucho tiempo, los rotan … pa-
ra que no los conozcan demasiado”.
151
De acuerdo con los testimonios recabados por la CEH, los cadáveres
no eran enterrados en la propia zona militar, sino que optaron por desha-
cerse de ellos. “Después de muerto los tiraban al río, es por eso que aquí no se
encontraba un cementerio clandestino”.
152
“Yo estaba en el campo de fútbol de
la zona. Pasaron recogiendo leña y de repente nos llegó un olor y humo y fui-
mos a ver y nos dimos cuenta que así era. Vi cráneos y huesos terminándose de
quemar. Dentro de la zona no existen cementerios porque a la gente la queman
y no quedan ni cenizas”.
153
Este mismo declarante confirma que la norma general, en casi todos
los casos, fue no dejar en libertad a los detenidos, a fin de ocultar lo que
sucedía en el interior del destacamento militar.
154
“Una señora Silvia y su ni-
ña pequeña, de un año, murieron adentro por chisme…”
155
No obstante, algunas víctimas fueron liberadas con el propósito de
que contaran a sus vecinos, familiares y amigos los suplicios y tormentos a
los que habían sido sometidos y, de este modo, extender el terror que ya se
había implantado en la región a través de las detenciones, desapariciones y
asesinatos. El propósito era inhibir cualquier deseo de la población de par-
ticipar o colaborar con los insurgentes.
156
“De los 30 hombres sólo 9 queda-
ron sin ser señalados. Los nueve sobrevivientes fueron llamados uno por uno y
el comandante les dijo: ‘si les pasa algo a mi Ejército en San Pablo, a ustedes
vamos a venir a tirarlos al río”.
157
48
151 Testigo directo (ex especialista asignado al destacamento militar de Playa Grande entre 1980 y
1983).
152 Testigo directo (ex soldado de alta en el destacamento militar de Playa Grande) CEH.
153 Testigo directo (ex especialista asignado al destacamento militar de Playa Grande entre 1980 y
1983). Ricardo Falla, Masacres de la selva, Editorial Universitaria, Guatemala, 1993, introduc-
ción, pg. 1. Menciona a un testigo que vio el crematorio funcionando en 1982.
154 C 11011. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11022. Diciembre, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11087. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11111. 1981. Ixcán, Quiché
C 11351. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11352. Enero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11353. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11488. Abril, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11491. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11519. 1982. Ixcán, Quiché.
C 11594. 1982. Ixcán, Quiché.
155 C 11611. 1980. Ixcán, Quiché.
156 C 11166. Enero, 1981. Ixcán, Quiché.
C 11185. Julio, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11440. Junio, 1981. Ixcán, Quiché.
C 11496. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
C 11497. Diciembre, 1981. Ixcán, Quiché.
C 11579. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
C 11620. Mayo, 1982. Quiché.
C 11488. Abril, 1982. Ixcán, Quiché.
157 Testigo directo CEH.
Las secuelas en las víctimas
Las víctimas entrevistadas por la CEH concluyen que lo vivido nunca
se les va a olvidar. Los sobrevivientes sufren hasta el día de hoy las secuelas
físicas y psicológicas de los tormentos. “Yo trato de olvidar, ya no quiero
acordarme, sufrí mucho”.
158
“Regresó de vuelta pero bien golpeado. Hasta hoy
él no mucho trabaja porque tiene mal cuerpo”.
159
Las vidas de numerosas víctimas de las torturas cambiaron radical-
mente. “Yo estoy como catequista … y empecé a decir a la gente que … viva-
mos en la Iglesia. Esto es lo que empecé a hacer, gracias a Dios, eso es lo que en-
contré, la nueva vida”.
160
Otros, una vez curados de las heridas que la tortura les produjo, deci-
dieron incorporarse a la insurgencia. “Hice contactos con miembros de la
ORPA
161
y me hice guerrillero por más de 13 años … lo hice por rencor por-
que perder una mano es perder la mitad de la vida”.
162
III. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes, en particular los testimonios de las
víctimas sobrevivientes, de testigos directos y de algunos militares que par-
ticiparon en los hechos, la CEH ha llegado a la plena convicción de que,
entre 1981 y 1983 , un número muy alto de personas fueron víctimas de
actos de tortura por parte de efectivos del Ejército de Guatemala asignados
al destacamento militar de Playa Grande, constituyendo dichos actos vio-
laciones del derecho a la integridad personal de las víctimas.
También, asiste a la CEH la convicción de que muchas de ellas fueron
ejecutadas arbitrariamente y otras fueron víctimas de desaparición forzada,
actos perpetrados por los mismos responsables, quienes realizaron constan-
tes intentos por ocultar cualquier evidencia de los hechos.
La posible colaboración de las víctimas con la guerrilla o su militancia
activa en los grupos insurgentes no otorga justificación alguna a estos gra-
vísimos crímenes.
El análisis del conjunto de los casos, en particular la cantidad de vícti-
mas, que sólo se explica por el empleo de importantes recursos materiales
y humanos del Ejército y la garantía de impunidad otorgada a los autores
materiales, permite sostener a la CEH que, en el destacamento militar de
Playa Grande, entre los años 1981 a 1983, la práctica de la tortura no só-
49
158 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
159 Testigo de referencia CEH.
160 Testigo directo (sobreviviente de las torturas) CEH.
161 Organización del Pueblo en Armas.
162 Testigo directo (sobreviviente de las torturas).
lo fue reiterada sino sistemática, es decir correspondió a la aplicación de
una decisión política adoptada por mandos superiores a los autores mate-
riales de los hechos, lo cual agrava la responsabilidad internacional del Es-
tado de Guatemala en estos crímenes.
La CEH estima que el caso es arquetípico de la práctica sistemática de
la tortura bajo los gobiernos autoritarios de Guatemala, al comenzar la dé-
cada de los ochenta.
La CEH considera el presente caso como ilustrativo del terror de Es-
tado, que fue un componente de la política contrainsurgente aplicada por
el Ejército de Guatemala en Ixcán, destinado a que población civil ajena al
conflicto armado se inhibiese de manifestar cualquier simpatía hacia la in-
surgencia y, por el contrario, prestara colaboración al Ejército.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
50
Diego Mullaju
Juan Quilimato
Catarina Diaz Pérez
Ofelia Pérez Diaz
Rolando Pérez Diaz Andrés Pérez
Antonio Cifuentes Martínez
Cristobal Herrera Cano
José Mendoza Yancor
Manuel Pop González
Enecom Come Reyes
Agustín Tis
Alfonso Morales Jiménez
Andrés Sical
Angelina Morales Jiménez
Antonio Miguel
Avelino Teletor Reyes
Catarina Morales Jiménez
David Tecum Lajuj
Ernesto Sis González
Esteban Pius
Felix Sis Pérez
Francisco Ojon Toj
Genaro de León Sebastián Guaché
Guillermo Domínguez Ayala
Guillermo Raimundo Reyes
Javier Morente
Juan González
Juan Juarez
Juan Méndez García
Manuel Tapere
Matías Sical
Natividad Jiménez Ramírez
Pedro Ramos
Santiago Brau
Santiago Lajú López
Santos Domínguez Ayala
Teofilo Agualip
Victoriano Donez Agustín Cortés y
Cortés
Arnulfo Catun
Claudia Beatriz Hernández
Godínez
Esteban Chan
Felipe Melchor
Víctimas colectivas/desconocidas: 124
51
Francisco Ixjata Martínez
Francisco López Hernández
Guillermo Medina
Juan Clímaco Granados Ramírez
Juana Tecu Sical
Leonardo Ja Ayu
Obispo Ajtun De León
Paulino Alvarado
Pedro Chamatun
Matilde Godínez Hernández
Reina Alvarado Sical
Telesforo Cox
Valerio Ojon
Vicente Ja Ayu
Víctor Sun Santay
Alonso Martín Diego
Alonso Sales
Bernabé Sical
Camilo Ac
Daniel De León
Daniel Juan Antonio
Diego Andrés
Diego Herrera
Eduardo Trujillo
Emilio Morales
Encarnación Rajo Alonso
Faustino Lindo Chom
Felipe Obispo
Felipe Reyes
Fidelio Matías
Francisco Ajanel Pedro
Francisco Arnulfo Vargas
Francisco Castro Tol
Genaro Guanche Lajuj
Gilberto Matías
Guillermo Luc
Gustavo Cucul
Jorge Gómez
Juan Gómez
Juan Guanche
Juan Lindo Chom
Juan Morales García
Juan Osorio Pérez
Julian Agualip Teletor
Manuel Lindo Méndez
Miguel Pacheco
Nicolás Noriega Morales
Osvaldo Recinos
Rosalio Pacheco Soc
Tomás Ramos Ramírez
Prisiliano Pérez Diaz
Torturas, privación de libertad
I. ANTECEDENTES
El desarrollo del enfrentamiento armado interno condujo al Ejército a
conseguir un mayor control social, según el concepto contrainsurgente de
luchar en todos los ámbitos de la sociedad. En ese contexto se inscriben
ocupaciones de templos y conventos, como las del departamento de Qui-
ché, donde los militares se incautaron de edificios católicos en los munici-
pios de Joyabaj, Zacualpa, San Pedro Jocopilas, Sacapulas, Nebaj, Chajul,
Cotzal, Uspantán, Chiché, Canillá, San Andrés Sajcabajá y, el internado
marista en Chichicastenango.
164
En San Andrés Sajcabajá, a partir del 6 de noviembre de 1981, el des-
tacamento militar fue ubicado en terrenos del convento y del templo de la
Iglesia Católica.
165
La ocupación duró hasta 1984 cuando el destacamento
se trasladó a otro punto de la localidad. A partir del momento en que la
presencia del Ejército fue permanente, San Andrés Sajcabajá vivió momen-
tos de dura e ininterrumpida represión, que alcanzó sus coatas más altas
entre enero y mayo de 1982.
166
El tiempo de ocupación, más prolongado que en otros lugares, se ex-
plica por el valor estratégico que los militares le concedieron, ya que el mu-
nicipio comunica el Altiplano central con el norte del departamento de
Quiché, donde el enfrentamiento armado se caracterizó por su intensidad.
Además, se trataba de una zona de paso para los correos insurgentes.
Caso ilustrativo No. 37
Ocupación militar del templo
católico y del convento
de San Andrés Sajcabajá, Quiché
“Les daba un sentimiento así, de humilla-
ción, porque habían usado el templo como
letrina y había un montón de suciedad. La
gente realmente tenía ese sentimiento …
Uno lo puede percibir fácilmente”.
“Todos conocían que la gente civil que entra-
ba allí ya no salía y si salía, muertos”.
163
163 Testigo directo CEH. (T.C. 389).
164 Ibid.
165 El Ejército ya había estado en el municipio, por breve tiempo, a principios de 1981.
166 San Andrés Sajcabajá sufrió la desestructuración de su tejido social, la división y dispersión de las
familias. De 89 casos documentados sobre capturas, muertes y desapariciones, 73 ocurrieron en
esos meses.
La población resultó conmocionada por estas ocupaciones: “…Toda la
gente se quedó muy sorprendida cuando comenzaron a ocupar los conven-
tos…”
167
sin entenderlo y sin poder detenerlo. La profanación de los tem-
plos hirió las raíces espirituales más profundas de la población, que se preo-
cupó por poner a salvo sus símbolos religiosos antes que sus propios bie-
nes. Cuando, transcurrido un tiempo desde el desalojo militar de los recin-
tos religiosos, “…se animaron a entrar … les daba un sentimiento así, de hu-
millación porque habían usado el templo como letrina y había un montón de
suciedad. La gente realmente tenía ese sentimiento…”
168
Los casos documentados relatan detenciones, desapariciones y ejecu-
ciones arbitrarias de pobladores; todos tuvieron lugar en el convento.
II. LOS HECHOS
A finales 1981 Marcelo Tzoc fue detenido por los soldados y llevado
al “convento-destacamento” de la cabecera municipal, sin que se volviera a
saber de él. Era miembro del EGP.
169
El 18 de noviembre de 1981 Pedro Moreno fue sacado de su casa por
soldados, patrulleros y comisionados militares. Fue llevado al “convento-
destacamento”, donde permaneció 15 días, y luego fusilado. En el momen-
to de su captura los soldados violaron a una de sus hijas, de 10 años de
edad, quien más tarde reconoció a los autores. Por esta razón, bajo amena-
zas, la familia no tuvo más remedio que abandonar el lugar. Asimismo, las
tropas saquearon por completo la tienda propiedad de las víctimas.
170
Poco después, el 25 de noviembre, Antonio Cipriano Chach fue cap-
turado por soldados, a la vista de muchos pobladores, llevado al “convento-
destacamento” y metido en una zanja abierta por los soldados, dentro del
recinto, y que utilizaban como cámara de tortura. No se supo más de él.
171
El 11 de febrero de 1982 Pedro Pacheco Soc acompañó a su esposa a
las compras en el mercado, como hacía siempre. Atareado en esto menes-
teres, Pacheco fue detenido por soldados, que lo llevaron al “convento-des-
tacamento”. Cuatro días después, los militares catearon su casa y se llevaron
sus documentos de identificación. No se supo más de él.
172
El 15 de febrero de ese año fueron reunidos los hombres de San An-
drés Sajcabajá, para formar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Los
que no asistieron fueron convocados de nuevo, tres días después, para que
54
167 Testigo directo CEH. (T.C. 389).
168 Ibid.
169 C 16020. 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
170 C 2373. Noviembre, 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
171 C 2284. Noviembre, 1981. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
172 C 16627. Febrero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
se presentaran en el “convento-destacamento”. Los que llegaron fueron dete-
nidos inmediatamente. Varios testigos aseguran que fueron quemados
dentro del recinto religioso.
173
El 20 de febrero soldados llegaron a la casa de Domingo Choc, en el
caserío Chilil, a quien apresaron y llevaron al “convento-destacamento”,
donde le dieron muerte. Al resto de los que encontraron en la casa, Maria-
no, Luis, Catarina y Andrés, todos de apellido Choc, los quemaron vivos
en su interior. Esta familia pertenecía al CUC.
174
El 3 de marzo de 1982 soldados y patrulleros civiles detuvieron a va-
rios pobladores del caserío Xejuyub. Los llevaron al “convento-destacamen-
to” de San Andrés, donde los forzaron a permanecer durante 15 días. De
sus casas lo robaron todo.
175
El 10 de marzo fue arrasada la aldea Chinantón. Los soldados saquea-
ron y quemaron 90 casas. Las víctimas fueron numerosas, en su mayoría
mujeres y niños. Pocos días después, concentraron en la escuela a la pobla-
ción sobreviviente, separaron a las mujeres jóvenes y las violaron. Acto se-
guido las condujeron al “convento-destacamento”, donde las tuvieron du-
rante ocho días sin alimento.
176
Entre marzo y abril el Ejército realizó un rastreo en Catoyac, Patzi-
guán, Xeabaj, Piedras Negras y otros poblados de la zona. Concentró a los
pobladores de esas comunidades en Piedras Negras y luego de arengarles,
un grupo de mujeres fue llevado al “convento-destacamento” en San Andrés
Sajcabajá, donde durante tres meses las obligaron a lavar ropa, a cocinar, a
hacer limpieza y a recoger leña. Cumplido este plazo, fueron puestas en li-
bertad debido a la presión de la comunidad. Durante su reclusión, varias
mujeres jóvenes fueron violadas.
177
En el mes de abril cuando Lázaro Colaj Lázaro llegó de compras a la
cabecera municipal, fue detenido por soldados y trasladado al “convento-
destacamento”. Un familiar llegó a preguntar por su paradero y pudo verlo
desde lejos. Luego no se supo más de él.
178
También en abril, el día 8, Manuel Yac, fue capturado en el caserío Pa-
chalúm por comisionados militares y llevado al “convento-destacamento”,
donde lo metieron en una zanja. Luego, el coronel del destacamento lo
mató de dos balazos delante de los patrulleros que acababan de ser reclu-
tados, como advertencia de la suerte que correrían quienes imitaran a la
víctima, acusada de ayudar a la guerrilla. Después, lo enterraron dentro de
la iglesia.
179
55
173 C 16637. Febrero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
174 C 2222. Febrero, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
175 C 2489. Marzo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
176 C 2247. Marzo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
177 C 2422. Marzo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
178 C 2372. Abril, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
179 C 2286. Abril,1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
El día 25 del mismo mes, Tadeo Cortés Colaj fue capturado por pa-
trulleros y llevado al “convento-destacamento”, donde permaneció un mes
en la zanja de castigo. A pesar de preguntar constantemente por él, los fa-
miliares no obtuvieron ninguna información acerca de su paradero.
180
El 13 de mayo fueron reunidos en San Andrés Sajcabajá los adultos
(hombres) de Santa Rosa Chujuyub, aldea perteneciente al municipio de
Santa Cruz del Quiché, con miras a la formación de las PAC. Estando allí,
los militares confrontaron los nombres de los presentes con las listas que
poseían y a los incluidos en ellas los condujeron al “convento-destacamen-
to”, donde torturaron y mataron a cuchilladas a varios de ellos.
181
En ese mismo mes llegaron los soldados al caserío Piedras Negras.
Además de matar a varios pobladores, entre ellos una mujer embarazada,
apresaron a Andrés Chac y lo llevaron al “convento-destacamento”, donde le
dieron muerte.
182
El 18 de diciembre de 1982 los soldados llegaron a la casa de Victo-
riano Mejía Sam, en San Andrés Sajcabajá, vaciaron la tienda de su propie-
dad y lo llevaron prisionero al “convento-destacamento”. Al preguntar los fa-
miliares por Victoriano fueron advertidos de que no debían seguir hacién-
dolo. Nada se volvió a saber del detenido.
183
El 20 de febrero de 1983, en el caserío Xejuyub, fue detenido Mario
López. Lo mantuvieron preso ocho días en el “convento-destacamento”, du-
rante los cuales sólo le dieron tortilla para comer. “Cuando pedía agua, los
soldados orinaban en un bote de jugo y se lo daban”.
184
Muchos testimonios más contienen relatos de personas que fueron
muertas, después de haber sido detenidas por soldados, comisionados o
patrulleros y llevadas al “convento-destacamento”. “Todos conocían que la
gente civil que entraba allí ya no salía y si salía, muertos…”
185
o los metían
en la zanja de castigo, donde permanecían sin alimento.
186
Otras desapariciones tenían lugar cuando alguien llegaba al “convento-
destacamento” para preguntar por sus familiares o para obtener documen-
tos de identificación. Muchos visitantes, al figurar en las listas que poseía
el Ejército, fueron detenidos y en varios casos resultaron muertos, como
sucedió con Manuel Chach.
187
56
180 C 2283. Abril, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
181 C 16123. Mayo,1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
182 C 2382. Mayo, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
183 C 2386. Diciembre, 1982. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
184 C 2845. Febrero de 1983. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
Casos similares seguidos de desaparición: C2038. Marzo, 1983. C 2084. Mayo, 1983.
185 Testigo directo CEH. (T.C. 389).
186 C 16020. C 16627. C 2024. C 2381. C 2380. C 16670. C 2283. C 2035. C 2038. C 2386. C
2372. C 2398. C 2373.
187 C 2029. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
A pesar de la certeza de los familiares de que los detenidos habían si-
do llevados al “convento-destacamento”, en numerosos casos el Ejército no
reconoció haber practicado la detención, limitándose a decir no saber de
ellos o a advertir que no siguieran preguntando por las víctimas.
188
Muchas de las personas que sufrieron estas violaciones estaban relacio-
nadas, o eran activistas, de organizaciones sociales o de carácter religioso,
189
aunque la acusación por la que se les detuvo fue siempre la de ser guerri-
llero.
III. DESPUÉS
En 1983 monseñor Pablo Urizar fue nombrado administrador apos-
tólico de la diócesis de Quiché. Mantuvo varias entrevistas con los mandos
castrenses de la región y poco a poco la Iglesia fue recuperando las instala-
ciones religiosas que ya habían sido abandonadas por los militares. Estaban
totalmente vacías: “…reliquias de la colonia, otros artefactos religiosos, mu-
chas imágenes mutiladas, decapitadas o macheteadas … La pérdida material
fue grande porque hasta las tazas de los inodoros arrancaron”.
190
En el interior
de los templos se excavaron hoyos que tuvieron diferente uso. Tal como lo
aseguran los testigos, había varias zanjas que habían sido utilizadas para el
castigo y la tortura de las personas detenidas, aunque pretendió mostrarse
que fueron utilizadas como letrinas.
El impacto psicológico permanece y se percibe hasta el día de hoy al
hablar con los andresinos y conocer sus testimonios. “…Uno lo puede per-
cibir fácilmente … la gente se guarda todavía esto, tal vez poco a poco la gen-
te diga algo porque hay mucho miedo para expresarse”.
191
En diciembre de 1996, al iniciar una obra de construcción en una par-
te del terreno del convento de San Andrés Sajcabajá, en el momento de
abrir zanjas para asentar los cimientos, se encontraron restos de osamentas.
El sacerdote informó de ello a la comunidad y al Ministerio Público.
El 27 de enero de 1997, a raíz de ese hallazgo, la Coordinadora Na-
cional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) presentó una denuncia
formal ante el Ministerio Público, para iniciar los procesos de exhumación
que debían realizarse en el patio y el jardín del convento, así como en el
interior del templo católico.
57
188 C 2386. C 2372. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
189 C 2222. San Andrés Sajcabajá, Quiché. C 16223. San Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2423. San
Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2348. San Andrés Sajcabajá, Quiché.
190 Testigo directo CEH. (T.C. 389).
191 Testigo directo CEH. (T.C. 144).
El juez segundo de primera instancia penal de Quiché, a solicitud del
Ministerio Público, ordenó el 11 de abril el inicio de las exhumaciones. Sin
embargo, la orden se limitaba tan sólo al patio y jardín del convento, pues
el Ministerio Público no incluyó la iglesia.
Los trabajos se realizaron entre el 23 y el 28 de abril. Participaron cua-
tro expertos forenses y contaron con la presencia del juez de paz de San
Andrés Sajcabajá y el fiscal auxiliar del Ministerio Público. El 24 de abril
se localizó la primera osamenta en el jardín del convento.
En vista de que los familiares de los desaparecidos insistían en que
dentro de la iglesia se encontrarían más cadáveres, ampliaron la solicitud
de exhumación. Entonces fueron encontradas ocho osamentas más.
Con los hallazgos, que corroboraban los señalamientos de los pobla-
dores, las exhumaciones continuaron. Se encontraron otras seis osamentas,
justo frente al altar mayor. También encontraron casquillos del calibre
5.56. En el jardín del convento encontraron cinco nuevas osamentas. Tam-
bién encontraron en estas excavaciones: caites
192
de hule, ropas y fragmen-
tos metálicos que podían ser proyectiles de armas de fuego, según la esti-
mación de los peritos.
Del 5 al 9 de agosto y del 18 al 23 del mismo mes, se realizaron sen-
das exhumaciones en el jardín del convento, y se encontraron cinco fosas
individuales.
En total, a la altura del 6 de agosto de 1997, 26 habían sido las osa-
mentas exhumadas, de las cuales 14 fueron ubicadas en el interior del tem-
plo, en los sitios exactos indicados por los lugareños.
Aún sin ser definitivas las identificaciones, algunas comienzan a tener
consistencia, entre ellas la de Pedro Moreno. Están avanzadas también las
de Manuel Yac, Lázaro Colaj Lázaro y Victoriano Mejía Sam.
193
Todavía está pendiente la realización de otras exhumaciones en el in-
terior del convento y del templo católico de San Andrés Sajcabajá. Sin em-
bargo, el expediente judicial se ha extraviado “en el Juzgado de Quiché, pe-
ro tendrá que aparecer el expediente, o sea por eso es que no se pudo hacer [otra
exhumación] porque requiere orden de juez”.
194
Aunque hayan pasado muchos años desde que el Ejército ocupó los
conventos de Quiché y con la colaboración de miembros de las PAC y de
comisionados militares, capturaron, torturaron y en algunos casos ejecuta-
ron a pobladores del lugar, los vecinos de la zona permanecen todavía muy
temerosos. Ese temor se evidencia, en parte, por su negativa a trasladar a
los cementerios locales los restos exhumados de sus seres queridos:
58
192 En Guatemala se le denominan así a las sandalias.
193 C 2373. San Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2325. San Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2372. San
Andrés Sajcabajá, Quiché. C 2386.
194 Testigo directo CEH. (T.C. 144).
“…Sí están vivos los responsables y lo peor es que les miramos la cara
todos los días”.
195
La CEH pudo identificar a 81 víctimas. Todas ellas eran pobladores
civiles e indefensos: 45 personas resultaron ejecutadas, de las cuales nueve
sufrieron torturas; 27 personas fueron torturadas y posteriormente desapa-
recidas; por lo menos una niña fue violada sexualmente; cuatro personas
sufrieron otras violaciones y ocho personas detenidas sufrieron torturas.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la plena convicción de que los antecedentes corrobo-
rados son suficientes como para dar por establecido que el templo y el con-
vento de la Iglesia Católica de San Andrés Sajcabajá fue utilizado delibera-
damente, por el Ejército de Guatemala, como recinto de detención, en el
cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos a la vida y la inte-
gridad personal de numerosas personas.
La circunstancia de lugar en que fueron cometidas dichas violaciones
es calificable, por si misma, como un atentado al derecho a la libertad de
religión, en cuanto afectó, por la fuerza, la práctica del culto católico. Tam-
bién es calificable como un acto de desprecio e intolerancia hacia la reli-
gión de la comunidad, en cuanto fue ejecutado mediante la profanación
del templo, utilizándolo para fines incompatibles con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales.
La CEH considera que el conjunto de actos realizados por los milita-
res en San Andrés Sajcabajá tenía como propósito la desarticulación de las
estructuras comunitarias existentes, con el objetivo de asegurar, por la fuer-
za armada, el control social de la zona.
El presente caso ilustra cómo la violencia generada por el enfrenta-
miento armado interno se extendió al extremo de humillar la identidad y
las creencias más profundas de la población pobre de Guatemala, con to-
da la carga de sufrimiento moral que dicha humillación significa.
59
195 Testigo directo CEH. (T.C. 389).
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
60
Andrea Sunio
Andrés Choc Chach
Antonia de León Ixcuna
Antonio Velasco
Catarina Choc Chach
Cirilo Tzam
Daniel Pérez
Diego Ciprian
Domingo Choc
Domingo San
Francisco Ixcuna
Isabela Ixcuna
José de León Ixcuna
Juan Alvarez Sajuch
Juan González Sunio
Juan Tzam
Lucas Fidel Ruiz
Luis Choc Chach
Manuel Chach
María Ixcuna Julian
María Sunio
Miguel Tiño Tiño
Pedro Nix
Vicente Chach
Andrés Ixcuna
Diego Tzam
Macario Chacaj López
Manuel Yac
Mario Chech
Antonio Rodrigo Pastor
Baltasar Lux
Daniel Calachij
Juan Ruiz
Manuel Chingo
Desaparición forzada, tortura, privación de libertad
Teodoro Chach Toj
Alfonso De León Chach
Andrés García,Ventura
Atanacio García
Fabian García
Juan Ventura Chach
Mateo Saquic
Pedro Moreno
Victoriano Chach Toj
Mariano Chach
Andrés Chach
Mario Lazaro Lazaro Colaj
Alberto García
Ambrosio Chibalam Tzoc
Andrés Olmos Chach
Antonio Cipriano Chach
Augustin Mejia
Enofro Tzoc López
Ernesto Tzoc López
Leandro Poroj
León Chibalam Tzoc
Marcelo Tzoc
Pedro Pacheco Soc
Pedro Poroj
Salvador Zacarias Mejia
Santos Patricio Chibalam Tzoc
Tadeo Cortés Colaj
Teodoro Poroj
Tránsito Román Serech
Victoriano Mejia Sam
Víctimas colectivas/desconocidas: 32
61
Torturas, privación de libertad
Domingo Castro
Juana Castro
Juana Castro López
Paulo Mateo
Raymundo Méndez
Rosa Juana Colaj
Rosa Juliana
Rumilia Chech Chech
Otras violaciones
María de Jesus Moreno Lucas
Camilo Toj de León
Cayetano Pastor
Ignacio Cac
I. ANTECEDENTES
La aldea de Chel está ubicada al norte del municipio de Chajul, de-
partamento de Quiché. Antes del enfrentamiento armado la habitaban
unas 500 familias. En su población predominaban los maya ixil con la ex-
cepción de algunas familias k’iche’ q’anjob’al y ladinas que se establecieron
en la zona, tras emigrar de sus lugares de origen por razones económicas a
finales del siglo pasado.
La presencia del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Chel se
notó en 1977. Los primeros encuentros con la población fueron esporádi-
cos y tuvieron lugar en las montañas, cerca de la comunidad. A éstos si-
guieron mitines, charlas y reuniones nocturnas con pequeños grupos de
personas. Los guerrilleros presentaban, también, peticiones de abasteci-
miento, que algunos pobladores consideraban como actos impositivos y
amenazantes, mientras otros los apoyaban. Al cabo de cierto tiempo, se
formaron entre 20 y 25 células del EGP, dirigidas por el Comité Clandes-
tino Local (CCL).
En 1979 el Ejército apareció esporádicamente en la zona, establecien-
do un destacamento militar en la finca La Perla, donde permaneció duran-
te varios meses.
Diversos hechos violentos cometidos por el EGP durante los meses de
junio y julio de 1980 provocaron los primeros desplazamientos de campe-
sinos. Entre estas acciones se cuentan la ejecución pública del enfermero y
de un carnicero de la comunidad, pues se consideró que ambos se habían
opuesto a la presencia de la guerrilla
197
y luego el ajusticiamiento del comi-
sionado militar de Chel, cuando regresaba de trabajar en la finca Estrella
Polar.
198
A partir de 1981 el Ejército fijó un destacamento militar permanente
en la finca La Perla.
Caso ilustrativo No. 60
La masacre de la comunidad
de Chel, Chajul
“…Aniquilar a los Comités Clandestinos
Locales (CCL)…”
196
196 Plan de campaña Victoria 82, fines y misión, parágrafos II y IV.
197 C15634. Junio 1980. Chajul, Quiché.
198 C15635. Julio 1980. Chajul, Quiché.
En febrero de 1982 el EGP intentó secuestrar a un habitante de Chel:
todos sabían que abusaba sexualmente de sus hijas. Según algunos pobla-
dores, lo hicieron con la intención de proteger a las niñas. El hombre lo-
gró escapar y se presentó en el destacamento de la finca La Perla, donde
denunció el intento de secuestro y delató la estructura del EGP en Chel.
Poco después, seis personas de la comunidad fueron señaladas como cola-
boradoras de la guerrilla y detenidas por el Ejército. Dos de ellas fueron
ejecutadas arbitrariamente en el puente que cruza sobre el río Chel y las
demás desaparecieron.
199
Tras estas ejecuciones varios pobladores de Chel huyeron y se oculta-
ron en las montañas, cerca de la vecina comunidad de Jaqchixlá. El Ejér-
cito interpretaba que cuando una comunidad abandonaba su lugar de re-
sidencia sus habitantes apoyaban al EGP y, por tanto, debía ser destrui-
da.
200
Durante la huida los soldados asesinaron a doce habitantes de la co-
munidad.
201
Días más tarde, unas noventa personas acechadas por el ham-
bre, el frío y la lluvia bajaron de la montaña y volvieron a sus hogares en
Chel. A los pocos días, elementos del Ejército regresaron a la comunidad,
anunciando que iban a traerles alimentos y que no debían desplazarse. Un
testigo manifiesta que les dijeron: “Cuando nosotros vamos a venir otra vez,
les vamos a traer pan y les vamos a traer carne y hay que vivir otra vez en su
casa. ¿Para qué salen huyendo y los güiros que salen sufriendo en la montaña?
… Nosotros le vamos a cuidar a ustedes”.
202
Sin embargo, el 3 de abril de
1982 se consumaba la masacre.
II. EL PLAN DE CAMPAÑA “VICTORIA 82”
Días antes de lo sucedido en Chel, el 23 de marzo de 1982, el Ejérci-
to masacró a 96 campesinos en la finca Estrella Polar.
203
En el mismo mes
fueron ejecutadas trece personas en Juá
204
y 45 en Xesaí.
205
En abril, 34 po-
bladores fueron asesinados en la finca Covadonga
206
y alrededor de 100 ha-
bitantes fueron fusilados en Ilom.
207
En mayo, una decena de personas mu-
rió a manos del Ejército en Jaqchixlá.
208
Todas estas comunidades vecinas
de Chel se asemejaban entre sí porque poseían una población de mayoría
maya ixil, pobre y que se hallaba indefensa ante la eventualidad de un ata-
que armado.
64
199 C 15636. Febrero, 1982. Chajul, Quiché.
200 CIA, Informe al Departamento de Defensa, febrero de 1982, Pq. 12.41.
201 C 15637. 1982. Chajul, Quiché.
202 Testimonio colectivo (sobrevivientes y testigos directos) CEH.
203 C 3082. Marzo, 1982. Chajul, Quiché.
204 C 3466. Octubre, 1980. Chajul, Quiché.
205 C 3221. Abril, 1983. Chajul, Quiché.
206 C 3515. Abril, 1982. Chajul, Quiché.
207 CI 61. Marzo, 1982. Quiché.
208 C 3389. Mayo, 1982. Chajul, Quiché.
Estas acciones fueron parte de la aplicación del plan de campaña Vic-
toria 82, que golpeó con especial fuerza a las comunidades del norte del
municipio de Chajul durante los meses de marzo, abril y mayo de 1982.
En este plan se consolidó la estrategia militar de: “aniquilar a los Comités
Clandestinos Locales (CCL) y a las Unidades Militares Permanentes del ene-
migo (UMP)”,
209
que proponía “localizar, capturar o destruir grupos o elemen-
tos subversivos”.
210
El Ejército formuló su concepto de “enemigo” sin que és-
te incluyera necesariamente la noción de combatiente armado. La comuni-
dad de Chel fue conceptuada por el Ejército como “subversiva”. A los ofi-
ciales que ejecutaron el plan se les instruyó para destruir todos los poblados
que cooperaran con el EGP y eliminar todas las fuentes de resistencia.
211
Las
unidades del Ejército que operaron en el “Triángulo Ixil” pertenecían a la
Brigada Mariscal Zavala, acantonada en ciudad de Guatemala.
212
Mientras tanto, en esta época la presencia del EGP en la zona dismi-
nuyó de forma significativa debido a las acciones represivas del Ejército.
Aunque la guerrilla no intervino directamente cuando el Ejército atacaba
a la población civil, sí sugirió apoyar algunas estrategias de sobrevivencia.
Agilizó, por ejemplo, los “planes de emergencia”. Estos consistían en impar-
tir instrucciones para la evacuación de la comunidad en supuestos de que
se produjeran incursiones militares. La mayoría de la población empezó a
participar en estos planes cuando constató que representaban su única al-
ternativa ante la represión militar.
El alto mando del Ejército, por su parte, se sintió muy satisfecho con
los resultados iniciales de la operación y se convenció de haber tenido éxi-
to en la destrucción de la mayoría de la base social del EGP, con lo que
buscaba expulsar a éste del “Triángulo Ixil”.
213
III. LOS HECHOS
El 3 de abril de 1982, unos ocho días después del regreso de los po-
bladores de Chel que se habían escondido en las montañas circundantes,
elementos del Ejército provenientes del destacamento militar ubicado en
la finca La Perla irrumpieron en la comunidad. Eran las ocho de la maña-
na, hora en que buena parte de los hombres se encontraban trabajando en
sus parcelas. Algunos pobladores, confundidos e indecisos debido a que el
Ejército había ordenado con anterioridad que no debían desplazarse y pro-
65
209 Plan Victoria 82, parágrafo II, apartado A, num. 3.
210 Plan Victoria 82, parágrafo IV, misión.
211 CIA, Informe al Departamento de Defensa, febrero de 1982, P12.41.
212 Ibid.
213 Ibid.
metido que traería alimentos, permanecieron en sus casas. Sin embargo, la
mayoría de la población escapó. Algunos que salieron a trabajar en su mil-
pa o que trataban de huir de la comunidad se toparon con los soldados a
la entrada de Chel.
Un declarante ilustra así un incidente acaecido aquella mañana:
“…Jacinto
214
había visto que por allí andaban los soldados, él se sen-
tía nervioso, pensaba que de un rato para otro podían llegar los sol-
dados a su casa. Desanimado le dijo a su esposa: ‘¿Entonces no quie-
res ir, Juana?’; ‘Sí voy a ir, sólo que por allí te alcanzo en el camino,
voy a lavar los trastos y voy a salir’, le dijo. Jacinto, con tantos nervios
que tenía, él intentó jalar las manos de su esposa para llevarla, pero
ella no quiso … Cuando Jacinto salió en el camino y se encontró con
los soldados … dijo a unos soldados sólo para contentarlos un poqui-
to: ‘Buenos días, mis soldados’. Uno de ellos comentó a otro soldado:
‘Dale una patada en el culo a este cerote guerrillero’ … y le invitó a
la reunión. ‘Allí te apurás y venís en la reunión que vamos a hacer
porque se va a ver bonito, va [a] haber carne”.
215
Los soldados entraron en las casas, sacando a los hombres y mujeres,
niños y ancianos, exigiéndoles que se reunieran frente a la alcaldía auxiliar.
Algunas personas fueron llevadas a la fuerza hasta este lugar; otros llegaron
por su cuenta.
Cuando los soldados habían congregado a cerca de cien personas, or-
denaron que el resto de la población señalara a los que eran guerrilleros.
Los militares se dirigieron a la población en español, pese a que ésta era en
su mayoría de habla ixil. Sólo algunos hombres y niños lograron entender
lo que les decían. Los militares preguntaron si sabían sobre la guerrilla y los
miembros de la comunidad respondieron que nada sabían. Un oficial reac-
cionó y los increpó: “Ustedes mismos son puros guerrilleros”.
216
Acto seguido, los soldados separaron a la población por sexo: encerra-
ron a los hombres en la alcaldía auxiliar y a las mujeres en la escuela. Mien-
tras se procedía a la distribución, un par de soldados permitió —a escon-
didas de los oficiales— que seis personas, niños y jóvenes, escaparan y se
escondieran en los matorrales de Chel. Desde sus refugios observaron du-
rante varias horas cómo los efectivos del Ejército torturaban y mataban a
los miembros de su comunidad.
66
214 Los nombres han sido alterados para proteger las identidades de las víctimas y los declarantes.
215 Testigo directo REMHI.
216 Testimonio colectivo (sobrevivientes y testigos directos) CEH.
Después de confiscar las cédulas de identidad de la población los sol-
dados apuntaron con sus armas a los hombres y les ordenaron acostarse y
permanecer inmóviles sobre el piso. Mientras tanto, en la escuela los sol-
dados seleccionaron a catorce adolescentes entre las mujeres, las traslada-
ron a la iglesia y las violaron durante más de una hora.
Desde su prisión y entre sus propios sollozos de terror, los detenidos es-
cuchaban a los soldados discutir los preparativos para eliminar a la pobla-
ción. Los militares planeaban lanzar granadas sobre la escuela y la alcaldía
auxiliar. Al escuchar esta disputa la gente empezó a llorar y rogar que no los
mataran. En ese momento, los soldados recibieron una comunicación por
radio, a cuyo término desalojaron a las personas de la escuela y del juzgado
auxiliar en grupos de cinco. Las llevaron hasta el único puente de la comu-
nidad, situado a medio kilómetro del centro de la misma. El puente cruza
sobre el río Chel en un lugar donde empieza un torrente rocoso y turbu-
lento, que continúa 100 metros río abajo por laderas empinadas.
Una vez en el puente, los soldados obligaron a las personas a desnu-
darse. Tiraron las ropas sobre una fogata encendida en un extremo del
puente. Los cortes, huipiles, camisas, fajas, pantalones y caites se consu-
mieron en las llamas.
Una vez despojada de su indumentaria, los pobladores fueron ejecuta-
dos uno a uno.
El modo de ejecución varió en cada caso. Algunas personas fueron de-
capitadas o desmembradas con machete y luego degolladas; otras murie-
ron por disparos en el pecho o por el tiro de gracia en la cabeza; otras pe-
recieron en la misma fogata donde se quemaba su ropa. Los niños peque-
ños fueron ejecutados a golpes contra piedras o lanzados vivos al río. Las
adolescentes que habían sido violadas fueron también ejecutadas, con el
resto de la población. A medida que asesinaban a la gente los soldados
arrojaban los cadáveres desde el puente, sobre el torrente. Al terminar la
matanza, volvían a la alcaldía auxiliar y a la escuela para buscar otro grupo
de cinco personas.
Mientras un grupo de soldados ejecutaba a la gente, otro procedía a
arrasar la comunidad entera, incendiando las viviendas, destruyendo la
milpa, los cultivos, las trojas, y robando los animales de los pobladores.
Unas noventa y cinco personas, población civil e indefensa, entre
hombres, mujeres y niños, fueron masacradas entre las once de la mañana
y las dos de la tarde por elementos del Ejército.
67
IV. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Los sobrevivientes permanecieron escondidos en las montañas y en los
días que siguieron a la masacre, bajaron con la máxima cautela a la comu-
nidad para buscar a sus muertos e intentaban rescatar algunas de sus per-
tenencias entre los escombros. También intentaron enterrar a las víctimas:
mientras unos vigilaban por si el Ejército regresaba, otros buscaban los res-
tos de sus familiares en las orillas del río. La profundidad de las aguas y la
fuerza de la corriente dificultaron las búsquedas. Un sobreviviente cuenta
la experiencia de un vecino de la comunidad:
“…Estaba buscando a su esposa, él estaba buscando con las manos los
cadáveres en el río porque no se miraba … [el agua] le llegaba en el
cuello. Cuando él estaba parado en el río buscando los cadáveres, sin-
tió una mano, él la jaló y sintió que por allí estaban otros cuerpos de-
bajo. Después de encontrar empezó a buscar a sus hijos. Cuando en-
contró sus familiares él empezó a vestirlos, él llevaba una cinta para
componer el cabello de su esposa”.
217
Las inhumaciones se hicieron con apresuramiento, evitando celebrar
las ceremonias tradicionales, por temor a que el Ejército regresara a la co-
munidad. Se abrieron dos fosas cerca del cementerio; en una enterraron a
49 vecinos y en la otra diez cuerpos; otros seis cadáveres fueron enterrados
en una fosa en la ladera que desciende al río. Algunos cuerpos, hinchados
de agua, estaban tan blandos que se despedazaban, imposibilitando su tras-
lado a las fosas, por lo cual fueron enterrados en la orilla del río. Cerca de
treinta cadáveres fueron arrastrados por la corriente. Dos mujeres, lanzadas
al río durante la masacre, fueron rescatadas vivas al día siguiente con varias
heridas y fracturas.
Pocos días después de los hechos, elementos de la guerrilla reunieron
a la población refugiada en los matorrales alrededor de Chel. Según los
guerrilleros, los sobrevivientes tenían dos opciones: o vivir en la montaña
bajo la protección del EGP o entregarse al Ejército. Parte de la comunidad
siguió al EGP: “… Entonces tuvimos que analizarlo de que no podemos ir con
el Ejército porque el Ejército mataba”.
218
Otro grupo resolvió no seguir ninguna de estas altenativas y refugiar-
se en las montañas cercanas a la comunidad vecina de Xesaí, a unos 35 mi-
nutos de camino desde Chel, sin contar con la asistencia y el apoyo del
EGP. Su independencia, sin embargo, privaba al grupo de una estrategia
68
217 Testigo directo REMHI.
218 Testimonio colectivo (sobrevivientes y testigos directos) CEH.
clara para evitar que el Ejército los sorprendiera. Por los fuegos que encen-
dían y los ladridos de los perros que los acompañaban el Ejército los detec-
tó. El 22 de abril, luego de realizar rastreos por Xeputul, en Cotzal, y Ca-
bá, en Chajul, tropas del destacamento de Chajul, acompañadas por pa-
trulleros de esta comunidad, llegaron al refugio cercano a Xesaí. Hacia las
cinco de la tarde cercaron el lugar donde estaban escondidas 50 personas
originarias de Chel, incluyendo niños, mujeres, hombres y ancianos. Los
soldados abrieron fuego sobre la población, matando a cuarenta y cinco
personas, población civil e indefensa; dos personas sobrevivieron al ataque
y tres desaparecieron. Esa noche los soldados y los patrulleros regresaron
caminando hasta Chajul. Al siguiente día, personas que se habían refugia-
do con la guerrilla cerca de Chel encontraron los 45 cadáveres, que presen-
taban múltiples disparos en sus cuerpos. Los enterraron en el mismo lugar
donde se había producido la tragedia.
Los desplazados estuvieron viviendo en la montaña unos 18 meses, co-
mo mínimo, hasta un máximo de nueve años. Hasta la fecha algunos toda-
vía habitan en las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).
219
Otros bajaron por enfermedades o para acogerse a la amnistía. El 21 de sep-
tiembre de 1986 un grupo de desplazados de Chel regresó y reorganizó su
comunidad. Al mismo tiempo, el Ejército formó las PAC y no volvió a per-
mitir la entrada de la guerrilla en la aldea. En 1992 las PAC se disolvieron.
En 1997 la organización Defensoría Maya y la Auxiliatura de la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos (PDH) denunciaron la masacre y se
inició un proceso judicial en la Fiscalía Distrital de Nebaj. Este se encuen-
tra en la fase de investigación, habiéndose producido ya la exhumación de
los cuerpos de las personas muertas en la masacre del 3 de abril de 1982.
En el peritaje efectuado por la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala consta que se encontraron tres cementerios clandestinos, con
un total de sesenta osamentas. De éstas, un 35% correspondió al sexo fe-
menino y otro 25% era probablemente del mismo género. El 17%, en tan-
to, correspondió a personas de sexo masculino, mientras que otro 5% aca-
so pertenecían a este género. En un 18% de los casos fue imposible dilu-
cidar el sexo de las víctimas. En cuanto a la caracterización por edades, la
mayoría de las osamentas correspondían a personas de entre cero y treinta
años, con un total de 50 osamentas. Además, 25 restos óseos, o sea casi la
mitad de los encontrados, correspondían a niños de entre cero y diez años.
El equipo de antropólogos pudo apreciar en las osamentas traumas corto-
contundentes y contundentes, y logró recuperar evidencia balística asocia-
da a tres de las mismas.
220
69
219 Población civil que en la época de la agudización de la violencia decidió resistir al Ejército huyen-
do a las montañas.
220 Fundación de Antropología Forense de Guatemala (1998), Informe para la CEH, Cap. IV, pg. 95-
97.
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defen-
sa Nacional una consideración sobre esta masacre, entre otros casos. En su
respuesta, de 5 de enero de 1998, se inhibió de realizar comentarios sobre
el hecho.
221
V. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la plena convicción de que el 3 de abril de 1982 efec-
tivos del Ejército ejecutaron arbitrariamente a más de 90 miembros inde-
fensos de la comunidad de Chel, entre mujeres, ancianos, niños y niñas,
en violación de sus derechos humanos.
La CEH llegó, igualmente, a la convicción de que jóvenes mujeres de
Chel fueron violadas sexualmente por los soldados en un templo religioso
antes de ser ejecutadas, en violación de su derecho a la integridad física y
moral.
La forma en que se perpetraron todas estas violaciones de derechos hu-
manos atentó gravemente contra los derechos y la integridad cultural de la
comunidad maya de Chel.
Estos crímenes no admiten ninguna justificación basada en la colabo-
ración que algunas víctimas hayan prestado a la guerrilla.
La CEH llegó a la conclusión de que, en la masacre indiscriminada de
hombres, ancianos, mujeres y niños de Chel, los efectivos del Ejército tu-
vieron la intención de eliminar totalmente a esa comunidad. Esta afirma-
ción se sustenta en los hechos mismos que constituyeron la masacre del día
3 de abril, en el análisis de la masacre de 45 pobladores de Chel que se ha-
bían refugiado en Xesaí el 22 de abril de 1982 y, también, de los operati-
vos militares de búsqueda de desplazados. Todos estos antecedentes, suma-
dos a la creación de condiciones de vida que pudieron acarrear la muerte
de los sobrevivientes, evidencian la intención del mando responsable del
Ejército de destruir total o parcialmente a dicha comunidad, lo que otor-
ga al conjunto de estos actos un carácter genocida.
222
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la aplicación del plan
Victoria 82 en el área Ixil, en virtud del cual el Ejército empleó a sus fuer-
zas de tarea en la ejecución de operaciones directamente dirigidas contra
comunidades de población civil desarmada, identificada como proclive a
la guerrilla, con el objetivo de destruirlas total o parcialmente, sin conside-
ración a la edad, sexo o condición de las víctimas.
70
221 Oficio No. 002-MDN.acom/98.
222 Véase capítulo segundo, Genocidio.
A juicio de la CEH, el caso ilustra cómo población civil que no era
parte directa en el enfrentamiento terminó siendo involucrada en el mis-
mo, enfrentándose fatalmente a las opciones de colaborar con la guerrilla,
refugiarse en las montañas o patrullar para el Ejército.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
71
Ana Asicona
Ana Santiago Caba
Ana Sánchez Caba
Antonio Fuentes Caba
Bartolomé Asicona Caba
Bartolomé Ramírez
Francisco Ijon Sánchez
Gaspar Fuentes Caba
Gaspar Rodríguez
Ignacio Juan Laynez Escobar
Juan Caba Laínez
Juan Ijon Sánchez
Juan Laynez Escobar
Juan Laínez
Juan Laínez
Juana Pacheco
Magdalena Caba
Magdalena Caba Batz
Magdalena Escobar
Magdalena Laínez Escobar
Manuel Caba Laínez
Marcos Mendoza Solano
Margarita Mendoza Santiago
Margarita Raimundo
Marta Mendoza Pacheco
María Caba
María Caba Laínez
María Laynez Escobar
María Laynez Escobar
María Mendoza Pacheco
María Mendoza Santiago
María Mendoza Santiago
María Raymundo
María Santiago Hu
María Santiago López
María Santiago Ramírez
Mateo Bit
Nicolás Fuentes
Noe Fuentes Caba
Pedro Caba Pacheco
Pedro Mendoza
Pedro Mendoza Laynez
Pedro Mendoza Pacheco
Pedro Pacheco
Pedro Pacheco Mendoza
Rosa Bit
Rosa Pacheco Bi
Rosa Santiago Caba
Sebastián Pacheco
Teresa Fuentes Caba
Teresa Fuentes Caba
Herido en Atentado, tortura, privación de libertad
Elena Caba
Víctimas colectivas/desconocidas: 43
I. ANTECEDENTES
La aldea de Ilom, ubicada en el municipio de San Gaspar Chajul, de-
partamento de Quiché, existe antes que se desarrollara la colonización es-
pañola. A finales del siglo pasado la comunidad recibió una importante in-
migración de población indígena maya pobre en busca de terrenos de ma-
yor fertilidad.
Desde el siglo pasado, debido a la aplicación de políticas gubernamen-
tales de apoyo hacia el cultivo de productos de exportación, la comunidad
fue despojada progresivamente de sus terrenos comunales. Esto dio origen
a constantes reclamos por parte de la población ante los gobiernos local y
central para la restitución de sus tierras. En 1915 se registró el primer con-
flicto de tierra planteado en contra de quien aparecía como propietario, Li-
zandro Gordillo Galán, secretario de la municipalidad de Chajul. El Juz-
gado Civil, en la sentencia, ordenó a éste restituir a la población de Ilom
el goce de sus derechos de propiedad. La Corte de Apelaciones confirmó
la sentencia. Sin embargo, en 1929 la Corte Suprema de Justicia falló en
contra de la comunidad indígena.
En el presente siglo los reclamos y peticiones de la población no tuvie-
ron respuestas justas por parte del Estado. En 1932, después de un inten-
to de medición de la tierra, al que se opusieron los indígenas, murieron tres
personas de la comunidad, se dice que a manos del finquero Lizandro Gor-
dillo y el ingeniero medidor, aunque fueron acusados por este hecho ocho
pobladores de la comunidad. A partir de esta fecha hasta los años setenta,
la población dejó de reclamar sus tierras.
224
Caso ilustrativo No. 61
Masacre de la aldea Ilom, Chajul
“Ustedes no dicen nada, no declaran nada y
allí están los guerrilleros, ¿ve?; todos los que
están muertos son puros guerrilleros, allí es-
tán sus papás, sus padres, sus hermanos, por-
que no los declaran, están muertos, ve, tira-
dos allí. Dicen ustedes que no hay guerrille-
ros, que no hay nada, entonces ¿por qué es-
tán muertos estos?, dijo el subteniente”.
223
223 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 321).
224 Elain D. Elliot, Ixil Land Tenure (1989).
Anónimo, Informe final de los ejidos de las aldeas Ilom, Sotzil, Ixtupil y Sacsiguán, ubicados en los
municipios de Chajul y Nebaj, departamento de Quiché, sin fecha, proporcionado por los poblado-
res.
Colby Van der Berge, Ixiles y Ladinos, revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Guatemala, números 9 al 12, enero-diciembre 1960.
A partir de 1972 hubo presencia de la guerrilla en el municipio de Ix-
cán, que luego se extendió a la región ixil. El 7 de junio de 1975 el Ejérci-
to Guerrillero de los Pobres (EGP) ejecutó a José Luis Arenas Barrera,
225
propietario de la finca La Perla, ubicada en el municipio de Chajul. El
“ajusticiamiento” de José Luis Arenas fue un hito en cuanto al enfrenta-
miento armado en la zona: “…Ya allí empezó la violencia, más que todo le
echaron la culpa ya a la gente, y no es la gente de esta aldea, sino otros grupos
que mataron al patrono, pero le echaron la culpa a la gente, entonces allí vi-
nieron a matar a toda la gente”.
226
Desde este hecho, parte de la población se acercó más a la guerrilla y
ésta realizó un trabajo político en las aldeas (charlas, propaganda armada y
constitución de bases de apoyo y colaboradores organizados). El tipo de
apoyo prestado por la comunidad fue de abastecimiento de alimentos. Se-
gún un declarante que habita en Ilom, “algunas personas dieron su comida
solamente, ninguna gente de acá agarró arma, sino que sólo comida les dieron
a la guerrilla”.
227
Otra parte de los habitantes de Ilom no se adscribió a la
guerrilla, y muchos se mantuvieron fuera de la insurgencia.
En 1979 los dueños de la finca La Perla establecieron vínculos estre-
chos con la Institución Armada y por primera vez un destacamento mili-
tar provisional fue instalado dentro de la finca, que tendría carácter defini-
tivo en 1981. En esta misma finca se constituyó la primera Patrulla de Au-
todefensa Civil del área. Según un declarante, cercano a José Luis Arenas:
“…Me recuerdo tan bien de las palabras del coronel Gramajo: ‘¿Cómo le voy
a dar armas yo a esta gente? Imagínese que se nos volteen después’ Entonces yo
le dije: ‘Yo me comprometo a traerle a usted una lista de los nombres de perso-
nas a quienes yo personalmente le garantizo con mi vida que no se van a vol-
tear’. Y fue así como se estableció la primera patrulla”.
228
A partir de 1981 se generalizó la represión contra los pobladores de
Ilom que se consideraba tenían vínculos con la guerrilla. El 11 de enero de
1981 un grupo de soldados, provenientes del destacamento instalado en la
finca La Perla, ingresó a las once de la noche en la comunidad. Detuvie-
ron a 20 personas, las ejecutaron y las arrojaron a un arroyo cercano a la
finca La Perla.
229
En el mismo mes de enero las tropas ejecutaron a 16 per-
sonas, que fueron quemadas en el interior de sus casas. El 14 de febrero del
mismo año ejecutaron a dos personas más.
230
74
225 CI 59. En este tomo.
226 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 322).
227 Ibid.
228 Testigo directo CEH. (T.C. 16).
229 C 3325. 1981, Chajul, Quiché.
230 C 3327. Febrero, 1981, Chajul, Quiché.
II. LOS HECHOS
El 23 de marzo de 1982, unos 40 soldados, con apoyo de 20 patru-
lleros civiles del destacamento militar ubicado en la finca La Perla, toma-
ron la aldea Ilom a las cuatro de la mañana, cercándola, para evitar que
cualquier persona pudiera escapar. Los soldados y patrulleros entraron en
cada una de las casas, levantando a sus moradores y concentrándolos en
la plaza central. A las seis o siete de la mañana todos los habitantes de
Ilom, que en esa época sumaban entre 1,800 y 2,000 habitantes, se en-
contraban en la plaza, siendo separados los hombres de las mujeres y ni-
ños. Los primeros fueron encerrados dentro de la iglesia católica, mien-
tras que las mujeres y los niños en el juzgado. A continuación, en palabras
de un sobreviviente, “agarraron a tres personas y les dijeron: ‘Andá mostrá la
gente que está metida con la guerrilla’ … Uno de ellos dijo: ‘Yo no sé, yo no
puedo contar porque no sé nada, no sé qué gente está metida con la guerrilla
y qué gente no, porque yo nada más estoy en mi casa’. Entonces los soldados le
dijeron: ‘Si no vas a mostrar a la gente te vamos a matar’, y le mataron. Las
otras dos personas dijeron: ‘Está bueno, te vamos a mostrar pero si no vas a
matar a mí’ y allí empezaron a mostrar. Uno se llamaba Dominico Sánchez,
él es el que mostró, otro se llamaba Carlos De León, pero ya es finado, los mis-
mos soldados los mataron a los dos”.
231
Estando dentro de la escuela, el oficial a cargo de la operación hizo que
le llevaran a los hombres reunidos en la iglesia, de dos en dos. Allí revisa-
ba si las personas se encontraban en una lista de nombres o si eran recono-
cidas por Carlos de León, quien estaba con una gorra pasamontañas, y por
Dominico Sánchez, con la cara descubierta. Si las personas no eran iden-
tificadas por ellos o no se encontraban en la lista, eran puestas en libertad
y enviadas a reunirse frente a una carnicería que se encontraba en las in-
mediaciones de la plaza. En caso contrario, la persona identificada era eje-
cutada en el acto, de un disparo en la frente, a manos del mismo oficial a
cargo. Las ejecuciones continuaron ininterrumpidamente hasta que se acu-
mularon varios cadáveres en la escuela. Las personas liberadas sacaron los
cuerpos, que eran arrojados en una inclinación del terreno que mira al cen-
tro de la plaza. Las ejecuciones continuaron hasta que terminaron con las
personas identificadas.
Mientras tanto, las mujeres encerradas en el juzgado observaban la
muerte de sus esposos, hijos y hermanos. Los soldados vigilaban desde el
exterior que nadie pudiera salir.
75
231 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 321).
A las dos de la tarde los soldados acabaron de ejecutar a todas las per-
sonas que supuestamente colaboraban con la guerrilla. Luego, dejaron en
libertad a las mujeres, enviándolas a reunirse con los hombres que habían
sobrevivido frente a la carnicería.
En total fueron ejecutados 96 hombres de la comunidad.
Estando todas las personas sobrevivientes de la masacre reunidas en la
plaza, el oficial a cargo se dirigió a ellos diciendo, según un sobreviviente:
“Ustedes no dicen nada, no declaran nada y allí están los guerrilleros,
¿ve?, todos los que están muertos son puros guerrilleros, allí están sus
papás, sus padres, sus hermanos, porque no los declaran están muer-
tos, ve, tirados allí. Dicen ustedes que no hay guerrilleros, que no hay
nada, entonces ¿por qué están muertos esto?, dijo el subteniente”.
232
Por indicaciones del oficial responsable de la operación, los sobrevi-
vientes de la masacre fueron instruidos para sepultar a sus seres queridos
en cuatro fosas comunes. El entierro fue apresurado y no se observaron las
formas rituales de la población indígena. Habiendo terminado de enterrar
los cuerpos, el oficial se volvió a dirigir a la población superviviente, obli-
gándolos a traer alimentos a los soldados. Más tarde, según el mismo de-
clarante: “Dijo él, ‘a las tres de la tarde vamos a quemar las casas, ustedes vean
a dónde se van, se van para Chajul, se van para la Costa, se van para Barillas
o ven para dónde agarraran, váyanse los que no murieron, porque a las tres de
la tarde vamos a quemar todas las casas”.
233
Entonces quemaron todas las ca-
sas con todo lo que había dentro: “Nuestras chamarras, nuestras camas, nues-
tros petates, nuestros machetes, sombreros, café, frijol, hacha, todo…”
234
La mayoría de los animales domésticos, dinero, aparatos eléctricos, in-
cluso ropa de las personas fueron sustraídos por los soldados y llevados a la
finca La Perla.
III. HECHOS POSTERIORES
Parte de la población se refugió en las montañas, con preferencia en las
cercanías de Ixtupil, Cabá y Santa Clara, y de las Comunidades de Pobla-
ción en Resistencia (CPR). La otra parte, la mayoría, se trasladó a la finca
Santa Delfina (anexa a La Perla), donde los pobladores permanecieron du-
rante un año trabajando como mozos.
76
232 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 322).
233 Ibid.
234 Ibid.
Debido a un cambio de política gubernamental, en aplicación al plan
de campaña Firmeza 83, que promovió el reasentamiento de las poblacio-
nes que se desplazaron en 1982, la comunidad de Ilom volvió a su lugar
de origen, un año después, el 15 de marzo de 1983. El Ejército estableció
un destacamento en Ilom y construyó una galera para alojar a la población
reasentada. La modalidad en la ubicación de las viviendas fue modificada
en función del control de la población: las casas fueron construidas una a
la par de la otra, de modo que los moradores quedaron concentrados en
un espacio muy reducido. Para realizar la reubicación de las construccio-
nes el Ejército se valió de las autoridades civiles establecidas; el alcalde mu-
nicipal de Chajul fue a la comunidad y aconsejó que, según cuenta un de-
clarante: “Ahora antes de la violencia siempre vino la guerrilla … mejor va-
mos a quedar junto, se pusieron a valorar una cuerda o media cuerda y obli-
garon a la gente a vender su sitio, algunos que no quisieron vender su sitio fue-
ron obligados y se dieron a otras personas”.
235
Asimismo, se organizaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) pa-
ra vigilar a la población y para colaborar en las operaciones militares del
Ejército: rastreo de la población desplazada y refugiada en las montañas
cercanas, su detención y reasentamiento en sus lugares de origen.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la plena convicción de que el 23 de marzo de 1982,
96 hombres, desarmados e indefensos de la comunidad de Ilom, fueron
ejecutados por efectivos del Ejército, en violación de su derecho a la vida.
La masividad de la matanza contra los habitantes de la aldea Ilom, la
quema de todas las casas, milpa, bienes y el desplazamiento forzado de los
pobladores demuestran la intención del mando responsable del Ejército de
eliminar parcial o totalmente a este grupo étnico. El conjunto de estos ac-
tos determina su carácter genocida.
La CEH considera que los militares no tuvieron justificación alguna
para realizar actos como los narrados en el caso, aún cuando la guerrilla ha-
ya tenido presencia en la zona y los pobladores le hayan prestado apoyo.
La CEH considera que, dadas las circunstancias relatadas en el caso,
este ilustra la aplicación de los planes Victoria 82 y Firmeza 83 en el área
ixil. En virtud de estos planes, el Ejército creó fuerzas de tarea específica-
mente destinadas a ejecutar operaciones militares, con el objetivo princi-
pal de aniquilar las bases de apoyo de la guerrilla, incluyendo la ejecución
arbitraria de civiles indefensos.
77
235 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 321).
Finalmente, la circunstancia de que finqueros apoyaron la creación de
las PAC y facilitaron la instalación de un destacamento militar en la finca
La Perla, revela la estrecha vinculación entre sectores de finqueros en la lu-
cha contrainsurgente.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, privación de libertad
78
Antonio Caba Diaz
Antonio Caba Ijom
Antonio Caba López
Antonio Caba Méndez
Antonio Guzmán
Antonio Solís
Baltazar Tum
Bartolome Ijom
Bartolome Ijom Ijom
Bernal Gallego
Diego Acabal
Domingo Ijom
Domingo Rivera Batz
Domingo Sánchez Mendoza
Fabian Acabal
Francisco Caba Ramírez
Francisco Ramírez
Francisco Rivera
Gabriel Asicona
Gaspar Caba
Gaspar Solís
Gaspar Solís
Juan Sánchez
Lorenzo Hernández Hutuy
Manuel Diaz
Manuel Hernández
Matías Sánchez Méndez
Pedro Asicona
Pedro Caba Rivera
Pedro Canay Asicona
Pedro Diaz
Pedro Diaz Hu
Pedro Diaz Mendoza
Pedro Gallegos Rivera
Pedro Hernández
Pedro Rivera Solano
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez Solano
Pedro Solís
Salvador Ramírez
Samuel Caba
Tomás Hugo Sánchez
Tomás Caba López
Tomás Caba Rivera
Tomás Mendoza
Víctimas colectivas/desconocidas: 51
I. ANTECEDENTES
Santa Cruz del Quiché es la cabecera departamental de Quiché. A só-
lo 18 kilómetros al sur se encuentra Chichicastenango, relevante centro re-
ligioso y comercial del mundo maya y cabecera del municipio del mismo
nombre, San Sebastián Lemoa es una de las aldeas del municipio de San-
ta Cruz del Quiché, a la que pertenecen seis caseríos: Chicabracán, Chical-
té, Cucabaj, Pacajá, Pachó y Paxcalté.
A finales de la década de los setenta, una de las características de San
Sebastián Lemoa y su entorno fue la existencia de varias organizaciones so-
ciales, entre ellas el Comité de Unidad Campesina (CUC), las Ligas Cam-
pesinas, los Comités de Desarrollo, etc. Un declarante afirma: “…Mucha
gente de Lemoa estaba organizada, unos 300 o 400”.
236
A partir de 1980 el Ejército comienza a tomar mayor iniciativa en la
lucha contrainsurgente, dando prioridad a las acciones tendentes a la eli-
minación de cualquier plataforma de apoyo a la guerrilla.
A finales de 1981 el destacamento militar de Chupol, creado por la
Fuerza de Tarea Iximché en el municipio de Chichicastenango, era un es-
labón fundamental en esta estrategia.
237
Entre la segunda mitad de 1981 y la primera de 1982 las masacres se
sucedieron en la zona. En febrero de 1982 comienza la aplicación de la de-
nominada política de “tierra arrasada”.
Caso ilustrativo No. 54
Desapariciones forzadas masivas
en Chichicastenango
y San Sebastián Lemoa
“El caso de los camiones”
Cuando en la memoria colectiva de un pue-
blo cobra nombre propio una situación vivi-
da, no sólo se evidencia el impacto que el he-
cho dejó en la comunidad, sino también im-
prime mayor veracidad a los testimonios. Es-
to es lo que sucede con “El caso de los ca-
miones” (CEH).
236 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
237 Testigo directo (soldado de alta en Chupol en 1982) CEH. (T.C. 87). “En el destacamento de Chu-
pol, había seis compañías [cada una 160 soldados] ... La Compañía Las Flechas en Chupol, perpetró
muchas masacres ... Hay un cementerio clandestino. Enterraron 400 o 500 personas ... La S-2 man-
dó traer una máquina ... estuvieron aplanando ... Había un túnel cerca del nuevo destacamento, allá
tiraban todos los que iban cayendo”.
Antes de ocurrir el “caso de los camiones” un declarante cuenta:
“…También había gente de la guerrilla; algunos estaban escondidos desde ha-
cía días en el monte … pues tenían aviso de que el Ejército podía llegar. Ya ha-
bían pasado [los militares] por otros lugares. Había gente que contaba que el
Ejército, primero se había entrado en Chichi [Chichicastenango] y en otros
cantones. Los de Pachó Lemoa, que no se habían querido ir, estaban con pen-
diente [en alerta]. No se querían ir, pues tenían sus siembras; ya vendría la co-
secha, sus animales, sus cosas…”
238
Cuando en la memoria colectiva de un pueblo cobra nombre propio
una situación vivida, no sólo se evidencia el impacto que el hecho dejó en
la comunidad, sino también implica mayor veracidad a los testimonios.
Esto es lo que sucede con “El caso de los camiones”.
239
II. LOS HECHOS
En el mes de mayo de 1982, en los tres días de mercado (9, 16 y 20),
miembros del Ejército en un número que superaba los 50, acompañados
de personas vestidas de uniformes militares y con los rostros cubiertos, lle-
garon a la plaza de Chichicastenango. Allí, estos últimos señalaron a las
víctimas. Capturaron y subieron a camiones de carga alrededor de 150 per-
sonas: mujeres, hombres y niños. Un grupo de mujeres fue conducido a la
cárcel del pueblo y quedó en libertad a los cuatro días. El destino de las
otras víctimas se desconoce.
El hecho de que las detenciones de Chichicastenango se practicaran
un día de mercado, en la plaza de la cabecera municipal, a la salida de la
celebración eucarística dominical,
240
para ser precisos en el momento en
que la plaza rebosa de gente, no fue casual. La primera finalidad, tal vez
práctica, fue encontrar reunida a la mayor parte de las personas que esta-
ban buscando. La segunda, estratégica, dejar constancia de la detención
masiva ante un número poco habitual de testigos, desencadenando en ellos
un proceso de descontrol individual y social que terminara en un atemo-
rizamiento ejemplificador.
241
Algo similar puede afirmarse sobre lo aconte-
cido en San Sebastián Lemoa.
Pocos días después, también un día de mercado (25 de mayo), un al-
to número de miembros del Ejército realizaron un operativo similar en San
80
238 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
239 C 2687. Mayo, 1982, Santa Cruz del Quiché, Quiché. C 2012. 1982, Quiché. C 2364. 1982,
Quiché. C 2514. 1982, Quiché. C 2517. 1982, Quiché. C 2518. 1982, Quiché. C 2521. Mayo,
1982, Quiché. C 2523. 1982, Quiché. C 16607. 1982, Quiché. C 16658. 1982, Quiché.
240 La iglesia y municipalidad en Chichicastenango, como en la gran mayoría de los lugares, están si-
tuados frente a la plaza, lugar donde llevan los productos los días de mercado.
241 Testigo de referencia CEH. C 2521. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché. “Por el miedo
que impera, nadie de la familia hace algo por averiguar el paradero ... ni presenta denuncia alguna,
en vista de que las mismas autoridades son las que llevan sin motivo alguno a la gente”.
Sebastián Lemoa. Aunque el grueso de las víctimas fue capturado en el
mercado, a otras las detuvieron en sus casas. Todas las víctimas, entre ellas
mujeres, hombres y niños, en total no menos de 150 personas, fueron lle-
vadas en camiones y posteriormente desaparecieron.
Tanto en el caso de Chichicastenango como en el de San Sebastián Le-
moa, se presume que el destino final de los detenidos fue el destacamento
de Chupol.
Las víctimas
“Fuerzas del Ejército llegaron a Chichicastenango alrededor de las
nueve de la mañana. Una vez en el mercado comenzaron a agarrar
a los vecinos de cantones de Santa Cruz del Quiché, tales como Le-
moa, Chicabracán, Cucabaj y otros”.
242
Chichicastenango fue el lugar donde se hizo sentir con más rigor la
crueldad de esta acción selectiva. Sin embargo, no eran todos sus habitan-
tes los buscados,
243
sino otras personas que llegaban a la plaza los días de
mercado,
244
en particular los de la aldea de San Sebastián Lemoa y sus ca-
seríos. Eso es lo que constatan los testigos: “Había gente de San Sebastián
Lemoa, pero de diferentes cantones, Chicabracán, Cucabaj, Chicalté, Pa-
chó”.
245
También hubo capturados de Chontalá
246
y Mactzul,
247
cantones
del municipio de Chichicastenango. Ninguno de los 42 desaparecidos,
identificados por la CEH, vivía en Chichicastenango.
En cambio, en San Sebastián Lemoa, las víctimas sí pertenecían a la
aldea. “Como quedó gente que no se llevaron [hace referencia a los captura-
dos en Chichicastenango], regresaron a buscarlos”.
248
El nombre con el que popularmente se conoce este suceso, “Caso de los
camiones”, surge del hecho que los militares se movilizaron en este tipo de
vehículos, según lo indican testigos:
“Era un domingo. Terminó la misa en la iglesia de Chichicastenango.
Manuel y su esposa se fueron a realizar unas compras al mercado. Allí
estaban cuando llegaron dos hombres enmascarados vestidos de verde
81
242 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
243 Ninguna de las 42 víctimas a las que hacen referencia los declarantes es de Chichicastenango.
244 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché. “Como era día de
mercado, se encontraba gente de diversos cantones. Los soldados, sin embargo, detuvieron solamente a
la gente de los cantones de Santa Cruz”.
245 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
246 C 2364. 1982, Quiché. C 2514. 1982, Quiché. C 2517. 1982, Quiché. C 2518. 1982, Quiché.
C 2521. 1982, Quiché. C 2523. 1982, Quiché.
247 C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
248 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
olivo y dos soldados fuertemente armados. Un hombre enmascarado
señaló a Manuel. Los soldados lo capturaron y se lo llevaron para tras
de la iglesia donde había un camión. Lo subieron junto con otras per-
sonas. No se sabe para donde se lo llevaron”.
249
“El Ejército, al llegar al mercado, exige la cédula de vecindad de ca-
da uno de los vecinos y las confronta con un listado que llevan los sol-
dados. En el listado aparece el nombre de la presente víctima, lo de-
tienen y se lo llevan a un camión que el Ejército tiene estacionado en
una de las calles de ese municipio, en el camión se encuentran muchas
personas”.
250
“Ese día don Gabriel se encuentra vendiendo en el mercado de Chi-
chicastenango. Los soldados llegan directamente hacia esta persona y
sin explicación alguna lo sujetan entre dos soldados, amarrándole las
manos hacia atrás … Al detenido lo conducen a una de las calles de
este pueblo en donde se encuentra estacionado un camión. Ahí lo su-
ben encontrándose con un número indeterminado de detenidos”.
251
En relación al número de efectivos militares que intervinieron un de-
clarante menciona: “Llega un pelotón del Ejército y directamente se dirige al
lugar en que [la víctima] se encuentra vendiendo, y ante la mirada de muchas
personas, se la llevan”.
252
Otro refiere un número aproximado: “…Eran en-
tre 60 a 70 soldados y patrulleros …”
253
Finalmente otro declarante habla de
“…la llegada de alrededor de 100 soldados que venían en dos camiones…”
254
El operativo en Chichicastenango y San Sebastián Lemoa no fue se-
mejante a otros cometidos en la zona, en que “el Ejército enviaba tropas de
destacamentos ajenos a la zona militar de Quiché”.
255
En este caso, para lle-
var a cabo el operativo se sirvieron, además, de colaboradores in situ, dela-
tores,
256
con la finalidad de capturar a las personas seleccionadas.
257
Como
los delatores no debían ser reconocidos por las víctimas, no sólo estaban
vestidos de verde olivo, sino que también tenían el rostro cubierto. En ver-
sión de la gente, “los enmascaran”
258
para que no se les pueda identificar.
82
249 Testigo directo CEH. C 16658. Mayo, 1982. Chichicastenango, Quiché.
250 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982. Quiché.
251 Testigo directo CEH. C 2523. Mayo, 1982. Quiché.
252 Testigo de referencia CEH. C 2521. Mayo, 1982. Quiché.
253 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
254 Ibid.
255 Ibid.
256 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982. Quiché.
257 Testigo directo CEH. C 2687. Santa Cruz del Quiché, Quiché. “Fueron los que se encargaron ese
día de ir con los soldados señalando gente y casas”.
258 Testigo directo CEH. C 16658. Mayo, 1982. Chichicastenango, Quiché.
En los operativos llevados a cabo en Chichicastenango y en San Sebas-
tián Lemoa participaron asimismo miembros de las Patrullas de Autode-
fensa Civil (PAC).
259
Estos patrulleros, “…quienes también vestían de pin-
to…”
260
“fueron los que se encargaron … de ir con los soldados señalando gen-
te y casas”.
261
“Los policías que estaban en la cárcel les indicaron [a las mujeres de-
tenidas] que habían sido señaladas por cinco delatores. Cuando les
dieron las características físicas de los vecinos, se dieron cuenta que
eran patrulleros de Pachó Lemoa”.
262
Un testigo originario de San Sebastián Lemoa y que conoce a sus ha-
bitantes no duda en reconocerlos como lo que son, vecinos: “Su mamá es-
taba en el mercado pero logró llegar a su casa, donde llegó el Ejército y los ve-
cinos [los patrulleros] a sacar a su mamá en un camión”.
263
Todos los declarantes aluden a un grupo numeroso de personas:
“Los soldados subieron al camión a hombres, mujeres y niños”.
264
“Había en tres camiones mucha gente, hombres, mujeres, patojos, in-
cluso mujeres embarazadas que dieron a luz en el camión”.
265
“Lo detienen y se lo llevan al camión … en el camión se encuentra
con muchas personas…”
266
“Al detenido lo conducen por una de las calles de este pueblo en don-
de se encuentra estacionado un camión. Allí lo suben, encontrándose
con un número indeterminado de detenidos”.
267
“Lo llevaron para atrás de la iglesia donde había un camión, lo su-
bieron junto con otras personas”.
268
83
259 C 2687. Mayo, 1982, Santa Cruz del Quiché, Quiché. C 2012. 1982. Quiché. C 2687. Mayo
1982, Santa Cruz del Quiché, Quiché. C 16607. 1982, Quiché. Los declarantes identifican a sie-
te victimarios.
260 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
261 Ibid.
262 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché. Otro declarante
afirma: “Los detenidos eran señalados por patrulleros de Lemoa quienes también vestían de pinto”.
263 Testigo directo CEH. C 2012. Mayo, 1982. Quiché.
264 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
265 Testigo directo CEH. C.2012. Mayo, 1982. Quiché.
266 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982. Quiché.
267 Testigo directo CEH. C 2523. Mayo, 1982. Quiché.
268 Testigo directo CEH. C 16658. Mayo, 1982. Quiché.
En San Sebastián Lemoa, un declarante menciona que las víctimas pu-
dieron ser 60, entre mujeres, niños y ancianos.
269
Otro indica: “…Llenaron
dos camiones de gente…” y calcula que pudieron ser en total unos 150.
270
Mientras, un tercero indica: “…Había en tres camiones mucha gente, hom-
bres patojos, incluso mujeres embarazadas…”
271
Respecto al número de víctimas en Chichicastenango, considerando
que las capturas se realizaron en tres fechas diferentes, los declarantes seña-
lan un número que oscila entre las 150 y las 175.
272
Otro declarante dice
textualmente: “Luego de capturar alrededor de cincuenta personas…”
273
Mar-
tín Chich, sobreviviente ya fallecido, quien logró escapar, comentó en su
comunidad sobre una estimación de 125 personas.
274
En cambio, otra víc-
tima que fue dejada en libertad habla de entre 40 y 50 hombres.
275
La CEH pudo identificar a 42 víctimas, entre detenidos y desapareci-
dos. El número total no ha podido ser precisado. Sin embargo, si se toma
en cuenta el impacto que los hechos dejaron en la memoria del pueblo, de-
be aceptarse que el número total de las víctimas fue mucho mayor.
Las mujeres
No todas las mujeres capturadas desaparecieron.
“Se llevaron a hombres y mujeres en un camión, pero como no todos
cabían en el camión, se llevaron a algunas mujeres a la cárcel”.
276
Veinte mujeres fueron conducidas a la cárcel de Chichicastenango. Allí
fueron maltratadas psicológica y físicamente durante cuatro días. Al me-
nos una joven fue objeto de violación sexual. Una de las detenidas dice:
“…Estaba vendiendo frijol y maíz en el mercado, cuando fui agarra-
da por soldados junto con otras 20 o 25 mujeres de distintos cantones
como Pacajá, Chicabracán y Pachó Lemoa [y que] estuvimos cuatro
días detenidas en la cárcel de Chichicastenango … Una señorita de
Chicabracán fue violada sexualmente por un policía”.
277
84
269 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
270 Ibid.
271 Testigo directo CEH. C 2012. Mayo, 1982. Quiché.
272 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
273 Testigo directo CEH. C 2518. Mayo, 1982. Quiché.
274 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
275 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982. Quiché.
276 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
277 Ibid.
Otro declarante afirma: “Las mujeres que no fueron llevadas en el
camión, fueron llevadas a la cárcel de Chichicastenango, donde había
un total aproximado de veinte mujeres de diversos cantones de Santa
Cruz. Las detenidas fueron liberadas al jueves siguiente”.
278
Los niños
Los testimonios sobre la captura de niños indican que los militares no
discriminaron entre adultos y menores. Según un testigo de referencia:
“íbamos en camiones … La orden era sacar información, a los niños darles con
garrote en la cabeza, matarlos con garrote, capturar a algunos y traerlos al des-
tacamento de Chupol … Hay muchos enterrados allá”.
279
Unos 40 niños fue-
ron retenidos, para ser entregados en adopción o venta a extranjeros.
280
El destino de las víctimas
“Se cree que el grupo que iba en los camiones fueron llevados (sic) al
destacamento militar de Chupol, en el municipio de Chichicastenan-
go, del cual era responsable la zona militar 20 del Quiché”.
281
Otro testigo relata sencillamente lo que vio: “El camión del Ejército se
retira del pueblo tomando rumbo a la salida que se dirige hacia Los Encuen-
tros [dirección hacia el destacamento de Chupol]”.
282
La información más
generalizada fue que los camiones partieron rumbo a Chupol. Sin embar-
go, otros declarantes manifestaron su desconocimiento sobre el lugar al
que fueron conducidas las personas capturadas.
283
Según narra otro testigo: “Los vecinos que se dieron cuenta de la deten-
ción, suponen que se los llevaron al destacamento militar de Chupol. Sin em-
bargo, nadie lo puede asegurar, ya que nadie los siguió”.
284
El supuesto de que los detenidos fueron conducidos a Chupol está
fundado. Sin duda, la gente dice tener conocimiento de que “…en Chupol
hay un cementerio clandestino [donde] enterraron a 400 o 500 personas. Mu-
cha gente [lo] sabe, pero tiene miedo porque todavía está el destacamento”.
285
85
278 Ibid.
279 Testigo directo CEH. (T.C. 87).
280 Testigo de referencia CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
281 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
282 C 2523. Mayo 1982, Quiché.
283 Testigo directo CEH. C 2521. Mayo 1982, Quiché. “Ese mismo día mucha gente al igual que la
presente son llevadas por el Ejército, sin que se sepa dónde”.
Testigo directo CEH. C 2523. Mayo 1982, Quiché. “... el camión se aleja con los capturados a bor-
do y se dirige rumbo al Quiché [Entiéndase Santa Cruz del Quiché]”.
Testigo directo CEH. C 2687. Mayo 1982, Santa Cruz del Quiché, Quiché. “...rumbo a Chichi-
castenango”.
284 Testigo directo CEH. C 2523. Mayo, 1982.
Testigo directo CEH. C 2518. Mayo, 1982, Quiché. “Nadie sabe qué hicieron con las víctimas”.
285 Testigo directo CEH. (T.C. 87).
Un sobreviviente, que fue llevado a Chupol y pudo ser entrevistado
por la CEH, relata: “Después de juntar alrededor de entre 40 a 50 personas
los soldados se retiran con los capturados, dirigiéndose para el destacamento
militar, ubicado en el cantón Chupol del municipio de Chichicastenango. Al
llegar al destacamento, los soldados ya tienen preparados lazos para amarrar
a cada uno de los detenidos, los introducen en el destacamento, colocándoles
acostados boca abajo y en fila. Luego un pelotón de soldados pasa corriendo
sobre cada una de las víctimas … Constantemente a todos los detenidos los so-
meten a torturas y les interrogan sobre la actividad que cada uno realiza. Des-
pués son llevados a una gran zanja en donde son colocados a empujones …
Los soldados se orinan sobre ellos, lanzando gritos y carcajadas. Un soldado le
dice: ‘Que se vaya a la mierda de inmediato, de lo contrario lo vuelven a me-
ter a la zanja’ …”
286
En cuanto a las demás víctimas se ignora si fueron conducidas al des-
tacamento de Chupol.
Desaparición forzada o ejecución
Hasta la fecha, todas las víctimas se encuentran desaparecidas.
“Algunas personas dicen que se los llevaron al destacamento de Chu-
pol. Lo cierto es que nunca más se supo de ellos”.
287
“Ese día mucha gente, al igual que la presente, son llevadas por el
Ejército, sin que se sepa dónde”.
288
“Los vecinos que se dieron cuenta de la detención, suponen que se los
llevaron al destacamento militar de Chupol; sin embargo nadie lo
puede asegurar, ya que nadie los siguió”.
289
“Desde entonces, se encuentran desaparecidos. Ya nunca más regresa-
ron”.
290
El único sobreviviente entrevistado de los conducidos a Chupol no fue
testigo de ninguna ejecución: “En cuanto a las demás víctimas [las deteni-
das con él] se desconoce qué pasó con ellas”.
291
Incluso, dice que pudo ver
“una zanja donde hay muchos huesos”,
292
pero nada más.
86
286 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982, Quiché. La víctima presenta varias cicatrices conse-
cuencia de las torturas a que fue sometida.
287 Testigo directo CEH. C 2364. 1982, Quiché.
288 Testigo de referencia CEH. C 2521. Mayo, 1982, Quiché.
289 Testigo directo CEH. C 2523. Mayo, 1982, Quiché.
290 Testigo directo CEH. C 2687. Mayo, 1982, Quiché.
291 Testigo directo CEH. C 2514. Mayo, 1982, Quiché.
292 Ibid.
III. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la convicción de que, durante el mes de mayo de
1982, efectivos del Ejército de Guatemala, con la colaboración de miem-
bros de las PAC de San Sebastián Lemoa, violaron el derecho a la libertad
personal de pobladores de comunidades de los municipios de Santa Cruz
del Quiché y Chichicastenango, al detener arbitrariamente a un número
no inferior a 300 personas, entre hombres y mujeres, niños y ancianos, 40
de ellas plenamente identificadas, como parte de una acción previamente
decidida por el mando militar respectivo.
Asiste a la CEH la presunción fundada de que la mayoría de las vícti-
mas, cuyo paradero se desconoce, fueron víctimas de ejecuciones arbitra-
rias, en violación de su derecho a la vida.
La CEH ha llegado, también, a la convicción de que, con motivo de
estos hechos, un grupo de veinte mujeres arbitrariamente detenidas por los
mismos efectivos del Ejército fueron maltratadas psicológica y físicamente
por elementos de la Policía Nacional y que, al menos una, fue objeto de
violación sexual, vulnerándose su derecho a la integridad personal.
La CEH considera que este caso ilustra la práctica de capturas y desa-
pariciones selectivas, pero que afectaron a un gran número de personas, sin
discriminar género ni edad, realizada por el Ejército de Guatemala como
parte integrante de la lucha contrainsurgente en la década de los ochenta.
Estas acciones, que no tienen justificación ni siquiera en el contexto
de un enfrentamiento armado interno, evidencian, además, la impunidad
con que podían proceder los agentes del Estado.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Desaparición forzada
87
Carlos Salvador Riquiac
Diego Luarca
Emiliana Martín Cuy
Fabian Luarca
Felipe González
Francisco Luarca
Gabriel Morales Pantoj
José Ventura
Juan Morales Pérez
Juana Tiño
María Luarca
Martín González
Martín González Pérez
Mateo González González
Nicolás Zapeta
Olivia Riquiac Martín
Petrona Luarca
Ramon Ventura
Salvador López
Salvador Tiño
Sebastián Gomez
Sebastián González
Tomás Panto Morales
Tomás Pérez Quino
Tomás Pérez Tol
Tomás Riquiac Cuin
Tomasa Grijalba
Víctimas colectivas/desconocidas: 261
88
Josefa Tiño
Juana Tenojan
Manuel Tipaz Mas
Santos de León Gonzales
Desaparición forzada, torturas
Desaparición forzada, tortura y otras violaciones
Sebastián López de León
Tortura, privación de libertad
María Luarca Chicoy
Sebastiana Hernández López
Tomás Pérez Pérez
Juan Tipaz
Julio Gámez
Martín Chich
Vicente Cruz
Hermana de Vicente Cruz
I. ANTECEDENTES
La aldea Chisís está habitada por población de origen maya ixil. Se en-
cuentra ubicada 20 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Cot-
zal, departamento de Quiché. Durante los años anteriores a la violencia los
habitantes de la aldea vivían tranquilos en sus casas, sembrando los culti-
vos en sus propias parcelas: “Cada quien cultivaba su parcela de terreno sin
viajar a otro lugar y ganaba su sustento diario, por el cultivo de frijol, maíz y,
especialmente, el maguey que era el que más nos daba ingreso. Por el mismo
producto del cultivo y la ocupación de todos cada quien tenía su casa propia,
trojas de maíz todas de maderas bien labradas, con techo de tejas y todo era
una alegría”.
294
Entre 1975 y 1980 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) llegó a
la región. Inició su trabajo político con la población, creó las Fuerzas Irre-
gulares Locales (FIL) y los Comités Clandestinos Locales (CCL) en mu-
chas comunidades de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal.
El 28 de julio de 1980 el EGP atacó por primera vez el destacamento
militar de Cotzal, en el que resultaron muertos, según declarantes, muchos
soldados.
295
El Ejército reaccionó enviando una misión punitiva a la cabe-
cera municipal, donde unos 70 pobladores civiles fueron masacrados.
296
El 19 de enero de 1982 el EGP volvió a atacar el destacamento mili-
tar de Cotzal. Un testigo directo manifiesta: “El objetivo era aniquilar el des-
tacamento, pero no se alcanzó. El ataque duró dos horas y veinte minutos. Se
recuperaron once Galiles, una ametralladora, granadas, causando cien bajas
militares. Perdieron la vida veinte guerrilleros”.
297
Caso ilustrativo No. 92
La masacre de la aldea Chisís
“Salimos sin ropa, las mujeres, todos, hasta
mujeres embarazadas, hasta niños menores
de edad, todos los que están en su casa mu-
rieron por culpa del Ejército. Así es, lo hizo
el Ejército, en 1982, el 13 de febrero, y más
de 200 hermanos murieron en esta violen-
cia. Entonces ya no tenemos miedo para de-
cir estas palabras”.
293
293 Testimonio colectivo CEH.
294 Nota dirigida por pobladores de Chisís el 2 de noviembre de 1997 al Comité de Desarraigados
de Santa María Nebaj. C 3704. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
295 C 15235. Julio, 1980. San Juan Cotzal, Quiché.
296 Ibid.
297 Testigo directo CEH.
En el caso de Chisís el jefe del destacamento militar de Cotzal convo-
có a una reunión a las autoridades de la comunidad, y a ella llegaron 50
hombres. Los soldados tenían una lista de los supuestos colaboradores de
la guerrilla, y tras consultarla, escogieron a cuatro personas, a las que sepa-
raron del grupo.
298
Después dijeron: “Ya eliminamos la cizaña de Chisís”,
299
y obligaron a la población a que organizaran las PAC. Los cuatro deteni-
dos, que nunca volvieron a aparecer, eran Diego López Vásquez, Andrés
Sajic Mendoza, Andrés Pacheco López y Diego Aguilar.
300
El 11 de febrero de 1982 un helicóptero militar sobrevoló la aldea
Chisís, que “ya está bien organizada con los soldados”.
301
El helicóptero, al lle-
gar cerca de Chisís, fue atacado desde un cerco por la guerrilla, que empleó
fuego de artillería.
II. LOS HECHOS
El día sábado 13 de febrero de 1982, alrededor de las cinco de la maña-
na, unos 200 soldados provenientes de los destacamentos de Cotzal, Nebaj
y Chiul, y 100 patrulleros civiles que procedían de la finca San Francisco de
Cotzal y de las aldeas de Santa Avelina y Cajixay rodearon Chisís, forman-
do un cerco para impedir que la población de la aldea pudiese escapar.
302
Los dos contingentes irrumpieron en la comunidad por los tres cami-
nos de acceso.
303
En la carretera principal, los soldados encontraron a algu-
nos vecinos de la aldea que iban al mercado de Cotzal y les ordenaron: “Re-
gresen en sus casas, muchá, porque ya … vamos a platicar”.
304
Seguidamente,
comenzaron a concentrar a los pobladores en la escuela local. Cuando los
efectivos del Ejército y los patrulleros alcanzaron las primeras casas, el ofi-
cial al mando ordenó que se formaran en grupos de cuatro, a razón de un
grupo por casa.
305
Los pobladores de Chisís no salieron de sus viviendas y tampoco in-
tentaron ponerse a salvo, porque pensaban que el Ejército no tenía proble-
mas con ellos debido a que “…ya estaban armadas las patrullas … Enton-
ces, cuando vienen los soldados, toda la gente ya estaba con … confianza”.
306
Incluso, algunos pobladores los invitaron a pasar a sus casas.
307
90
298 C 3705. Enero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
299 Testimonio colectivo CEH.
Testigo directo CEH. (T.C. 324).
300 Testigo directo CEH. (T.C. 324). Según un sobreviviente de la masacre, las cuatro personas ha-
brían sido fusiladas en el destacamento.
301 Testigo directo CEH.
302 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 370).
303 Ibid.
304 Testimonio colectivo CEH.
305 Testigo directo CEH.
306 Testigo directo CEH.
307 Testimonio colectivo CEH. (C. 370).
Sin embargo, los soldados abrieron fuego contra la población y empe-
zaron a quemar las viviendas: “…mataron e incendiaron las casas … Aga-
rraron, sí, hay muchos que ataron y tirando en sus casas, entonces sí murieron
la gente por el fuego, por el incendio de nuestra casa … A todos mataron, an-
cianos, mujeres, niños menores de edad … En sus casas los mataron, con cu-
chillos, con machetes, cortándole la cabeza … Violaron … las mujeres, algo
menor de edad … de 15 o de 20 años, las violaron y después las mataron tam-
bién”.
308
“saber cuánto [cantidad] de Ejército de aquí [participó] para masa-
crar a toda la gente e incendiar las casas y quemar nuestros ranchos, y quemar
la troja y quemar nuestro maíz, y quemar frijol y quemar las chamarras, todo,
todo eso. Salimos sin ropa … todos, hasta las mujeres embarazadas, hasta los
niños menores de edad, todos los que están en su casa, todos los que murieron
por culpa del Ejército”.
309
No obstante, algunos soldados se negaron a cumplir las órdenes de dis-
parar contra la población y pusieron a salvo a los niños: “A los niños los de-
jaron vivos con las mamás muertas”;
310
“tengo un sobrino que está ahora en
Santa Avelina. La señora que lo tiene me dijo: la patrulla civil ofrecía patojos
y como estaba sola me lo agarré”.
311
Los miembros del Ejército y de las PAC mataron a todas las personas
que encontraron, incluidos los 20 jóvenes que estaban realizando su turno
de patrulla en el momento del ataque. “…un grupo de patrulleros estaba en
el borde de la aldea, andaban veinte muchachos jóvenes, como de 18 años, es-
taban colocando una bandera, cuando vieron que los soldados se acercaban. El
jefe de la patrulla, que fue soldado, dijo: ‘Ninguno se va a correr, porque los
soldados son compañeros’. Los soldados dijeron: ‘¿Qué tal, como están ustedes?’
Los jóvenes contestaron: ‘Estamos patrullando, … Entonces los soldados le or-
denaron que se formaran … Los 20 jóvenes formaron una cola y los soldados
volaron sus cabezas, los apuñalaron, los machetearon, les dispararon a tiros.
Entonces hubo un agobio tremendo, todos se amontonaron los muertos. Eran
20 cadáveres”.
312
La ola de violencia que se abatió sobre Chisís no hizo excepción algu-
na y de poco sirvió la autoridad de los ancianos de la comunidad: “…escu-
charon las bullas, las gritaderas de las casas, que estaban golpeando a la gente.
Decía un mi tío que nos fuéramos, pero mi abuelo dijo que no, si usted tiene
miedo sálgase, dijo. Yo tengo mi autoridad y estoy cumpliendo mi deber … Mi
abuelo … tenía un bastón, como señal de autoridad, que le dio el alcalde de
91
308 Testigo directo CEH (T.C. 325).
309 Testigo directo CEH (T.C. 324).
310 Testigo directo REMHI.
311 Testigo indirecto CEH. C 11573. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
312 Testigo directo editado por la CEH. (T.C. 324).
San Juan Cotzal. A decir de él, que el Ejército no le va a hacer nada porque es
autoridad. Mostró su bastón ante los soldados, pero su bastón le echaron al fue-
go y le amarraron dentro de la casa”.
313
Durante el ataque los pobladores trataron de huir. Sin embargo, los
soldados y patrulleros civiles les dispararon. A pesar de las dificultades, va-
rias personas lograron esconderse en la montaña, encontrando a otros ve-
cinos de la aldea que ya vivían allí como desplazados.
314
Según testigos, hacia las doce del mediodía un sonido como de sirena
anunció que la masacre había terminado.
Alrededor de 200 pobladores civiles y desarmados habrían muerto.
315
De ellos, la CEH pudo identificar a 133.
Ante la CEH, un miembro del alto mando del Ejército dijo, en rela-
ción a lo sucedido en la aldea: “Chisís para mí fue un objetivo militar, por-
que Chisís tenía un simbolismo especial para las estructuras organizativas del
EGP y era desde Chisís donde se habían planeado, dirigido las principales ope-
raciones que el EGP había realizado en la región de Chajul, Cotzal, Nebaj,
Santa Avelina, San Francisco Cotzal, Cajixai, Namá, Chichel y todas las al-
deas periféricas”.
316
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Consumada la masacre, los sobrevivientes de Chisís vieron, desde su
refugio en la montaña, cómo los soldados y patrulleros se dirigían de nue-
vo hacia la aldea. Ésta ya había sido abandonada. Los soldados quemaron
todas las casas. Luego continuaron hacia Villa Hortensia Antigua, donde
pasaron la noche. En la madrugada del domingo 14 de febrero, incendia-
ron las casas de Villa Hortensia. A continuación marcharon a la finca San
Francisco.
317
Tres días después de la masacre de Chisís, los familiares regresaron a la
aldea. No lograron recuperar todos los cadáveres ya que en su gran mayo-
ría habían sido quemados o comidos por los perros. “Yo fui a enterrar mis
cuatro primos … Yo fui a ver … hasta un poco de hígado estaba todavía …
Fui a buscar un cajoncito … lo eché allí … busqué clavo … pero vigilando
estoy yo mientras estoy entrando … En esos días también hay muchos que no
92
313 Testigo de referencia. C 11573. Febrero, 1982. San Juan Cotzal, Quiché.
314 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 370)
315 Los datos del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, 1998, y de David
Stoll, Between two armies in the Ixil towns of Guatemala, Columbia University Press, New York,
1993, confirman la cifra de 200 víctimas.
316 Testigo directo (oficial del Ejército) CEH. (T.C.799).
317 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 370).
fueron enterrados, se quedaron así nada más. Entonces vinieron bastantes chu-
chos a comer y pasaron los animales en el cielo, los zopilotes vino a comer tam-
bién … Entonces yo ya no puedo a enterrar todo, porque hay bastante muer-
tos, entonces me salí otra vez en la montaña … Ya no tengo nada, sólo buscan-
do piedras y llorando estoy … y gracias que salvé mi vida”.
318
Como en Chisís no existe un cementerio comunal, los entierros se hi-
cieron en inmediaciones de las casas.
319
Los casi 100 sobrevivientes de la comunidad de Chisís vivieron en la
montaña, como desplazados, por un período de siete años. En 1989 regre-
saron en el marco de la política de reasentamiento planificada por el Ejér-
cito.
320
En el día de hoy viven en Chisís unas 50 familias. Todos los que las
componen conservan un recuerdo indeleble de la masacre.
321
IV. CONCLUSIONES
La CEH, atendiendo los antecedentes del caso, ha llegado a la plena
convicción de que 132 pobladores civiles, indefensos y desarmados de la
aldea Chisís, identificados por la CEH y decenas más fueron ejecutados ar-
bitrariamente por efectivos del Ejército de Guatemala y por miembros de
las Patrullas de Autodefensa Civil. Esta masacre contiene graves violacio-
nes a los derechos humanos y genera responsabilidad del Estado de Gua-
temala.
Ni el apoyo que la población de Chisís pudo haber dado al EGP, ni
cualquier otra justificación de carácter político o militar, justifican jurídi-
ca o éticamente estos crímenes.
La CEH considera que el presente caso es ilustrativo de la aplicación
de la política de “tierra arrasada” en el área Ixil, concebida para el aniqui-
lamiento de todas las poblaciones consideradas afines a la guerrilla. Esta
política no sólo consistió en la eliminación física de los presuntos colabo-
radores de la insurgencia, sino también en la destrucción de todos los bie-
nes y cultivos. Esta consideración coincide con un informe de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) del Gobierno de los Estados Unidos: “A me-
diados de febrero 1982 el Ejército de Guatemala reforzó su fuerza existente en
la parte central del Departamento de Quiché y lanzó una operación para ba-
93
318 Testigo directo CEH. (T.C. 324).
319 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 370).
320 Testigo directo CEH.
321 Testimonio colectivo CEH. (T.C. 370).
rrer el triángulo Ixil. Los oficiales de mando de las unidades involucradas han
sido instruidos para destruir todos los pueblos y aldeas que se encuentran coo-
perando con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y para eliminar todas
las fuentes de resistencia”.
322
La masividad de las violaciones que se describen y la reiteración de las
mismas en el área Ixil, sumadas a la intención de los hechores de destruir
las comunidades maya-ixiles, por considerarlas afines a la guerrilla, dan a
estos hechos carácter de actos genocidas.
Asimismo, la CEH considera que el desplazamiento provocado por la
masacre ilustra el carácter forzado de la decisión adoptada por miles de
personas del área Ixil de refugiarse durante varios años en las montañas,
huyendo de la persecución a que se veían sometidas por efectivos del Ejér-
cito y miembros de las PAC, viviendo en condiciones de constante ame-
naza vital.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
94
322 Informe de la CIA, destinatario no identificado, febrero de 1982, Pq. 12-41. Traducción libre,
“In Mid-February 1982 the Guatemalan army reinforced its existing force in the central El Quiche
Department and launched a sweep operation into the Ixil triangle. The commanding officers of the
units involved have been instructed to destroy all towns and villages which are cooperating with the
Guerrilla Army of the Poor (EGP) and eliminate all sources of resistance”.
Ana Chamay
Ana Cruz Pacheco
Ana Cruz Pacheco
Ana Cruz Pacheco
Ana Códova,Gómez
Ana De la Cruz
Ana García Cruz
Ana Toma De la Cruz
Andrea Mendoro
Andrés Chamay
Andrés Chamay López
Andrés Pacheco López
Andrés Sajic
Antonio De la Cruz Velasco
Antonio Lázaro Pérez
Antonio López
Antonio Pérez Cruz
Antonio Toma Toma
Antonio Velasco Pérez
Antonio Zambrano
Antonio Zambrano
Antonio Zambrano
Baltazar Cruz
Baltazar Cruz
Catarina Córdoba Marroquín
Catarina López Aguilar
Catarina Torres
Diego Aguilar Cruz
Diego Toma de la Cruz
Diego Toma de la Cruz
Diego Zambrano
Diego Zambrano
Domingo Cruz Pacheco
Domingo Córdoba Gómez
Domingo Lázaro
Domingo Sajic Mendoza
Francisco Córdoba Toma
Francisco de la Cruz
95
Francisco de la Cruz de la Cruz
Francisco Pacheco López
Francisco Pacheco Velasco
Gabriel Cruz Toma
Gabriel Zambrano
Gabriel Zambrano
Gabriel Zambrano
Gabriel Zambrano
Gabriel Zambrano
Gabriel Zambrano Rodríguez
Isabel Cruz
Isabela Chamay Mendoro
Isabela Cruz
Isabela Cruz
Isabela Cruz Pacheco
Isabela Gómez
Isabela Zambrano
Jacinto Pérez
Jacinto Sajic Aguilar
Jacinto Sajic Aguilar
Juan Elías Pacheco Agustín
Juan Aguilar Toma
Juan Chamay López
Juan Cruz Pacheco
Juan Cruz Toma
Juan de la Cruz
Juan de la Cruz Pacheco
Juan García Cruz
Juan López Córdoba
Juan López Sajic
Juan Ordóñez
Juan Pacheco Cabinal
Juan Pérez Zambrano
Juan Sajic
Juan Sajic Cruz
Juan Sajic Cruz
Juan Toma
Juan Zambrano
Juana Aguilar Sajic
Juana Cabinal Torres
Juana Pacheco Velasco
Juana Rodríguez Zambrano
Juana Torres
Magdalena Ordóñez
Magdalena Toma Zambrano
Manuela Aguilar
Manuela Zambrano
María Cabinal
María Chamay Mendoro
María Cruz Pacheco
María Córdoba
María García Cruz
María López Zambrano
María Zambrano
María Zambrano
María Zambrano
Mateo Chamay López
Mateo Pacheco de la Cruz
Mateo Pacheco López
Mateo Pacheco Velasco
Matías Zambrano
Miguel de la Cruz
Miguel de la Cruz Chamay
Miguel Pacheco López
Miguel Pacheco Velasco
Miguel Toma de la Cruz
Nicolás Cruz
Nicolás Toma Cruz
Nicolás Toma Cruz
Nicolás Toma de la Cruz
Nicolás Toma Gómez
Nicolás Toma Zambrano
Nicolás Zambrano
Nicolás Zambrano
Nicolás Zambrano
Pedro Aguilar
Pedro Chib
Pedro Cruz Pacheco
Pedro Córdoba Torres
Pedro de la Cruz
Pedro de la Cruz Chamay
Pedro López Zacarias
Pedro López
Pedro Marroquín Pacheco
Ejecución arbitraria, otras violaciones
Juana Zambrano
Juana López
Víctimas colectivas/desconocidas: 68
96
Pedro Velasco López
Pedro Xub
Rosa Aguilar
Sebastián Córdoba Gómez
Teresa Cruz Aguilar
Teresa Rodríguez
Teresa Rodríguez
Tomás Chamay
I. ANTECEDENTES
Nacimiento y organización de la Cooperativa Ixcán Grande
El Ixcán,
324
por ser una zona selvática y de difícil acceso, estuvo prác-
ticamente deshabitado hasta mediados de los años sesenta. En ese tiempo
comenzó un proceso colonizador que consistió en cuatro proyectos: dos
impulsados por la Iglesia Católica y dos por el Gobierno.
325
El primer proyecto colonizador estuvo dirigido por la orden Maryk-
noll, con el apoyo de la diócesis de Huehuetenango. El padre Eduardo Do-
heny llegó a Ixcán el 14 de abril de 1966, procedente de Barillas, en com-
pañía de los 14 primeros colonos, personas que provenían del municipio
de Todos Santos. El padre Doheny era una persona estricta, que sólo per-
mitía participar en el proyecto a aquéllos que fueran católicos y estuvieran
casados.
326
En septiembre de 1969 el padre Doheny es sustituido por el padre
Guillermo Woods, quien cambiará la filosofía del proyecto de colonización
por un programa de rápida expansión. Las exigencias se flexibilizan y se
permite incorporarse a los trabajos a “solteros y evangélicos”.
327
Se mantuvo
como requisito, de todas formas, tener un buen comportamiento.
328
La
personalidad y obra del padre Woods dejaron una huella perenne en la me-
moria de quienes lo conocieron.
329
Caso ilustrativo No. 4
Masacres en Cuarto Pueblo
“Ya no estamos como familia por culpa de la
masacre, estamos desparramados. No nos olvi-
daremos hasta morirnos, mientras que estamos
vivos no se nos olvida. Siempre recordamos las
cosas sufridas. Cuando estamos muertos ya no
podemos pensar nada. Ahí se nos olvida”.
323
323 Testigo directo CEH.
324 Por lo general el término “Ixcán” se utiliza para referirse a un territorio localizado al norte del país,
en el departamento de Quiché, comprendido entre el río Ixcán (fronterizo entre los departamen-
tos de Huehuetenango y Quiché) y el río Chixoy, límite entre Quiché y Alta Verapaz. Desde 1985
esta región de 1,574 kilómetros cuadrados adquirió la figura administrativa de municipio. El nue-
vo municipio de Ixcán, cuya cabecera es Playa Grande (popularmente conocida como Cantabal),
se constituyó a partir de territorios que anteriormente pertenecían a los municipios de Uspantán
y Chajul, en Quiché y Barillas, en Huehuetenango.
325 La Iglesia Católica promovió a partir de 1966 los proyectos colonizadores de Ixcán Grande, y des-
de 1970 los de Santa María Tzejá, mientras que el Gobierno impulsó el proyecto de la Franja
Transversal del Norte, entre 1970 y 1979, y el proyecto 520, entre 1980 y 1982.
326 Testigo directo CEH.
327 Ibid.
328 Testigo directo CEH. “Cuando entré tuve que estar seis meses. Me daban 20 cuerdas para sembrar
como prueba, ver si cumple con las reglas y si no cumple no se le dará parcela”.
329 Testigos directos CEH. “Era bueno, generoso, querido por la gente, ni modo adorado por la gente que
les está consiguiendo la tierra, los medios económicos, porque él compró las tierras”, “Guillermo Woods
... tiene amor a los pobres, por eso luchó por asegurar la tierra donde estamos ahorita”.
El proyecto tuvo un desarrollo acelerado y los núcleos poblacionales
(llamados centros), habitados por un número variable de familias, se mul-
tiplicaron con rapidez. El primer centro que se pobló recibió en 1970 el
nombre de Mayalán, Xalbal se creó pocos meses después; Pueblo Nuevo
—La Resurrección en 1973; Cuarto Pueblo— La Unión se inauguró en
1976, siendo por último creado Los Angeles - El Injerto.
A principios de 1970 se autoriza oficialmente el funcionamiento de la
Cooperativa Ixcán Grande de Servicios Varios R.L. luego de la publicación
de sus estatutos en el Diario Oficial. La cooperativa contaba en esa época
con 1,800 socios provenientes de distintos municipios y departamentos,
en su mayoría indígenas.
330
En 1974 la cooperativa logró escriturar las tie-
rras que ocupaba en su nombre.
Los padres Maryknoll dotaron a cada centro de una pista de aterriza-
je, una clínica y una pequeña capilla. El padre Woods consiguió algunas
avionetas con las cuales transportaba los productos y a los enfermos, y traía
mercadería para las tiendas. Los sacerdotes realizaban, por lo tanto, una
doble tarea: el trabajo pastoral y el impulso del proyecto.
Durante estos primeros años hubo algunos conflictos de tierras con los
dueños de las parcelas colindantes a la cooperativa, así como tensiones por
motivos religiosos. A las tradicionales diferencias entre católicos y evangé-
licos se agregarían luego las disputas originadas por la aparición, entre
1980 y 1981, de la renovación carismática, traída al Ixcán por el padre Sta-
nislao, procedente de Barillas, debido a que muchos catequistas católicos
no quisieron aceptar el nuevo movimiento.
331
En 1980 se producen las primeras incursiones de la guerrilla en el área
de Cuarto Pueblo. En la primera oportunidad en que se presentaron en el
pueblo, los guerrilleros dejaron volantes y pintaron consignas en las pare-
des: “Viva el EGP”, “Somos guerrilleros, somos sus amigos”. En una ocasión,
todavía en 1980, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) entró en Cuar-
to Pueblo, tomó el mercado y dio una charla política a la junta directiva.
En 1981 la guerrilla ajustició a dos comisionados militares de Cuarto
Pueblo
332
y en 1982 a un pastor evangélico.
333
La presencia del Ejército
El Ixcán comenzó un gradual proceso de militarización desde 1975,
año en el cual se producen las primeras acciones del EGP en la zona. Este
proceso desencadenó que el Ejército comenzara la persecución de la Igle-
98
330 Testigo directo CEH. “La mayoría son mam y q’anjob’al y nos tocó aprender de otras etnias. El enla-
ce de entendimiento fue el castellano. Todos teníamos que cooperar sin distinción de raza ni de color”.
331 Testigo directo (catequista) CEH. “Aquí se inició la división en la Cooperativa Ixcán Grande y se
aprovecharon de esta división en un principio los evangélicos y después los pentecostés”.
332 C 11240. Abril 1981, Ixcán, Quiché. C 11241. 1981, Ixcán, Quiché.
333 C 11580. Febrero 1982, Ixcán, Quiché.
sia Católica pues la identificaba con la guerrilla.
334
También en 1975 se
producen las desapariciones de varios catequistas.
335
En 1976 la Dirección General de Aeronáutica Civil retiró la licencia
para volar al padre Guillermo Woods, bajo el pretexto que había violado
el espacio aéreo mexicano.
336
Poco tiempo después le fue devuelta, pero el
20 de noviembre de 1976 este religioso fallecía cerca de San Juan Cotzal,
Quiché, al estrellarse la avioneta que pilotaba.
337
Ese mismo año el Ejército comenzó a jugar un papel más activo en las
cooperativas. Ofrecía vuelos en helicópteros y aviones Arava para trasladar
la carga y los enfermos en un intento por ganar el espacio dejado por la de-
saparición del padre Woods. Amplió la pista de aterrizaje de San Luis pa-
ra usar este lugar como el centro de operaciones en el área y reparó las pis-
tas de Xalbal y Cuarto Pueblo. La comunidad de Cuarto Pueblo aceptó sin
mayores problemas el apoyo del coronel Fernando Castillo, coordinador
del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), porque se veía como
algo beneficioso para el pueblo.
338
El Ejército llegó a tener presencia en las cinco cooperativas. El primer
destacamento militar fue ubicado en Xalbal, y se instalaron después los de
Mayalán, Pueblo Nuevo y Los Angeles. El pretexto para la ubicación de un
destacamento en Cuarto Pueblo fue brindar seguridad a los aviones y he-
licópteros, y se construyó en una loma al norte del centro, entre finales de
1980 y principios de 1981.
339
Pese a este intento del Ejército de tener injerencia en las cooperativas,
en 1982 la represión contra las comunidades del Ixcán adquiere carácter
masivo y forma parte de una política contrainsurgente que utiliza el exter-
99
334 Testigos directos (ex soldados) CEH. “Los oficiales decían que las cooperativas de Ixcán Grande y el
padre Guillermo Woods fueron de la guerrilla”.
335 C 11493. Julio, 1975, Ixcán, Quiché. C 11634. Junio, 1975, Ixcán, Quiché. C 925. Junio 1976,
Ixcán, Quiché.
336 Para varios declarantes ante la CEH, se trató de un acto administrativo manipulado por el Ejér-
cito.
337 Testigo directo (catequista) CEH. “... ya se oían las amenazas contra el padre Guillermo porque él
estaba haciendo todo el trabajo de la cooperativa en cuanto al asunto de la tierra junto con las direc-
tivas. Era quien asesoraba porque tenía claridad sobre los criterios para organizar la cooperativa. Se
oía fuera de Ixcán que todos los cooperativistas del padre Guillermo eran guerrilleros. El mismo ade-
lantaba que el Ejército lo estaba persiguiendo”.
338 El INACOP es un organismo nacional de promoción y apoyo al cooperativismo.
Testigo directo (miembro de la junta directiva de Pueblo Nuevo) CEH. “... el coronel Castillo era
un asesor de la cooperativa. Fuimos a hablar con él en 1981. Nos dijo: ‘Ustedes no van a negar que
en Ixcán hay guerrilla y ustedes están jodidos. Nada va a quedar neutral, siempre hay dos caminos, en
ustedes está la decisión. Yo sé cual es el buen camino pero ustedes deciden, pero ya están jodidos”.
“¿Dónde está el futuro?”, en AVANCSO, Cuadernos de Investigación, agosto de 1992, pg. 41. En
declaraciones posteriores del general Héctor Alejandro Gramajo Morales, Ministro de la Defen-
sa Nacional de 1987 a 1990, este militar afirmó: “Hemos llegado a la conclusión que eran pueblos
que vivían artificialmente, porque dependían del padre Woods, quien con su avión llevaba y sacaba
personas y alimentos de esas comunidades que ensayaban un nuevo tipo de vida. Ese ensayo del padre
Woods despertó los celos del gobierno de esa época y en un acto de demagogia política, empezó a llevar
en masa a los campesinos en avión y a sacar sus productos por vía aérea”.
339 Testigos directos Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95, “En el destacamento había
entre 100 y 300 soldados”.
minio y la destrucción de poblaciones enteras como arma para derrotar a
la guerrilla. Es dentro de esta estrategia, que se ha dado en llamar “política
de tierra arrasada”, que se produce la masacre de Cuarto Pueblo, con segu-
ridad la de mayor impacto en el Ixcán.
II. LOS HECHOS
La masacre del 30 de abril de 1981
en el centro urbano de Cuarto Pueblo
El 30 de abril de 1981, a las cinco de la mañana, la Columna 19 de
Enero del EGP atacó el destacamento militar de Cuarto Pueblo. El com-
bate duró unas dos horas y cuando todo hacía indicar que la posición cae-
ría en poder de la insurgencia, un avión militar comenzó a bombardear el
lugar y llegaron refuerzos. Murieron muchos soldados
340
y el destacamen-
to fue destruido casi por completo. Entre los atacantes cayeron dos guerri-
lleros, en tanto que ningún civil perdió la vida.
A las diez de la mañana el comisionado militar Santos Velásquez visi-
tó las casas y avisó a la gente que no fueran al centro de la comunidad por-
que un teniente del Ejército había dicho que iba a matar a cualquier per-
sona que entrara.
Poco después de este aviso y como reacción al ataque, los soldados
quemaron dos tiendas particulares, mataron a balazos a Marcos López Ba-
lán, detrás de su tienda en el centro urbano y llevaron su cadáver al desta-
camento. Elementos de la tropa detuvieron a continuación a los miembros
de la junta directiva de la cooperativa, a los integrantes de su junta de vi-
gilancia, a un promotor de salud, a un maestro de la escuela primaria y al
trabajador de la secadora, y los condujeron al destacamento.
341
El propio
oficial visitó la casa de una víctima para decirle a su familia: “Que hay mu-
chos que son cristianos pero que son puros guerrilleros”.
342
El 3 de mayo el teniente volvió a pasar por otras casas, y obligó a unos
30 hombres a recoger algunos cadáveres en el destacamento; entre éstos se
encontraban algunos de los que, dos días antes, habían sido detenidos. Allí
encontraron a dos de los muertos vestidos con uniformes verde olivo. Los
100
340 Mario Payeras, El trueno en la ciudad, Juan Pablos Editor, México (1987), pg. 17, “Durante el
cruento ataque, en efecto, nuestras fuerzas le ocasionaron a la tropa enemiga sitiada cerca de cien
bajas”.
Testigo directo CEH. Según este testigo, murieron aproximadamente 150 soldados.
Ricardo Falla, Masacres de la Selva, Editorial Estudiantil Fénix, Guatemala (1997), pgs. 38-39,
indica que la guerrilla causó 130 bajas al Ejército, entre muertos y heridos, y que los muertos fue-
ron “enterrados ocultamente por los soldados en dos grandes hoyos detrás de los destacamentos”.
Las cifras que se mencionan, sin embargo, no son confirmadas. Tampoco se cuenta con un infor-
me oficial de bajas elaborado por el Ejército.
341 Según los diferentes testimonios fueron capturadas entre 14 y 18 personas.
342 Testigo directo (familiar de la víctima) CEH.
soldados aseguraban que se trataba del comandante y del teniente de la
guerrilla, lo que confirmaba, según decían, que la cooperativa apoyaba la
insurgencia. Sin embargo, se trataba de los cuerpos de Catarino López Coj
y Marcos Balán, pobladores de Cuarto Pueblo, el segundo de ellos asesina-
do por los propios soldados en su tienda el 1 de mayo. Los 30 hombres tu-
vieron miedo de tocar los cadáveres y los dejaron en el destacamento, lle-
vándose sólo los cuerpos del trabajador de la secadora y del maestro, a
quienes enterraron en el cementerio de Cuarto Pueblo. Una señora que fue
a reclamar a su esposo en el destacamento vio otro cadáver. Los cuerpos de
los demás prisioneros nunca fueron encontrados.
343
Control de la zona y salida del Ejército
Desde el ataque guerrillero el Ejército aumentó el control sobre la po-
blación e intentó que los socios residieran en el centro de la comunidad y
no en sus parcelas: la medida fue rechazada. En ese lugar, en definitiva, só-
lo se encontraban establecidas las personas que tenían una tienda o reali-
zaban tareas de vigilancia.
Al mismo tiempo, el Ejército proveía de productos alimenticios a la
comunidad y “eso fue uno de los motivos por el cual la gente no desconfió y no
tenía motivo para irse del lugar”.
344
En noviembre de 1981 los soldados convocaron una reunión con la
comunidad, “en la cual dijeron que iban a ir a Quiché y que regresarían den-
tro de un mes, pues estaba en problemas ese departamento”.
345
Desmantelaron
el destacamento y se retiraron de Cuarto Pueblo, para regresar cuatro me-
ses después.
346
Tras la salida del Ejército de la región, los guerrilleros sembraron postes
y plátanos en la pista de aterrizaje para que no aterrizasen los aviones mili-
tares, prepararon algunas trampas de un metro de profundidad en las que
dispusieron estacas afiladas. Sin embargo, según un miembro del EGP, los
combatientes no tenían las armas suficientes para contrarrestar un posible
enfrentamiento con el Ejército. Sólo poseían “unos tristes rifles, a veces esco-
petas”
347
y por eso la insurgencia orientó a la población para que guardara
la comida en el monte, ante la eventualidad de tener que refugiarse allí.
101
343 Aunque no hallaron los cadáveres de las demás víctimas, hay unanimidad entre los declarantes
ante la CEH en afirmar que todos los desaparecidos fueron asesinados en el destacamento. Sin
embargo, para Ricardo Falla, algunos miembros de la junta directiva “fueron sacados en helicópte-
ro, probablemente a Playa Grande y desaparecidos, y otros fueron torturados y asesinatos en el destaca-
mento”. Ricardo Falla, Masacres de la Selva, Editorial Estudiantil Fénix, Guatemala (1997), pg.
39.
Los testimonios de la CEH confirmaron nueve de estos nombres; las declaraciones ante el Minis-
terio Público, uno; las entrevistas del Equipo de Antropología Forense de Guatemala (EAFG),
once. En total once de los quince nombres fueron confirmados por los testimonios.
344 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
345 Ibid.
346 Testigo directo (alto mando del Ejército de Guatemala) CEH. “El 12 de noviembre de 1981 el
Ejército sacó a todas sus unidades [de Ixcán] y las trajo para Chimaltenango ... Sólo quedó el destaca-
mento de Playa Grande”.
347 Testigo directo (miembro del EGP en la época de los hechos) CEH.
La masacre del 14 de marzo de 1982
en el centro Nueva Concepción de Cuarto Pueblo
El 13 de marzo el Ejército regresó. Desde el polígono 14 y por la mon-
taña, un grupo de soldados cruzó el río Xaelbal a las cinco de la tarde y en-
tró por la frontera de México en la región de Ixcán Grande, para acampar
a la orilla del río.
348
A las seis de la mañana del día siguiente empezaron a movilizarse: lle-
garon una hora después al Centro Nueva Concepción, situado al noreste
del centro urbano de Cuarto Pueblo. En el hogar de Francisco “Chico” Ra-
mírez Vargas, un animador de la fe de la Iglesia Católica, los soldados arro-
jaron vivos a todos los componentes de la familia al fuego de la casa, a la
que antes habían incendiado. Sólo uno de los hijos de Ramírez, de nueve
años, logró escapar.
349
Los demás miembros de la familia murieron entre
las llamas.
Varias familias fueron “a buscar aviso”
350
a la casa de Martín Ramírez y
Ramírez, un líder del centro. Sin embargo, los soldados se encontraron con
ellas y fueron juntando a la gente para matarla y quemarla. “Pude observar,
102
348 Testigo directo CEH. Según este testigo, los soldados acamparon en su parcela, comiendo su
maíz. Al descubriros, decide refugiarse con su familia en un bordo cercano. Cuando regresa para
buscar comida, ve a los soldados entrar a la casa y quemarla junto con la milpa.
349 Testigo directo CEH.
Ricardo Falla, Masacres de la Selva, Editorial Estudiantil Fénix, Guatemala (1997), pg. 74.
350 Expresión utilizada para indicar que fueron a preguntar qué estaba pasando, en este caso a la ca-
sa de un antiguo miembro del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) que había prestado
servicio militar.
como a una distancia de 50 metros, cómo mataron a don Hermelindo atra-
vesándole un machete a un costado del cuello saliéndole por el estómago, sen-
tado en una fogata y ahí quedó muerto”.
351
Los sobrevivientes huyeron a la
montaña.
Los testigos de la incursión de los soldados informaron a las demás
personas que el Ejército estaba en la frontera. “Hay gente que decía que vie-
nen los soldados por la frontera, pero no nos asustemos. No hacen nada con no-
sotros”.
352
Los soldados permanecieron en el Centro Nueva Concepción duran-
te casi dos horas. Quemaron siete casas, con sus milpas, y mataron a cin-
co familias enteras,
353
a machetazos y prendiéndoles fuego, sin realizar nin-
gún disparo. “Si hay una balacera en Nueva Concepción se escucha en Cuar-
to Pueblo, pero no hubo”.
354
De Nueva Concepción los soldados caminaron al centro de Cuarto
Pueblo y algunos niños fueron a dar la noticia a los habitantes del Centro
San Luis, que quedaba al lado de Nueva Concepción, mientras que un tes-
tigo fue a advertir a los demás pobladores de Cuarto Pueblo; pero en ge-
neral no se prestó mucha atención al aviso.
355
El comisionado militar, San-
tos Velásquez, estaba en el mercado y dijo: “Si vienen los soldados, voy ha-
blar con ellos, no hay pena”.
356
La masacre en el centro urbano de Cuarto Pueblo
Domingo 14 de marzo de 1982
Muchos habitantes de Cuarto Pueblo, de Pueblo Nuevo y de los An-
geles se habían reunido en el centro de Cuarto Pueblo porque era un día
de mercado, mientras que otros llegaron para asistir a los oficios religio-
sos.
A las nueve de la mañana un helicóptero civil de color blanco y azul,
procedente quizá de Playa Grande, efectuó dos vueltas sobre la comunidad
y se retiró. Una hora después, los efectivos del Ejército rodearon Cuarto
Pueblo por las lomas que hay alrededor del centro, desde donde comenza-
ron a disparar. Había dos grupos de militares: uno que llegó por el cami-
103
351 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
352 Testigo directo CEH.
353 La CEH ha confirmado los nombres de 14 víctimas, el Ministerio Público tres y el Equipo de
Antropología Forense de Guatemala (EAFG) otros 12. Ricardo Falla, Masacres de la Selva, Edito-
rial Estudiantil Fénix, Guatemala (1997), afirma, sin embargo, que en estos hechos murieron 38
personas.
354 Testigo directo CEH.
355 Testigo directo CEH. “Hubo aviso con algunos que venía el Ejército pero no se hizo mucho caso”.
Testigo directo CEH. “Nadie creía que van a matar a la gente”.
356 Testigo directo CEH.
no del cementerio y de la escuela y el otro por el campo donde estaba la
pista de aterrizaje. Los soldados bajaron desde las lomas disparando y gri-
tando: “¡Pinches guerrilleros, no corran, párense como hombres. Hijo puta gue-
rrillero, párense cabrón!”
357
La gente se asustó y empezó a correr en todas
direcciones.
El comisionado militar Santos Velásquez avisó a la gente que no co-
rriera, porque era delito, y muchos confiaron en él. Se dirigió desde la pla-
za central del mercado a la pista, se detuvo sobre una piedra y dirigió un
saludo militar a los soldados.
358
Dijo: “Nosotros, compañeros, hicimos reu-
nión cada 15 días con ustedes. Yo soy comisionado”.
359
Pero los soldados, sin
darle ninguna respuesta, le dispararon al pecho y murió en el acto. Un mi-
litar que tenía radio dijo: “¿Con este payaso, uno hace reunión?”
360
Un sobreviviente recuerda: “Yo estaba caminando hacia el mercado con
mi mamá y mi sobrino … [cuando] topamos con una señora quien nos infor-
mó que el Ejército estaba matando a la gente. Mi mamá me explicó que ‘no
debemos tener miedo, porque trajimos nuestros papeles’. Con estas últimas pa-
labras, mi mamá fue baleada en la espalda y se murió”.
361
La gente se dispersó para huir. Algunos trataron de salir por la pista o
subir la loma, pero los soldados les dispararon indiscriminadamente. La ma-
yoría de los que lograron escapar huyeron por la parte sur y oeste del cen-
tro, antes que llegara la segunda patrulla de soldados. Un señor que trató de
entrar en una tienda no pudo porque ya estaba llena de gente y decidió huir
en su caballo. El caballo fue herido por las balas y cayó, pero su dueño lo-
gró escapar corriendo. Las personas que corrían a refugiarse en la clínica que
quedaba más alta que el centro fueron asesinadas por los militares que les
disparaban desde abajo, mientras otro grupo de soldados ya había llegado a
la parte superior de la loma. “Me di cuenta que en el lugar en donde caían las
personas se veía una gran humazón, por lo que considero que era en donde pe-
gaban las balas, y por la cantidad de ellas que fueron disparadas”.
362
Un número significativo de vecinos se refugió en el centro. Las tropas
rodearon la capilla evangélica, las tiendas del mercado, la tienda de la coo-
perativa y sus bodegas, la clínica de salud y la casa social. Dispararon con-
tra la gente enfrente de la letrina del centro de capacitación. Muchas per-
sonas murieron cerca de las aulas de la escuela.
La capilla evangélica estaba llena de feligreses. Lloraban pero no po-
dían salir porque los soldados habían bloqueado la puerta. “Un grupo de
personas del Ejército se encontraba rodeando el templo evangélico y los que que-
104
357 Testigo directo CEH.
358 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, expediente 1370-95.
359 Testigo directo CEH.
360 Ibid.
361 Ibid.
362 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, expediente 1370-95.
rían escapar los mataban y muertos los tiraban adentro del mencionado tem-
plo”.
363
El hermano predicador dijo: “Seguimos a Cristo, hermanos, vamos
con él, vamos a ir donde vive el Cristo”.
364
Alrededor de 70 personas estaban en una celebración en la casa social,
que servía como templo católico mientras se terminaba de construir otra
iglesia. Ellos no corrieron porque los catequistas dijeron a los fieles que no
debían asustarse, que “no va a pasar nada…”
366
La persona que dirigía la
celebración les invitó a arrodillarse y orar a Dios. Levantando sus manos,
decían: “¡Vamos ir a Dios. Ya viene Satanás. Aleluya hermanos, vamos a vivir
con Él!”
367
Gritaron cuando ya no podían salir porque estaban rodeados, y
las mujeres y los niños empezaron a llorar. Cuando los soldados entraron
en la casa social, los carismáticos dijeron: “No estamos haciendo nada, esta-
mos orando a Dios. Queremos ir a donde vive Dios, que está preparando nues-
tro lugar”.
368
Los soldados rieron y respondieron disparando. Todos los que estaban
en la casa social murieron.
105
365
363 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, expediente 1370-95.
364 Testigo directo CEH. El testigo estaba en el centro cuando llegaron los soldados. En principio
huyó pero después regresó para recoger su carga y cuando estaba de nuevo en el centro una bala
le atravesó la playera sin herirlo. Para salvar su vida se tiró al suelo haciéndose el muerto en me-
dio de los fallecidos.
365 Mapa elaborado sobre los datos aportados en: Ricardo Falla, Masacres en la Selva, Editorial Estu-
diantil Fénix, Guatemala (1997), pg. 87.
366 Testigo directo CEH.
367 Ibid.
368 Ibid.
Después concentraron en el centro de la comunidad a todos los pri-
sioneros y un oficial dijo: “Hay que repartir a la gente, aparte las mujeres,
aparte los hombres”.
369
“Seleccionaron a los ancianos, a quienes les dieron
muerte en el mismo lugar y llevándose a las mujeres en donde las tuvieron en
la escuela … dejando sólo a los jóvenes, hombres y niños a los que los obliga-
ron a trabajar limpiando la pista”.
370
Los soldados obligaron a cavar algunas
zanjas cerca de la tienda de la cooperativa a un grupo de unos 30 hombres,
donde después lanzarían a los muertos, y les ordenaron que recogiesen pa-
los, para ponerlos alrededor de la tienda de la cooperativa y la clínica para
quemar los cadáveres.
Formaron dos grupos con las mujeres: uno de ellos, compuesto por las
madres y sus hijos, fue encerrado en la escuela. “Las iban a usar en la no-
che”.
371
Al otro grupo, de 12 mujeres, lo dividieron en seis pares. Cada par
tenía que quedarse con cinco soldados en cada uno de los seis puestos de
vigilancia que había en los caminos de acceso al centro de Cuarto Pueblo.
Los soldados también llevaron otros dos grupos de personas: uno al
bordo cercano a la casa social, y otro a donde se encontraban la secadora y
la escuela; dispararon contra el primero. Un soldado dijo: “Vamos a matar-
los, acabar, no podemos dejar a un guerrillero, si no va a chingar a nosotros
más después”,
372
y otro llamó por la radio diciendo: “Queremos bastante ga-
solina para quemar la guerrilla. Ya logramos la guerrilla. La guerrilla se que-
dó. En esta zona ya no va haber nada”.
373
Le contestaron: “El señor coman-
dante va a mandar gasolina, al ratito llega”,
374
y en la tarde aterrizó un heli-
cóptero en la loma transportando el combustible. Los soldados atraparon
a algunos jóvenes, y los condujeron al destacamento de Playa Grande,
donde los sometieron a tortura. Además, se apoderaron de toda la mercan-
cía de las tiendas, incluso se llevaron las tablas, y la pusieron en costales que
durante los siguientes días cargaron en varios helicópteros.
A lo largo de todo el día los soldados siguieron torturando y matando
a niños, mujeres y hombres. Utilizaban diferentes métodos. Primero sepa-
raron a los niños de sus madres, incluso a los que estaban mamando, y “les
quebraron su cabeza”.
375
A muchas mujeres capturadas, las violaron.
106
369 Ibid.
370 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
371 Testigo directo CEH. La expresión significa que iban a ser violadas. El mismo testigo escuchó al
oficial decir a los soldados: “No las queremos mucho porque son las novias de la guerrilla. No pode-
mos casarnos con ellas”.
372 Testigo directo CEH.
373 Ibid.
374 Ibid.
375 Ibid.
Testigo de referencia CEH. “Conocí a un soldado que participó en la masacre de Cuarto Pueblo ...
Me contó que hubo una matanza grande ... Cuando los niños veían caer a sus padres, salían huyendo
y había un soldado detrás de la pared y con un machete les cortaba el cuello según pasaban”.
Los pobladores heridos fueron rematados. “Déle, déle al pinche guerri-
llero”,
376
decían los militares. Ninguno quedó con vida. Los soldados arro-
jaron los cadáveres en los hoyos, echaron leña y gasolina y les prendieron
fuego, mientras que otros cuerpos eran quemados en el mismo lugar don-
de se encontraban.
Alrededor de las siete de la tarde ya no se escuchaban ruidos. En la no-
che se vieron grandes fogatas en tres lugares: cerca de la tienda, en el co-
medor del mercado y en la clínica.
377
Los soldados habían colocado bastan-
te gasolina y madera, “para que se quede bien quemado el hueso de la guerri-
lla. Ya toda la guerrilla se quedó aquí”,
378
dijeron los militares. Toda la no-
che hubo humo y se sintió olor a carne quemada.
Lunes 15 de marzo de 1982
Al día siguiente pudo verse un gran humo negro hasta el mediodía.
Los soldados seguían incendiando las casas y matando a la gente. Entre las
nueve y media y las diez de la mañana los elementos de la tropa quemaron
la capilla evangélica, con la gente dentro.
“Mataron a los jóvenes a punta de machete y a golpes. Sólo escuchaba los
lamentos y gritos de niños a los que quemaron vivos juntamente con los jóve-
nes hombres”.
379
Encerraron a la gente en la antigua cárcel y en la casa del
juzgado. Los soldados continuaron el saqueo; llevaban las pertenencias de
la comunidad a la pista de aterrizaje para trasladarlas en helicóptero. Des-
pués, el Ejército prendió fuego a todo el mercado.
Terminaron de matar a las mujeres embarazadas y a las ancianas: só-
lo sobrevivieron las jóvenes.
380
A las diez de la mañana el oficial dijo: “Me-
jor repartir a las mujeres, una para cada dos soldados. Estas mujeres van a ha-
cer la comida y las demás es para aprovechar. Quince días vamos a estar aquí
y estos quince días vamos a usarlas.
381
Y si ustedes tienen paciencia, no van a
cansar”.
382
107
376 Testigo directo CEH.
377 El EAFG realizó excavaciones en los sitios que en otro tiempo ocuparon la escuela, el mercado,
la capilla evangélica y la clínica. En sus conclusiones precisa que “la evidencia recolectada en los si-
tios mencionados mostraba la polifragmentación y carbonización de todos los restos óseos recuperados,
prueba de la exposición de estos a altas temperaturas por espacios de tiempo prolongados. Así lo demues-
tran también otros objetos recuperados al mismo tiempo y los cuales se encontraban entremezclados con
los restos óseos, tal es el caso de los objetos de metal y fragmentos de vidrio fundido”.
378 Testigo directo CEH.
379 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
380 Testigo directo CEH. Respecto de las mujeres mayores, el mismo testigo recuerda que los solda-
dos dijeron: “Ya son huesos, no puedo usar ... hay que acabar”.
381 “Usar” corresponde a “violar sexualmente”.
382 Testigo directo CEH.
“Había turnos para mantener cada mujer a cinco soldados, para usar,
no para cocinar. ‘Usted quiere usar una, te vas donde están los solda-
dos’, así decían. Después de que la usaban, regresaban a sus puestos sin
tocarlas más. El teniente les dio la orden: ‘Si ya tocaste hoy, ya no vas
a tocar mañana, porque no hay bastante’ dijo él”.
383
Martes 16 de marzo de 1982
El martes 16 permanecían aún algunas personas encerradas en la casa
de los alcaldes auxiliares. A las nueve de la mañana los soldados sacaron a
los hombres jóvenes, uno por uno, con las manos amarradas, y les llevaron
hasta la casa que estaba a la par de la secadora de cardamomo, donde los
apalearon hasta darles muerte. Muchos soldados gritaban y cantaban.
También había personas encerradas en la bodega. Los soldados les sa-
caron uno por uno, les llevaron a donde había una fosa y les pegaron has-
ta que murieron. Golpearon a los niños contra un horcón “agarrándolos de
los pies, sacudiéndolos contra el horcón, golpeándoles la cabeza. A las mujeres
las llevaron a cargar agua del río y después las dispersaron y las violaron”.
384
De nuevo llegó el helicóptero para sacar los costales de cardamomo y
todo lo que había sido encontrado en la clínica y en la tienda de la coope-
rativa. También mataron el ganado y los guajolotes,
385
y llevaron la carne a
Playa Grande.
Al tercer día de la masacre terminaron de quemar a casi toda la gente.
“Los habían matado a todos … a las pocas horas vi la gran humazón y luego
se sintió el olor a carne quemada”.
386
Todo el cielo se cubrió de humo, “como
una gran nube”.
387
Los soldados seguían con sus comentarios:
“Ya se fueron a México, hay que traerlos, esos pinches guerrilleros. Ve-
nimos para acabar con las cinco cooperativas de guerrilleros. Tenemos
un plan, hicimos una reunión en Guatemala con todos los coman-
dantes del país sobre las cinco cooperativas de guerrilleros. Tenemos
primero que acabar con estas cooperativas de guerrilleros y con toda la
frontera tenemos que acabar”.
388
Querían exterminar a toda la gente.
389
108
383 Testigo directo CEH.
384 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
385 Especie de pavo.
386 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
387 Testigo directo (sobreviviente) CEH.
388 Testigo directo CEH.
389 Ibid.
Testigo directo CEH. Este testigo trabajó muy próximo al Ejército en Ixcán, “muchas comunida-
des eran campesinos de día y guerrilleros de noche ... buena onda de día y de noche combatientes. En
Ixcán no viven aislados y sobrevivir [la guerrilla] en la selva era imposible. Había grupos en la selva
pero la mayoría vivía con su familia y era donde el Ejército entraba en psicosis y comenzaba a matar
a todo el mundo y mataban a toda la familia porque si uno quedaba era lógico lo que iba a pasar”.
Miércoles 17 de marzo de 1982 y días siguientes
390
Hasta el final los soldados conservaron vivas a algunas mujeres para
que cocinaran; todavía el miércoles podía verse humo salir de las casas que
fueron incendiadas y aún se oían los gritos de las víctimas. Durante sus úl-
timos días en Cuarto Pueblo, los soldados siguieron robando los produc-
tos de la comunidad y prendiendo fuego a las casas y la escuela, con la gen-
te adentro.
La CEH logró identificar a 166 víctimas entre hombres, mujeres, ni-
ños y ancianos. Asimismo estableció que las víctimas de las tres masacres
fueron en total más de 400 personas.
391
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El Ejército abandonó Cuarto Pueblo entre el 23 y el 25 de marzo de
1982 y sólo entonces algunos moradores sobrevivientes regresaron a la co-
munidad para constatar lo que había sucedido. “Sólo quedaban cenizas y
huesos”.
392
“Regresé a Cuarto Pueblo y en la fosa que estaba al lado del come-
dor encontré el huipil de mi esposa”.
393
En la capilla evangélica sólo encontraron huesos, muchos cabellos lar-
gos de mujeres y aretes. Había un gran hoyo debajo de la escuela, que ha-
bía sido incendiada y en el interior hallaron pedazos de ropa de mujeres y
hombres, restos de huesos, collares y aretes. En la clínica aparecían huesos
pequeños de niños, del mercado sólo quedaban cenizas. “Ya estaba todo
quemado, donde pasa el Ejército todo está quemado”.
394
La noticia de la masacre se difundió con gran rapidez por todo Ixcán.
A partir de este momento ya nadie dudaría de las intenciones del Ejército
cuando éste se aproximara a las comunidades de Ixcán Grande. Se estable-
cieron sistemas de vigilancia y, ante el aviso de su presencia, la población
emprendería la fuga. Las muestras de confianza en el Ejército que algunos
vecinos todavía sentían, por las acciones cívicas que había desarrollado y su
apoyo a las cooperativas, desaparecen por completo.
Después de la masacre la gente se dispersó y poco a poco se fueron con-
centrando las familias: unas se refugiaron en la montaña y otras en México.
109
390 La fecha precisa del fin de la masacre no está confirmada, tampoco lo está la fecha exacta de la
salida del Ejército del centro. Según varios testigos que declararon ante la CEH los soldados es-
tuvieron en el lugar más de una semana.
391 Ricardo Falla reporta 324 personas muertas o desaparecidas. Además de estas víctimas, los testi-
monios ante la CEH aportaron 54 nuevos nombres, los declarantes ante el Ministerio Público
añaden otros 17 y las entrevistas del EAFG incorporan otras 53 víctimas.
392 Testigo directo CEH.
393 Testigo directo Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
394 Testigo directo CEH. Este testigo acudió a Cuarto Pueblo poco después de la salida de los solda-
dos.
Con el paso del tiempo los sobrevivientes de Cuarto Pueblo y de otras
comunidades que también fueron destruidas por el Ejército, que se habían
refugiado en las selvas más profundas de Ixcán, se fueron juntando para
dar origen a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), en di-
ciembre de 1983. Por su parte, el Ejército continuó patrullando por esta
región, siguiendo las huellas de los pobladores.
Entre 1983 y 1986 los soldados destruyeron por sistema todos los cul-
tivos, así como los campamentos de la gente. Muchas personas murieron
por el hambre y las enfermedades. Los que no soportaron la vida en la sel-
va huyeron a México.
Entre 1986 y 1987 el Ejército ejecutó la Ofensiva de Fin de Año. Du-
rante seis meses varios miles de soldados patrullaron el Ixcán y hubo bom-
bardeos contra las CPR, además de producirse importantes enfrentamien-
tos con la guerrilla.
Diez años después, en 1996, las CPR abandonaron los terrenos de la
Cooperativa Ixcán Grande para trasladarse a la finca San Isidro, en Alta Ve-
rapaz y crear la comunidad Primavera del Ixcán.
Muchos de los que se habían refugiado en México regresaron a Cuar-
to Pueblo entre el 1993 y el 1994, una vez que fue retirado el destacamen-
to militar,
395
mientras que otros decidieron no regresar, por el miedo.
El 24 de marzo de 1995 un grupo de socios, a través de la Coordina-
dora de Derechos Humanos del Ixcán (CORDHI), presentó una denun-
cia ante el Ministerio Público de Cobán por los cementerios clandestinos
que existían en Cuarto Pueblo y el 5 de junio de 1995 el Equipo de An-
tropología Forense de Guatemala (EAFG) inició las exhumaciones. Un
mes más tarde se presentó una denuncia ante MINUGUA por violaciones
al debido proceso en el caso. Al año siguiente se presentó otra denuncia por
igual motivo.
Durante 1996 y 1997, en cuatro ocasiones
396
el Ministerio Público so-
licitó información sobre la masacre a la zona militar 22 de Playa Grande y
al Ministerio de la Defensa Nacional, hasta que el 24 de junio de 1997 és-
te último respondió indicando que la “Zona Militar 22 Playa Grande, Ix-
cán, Quiché, fue fundada el 23 de marzo de 1983, según Acuerdo Guberna-
tivo No. 167-83; lo anterior imposibilita materialmente a este Despacho para
responder lo relacionado … ya que se refiere a una época en que la indicada
zona militar no existía”.
397
110
395 El destacamento militar permaneció en el centro de Cuarto Pueblo hasta abril de 1994.
396 Oficios de fecha 16 de octubre de 1996, 27 de noviembre de 1996, 26 de febrero de 1997 y 19
de junio de 1997.
397 Ministerio Público de Cobán, Expediente 1370-95.
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó comentarios sobre esta
masacre, entre otros casos, al ministro de la Defensa Nacional. El ministro
respondió el 5 de enero de 1998, inhibiéndose de realizar comentarios so-
bre el hecho.
398
El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH),
que asesora a los demandantes, ha solicitado repetidas veces la creación de
una fiscalía especial para exhumaciones, iniciativa que aún no se ha con-
cretado. A pesar de los esfuerzos realizados para que el proceso avance, en
la actualidad se encuentra paralizado en los tribunales.
Por su parte, la comunidad de Cuarto Pueblo está dividida. Existe un
importante grupo, próximo al Ejército y liderado por la junta directiva de
la cooperativa, que es de la opinión de no continuar con el proceso porque
esta acción podría, a su entender, perjudicar el desarrollo de la comunidad
y la aprobación de proyectos. Por otro lado, se encuentran los socios o fa-
miliares que impulsan el proceso. Debido a su postura, estos últimos han
sido amenazados con la expulsión del lugar. Esto fue constatado por los in-
vestigadores de la CEH.
IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes reunidos, la CEH ha llegado a la ple-
na convicción de que alrededor de 400 pobladores inermes de Cuarto Pue-
blo, entre ellos numerosas mujeres y niños, fueron ejecutados por miem-
bros del Ejército de Guatemala, violando su derecho a la vida, constituyen-
do ésta una de las masacres más numerosas del enfrentamiento armado in-
terno y una de las más graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la CEH llegó a la convicción de que hombres, mujeres y
niños sufrieron violaciones de su derecho a la integridad física y moral y
que un número alto de mujeres fueron objeto de repetidas violaciones se-
xuales. Todos estos actos fueron cometidos por los mismos agentes del Es-
tado.
La CEH considera este caso ilustrativo de las tácticas desarrolladas,
a comienzos de los años ochenta, por efectivos del Ejército en Ixcán. La
primera masacre del 30 de abril de 1981 es un ejemplo de represión se-
lectiva contra líderes comunitarios, mientras que los hechos ocurridos a
partir del 14 de marzo de 1982 muestran la aplicación de la denomina-
da “política de tierra arrasada”, concebida para el aniquilamiento de la po-
blación a la que consideraban potencial base social del movimiento gue-
rrillero.
111
398 Oficio No. 002-MDN-acom/98.
Del análisis de los mismos antecedentes, la CEH considera que efec-
tivos del Ejército cometieron actos de extrema crueldad que van más allá,
incluso, del objetivo criminal de eliminar, en todo o parte, a la población,
tales como la comisión sistemática de violaciones sexuales de mujeres, la
eliminación sistemática de niños, la destrucción total de la aldea y el inten-
to de hacer desaparecer, a través de la quema de los cadáveres, cualquier
evidencia de los hechos.
El desplazamiento provocado por la masacre y la constante persecu-
ción a que se vieron sometidas las personas que no huyeron a México,
agregó más penalidades a las personas que sobrevivieron.
Finalmente, el caso es ilustrativo de las carencias de la administración
de justicia así como las dificultades que ésta encuentra para lograr el casti-
go de los responsables, en particular por la negativa del Ejército de brindar
información sobre los hechos.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
112
Adelso Diaz Méndez
Adolfo Luz
Alberto Alvarado
Alberto Pérez
Alonso Ramírez Vargas
Alonso Ramírez
Ana Francisco
Andrés Diaz Ramírez
Andrés Domingo Pérez
Andrés Martín
Andrés Ramírez Diaz
Angel García Godínez
Angel Morales Velásquez
Angelina Ramírez Diaz
Angelina Vargas
Anita Vargas
Antonio Domingo
Antonio Francisco
Antonio Gaspar Ramon
Antonio Gómez
Antonio Jiménez Domingo
Baltazar Ramírez
Balvina Diaz Pérez
Bartolo Baltasar Diego
Bartolome Gaspar
Basilio Bravo
Benjamin Herrera
Catarina Baltasar
Catarina Mateo
Catarino López
Cecilio Domingo López
Comane Escalante Cesensa
Cristina Jacinto
Cristobal Tum
Diego Gaspar Francisco
Diego Tercero
Diego Tercero y Tercero
Diego de Diego Alvarado
Dirineo Geronimo
Dominga Antonio
Domingo Antonio
Domingo Miguel
Domingo Paiz Velásquez
Domingo Velásquez
Doroteo Jiménez
Eduardo Sub Choc
113
Efraín López
Elvia Gaspar
Emilio Sub Bolom
Eugenio de León López
Eulalia Baltasar
Eulalia Ramírez Vargas
Evaristo Sub Choc
Fabiana Joachim Andrés
Fabiana Vargas
Federico San
Felipe Fabian Mendoza
Felipe Sebastián Mateo
Felix Cumacxil Vargas
Francisco Baltasar Sebastián
Francisco Pérez Domingo
Francisco Vargas
Gaspar Aylom
Gaspar Cardona Camposeco
Gilberto Pérez
Gregorio Ramírez
Guadalupe López
Guillermo Diaz Domingo
Guillermo Diaz Méndez
Hugo González Tercero
Jairito Abel Figueroa Cruz
Javier Xol
Jesus Jiménez
Jesus Jiménez Pérez
Jesus Juan
José Manuel
Josefa Recinos
Juan Diaz
Juan Fabián Mendoza
Juan Hernández Monterroso
Juan Martín
Juana Calmo López
Juana Jiménez Domingo
Juana Matías García
Juana Miguel
Juana Vargas
Lorenzo Baltasar Sebastián
Lorenzo Francisco
Lorenzo Luz Ramírez
Lucia Mendoza Matías
Luis Mendoza Matías
Magdalena Domingo
Magdalena José Jiménez
Magdalena Ramírez
Magdalena Ramírez
Manuel López
Manuel Ramírez
Manuel Ramírez Vargas
Manuela Cardona
Marcelino Diego Gaspar
Marcelino Matías
Marcos Diaz
Marcos Diaz Pérez
Marcos López Balam
Margarita Diaz Domingo
Margarita Diaz Méndez
María Diaz Pérez
María Francisco
Martín Ramírez de Ramírez
Mateo Baltasar Sebastián
Mateo Juan
Mateo Tercero
Mateo Tercero y Tercero
Matilde Matías García
Merceda Gaspar
Nicolás Francisco
Nicolás Francisco Velásquez
Nicolás Juan Bartolomé
Ovidio Pérez
Pablo Cardona
Paolo Ramírez
Pascual López López
Paviana Mateo Juan
Pedro Domingo
Petrona Diaz Méndez
Petrona Domingo Méndez
Petrona Mateo Juan
Petrona Méndez Godínez
Rafael Crisanto Morales González
Ramona Silvestre Camposeco
114
Ramón Díaz Jiménez
Rigoberta García Calmo
XXX Ramírez González
José XXX
Rigoberto Pérez Ramos
Santiago Mendoza Matías
Santos Luis Velásquez
Sara Diego Gaspar
Sebastián Francisco
Sebastián Pablo
Sebastián Tomás Sebastián
Silveria Escalante García
XXX Marroquín Gaspar
Gémenis XXX
Hugo XXX
Eustacio XXX
Simeona Velásquez Rodríguez
Telesforo Pablo
Teresa Nicolás Miguel
Valentín Mendoza Matías
Vetilvina Figueroa Cruz
Viviana Baltasar
Viviano Casteñeda
XXX Ramírez
Desaparición forzada
Diego Marroquín
Jesús Marcos
José Antonio Hernández Bravo
Ovidio Pérez Ramos
Torturas, privación de libertad
Manuel Francisco Manuel
Otras violaciones
Mapolio Palacios Cario
María Pascual
XXX Pascual
Muertos por desplazamiento forzado
Betelvina Figueroa Cruz
Isaías Mendoza Pérez
Juana Jiménez José
Vicenta Mendoza Pérez
Víctimas colectivas/desconocidas: 254
I. ANTECEDENTES
La aldea de Acul se encuentra a una distancia aproximada de siete ki-
lómetros de la cabecera municipal de Nebaj, situada en un valle pronun-
ciado y fértil, en el departamento de Quiché. A principios de los años
ochenta unas 250 familias de origen maya ixil constituían la población de
Acul.
Hasta finales de los años setenta los habitantes de la comunidad se de-
dicaban con preferencia al cuidado de sus cultivos y animales de corral, ne-
cesarios para sobrevivir a diario.
La comunidad de Acul gozaba de un aceptable índice de vida, debido
en gran parte a la riqueza y fertilidad de la tierra de esa región: “En nues-
tras casas vivíamos así individuales, teníamos nuestros terrenos, bien bonito vi-
víamos, nuestros animales, en donde quiera estábamos”.
400
El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) por primera vez se presen-
tó en Acul en 1979 y, desde su llegada, enfocó sus esfuerzos en lograr la
aceptación y el reconocimiento del campesinado ixil, así como su integra-
ción en las estructuras de la guerrilla. El fin era construir una amplia base
social que permitiera impulsar su estrategia. De esta forma, se iniciaron los
primeros contactos entre la población y la guerrilla, en ese momento aún
muy selectivos: “La guerrilla entró y entonces … nos organizó, pero no éra-
mos todos nosotros los que aceptamos todo esto, sino que son unas personas, na-
da más, que querían apoyar, pero no todos”.
401
Caso ilustrativo No. 107
La masacre de la comunidad de Acul
“Empezamos salir de aquí, fue por el miedo
de la masacres que hicieron. Porque la pri-
mera vez que vino [el Ejército] pues, empe-
zaron a matar algunas personas … Nosotros
tuvimos que salir a refugiarnos un poquito,
algo retirado para que el Ejército no nos en-
contrara. Y cuando ellos vinieron, vinieron a
hacer esas matanzas … [y] dejaron dicho a
los señores ancianitos de que ‘va a llegar un
momento en que tengamos que venir aquí
porque todo la aldea de Acul es guerrillera y
por esa razón es de que los vamos a acabar a
todos”.
399
399 Testimonio colectivo (sobrevivientes de la masacre) CEH.
400 Testigo directo CEH.
401 Ibid.
Asimismo, el acercamiento de la insurgencia con la comunidad iba
acompañado de una labor de ideologización y propaganda: “Es necesario
que nosotros nos organicemos’, dice la guerrilla … Nos fuimos a reunir allá
arriba … teníamos un principio de que él nos pedía nuestros derechos que nos
han violado. Nunca nos han respetado los ricos nuestros derechos, nos han te-
nido de esclavos, pero ahora debemos organizarnos bien … Cada dos días hay
reunión con la guerrilla, cada dos días … entró la guerrilla”.
402
Además de los encuentros, la realización por la guerrilla de actos sim-
bólicos, como la colocación de banderas en los caminos, determinaba que
la presencia del EGP en Acul fuera evidente para el Ejército.
Por otro lado, a principios de los ochenta, tanto en Acul como en otros
lugares del área ixil se experimentó una proliferación de sectas religiosas
fundamentalistas. Esto condujo a la atomización de las comunidades reli-
giosas de la aldea y dividió a la población en dos segmentos religiosos en-
contrados. Muchas personas que no aceptaron involucrarse con la guerri-
lla se adscribieron a las sectas religiosas fundamentalistas: “Lo que nos pre-
dican es que si nosotros seguimos a Dios, pues a otra cosa no debemos seguir, o
sea que a un solo camino debemos estar … no nos íbamos a la reunión con la
guerrilla”.
403
En Acul tuvieron lugar hechos violentos, a consecuencia de la lucha
entre la guerrilla y el Ejército. Los declarantes de la comunidad ponen es-
pecial énfasis en la llegada en octubre de 1981 del Ejército a Acul, para per-
petrar una primera masacre contra la población, a raíz de la aparición de
rótulos de la guerrilla en los paredones y las casas de la aldea.
404
A partir de esa masacre se incrementó la desconfianza que los vecinos
de Acul sentían por el Ejército: algunos de ellos optaron por quedarse en
la aldea, tal y como lo habían ordenado los militares,
405
mientras que otros
decidieron refugiarse cuando estos llegaran de nuevo.
II. LOS HECHOS
El 22 de abril de 1982,
406
hacia las seis de la mañana, un número apro-
ximado de setenta efectivos del Ejército, procedentes del destacamento de
Nebaj, llegaron a la comunidad de Acul. Los soldados iban acompañados
por alrededor de 70 miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
116
402 Ibid.
403 Ibid.
404 C 15668. Octubre, 1981. Nebaj, Quiché.
405 Testigo directo CEH. El declarante así recuerda: “La primera vez vinieron [los soldados] a captu-
rar ... Después vinieron otra vez, nos dijeron que nosotros estemos ahí tranquilos”.
406 Testigo directo CEH.
de la misma cabecera municipal,
407
quienes eran dirigidos por sus coman-
dantes. Esa mañana les acompañaba también un hombre encapuchado
que con anterioridad había ido a delatar a las personas que colaboraban
con la guerrilla. Aunque tenía la cara cubierta, la población de Acul iden-
tificó al sujeto encapuchado, quien era un hombre de origen ixil de la co-
munidad vecina de Xexuxcab, Nebaj.
408
Antes de entrar en la comunidad,
los soldados cercaron Acul para controlar todas las vías de acceso.
409
Como todas las madrugadas, los pobladores de Acul se dirigían a tra-
bajar la milpa, sin sospechar lo que les esperaba. Tan pronto toparon con
el cerco militar fueron apresados: “Ya estaba rodeado de soldados. Ninguno
está ya pasando, y agarre, pasando y agarre … ninguno ya está saliendo a tra-
bajar … juntando, juntando, juntando”.
410
Sin embargo, se calcula que unos
150 hombres
411
lograron escapar y ocultarse en Batzbonoj, en las monta-
ñas al noroeste de la comunidad.
412
Durante varias horas, alrededor de 50 personas fueron detenidas por
los soldados en las afueras de la comunidad. Al mismo tiempo, algunos
efectivos del Ejército y de las PAC llegaron al centro de la comunidad, re-
visaron casa por casa y detuvieron a todos los hombres que encontraron en
el curso de la operación, jóvenes y ancianos. Los jóvenes fueron encerrados
en el templo católico y los ancianos en una casa junto a la escuela.
413
En el transcurso de la mañana los soldados y los patrulleros ejecutaron
a cinco de los hombres capturados en distintos puntos del cerco militar.
414
Luego, hacia las once de la mañana, ordenaron que los demás detenidos
bajasen al centro de Acul para cavar una fosa en el cementerio, pero antes
los llevaron con los otros detenidos que permanecían encerrados en la igle-
sia católica.
415
Allí los soldados los hostigaban y los acusaban en castellano, con algu-
nas intervenciones de los patrulleros que traducían al ixil: “Son guerrilleros,
todos [ustedes] son parejo”.
416
117
407 En el 1982 las Patrullas de Autodefensa Civil todavía no estaban oficialmente constituidas (14 de
abril de 1983), sin embargo, el sistema de las PAC surgió a finales de 1981, y en 1982 la partici-
pación de las patrullas en masacres y ejecuciones era un fenómeno consolidado en el departamen-
to de Quiché.
408 Testigo directo CEH.
409 Testigo directo CEH.
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Informe del peritaje antropológico fo-
rense del cementerio clandestino ubicado en Acul, Nebaj, Quiché, con referencia al despacho Penal
No. 888-97 Oficial 1, pg. 13.
410 Testigo directo CEH.
411 Testigo directo CEH. Son hombres solamente los que huyen. Por experiencia la población pen-
saba que sólo los varones corrían peligro.
412 Testigo directo CEH.
413 Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) Ob. Cit., pg. 52.
414 Testigo directo CEH.
415 Ibid.
416 Ibid.
Más tarde hicieron salir a los prisioneros de la iglesia. El delator se ha-
bía situado a la entrada y empezó a señalar a los prisioneros conforme los
veía: “sólo con la cabeza se movía, señalando a la gente … el que era culpable,
digamos, por ser guerrillero, le llamaban al infierno y otro al cielo, o sea que
dos cosas tenía nombradas, nada más. Uno, ‘esto al cielo’, decía, y otro que sa-
lía ‘ah, esto es para el infierno’, decía; y así tenía a la gente de saber, uno por
uno”.
417
De esta forma 18 personas fueron señaladas como colaboradoras
de la guerrilla. Los otros jóvenes fueron separados de ese grupo y concen-
trados en la escuela de la comunidad.
418
De los 18 señalados, los soldados apartaron a un joven predicador ixil,
Domingo Cedillo López, y lo amarraron a un ciprés que aún hoy perma-
nece frente a la iglesia. Delante de un gran número de pobladores Domin-
go fue atado al árbol de pies y manos y acusado de pertenecer a la guerri-
lla. Una vez sujeto, los soldados realizaron un simulacro de ejecución, dis-
parando varias veces alrededor del joven, pero sin herirle. “Después le dis-
pararon en su frente y de una vez se sacó su cabeza. Su cerebro se fue en el sue-
lo. Sólo fueron a recoger su cerebro, y lo amontonaron”.
419
Su cadáver estuvo
expuesto algunas horas ante la comunidad. El cuerpo fue recuperado por
sus familiares, para darle sepultura en el cementerio de la localidad.
Luego, los ancianos y un grupo de jóvenes más “ya estamos escarbando
el hoyo … nosotros no estábamos pensando si vamos a quedar vivos, nada. Es-
tamos asustados, ya no tenemos más fuerza … Se quedó la gente con miedo”.
420
Los soldados y los patrulleros civiles amarraron a los 17 hombres res-
tantes, poniéndoles sus manos detrás de las espaldas, y “los obligaron a po-
nerse sobre el piso, boca abajo. Los soldados los golpearon y patearon. Después
los cubrieron con tierra y hojas”.
421
Los soldados, entonces, llevaron a la igle-
sia a los jóvenes que habían sido concentrados en la escuela y “les ordena-
ron correr y saltar sobre el estrato de tierra y hojas [que cubrían los cuerpos
de otras personas]”.
422
Un testigo recuerda que, “…con hojas sobre ellos, no se
miraba que había gente abajo, y los soldados nos mandaban a saltar, brincar
y correr adentro. Tuvimos que hacer lo que decía el Ejército porque estamos
amenazados de muerte y estamos golpeados y torturados…”
423
Más tarde, los soldados y patrulleros civiles hicieron subir a los 17 pri-
sioneros a una cuesta de medio kilómetro que separaba la aldea de Acul del
cementerio de la comunidad. En ese punto, algunos de los prisioneros fue-
118
417 Ibid.
418 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 52.
419 Testigo directo CEH.
420 Ibid.
421 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 52.
422 Ibid. pg. 53.
423 Testigo directo Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 53.
ron puestos en fila frente a la fosa abierta y, en presencia de sus familiares,
fueron ejecutados a balazos.
424
Al recibir el impacto de los proyectiles, los
hombres caían dentro de la fosa. Si las víctimas no morían por los dispa-
ros, los soldados los remataban con sus cuchillos: “Sí … está vivo uno, ahí
[en el cuello y la nuca] meten el cuchillo; y ahí se muere pronto”.
425
A otros
los soldados los empujaron a la fosa y, una vez ahí, los acribillaron.
426
Concluida la masacre, los militares ordenaron que varios de los ancia-
nos fueran a buscar los cuerpos de los cinco hombres que habían sido ase-
sinados en las entradas de la comunidad, y los enterraron en una fosa cer-
cana a la que habían cavado para los restantes ejecutados.
Al mediodía los 23 cadáveres estaban sepultados y los soldados ya ha-
bían arrasado varias casas. Reunieron entonces a los sobrevivientes de Acul
y les advirtieron que esa noche habría soldados presentes en la comunidad.
Al día siguiente los hombres que habían sido concentrados frente a la igle-
sia católica tuvieron que presentarse en el destacamento militar de Nebaj.
La población recibió dos advertencias finales del Ejército: “Ustedes van a
patrullar o no van a patrullar’, nos dijo así con voz terrible, que nos asustó. ‘Si
ustedes no van a patrullar así les vamos a hacer como hicimos a estos guerrille-
ros”.
427
Además, “dejaron dicho a los señores ancianitos de que va a llegar un
momento en que tengamos que venir aquí porque toda la aldea de Acul es gue-
rrillera y por esa razón es de que los vamos a acabar a todos”.
428
El responsable de la masacre de Acul, que por mandato de las Partes
la CEH no puede individualizar, reconoció su intervención en la masacre
de Acul, así como su propósito de perpetuar la violencia en contra de la
población civil del área ixil. “…Mire … allá en Acul, ayer se mató un mon-
tón, digo, ayer los maté … si hay necesidad acabaré con medio pueblo para que
venga la paz a Nebaj…”
429
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Cuando se retiraron los soldados y los patrulleros civiles, los habitan-
tes de la comunidad decidieron marchar a la montaña. “Entonces así fue
pues, de que cuando nosotros comenzamos salir y empezamos a escondernos, y
agarramos nuestras maletas y nos fuimos pues, solamente nuestra chamarra y
un poquito de comida, y como teníamos también escondido el maíz, por la no-
119
424 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., con referencia la despacho penal
No. 888-97 Oficial 1, pg. 14.
425 Testigo directo CEH.
426 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., con referencia al despacho penal
888-97 Oficial 1, pg. 15.
427 Testigo directo CEH.
428 Ibid.
429 Testigo de referencia CEH. (T.C. 334).
che veníamos a traer nuestro maíz, así a escondidas en nuestros lugares donde
nosotros lo teníamos. Y así fueron los sufrimientos grandes y por esa razón es de
que hemos sufrido mucho y así fue la salida. Y también la guerrilla pues decía
que eran bien fuertes porque tenían que combatir con el Ejército, decían: ‘Bue-
no, mejor sálganse ustedes de sus casas y vamos a ir a hablar con ellos y a ver
quien gana’, decían ellos, porque se sentían muy fuertes”.
430
Dos semanas después de la masacre el Ejército quemó las casas y la
siembra.
431
“…Primero estábamos en nuestras casas en el día, dormimos en la
montaña en la noche. Después el Ejército quemó todo, entonces nos quedamos
en la montaña. No teníamos más a donde ir…”
432
Por tal motivo, los sobre-
vivientes vivieron en las montañas huyendo del terror del Ejército y sufrie-
ron penurias extremas causadas por los elementos naturales. Carecían de
protección, estaban sin comida y eran objeto de constantes ataques y bom-
bardeos del Ejército.
433
Como consecuencia de lo anterior, casi un tercio de
sobrevivientes de la masacre de Acul murió en las montañas.
434
En 1983 la comunidad de Acul se convirtió en una “aldea modelo”
435
“…Fue inaugurada en el mes de diciembre de 1983, convirtiéndose así en la
primera aldea modelo del polo de desarrollo proyectado por el Ejército en el
[área] Ixil. Los residentes provienen principalmente de las comunidades origi-
nales de Acul y Chuatuj y de otros 12 caseríos que estaban ligados a estas po-
blaciones”.
436
Del mismo modo “Acul fue la primera aldea modelo construida
y ha recibido la mayor atención nacional e internacional”.
437
No fue hasta el 4 de diciembre de 1997 que los familiares de las vícti-
mas y testigos de la masacre presentaron la denuncia correspondiente.
“Acudieron [los familiares] a la fiscal distrital del Ministerio Público de Ne-
baj, para denunciar por primera vez lo ocurrido en Acul y solicitar la investi-
gación del caso, incluyendo la investigación antropológico forense. Los denun-
120
430 Testigo directo CEH.
431 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 57.
432 Testigo directo Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 57, con referen-
cia al despacho penal No. 888-97 oficial 1°, Guatemala, abril 1998, pg. 142, en el párrafo “con-
clusiones” se confirma que “la presencia de escombros de antiguas estructuras quemadas, es consisten-
te con el testimonio que indica que la aldea fue destruida”.
433 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., con referencia al despacho penal
888-97 oficial 1, pg. 15.
434 Ibid.
435 Véase Capitulo segundo, Desplazamiento Forzado.
Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., con referencia al Despacho Penal
No. 888-97 Oficial 1, pg. 16.
436 Beatriz Manz, Guatemala: cambios en la comunidad, desplazamientos y repatriación (1986), pg.
179.
437 CEIDEC, Polos de Desarrollo, (México,1990), pg. 32.
ciantes fueron acompañados por el procurador auxiliar de los Derechos Huma-
nos de Nebaj, licenciado Ricardo Rodríguez. Se constituyeron como querellan-
tes adhesivos representantes de las organizaciones indígenas locales Defensoría
Maya y Comité de Desarraigados”.
438
El mismo día, el Ministerio Público de Nebaj abrió un caso referente
a esta masacre, con el número 888/97.
Del 9 de diciembre de 1997 al 17 de abril de 1998 la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala realizó en el cementerio de Acul las
exhumaciones solicitadas. Como fruto de tales exhumaciones, quedó con-
firmada la existencia de dos fosas: una con 18 y otra con cinco víctimas.
439
De acuerdo con los estudios de las osamentas realizados, el “análisis del crá-
neo, incluyendo el examen de placas de rayos X, ha revelado que de las veinti-
trés osamentas, veintidós (96%) presentan evidencia de herida de proyectil de
arma de fuego”.
440
Por lo tanto, se confirmó que la muerte de 22 de las 23
víctimas fue provocada por heridas de arma de fuego de alta velocidad
(HPAF) y que “las municiones utilizadas fueron de 5.56 x 45 milímetros, las
cuales son aceptadas por fusiles de asalto”.
441
Después de la exhumación, el proceso judicial iniciado no aportó nue-
vos elementos a la investigación.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes del caso, llegó a la convicción de
que oficiales y soldados del Ejército de Guatemala y miembros de las Pa-
trullas de Autodefensa Civil ejecutaron a 25 pobladores inermes de la al-
dea Acul,
442
entre ellos dos niños, generando el hecho la responsabilidad
del Estado por esta grave violación al derecho a la vida.
La colaboración que la población pudo haber brindado a la guerrilla
no otorga justificación alguna, de tipo jurídico o ético, al crimen.
La CEH considera asimismo que los militares y patrulleros responsa-
bles de la masacre actuaron con extrema alevosía, obligando a la población
civil a presenciar y participar en actos de violencia en contra de su propia
comunidad y sus mismos familiares.
121
438 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Informe del peritaje antropológico forense del
cementerio clandestino ubicado en Acul, Nebaj, Quiché, con referencia al despacho penal n. 888-
97 oficial 1°, Guatemala, abril 1998, pg. 1.
439 Ibid, pgs. 22-37.
440 Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Ob. Cit., pg. 75.
441 Ibid. pg. 72.
442 No obstante el informe forense señala la existencia de 23 víctimas, la CEH ha podido identificar
a dos víctimas más, por lo que el número total de víctimas ascendería a 25.
La actuación del Ejército provocó un indeleble impacto en la comuni-
dad y enfrentó a sus habitantes, provocando que durante años el miedo
por la represión constante sea parte de la vida cotidiana de los pobladores.
La CEH considera que el presente caso es ilustrativo de la aplicación
de la política de “tierra arrasada” en el área Ixil por parte de las Fuerzas Ar-
madas del Estado, concebida para el aniquilamiento de todas las poblacio-
nes consideradas afines a la guerrilla, la destrucción de todos sus cultivos y
bienes, provocando el exterminio casi total de comunidades indefensas.
Esta convicción encuentra su confirmación en un informe de la CIA que
afirma textualmente: “A mediados de febrero de 1982 el Ejército de Guate-
mala reforzó su fuerza existente en la parte central del Departamento de Qui-
ché y lanzó una operación para barrer el triángulo Ixil. Los oficiales de man-
do de las unidades involucradas han sido instruidos para destruir todos los pue-
blos y aldeas que cooperan con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eli-
minar todas fuentes de resistencia”.
443
La masividad y reiteración de actos co-
mo el estudiado en contra de la población de origen Ixil le dan al mismo
características genocidas.
444
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
122
443 CI 92.
CIA, Informe a Departamento de Estado y al Departamento de Defensa de Estados Unidos, G5-
41, Febrero, 1982, Pq. 12-41. “In Mid-February 1982 the Guatemalan army reinforced its existing
force in the central El Quiche Department and launched a sweep operation into the Ixil triangle. The
commanding officers in the units involved have been instructed to destroy all towns and villages which
are cooperating with the Guerrilla Army of the Poor (EGP) and eliminate all sources of resistance”.
444 Véase capítulo segundo, Genocidio.
Andrés Brito
Andrés Brito
Andrés Brito de León
Antonio Brito
Antonio Cobo Cobo
Antonio Santiago Cobo
Diego Cobo Avilés
Diego Hernández Baca
Diego Raymundo
Diego Raymundo de León
Diego Sánchez Raymundo
Diego de León Marcos
Francisco de Paz Raymundo
Gaspar Raymundo
Jacinto Brito Brito
José Raymundo
Mateo Maton Raymundo
Miguel Meléndez
Nicolás Ceto Cobo
Nicolás Gusaro
Pedro Cedillo Cedillo
Pedro Marcos Bernal
Pedro Solís de León
Miguel Raymundo
Ejecución arbitraria, tortura
Domingo Cedillo López
I. ANTECEDENTES
La aldea de Paquix, municipio de Sacapulas, departamento de Qui-
ché, se constituyó entre 1974 y 1975 cuando, al crecer la población de
Magdalena La Abundancia a la que pertenecían, un grupo de vecinos de-
cidió separarse y formar su propio centro poblado. Sus habitantes prove-
nían en principio de los municipios de Santa María Chiquimula y Santa
Lucía La Reforma, del departamento de Totonicapán.
Entre los años 1978 y 1979 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
comenzó a realizar trabajo político en la comunidad. Un testigo señala:
“Llegaban a dar charlas a las casas, nos hablaban de la explotación,
de la discriminación, de la injusticia … y como nosotros vemos que es
mucha la pobreza, algunos quedamos enamorados de sus palabras,
porque decían las verdades, porque el Gobierno nunca nos tomó en
cuenta … a nosotros los indígenas”.
446
En 1980 el Ejército instaló un destacamento militar en la aldea de
Chiul, en el vecino municipio de Cunén. Estaba formado por una compa-
ñía y le correspondía patrullar todo ese municipio y la zona norte del mu-
nicipio de Sacapulas.
En 1981 tienen lugar varios casos de violaciones de derechos humanos
contra miembros de las organizaciones religiosas, y de forma significativa
contra directivos de Acción Católica.
447
Al mismo tiempo, se registran las
primeras masacres. Los hechos de violencia en la zona incluyen, entre
Caso ilustrativo No. 39
Masacre de Paquix, Sacapulas, Quiché
“El miedo ya me pasó, me quedó la pena, la
tristeza … la vergüenza … porque es como
si me lo hubieran hecho a mí, aunque a mí
no me lo hicieron … es como si se lo hicieran
a todos nosotros … porque todos somos her-
manos”.
445
445 Testigo directo CEH.
446 Testimonio colectivo CEH.
447 C 16600. 1981. Sacapulas, Quiché.
C 16418. Febrero, 1981. Sacapulas, Quiché.
C 16566. Mayo, 1981. Sacapulas, Quiché.
C 16568. Mayo, 1981. Sacapulas, Quiché.
otros, la masacre de Parraxtut, efectuada el 16 de marzo de 1981,
448
y la eje-
cución por parte del Ejército de cuatro alcaldes y un comisionado militar,
también en Parraxtut, a finales del mismo año.
449
En este tiempo, para poder defenderse ante cualquier ataque del Ejér-
cito, los pobladores de Paquix, construyeron los “buzones”, escondites que
les servían para protegerse de la presencia militar y esconder en ellos comi-
da y otros enseres.
También la guerrilla fue responsable de actos de violencia realizados
contra civiles. El 19 de marzo de 1981 ejecutó a dos personas en Parrax-
tut, llevando consigo a otras dos, a quienes acusaba de ser “orejas” del Ejér-
cito.450 Dos meses después, en Río Pajarito, ajustició a otra persona que
rehusó integrarse a las organizaciones rebeldes de apoyo.
451
En 1982 la violencia se incrementa. El Ejército continúa aplicando su
estrategia contrainsurgente y reprimiendo aquellas comunidades en la que
guerrilla tiene su supuesta base de apoyo. Así, resultan afectadas las comu-
nidades de Paquix, Río Blanco o Tierra Caliente
452
y Parraxtut.
453
II. LOS HECHOS
El 15 de febrero de 1982, hacia las seis de la mañana, el Ejército cer-
có Paquix:
“Eran muchos, vinieron de Chiul, Sacapulas, Nebaj y Aguacatán, ro-
dearon todo … Ese mismo día masacraron en Tierra Colorada, en
[Magdalena] La Abundancia Centro, en Parraxtut. Después, tam-
bién mataron en Río Blanco, mataron gente en el camino que venía
de traer cañas de carrizo y tuvieron la mala suerte de toparse con los
soldados”.
454
124
448 C 16334. Marzo, 1981. Sacapulas, Quiché.
449 C 16646. Diciembre 1981. Sacapulas, Quiché. Habitantes de Parraxtut refirieron a la CEH que
miembros del Ejército que se encontraban en la comunidad mandaron llamar a Juan Imul Joj,
comisionado militar, a Juan Lux, alcalde auxiliar, y a otros tres alcaldes auxiliares, para que se pre-
sentaran ante ellos. Luego de golpearlos, los ejecutaron. Juan Lux intentó escapar y fue muerto
por disparos de las tropas. Los restantes fueron estrangulados.
450 C 16467. Marzo, 1981. Sacapulas, Quiché.
451 C 16750. Mayo, 1981. Sacapulas, Quiché.
452 C 16564. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
C 16562. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché.
C 16549. Marzo, 1982. Sacapulas, Quiché. El 13 de febrero de 1982, a raíz de la quema del
puente Pié del Aguila, atribuida a la guerrilla, 10 personas son ejecutadas por el Ejército, acusa-
das de pertenecer a la guerrilla. El 6 de marzo, el Ejército ejecuta a otros 5 jóvenes frente a la igle-
sia del lugar, ante toda la población.
453 C 16091. Febrero, 1982. Sacapulas, Quiché y Cunén, Quiché.
C 16331. Abril, 1982. Sacapulas, Quiché. A inicios de 1982, 7 personas son ejecutadas en el lu-
gar. Poco tiempo después de esta masacre, y en el mismo sitio, otras 17 habrían corrido igual suer-
te.
454 Testimonio colectivo CEH.
Al percatarse de la presencia militar, la mayoría de los habitantes dejó
sus casas y huyó hacia las montañas: algunos se refugiaron en cuevas o en
el bosque, y otros marcharon a la vecina comunidad de Tierra Caliente.
Mientras tanto, miembros del Ejército iniciaron la operación en la co-
munidad con la detención de dos hombres. Los torturaron para lograr que
éstos señalaran los “buzones” en los que la gente se había escondido.
Al día siguiente, con los prisioneros como guías, los soldados locali-
zaron a las primeras dos familias que se hallaban escondidas en una cue-
va en el cerro Choatzambal. Sacaron a 13 personas. A una le dan un dis-
paro y la dejan herida de gravedad. Las otras 12 personas, entre ellas ocho
mujeres, tres niños y un hombre, fueron degolladas a unos pocos metros
de la cueva.
A continuación, los soldados llegaron a uno de los “buzones” y arroja-
ron granadas en su interior, provocando un incendio. La comunidad esti-
ma que así murieron unas 20 personas.
455
Algunos niños lograron escapar
del buzón antes del ataque.
Dos hermanos que se encontraban en otro “buzón” murieron. Al in-
tentar huir, uno de ellos fue torturado y ejecutado más tarde;
456
el otro fue
muerto al día siguiente de su detención.
Casi todas las personas que los militares encontraron en las afueras de
la comunidad fueron ejecutadas. Familias enteras perecieron en esta masa-
cre. En uno de esos casos, una mujer, sus tres hijos y el abuelo, son ejecu-
tados. Este último, un anciano de 75 años, fue torturado antes que lo ma-
taran. La mujer y sus hijos cayeron bajo las balas cuando intentaban huir.
457
En otro caso, un padre y su hijo de dos años fueron capturados y traslada-
dos a una casa en la vecina comunidad de Tierra Caliente, donde fueron
primero torturados y ahorcados después. Un testigo asegura que, en el lu-
gar, fueron colgadas unas 20 personas.
“Les colgaron, al chiquito también”.
458
No corrieron mejor suerte los pobladores que optaron por permanecer
en el caserío. Aproximadamente 30 hombres fueron encerrados en una de
las casas. A tres de ellos, ya muy golpeados, les colocaron un lazo alrededor
del cuello. Mediante un palo al que los soldados daban vueltas, el lazo se iba
estrechando contra el cuello de las víctimas, hasta ahogarlos. Después de de-
jarlos agonizantes les cortaron el cuello con un serrucho. Algunas de las víc-
timas aún estaban “medio vivas” cuando fueron arrojadas a un barranco.
125
455 Sobreviviente de la masacre.
456 Testimonio colectivo CEH. Un testigo afirma: “Le machetearon, le cortaron la lengua y las orejas,
picaron su cuerpo con cuchillo”.
457 Ibid.
458 Ibid.
“Yo estaba entre los soldados [comenta un declarante]. Me fueron a
buscar para que les dijera dónde estaban los guerrilleros … pregunta-
ban si les había dado comida a los guerrilleros e información de quié-
nes estaban organizados”.
459
Los testimonios narran escenas de suma crueldad:
“Primero baleaban y pasaban luego degollando a los que no acaba-
ban de morir. [Los soldados] violaron a muchas mujeres … les qui-
taban la ropa, les golpeaban, y las violaban duro; yo sé que nadie
quiere hablar de eso, es difícil para nosotros, da mucha pena”.
460
Con respecto a las violaciones sexuales, un declarante afirma:
“Iban sólo mujeres y niños en [un] grupito, las agarraron los soldados
en un bordo, las desnudaron y las violaron … lo hicieron delante de
los niños, los niños llegaron contando, los mayores en medio de tanta
pena decían que ya no andaran contando eso, que ya no lo digan más,
pero ellos decían que vieron lo que le hicieron a las mujeres … mejor
no hablar con los niños porque eran familias de las mujeres violadas,
las dejaron vivas, las dejaron que se fueran con los niños”.
461
Algunas de las víctimas sobrevivieron a la saña de los agresores:
“Una mamá llevaba a su bebé cargado, cuando la balearon, las balas
pegaron en el bebé, ella se salvó … siempre le queda la culpa por eso”.
462
Otra de las víctimas fue degollada, dándola los hechores por muerta.
Pero sobrevivió:
“Tiene su seña bien grande en el cuello … eso hace que se acuerde ca-
da día de la masacre, que nunca olvide … muchas veces se lleva la
mano al cuello y ahí siente la marca de la herida”.
463
Otro miembro de la comunidad fue herido de bala y dejado por muer-
to, pero también sobrevivió.
464
126
459 Testigo directo CEH. La persona que aporta la información fue puesta en libertad bajo amena-
zas de muerte, en caso de contar lo sucedido.
460 Testimonio colectivo CEH.
461 Ibid.
462 Ibid.
463 Ibid.
464 Testigo directo CEH.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Los familiares de las víctimas no pudieron regresar al lugar de los he-
chos hasta pasados varios días. Cuando por fin se acercaron, los perros ya
habían comenzado a devorar los cadáveres. Los restos recibieron sepultura
en distintos lugares. Algunos fueron llevados al cementerio de Magdalena
La Abundancia y otros inhumados en tres diferentes fosas,
465
en el mismo
lugar donde habían sido asesinados.
Después de la masacre, parte de la población buscó refugio en las
montañas de los Cuchumatanes. Otros llegaron a la comunidad de Santa
Clara, integrada en las Comunidades de Población en Resistencia (CPR)
de la Sierra y nunca regresaron a su comunidad de origen. Otros, por úl-
timo, se desplazaron hacia la Costa Sur y a la capital.
Un niño pequeño, última víctima de la masacre, murió al cabo de va-
rias semanas:
“Estaba chiquito y no aguantó la pena … dejó de comer, se puso muy
enfermo … se murió por la violencia pues”.
466
Transcurrido un mes desde la masacre, los que se habían quedado en
la comunidad fueron forzados por el Ejército a desplazarse y vivir en Mag-
dalena La Abundancia:
“La gente se quedó en la comunidad, pero después de un mes llegó una
orden del jefe del destacamento de Chiul para que hiciéramos una co-
lonia en La Abundancia. Allí empezamos la patrulla, estuvimos en
La Abundancia por cinco años, posando con familias de La Abun-
dancia. Eramos más o menos 30 personas. Después nos regresamos a
la comunidad. En los años que vivimos en La Abundancia durante el
día íbamos a trabajar la tierra, nuestras casas estaban destruidas. Fui-
mos a Chiul a decirle al capitán que nos dejara regresar a Paquix, él
nos ordenó que regresáramos, esto fue en 1987”.
467
Al volver a Paquix los pobladores fueron obligados a integrarse a la Pa-
trulla de Autodefensa Civil (PAC), hasta la disolución de este cuerpo mi-
litar, el 25 de octubre de 1996.
127
465 Testimonio colectivo CEH.
466 Testimonio colectivo CEH.
467 Testimonio colectivo CEH.
“Nos obligaron a hacer las patrullas; somos pocos, pero hasta a los mu-
chachitos con 12 años los pusieron a hacer patrullas; nunca estamos
con el Ejército, patrullamos obligados pero nunca hicimos daño a na-
die”.
468
La CEH identificó a 58 víctimas de la masacre, todas ellas civiles e in-
defensas; entre ellos, mujeres, niños y ancianos: 32 personas fueron ejecu-
tadas arbitrariamente, seis mujeres fueron violadas sexualmente y un niño
murió por desplazamiento forzado, sin olvidar que, alrededor de 19 hom-
bres fueron torturados antes que los ejecutaran.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, en vista de los antecedentes reunidos, ha llegado a la plena
convicción de que 58 pobladores del caserío Paquix fueron ejecutados por
efectivos del Ejército, constituyendo este hecho una grave violación al de-
recho a la vida.
Los actos aberrantes que antecedieron o acompañaron a la ejecución
de las víctimas, como torturas, violaciones sexuales y desplazamientos for-
zados de la población, son ilustrativos de la extrema crueldad del Ejército
en las masacres.
La colaboración que algunos pobladores prestaban a la guerrilla no
justifica en absoluto este crimen.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
128
Antonia Tiu
Candelaria Imul Tum
Catarina Chibalan
Catarina de León
Catarina Imul Tiu
Catarina Imul Tum
Catarina Imul Tum
Catarina Imul Us
Catarina Tum López
Diego Imul Chibalan
Diego Imul Tiu
Domingo Imul Us
Filiberto Imul Us
Francisca Imul Tum
Francisco Imul López
Isabel Imul Tum
Juan Imul Pérez
Isabela Imul López
Juana Imul Tum
Lucia Imul Tiu
Magdalena López Tum
Manuel Imul Chibalan
Manuel Imul de León
María Imul Pu
468 Ibid.
Muerte por desplazamiento forzado
Pablo Tum Tojin
Víctimas colectivas/desconocidas: 27
129
María Imul Tum
María Pu
María Tum Pérez
Miguel Imul Chibalan
Miguel Imul López
Miguel Imul Tum
Rosa Imul Tum
Víctor Imul Tiu
Ejecución arbitraria, tortura
Domingo Imul Lux
Domingo Tum Chibalan
Domingo Tum Segundo
Francisco Us Yat
Isabel Tum Imul
Jesus Tum Imul
Jesus Tum Lux
Josefa Imul de León
Juan Tum Chibalan
Juan Tum Imul
Manuel Imul de León
Manuel Imul Lux
María Lux Us
Miguel Imul Tiu
Miguel Imul Us
Miguel Tum Tiu
Nicolás Imul Tum
Nicolás Tum Imul
Nicolás Tum Tiu
Desaparición forzada
Juan Imul Pu
Torturas
Francisco Pu Imul
Juan Pu Chibalan
Magdalena Imul Tum
Otras violaciones
Josefa Imul Chibalan
Magadalena Imul Ixcotoya
Magdalena Tum Tojin
María Imul De León
I. ANTECEDENTES
Cucabaj es una aldea situada en el municipio de Santa Cruz del Qui-
ché, y que habita población maya k’iche’.
En los años sesenta Acción Católica inició sus actividades en las comu-
nidades del área. A través de cursos de alfabetización dio a conocer a los po-
bladores unas nuevas opciones inspiradas en la Teología de la Liberación.
A finales de los años sesenta, el Comité de Unidad Campesina (CUC) em-
pezó sus actividades políticas. En 1980 gran parte de los pobladores de Cu-
cabaj participaba en el CUC. Uno de sus líderes, Mateo López Calvo, fa-
lleció en la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980.
470
A
su vez, a finales de los setenta, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
estableció los primeros contactos en la comunidad. Los pobladores sabían
distinguir entre las actividades de carácter político y la de índole militar:
“[Los miembros del EGP] llegaban a las reuniones del CUC pacíficamente,
para hacer mitines y actividades de propaganda política … la mayoría de la
población, también Mateo [López Calvo], mantuvo la postura de no mezclar
la lucha política con la militar, y así hicimos, nuestro trabajo se dirigía a abrir
espacios políticos”.
471
Por su parte y a la vez, el Ejército incrementó el reclu-
tamiento forzado y los comisionados militares comenzaron, en voz de un
declarante, a “controlar que no hubieran reuniones clandestinas”.
472
Durante el primer semestre de 1981 tuvieron lugar en la comunidad
acciones de represión selectiva realizadas por el Ejército.
473
En julio de 1981 entraron en la comunidad numerosos efectivos del
Ejército, por considerar que Cucabaj, al ser una zona de paso hacia el nor-
te del departamento, representaba un lugar de valor estratégico para el de-
Caso ilustrativo No. 43
Los patrulleros de Cucabaj
“Nos hicieron matar a nuestros hermanos, eso
no podemos olvidarlo nunca, con ese peso es que
seguimos viviendo. Eso es peor que nos maten
los soldados, tenemos ese doloroso recuerdo para
siempre en nuestros pensamientos”.
469
469 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
470 CI 79. Enero, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
471 Testigo directo CEH.
472 Ibid.
473 C2985, marzo de 1981. San Sebastián Lemoa, Quiché.
C2986, julio de 1981. San Sebastián Lemoa, Quiché.
C2716, diciembre de 1982. San Sebastián Lemoa, Quiché.
sarrollo de las actividades militares. El Ejército sabía, además, que en la co-
munidad había una fuerte presencia de población organizada. Ante el
avance de los soldados, unos pobladores lograron huir; otros, más de trein-
ta personas, fueron encerrados en la casa del ex líder del CUC, Mateo Ló-
pez Calvo. Los torturaron para arrancarles información. Un declarante
cuenta: “Era un símbolo que los mataran en esa casa que ese mismo día que-
maron … iban cortando a pedazos, las orejas, las manos, la nariz, para que
delataran a su propia gente, porque todos estábamos en el CUC”.
474
Más tar-
de, los ejecutaron. Los cadáveres quedaron abandonados y, contra la tradi-
ción maya y cristiana, no fueron velados ni recibieron sepultura. Un
miembro de la comunidad afirma: “Los comieron los perros porque ninguno
tuvo valor para enterrarlos por temor a que volviera el Ejército, no se puede de-
cir cómo a nuestra gente eso le duele, no tener un lugar sagrado donde descan-
sen sus familias”.
475
Después de la masacre, el Ejército y los patrulleros de
Chiché, Chiniqué, Joyabaj y San Pedro Jocopilas llegaban una o dos veces
por semana y permanecían durante un día en la comunidad.
La población estuvo unos meses escondiéndose en los barrancos y
montañas. Cuando los habitantes volvieron a su comunidad dejaron de
reunirse, ya que relacionaron sus actividades políticas con la represión su-
frida. Un declarante cuenta: “Algunos se alzaron porque no vieron para dón-
de y sabían que estaban quemados por su participación en el CUC … pero el
EGP [nos] abandonó porque no tenía fuerza para enfrentar”.
476
II. LA FORMACIÓN DE LAS PATRULLAS
DE
AUTODEFENSA CIVIL (PAC)
A mediados de octubre de 1982 elementos del Ejército al mando de
un teniente entraron en Cucabaj y ordenaron a la población concentrarse
en el campo, en un lugar cercano que se llamaba La Antena, para organi-
zar las PAC. Todos los hombres mayores de 15 años fueron obligados a in-
corporarse a ellas y allí mismo se instaló un puesto para la patrulla. Según
recuerda un ex patrullero de la época, un miembro del Ejército justificó la
creación de este cuerpo diciendo: “Había que organizar las patrullas para
salir de la violencia, para defenderse de la delincuencia y de la ‘mala gente’, pa-
ra que no hubieran asaltos en las camionetas”.
477
132
474 Testigo directo CEH.
475 Ibid.
476 Ibid.
477 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
Las PAC de Cucabaj recibieron la orden de vigilar todos los días, de
mañana y de noche los caminos de acceso a la aldea. Si alguien no patru-
llaba, debía pagar una multa de 25 quetzales o patrullar sin dormir dos o
tres días.
Una mujer de la aldea recuerda:
“Cuando formaron las patrullas nosotras tenemos muchos sufrimien-
tos. Los hombres llegan a las casas, maltratan, pegan, ya no quieren
trabajar, se van con los ejércitos … Cuando tienen su turno en las pa-
trullas tenemos que ver de dónde conseguimos sus comidas para que
no tengan vergüenza por no tener comida, se llevan lo mejor: huevi-
to, tortillas, su tambo de café … aunque ya no quede comida para los
niños … Nosotras sufrimos eso”.
478
III. EL FRATRICIDIO
Hacia el 10 de diciembre de 1982 miembros de las PAC capturaron a
otro patrullero, Sebastián Nato, y lo trasladaron al puesto que tenían en La
Antena, donde lo torturaron e interrogaron durante cuatro o cinco días.
Después lo condujeron al destacamento militar de Santa Cruz del Quiché
donde continuaron con las torturas. Cedió entonces, delató a dos personas
que pertenecían al EGP: Isabel Calvo y otro hombre, originario de Saca-
pulas. Alrededor del 17 de diciembre, estas dos personas fueron detenidas
y torturadas. Sebastián Nato e Isabel Calvo fueron más tarde ejecutados y
sus cadáveres arrojados a los barrancos de Lemoa, aldea del municipio de
Santa Cruz del Quiché.
El 19 de diciembre, domingo, irrumpieron en Cucabaj dos camiones
del Ejército bajo el mando del mismo teniente que participó en la forma-
ción de las PAC y de otro oficial. Les acompañaba la persona de Sacapulas
aprehendida junto a Isabel Calvo, que estaba encapuchada y actuaba co-
mo guía. Un declarante que estuvo presente cuenta: “El de Sacapulas dio
información y por eso llegó con el Ejército de guía, iba encapuchado pero ense-
guida le reconocimos por la voz y por todo”.
479
Los militares reunieron a los
patrulleros que estaban de turno y les interrogaron sobre un buzón con
medicinas —escondidas por Isabel Calvo— que había sido encontrado en
un panteón del cementerio. “Nosotros no sabemos nada”, respondieron los
patrulleros, “Entonces, si ustedes no saben, vayan a llamar a quienes sepan”,
480
ordenó el oficial.
133
478 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
479 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
480 Ibid.
Sobre las cinco de la tarde, miembros del Ejército concentraron en el
puesto de las PAC, en La Antena, a unos 150 hombres de Cucabaj. Lue-
go, los llevaron al cementerio de Cucabaj, donde los soldados los rodearon.
“Les doy cinco minutos para que salgan los que son guerrilleros”, ordenó el ofi-
cial.
Como nadie salió, el oficial agregó: “Entonces aquí no hay guerrilleros.
Si no hay vamos a llamar al “aparato” [guía encapuchado] para que saque a
los guerrilleros”.
481
El encapuchado indicó que no habían llegado los guerrilleros. Sin em-
bargo, por la insistencia y las amenazas del oficial, señaló a Diego Nato, un
patrullero joven, y éste señaló entonces a Santos López Tipaz, también pa-
trullero.
“Sólo yo soy guerrillero, yo no voy a entregar a ninguno, si me matan me
matan a mí pero a balazos, no quiero que me amarren y me torturen”
482
—
exclamó Santos López— y, en un intento desesperado por escapar, salió
corriendo. Fue acribillado a tiros por el teniente.
Acto seguido, comenzaron a torturar a Diego Nato. Un declarante que
se encontraba presente detalla: “Estaba en el piso, le golpearon, le patearon,
le sacaban pelos a montones”.
483
Nato dio los nombres de otros patrulleros,
que fueron detenidos por el Ejército: Tomás Ventura González, Tomás Ló-
pez Tiño y Diego Ventura López.
“Hay que sacar los que están podridos para que no se pudran los demás, si
no, no van a tener paz en sus casas”,
484
reprendió el oficial.
A continuación, el oficial ordenó a los patrulleros que pasaran, uno
por uno, y que cortaran el cuello de sus compañeros, hasta matarlos. Un
testigo presencial afirma que debieron hacerlo, “hasta quitarles la cabeza,
también tuvimos que darles con piedras y palos”.
485
De esta manera el Ejérci-
to obligó a los hombres de Cucabaj a matar a sus vecinos Santos López Ló-
pez, Tomás Ventura González, Tomás López Tiño y Diego Ventura López.
A las siete de la noche, cuando los presuntos guerrilleros, todos iner-
mes, estaban ya muertos, el oficial ordenó que los enterraran.
Diego Nato también señaló a Tomás Lux, Juan González y Miguel
Lux Tiño. Estos, junto con quien los había delatado, fueron llevados dete-
nidos por los militares, que reanudaron las torturas para obtener más nom-
bres de guerrilleros de la comunidad.
El 28 de diciembre patrulleros de Lemoa llegaron a Cucabaj con las
personas que habían sido detenidas el 19 de ese mes. Llegaron con eviden-
134
481 Ibid.
482 Ibid.
483 Ibid.
484 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
485 Testigo directo (ex patrullero) CEH
cias de las torturas sufridas; cuentan: “A uno ya le sacaron los dientes, otro
falta un dedo de su pie”.
486
Y de nuevo, en el cementerio, obligaron a los pa-
trulleros que estaban de turno a cortarlos de a poco, con un cuchillo, has-
ta matarlos.
Dos personas más fueron nombradas por los torturados y apresados
por el Ejército y los patrulleros: Sebastián Ventura Grijalbo, cuyo cadáver
fue encontrado luego por la comunidad, y Marto de León Tiño, que fue
desaparecido.
487
En total, la CEH identificó a 14 víctimas, todos pobladores y miem-
bros de las PAC de Cucabaj.
IV. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Por temor a figurar en las listas y ser ejecutados, algunos hombres de
la comunidad que pertenecían al CUC huyeron para ocultarse por los ba-
rrancos. De éstos, dos se incorporaron al EGP y el resto se desplazó a la
montaña.
Muchos de los pobladores se integraron en la organización Comuni-
dades Etnicas Runujel Junam (CERJ) y se propusieron disolver las PAC.
El 7 de diciembre de 1987 unas cien personas de Cucabaj, entre quienes
se contaban mujeres, hombres y niños, participaron en una marcha a la
ciudad de Guatemala para lograr este objetivo. Cucabaj fue una de las pri-
meras comunidades donde las PAC se desintegraron, en 1988.
Los habitantes de Cucabaj guardan en su memoria con sentimientos
de culpa la imagen de los hechos. Una mujer de la comunidad afirma: “Nos
hicieron matar a nuestros hermanos, eso no podemos olvidarlo nunca, con ese
peso es que seguimos viviendo, eso es peor que nos maten los soldados, tenemos
ese doloroso recuerdo para siempre en nuestros pensamientos”.
488
A pesar de re-
conocer que los victimarios se vieron obligados a matar para sobrevivir, la
experiencia es muy difícil de superar para los familiares de las víctimas. La
misma declarante añade: “Todos tenían alguna familia y mataron a sus fa-
milias, a sus hermanos, pero sabemos que fueron obligados y en ese tiempo sa-
bemos que hay que hacer lo que dicen los soldados porque si no morimos todos,
pero siempre queda el dolor, la pena de que mataron a sus hermanos … Las
familias de los que mataron no mucho quieren hablar”.
489
135
486 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
487 C16493. Diciembre, 1982. Santa Cruz del Quiché, Quiché.
488 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
489 Ibid.
Los pobladores maya k’iche’ que sobrevivieron resistieron el enfrenta-
miento armado interno, pero arrastran las consecuencias de la guerra. Así
lo relata un líder de la comunidad: “Costó mucho acabar con las patrullas
porque dividieron a la población, pero la mayoría estaba unida, no nos llega-
ban los ejércitos, resistimos a sus campañas, aunque siempre bien calladito y
siempre con miedo”.
490
Quedó manifiesta de forma palpable la división de la
comunidad, ya que alrededor de 25 hombres con sus familias se mudaron
para vivir en La Antena, convirtiendo este lugar en una aldea. Otros con-
tinuaron en las patrullas: “Los que viven en La Antena ya no los reconocemos
porque ya no son como nosotros, ya tienen las ideas que dejaron los soldados,
ellos hicieron mucho daño”.
491
Por otra lado, la violencia sufrida por esta comunidad provocó fenó-
menos como el aumento del alcoholismo y una más acusada y creciente
violencia intrafamiliar y comunitaria. Algunos huérfanos se desplazaron
para subsistir hacia la ciudad de Guatemala. Una mujer de la comunidad
cuenta: “Yo sé de cinco huérfanos que se fueron a Guate de lustradores y aca-
ban robando. Nosotras sabemos que eso lo dejaron los soldados … porque ma-
taron sus papás”.
492
V. CONCLUSIONES
Luego de estudiados los antecedentes del caso, la CEH llegó a la con-
vicción de que 14 personas de la comunidad de Cucabaj, Santa Cruz del
Quiché fueron ejecutadas arbitrariamente por patrulleros civiles, en cum-
plimiento de órdenes directamente impartidas por oficiales del Ejército de
Guatemala. Sus muertes constituyen una grave violación del derecho a la
vida.
Las torturas sufridas por las mismas víctimas, constituyen graves vio-
laciones del derecho a la integridad personal.
La CEH considera que, aún cuando el deber de obediencia militar no
se extiende al cumplimiento de órdenes que implican cometer violaciones
de derechos humanos, en este caso los patrulleros que ejecutaron a sus pro-
pios compañeros fueron colocados, por los militares, en una situación lí-
mite que anuló su capacidad para obedecer o desobedecer libremente las
órdenes impartidas.
136
490 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
491 Testimonio colectivo (mujeres de Cucabaj) CEH.
492 Ibid.
La circunstancia anteriormente señalada es arquetípica del efecto diso-
ciador de los lazos de solidaridad existentes en las comunidades mayas k’i-
che’ y de la alteración de los valores y las costumbres familiares y comuni-
tarias, como resultado del fenómeno de militarización promovido por el
Ejército y, en particular, de la creación de las PAC y el reclutamiento for-
zoso de patrulleros.
Finalmente, los hechos posteriores a esta violación de derechos huma-
nos revelan, además, el impacto que tuvo sobre la población afectada aque-
lla violencia que convirtió a unos guatemaltecos en victimarios de sus pro-
pios hermanos, con su secuela de miedo, culpa, división, tristeza, violencia
familiar, delincuencia común, alcoholismo y desplazamiento.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
137
Diego Ventura López
Santos López López
Santos López Tipaz
Sebastián Ventura Grijalbo
Tomás López Tiño
Tomás Ventura González
Ejecución arbitraria, tortura
Isabel Calvo
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Diego Nat López
Juan González
Miguel Lux Tiño
Sebastián Nat
Tomás Lux
Desaparición forzada
Marto León Tiño
Víctimas colectivas/desconocidas: 1
I. ANTECEDENTES
El presente caso se ubica en San Miguel Uspantán, en el departamen-
to de Quiché, donde desde finales de 1980 el Ejército aplicó la denomina-
da estrategia de tierra arrasada. En algunas comunidades de la región los
militares obligaban a todos los vecinos a abandonar sus casas y concentrar-
se en la cabecera municipal bajo control militar. Unas familias obedecían;
otras, se refugiaban en la montaña.
A la población maya k’iche’ que se refugió en la montaña, el Ejército
la identificó con la guerrilla. La sometió a un cerco militar, a continuos ata-
ques que imposibilitaron su alimentación, alojamiento y asistencia médi-
ca. Estas poblaciones permanecieron entre uno y dos años en las monta-
ñas de los alrededores de sus comunidades, para desplazarse después hacia
Las Guacamayas, donde quedaron aisladas por la persistencia del asedio
militar. Muchas personas murieron de hambre.
Caso ilustrativo No. 77
Desplazados internos en San Miguel
Uspantán: La familia Tipaz Pérez
493
“Sufrimos más de lo que podemos contar. Nos acu-
saron de guerrilleros porque estábamos en las
montañas, pero nosotros sólo estábamos defendien-
do nuestra vida porque ya quemaron nuestras ca-
sas y nuestra milpa”.
494
“En las noches entraban para violar, más a las que
sólo tienen uno o dos hijos, a las jóvenes. Pero una
noche pusieron marimba y violaron a todas …
hay fiesta, hay tragos, ellos estaban alegres, noso-
tros estamos tristes. Nosotros lloramos, nosotros
queremos morir … quería morir, ya no soportaba
tanto dolor, tanto sufrimiento mío y de mis fami-
lias, pero me dio fuerzas mi hijita que sólo tenía
dos años”.
495
493 En el presente caso, para salvaguardar la identidad de las personas implicadas se optó por susti-
tuir con otros ficticios todos los nombres verdaderos de personas y de localidades. Sin embargo,
en el texto original de los testimonios recibidos por la CEH figuran las identidades y las localida-
des auténticas. Para ubicar el caso se decidió respetar la referencia a la región y los lugares de pro-
cedencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado responsables de las violaciones descritas.
494 Testigo directo CEH.
495 Ibid.
Los sobrevivientes y otros que no habían caído prisioneros se reunie-
ron en Xasboj (área Xeputul, Comunidades de Población en Resistencia,
CPR-Sierra): “…Como ya quemaron las casas, nos fuimos a las montañas pa-
ra que no nos mataran los Ejércitos, y como ya no tenemos papá, cuesta más
conseguir nuestras comidas. Y es así como se van muriendo, uno detrás de otro.
Es así como los vamos enterrando porque si uno no come, se muere, pues”.
496
Los ataques en Las Guacamayas fueron perpetrados por efectivos del
Ejército que procedían de los destacamentos de San Miguel Uspantán,
Cotzal y La Parroquia Lancetillo y por Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC) venidas de los mismos lugares.
A partir de 1983 estas unidades son las que concentran a las mujeres
y los niños capturados en instalaciones castrenses
497
en condiciones infra-
humanas, sin proporcionarles alimentos ni mínimas condiciones de higie-
ne. Los militares violan allí a las mujeres, las fuerzan a unirse con los pa-
trulleros y entregan a los niños a personas ajenas a su familia.
498
La familia Tipaz Pérez vivía en una de las comunidades del municipio
de San Miguel Uspantán, cuando la violencia comenzó a golpearla. Su his-
toria podría ser la de una familia cualquiera de El Desengaño, Macalajau,
Chimel, San Pedro La Esperanza, San Pablo Baldío, Las Guacamayas...
II. LOS HECHOS
La primera generación
Felipe Tipaz Chic y Juana Pérez Cac pertenecían al Comité de Unidad
Campesina (CUC), como la mayoría de los habitantes de Santa Lucía,
“porque no es delito organizarse para defender nuestros derechos”.
499
Felipe ha-
bía participado en la toma de la Embajada de España,
500
donde encontró
la muerte, y dejó a Juana viuda y con once hijos a su cargo.
En enero de 1981 el Ejército arrasó Santa Lucía. Huyendo de los mi-
litares, que continuamente no dejaban de atacarlos, la familia quedó divi-
dida en las montañas: en un lado, los hijos Felipa y Eduardo; en otro, Jua-
na con los demás hijos.
Estando en el monte, entre mayo y junio de 1982, a Juana se le mu-
rieron cinco hijos: Rubén Darío, Francisco, Candelaria, Aurelia y Domin-
go. Habían soportado durante más de un año el hambre, el frío y la lluvia,
140
496 C 16192. Mayo, 1981. San Miguel Uspantán, Quiché.
497 La Parroquia Lancetillo, La Gloria, Zona Reina, San Miguel Uspantán.
498 C 16177. 1983. San Miguel Uspantán, Quiché.
C 2595. Abril, 1982. San Miguel Uspantán, Quiché.
499 Testigo directo CEH.
500 CI 79. Enero, 1980. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
la tensión, el miedo y las huidas ante las ofensivas del Ejército; pero sucum-
bieron al hambre. El mayor de éstos niños tenía doce años, el más peque-
ño solamente tres. “Día a día veía como se me iban muriendo, sin poder ha-
cer nada”.
501
De Felipa y Eduardo, que vivían en Santa Lucía, la madre seguía sin
noticias. Con ella, en las montañas de San Antonio, sólo quedaban Jesús,
Ramiro, Pablo y Carmen.
En esa época, soldados y patrulleros procedentes de San Miguel Us-
pantán y la Zona Reina atacaban de forma constante a las familias despla-
zadas en la montaña. El 13 de junio de 1982, Jesús —de 17 años— “iba
a buscar alimentación. Primero, le pegaron un tiro en una pierna: se corrió en
otro bordo y se chocó con más patrulla … También había soldados. Le dieron
dos tiros en la espalda, le agarraron vivo y todavía le torturaron. Hasta el ter-
cer día no lo pudimos enterrar, hasta que se retiraron las patrullas. Cortaron
su lengua, sus oídos … estaba todavía patojo”.
502
El 24 de julio de 1983 soldados y patrulleros procedentes de la Zona
Reina atacaron otra vez a la población en las montañas de San Antonio. En
el ataque murió Pablo, de catorce años, mientras que Juana y su hija Car-
men fueron capturadas y conducidas al destacamento de La Parroquia
Lancetillo, en la Zona Reina. Permanecieron presas durante 20 días, pri-
vadas de alimentación y asistencia médica y sometidas a todo tipo de hu-
millaciones, junto con otras 30 personas, mujeres y niños en su mayoría.
Las mujeres fueron torturadas y violadas por los soldados:
“En las noches entraban para violar, más a las que sólo tienen uno o
dos hijos, a las jóvenes. Pero una noche pusieron marimba y violaron
a todas. Yo tengo mucha pena porque ya tengo muchos hijos, ya ma-
taron a algunos, ya soy casi anciana, ya tengo como 40 años cuando
me violaron … Yo cargo mi nena, jalan mi nena, me sacan a la ca-
pilla con otra señora y uno pasa conmigo … sólo pasó uno conmigo
porque yo ya estoy vieja y quieren más a las jóvenes … yo no puedo
olvidar eso, los soldados nos van a matar si nosotras no queremos y yo
tengo que defender la vida de mi hija que está chiquita, pero yo no
quiero y el soldado me abusa … Ellos tienen marimba, hay fiesta, hay
tragos, ellos estaban alegres, nosotros estamos tristes, nosotros lloramos,
nosotros queremos morir … Quería morir, ya no soportaba tanto do-
lor, tanto sufrimiento mío y de mis familias, pero me dio fuerzas mi
hijita que sólo tenía dos años”.
503
141
501 Testigo directo CEH.
502 Testigo directo CEH.
503 Testigo directo CEH.
En el mismo mes se transfirió a los pobladores retenidos en La Parro-
quia Lancetillo al destacamento militar de San Miguel Uspantán: “No nos
maltrataron, al contrario nos cuidaron, pensaron que con eso íbamos a creer
que eran buena gente; jamás; llevamos grabado el dolor, sabemos quiénes son
los Ejércitos”.
504
Los niños enfermos fueron trasladados a un hospital de
Guatemala. Entre ellos estaba la hijita Carmen, que permaneció cuatro
meses en el nosocomio. Durante este tiempo su madre tuvo que mante-
nerse en Santa Cruz del Quiché. Sólo en noviembre de 1983 el Ejército
“me trajo a mi niñita”, recuerda la madre Juana: a principios de 1984 las
dos fueron llevadas a Santa Catarina.
En 1985 Ramiro se incorporó al EGP: “[tenía 17 años y] me fui con
la guerrilla para proteger a nuestra gente y me dio coraje que mataran mi fa-
milia … tengo odio de todo lo que pasé, más que todo tengo odio al Ejército”.
Estuvo hasta 1991 en el frente Ho Chi Min. “Para mí que ya toda mi fa-
milia murió y sólo tengo dos hermanos, pero en ese tiempo tuve que estar dos o
tres años sin saber nada de ellos, sin saber si están vivos … yo estaba por Ne-
baj. Cuando está algo tranquilo, al final del 91 ya me salí y ya quiero buscar
noticia de mi mamá y mis hermanos … Ya quiero buscar mi mujer y ya pien-
so en los hijos también … antes no pensaba en mujer, no pensaba en hijos, pa-
ra qué darles tanto sufrimiento, para qué vamos a tener niños si se mueren o
los matan y siempre corriendo y creciendo con el miedo, el susto … yo ya pasé
eso y ya no quiero que mis hijos van a ver lo mismo”.
La segunda generación
Felipa y Eduardo, hijos de Juana Pérez Coc, quienes encontraron re-
fugio en Caja (CPR de la Sierra), tampoco lograron escapar de la persecu-
ción. Sus vidas reproducen el sufrimiento de su madre.
Felipa se casó con Diego. Cuando el Ejército arrasó Santa Lucía tenían
tres hijos y los tres fueron ejecutados por miembros de esta institución. An-
gela y Salvador, de seis y cuatro años de edad, fueron degollados por los
soldados en febrero de 1981 cuando intentaban huir hacia las montañas.
Diego, el padre, “…chocó con el Ejército y dejó tirado a sus dos chiquitos …
Los llevaba en un costal y ya no pudo cargarlos, salió corriendo. Los soldados
los mataron con cuchillo…”
505
El tercero fue asesinado un año después, a los
dos años y medio de edad.
Felipa siguió teniendo hijos porque “su idea es tener más hijos para no
morir de tristeza por el recuerdo de los otros que mató el Ejército”.
506
Ahora tie-
ne cinco.
142
504 Testigo directo CEH.
505 Testigo de referencia CEH.
506 Testigo directo CEH.
En 1981 Eduardo se uniría a Verónica, una mujer “huérfana por la
misma guerra”. Tenía una hija, Ermelina, que murió por los rigores del des-
plazamiento forzado cuando sólo tenía cinco meses: “A los catorce días del
parto tuvimos que salir corriendo de San Antonio, no había comadronas …
Ella se quedó muy triste cuando murió el nene y yo también … se quedó muy
triste y ya no puede tener más hijos. Cuando todo es más tranquilo ya podemos
tener al Francisco, solamente a él tenemos”.
Hasta 1992 Eduardo, Ramiro y Felipa no tuvieron noticias del para-
dero de su madre y de su hermana Carmen. En 1992 Ramiro comenzó a
hacer averiguaciones y ubicó la casa donde vivía su mamá en Santa Cata-
rina: “Fui a verla con muchos nervios y muchas ganas, pero no quiero asustar-
la porque igual ella piensa que estamos muertos y le doy mucho susto. Yo me
había informado que ella vende tamales. Llegué a la casa y le compré tamales.
No quiero asustarla pero no sé cómo decirle, entonces sólo le digo: Me conoces,
soy tu hijo. Se puso a llorar, a llorar todo el rato. Luego me dijo: Venite, vamos
a vivir todos juntos. Pero ya no podemos vivir todos juntos y ella tampoco va a
venir con nosotros porque tiene su hija y se juntó con otro hombre. Sólo le di
información de los otros vivos … A mi hermana intentamos explicar, pero ella
no quiere saber nada, es una evangélica también, creció con un señor que era
colaborador con el Ejército, está en contra de las organizaciones populares. Mi
hermana no se acuerda de mi papá, dice que su verdadero papá es su padras-
tro, y que a saber quién es el papá de nosotros. No reconoce, no tiene mayor cul-
pa porque así creció, sin ideas”.
507
A los pocos meses, Eduardo también fue a ver a su mamá y Felipa lo
logró en 1995.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Juana tiene ahora 57 años, y tuvo que aceptar una unión forzada con
un patrullero, Luis Sánchez, hace catorce años: “Los soldados me dijeron que
tenía que juntarme con un señor que me pretendía. El señor estaba en las pa-
trullas, también viudo, y tiene dos hijos que ya están grandes y no tiene quien
le cuide. Yo me pongo a pensar porque no tengo dónde ir: no tengo casa, no ten-
go nada, no puedo hacer otra cosa … El señor era patrullero, es evangélico, él
piensa que los soldados son buenos…”
508
Carmen vive con su madre Juana y su padrastro. Se casó con Francis-
co Cac, también evangélico; tiene 18 años, un hijo de dos años y otro de
dos meses: “Cuando yo llegué era muy pequeña, sólo tengo tres años, él es mi
143
507 Testigo directo CEH.
508 Ibid.
verdadero papá … así lo siento … Mi mamá me contó, mis hermanos me con-
taron pero yo no quiero conocer la historia, yo soy evangélica … Mis hermanos
vienen con ideas que no son buenas y no me interesan … mi mamá a veces va
a reuniones … todo eso no puede ser bueno, yo no tengo nada que decir, sólo
cuidar a mi esposo y a mis hijos”.
509
En 1997 Juana pudo hacer un viaje a las CPR y ver dónde vivían sus
hijos: “Sólo cinco días, el trato eran quince días, pero el hombre [su esposo]
llegó por ella a los cinco días y tuvo que irse … Cuando nacen sus nietos, mi
mamá quiere llegar y el señor no la deja”.
Con la reubicación de los pobladores de las CPR, los hermanos vuel-
ven a separarse: Eduardo y Ramiro van a la Costa Sur, Felipa a Puente Se-
co y Juana continúa viviendo con su hija Carmen en Santa Catarina.
Para la familia Tipaz Pérez la guerra tuvo un costo de once vidas hu-
manas (diez menores de edad), más el padecimiento de torturas, violacio-
nes, traumas psicológicos ligados a la orfandez, la viudez y la disgregación
familiar.
IV. CONCLUSIONES
Atendidos todos los antecedentes y el contexto general del caso, la
CEH llegó a la plena convicción de que los once miembros de la familia
Tipaz Pérez, entre ellos diez menores de edad, ejecutados arbitrariamente
o muertos como consecuencia de la constante persecución y la destrucción
de bienes imprescindibles para la supervivencia, fueron víctimas de viola-
ciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejercito de Gua-
temala y de las Patrullas de Autodefensa Civil.
Igualmente la CEH llegó a la plena convicción que varios miembros
de la familia Tipaz Pérez fueron torturados y, en el caso de las mujeres, vio-
ladas sexualmente por los mismos agentes, violando gravemente el derecho
a la integridad física y moral de las víctimas.
Asimismo, la CEH está plenamente convencida del carácter forzado
del desplazamiento a que se vio sometida la familia afectada, lo cual cons-
tituye una violación del derecho de circulación y residencia.
El caso es ilustrativo de este fenómeno, que afectó a un alto porcenta-
je de las inermes poblaciones civiles maya k’iche’ que se refugiaron en la
montaña del norte de San Miguel Uspantán durante los años ochenta, lo
cual los obligó a vivir en condiciones de vida infrahumanas y sometidas a
otras violaciones de derechos humanos y sufrimientos de todo tipo.
144
509 Testigo directo CEH.
Del mismo modo, el caso ilustra el odio hacia la institución militar
que generó en la población afectada estas graves violaciones a los dere-
chos humanos y, que en algunos casos, permitió a la insurgencia ganar
adeptos.
145
I. ANTECEDENTES
La comunidad de San Antonio Sinaché (en adelante San Antonio) se
encuentra en el municipio de Zacualpa, departamento de Quiché, y está
conformada por población maya k’iche’.
El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) operaba en la zona y algu-
nos de los habitantes de la comunidad mantenían ciertos vínculos con el
grupo guerrillero. El apoyo se limitaba a tareas de propaganda y a propor-
cionar alimentos. Es decir, nunca tuvieron armas ni fueron combatientes.
Sin embargo, la comunidad fue víctima de sucesivas masacres que tu-
vieron lugar el 16 de marzo y asimismo el 18 y 30 de mayo de 1982.
II. LA PRIMERA MASACRE: 16 DE MARZO DE 1982
El martes 16 de marzo de 1982, a las tres de la mañana, el alcalde au-
xiliar de San Antonio reunió a los hombres de la comunidad y les mandó
que subieran a la sierra de Chuacús para rastrear las montañas en busca de
la guerrilla. Unos 400 hombres realizaron esta obligada actividad, quedan-
do en sus casas las mujeres, los niños y los ancianos.
Caso ilustrativo No. 78
Masacres en San Antonio Sinaché
“Nosotros no violamos las leyes, nunca nos han
dado justicia, sólo dolor, somos como perros, co-
mo animales. Por las noticias sabemos que se ha-
bla del dolor de las que quedan [sin sus seres
queridos, pero] sólo de los que tienen dinero …
a nosotros nunca nos han dicho porqué mataron
a los nuestros”.
“[Los soldados] se dedicaron a matarnos …
[pero] nosotros no somos guerrilleros, somos gen-
tes que nos dedicamos a trabajar la tierra, si fué-
ramos guerrilleros, nos hubiéramos defendido
también con armas, pero cómo no, entonces lo
que hicimos fue proteger a nuestros hijos, a nues-
tras mujeres para que no los mataran, pero en la
huida mucha gente cayó”.
“Llorábamos y llorábamos calladito, de tanto
llorar algunos casi no podíamos ver”.
510
510 Testimonios de sobrevivientes.
A las ocho de la mañana, 40 soldados al mando de un teniente cono-
cido como Checha, pertenecientes al destacamento militar de Zacualpa,
con uniformes de camuflaje y fuertemente armados, entraron en la comu-
nidad de San Antonio. Los soldados fueron casa por casa matando a las
personas que encontraban, en su gran mayoría mujeres y niños, y sustra-
yendo alimentos.
Mientras esto sucedía en la comunidad los hombres realizaban el ras-
treo en la montaña. Sin embargo, cuando escucharon los estallidos de
bombas y los disparos decidieron bajar, aun en contra de las órdenes del
alcalde auxiliar.
Al llegar al bosque, en las faldas de la montaña, se encontraron con ve-
cinos y familiares, que les contaron que los soldados estaban matando a la
gente.
Muchos deciden volver y esconderse en la montaña, pero otros deci-
den entrar en la comunidad, ocultándose de los soldados, para buscar a sus
familiares. Las escenas que pudieron contemplar en las casas fueron desga-
rradoras: los ancianos torturados y baleados, otros degollados, entre ellos
un sacerdote maya; los niños y las niñas degollados o muertos a golpes con-
tra las paredes; mujeres ejecutadas, algunas de ellas, “con el corte levantado,
sin el huipil y con señales de violación”.
511
El dolor de los hombres de la comunidad se incrementó por el enga-
ño con que el Ejército había obrado: “Lo que buscaban era que no hubiera
hombres en la comunidad, para así hacer lo que quisieran los soldados”.
512
A las tres de la tarde los soldados recibieron el apoyo de otra unidad
militar que entró por el lado de la comunidad Rincón de Los Leones del
municipio de Chiché.
Luego de la masacre, hacia las cuatro de la tarde, los soldados festeja-
ron su acción, reuniéndose para disfrutar de una gran comida frente a la
iglesia.
Los sobrevivientes se desplazaron a las montañas, donde las circuns-
tancias de vida y salubridad eran precarias, sobre todo para los más vulne-
rables, y el peligro de muerte resultaba cotidiano. Así lo confirma el si-
guiente testimonio:
“A partir de los ocho días de huida, ya no encontramos en el monte
qué comer. Otros tampoco comían por el miedo y por el sentimiento,
no era posible tragar nada, la boca se cerraba. El frío, la tristeza y no
comer nos ocasionó enfermedades. Los niños murieron por cientos, no
podíamos cuidarlos, no había padres ni abuelos que los cuidaran, y los
148
511 Testimonio colectivo CEH.
512 Ibid.
que los teníamos a cargo estábamos débiles y muy enfermos. Después
de esta masacre hubo una enfermedad que atacó a muchos niños. Era
porque muchos muertos no estaban bien enterrados, despedían malos
olores, se enfermaron, el agua estaba contaminada. Se morían de cua-
tro a cinco niños diarios. Era prohibido enterrar a nuestros muertos.
Lo teníamos que hacer a escondidas. Sólo se abrían hoyos, nunca pu-
dimos poner una cruz o un nombre”.
513
Tres de los declarantes son los únicos sobrevivientes de una familia de
la que mataron a 25 miembros. La mayoría de los declarantes ante la CEH
tienen más de cuatro familiares muertos como resultado de la masacre.
Otros sobrevivientes no declararon, ya fuera porque debieron desplazarse
y nunca regresaron a su comunidad, o porque el temor los inhibió.
En total, la CEH logró identificar a 108 personas que murieron en la
masacre del 16 de marzo de 1982, entre ellas 7 mujeres que fueron viola-
das sexualmente. Según los testimonios 87 personas más fueron ejecuta-
das, y otras 73 murieron a consecuencia del desplazamiento forzado, entre
ellos 70 niños, y dos personas resultaron heridas.
III. LA SEGUNDA MASACRE: 18 DE MAYO DE 1982
Dos meses después, el 18 de mayo de 1982, cuando todos los miem-
bros de la comunidad ya habían regresado a la aldea, temprano en la ma-
ñana, un vecino dio el aviso: “Corran, allí vienen los soldados a matarnos”.
514
Transcurrido poco tiempo, se escucharon disparos. Los que pudieron huir
se desplazaron hacia la montaña. Un declarante relata: “Nosotros nos fuimos
a la montaña, llevamos a nuestros padres, nuestras madres ancianas, que tie-
nen como 80 años, 90 años”.
515
Los soldados disparaban a matar. Una sobreviviente cuenta:
“En la huida mucha gente caía, yo miraba que a la par adelante de
mí se caía la gente como si se tropezara, pero no, ellos caían porque les
pegaban los balazos o porque cerca caían granadas y cuando esto pa-
saba, la gente salía volando y caían como muñecos, pero ninguno se
detenía, ni siquiera volteábamos para ver atrás, todos corríamos como
locos de un lugar para otro”.
516
149
513 Ibid.
514 Ibid.
515 Ibid.
516 Testigo directo CEH.
Los más débiles, en particular los ancianos, que no podían huir, fue-
ron ejecutados. “No podíamos llevarnos al anciano, era una carga para noso-
tros, porque él no podía correr como corre la gente joven, entonces pensamos de-
jarlo escondido … él aceptó quedarse y salimos corriendo para que no nos ma-
ten. Pero cuando los soldados llegaron a la casa, la registraron y al encontrarlo
lo degollaron”.
517
La huida trajo más muerte y dolor. Un padre, que huía
con sus dos hijos, corrió sin descanso hasta que dejó de escuchar los dispa-
ros. Cuando se detuvo notó que su hija tenía la cara ensangrentada. Así
describe su experiencia:
“La revisé y vi que una bala le había pasado rozando la cabeza, le
limpié la herida; después me preocupé del [niño] que llevaba en la es-
palda, me lo bajé de mi espalda porque no se movía ni lloraba, al te-
nerlo entre mis brazos lo vi dormido, al revisarlo lo encontré con el
maxtate [pañal] lleno de sangre. Estaba muerto. Le pegaron un bala-
zo en la espalda, él evitó que la bala me matara a mí. Con mucho do-
lor lo dejé debajo de un árbol y seguí con el otro [la niña] que estaba
herido, subiendo más para el monte”.
518
Las mujeres embarazadas y las madres con niños pequeños y que ya no
podían correr, trataron de esconderse en cuevas o entre las piedras. Las que
descubrían los soldados eran sacadas de sus escondites, torturadas y ejecu-
tadas. A una de las embarazadas los soldados le abrieron el vientre y le sa-
caron el feto. Sobrevivientes narran escenas como ésta: “Hay veces que hi-
cieron un palo con punta y le metieron en el culo a las mujeres, lo metieron en
la panza … de una vez les quitaron la vida, les cortaron el pescuezo, así les hi-
cieron los militares y hay civiles también, patrulleros ladinos”.
519
Los niños co-
rrieron igual suerte: “Los patrulleros mataron a los niños, los agarraron de su
canilla, los mataron con piedras, les machucaron la cabeza, les quitaron sus ore-
jas y se quedan desnudos los niños en el río, parecen sapos, parecen animales”.
520
Después de la persecución, los militares registraron las casas, las sa-
quearon y las quemaron. Arrasaron además los bosques, las plantaciones
de maíz, los santuarios ceremoniales. Una declarante afirma: “Destruyeron
todas las cosas que nos eran necesarias, tales como piedras de moler, comales, ro-
pa, mazorca, frijoles, ollas; nos dejaron sin comida ni con qué preparar nues-
tros alimentos, tampoco dónde vivir, sólo nos dejaron la ropa que teníamos
puesta cuando huimos”.
521
150
517 Ibid.
518 Ibid.
519 Testimonio colectivo CEH.
520 Ibid.
521 Testigo directo CEH.
Los sobrevivientes permanecieron en el monte, temiendo que se pro-
dujera un nuevo ataque de los soldados, sin poder dormir y pasando ham-
bre, a merced de la lluvia y el frío.
Una de las jóvenes detenida por los militares y cuyo esposo resultó
muerto por intentar defenderla, fue llevada a una casa de la comunidad.
Aunque no le hicieron daño, una vez en cautiverio dejó de comer, vomi-
taba y no podía caminar a consecuencia de los golpes que había recibido
durante su captura. A los seis meses murió.
Los militares permanecieron en la comunidad durante tres días. Al
cuarto, regresaron al destacamento militar de Zacualpa, llevando consigo
los animales que encontraron. Los sobrevivientes buscaron rescatar a los
heridos y a los niños perdidos en la huida. Cuando los militares se fueron,
volvieron a la comunidad para enterrar, como fuera posible, a los muertos
que hallaron. Sin embargo, muchos cadáveres quedaron insepultos y fue-
ron devorados por los coyotes y los perros. Un sobreviviente cuenta: “Yo
medio enterré mi familia, pero quedaron unos [sin enterrar], tuve miedo ya
no fui a ver, entonces el chucho se lo comió”.
522
En los días siguientes a la masacre los soldados volvieron a San Anto-
nio, hasta que el 27 de mayo se ausentaron de la comunidad y sus alrede-
dores, lo que fue interpretado por los habitantes como una retirada defini-
tiva. Por esta razón las familias que habían huido y permanecían refugia-
das en las montañas regresaron a vivir a sus hogares.
En total, la CEH logró identificar 51 víctimas, entre ellas 45 personas
que fueron ejecutadas, 4 heridas y otras dos torturadas.
IV. LA TERCERA MASACRE: 30 DE MAYO DE 1982
El 30 de mayo de 1982 llegaron de nuevo los soldados. Los acompaña-
ban esta vez patrulleros civiles de otras comunidades del municipio de Za-
cualpa.
523
Rodearon la comunidad y ordenaron a 35 hombres que fueran a
patrullar. Detuvieron un número de pobladores, los trasladaron al cantón
Las Joyas y los sometieron a tortura durante casi todo el día, para al fin de-
gollar a machete a 34 de ellos. El sobreviviente declara: “Me amarraron, me
tiraron al suelo, se subieron encima de mí, me empacharon con patadas … a
mi suegro le cortaron la panza, le metieron un machete … el hombre tomaba
la sangre de la gente que mataron … a todos les machucaban la cabeza”.
524
151
522 Testimonio colectivo CEH.
523 Se trata de Potrero Viejo, Choaxan, Arriquín y Rincón de los Leones. Este último caserío se ca-
racteriza porque la mayoría de los habitantes son de origen ladino y porque sus patrulleros parti-
ciparon en violaciones de los derechos humanos en otras comunidades. Los militares habrían di-
cho a los patrulleros que iban a rastrear la comunidad de San Antonio y que iban a buscar a la
“mala gente” que colaboraba con la guerrilla.
524 Testigo directo CEH.
A las cuatro de la tarde arrojaron los cadáveres en una cueva próxima
a Las Joyas. El sobreviviente permaneció en la fosa durante toda la noche;
al día siguiente, como a las siete de la mañana, despertó entre los muertos.
En total, la CEH logró identificar a 40 víctimas, entre ellas 39 perso-
nas que fueron torturadas y ejecutadas, y una persona herida y torturada.
V. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes reunidos, llegó a la plena con-
vicción de que miembros del Ejército, actuando bajo la dirección de sus
superiores, atentaron contra el derecho a la vida de 192 habitantes de la co-
munidad de San Antonio Sinaché, a quienes ejecutaron arbitrariamente
durante los sucesos ocurridos el 16 de marzo de 1982 y el 18 y 30 de ma-
yo de 1982. Además, los soldados fueron autores de torturas y violaciones
sexuales infligidas a habitantes de la misma comunidad, que constituyen
graves violaciones al derecho a la integridad de los mismos.
La CEH considera a su vez que los miembros de las patrullas de auto-
defensa civil, comandados por ladinos y actuando bajo la dirección del
Ejército, fueron autores de actos de la misma naturaleza el día 30 de ma-
yo de 1982.
La repetición y el ensañamiento de la violencia criminal contra esta co-
munidad, a la que el Ejército identificaba con la guerrilla, demuestra la in-
tención de eliminar completamente la misma. Dicha intención no sólo se
manifestó en las ejecuciones masivas, sino también en la tortura, la viola-
ción sexual y la creación de condiciones de vida que podían traer como
consecuencia la muerte por hambre, frío o enfermedad. La intención de
destruir total o parcialmente a un grupo que tiene en común etnia y cul-
tura, cualquiera sean sus motivaciones, determina el carácter genocida de
estos actos criminales. El acaecimiento de actos de este tipo en otras comu-
nidades del municipio de Zacualpa, en que miembros del grupo étnico
maya-k’iche’ fueron considerados el enemigo a destruir, refuerza esta con-
vicción de la CEH.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
152
Agustina Macario Morales
Agustín Morales González
Agustín Tum
Ana Morales González
Ana Morales González
Ana Morales Turkis
Antonio MacarioTol
Antonio Shinar
153
Bacilia Macario Tol
Baltazar Tum
Basilia Morales Ventura
Basilia Toj Ventura
Carmen Morales Morales
Carmen Moraya
Catarina Saquic Gonzales
Cecilia Pérez
Diego Macario Tol
Diego Martín
Diego Morales Ventura
Dominga Tzaquic Tzoj
Faustino Morales
Francisco Morales Macario
Gaspar Gonzales Primero
Gaspar Requica Tinivar
Germina Panjoj
Geronima Morales Toj
Isabel Macario Morales
Jacinta Pol González
Jerónima Morales Macario
Jerónima Morales Morales
Jerónima Panjoj
Jerónimo Morales Morales
José Martín
José Martín Morales
José Morales Morales
Josefa Morales González
Josefa Suy Pol
Josefa Xiloj
Josefa Xiloj
José Chan
José Morales
José Morales González
Juan Macario Toj Tol
Juan Alonzo
Juan Castro
Juan Morales Panjoj
Juan Morales Panjoj
Juan Morales Toj
Juan Suar
Juan Tol
Juan Tomás
Juan Tzoc
Juana Canil Ramos
Juana Macario Morales
Juana Morales
Juana Tol Pérez
Juana Tum Riquiac
Julio Castro Coj
Julio Hernández Riquiac
Julio Macario Tol
Lucía Ventura Canil
Luis Us
Manuel Morales Macario
Manuel Morales Macario
Manuel Morales Mejia
Manuel Morales Morales
Manuel Morales Toj
Manuel MoralesTum
Manuel Panjoj
Manuel Requiac Tinihuar
Manuel Toj Tol
Manuel Tol
Manuela Morales Morales
Manuela Morales Ventura
Marcela Morales González
María Macario Canil
María Macario Tol
María Morales Morales
María Morales Morales
Mario Macario Morales
Martín Morales Morales
Martín Morales Tinivar
María Canil
María Morales González
María Toj Aguilar
María Toj Aguilar
María Toj Ventura
Mateo Canil
Micaela Mejía Calel
Micaela Morales Panjoj
Micaela Morales Panjoj
Micaela Riacac Panjoj
154
Micaela Riquiac Panjoj
Micaela Toj
Micaela Us Us
Miguel Morales Morales
Mirtala Macario Morales
Nicolasa Hernández
Pablina Macario Tol
Pascual Morales Canil
Paulo Ventura
Pedro Suincuic Chomo
Pedro Us Us
Petrona Ventura Canil
Rocaela Morales
Rosa Morales Canil
Rosalia Méndez
Santa Us Us
Santa Us Us
Santiago Macario Hernández
Santiago Morales
Santiago Tum Morales
Sebastián Morales Toj
Sebastiana Hernández Riquiac
Sebastián Morales Lastor
Sebastián Morales Panjoj
Tomás Macario
Tomás Macario Morales
Tomás Macario Morales
Tomás Morales Macario
Tomás Morales Macario
Tomás Morales Toj
Tomás Morales Turkis
Tomás Nash
Tomás Requiac Tinihuar
Tomás Tinivar
Tomás Tinivar Raquiaj
Tomasa Gonzales Pol
Tomasa Macario Hernández
Tomasa Macario Tol
Tomasa Morales Canil
Tomasa Morales Macario
Tomasa Morales Turkis
Tomasa Tzaquic Tzoj
Tomasa Ventura Canil
Tomás Chitic Tinivar
Tomás Morales Canil
Tomás Morales González
Tomás Morales Panjoj
Vicenta Saquic Gonzales
Vicente Requiac Tinihuar
Víctor Morales Toj
Ejecución arbitraria, tortura
Manuel Morales Tevalán
Diego González
Diego González
Diego González Turkis
Diego Mejía Tiniguar
Diego MejíaToj
Diego Sukuki Nas
Felipe Aguilar,Toj
Francisco Aguilar Canil
Francisco Morales González
Francisco Morales González
Gaspar Riquiac Aguilar
Gaspar Riquiac Aguilar
Gaspar Riquiac Tiriquiz
Jacinto Panjoj Morales
Juan Aguilar Toj
Juan Tevalán Quino
José González Aguilar
Manuel Aguilar
Manuel Aguilar González
Manuel Canil Aguilar
Manuel Coz Tevalán
Manuel Tiniguar
Martín Aguilar Canil
Miguel Tevalán Quino
Pedro Aguilar Toj
Pedro Canil Aguilar
Sebastián Aguilar Nos
Víctimas colectivas/desconocidas: 169
155
Sebastián Aguilar González
Sebastián Calel
Sebastián Chan
Sebastián Cos Aguilar
Sebastián Cos Tevalán
Sebastián Morales Calel
Tomás Canil
Tomás Cos Aguilar
Tomás Coz Tevalán
Tomás Morales Cos
Tomás Morales Quinto
Ejecución arbitraria, otras violaciones
Josefa Morales Xiloj
Magdalena Riquiac Gonzales
Juana Nash
María Macaria Canil
Rosa Ventura
Santa Tum Tebalam
Tomasa Toj
Tortura
Micaela Morales
Tomás Riz
Muerte por desplazamiento forzado
Juan Tomás Nash
Vicente Nash
Vicente Tomás
Herido en atentado
Carmen González Hernández
Juana Morales Castro
Juana Morales Coj
Paulina Macario Hernández
Tomasa Canil Morales
Vicenta Tinihuar
I. ANTECEDENTES
Arriquín es una aldea del municipio de Zacualpa, departamento de
Quiché, que colinda con la aldea Estanzuela, correspondiente al munici-
pio de Joyabaj, también en Quiché. En el pasado ambas aldeas formaban
parte de una misma finca, por lo que constituían una sola comunidad. Se
encuentran separadas por el río Grande.
En la actualidad la comunidad de Arriquín está conformada por unas
veinte familias maya k’iche’ y un número aproximado de familias ladinas.
Todas las familias indígenas son católicas y la mayoría de las ladinas son
evangélicas. En la aldea surgieron múltiples conflictos étnicos. Un decla-
rante manifiesta: “Antes de la violencia ya teníamos problemas porque los la-
dinos no quieren trabajar, sólo quieren que los indígenas trabajemos para ellos
… ellos se quedaron con las mejores tierras a la orilla del río”.
526
En los años sesenta Arriquín comenzó su experiencia organizativa con
la Acción Católica que desarrolló un discurso fundado en la teología de la
liberación. Más tarde se conformarían las Ligas Campesinas, promovidas
por la Iglesia Católica y por la Democracia Cristiana. Asimismo, se impul-
só la creación de cooperativas.
En la década de los ochenta el Comité de Unidad Campesina (CUC)
inició su trabajo político y parte de las familias indígenas de Arriquín se in-
tegraron a esta organización, acentuándose con ello los conflictos étnicos.
Un indígena de Arriquín afirma: “En la Cooperativa sólo estábamos los indí-
genas, en el CUC sólo nos organizamos los indígenas … los ladinos veían mal
que nosotros los indígenas quisiéramos levantar cabeza, reclamar lo nuestro y
no tardaron mucho en ir a quejarse con el Ejército”.
527
Caso ilustrativo No. 80
Masacre de Arriquín
“…Tenemos idea de que nos masacraron y
querían acabarnos no sólo por la guerrilla,
también porque nosotros empezamos a mejo-
rar nuestras vidas, a tener conciencia más
clara de la opresión que sufrimos de los ladi-
nos y fueron los ladinos que fueron a denun-
ciarnos”.
525
525 Testigo directo CEH.
526 Ibid.
527 Ibid.
En 1981 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) tuvo presencia y
comenzó su trabajo político en la comunidad. Según un poblador, “acusa-
ron a las comunidades indígenas de colaborar con la guerrilla, pero nunca no-
sotros como indígenas estuvimos con la guerrilla, ni siquiera todos con el CUC,
sólo algunas gentes”.
528
Desde octubre de 1981 hasta el día de los hechos, miembros del Ejér-
cito pasaron varias veces por la zona forzando a la población a abastecerles
de alimentos. Preguntaban a los pobladores sobre la presencia de la guerri-
lla en el lugar, indagaban sobre los niveles organizativos de la comunidad
y, también, exploraban el área. En una de las incursiones, alrededor de
treinta soldados torturaron y ejecutaron al presidente de la cooperativa,
quemaron su hogar, la sede de la cooperativa y varias casas más.
529
Entre noviembre de 1981 y febrero de 1982, antes de la masacre y co-
mo medida de prevención frente a futuros hechos de violencia, la pobla-
ción ladina de Arriquín, a excepción de una familia, se desplazó hasta Pa-
chalib (Joyabaj), incluido el entonces comisionado militar Oscar Rosales.
Según un testimonio: “Ellos [los ladinos] fueron a denunciar con el Ejército
que había ‘mala gente’ en Arriquín, y por eso se fueron, porque ya sabían que
venían los soldados a masacrarnos … a nosotros, a los indígenas”.
530
II. LOS HECHOS
El 19 de marzo de 1982 elementos del Ejército pertenecientes al des-
tacamento militar de Zacualpa, junto a un gran número de patrulleros de
las cabeceras municipales de Joyabaj y Zacualpa, en su mayoría ladinos,
acompañados por dos civiles encapuchados, se dirigieron a la comunidad
de Arriquín.
Antes, los soldados y patrulleros entraron en la aldea Estanzuela, don-
de ejecutaron a 57 personas y quemaron siete casas.
531
Bordearon el río ha-
cia Arriquín, y allí encontraron personas que se estaban bañando; sólo algu-
nas lograron huir. Los soldados violaron a varias mujeres. A una de las víc-
timas, que estaba embarazada de siete meses, la violaron, le abrieron el vien-
tre con cuchillo y le sacaron el feto. Al resto de las personas las ejecutaron.
Luego, ya en Arriquín, los militares fueron casa por casa. A los mora-
dores los amarraban y los mataban, rociaban las casas con gasolina y les
prendían fuego. Cuando los vecinos intentaban huir, les disparaban. Un
158
528 Ibid.
529 C 16201. Octubre, 1981. Zacualpa, Quiché.
530 Testigo directo CEH.
531 Ibid.
sobreviviente, al escuchar los disparos, salió de su rancho “y cabal vimos que
la pobre gente estaba huyendo y los agarraron con Galil, los mataron”.
532
Cuan-
do encontraban niños, los mataban a golpes.
Las casas de los ladinos no fueron asaltadas. Un declarante afirma, re-
firiéndose a las casas que no resultaron arrasadas, que “como esa casa es de
ladino no la quemaron y ahí se quedaron, ya no siguieron porque las demás
casas que seguían eran casas de personas ladinas”.
533
En total murieron 83 personas, población maya k’iche’, civil e inde-
fensa.
III. LOS HECHOS POSTERIORES
Después de los hechos el Ejército continuó hostigando a la población
sobreviviente: quemaron las viviendas y destruyeron los sembradíos, forza-
ron a la comunidad indígena a desplazarse hacia el monte, hicieron desa-
parecer y ejecutaron a varios miembros de la comunidad.
534
Según varios
testimonios, la guerrilla orientó a las personas que lograron huir de la ma-
sacre sobre cómo organizarse para sobrevivir: “Nosotros aprendimos a orga-
nizarnos para huir y regresábamos cuando se retiraba el Ejército, si no, ahori-
ta no quedaría ninguno vivo”.
535
Las familias ladinas volvieron a mediados de 1982 a instalarse en la co-
munidad. Fue en ese tiempo cuando se conformaron las Patrullas de Au-
todefensa Civil (PAC).
La discriminación hacia los indígenas y su “estigma” de guerrilleros
persiste hasta hoy. Un indígena afirma: “A nuestros hijos todavía los discri-
minan en la escuela, no les enseñan nuestra lengua, los niños ladinos les insul-
tan, les dicen que son hijos de guerrilleros. Ahorita tenemos un proyecto de ar-
tesanía y ellos ya dicen, otra vez llegaron a meterles malas ideas a los indios, pe-
ro ya saben lo que pasa y no aprenden”.
536
159
532 Testimonio colectivo CEH.
533 Ibid.
534 C 16203. Mayo, 1984. Zacualpa, Quiché.
C 16207. Agosto, 1982. Zacualpa, Quiché.
C 16208. Septiembre, 1982. Zacualpa, Quiché.
C 16209. Agosto, 1982. Zacualpa, Quiché.
535 Testimonio colectivo CEH.
536 Testigo directo CEH. C 16203. Mayo, 1984. Zacualpa, Quiché.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes reunidos, llegó a la convicción
de que, por lo menos 83 personas indefensas de la comunidad maya k’i-
che’ de Arriquín fueron muertas por efectivos del Ejército de Guatemala,
quienes son responsables de esta grave violación del derecho a la vida, ade-
más de múltiples violaciones a la integridad personal de miembros de la
misma comunidad.
A la CEH le asiste, además, la convicción de que quienes dirigieron es-
ta operación criminal tuvieron la intención de destruir precisa y únicamen-
te a la población maya, no sólo eliminando físicamente a las personas que
se encontraban en la comunidad, sino también destruyendo sus casas y
medios de subsistencia y hostigando constantemente a las personas que
pudieron escapar. El hecho que los autores no se inhibieron de matar a ni-
ños constituye otro elemento indicativo de que el principal objetivo de es-
ta masacre fue la eliminación de la comunidad maya.
La CEH considera que la identificación, por el Ejército, de este grupo
como enemigo guerrillero, en razón de su identidad maya k’iche’, condujo
a la decisión de destruirlo, revistiendo el acto criminal carácter genocida.
Este caso es ilustrativo de un patrón criminal que caracteriza a los ac-
tos genocidas, el cual se repitió masivamente en contra de los miembros
del grupo étnico maya k’iche’ de varias comunidades del municipio de Za-
cualpa.
537
La CEH considera, además, que este caso ilustra cómo la discrimina-
ción étnica se reprodujo al interior de comunidades rurales, agudizándose a
causa del enfrentamiento armado interno, en razón de la identificación que
el Ejército hizo de los indígenas como proclives a la guerrilla. Considera, asi-
mismo, que el caso ilustra la relación existente entre el logro de la concor-
dia nacional y la superación de la discriminación por razones étnicas.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
160
537 Véase capítulo segundo, Genocidio.
Alfonso Chingo
Antonia Ajqui Gimon
Aurelio Rosales
Candelaria Rosales
Carlos Us
Cirilo Us
Josefa Xirum
José Calel Castro
Juan Us
Juana Castro
Juana Chingo
Juana Xirum
Víctimas colectivas/desconocidas: 57
161
Manuel Sajqui Xirum
Mauricio Us
Miguel Xirum
Miguel Xirum
Otilia Chingo Rosales
Pablo Us
Ricardo Us
Tomás Xirum
Vitalina Saquic
Vitalino Xirum
Ejecución arbitraria, tortura
Domingo Tiño
Isabela Ajqui
Marcelo Ajqui Gimon
Paula Ajqui Gimon
Paulina Calel Castro
Pedro Gutiérrez Chingo
I. ANTECEDENTES
San José Sinaché, municipio de Zacualpa, departamento de Quiché,
es una comunidad habitada por indígenas maya k’iche’.
En la década de los setenta miembros de la comunidad de San José Si-
naché se organizaron en el Comité de Unidad Campesina (CUC). A fina-
les de la década el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) operó en la zo-
na. Los habitantes de San José Sinaché no se involucraron como comba-
tientes a la guerrilla, pero algunos les proporcionaban alimentos.
Como entre los habitantes maya k’iche’ de San José Sinaché y las co-
munidades ladinas vecinas de Capuchinas y Chinique existían previamen-
te conflictos étnicos y de tierra, los últimos los acusaron en el destacamen-
to militar de Zacualpa de ser guerrilleros.
“Ahí están buzones, ahí está enterrado el maíz y tienen armas…”
En abril de 1982 el Ejército organizó la Patrulla de Autodefensa Civil
(PAC) en San José Sinaché.
En la primera semana de mayo el teniente del destacamento militar de
Zacualpa se reunió con los patrulleros e insistió en la obligación que tenían
de encontrar y denunciar a quienes pertenecieran o estuvieran involucra-
dos con la guerrilla. “Nosotros no sabemos nada”, se atrevió a decir uno de
los patrulleros, Antonio Castro Osorio. El teniente le acusó de guerrillero.
“No somos toda la gente así, nosotros no sabemos”, acotó otro de los patrulle-
ros, Martín Panjoj Ramos. “Ah, entonces vos sos también guerrillero”, afirmó
Caso ilustrativo No. 53
Miembros de las PAC obligados
a matar a otros miembros de las PAC
“Vos matalo a éste, si vos no lo matas, te ma-
to”,
538
amenazó el teniente del Ejército a un
patrullero.
“…Empezamos a tomar más guaro aquí, para
que se ponga tranquilo el corazón, para que se
pase un poco el dolor de las cosas que pasó” afir-
mó un indígena ex patrullero de San José.
538 Testigo directo (ex patrullero, sobreviviente) CEH. Las citas son extraídas de la declaración de es-
te mismo testigo.
el teniente. Los demás patrulleros permanecieron callados. “Si no entregás
a tus papás [refiriéndose a la guerrilla] vos vas a morir, porque aquí están”,
dijo el teniente dirigiéndose a uno de los jefes de patrulla, Manuel Tol Ca-
nil. “Pero no hay nada. Ahora, si encontramos, los vamos a llevar ahí con us-
tedes al destacamento”, respondió Manuel Tol Canil.
Después de esta reunión el teniente disparó dos veces al aire “para que
la gente viera que tenía más poder”, y se fue.
Desde que se crearon las PAC en San José Sinaché los patrulleros em-
pezaron a reunirse cada ocho días para ponerse de acuerdo en cómo defen-
derse de “los Ejércitos”. Decidieron no denunciar ni entregar a nadie aun-
que supieran que era miembro o colaborador de la guerrilla. Para el Ejér-
cito la falta de denuncia y de colaboración era una constatación de que la
población estaba con la guerrilla. Un declarante afirma que le escuchó de-
cir al teniente: “Todos los patrulleros de San José Sinaché eran guerrilleros,
mala gente, porque nunca avisaban o denunciaban cuando la guerrilla pasa-
ba por San José Sinaché”.
539
II. LOS HECHOS
El 24 de mayo de 1982, casi un mes después de haberse creado las
PAC en San José Sinaché, el teniente, acompañado de unos 40 soldados,
reunió a los patrulleros del municipio de Zacualpa frente a la iglesia de San
Antonio Sinaché, comunidad vecina a San José Sinaché. A esta reunión
asistieron alrededor de 800 patrulleros de varias aldeas vecinas, entre otras,
las comunidades ladinas de Chinique, Capuchinas, Rincón de los Leones,
Zacualpa. De San José Sinaché asistieron 80 patrulleros.
Al mediodía, alrededor de las doce y media, cuando estaban todos
reunidos, el teniente preguntó, refiriéndose a la guerrilla: “¿Ya encontraron
a los desgraciados? Porque aquí están. Si no los entregan, aquí los matamos a
todos”.
540
A la una de la tarde, el teniente ordenó a los patrulleros de San Anto-
nio y San José que fueran a hacer un “rastreo” en las montañas cercanas. A
las tres de la tarde, los patrulleros regresaron a San Antonio, sin haber en-
contrado guerrilleros. Mientras tanto, miembros del Ejército y patrulleros
habían ejecutado a cuatro integrantes de las PAC de San Antonio y a dos
mujeres de San José Sinaché. El teniente se dirigió entonces a todos los pa-
trulleros y a los vecinos de San Antonio ahí presentes y, señalando los ca-
dáveres, afirmó: “La ‘mala gente’ aquí está, aquí está. Ustedes los están man-
164
539 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
540 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
teniendo, les están dando comida, por eso es que nunca mueren. Que se mue-
ran en las montañas, que se mueran en las quebradas, por el hambre tienen
que morirse. Si los miran agárrenlos y llévenlos conmigo a Zacualpa”.
El teniente ordenó luego que los patrulleros de San José Sinaché for-
maran una fila. Frente a ellos se encontraban los soldados y detrás el resto
de los 700 patrulleros. Los despojaron de sus palos y machetes. “¿Quiénes
de ustedes hablaron el otro día?”, preguntó el teniente, refiriéndose a la reu-
nión de la primera semana de mayo del 1982. Los patrulleros de San José
Sinaché permanecieron en silencio. “Pero yo ya los conozco”, manifestó el te-
niente, y señalando a uno de los jefes de los patrulleros, Manuel Tol Canil,
afirmó: “Vos sos”. Los patrulleros de San José, Martín Panjoj Ramos y An-
tonio Castro Osorio negaron que aquel fuera guerrillero: “Dijeron que no
tenían por qué matar al primer jefe de patrulla, Manuel Tol Canil, pues él no
había hecho nada”.
541
Entonces, el teniente los señaló y dijo: “Y vos también,
y vos también”.
El teniente ordenó que los soldados ataran a cada uno de los tres patru-
lleros a los cipreses, frente a la iglesia, con las manos amarradas por detrás.
El teniente entregó un machete al resto de los patrulleros de San José
Sinaché. Al primer patrullero de la fila le increpó: “Vos matalo a éste. Si vos
no lo matás, te mato a vos”. Les ordenó que no propinaran machetazos que
pudieran matar a sus compañeros rápidamente, pues su muerte debía ser
lenta. Comenzaron por Martín Panjoj Ramos. Le tocó el turno a un ami-
go suyo y Panjoj le suplicó, mostrándole el cuello: “Dámelo aquí de una
vez”. Entonces, el teniente insistió en que debe hacerse “despacito que hay
que aguantar bastante”. Cuando Martín Panjoj Ramos murió el teniente
expresó que era una “lástima que no aguantó bastante, sólo con tres macheta-
zos se fue”.
Manuel Tol Canil murió después de cuatro machetazos. Antonio Cas-
tro Osorio fue macheteado seis veces, en una de las tandas intervino inclu-
so un familiar; pero como tardaba en morir un soldado le dijo al teniente:
“¿Qué vamos a hacer? Este pisado no se muere”. El teniente ordenó que le
partieran la cabeza. Entonces, “el soldado le quitó la cabeza, pero no todo, só-
lo del cuero aquí atrás se quedó agarrado”.
Doce patrulleros tuvieron que pasar dando machetazos antes que sus
tres compañeros murieran. Una vez muertos, hacia las siete de la noche, el
teniente ordenó a los propios patrulleros de San José Sinaché que los ente-
rraran y dijo, señalando a los cadáveres: “Si no entregan a todos los de la gue-
rrilla, así les vamos a hacer a ustedes”. El teniente designó un nuevo jefe de
las PAC de San José Sinaché, ordenándole que repitiera en su comunidad
lo que se había hecho durante el día. Luego se retiró, junto con los solda-
165
541 Testigo directo (ex patrullero) CEH.
dos que lo acompañaban. Un grupo tuvo que cavar la fosa y otro tuvo que
cargar los cadáveres. Cuando terminaron de enterrar a sus compañeros los
patrulleros de San José Sinaché regresaron a su comunidad y como mani-
fiesta un sobreviviente: “Venían con frío, todos bien asustados. Hay algunos
que ya son viejitos y llorando venían por el camino, el caso es que todos llora-
mos”.
Al llegar a la comunidad de San José Sinaché, donde habían quedado
entre 15 o 20 patrulleros, todos se reunieron en su garita. Ahí, el nuevo je-
fe de las PAC, repitiendo el procedimiento de aquella tarde, ordenó a cua-
tro patrulleros que agarraran a uno de ellos, Pedro Tol. También dispuso
que los patrulleros que no habían ido a San Antonio se formaran en fila.
Inmediatamente, cada uno de los 80 patrulleros que habían estado en
San Antonio fueron obligados a dar muerte, mediante la aplicación de
“planazos”,
542
a cada uno de los patrulleros que estaban en fila, a excepción
de Pedro Tol. El jefe de las PAC manifestó: “Como nosotros fuimos a sufrir
bastantes cosas ahí arriba [refiriéndose a San Antonio], aquí nos vamos a
quitar el vicio”.
Muchos de los patrulleros, aprovechando que ya estaba oscuro y que
el jefe de patrulla no podía observar bien lo que hacían, se abstuvieron de
dar “planazos” a sus compañeros. Luego, el jefe de patrulla mandó a cavar
una fosa, mientras cuatro patrulleros mataban a Pedro Tol: “A puro mache-
te se murió el pobre. Dicen que le hicieron pozol
543
la cabeza”. Los mismos
patrulleros lo enterraron. Después de eso, todos los patrulleros se retiraron
a sus casas.
La CEH pudo identificar a 11 de las víctimas, ocho de ellos patrulle-
ros de la etnia maya k’iche’.
III. DESPUÉS
Una parte de la comunidad, formada por familiares de los patrulleros
muertos, huyó hacia las montañas. Allí permaneció escondida más de una
semana.
A partir de ese día, los patrulleros de San José Sinaché sufrieron mie-
do y tristeza: “Apenados estábamos … porque de repente nos toca a nosotros
también … y con pena por los que habían muerto … Después de esto vivía-
mos con tanto miedo…”
166
542 Golpe con la parte ancha del machete, no con el filo.
543 Hacer pedazos pequeños, picadillo.
Uno de los patrulleros obligados a matar a machetazos a sus compa-
ñeros en San Antonio Sinaché, llamado Martín Castro Calel, sintió deses-
peración. No se explicaba la razón por la cual lo habían obligado a matar
a sus compañeros, prefería morir a tener que vivir con la culpa. Desde en-
tonces, comenzó a tomar mucho licor, se enfermó y murió a los tres años
de los hechos.
La esposa de uno de los patrulleros, como muchas otras viudas, que-
dó sola con seis hijos. Dos de ellos murieron durante el enfrentamiento ar-
mado. Para mantener a los demás tuvo que irse a la costa, a cortar café y
caña.
IV. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que el Ejército atentó contra el dere-
cho a la vida y a la dignidad de 11 campesinos de San José Sinaché, civiles
e indefensos, al ordenar sus ejecuciones arbitrarias de un modo cruel e in-
humano.
En cuanto a la responsabilidad material, la CEH considera que los pa-
trulleros fueron obligados por el Ejército a matar a sus vecinos, bajo ame-
nazas y sin su consentimiento; dadas las circunstancias, proceder como hi-
cieron los patrulleros, fue una forma de sobrevivencia.
El caso ilustra la utilización de las PAC como mecanismo del Estado
para comprometer a la población civil en la lucha contrainsurgente. De
igual modo, ilustra la forma como el Ejército implantó el terror en las co-
munidades para que las PAC se encarguen, de ahí en adelante, de aterro-
rizar y causar sufrimientos a la población civil.
Además, en el caso se aprecia el castigo “ejemplar” del Ejército en con-
tra de potenciales agentes de la insurgencia, al haber obligado a aproxima-
damente 800 personas a presenciar lo ocurrido. No sólo aterrorizaron a los
patrulleros de San José Sinaché, sino que también aprovecharon para ate-
rrorizar, de una vez, a los patrulleros de gran cantidad de las comunidades
del municipio de Zacualpa.
Finalmente, el presente caso ejemplifica varias de las consecuencias del
conflicto armado en Guatemala: el fenómeno de las PAC, convertidas en
víctimas y victimarios al mismo tiempo, el alcoholismo y la viudez por la
violencia política.
167
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Juan Morales
Juan Sibar
Pedro Turquis
Ejecución arbitraria, tortura
Tortura
Marcos Yat Chivalan
Martín Castro Calel
Víctimas colectivas/desconocidas: 26
168
Antonio Castro Osorio
Isabel Saquic Morales
Juana Gonzales Hernández
Manuel Tol Canil
Martín Panjoj Ramos
Pedro Tol
I. ANTECEDENTES
La comunidad de Santa Rosa Xeputul, Chajul, Quiché, es una de las
conocidas como Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de la
Sierra.
546
Antes del período de agudización de la violencia, esta comunidad
estaba habitada por campesinos permanentes del lugar. Pobladores de
otros municipios también poseían tierras en esta parte de Chajul, algunos
de los cuales llegaron a ellas antes de producirse el desplazamiento que ori-
ginó el enfrentamiento armado en Quiché.
Fue en este marco que la familia de Juan Ceto, originaria de Acul, Ne-
baj, se trasladó a Santa Rosa Xeputul, para cultivar el terreno heredado de
su padre, luego de la muerte de éste en 1981. De la misma forma, la fami-
lia de su esposa Rosa Brito, de la aldea Salquil, Nebaj, llegó a Santa Rosa
Xeputul, para cultivar los terrenos que sus padres habían adquirido. Asen-
tados en este lugar, decidieron unir sus vidas y formar una familia.
A partir de 1985, debido al desplazamiento interno masivo que en esa
década experimentó la región, muchos pobladores permanentes de Santa
Rosa Xeputul debieron acoger a los desplazados que iban llegando paula-
tinamente. Este fenómeno tuvo su culminación en el último trienio de los
años ochenta, cuando miles de campesinos mayas ixiles y de otras áreas
geográficas del país debieron asentarse en las superficies habitadas por las
CPR de la Sierra: Cabá, Santa Clara y Xeputul. Fue en este trienio que su-
cedieron con especial intensidad las ofensivas del Ejército contra este área
de resistencia civil. Pero, como afirma la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos,
547
estas ofensivas continuaron hasta el año 1993 e in-
Caso ilustrativo No. 58
Bombardeos y muerte en
Santa Rosa Xeputul, Chajul
544
“…Siempre que venía el Ejército, nos íba-
mos a escondernos en la montaña.”
545
544 Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad del declarante.
545 Todas las citas textuales pertenecen a testigos directos y sobrevivientes del caso. Por tanto, no apa-
recen llamadas al pie de página. Otras fuentes se citan oportunamente.
546 CPR: Comunidades de Población en Resistencia. Poblaciones civiles que, en la época de agudi-
zación de la violencia, decidieron defenderse y resistir al Ejército huyendo a las montañas; para
tales efectos y sin ser combatientes, recibieron instrucción de la guerrilla.
547 Organization of American States, Inter-American Commission on Human Rights, Special report
on the human rights situation in the so-called “Communities of Peoples in Resistance” in Guatemala,
Guatemala, 1994.
cluían: i) acciones militares intimidatorias contra las comunidades; ii)
campañas destinadas a crear antagonismos entre las poblaciones vecinas y
las CPR; iii) atentados contra la libertad de locomoción y de comercio; iv)
destrucción o apropiación de cosechas; y v) terrenos minados.
II. LOS HECHOS
El bombardeo
El día 19 de diciembre de 1989, a las 11 de la mañana, un avión Cess-
na A-37 B de la Fuerza Aérea Guatemalteca sobrevoló la comunidad Santa
Rosa Xeputul de las CPR de la Sierra. No había presencia de la guerrilla en
el área. Los habitantes de la comunidad habían dispuesto mecanismos de
vigilancia, para prevenir cualquier incursión del Ejército con elementos de
infantería; pero nada estaba previsto con respecto a los elementos aéreos.
La inesperada llegada del avión no pudo ser advertida por la totalidad
de los pobladores, como para salir a tiempo a los lugares de refugio en las
montañas.
En la casa del señor Juan Ceto se encontraban con él su esposa de 15
años, su pequeña hija de nueve meses y otras tres mujeres de 12, 40 y 49
años, todas ixiles. Su esposa había salido a lavar ropa y, al volver, juntó el
fuego y calentó tortillas y bebidas para el almuerzo. La hoguera de leña des-
pedía una visible estela de humo.
Advirtiendo la presencia del avión las cuatro mujeres —la madre lle-
vaba consigo a la niña— corrieron a resguardarse tras un árbol ubicado a
una cuerda de distancia de la casa. El declarante salió, buscando refugiarse
en el mismo lugar, pero ya no cupo: “Cabal estoy en mi casa, como hay un
tronco de palo, entonces me fui a esconder abajo con mi esposa. Como tiene su
ropa … su huipil y su corte rojo, se ve más con las largavistas de la fuerza aé-
rea … ya vi que estaba llenado debajo del palo, entonces me retiré un poqui-
to, unas dos varas y ahí me quedé en el suelo. Como eran cuatro mujeres …
que estaban escondidas en el palo, entonces cabal las vieron la fuerza aérea y lo
tiraron la bomba… (sic)”.
A las 11 de la mañana la unidad aérea lanza una bomba de 500 libras:
el objetivo es el hogar de Juan Ceto. La bomba devastó dos cuerdas de su-
perficie y provocó un hoyo de seis metros de profundidad. El fuego de la ex-
plosión destruyó la casa del declarante, junto con todas sus pertenencias y la
milpa, y se extendió al lugar donde se encontraban refugiadas las mujeres.
Al alejarse el avión, el declarante volvió por ellas: “De hecho, la bomba
abarcó unas dos cuerdas, cuando estallaron fue como un barranco que hicie-
ron. Me asustó y vi que no está mi esposa, ya está bien llenada por tierra. Lo
vi y ya no está”.
170
Juan Ceto, con el auxilio de varias personas más, comienza a remover
la tierra. Al concluir, encuentran los cadáveres de las cuatro mujeres.
La pequeña hija sobrevivió al impacto de la bomba y al inmediato res-
quebrajamiento de la tierra; al morir, la madre amamantaba a su pequeña:
“Las cuatro personas ya estaban muertas. Ya solita mi hija estaba viva todavía,
pero poquito nada más. La saqué primero de allí pero sufrieron bastante por-
que su mamá ya no está. Cabal está mamando mi hija cuando la fuerza aé-
rea pegó; las esquirlas se metieron en la espalda [de mi esposa], salieron san-
gre de su nariz, boca. Cabal mi hija está mamando cuando se muere mi espo-
sa, saliendo sangre de su nariz y lo tomó mi hija … A mi esposa le entraron
unas esquirlas en su espalda y salieron todos [sus órganos] que tiene adentro.
Se abrió su estómago y se salieron todos. Lo vi y los metí con mis manos y los
amarré a su espalda con una pita (sic)”.
El avión siguió sobrevolando el lugar. El descombro se hizo apresura-
damente, por temor a otro bombardeo. Juan Ceto sacó a su pequeña y
aguardó hasta el retiro del aeronave. Luego, volvió con los vecinos a resca-
tar a las mujeres muertas, que fueron enterradas con rapidez en el mismo
lugar donde había caído la bomba.
Después del bombardeo en Santa Rosa Xeputul, Juan Ceto quedó con
serias lesiones físicas que, hasta la actualidad, le mantienen afectado. Ade-
más del impacto devastador de la bomba, quedó en el ambiente un humo
contaminante que Ceto aspiró enseguida, debido a lo cerca que se produ-
jo la explosión. Hasta hoy, Ceto se encuentra atemorizado, igual que otros
pobladores del lugar:
“[Después de la explosión] tal vez se paró el humo como media ho-
ra encima … cuando me levanté rápido, seguramente me tomé los hu-
mos o los humos me tomaron y salió en la sangre … cuando cayó [la
bomba] lo que yo siento tal vez es que no soy cristiano, que soy puro
loco, como animal, ya no soy como cristiano, y ya no podemos hablar
del susto pues … quedamos afectados por el bombardeo … cada tres
meses … sale sangre de mis narices, a veces de mis orejas, hasta mi vis-
ta [a una distancia de] 75 o 100 cuerdas ya no vi si es persona o ani-
mal que esta allí … Además cuando hay lluvias, veranos, ya no
aguantás a trabajar, sólo unas dos o tres horas aguantás … Ya no pa-
sa el dolor de cabeza, sólo tengo calentura día y noche, ya no se pasa
… Ahora me mantengo enfermo por todo lo que yo vi … me duele la
cabeza todos los días”.
En Santa Rosa Xeputul murieron cuatro civiles inermes. Otros dos fa-
llecieron ese mismo día en Chaxá, caserío cercano a Santa Rosa Xeputul, a
causa de otra bomba arrojada por el avión Cessna A-37-B.
171
La huida
La niña de nueve meses quedó afectada por la explosión y por el hu-
mo de la bomba que aspiró al momento del estallido. El humo le provocó
secreciones oscuras por las vías nasales y en la orina: “…como tomó los hu-
mos y salieron en sus narices puro humo negro, cuando orina, puro humo …
Siempre la curaron pero como ya no tiene fuerzas, ya está afectada…”
Ante la muerte de la madre, los problemas se multiplican y Juan Ceto
debe pedir ayuda a otras mamás: “…Sólo a pedir a algunas mujeres que te-
nían sus nenes, sólo a dar un poquito de leche cada una. Pero sólo por un mo-
mento nada más, no para toda la vida … Después creció otro poquito y tiene
que dar un poco de jugo de caña y sólo eso es lo que tomó pero no aguanta, por
el hambre o por la bomba que le dañaron…”
Tres días después del bombardeo el Ejército incursionó de nuevo en
Santa Rosa Xeputul, esta vez por tierra, lo que obligó a los habitantes de la
comunidad a refugiarse en las montañas. Como la incursión se prolonga-
ba, con el fin evidente de acosar y desarticular las CPR, los pobladores se
fueron adentrando cada vez más en la montaña, sin poder regresar al lugar
donde tenían sus cultivos para la sobrevivencia. Debieron caminar un día,
antes de encontrar un sitio apto para sembrar una vez más e instalarse allí.
El lugar se llama Batzcanova. Al poco tiempo, efectivos del Ejército llega-
ron allí y destruyeron sus cultivos. Esta situación, que se repitió, dejó a la
gente sin los alimentos necesarios para la subsistencia. Según un testigo, en
las campañas psicológicas que acompañaban las incursiones del Ejército,
los militares se identificaban como miembros de la Guardia de Honor.
548
En el curso de estas incursiones y las consiguientes huidas, que se pro-
longaron por más de ocho meses, la salud de la pequeña hija de Juan Ce-
to empeoró. Falleció seis meses después del bombardeo en que perdió la
vida su madre, a causa de la falta de alimentos y de no ser amamantada.
“[mi hija] sólo aguantó seis meses, por el hambre, pues … Como ya no se co-
me nada, además como están los ejércitos allí cortando las milpas y no hay qué
comer … hay sólo güisquiles o caña … malanga pero mi niña no come, como
no está acostumbrada de esto, sólo quiere mamar pues…”
Finalmente, los soldados dejaron de rastrear en la montaña. Cuando
se retiró el destacamento militar, compuesto por unos 125 a 150 soldados
que permanecieron alrededor de ocho meses en Santa Rosa Xeputul, los
sobrevivientes se reasentaron en su lugar de origen y reiniciaron la siembra
y los cultivos para la subsistencia.
172
548 Esta declaración coincide con la orden fragmentaria No. 003 del 02jun87, del plan de operacio-
nes Fortaleza 87 del 291800ene87, en cuyo índice, inciso VI expresa: “VI.Orden Fragmentaria No.
3 del 2 de junio de 87. La brigada militar ‘Guardia de Honor’, agregará un batallón de infantería
(+) a la zona militar N0. 20, el Quiché. A partir del 100800jun87 y una batería de obuses de 105
mm de la brigada militar ‘Guardia de Honor”.
III. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes directos del caso y los datos del contexto,
la CEH llegó a la convicción de que las cuatro mujeres muertas el día 19
de diciembre de 1989 en la comunidad Santa Rosa Xeputul fueron vícti-
mas de violaciones del derecho a la vida y a la integridad física por miem-
bros del Ejército, adscritos a la Fuerza Aérea.
Además, el ataque a esta población civil inerme, cuando no había pre-
sencia del enemigo en el área, carecía de objetivo militar legítimo aun si se
estima que aquella población simpatizaba con la guerrilla y, por tanto,
constituyó una grave infracción al derecho internacional humanitario co-
metida por una de las Partes en el enfrentamiento armado interno, en es-
te caso el Gobierno de Guatemala.
A la CEH le asiste, igualmente, la convicción de que la muerte de la
menor es resultado de esa violación de derechos humanos.
La CEH considera que el caso es un ejemplo del uso de la táctica del
bombardeo contra población civil, que sólo es legítimo aplicar contra un
objetivo propiamente militar. La acción no tiene justificación jurídica ni
ética, ni siquiera en el supuesto de que dicha población hubiera prestado
apoyo político a la otra Parte.
La CEH llegó a la conclusión de que el ataque mediante bombardeos
contra los habitantes de Santa Rosa Xeputul, junto a otros hechos, como
la destrucción de cultivos y la constante persecución a los desplazados in-
voluntarios, que se prolongó hasta 1989, creando condiciones de vida que
pudieran acarrear su muerte, evidencian la intención del Ejército de Gua-
temala de destruir total o parcialmente a dicha comunidad, lo que otorga
al conjunto de estos actos un carácter genocida.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Herido en atentado
María Raymundo Rivera
Pedro Raymundo Raymundo
Víctimas colectivas/desconocidas: 2
173
Cecilia Solís
Elena Rivera
Juana Solís
Juana Solís Matom
María Solís Matom
Pedro Matom
I. ANTECEDENTES
María Mejía perdió su primer esposo, Diego Tum Tiú, en marzo de
1981. Por esa fecha, unos 50 vecinos de Parraxtut, municipio de Sacapu-
las, Quiché, fueron convocados al destacamento militar de Chiúl. El Ejér-
cito retuvo a 17 de los que se presentaron. “Había un hombre que usaba
máscara y que iba señalando a algunas personas de ‘mala gente’ [guerrilleros]
y señaló a esos 17 y por eso no los dejaron ir”.
550
Entre los detenidos se encon-
traba Diego Tum Tiú y su familia nunca volvió a saber de él.
María Mejía quedó sola con sus tres hijos pequeños, Juan, Agustín y
Domingo y se vio obligada a viajar a la Costa, para trabajar en las fincas y
así poder mantenerlos.
A los dos años de la desaparición de su primer esposo, María Mejía se
unió con Pedro Castro Tojín.
En 1982 el Ejército había obligado a todos los habitantes de Parraxtut
a vivir en la aldea de Parraxtut, Primer Centro. María Mejía y su familia
tuvieron que abandonar su hogar en el cantón Segundo Centro de Parrax-
tut. Sin embargo, Juan, el hijo mayor, decidió regresar a vivir a su cantón
de origen.
María empezó a llevar comida a su hijo Juan, teniendo que desplazar-
se a diario entre ambas comunidades. En uno de estos viajes junto a su hi-
jo Domingo, de diez años, los patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) de
Parraxtut “los aprehendieron, los agarraron y se los llevaron al pueblo y los me-
tieron en un cuarto del convento parroquial”.
551
Allí, María se enteró de que los comisionados militares de Parraxtut de
ese entonces y los jefes de patrulla la acusaban de llevar comida a la guerri-
lla. Sus captores empezaron a torturarla: “Pusieron un lazo en el cuello [de
María] cuando la estaban interrogando … y la jalaron para arriba porque
Caso ilustrativo No. 52
Ejecución arbitraria de María Mejía
“Cuando María estaba en CONAVIGUA
estaba dando ideas a las mujeres de que ha-
bía que organizarse para que pudieran de-
fendernos de cualquier problema que venga
encima de nosotras las mujeres”.
549
549 Testigo directo CEH.
550 Ibid.
551 Ibid.
176
arriba había vigas para que … dijera”.
552
Pero ella no habló: María insistía
en que no sabía nada de la guerrilla. Los mismos responsables interrogaron
también a su hijo Domingo, preguntándole si su mamá colaboraba con la
guerrilla. El niño sólo pudo responder que la comida era para su hermano.
Después de amenazarlos con que podían matarlos en ese mismo momen-
to, los dejaron ir, aproximadamente a las doce de la noche.
María y sus hijos sintieron miedo. Decidieron no vivir más en su casa
y partieron a las montañas. Después de seis meses, ya en 1983, como re-
sultaba difícil en extremo conseguir comida, volvieron al Primer Centro de
Parraxtut. Tuvieron que presentarse ante los comisionados militares: “Sa-
caron tambor para avisar y reunir la gente y la gente se reunieron y después nos
presentaron delante de ella, y ahí las personas del pueblo empezaron a golpear
a María Mejía y a Juan; eran como cinco o seis patrulleros”.
553
Finalmente, accedieron a dejarles vivir otra vez en la comunidad, pe-
ro bajo la condición de que Juan empezara a patrullar. El joven de 16 años
tuvo que patrullar durante seis años, y la misma suerte corrió su hermano
de catorce.
Transcurrieron cinco años. En 1988, cerca de 15 familias volvieron a
vivir en su lugar de origen, el cantón Segundo Centro, entre ellos la de Ma-
ría Mejía; pero sus hijos, su compañero Pedro Castro Tojín, uno de sus hi-
jastros y los demás vecinos tuvieron que continuar patrullando bajo duras
condiciones: dos turnos de 24 horas por semana, “haciendo rastreos en la
montaña … hacía mucho frío y venía lluvia”.
554
Tanto adultos como menores
de edad eran sujetos a castigos y, si querían ir a trabajar a la Costa, debían “de-
jar reemplazo y pagarle [al reemplazante]”.
555
En septiembre de 1989, María Mejía, su hermana y una vecina se tras-
ladaron a Santa Cruz del Quiché, porque habían tenido noticia acerca de
una organización de viudas que se llamaba CONAVIGUA,
556
donde po-
drían ser escuchadas. Al llegar a Santa Cruz tal organización aún no dispo-
nía de oficina. Unas personas les recomendaron recurrir a otra organiza-
ción: el CERJ (Comunidades Etnicas Runujel Junam). Allí, María Mejía
expuso el caso de sus hijos, de su compañero y de algunos vecinos que que-
rían dejar de patrullar. Les informaron que nadie estaba obligado a patru-
llar y mucho menos los menores de edad, “por lo que dice el artículo 34 de
la Constitución”.
557
552 Testigo directo CEH.
553 Ibid.
554 Ibid.
555 Ibid.
556 Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, fundada a nivel nacional el 12 de septiembre
de 1988.
557 Testigo directo CEH.
177
Las mujeres regresaron a Parraxtut e informaron a sus familiares y a dos
vecinos de María sobre su derecho a no patrullar. Ellos decidieron dejar de
hacerlo definitivamente. Era enero de 1990. Desde entonces y hasta el día
en que María Mejía murió, los comisionados militares y la mayoría de los
patrulleros de Parraxtut iniciaron una campaña de hostigamiento y amena-
zas públicas en contra suya, de sus familiares y algunos vecinos, a los que
acusaban de ser guerrilleros. María “ya no podía tener amigas, ni [sus hijos],
ni los otros vecinos que también habían renunciado [a las PAC]”. Según los
comisionados militares, “la mera cabecilla es la señora María Mejía”.
558
Coincidiendo con estos hechos, en Santa Cruz de Quiché, CONAVI-
GUA abrió su oficina departamental, que aglutinaba mujeres de las comu-
nidades de los alrededores. María “escuchó que CONAVIGUA estaba traba-
jando para hacer bien, y no para matar gente; bien para su pueblo”,
559
y em-
pezó a organizar las mujeres de Parraxtut: “Estaba dando ideas a las mujeres
[para que] podamos defendernos de cualquier problema que venga encima de
nosotras las mujeres”.
560
Sin embargo, los efectos de la campaña hostil no tardaron en llegar: las
integrantes de CONAVIGUA en Parraxtut tuvieron temor y la organiza-
ción prácticamente se desintegró. De las cuarenta integrantes, sólo unas
pocas permanecieron realizando sus actividades “a escondidas, por miedo”.
561
La vida de María Mejía en su comunidad se volvió muy difícil. Los co-
misionados militares comenzaron a utilizar tácticas cada vez más agresivas.
Les cerraron todas las fuentes de abastecimiento:
“Nos andan amenazando de muerte, diciéndonos también que ellos
se salieron de la patrulla porque son guerrilleros … Dieron orden en
la aldea que no vendieran azúcar, sal ni maíz, ya que dicen que lo
que compramos se lo damos a la guerrilleros, lo mismo cuando vamos
a hacer masa al molino, no nos aceptan porque piensan que es para
la guerrilla”.
562
María Mejía se vio obligada a comprar sus alimentos en la cercana co-
munidad de Río Blanco y a moler el nixtamal en “máquina de mano”
563
o
en piedra de moler. “Querían matar a María porque decían que ella era la
primera que vino al CERJ a preguntar si sus hijos tenían que seguir patrullan-
do. Si ella no hubiera hecho eso, su esposo y sus hijos seguirían en la patrulla y
no habría problemas”.
564
558 Testigo directo CEH.
559 Ibid.
560 Ibid.
561 Ibid.
562 Testigo directo, Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz de El Quiché, Expe-
diente C322-90.
563 Testigo directo CEH.
564 Ibid.
178
María acudió ante el juez de paz de Sacapulas a solicitar protección. El
juez mandó a citar al teniente que estaba a cargo del destacamento militar
de Sacapulas y le pidió que ordenase a los comisionados militares de Pa-
rraxtut que dejaran de amenazar y hostigar a María, sus familiares y veci-
nos. El teniente se comprometió ante el juez a resolver el problema, pero
las amenazas e intimidaciones continuaron. María y sus familiares se ente-
raron por un patrullero conocido, que en las reuniones que la patrulla ce-
lebraba semanalmente se decía: “Mañana o pasado mañana vamos a matar
a la guerrillera María Mejía”.
565
María pensó en dejar Parraxtut y trasladarse a Santa Cruz del Quiché,
pero, en definitiva, decidió permanecer en su comunidad.
A finales de febrero de 1990 dos hijos de María, su compañero y otras
personas presentaron denuncia ante la Auxiliatura del procurador de los
Derechos Humanos en Santa Cruz del Quiché, por las amenazas e intimi-
dación de que eran objeto. Unos días después, el 2 de marzo de 1990, una
denuncia similar fue interpuesta por otro hijo de María, junto a un veci-
no. La Procuraduría citó entonces a los presuntos responsables de las ame-
nazas, advirtiéndoles que “en caso de ser cierto lo aseverado por los denuncian-
tes, debían abstenerse de tal actitud por ser contraria a la ley”. Además el pro-
curador auxiliar invitó al “comandante general de las PAC de Sacapulas para
que emita sus órdenes a donde corresponde a efecto se respete la decisión de los
vecinos del cantón Segundo Centro de Parraxtut de esa jurisdicción, de no se-
guir prestando servicio en las PAC”.
566
II. LOS HECHOS
Todos los esfuerzos por evitar un desenlace fatal resultaron en vano. El
17 de marzo de 1990 en la noche, María y su familia se encontraban ce-
nando, cuando escucharon ladrar a los perros. Dos hijos de María salieron
a ver qué sucedía. Uno de ellos, Pedro, recuerda: “Llegaron los señores … co-
misionados militares de Parraxtut a mi casa de habitación, fuertemente arma-
dos y dijeron que eran miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres”.
567
Los
hijos entraron a avisar a María y a su padre sobre la amenaza inminente.
María se negó abandonar la casa: “Ella decía que si salía, como la acusaban
de guerrillera, iba a decir que todo lo que decían era cierto”.
568
Su esposo se
565 Ibid.
566 Resolución del Lic. Oscar Enrique Cifuentes Carrera, procurador auxiliar de derechos humanos
del departamento de Quiché, 6 de marzo de 1990.
567 Testigo directo, Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, Expe-
diente C322-90.
568 Testigo directo CEH.
179
quedó con ella, mientras los hijos huyeron buscando un escondite. Por úl-
timo, los esposos decidieron salir a preguntar a los hombres qué querían.
María fue quien habló pero no obtuvo respuesta. Pedro llevaba una linter-
na en su mano, con la cual alumbró a los dos hombres. Fue entonces cuan-
do vio que, a unos 50 metros de la casa, se encontraban otras diez perso-
nas, en la oscuridad.
De repente, uno de los comisionados disparó. El primer tiro fue al ai-
re y el segundo alcanzó directo al corazón de María Mejía. El proyectil, en
su trayectoria, hirió también a Pedro Castro Tojín. Herida, María entró en
la casa, seguida por su compañero: “Es el último día que te voy a hablar, por-
que me voy a morir”,
569
dijo a su esposo, ya tendida en el suelo.
Pedro, herido y asustado, estaba agachado y escondido en una esqui-
na, cuando los agresores entraron a la casa, buscando a María. Cuando la
hallaron le dispararon dos veces más en la cabeza. A Pedro Castro Tojín
también le dispararon. Le entró un proyectil por la axila izquierda, que sa-
lió por la espalda. Los hombres armados dijeron entonces: “Vamos muchá,
vamos muchá, que ya se murieron”.
570
Pedro, sin embargo, no había muerto. Herido se levantó, ayudándose
con un palo que estaba en el suelo. Se acercó a su esposa pensando que, tal
vez, todavía estaba viva, pero ya había muerto. Salió de su hogar y, con di-
ficultad, logró llegar a la casa de la hermana de María.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El juez de paz de Sacapulas se presentó en el lugar al día siguiente de
los hechos. En el informe elaborado al levantar el cuerpo, asentó como
causa de la muerte: “Herida de bala, habiendo penetrado a la altura del cos-
tado izquierdo con orificio de salida en el costado derecho, así mismo el rostro
totalmente devorado por los perros, por el lugar deshabitado”.
571
En el informe
de autopsia elaborado por el médico forense departamental de Quiché, el
21 de marzo de 1990, agrega: “Herida provocada por proyectil de arma de
fuego con orificio de entrada en Región Frontal y salida en Región Occipital”.
572
María Mejía y Pedro Castro Tojín fueron trasladados a Santa Cruz del
Quiché en autobús: Pedro en el interior, sentado; María arriba, muerta, en
una tabla amarrada a la parrilla. Pedro ingresó en un hospital y María en
la morgue.
569 Ibid.
570 Ibid.
571 Certificado de remisión del cadáver dirigido por el Juez de Paz de Sacapulas al Servicio Médico
Forense, 18 de marzo de 1998.
180
Muy poca gente llegó a su entierro en Parraxtut, “porque estaban asus-
tados, sólo estábamos nosotros [la familia] con dos vecinos”.
573
Inmediatamen-
te después de las exequias, 39 personas, incluyendo los familiares de Ma-
ría, atemorizadas por lo sucedido y por la continuas amenazas de muerte,
abandonaron Parraxtut para refugiarse en la oficina del CERJ en Santa
Cruz del Quiché.
Diez días después del asesinato, el procurador adjunto de los Derechos
Humanos, César Álvarez Guadamúz, junto al dirigente del CERJ, Amíl-
car Méndez, el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos de San-
ta Cruz del Quiché, miembros de las Brigadas Internacionales de Paz, dos
agentes de policía y dos miembros del Ejército de Nebaj
574
se presentaron
en Parraxtut, con el cometido de apoyar el retorno a la comunidad de las
39 personas que se habían visto obligados a abandonarla. Sin embargo, los
patrulleros y casi todos los habitantes de Parraxtut les impidieron la entra-
da, siendo los visitantes objeto de insultos y amenazas. El procurador ad-
junto de los Derechos Humanos fue agredido verbal y físicamente por los
patrulleros, y los desplazados no pudieron regresar. Veinte días después lo
lograron, con protección policial.
Como consecuencia de la muerte de María Mejía la mayoría de los
miembros de CONAVIGUA de Parraxtut abandonaron la organización.
Cinco mujeres que permanecieron en la misma fueron objeto de amena-
zas y de continuo control. En Río Blanco (Primer Centro), en Chujuyub,
en San José Sacacotzij y en otras comunidades cercanas, CONAVIGUA
quedó sin integrantes y su actividad permaneció paralizada hasta 1996.
El reconocimiento de los agresores por parte de Pedro Castro Tojín
condujo a la captura y prisión provisional de los comisionados militares, el
16 de mayo de 1990. Sin embargo, su permanencia en la cárcel duró sólo
quince días. El 31 de mayo de 1990 el Tribunal de Primera Instancia con-
sideró que no había “motivos suficientes para abrir juicio penal”,
575
revocan-
do el auto de prisión y otorgando a los sindicados el beneficio de libertad
provisional bajo caución juratoria. Esta decisión motivó que el ofendido,
Pedro Castro Tojín, y el Ministerio Público presentaran recurso de apela-
ción.
576
La Sala Séptima de Apelaciones de Quetzaltenango confirmó el 26
de julio de 1990 la decisión del Tribunal de Primera Instancia.
577
572 Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, Expediente C322-90.
573 Testigo directo CEH.
574 Testigo directo CEH.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual No. 32/96, OEA/Ser, L/V/II-
95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997.
575 Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, Expediente 54-90.
576 Ibid.
577 Sala Séptima de la Corte de Apelaciones, Expediente 562/90, Quetzaltenango, 26 de julio de
1990.
181
El caso de María Mejía fue presentado por el CERJ, Human Rights
Watch/Americas, el Center for Justice and International Law (CEJIL) y
Emily Yozell ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es-
ta, al culminar su investigación en 1996, estableció “que el Estado de Gua-
temala ha omitido cumplir con la obligación establecida en el Artículo 1.1 de
la Convención Americana”, considerando a aquél responsable por violacio-
nes a los siguientes derechos: derecho a la vida, a la integridad personal, a
ser libre de trabajo forzoso, derecho de circulación y de residencia, a las ga-
rantías judiciales y la protección judicial.
578
Por lo tanto, la Comisión reco-
mendó al Estado una “inmediata, imparcial y efectiva investigación de las
violaciones comprobadas en el presente caso”, así como que “establezca la iden-
tidad de sus autores, incluyendo la de los miembros de los organismos judicia-
les que no hubieran cumplido con sus obligaciones, y que imponga las sancio-
nes que correspondan”. Al mismo tiempo, recomendó a Guatemala que “im-
plemente medidas de reparación” entre las que debían incluirse una “indem-
nización compensatoria a las víctimas y sus familiares”.
579
A pesar de estas recomendaciones el Estado de Guatemala no tomó
ninguna iniciativa y el proceso quedó paralizado.
Documentos desclasificados sobre el caso, de fuente estadounidense,
afirman que: “El Ejército negó que ellos [los responsables] fueran comisiona-
dos, pero fuentes no confirmadas indican que un oficial del Ejército de Quiché
prometió a los sospechosos rápida libertad si ellos estuvieran de acuerdo a ser
arrestados y traídos ante el juez”.
580
En la actualidad los dos comisionados
militares continúan viviendo en Parraxtut.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, en vista de los antecedentes que obran en su poder, ha llega-
do a la plena convicción de que María Mejía fue objeto de una ejecución
arbitraria cuya responsabilidad radica en comisionados militares de la al-
dea Parraxtut, Sacapulas, Quiché. Dado el carácter oficial de las funciones
ejercidas por los responsables, así como su directa vinculación con el Ejér-
cito de Guatemala, la CEH considera que el Estado es responsable de esta
grave violación al derecho a la vida.
578 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 32/96, Caso 10.553 (Guatemala),
párrafo 84, en Informe Anual, OEA/Ser, L/V/II-95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997, pg. 486-
488.
579 Ibid, pg. 488.
580 Embajada de los EEUU en Guatemala, Informe al Departamento de Estado sobre la situación de los
Derechos Humanos en Guatemala. Septiembre de 1990. Pq. 5-82. “The army denied they were com-
missioners but unconfirmed information indicates a Quiché army officer promised the suspects quick
freedom if they agreed to be arrested and brought before a judge”.
El caso ilustra los extremos a que, incluso en un período de apertura
democrática, condujo el discurso militar que identificaba a las organizacio-
nes de derechos humanos con el enemigo, como resultado de la aplicación
de la Doctrina de Seguridad Nacional.
El contexto en que ocurrió la ejecución arbitraria de María Mejía, ca-
racterizado por la concentración del poder local en los comisionados mili-
tares y las PAC y por el reclutamiento forzoso de población civil para cum-
plir patrullajes obligatorios y otras funciones paramilitares, es ilustrativo
del grado de militarización que sufrió la sociedad guatemalteca, todavía
existente en los años noventa en las zonas rurales de Quiché, el cual con-
tradice los principios generales del Derecho Internacional Humanitario y
explica un porcentaje importante de las graves violaciones de derechos hu-
manos sufridas por la población civil.
Finalmente, el caso ilustra el grado de impunidad que protege a los
violadores de derechos humanos, pese a que las víctimas eligieron, desde
un primer momento el camino de la justicia y no el de la venganza.
I. ANTECEDENTES
Cumpliendo con lo estipulado en los Acuerdos de Esquipulas II,
582
el
4 de julio de 1988 el Congreso de la República aprobó el Decreto 32-88
por el cual “se concede amnistía a las personas que, en cualquier forma de
participación, hayan cometido, al 23 de junio de 1988, delitos políticos y co-
munes conexos contra el orden público interno” (Artículo 1). El decreto no
fijaba un plazo para la presentación de la solicitud de amnistía; sí estable-
cía, en cambio, que la misma debía hacerse ante los tribunales de la Re-
pública.
El objetivo de esta normativa era crear mecanismos para lograr la re-
conciliación nacional y establecer las bases de una paz firme y duradera,
dentro del marco de las negociaciones que estaban sosteniendo el Gobier-
no y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin em-
bargo, desde que esta ley fuera promulgada, el Ejército, alterando la apli-
cación de sus normas, presentó en público a miembros de la guerrilla que
previamente habían sido detenidos de forma ilegal y torturados en instala-
ciones militares, haciéndolos aparecer como desertores que se habían “en-
tregado” y deseaban acogerse a la amnistía. De este modo, durante los años
noventa varios integrantes de la URNG fueron “amnistiados”, pese a que
las acciones que se les imputaban eran posteriores al 23 de junio de
1988.
583
En 1981 Gregorio Pop decidió incorporarse al Ejército Guerrillero de
los Pobres (EGP), “porque no había salida. Me quedaba un año para ser
182
maestro y comenzaron a matar a compañeros por haber hecho una huelga.
Después secuestraron a mi papá, que era catequista”. Durante sus años de mi-
litancia realizó trabajos de correo, formación política y enlace con organi-
zaciones civiles.
183
II. LOS HECHOS
Detención arbitraria, privación de libertad y torturas
En los primeros meses de 1992 Gregorio Pop fue detenido por ele-
mentos del Ejército. Una noche caminaba solo por una calle despoblada
cuando una unidad operativa de la G-2, a bordo de un pick-up, llegó “al
lado mío y frenó bruscamente; saltaron varias personas y me agarraron. Prime-
ro me golpearon los brazos para que no pudiera defenderme, otro me trabó las
canillas, otro me tapó los ojos y me derrumbaron sin mediar palabra, mientras
tomaban la mochila que llevaba. Me taparon la cabeza con una toalla y entre
varios me cargaron hasta el carro. Me metieron debajo del carro, dimos varias
vueltas y me llevaron para la zona militar”.
Dentro de las instalaciones del Ejército comenzó el interrogatorio:
“Me revisaron nuevamente, me quitaron los zapatos y me amarraron
los pies con pita de nylon y las manos atrás. Me vendaron los ojos, me
dejaron en el piso tirado boca abajo. Como a la media hora comenzó
el interrogatorio. Al rato llega un oficial, que era el mismo piloto, que
era de la G-2. Comenzaron por pedirme mis datos, cómo me llama-
ba, dónde trabajaba … me dieron algunos golpes, patadas en el estó-
mago, golpes en la cabeza, y se fueron. No fue mayor cosa”.
Media hora después Gregorio Pop era trasladado a las propias oficinas
de la G-2, dentro de la zona militar, para ser interrogado otra vez. Ante es-
tos hechos la víctima solicitó que se le condujera al juzgado más próximo,
pero le respondieron que se “olvidara de todos los procedimientos legales y
que las cosas se iban a arreglar a la manera de ellos. Recibí golpes en el estó-
Caso ilustrativo No. 42
Privación arbitraria de libertad
y tortura de Gregorio Pop
581
581 El nombre de la víctima fue cambiado y algunos datos sobre los lugares y las actuaciones judicia-
les fueron omitidos para proteger su identidad. No obstante, salvo que se indique lo contrario,
todas las citas son parte de la declaración brindada ante la CEH por la víctima.
582 Suscritos en la ciudad de Guatemala el 7 de agosto de 1987, en la III Reunión de Presidentes de
Centroamérica, son el antecedente de los Acuerdos de Paz suscritos en América Central.
583 C 33. Febrero, 1985. Ubicación omitida.
mago, espinillas, cara, cabeza … tenía un puñal en la garganta. El objetivo
era que hablara del trabajo que estaba realizando. Esto duró como 45 minu-
tos. Comenzaron a hablar de lo que conocían de mí y sí tenían datos de mí,
del trabajo. Tenían datos legales y familiares míos, documentos de mi hija, de
mi mujer…”
Terminada la primera jornada de interrogatorios el detenido fue tras-
ladado a un cuarto donde permaneció durante un tiempo considerable:
“Me pusieron grilletes, uno en cada mano y otro en los pies y me pu-
sieron en un litera doble. Ahí estuve tres meses. La forma de castigo
era estar colgado sobre el aire desde la misma cama, esa fue la posi-
ción durante 30 o 40 días … y cómo se resiente todo el cuerpo, cual-
quier golpe hace daño. Los mayores interrogatorios fueron en ese cuar-
to. El que llegaba [a interrogarlo] … le llamaban ‘Chocha’ … se en-
cargaba de ordenar los golpes. Con un nylon te envolvían la cabeza y
te retorcían para asfixiarle a uno o te daban golpes en el estómago, o
la llave china [llevar la cabeza hacia atrás]. En la puerta había un
guardia y una radio. Por la radio lograba saber los primeros días qué
día era”.
En cuanto a las necesidades básicas, “comenzaron a darme de comer co-
mo a los dos días una o dos tortillas, un poco de frijol, a veces una vez al día,
o a veces cada dos o tres días. A veces me descolgaban y me llevaban al baño
una vez al día, a veces cada dos días me descolgaban y me llevaban a otra ga-
lera. Sólo dos veces me bañaron el cuerpo durante los tres meses”.
“Como a los 25 días, empecé a sufrir problemas emocionales serios
porque no pude dormir. Las tensiones, las amenazas, los elementos
que me cuidaban constantemente decían que ellos habían visto como
se ejecutaba a la gente y que si no entregas los datos de los compañe-
ros te van a matar. Te presionaban con la familia, que la tenían ba-
jo control, que les iban a matar. Empiezan a hablar de los movi-
mientos de mi mujer y por lo que decían la estaban siguiendo. Co-
menzaron también a hablar de lo que hacía mi mamá y mis herma-
nos. Había datos concretos, tenían seguimiento. En un momento de-
cían que mi mujer estaba con ellos y uno descontrola y piensa que
puede ser cierto. Luego supe que fue control nada más. A los 25 días
no entendía en qué estaba, si estaba soñando. Lo más fuerte para mí
fue el castigo de estar colgado en el aire, porque cualquier golpecito
era tremendo”.
Después de un mes de torturas físicas y psicológicas, fundamental-
186
mente por miembros de la Inteligencia militar, la resistencia de la víctima
cedió:
“Me descontrolé y empecé a hablar. Definitivamente tenía conoci-
miento de algunos recursos de guerra y en medio del descontrol y de las
golpizas les llevé a uno de los buzones. Uno buscaba que se diera un
desenlace, al menos que lo eliminaran ahí mismo o que encontrara un
espacio y zafarse. La meta era no afectar a ninguna otra persona. Yo
ya había hablado de ese recurso y que sabía el lugar exacto. Me fue-
ron a sacar, me pusieron el uniforme. Como dos días antes me afloja-
ron un poco la posición, me recostaron en la cama, era para acondi-
cionarme para poder caminar. Me metieron en el camión con los ojos
vendados y las manos engrilletadas atrás. Yo iba en medio de una es-
colta de cuatro elementos. Me pusieron un mochila en la espalda que
pesaba y era para obstaculizar mi huida.”
“Llegamos al lugar con la idea que yo, si podía, me iba a zafar o que
me ejecutaran. Con la mochila en la espalda me amarraron un lazo
a la cintura y uno de los elementos me sujetaba. Efectivamente estaba
un recurso de guerra
584
en el lugar. Lo capturaron y regresé a la mis-
ma zona militar”.
Hasta cierto punto, a partir de este momento suavizaron el trato ha-
cia Gregorio Pop. “A veces me dejaban descansar un poco, pero seguían las se-
siones para hablar de gente, de casas y de lo que yo conozco”.
Unos tres meses después de su captura, fue trasladado en helicóptero a
la capital, acompañado por un miembro de la Inteligencia militar al que lla-
maban “Lámpara” o “Chando”. En el aeropuerto le introdujeron en un carro
donde “me quitaron los grilletes … [y] no me vendaron los ojos. Me vendaron
de nuevo en el puente Belice y me brocaron otra vez en el asiento. Después llegué
a conocer que estuve en el cuartel general de la PMA
585
en la zona seis”.
586
Durante los meses que duró su reclusión Gregorio Pop permaneció en
un “cuarto completamente cerrado y la luz estaba siempre encendida. La guar-
dia era permanente, de día y de noche, con el radio prendido”. Ya no volvió a
ser golpeado pero sufrió torturas psicológicas con el objetivo de ganar su
voluntad.
187
584 En el buzón había explosivos y material de propaganda.
585 Policía Militar Ambulante.
586 CIA, Informe a Departamento de Defensa, 10 de noviembre de 1994, G111-1, “Desde aproximada-
mente 1984 a julio de 1994, la D-2 mantuvo celdas utilizadas para mantener líderes guerrilleros cap-
turados mientras los interrogaban en instalaciones ocupadas por la División de Inteligencia Militar D-
2. Estas instalaciones estaban localizadas en un complejo adyacente al complejo de la Brigada de la Po-
licía Militar Ambulante (PMA) en la zona 6 de la ciudad de Guatemala”. En el mismo sentido se
pronunció un declarante ante la CEH, que estuvo detenido en el mismo lugar.
188
587 CI 33. Julio, 1992.Ciudad de Guatemala, Guatemala.
“Te hablan de la familia para que pierdas tus convencimientos. Te di-
cen: Ustedes andan equivocados, mejor anda con nosotros, entrega a
la gente, te damos estudios para ti y para tu mujer, te sacamos el pa-
saporte. Al final la gente no te lo va a agradecer, nadie puede contra
la pobreza, mira lo que ha pasado en Rusia, Cuba, Nicaragua …
También me enseñaban unas fotos de lisiados de guerra, ejecutados y
me preguntaban si quería quedar así. Los revolucionarios luchan por-
que quieren pero nadie se lo va a agradecer”.
Las amenazas de muerte y los simulacros de ejecución fueron reitera-
tivos, siempre dando a entender que ya habían decido matarle.
“Una vez me llevaron a un basurero. En el carro iban tres elementos
armados más el piloto. Cuando ya estaba oscureciendo dos elementos
dijeron que ese era el día de mi ejecución. Tú te vas a quedar en uno
de estos basureros. Metieron el carro en un barranco, en la mera ori-
lla, y empezaron a preparar sus armas. Platicaban cómo ejecutarme.
Lo importante era que cayera por el barranco … [pero] vino la poli-
cía … y nos fuimos”.
Durante el tiempo que permaneció en la ciudad de Guatemala pudo
ver a otras personas detenidas. En las mismas instalaciones militares que la
víctima “estuvo Maritza Urrutia”.
587
“Yo estaba en la cama escuchando que estaban conversando con una
mujer en el cuarto de al lado, diciendo que estábamos en dificultades,
que ésta sí iba a dar problema. Como a los días sacaron a las mujeres
y llegué a ver que a la mujer que sacaron tenía la ropa que en la prensa
se había reportado que tenía: un suéter corinto blanco. En ese momen-
to yo no sabía quién era, pero después, para presionarme para que de-
clarara, me llevaron varios recortes de prensa de casos que se habían
dado de gente que se había presentado en la prensa. Me hablaron de
Danilo Rodríguez, Maritza Urrutia … Estuvieron otras personas que
se veían que los estaban interrogando pero no alcancé a ver”.
Al tercer mes de estar detenido en la capital “comenzaron a presionar-
me para que hablara en contra de la URNG y de las organizaciones popula-
res. Tenía que hablar en contra del movimiento popular. La presión fue para
entregar por lo menos a una persona y quedarme trabajando para el Ejército.
El G-5 me ofreció un contrato para trabajar con ellos”.
189
La amnistía
Al sexto mes de la detención Gregorio Pop se acogió a la amnistía “por-
que era la única salida que me quedaba. Ahí retomé las fechas por el radio que
tenían prendida. Se entrevistó conmigo [un coronel] … con la cara tapada.
Me habló de todos mis datos, lo que te decimos es que te presentes a la prensa,
nunca digas que te capturaron sino que tú te has entregado por problemas in-
ternos de la URNG. Fueron como dos entrevistas … [y una de las] entrevistas
fue filmada”.
El Decreto 32-88 establece que “las personas … que deseen acogerse a la
amnistía … podrán presentarse ante los Tribunales de la República, los que,
para el efecto, elaborarán acta en que consten las circunstancias del acogimien-
to”.
588
Con el fin de cumplir con este requisito, Gregorio Pop fue traslada-
do por tierra a la misma zona militar donde meses antes había estado de-
tenido. “Siempre saliendo con los ojos vendados del cuartel de la PMA. Entra-
mos en la zona militar y me volvieron a vendar los ojos y me metieron en el
mismo cuarto”.
Sin embargo, antes de ir al Juzgado de Primera Instancia “habló con-
migo el comandante de la zona militar y me decía: ‘Ahorita te trajimos aquí
para que te presentes, está todo arreglado’. Quise hablar con mi familia pero
me dijo que no hasta que no esté todo solucionado. ´Tú vas al juzgado y vas a
decir que te has rendido y que fue en tal fecha, pero no vayas a decir lo que te
pasó porque si no cuando salgas los guardias te van a matar”.
Al llegar al Juzgado, acompañado por los oficiales de la G-2 y G-5, co-
menzaron las preguntas por parte del juez, los periodistas presentes y sobre
todo los dos militares. También estaba allí el auxiliar de la Oficina del Pro-
curador de los Derechos Humanos (PDH) y el representante del Ministe-
rio Público, pero “en ese momento no pude decir lo que realmente había pa-
sado. Dije que había desertado”.
Terminada la declaración “fui al juez y le dije, esto no es normal, yo quie-
ro que se levante un acta, pero me dijo, mira no me vas a echar el trabajo que
he hecho. Si yo cambio me voy tras de vos y ya sabes cómo son las cosas”.
En el acta levantada por la PDH se estableció que Gregorio Pop “des-
pués de meditarlo decidió entregarse a las autoridades militares, razón por la
que buscó asesoría en la zona militar”.
Aun cuando el Decreto 32-88 señala que “el detenido quedará en inme-
diata libertad”,
589
en el caso de Gregorio Pop “una de las condiciones [im-
puesta por el Ejército] era que no me quedara en manos de la Auxiliatura ni
588 Artículo 2, párrafo 1, del Decreto 32-88.
589 Artículo 3, párrafo 1, del Decreto 32-88.
190
590 Igual situación se produjo con un declarante ante la CEH, miembro de la URNG, que fue dete-
nido en 1992. El mismo relató: “Después de la conferencia de Prensa en donde yo decía pedir la am-
nistía me trasladan a la torre de tribunales ... ya todo estaba arreglado. Ingresamos a la oficina donde
un licenciado firma el acta de amnistía ... donde el Ejército hacía constar que yo tenía perdón ... [y]
me vuelven a regresar al mismo lugar donde me tenían siempre”.
que las iglesias me acogieran … [por lo que] regresé a la zona militar”. En es-
te mismo sentido el acta de la PDH indica que Gregorio Pop “manifestó tener
el deseo de irse con el personal de la zona militar … porque le iban a dar se-
guridad”.
En la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia se deter-
mina que se concede el derecho de amnistía “a las personas que en cualquier
forma de participación hayan cometido, al día 23 de junio de 1988, delitos
políticos y comunes conexos”. Sin embargo, la víctima fue detenida en 1992
cuando militaba de modo activo en la URNG, cuatro años después de la
promulgación de la Ley de Amnistía, y nunca se le imputó algún hecho
cometido antes del 23 de junio de 1988.
590
Durante tres meses más Gregorio Pop permaneció en las instalaciones
militares, “en el cuarto donde estuve siempre, pero ya no estuve vendado ni con
grilletes, pero no podía salir fuera. Salí varias veces a la calle bajo vigilancia y
me regresaban de día, hasta que me dijeron que tenía la posibilidad de hablar
con mis familiares … [Me dijeron] sólo vas a mostrarte, a decir que estás bien
y que estás en la zona y que te vayan a visitar”. Sin embargo, la víctima, apro-
vechando la ocasión, informó a su familia que estaba detenido en la zona
militar y solicitó su ayuda.
En respuesta a su petición la familia interpuso un recurso de exhibi-
ción personal, constituyéndose el juez de Paz en la zona militar. Gregorio
Pop solicitó la presencia de la PDH y de sus familiares, petición que fue
rechazada por el comandante aduciendo que la víctima se encontraba de
alta como soldado de segunda, después de haberse acogido a la amnistía,
presentando como prueba las nóminas de sus salarios.
El juez de Paz en su resolución estableció “que no se encuentra detenido
ilegalmente en esta zona militar sino que está prestando su servicio militar”.
Ante las protestas de Gregorio Pop el juez le indicó “que le convenía no cam-
biar las cosas, que era mejor que estuviera un tiempo más ahí. El secretario in-
sistía [en] escucharle, pero el juez decía que no se puede cambiar”.
Un mes después Gregorio Pop logró escapar:
“Salí de la zona militar escapado, no autorizado. Siempre estaba vi-
gilado. Un domingo todos los miembros salieron y se quedaron sólo dos
de la guardia. Uno tomó la decisión de irse a comprar [y] el que se
quedó conmigo se echó a dormir. Salí del compartimento y como ya
más o menos había conocido los interiores del cuartel y como era do-
191
mingo y era día de visitas y por la tarde sale gente de franco, me atre-
ví a caminar, a ir a la zona de visitas, porque como nadie conoce a
los prisioneros, la tropa sólo sabe que están ahí. Estuve un rato en la
sala de visitas y también salió la tropa y yo aproveché, sencillamente
para meterme como estaba de civil, así salí de la zona militar”.
Gregorio Pop se dirigió a las oficinas del auxiliar de la PDH. “Ahí me
acogió y se comunicó con las oficinas centrales. Lo que me pidió [el auxiliar]
era que no saliera. Me dijo que lo que se había dado era normal, como en to-
dos los casos con la gente que se está amnistiando
591
y que él mismo había reci-
bido presiones de la Institución Armada y que no había encontrado el espacio
para accionar. Estuve en la oficina hasta las tres de la mañana que vino una
comisión de la PDH [de la capital] a recogerme y en la madrugada me tras-
ladaron”. Ya en ciudad de Guatemala la víctima mantuvo entrevistas con
altos funcionarios de la PDH, formuló una denuncia sobre lo sucedido
592
y se marchó a vivir a México.
Una vez llegado a México comenzaron a manifestarse en la víctima las
secuelas psicológicas de todo lo vivido.
“Pasaron como tres meses para estabilizarme. Uno de los efectos era
que no me animaba a escribir nada porque podía ‘caer’.
593
No me
animaba a hablar al principio, sólo mi mamá lo conocía. Una inse-
guridad en sí mismo, contradicciones internas. Lo que más me ha
ayudado es el contacto con la gente, con la población. Escucharla, oír-
la, es lo que me devolvió la confianza conmigo mismo. Hubo un tiem-
po que tenía miedo a cualquier salida al pueblo … Hasta tres años
después comenzó lo normal”.
III. CONCLUSIONES
Considerando los antecedentes reunidos y la concordancia del patrón
utilizado en este caso con otros analizados por la CEH,
594
ésta tiene la ple-
na convicción de que la víctima fue objeto de una detención y privación
591 La CEH tuvo conocimiento de que en el mismo Juzgado se habían tramitado otros casos simila-
res de amnistía y la propia víctima denunció que había otros miembros de la URNG en la mis-
ma zona militar.
592 Sobre la misma la CEH no ha obtenido ninguna copia. La respuesta de la PDH ha sido que no
existe ningún registro de estos casos porque se manejaron de forma muy confidencial.
593 Expresión utilizada para indicar la posibilidad de que el Ejército tuviera acceso a dicha informa-
ción a través de un registro, delación, etc.
594 C 33. Febrero, 1985. Ubicación omitida.
192
arbitraria de su libertad, contraria a la legislación guatemalteca y al dere-
cho internacional de los derechos humanos, realizada por efectivos del
Ejército de Guatemala en violación a su derecho a la libertad personal, vio-
lación que continuó aún después de acogerse la víctima a la amnistía, in-
cumpliéndose además de esta manera lo establecido en el decreto que re-
guló dicha figura legal.
Es posible inferir, asimismo, que la aceptación, por la víctima, de aco-
gerse a la amnistía y de la exigencia de declarar públicamente como “deser-
tor” de la guerrilla fue producto del quiebre de su resistencia física y sico-
lógica, provocado por los apremios a los que fue sometido durante su re-
clusión. Por ello, la CEH considera que los mismos agentes captores son
responsables de la violación del derecho a la integridad personal de la víc-
tima, en la forma de las torturas a que ésta fuera sometida.
La pertenencia de la víctima a la guerrilla no otorga justificación algu-
na, de tipo ético o jurídico, a estas acciones, que también representan una
infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Por otra parte, el sistema de justicia de Guatemala falló a la hora de
brindar al detenido un recurso eficaz para recuperar su libertad ilegítima-
mente conculcada, así como en investigar el caso y establecer las correspon-
dientes responsabilidades. Por ello, la CEH considera que el Estado de
Guatemala no observó su deber de brindar protección judicial a la víctima,
así como con el deber de investigar esta violación a los derechos humanos
y sancionar a los responsables. El caso ilustra claramente, a juicio de la
CEH, las debilidades de la justicia guatemalteca y la excesiva influencia
que sobre ella ejerció la fuerza armada.
La CEH considera, finalmente, que el presente caso es ilustrativo ade-
más de la ausencia de garantías jurídicas y el irrespeto generalizado a los
derechos humanos de los detenidos durante el enfrentamiento armado.
Las detenciones ilegales, la existencia de cárceles clandestinas, las constan-
tes torturas, los continuos traslados de los detenidos y la incapacidad de los
órganos judiciales para hacer aplicar la ley muestran el clima de impuni-
dad con que actuaban en este ámbito los miembros del Ejército.
I. ANTECEDENTES
Xalbaquiej y Saquillá II son cantones del municipio de Chichicaste-
nango, departamento de Quiché, colindantes entre sí y a una distancia
aproximada de nueve y seis kilómetros de la cabecera municipal.
En la comunidad de Saquillá II, de predominante carácter agrícola, no
había especiales conflictos de tierra. En las temporadas de zafra la pobla-
ción no se veía, como otras, obligada a migrar a la Costa, pues tenía sufi-
cientes granos. Los vecinos, además, plantaban árboles frutales, como en la
actualidad, y cuidaban de los que ya tenían.
Un testigo describe así la situación del sur de Quiché al comienzo de
la década de los ochenta: “…en la parte sur de Quiché, hablando de Chichi-
castenango, era obvio de que la guerrilla tuviera su presencia … El Ejército
empezó a reprimir en la parte sur de Quiché porque consideraron que era co-
mo el corredor para abastecer a todos los [guerrilleros] que estaban en la par-
te norte…”
596
En 1982 se organizaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el
área, que causó conflicto entre la población de la zona: “…como los patru-
lleros todos eran mayas, entonces se dio una gran división entre la población
maya: los que no quisieron ser patrulleros y los patrulleros … Ellos manejaban
una consigna del Ejército … el que no apoyaba era enemigo y por lo tanto se
quedaba y podía morir”.
597
En este tiempo, José Tebelán Pol trabajaba en Alta Verapaz y allí había
fijado su residencia. Cada 15 días llegaba a Saquillá II, de donde era origi-
nario, para visitar a su familia. Cuando las PAC se organizaron en este can-
595 Testigo directo CEH.
596 Testigo de referencia CEH. (T.C. 589).
597 Ibid.
Caso ilustrativo No. 105
Ejecución de tres jóvenes por los
Patrulleros de Autodefensa
Civil en Saquillá II
“Todos los presentes decidieron levantar un
acta donde se destituía a los jefes de patrulla
y se nombraba a otros nuevos. En dicha acta
el militar pidió que los hechos quedaran ol-
vidados y no se hablara más del asunto”.
595
194
tón, se vio obligado a permanecer en Saquillá II, pues “el jefe del grupo dio
la orden de que el que no estaba en casa, o el que iba de viaje, sería acusado
de guerrillero”.
598
José Tebelán Pol asegura que la creación de las PAC vino a perturbar
la vida de la comunidad, pues “trataron de reclutar a través de las patrullas
a toda la gente”.
599
Los residentes fueron obligados a patrullar 24 horas se-
guidas cada seis días; quien faltaba a su turno era acusado de guerrillero,
con las consecuencias que esto conllevaba. Relata, además: “Los jefes de pa-
trullas tiraban tiros en las lomas y luego decían que eran los guerrilleros, pero
eran ellos mismos. En una ocasión colocaron una manta que leía ‘Viva la
URNG’ en la carretera. Al amanecer reunieron a la gente y les dijeron que ha-
bía que luchar contra la guerrilla que andaba en la comunidad”.
600
La familia Pantzay, el padre Juan Pantzay Ajpop y sus hijos Tomás,
Santos Francisco, y su primo, Fausto Pantzay Chom, vivían en Xalbaquiej.
Los hechos que a continuación se relatan tuvieron lugar en 1993, en
Saquillá II, cuando la gente ya estaba cansada de patrullar. “… La gente de
Saquillá dejó poco a poco de participar en las patrullas, pero los jefes [de las
PAC] les presionaban constantemente. Por ejemplo, cada vez que se llamaba a
turno de patrulla se solicitaba a los convocados una contribución monetaria
[cinco quetzales]. Algunos no podían cumplir con esta exigencia y posponían
la entrega del dinero. Aquellos que entraban en mora eran tachados de guerri-
lleros…”
601
II. LOS HECHOS
El 23 de junio de 1993, a las 8 de la noche, José Tebelán Pol se encon-
traba en su casa en Saquillá II. Dos jefes de patrulla llegaron a la casa, exi-
giéndole que los acompañase. Se negó, le amarraron las manos y le lleva-
ron a la fuerza a una cancha de baloncesto, ubicada junto a la escuela de la
comunidad. En el lugar se encontraban otros seis patrulleros
602
y tres ado-
lescentes: los hermanos, Tomás y Santos Francisco Pantzay Calel, de 13 y
15 años respectivamente, y un primo de éstos, Fausto Pantzay Chom, de
17 años, que estaban amarrados.
603
Tomás Pantzay, el más joven de los tres, había recibido “amenazas por
parte de los patrulleros de su comunidad, por negarse a realizar la patrulla”.
604
598 Testigo directo CEH.
599 Testigo de referencia CEH. (T.C. 589).
600 Testigo directo CEH.
601 Ibid.
602 Todos los patrulleros están plenamente identificados.
603 Testigo directo CEH.
604 Oficina Regional de MINUGUA en Santa Cruz del Quiché.
195
“…la tarde del 23 de junio de 1993, los dos menores [Tomás y Santos Fran-
cisco] junto con su primo [Fausto] quien los acompañaba salieron del cantón
Xalbaquiej rumbo al cantón Saquillá II con el fin de visitar a la señorita …
quien estaba de amores con uno de ellos … A las siete y treinta de la noche, se-
gún versión de testigos que presenciaron los hechos, vieron a las víctimas que
eran conducidas por un grupo de 20 patrulleros … los llevaban caminando y
amarrados de las manos”.
605
Los patrulleros los condujeron a la escuela de la localidad. Los trata-
ron como si fueran guerrilleros, exigiéndoles que les entregaran unas armas
que supuestamente llevaban y que tenían escondidas.
606
Entre José Tebelán Pol y los jóvenes detenidos no había ninguna rela-
ción. José Tebelán Pol piensa que lo detuvieron porque desde hacía dos
años no estaba participando en las PAC, y no porque los tres capturados
lo hubieran señalado como guerrillero, como aseguraban los componentes
de la patrulla.
607
En la cancha los patrulleros siguieron presionando a los adolescentes:
“Las exigencias continuaron por algún tiempo, hasta que los patrulleros deci-
dieron ir al destacamento de Chichicastenango a dar parte de los detenidos. Re-
gresaron a Saquillá II 90 minutos más tarde. Al retornar presionaron a los de-
tenidos para que entregaran las armas. Fueron amenazados de que serían lle-
vados al destacamento”.
608
José Tebelán Pol está seguro que en el destacamento fue un oficial el
que ordenó que los ejecutaran
609
si no obtenían de ellos una respuesta ade-
cuada a sus exigencias. Los patrulleros condujeron a los tres detenidos a un
terreno privado.
610
Llegados allí, después de infructuosos interrogatorios,
los ejecutaron.
Así relata lo sucedido en esa madrugada, José Tebelán Pol, testigo de
las ejecuciones: “Separaron a Fausto del grupo y le pusieron una bolsa de ny-
lon en la cabeza hasta casi asfixiarlo. Se la quitaron por un momento y de nue-
vo se la colocaron a la vez que le golpeaban con patadas y manotazos. Poco des-
pués murió. Llegó el turno a Tomás [el más pequeño], a quien una vez más
le exigieron entregar las armas. Tomás lloró. Le colocaron la bolsa, lo tortura-
ron de la misma forma que al otro y le dieron muerte. Se acercaba el amane-
cer. A Santos lo ahorcaron con un lazo, entre dos patrulleros”.
611
605 Ibid.
606 Testigo directo CEH. “Estas personas [los patrulleros] exigían a los capturados que presentaran las
armas que portaban”.
607 Ibid. “Los patrulleros argumentaban que los tres adolescentes habían sindicado a José de ser guerrille-
ro”.
608 Ibid.
ODHAG, Informe Antropológico Forense, pg. 2. “Allí se encontraban aprisionadas y amordazadas las
tres víctimas; luego de interrogatorios y torturas y con el pretexto de que llevarían a las víctimas al des-
tacamento militar más cercano sacaron a los jóvenes de la escuela y los condujeron al terreno propie-
dad del Sr. Felipe Panjoj Salvador”.
609 Testigo directo CEH.
610 ODHAG, Informe Antropológico Forense, pg.3.
611 Testigo directo CEH.
196
El declarante sostiene que a él no le mataron, porque era vecino de la
comunidad y que, según dijo uno de los patrulleros que logró convencer a
los demás: “…acabar con un vecino despertaría muchas sospechas”.
612
Le per-
donaron la vida, pero le amenazaron de muerte si llegaba a salir de su bo-
ca una sola palabra sobre lo que había visto.
613
Los cadáveres de los tres adolescentes, despojados de sus ropas, fueron
sepultados en el lugar de los hechos por los mismos patrulleros.
614
III. HECHOS POSTERIORES
El día de las ejecuciones, José Tebelán Pol tenía 28 años. La elimina-
ción de los jóvenes y verse él mismo tan cerca de la muerte, fueron expe-
riencias que lo paralizaron; no sabía qué hacer. Por las amenazas recibidas
no contó nada, pero la angustia le consumía.
Los padres de las víctimas denunciaron la desaparición de sus hijos an-
te el juez de paz de Chichicastenango, quien se inhibió de conocer del ca-
so y trasladó el caso al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Santa
Cruz del Quiché, donde se abrió el proceso número 1307-93.
Un año y medio después de interpuesta la denuncia, el 13 de diciem-
bre de 1994, y sin que se hubieran producido avances importantes en la
investigación judicial de los hechos, los padres de las víctimas acudieron a
MINUGUA para denunciar la violación al debido proceso.
Mientras tanto, los hombres de Saquillá II dejaron de patrullar poco a
poco, aunque los jefes de las PAC los presionaban sin descanso. En enero
de 1996 la mayoría de los jefes de patrulla decidieron que ya era tiempo
de disolverlas y así se lo comunicaron a la comunidad. Sin embargo, uno
de los jefes se opuso y organizó una reunión a la que fueron convocados
los ex patrulleros. Llegó también, como invitado, un capitán del destaca-
mento de Chichicastenango.
José Tebelán Pol, que hasta el momento había guardado con celo el se-
creto acerca de lo sucedido en 1993, aprovechó la reunión para denunciar
los abusos de los jefes de las PAC y aclarar el asesinato de los tres adoles-
centes. Señaló a los autores y pidió responsabilidades al capitán presente.
Éste, “aunque llamó la atención a los jefes de patrulla … dijo que era un asun-
to interno y, que como fuese, pertenecía al pasado”.
615
De todos modos, se des-
tituyó a los jefes de las patrullas y se nombraron a otros. José Tebelán Pol
siguió recibiendo amenazas.
612 Ibid.
613 Ibid.
614 Ibid.
615 Ibid.
197
Al tiempo, y a pesar de las amenazas, decidió reunirse con Juan Pant-
zay Ajpop, padre de Tomás y Santos, y contarle lo sucedido. Éste le indicó
que, por su parte, había iniciado un proceso por la desaparición de sus hi-
jos, pero que no había prosperado por falta de testigos. José Tebelán Pol,
decidido a cooperar, se presentó al Ministerio Público, acompañado del
padre y el tío de los ejecutados, para prestar su declaración.
Sobre la base que planteaba esta declaración, los padres de las víctimas
interpusieron una nueva denuncia, ahora por los delitos de asesinato e in-
humación ilegal, a raíz de la cual se abrió el proceso número 340-97.
El 28 de noviembre de 1997 el Área de Exhumaciones de la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala inició la diligencia
judicial correspondiente a la exhumación y a la investigación antropológi-
ca forense.
616
“A una profundidad de 1,90 m. se recuperó la única evidencia
ósea humana sin contexto, que consistió en un hueso metacarpo izquierdo …
en un rango de osificación alrededor de los 15 años … [por lo que] puede per-
tenecer a cualquiera de las víctimas”.
617
Evidentemente los cuerpos de los jóvenes fueron trasladados a otro lu-
gar, por los únicos que sabían dónde habían sido enterrados. El hecho fue
confirmado por el equipo forense: “La manifestación de intrusión en la fosa
excavada, plantea la remoción parcial de las osamentas de las tres víctimas re-
feridas”.
618
El 30 de julio de 1998 el Juzgado de Sentencia de Santa Cruz del Qui-
ché dictó fallo de absolución, en favor de los acusados.
La existencia de dos expedientes judiciales motivados por los mismos
hechos, generó una serie de controversias entre el Juzgado Segundo y el
Tribunal de Sentencia de Santa Cruz del Quiché. Hasta enero de 1999, el
proceso abierto en 1997 continúa ante el tribunal de sentencia, con la po-
sibilidad de que se determine acumulado al expediente 1307-93 y, como
han alegado los defensores de los acusados, éstos deben quedar absueltos,
por haberse dictado con anterioridad una sentencia en ese sentido, por los
mismos hechos.
IV. CONCLUSIONES
Analizados los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la plena
convicción de que patrulleros civiles de Saquillá II ejecutaron arbitraria-
mente a las tres personas capturadas el 23 de junio de 1993, violando su
derecho a la vida, la libertad y la integridad personal.
616 Oficio No. 41-97.
617 ODHAG, Informe Antropológico Forense, pg. 4.
618 Ibid.
La CEH presume fundadamente que dichos patrulleros actuaron ba-
jo las órdenes de las autoridades del destacamento militar de Chichicaste-
nango.
La CEH estima que este caso ilustra el modo de proceder de las PAC
en las capturas, desapariciones y ejecuciones de civiles, valiéndose del po-
der conferido a sus integrantes por el Ejército o siguiendo, en muchos ca-
sos, las órdenes provenientes de los destacamentos respectivos. En muchos
casos, utilizaron este poder para atemorizar a los testigos de sus crímenes,
buscando de esa manera la impunidad.
La CEH considera que la forma como los responsables trataron de bo-
rrar la evidencia de sus crímenes, al despojar de la ropa a los cuerpos de las
víctimas y posteriormente sustraer las osamentas de los ejecutados del lu-
gar donde inicialmente fueron enterrados, es un ejemplo del espacio exis-
tente para la impunidad, incluso en la etapa final del enfrentamiento ar-
mado interno.
198
I. ANTECEDENTES
El 19 de enero de 1972 penetraron en Ixcán, desde México, miembros
de un nuevo movimiento guerrillero guatemalteco.
619
En 1973, luego de
una incursión exploratoria en la cabecera municipal de Cotzal, donde fue-
ron aceptados por muchos campesinos, el grupo insurgente decidió esta-
blecer un campamento clandestino en las montañas de Xolchiché, muni-
cipio de Chajul.
620
En 1974 el grupo insurgente realizó la primera conferencia guerrille-
ra, en la que definió su estrategia de acción para los meses siguientes y se
autodenominó Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
621
En 1975 la or-
ganización se había extendido por todo el ámbito de las montañas de la zo-
na norte de los municipios de Nebaj y Chajul.
622
Como parte de su estrategia el EGP acordó ejecutar actos en los que
se obtuviera notoriedad pública y a través de los cuales se simbolizara, ade-
más, el establecimiento de una “justicia social” frente a la ineficacia e ino-
peratividad de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Estado.
623
Consideraban, asimismo, que con esas acciones la población indígena y
campesina de la región se identificaría con el movimiento insurgente, mo-
tivando así su incorporación a sus filas.
624
En el marco de este plan se acor-
dó realizar los denominados “ajusticiamientos”.
625
Para determinar quiénes serían las personas objeto de “ajusticiamien-
to”, el EGP atendía las quejas que recibía de la población.
626
Así, por ejem-
plo, seleccionaron a dos víctimas: Guillermo Monzón, quien era comisio-
nado militar del Ixcán
627
y José Luis Arenas, el mayor terrateniente del
Caso ilustrativo No. 59
Ejecución de José Luis
Arenas Barrera por el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP)
619 Testigo de referencia CEH.
620 Ibid.
621 Ibid.
622 Ibid.
623 Ibid.
624 Ibid.
625 Ibid.
626 Ibid.
627 CI 97. Junio, 1975. Ixcán, Quiché.
200
área del Ixcán que había sido denunciado ante el EGP por tener conflictos
de tierra con las poblaciones vecinas y por cometer abusos contra sus tra-
bajadores.
628
José Luis Arenas, a quien en aquella época un periodista denominó
“Tigre de Ixcán”, había participado activamente en la política guatemalte-
ca. Integró como opositor el Congreso de la República en el período de Ja-
cobo Arbenz. En 1952, fundó el Partido de Unificación Anticomunista
(PUA). Partió al exilio cuando se produjeron los primeros choques arma-
dos entre el “Ejército de Liberación” y el Ejército de Guatemala. Durante el
gobierno “liberacionista” desempeñó varios cargos públicos. En el período
presidencial de Carlos Arana Osorio (1970-74) estuvo a cargo de la em-
presa de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP). Posteriormente, aban-
donó la política para dedicarse a la agricultura en sus fincas productoras de
café y cardamomo, ubicadas en el Ixcán y el área ixil,
629
departamento de
Quiché.
II. LOS HECHOS
El viernes 6 de junio de 1975 José Luis Arenas y uno de sus hijos via-
jaron en avioneta hacia sus fincas. José Luis Arenas se dirigió a la finca Pan-
chita, anexo de la finca La Perla, y su hijo prosiguió el trayecto en direc-
ción a la finca San Luis Ixcán. En ese lugar, un operador del Instituto Na-
cional de Transformación Agraria (INTA), informó al hijo de Luis Arenas
que Guillermo Monzón, comisionado militar de Ixcán, había sido ejecu-
tado por la guerrilla y que corrían rumores de que los insurgentes tenían la
intención de asesinarlo a él y a su padre.
630
Al día siguiente, sábado 7 de junio de 1975, José Luis Arenas se en-
contraba en las instalaciones de la oficina de la finca La Perla, para pagar
el salario quincenal a los trabajadores. En esa época las tareas en la finca de-
mandaban una elevada cantidad de trabajadores, por lo que frente a la ofi-
cina se encontraban, aproximadamente, entre doscientas y trescientas per-
sonas para recibir su pago.
631
Cuatro miembros del EGP se mezclaron entre los campesinos reuni-
dos frente a las oficinas. Uno de ellos era moreno, con barba; otro era ru-
bio y alto.
632
Los campesinos no se extrañaron de la presencia de estas per-
628 Testigo de referencia CEH.
629 Testigo directo CEH.
630 Ibid.
631 Testigo directo CEH.
632 Ibid.
201
sonas, que vestían de civil, con botas de hule y sombrero, pensando que
eran comisionados militares o conocidos del patrón.
633
No se habían dado
cuenta de que ambos se encontraban armados.
A las cuatro y media de la tarde se presentó otro par de sujetos, tam-
bién armados, frente a la ventanilla de la oficina, mientras los dos que ha-
bían llegado primero ingresaron directamente a la oficina donde se encon-
traba el señor Arenas. Desenfundaron sus armas y ordenaron: “No se mue-
van, todos manos arriba, venimos por el señor Arenas, para vengar la sangre
de los colonos que han sido maltratados y vejados”.
634
A las personas que se en-
contraban asistiendo en el pago de la planilla, les dijeron: “A ustedes no les
vamos a hacer nada, tírense al suelo boca abajo”.
635
En el momento en que
las personas se tendieron en el suelo, los atacantes abrieron fuego sobre Jo-
sé Luis Arenas. La víctima cayó muerta como resultado de seis impactos de
bala, tres en el tórax y tres en la frente.
636
En el hecho resultaron heridos
dos campesinos, Abelino Soto Pérez, planillero de la finca, y Pioquinto So-
to Barrios, de 19 años de edad, quien quedó parapléjico debido a que una
bala penetró su columna vertebral.
637
Algunos de los campesinos reunidos frente a la oficina, al escuchar los
disparos huyeron del lugar. Posteriormente, los guerrilleros destruyeron el
radio de comunicación de la finca.
638
Luego de haber ejecutado a José Luis Arenas los miembros de la gue-
rrilla se dirigieron en idioma ixil a los campesinos, informándoles que eran
miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres y que habían matado al
“Tigre de Ixcán”.
639
Solicitaron que prepararan bestias para auxiliar a los he-
ridos y que fueran transportados a Chajul para que recibieran asistencia
médica.
640
Después, los atacantes huyeron en dirección a Chajul.
641
III. HECHOS POSTERIORES
En la madrugada del domingo 8 de junio el hijo de José Luis Arenas,
que se encontraba en la finca San Luis Ixcán, recibió la noticia de que su
padre había sido ejecutado por miembros de un grupo insurgente y que és-
tos se dirigían a San Luis Ixcán para matarlo. Inmediatamente se refugió
633 Ibid.
634 Prensa Libre, 9 de junio de 1975, declaración ante la prensa de un joven que estuvo presente el
día de los hechos. Además, los hechos fueron publicados en El Gráfico, La Nación, La Hora, La
Tarde, del 9 al 15 de junio de 1975.
635 Ibid.
636 El Gráfico, 10 de junio de 1975.
637 Testigo directo CEH.
638 El Gráfico, 10 de junio de 1975.
639 Testigo directo CEH.
640 El Gráfico y La Nación, 10 de junio de 1975.
641 Testigo directo CEH.
202
en una montaña cercana, en espera de que llegara una avioneta para tras-
ladarlo a la capital, con el objeto de denunciar inmediatamente el hecho
ante el ministro de la Defensa.
642
El ministro de la Defensa le respondió:
“Usted está equivocado, en el área no hay guerrilla”.
643
La primera interpreta-
ción de las instancias gubernamentales fue que el crimen de José Luis Are-
nas respondía a venganzas personales y no a motivos políticos.
644
El hecho fue denunciado a la Policía Nacional. Al día siguiente, sus in-
vestigadores se dirigieron al municipio de Chajul, para averiguar sobre el
crimen.
645
Además, elementos de la Policía Militar Ambulante llevaron a
cabo rastreos en terrenos de la finca y localidades cercanas, en busca de los
responsables.
646
El Organismo Judicial inició el proceso penal y se llevaron a cabo al-
gunas diligencias; sin embargo no hubo ningún avance sustancial.
647
Por otro lado, no fue posible conocer el expediente judicial, debido a
que éste se encontraba en los archivos del Juzgado Primero de Primera Ins-
tancia de lo Criminal de Santa Cruz del Quiché y fue consumido por un
incendio en enero de 1994.
Después del “ajusticiamiento” de José Luis Arenas la población de las
aldeas de Ilom, Ixtupil, Sajsivan y Sotzil, vecinas de la finca La Perla y ane-
xos, incrementó su apoyo al nuevo movimiento guerrillero, debido funda-
mentalmente al conflicto de tierras que los campesinos mantenían con los
propietarios de la finca desde hacía varios años y a que la ejecución fue vis-
ta como un acto de “justicia social”.
648
IV. CONCLUSIONES
Atendiendo a los antecedentes del caso la CEH ha llegado a la plena
convicción de que miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)
planificaron, ordenaron y ejecutaron a José Luis Arenas el 7 de junio de
1975, constituyendo su muerte una ejecución arbitraria que atentó contra
su derecho a la vida.
Del mismo modo, la CEH concluye que las otras dos personas que re-
sultaron heridas con motivo de esta ejecución arbitraria sufrieron, por par-
te de los mismos integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP),
un atentado a su derecho a la integridad personal.
642 Ibid.
643 Ibid .
644 El Gráfico, 10 de junio de 1975.
Testigo directo CEH.
645 El Gráfico y La Nación 10 de junio de 1975.
646 Testimonio colectivo CEH.
647 Testigo directo CEH.
648 Testigo de referencia CEH.
A juicio de la CEH, ni las acusaciones formuladas contra la víctima
por parte de la guerrilla, ni cualquier otra consideración de carácter políti-
co o estratégico, pueden justificar este crimen, que, además, constituye una
clara infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La CEH estima que los hechos descritos en el presente caso ilustran
un cambio importante en la estrategia de la guerrilla, al pretender transi-
tar, a través de actos como los relatados, de la actividad clandestina y secre-
ta a operaciones públicas y abiertas, procurando por medios violentos,
contrarios a los derechos de la población civil, ganar la simpatía de la po-
blación.
Finalmente, la CEH considera que el reconocimiento de estos hechos
por parte del Ejército Guerrillero de los Pobres, ante la CEH, constituye
un gesto positivo desde la perspectiva de la reconciliación nacional.
649
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
José Luis Arenas Barrera
Herido en atentado
Abelino Soto Pérez
Pío Quinto Soto Barrios
203
I. ANTECEDENTES
La figura del comisionado militar fue creada en 1938, con el propósito
básico de hacer efectivo el reclutamiento de los jóvenes para que realizaran
el servicio militar. En 1954, se replanteó su organización, instrucción y
adiestramiento, quedando bajo la dependencia orgánica y funcional del Es-
tado Mayor del Ejército, a través de la cadena de mando castrense.
650
En
1963 se desarrolló un sistema institucionalizado de contrainsurgencia del
cual los comisionados militares formaron parte
651
y, dos años después, se les
permitió, por ley, utilizar uniforme militar. De acuerdo con el reglamento
que regula esta figura, los comisionados militares eran considerados como
“miembros del Ejército cuando se encuentren en cumplimiento de una misión”.
652
Los comisionados eran elegidos entre los reservistas del Ejército, pero
existía la posibilidad legal de designar para que ocuparan ese cargo a al-
guien que no hubiera prestado servicio militar: “…serán seleccionados entre
los de mayor capacidad intelectual y física, debidamente comprobadas”.
653
Así,
fueron escogidos hombres, en su mayoría campesinos, por la posición que
ocupaban dentro de la comunidad, por su capacidad económica, por su
capacidad de liderazgo o su afinidad ideológica con el régimen, o por sim-
ple decisión del responsable militar del área.
Estas personas sirvieron a la estrategia contrainsurgente del Ejército, so-
bre todo en el trabajo de Inteligencia en el interior de las comunidades ru-
rales, a fin de mantener un estricto control de la población. Así, los comi-
sionados militares debían reportar al Ejército los movimientos de personas,
los comentarios políticos y no políticos que circulaban por la zona, las visi-
tas y reuniones, la llegada de extraños, es decir, todo lo relacionado con los
pobladores y vinculación, de cualquier índole que fuera, con la guerrilla.
Caso ilustrativo No. 97
Ejecución arbitraria de
Guillermo Monzón, comisionado
militar, por el Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP)
649 Testigo de referencia CEH.
650 Decreto Presidencial 79-54.
651 Informe de la CEH. Capítulo segundo, apartado “Los comisionados militares”.
652 Reglamento para Comisionados Militares y Ayudantes de Comisionados Militares, Artículo 2.
Acuerdo Gubernativo de fecha 22 de febrero de 1973.
653 Ibid, Artículo 9.
206
La guerrilla, por su parte, en el desarrollo de la fase de propaganda ar-
mada definida en 1974,
654
declaró a los comisionados “objetivos militares” y
a partir de 1975 puso en práctica una represión selectiva contra ellos, que
se prolongó hasta 1996. En Ixcán fueron ejecutados durante este período,
según los datos de la CEH, al menos 20 comisionados militares, auxiliares
e informantes.
655
Las víctimas, que en algunas oportunidades habían sido advertidas por
la guerrilla de que no debían seguir colaborando con el Ejército
656
bajo
amenaza de represalias, eran sacadas de sus casas,
657
utilizando el factor sor-
presa, para minimizar su resistencia. Una vez amarrada, a pocos metros del
lugar donde vivía, la víctima era ejecutada.
658
En otras ocasiones, recurrie-
ron a la emboscada.
659
Después de cometidas las acciones, informaban a la
población que aquel “enemigo del pueblo”
660
había sido “ajusticiado”, lo que
hacían directamente o mediante volantes y pancartas.
661
Guillermo Monzón, comisionado militar, originario de Huehuete-
nango, ladino, parcelario en la cooperativa de Xalbal, municipio de Ixcán,
Quiché, mantenía fuertes diferencias con otros parcelarios indígenas de la
misma cooperativa por la propiedad y uso de la tierra. En 1975, trabajaba
como tractorista del Instituto Nacional de Transformación Agraria (IN-
TA), ente gubernamental que poco antes había llegado a la región.
II. LOS HECHOS
El 28 de mayo de 1975, en centro La Cuchilla, cooperativa Xalbal,
municipio de Ixcán, el comisionado militar Guillermo Monzón es sor-
prendido por miembros de la guerrilla. Lo capturan, ejecutan y sepultan
en el mismo lugar donde fue ejecutado. Cuatro días después, su cadáver
fue encontrado por los pobladores. La familia de la víctima abandonó el
lugar y no volvió más.
Guillermo Monzón residía en la cooperativa Xalbal, y fue señalado de
forma reiterada por los habitantes del lugar como informante del Ejército.
“Había hecho una lista de gente que consideraba que estaba cerca de la guerri-
lla”
662
y la insurgencia decidió ejecutarlo.
654 Testigo directo CEH.
655 C 11540. 1978. Ixcán. Quiché. C 11014. Febrero, 1982. Ixcán. Quiché. C 11241. 1981. Ixcán.
Quiché. C 11417. Noviembre, 1982. Ixcán. Quiché. C 13368. Abril, 1982. Ixcán. Quiché.
656 C 11604. Agosto,1978. Ixcán. Quiché. C 11606. 1980.
657 C 11240. Abril, 1981. C 1014. Febrero, 1982. C 11443. Diciembre, 1982. C 11606. 1980. Ix-
cán. Quiché. C 11518. Agosto, 1981. C 11521. Marzo, 1980. C 11529. Enero, 1982.
658 C 11522. Febrero, 1981. Ixcán, Quiché.
659 C 11481. 1980. Ixcán, Quiché.
660 Testimonio colectivo CEH. C 11143. Febrero, 1982. Ixcán, Quiché.
661 C 11560. 1981. Ixcán, Quiché.
662 Testigo directo CEH. C 11147. Mayo, 1982. Ixcán, Quiché.
207
A través de este hecho el EGP emerge a la luz pública, siendo ésta su
primera acción en el enfrentamiento armado interno.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
El 10 de junio de 1975, paracaidistas del Ejército descendieron sobre
Xalbal junto a otras tropas que penetraron en la cooperativa por tierra,
apresaron a varias personas y establecieron un destacamento militar en las
instalaciones que el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA)
tenía en Buenos Aires.
663
Así lo recuerda un testigo presencial: “…Cuando
cayeron los soldados ‘como paraguas’ era un día domingo, estaba la población
en el mercado. Entró el Ejército para llevarse algunos socios de la cooperativa
de Xalbal y se los llevó en helicóptero. Nunca más volvieron a aparecer”.
664
La ejecución de Guillermo Monzón desató la represión por parte del
Ejército en la región. Unos 35
665
cooperativistas fueron hechos prisioneros
durante 1975 por miembros del Ejército, algunos de ellos desaparecieron,
mientras que otros fueron torturados y puestos en libertad al cabo del
tiempo.
666
“Pude observar a varios de los capturados … fuertemente castiga-
dos. Les metían un pañuelo en la boca para ahogarles, les tumbaban en el sue-
lo y la patrulla pasaba saltando encima … Uno de los soldados dijo que había
un hoyo y dentro estaba la gente con el agua hasta el cuello”.
667
IV. CONCLUSIONES
Atendiendo a los hechos anteriormente descritos, la CEH ha llegado
a la convicción plena de que miembros del Ejército Guerrillero de los Po-
bres (EGP) planificaron, ordenaron y ejecutaron arbitrariamente a Guiller-
mo Monzón, constituyendo dicho acto un grave atentado al derecho a la
vida y una infracción a las normas básicas del Derecho Internacional Hu-
manitario.
Ni las acusaciones formuladas contra la víctima por la guerrilla, ni
cualquier otra consideración de carácter militar o político, pueden ser ale-
gadas como justificación jurídica o ética de este crimen.
663 Buenos Aires era el nombre que recibía un lugar cercano a Xalbal donde el INTA tenía sus ofici-
nas y había construido una pista de aterrizaje.
664 Testigo directo CEH. C 11493. Julio, 1975. Ixcán, Quiché.
665 Datos obtenidos de la Base de Datos de REMHI.
666 Testigo directo CEH. C11463. 1981. Ixcán, Quiché.
667 Testigo directo CEH. C11634. Junio, 1975. Ixcán, Quiché.
La CEH considera que el presente caso es ilustrativo de la estrategia de
represión ilegítima selectiva que el EGP desarrolló contra los comisionados
militares, siendo significativo, además, por tratarse del primer comisiona-
do militar ejecutado en el Ixcán y por ser la primera acción del EGP como
organización político militar.
Finalmente, la circunstancia que fuese la población civil, quien sufrió
la represalia del Estado frente a este hecho cometido por la guerrilla, ilus-
tra la perversa espiral de violencia que generaban acciones contrarias a las
normas que rigen los conflictos armados.
208
I. ANTECEDENTES
La región conocida como Ixil,
669
formada por los municipios Nebaj,
Chajul y Cotzal, se encuentra al norte del departamento de Quiché. En la
zona céntrica se ubica la aldea de Chacalté, que está a unos dieciséis kiló-
metros al noroeste de la cabecera municipal de Chajul y colinda con las al-
deas de Juil, Xix, y Sumalito. Sus habitantes pertenecen al grupo étnico ixil.
En el segundo semestre de 1973 apareció el Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP) en esta zona. A principios de 1976 el Ejército de Guatema-
la instaló los dos primeros destacamentos en las localidades de Chajul y
Nebaj.
En 1979 el EGP incrementó su presencia en la región. Los acerca-
mientos de la guerrilla a la población se produjeron a través de charlas;
les prometieron que “ellos iban a terminar con el Ejército, que ellos iban a
poner un presidente mejor … la guerrilla los aconsejaba”.
670
Las comunida-
des de Chacalté, Xix y Juil destacaron entre los primeros poblados don-
de surgieron organizaciones de apoyo a la insurgencia. En 1982 el EGP
ya contaba con un amplio respaldo social; sin embargo, reconoció, ante
la CEH, que “la demanda sobre nosotros fue muy superior a la capacidad
real que teníamos de responder al trabajo organizativo, de politización y de
orientación”.
671
Caso ilustrativo No. 110
Masacre de Chacalte, San Gaspar
Chajul, Quiché, cometida
por el Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP)
“El guerrillero quebró la puerta de la casa y
entró. Cuando miraron debajo de la cama
dispararon sobre nosotros…”
668
668 Testimonio colectivo (comunidad de Chacalté) CEH.
669 El Ejército denominó a la zona desde 1980, en términos militares, como “Triángulo Ixil”.
670 Testigo directo (ex combatiente, miembro del EGP) CEH.
671 Testigo directo (ex miembro del EGP) CEH. (T.C. 253)
210
Debido a que las promesas de la guerrilla no se cumplieron, y también
por las acciones represivas del Ejército,
672
la comunidad de Chacalté fue
progresivamente alejándose del EGP. Los pobladores, en una entrevista co-
lectiva, manifestaron: “Entonces la gente dijo ‘mejor no, esos nos están min-
tiendo, dicen mentiras, mejor vamos a buscar el Ejército para que nos ayude a
ver qué, porque sino, vamos a terminar aquí…”
673
En marzo de 1982 el comandante del destacamento militar ubicado
en la cabecera municipal de Chajul, promovió una reunión, a la cual asis-
tieron los representantes de la comunidad. El objetivo fue constituir las Pa-
trullas de Autodefensa Civil (PAC). La comunidad recuerda que el coman-
dante les dijo: “…Lo que pueden hacer es organizarse, o sea velar por que la
guerrilla no entre y también hay que juntarse la gente, las casas, para que pue-
dan estar unidos y la guerrilla no pase fácilmente entre las casas. Entonces a la
gente le pareció bien”.
674
El comandante ordenó también a la población vecina de Vichacala
que, para su mayor seguridad, se trasladase a vivir al centro de Chacalté.
Las personas reconcentradas se instalaron en el juzgado, la iglesia y la es-
cuela de la comunidad. Durante el traslado de esta población, dos guerri-
lleros capturados fueron asesinados a golpes con palos (leñazos) en el cen-
tro de Chacalté.
675
Posteriormente, la población informó de lo sucedido al
destacamento militar de Chajul. El comandante del mismo prometió otor-
gar armas a las patrullas de Chacalté para la defensa de la comunidad. Dos
meses después, les entregaron 32 armas a los pobladores.
A partir de la organización de las PAC en Chacalté, el Ejército estable-
ció un vínculo constante con éstas, comisionándolas para que realizaran di-
versas tareas dentro de su estrategia contrainsurgente.
En abril de 1982 un grupo aproximado de veinte patrulleros encontró
en Vicalamá, a cuatro kilómetros de Chacalté, a dos guerrilleros que se di-
rigían hacia la aldea. Mataron a “garrotazos” a uno de ellos; al otro lo detu-
vieron, le quitaron la mochila que llevaba y lo llevaron amarrado a la al-
dea. De inmediato se le dió avisó al destacamento militar de Chajul, que
672 C 15609. 1981, Chajul, Quiché. A partir de 1981 el Ejército inició acciones de represión selec-
tiva contra la población de Chacalté. En marzo de ese año, soldados provenientes del destacamen-
to militar de Chajul, guiados por una persona encapuchada recorrió las casas de las víctimas, cap-
turó a cinco personas y luego las ejecutaron .
C 15610. Enero 1982, Chajul, Quiché. En enero de 1982 miembros del Ejército incineraron a
dos familias (familias Pérez y Terraza) completas dentro de sus viviendas. El temor a la violencia
contra la comunidad provocó que parte de la población de Chacalté optara por abandonar la al-
dea y se trasladaron a vivir en las montañas. Otra gran parte de la población desplazada se diri-
gió a la localidad de Xecoyeu, que posteriormente comprendería una de las Comunidades de Po-
blación en Resistencia (CPR). Las viviendas abandonadas fueron quemadas por los soldados, en
febrero o marzo de ese año.
673 Testimonio colectivo (comunidad de Chacalté) CEH.
674 Ibid.
675 C 15611. 1982, Chajul, Quiché.
211
mandó un helicóptero para recogerlo y se lo llevaron. Por esta acción el
destacamento militar de Chajul entregó, como recompensa, cinco escope-
tas a los patrulleros.
El EGP elaboró una clasificación de las PAC según el grado de cola-
boración que éstas prestaban al Ejército. Distinguían a las patrullas forma-
das por población dispuesta a participar y colaborar con el Ejército, a las
que les denominó bandas reaccionarias, de aquellas “patrullas civiles forza-
das”, que participaban a la fuerza. La guerrilla consideró que “el golpe mili-
tar juega un papel determinante: el golpe al Ejército, a las bandas reacciona-
rias, a sus jefes y a todo enemigo del Pueblo y la Revolución”.
676
El reconoci-
miento de estas “bandas” como objetivo militar consta en un documento
interno del EGP sobre la estrategia a adoptar frente a las PAC, en el que se
afirma que “podemos incluir en éste nuestro planteamiento de golpear de ma-
nera exitosa a bandas reaccionarias activas en primer lugar, buscando el ani-
quilamiento con recuperación”.
677
Miembros de este grupo guerrillero reco-
nocieron que “dijimos a esas bandas reaccionarias, cada vez que haya oportu-
nidad hay que combatirlas como si estuvieran combatiendo con el Ejército mis-
mo, porque están armados, recibían entrenamiento y eran no sólo agresivos en
la búsqueda de combate con la guerrilla, sino que eran asesinos en sus propias
poblaciones. Entonces a esos sí dimos la orientación, desde la dirección, de que
había que combatirlas drásticamente…”
678
La PAC de Chacalté fue catalogada como “banda reaccionaria”.
II. LOS HECHOS
Tres pelotones del EGP, formados por treinta personas cada uno, y una
unidad especial de combate denominada “patrulla de comando”, pertene-
cientes al Frente Ho Chi Minh, se reunieron en Xix la madrugada del 12
de junio de 1982. Según informaron a los combatientes, habían planifica-
do una operación para capturar a los patrulleros que estaban en Chacalté
y robarles las armas. Como paso previo habían explorado la zona previa-
mente y tenían planos para realizar la acción. El objetivo era llegar a la igle-
sia, centro de operaciones de las PAC, donde se guardaban las armas. Dis-
pusieron que la patrulla de comando avanzara en primer lugar. Dividieron
a los pelotones para que entraran en la comunidad por tres puntos diferen-
tes. Cuando amaneció, la aldea y los patrulleros que se encontraban den-
tro de la iglesia estaban cercados.
676 EGP, Frente Guerrillero Comandante Ernesto Guevara, Informe sobre la situación de las bandas en
las áreas, 23 de diciembre de 1982.
677 Ibid.
678 Testigos directos (ex miembros del EGP) CEH.
212
El templo estaba construido de adobe, por lo que no era posible ver su
interior. El jefe de la patrulla guerrillera, que ingresó primero en la comu-
nidad, arrojó una piedra al techo de teja de la iglesia, con el objeto de abrir
un hoyo, lo cual logró luego de varios intentos. Abierto el hoyo, tiró una
granada. Veinte patrulleros que allí se encontraban salieron huyendo, mo-
mento que fue aprovechado por los guerrilleros para ejecutarlos.
A pesar de que los patrulleros disponían de armas y unas 10 granadas
para cada turno, no pudieron defenderse ante la acción guerrillera. La co-
munidad cuenta que “como ellos estaban durmiendo, trataron de ponerse sus
zapatos y ver qué hacían para defenderse, pero casi no pudieron hacer mayor
cosa, porque cuando ellos se levantaron … la guerrilla es la que disparó prime-
ro y se murieron”.
679
Simultáneamente a esta acción, miembros de la guerrilla se dirigieron
a los puntos donde se encontraban concentrados los pobladores de las al-
deas vecinas. En el juzgado mataron a siete personas de una familia de Tzi-
cuach. En la escuela asesinaron a un grupo de alrededor de 10 personas
provenientes de Juil. También mataron a una señora que, con sus hijos,
dormía en el lugar donde había estado la cárcel. Cuentan varios miembros
de la comunidad que, “El guerrillero quebró la puerta de la casa y entró.
Cuando miraron debajo de la cama dispararon sobre nosotros … Los guerrille-
ros dijeron: vámonos muchá, porque de repente vienen los ejércitos … Mi pa-
pá salió primero, yo oí que están gritando mi hermanito y mi hermanita, pero
ya no pude sacarlos … aparte los guerrilleros que entraron a matar el montón
de gente allá en el juzgado, y aparte los que están buscando en cada casa…”
680
La acción guerrillera duró aproximadamente cuatro horas. Las víctimas
fueron mujeres, ancianos y niños, incluyendo hombres que no estaban ar-
mados. Como parte del ataque a la comunidad, muchas casas fueron que-
madas, algunas con sus moradores en el interior. Según uno de los decla-
rantes, las personas fueron asesinadas con arma de fuego y acuchilladas.
La comunidad manifestó: “Muchos niños que se quedaron llorando to-
davía. Quedaron, todavía, hombres, mujeres que estaban llorando. Había una
cosa terrible que se oía, ya toda la gente lloraba. Lloraba. Ya no hallaba qué
hacer”.
681
La población enterró a sus muertos con el apoyo de los soldados del
destacamento militar de Chajul, que llegaron hacia las once de la mañana,
respondiendo a un llamado de auxilio realizado por uno de los sobrevivien-
tes. Ese mismo día por la tarde, los sobrevivientes bajaron a la cabecera
municipal de Chajul llevando las pocas pertenencias que pudieron cargar.
La CEH pudo identificar a 55 víctimas, todas civiles y desarmadas.
679 Testimonio colectivo (comunidad de Chacalté) CEH.
680 Ibid.
681 Ibid.
III. HECHOS POSTERIORES
Cincuenta sobrevivientes de la masacre de Chacalté fueron instala-
dos en una galera que estaba construida en la plaza de Chajul. Allí, du-
rante los dos meses siguientes, los soldados les proporcionaron alimen-
tos. Poco tiempo después los hombres se integraron a la PAC. Finalmen-
te, les dijeron que buscaran “unos sus centavitos” y el destacamento mili-
tar dejó de prestarles ayuda. Algunas de las viudas tuvieron que vender
las tierras que tenían en Chacalté y se trasladaron a Nebaj para vivir y tra-
bajar allí.
Otros sobrevivientes se desplazaron hacia la montaña, se organizaron
y formaron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de la Sie-
rra. En la montaña varias familias murieron a causa de escasez de alimen-
tos, por enfermedades, por extraviarse o por emboscadas del Ejército y las
PAC.
En 1983, dando cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad y De-
sarrollo (PNSD), impulsado por el Gobierno militar de entonces, muchas
comunidades de la región ixil fueron trasladadas por el Ejército a las “al-
deas modelos”, que no correspondían a sus lugares de origen ni fueron di-
señadas de acuerdo a las características culturales de la población ixil. En
1991 algunos de los sobrevivientes de Chacalté retornaron a la comunidad
y reorganizaron la aldea.
Durante las fechas comprendidas entre el 22 de agosto al 6 de septiem-
bre de 1997 el equipo de antropólogos forenses de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) realizó la exhuma-
ción en Chacalté. Encontraron setenta y cinco osamentas de hombres,
mujeres y niños. Por las malas condiciones de preservación de los restos
óseos, tan sólo se logró identificar diecisiete.
IV. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta todos los antecedentes de la investigación, la
CEH llegó a la plena convicción de que 55 personas civiles e indefensas,
entre mujeres, ancianos y niños de la comunidad de Chacalté, fueron eje-
cutadas arbitrariamente por miembros del EGP pertenecientes al Frente
Ho Chi Minh. Esta masacre constituye una grave violación a los principios
comunes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del De-
recho Internacional Humanitario.
La CEH considera que el eventual apoyo que las víctimas hubiesen
prestado al Ejército no otorga justificación alguna a este grave atentado
contra el derecho a la vida.
213
214
El caso ilustra en qué medida la extensión del concepto de enemigo
que realizó la guerrilla, aplicándolo a población civil que colaboraba con el
Ejército, condujo a miembros suyos a cometer graves violaciones de las re-
glas mínimas que los obligaban como combatientes.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Ana Teresa Raymundo
Ana Chávez Bernal
Ana Terrasa Santiago
Andrés Cobo Guzmán
Antonio Brito Cruz
Apolinario Pedro Terrasa Santiago
Avelo Sánchez Brito
Canuto Vicente Raymundo Guzmán
Catarina Bernal Santiago
Catarina Brito
Catarina Brito Terrasa
Catarina Terrasa Chávez
Cecilia Santiago
Diego González
Diego Solís
Domingo Raymundo Ceto
Domingo Sánchez Cruz Brito
Elena Raymundo
Elena Velasco Cobo
Engracia Terrasa
Felipe Terraza López
Francisco Ceto
Francisco Cuchil Brito
Francisco Velasco Sánchez
Jacinto Ceto
Jacinto Chávez Matom
Jacinto Solís
Juana Ceto
Juana Cobo Guzmán
Juana Cruz Sánchez
Juana Cruz Sánchez
Juana Pérez Solís
Juana Santiago
Juana Terrasa Ramírez
Juana Terraza López
Julian Santiago Ramírez
Lorenzo Ceto
Magdalena Ceto
Magdalena Cobo Guzmán
Margarita Lainez Chávez
Margarita Sánchez
María Brito Brito
Miguel Brito Sánchez
Miguel López
Pedro Ceto
Pedro Pérez
Pedro Raymundo Guzman
Pedro Sánchez Cruz Brito
Pedro Solís Ceto
Pedro Terceria
Rafael Cobo Guzmán
Roberto Varias
Romulo Francisco Raymundo
Guzmán
Tomás Raymundo Guzmán
Vicente Santiago Cedillo
I. ANTECEDENTES
La aldea Sacuchúm Dolores, que está formada por los caseríos El Bo-
querón, Bolbonhuitz, El Bramadero y El Portezuelo, se encuentra ubicada
en las estribaciones de la Sierra Madre, en el municipio de San Pedro Sa-
catepéquez, departamento de San Marcos. En 1981 contaba con 1,616 ha-
bitantes, de los cuales 1,169 eran de origen maya mam. El 72 % de sus po-
bladores no sabía leer ni escribir.
682
Las principales actividades económicas
de sus moradores eran la agricultura, para el auto-consumo, la artesanía y
el comercio.
La presencia en la zona de la Organización del Pueblo en Armas (OR-
PA) se remonta a 1972,
683
cuando este grupo guerrillero inició el recluta-
miento de colaboradores locales para formar su base social, que llamarían
Resistencia Popular Campesina, y encargada de realizar funciones logísti-
cas y organizativas. Hasta 1978 sus métodos de trabajo se caracterizaron
por ser clandestinos y selectivos. Sin embargo, a partir de 1979, cuando la
ORPA sale a la luz pública, en algunas regiones, como El Tablero y Sacu-
chúm, fueron aplicados cada vez con menos rigor.
A finales de los setenta la ORPA estableció un campamento guerrille-
ro en el cerro El Tumbador,
684
ubicado entre el municipio de El Tumbador
y la aldea San Francisco El Tablero, municipio de San Pedro Sacatepéquez.
Por otra parte, la Inteligencia militar, a través de su red de informan-
tes locales, tenía conocimiento de la existencia en la región de campamen-
tos guerrilleros y de la supuesta relación que pobladores tenían con los re-
beldes. “Habían detectado este campamento pero no era fácil llegar a él…”
685
El 1 de enero de 1982, día en que los habitantes de la aldea San Fran-
cisco El Tablero celebraban, según la costumbre, el cambio de alcaldes au-
xiliares y regidores, varios soldados del Ejército entraron en la aldea y sos-
tuvieron un enfrentamiento con combatientes de ORPA, que se prolongó
Caso ilustrativo No. 73
Masacre de Sacuchum Dolores
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
“Hoy no es Dios el que está con ustedes, sino
el diablo”.
682 INE, Censo de Población y Habitación de 1981.
683 Testigo de referencia (ex comandante de ORPA) CEH. (T.C. 31).
684 Ibid.
685 Ibid.
216
durante unas cinco horas.
686
Según algunos testigos,
687
no se produjeron ba-
jas entre los contendientes. Sin embargo, los soldados ejecutaron a cinco
vecinos de la comunidad.
688
“…Como a las trece horas se retiró la guerrilla,
quedando solo el Ejército … Unicamente se quedaron los ebrios y los ancianos,
quienes no pudieron huir, fue a quienes el Ejército mató y después vistió de ver-
de olivo para decir que eran guerrilleros, después, al día siguiente, el Ejército
prendió fuego a las casas y metió a los muertos para que se quemaran…”
689
Ocho días más tarde y ante la presencia del juez de paz de San Pedro
Sacatepéquez, las víctimas fueron enterradas por sus familiares en un terre-
no privado.
690
Los sucesos acaecidos en San Francisco El Tablero constituyeron el pre-
ludio de lo que dos días después ocurriría en la aldea Sacuchúm Dolores.
II. LOS HECHOS
El 3 de enero de 1982, a las seis de la mañana, llegaron a Sacuchúm
Dolores cientos de soldados procedentes del destacamento militar de San-
ta Ana Berlín y de la zona militar de Quetzaltenango: “…Ese día de la ma-
sacre eran muchos, toda la aldea se miraba verde, eran muchos … llegaron …
después de que quemaron la aldea de San Francisco El Tablero…”
691
Los sol-
dados iban acompañados de varios hombres encapuchados, quienes al pa-
recer eran originarios de la comunidad y habían sido capturados días an-
tes.
692
Al llegar a la aldea cubrieron las entradas y salidas de la localidad, y
obligaron a las personas a salir de sus viviendas, mientras “robaron … pon-
chos, chamarras y dinero”.
693
Cuando todos los vecinos estaban reunidos frente al juzgado, el oficial
al mando de la tropa subió a la torre de la antigua iglesia y según recuer-
dan los sobrevivientes, dijo: “…Hoy no es Dios el que está con ustedes, sino
el diablo”,
694
y les ordenó que se formaran en tres filas, una de hombres, una
de mujeres y otra de niños. En seguida, les pidieron su identificación. Los
hombres encapuchados señalaron entre 45 y 52 personas, que fueron acu-
686 Testigo directo CEH. C 7243. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
687 Testigo directo (sobreviviente de la masacre) CEH. C 7243. Enero 1982, San Pedro
Sacatepéquez, San Marcos.
Testigo de referencia (ex comandante de ORPA) CEH. (T.C. 31).
688 C 7243. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
689 Testigo directo CEH. C 7243. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
690 Ibid.
691 Testimonio colectivo CEH. C 7007. Enero, 1982. San Marcos. Este testimonio relata que tam-
bién llegaron soldados de la zona militar de San Marcos, la cual se estableció en mayo de 1983.
Antes de esa fecha, es muy probable que los soldados llegaran del destacamento de Santa Ana Ber-
lín, Coatepeque o de la zona militar de Quetzaltenango. Según el mismo testimonio, los solda-
dos eran de Oriente, “no eran ni de Xela ni de San Marcos. Eran altos, colochos y morenos”.
692 Ibid.
693 Ibid.
694 Ibid.
217
sadas de pertenecer a la guerrilla, y a las que después encerraron en la co-
cina de la escuela, ubicada cerca del juzgado. Las demás personas fueron
puestas en libertad sobre las seis de la tarde, después que cada uno de ellos
pagara la cantidad de unos 30 o 40 quetzales.
695
“…Estuvieron escogiendo
gente; a unos los apartaban y a otros los pateaban y les decían que se fueran a
sus casas, se quedaran allí sin prender las luces, porque si veían alguna luz irían
y matarían a toda la familia”.
696
Hacia las nueve de la noche las personas detenidas, entre ellas dos ni-
ñas de 15 y 16 años de edad, fueron trasladadas a los terrenos de un asti-
llero municipal, situados en el cerro El Gramadero, municipio de San Cris-
tóbal Cucho.
697
Estando allí, obligaron a las víctimas a abrir fosas: “…a ca-
da quien lo ponían a hacer su hoyo”.
698
Además, violaron reiteradamente a
las dos niñas: “Tenían turnos para violar[las]”,
699
y les dejaron “sembrada
una estaca en los genitales”.
700
Para concluir, los soldados ejecutaron por degollamiento a algunas de
las personas que habían apresado: “…algunas veces utilizaban cuchillo para
degollarlos y, al terminar, los lamían exclamando ‘qué rico el pollo’…”
701
Otras
víctimas fueron estranguladas: “Todos murieron por la tortura … en el lugar
habían alisos que estaban bien pelados en donde los amarraron, habían peda-
zos de lazo con lo que los amarraron del cuello. Eran como diez los que mata-
ban y torturaban a la gente, les ponían lazos en el cuello con un palito y le da-
ban vuelta hasta matarlos ahorcados”.
702
De las personas que los soldados apartaron para darles muerte, sólo
una sobrevivió; al día siguiente lo trasladaron al destacamento de Santa
Ana Berlín en un helicóptero militar que había llegado a Sacuchúm Dolo-
res para distribuir comida entre los soldados.
703
El sobreviviente fue allí so-
metido a tortura e interrogado sobre la guerrilla; “lo sacaron exigiéndole que
mostrara el campamento de la guerrilla”.
704
Once días más tarde, logró esca-
par después que la tropa del Ejército lo hubiera conducido a la finca La
Bamba. Llegó a Sacuchúm Dolores y allí le contó a una persona lo que ha-
bía sucedido y cómo había sido ejecutado el resto de las víctimas.
705
Des-
pués de estar un año en la aldea, en torno al 15 de marzo de 1983, hom-
bres desconocidos, vestidos de civil, lo detuvieron en el mercado de San Pe-
dro Sacatepéquez. No se volvió a saber de él.
706
695 Ibid.
696 Testigo de referencia CEH. C 7011. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
697 Testimonio colectivo CEH. C 7007. Enero, 1982. San Marcos.
698 Ibid.
699 Testigo de referencia CEH. C 7011. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
700 Testimonio colectivo CEH. C 7007. Enero, 1982. San Marcos.
701 Ibid.
702 Ibid.
703 Ibid.
704 Testigo de referencia CEH. C 7011. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
705 Ibid.
706 Ibid.
218
La CEH logró identificar a 33 víctimas de la masacre de Sacuchúm
Dolores, de las cuales 31 fueron torturadas y ejecutadas. Dos niñas fueron
violadas sexualmente y ejecutadas.
III. LOS DÍAS POSTERIORES
Al día siguiente, los familiares y vecinos descubrieron los cadáveres
medio enterrados en varias fosas
707
y procedieron a interponer una denun-
cia ante el juez de paz de San Pedro Sacatepéquez. Cumplido el procedi-
miento correspondiente, los bomberos trasladaron los cadáveres a la mor-
gue del Hospital Nacional de San Marcos. Las familias llegaron a recono-
cerlos, a excepción de algunos que no lo hicieron porque los militares los
habían amenazado y tenían miedo de que los mataran.
708
“Cuando los del
Ejército se los llevaron a todos para el cerro, nos dijeron que no se nos ocurrie-
ra seguirlos, que nos metiéramos en la casa y que tampoco fuéramos al día si-
guiente al cerro, pues si lo hacíamos vendrían y matarían a toda la familia de
los que subiéramos; por eso, al día siguiente sólo unos cuantos vecinos subieron
a ver qué había pasado y encontraron aquello tan terrible”.
709
Por esta razón, 16 víctimas que no fueron identificadas por sus parien-
tes se encuentran enterradas en el cementerio local de San Marcos, mien-
tras que las demás recibieron sepultura en el camposanto de Sacuchúm
Dolores.
710
Por otra parte, la prensa nacional publicó la noticia siete días más tar-
de de acaecidos los hechos, refiriendo que los responsables eran descono-
cidos; asimismo aportó la identidad de 20 personas masacradas: “…veinte
cuerpos estrangulados y torturados fueron encontrados en la aldea Sacuchúm
Dolores y seis más en San Francisco El Tablón; éstos estaban putrefactos y que-
mados … Se supo que los desconocidos incendiaron veinte viviendas y en la au-
xiliatura del lugar secuestraron con lujo de fuerza a sesenta vecinos, quienes
fueron llevados con rumbo ignorado. Se supone que el resto de los plagiados co-
rrió igual suerte”.
711
Dos semanas después de la masacre, hombres desconocidos llegaron a
Sacuchúm Dolores. Según testigos, tales sujetos eran miembros de la Judi-
cial o de la G-2, y capturaron e hicieron desaparecer a Eusebio Valeriano
Velázquez Juárez,
712
ejecutaron a Gabino Francisco Miranda Navarro,
707 Ibid.
708 Ibid.
709 Testigo directo CEH. C 7007. Enero, 1982. San Marcos.
710 Testimonio colectivo CEH. C 7007. Enero 1982. San Marcos.
711 Prensa Libre, 10 de enero de 1982. pg. 3.
712 Testigo directo CEH. C 7252. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
219
quien fungía como auxiliar del Juzgado en Sacuchúm
713
y a Porfirio Gre-
gorio Aguilar;
714
y golpearon y torturaron a Everardo Jesús López Matías,
quien murió días después en el Hospital de San Marcos a consecuencia de
los golpes recibidos.
715
Asimismo, torturaron a otra persona del lugar.
716
Desde entonces el Ejército no sólo mantuvo su presencia en el área, si-
no que también sometió a un severo control a los habitantes de la aldea Sa-
cuchúm Dolores.
IV. CONCLUSIONES
Analizados todos los antecedentes del caso, la CEH ha llegado a la
convicción plena de que, el 3 de enero de 1982, 47 habitantes (identifica-
do y no identificados) indefensos de la aldea Sacuchúm Dolores, fueron
torturados y ejecutados arbitrariamente por efectivos del Ejército, que vio-
laron sus derechos a la integridad personal y a la vida.
La colaboración que algunas de las víctimas pudieron haber prestado
a la guerrilla no otorga justificación jurídica o ética a este crimen. Asimis-
mo, la CEH considera que tampoco se puede justificar la alevosía y bruta-
lidad con que fueron tratadas las víctimas, lo cual no tiene comparación si-
quiera con aquella violencia que, legítimamente, se puede utilizar contra
un enemigo armado en combate.
La CEH estima que este caso es representativo de la represión sufrida
por civiles desarmados, registrando este hecho el mayor número de vícti-
mas dentro de las masacres perpetradas por el Ejército en el año de 1982,
en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.
Finalmente, la perpetración de actos criminales, que generan, además,
terror en la población civil, con la finalidad de, a través de aquella pobla-
ción, determinar la ubicación del enemigo militar, evidencia un absoluto
desprecio por los estándares mínimos del Derecho Internacional Humani-
tario.
713 Testigo directo CEH. C 7010. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
714 Testigo directo CEH. C 7010. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
715 Testigo directo CEH. C 7022. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
716 Testigo directo CEH. C 7015. Enero, 1982. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
220
Ejecución arbitraria, tortura,
privación de libertad, otras violaciones
Amarilda Rosaura Fuentes Bravo
Víctimas colectivas/desconocidas: 14
Apolonio Perfecto Aguilar Miranda
Armando Matías Fuentes
Augusto Regino Velásquez Fuentes
Carlos Ramos Orozco
Cristobal Evaristo Fuentes Gomez
Edgar Santos Fuentes López
Elman Camicio Fuentes López
Ermelindo de Jesus Ramos
Velásquez
Fabián de Jesus Navarro Miranda
Fausto Efraín Aguilar Ramos
Felipe Santiago Miranda López
Gabino Rafael Orozco Bravo
Jacinto Nicolás Orozco Dionicio
Jaime René Ramos Aguilar
Jaime Ramos Aguilar
Jorge Alberto Bravo Aguilar
Juan Guillermo Aguilar Velásquez
Justo Simeón Velásquez
Luis Rolando Fuentes Miranda
Margarito Fabián Ramos Velasco
Margarito Ramos Velásquez
Maudilio Roberto Fuentes Miranda
Neredo Aislado Fuentes López
Raul Fuentes Miranda
Rodrigo Victoriano Aguilar Fuentes
Rogelio Olegorio Fuentes Miranda
Rogelio Aguilar Ramos
Rolando Benedicto Orozco Orozco
Rosario Petrona Aguilar Fuentes
Rudi Lazaro Fuentes López
Sixto Celestino Bravo Aguilar
Tránsito Héctor Fuentes Miranda
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
I. ANTECEDENTES
Desde los años sesenta, en el departamento de San Marcos la Iglesia
Católica fue un actor social de primera orden. En 1966 llegó a la parro-
quia de Tejutla una misión de solidaridad procedente de Bélgica, cuyos sa-
cerdotes dieron inicio a lo que después fue la Cooperativa del Movimien-
to Campesino del Altiplano de San Marcos.
En 1970 se crea un Centro Diocesano de Formación
718
ubicado en tres
localidades, Tejutla, El Quetzal y la parroquia de San Pedro Sacatepéquez.
De esta forma se inició la formación de líderes comunitarios en las pa-
rroquias, destacándose entre ellas las del Altiplano: San José Ojetenam, Si-
binal, Tacaná, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo y San Pedro
Sacatepéquez.
En la década de los ochenta, a medida que se agudizaba la represión
estatal, algunos miembros de la Iglesia optaron por denunciar públicamen-
te lo que estaba sucediendo. La mayoría de los centros diocesanos de for-
mación de San Marcos y Quetzaltenango tuvieron que ser cerrados por el
recrudecimiento de las acciones contra la población católica. La persecu-
ción fue provocada por la actividad de los catequistas, quienes buscaban el
progreso de la gente en las cooperativas y la toma de conciencia de sus de-
rechos.
719
Esos fueron años de secuestros, abandonos forzados de las parro-
quias por parte de sacerdotes, asesinatos de catequistas y exilio.
720
Caso ilustrativo No. 70
Tortura pública y ejecución
extrajudicial del catequista
Carlos Vidal González Pérez
“En un barranco, tirado como cualquier
animal, así quedó nuestro hermano, Gonzá-
lez Carlos Vidal. Esto que ahora contamos,
fue en el año 1983, cuando los pobres mo-
rían, masacrados de una vez. Ya con esto me
despido, sépanlo bien que al final Dios pre-
miará sin olvido al pueblo de Sibinal”.
717
717 Corrido a un catequista mártir, escrito para la exhumación de Carlos Vidal González.
718 La actividad de estos centros era desarrollar programas de promoción humana, religiosa y social.
719 Testigo directo (miembro de la Iglesia Católica) CEH.
720 Testigo directo (miembro de la Iglesia Católica) CEH. C 7003. Abril, 1982. San Miguel
Ixtahuacan, San Marcos. C 7297. Abril, 1983. Sipacapa, San Marcos. C 7196. Enero, 1988.
Sipacapa, San Marcos.
222
Entre 1980 y 1981 el Ejército ocupó con pequeñas unidades las insta-
laciones de la Iglesia Católica de los municipios de Sibinal, Ixchiguán y Ta-
jumulco.
721
En 1983, cuando se producen los hechos que se relatan a continua-
ción, persisten los secuestros de catequistas y promotores de la Cooperati-
va del Movimiento Campesino de San Miguel Ixtahuacán.
722
II. LOS HECHOS
El 20 de marzo de 1983 llegó al municipio de Sibinal, departamento
de San Marcos, un numeroso grupo de militares provenientes de la cabe-
cera departamental. Los soldados llevaban, enmascarado y con ropa mili-
tar, a Ramón Díaz, supuesto miembro de la guerrilla,
723
quien había sido
capturado por el Ejército.
Ese mismo día, por la tarde, los soldados convocaron en el parque cen-
tral a toda la población de Sibinal. “Juntaron a toda la gente y nos dijeron:
‘Ustedes se van a sus casas a preparar tres tiempos de comida y traigan su ropa
de dormir, traigan armas, machetes, palos, lo que ustedes consigan … Maña-
na nos vamos a la montaña y sólo nosotros sabemos qué es lo que vamos a ha-
cer, así es que se vienen preparados’. La gente dijo: ‘Está bien’. Nos dijeron que,
al día siguiente, cada uno tenía que traer un tercio de leña. Nos ordenaron que
botáramos los árboles que teníamos cerca de nuestras casas y, como eran del
Ejército, uno los tenía que obedecer”.
724
Al día siguiente, 21 de marzo por la mañana, el catequista Carlos Vidal
González Pérez y su padre fueron a dejar la carga de leña que los miembros
del Ejército les habían ordenado traer. En ese momento, Carlos fue señala-
do como guerrillero por Ramón Díaz ante los militares, y éstos le introduje-
ron en el mercado, para dejarle salir poco después. Caminaban hacia su ca-
sa cuando, al poco tiempo, le capturaron de nuevo y le encerraron en los ba-
ños del mismo mercado. El padre de Carlos preguntó al capitán sobre el mo-
tivo de la detención de su hijo y éste le respondió: “Pues, hasta aquí, saber …
Eso sí, usted puede ir a traer su almuerzo y su cena porque ya nos vamos”.
725
El padre de Carlos, cuando regresaba a su casa, en la salida del pueblo,
vio a unos militares que estaban torturando y colgando de un árbol a Ru-
bén Escalante. “Le colgaron, le hicieron lo que querían…”
726
721 Testigo directo (miembro de la Iglesia Católica) CEH.
722 C 7297. Abril, 1983. San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
723 En entrevista oficial con la CEH, la ORPA no pudo precisar con certeza si la víctima era un
miembro de la organización, aunque existen indicios para concluir que así fue. Los testigos en-
trevistados por la CEH no dudan de su militancia.
724 Testigo directo (familiar de la víctima) CEH.
725 Ibid.
726 Testigo directo CEH. C 7214. Marzo, 1983. Sibinal, San Marcos.
223
Esa misma mañana, al llegar a su vivienda, el padre observó que
miembros del Ejército sacaban de sus casas a los jóvenes Francisco y Ana-
cleto Hernández;
727
“…era ese enmascarado quien iba adelante”.
728
A las diez y media de la mañana toda la población estaba ya reunida
en círculo en el centro de Sibinal. El capitán estaba hablando y, cerca de
él, tenía a una persona encapuchada con un gorro pasamontañas, vestido
con uniforme militar y con las manos amarradas hacia atrás. Se trataba de
Carlos Vidal González Pérez, a quien pusieron a andar alrededor del círcu-
lo mientras era golpeado con las armas por los soldados. El capitán dijo:
“Este es un guerrillero, éste es un sinvergüenza. Qué dicen ustedes, ¿lo soltamos
o lo matamos? ‘Si es de la guerrilla mátenlo’, dijeron unos”.
729
Le quitaron la
gorra y todos vieron que se trataba del catequista, en lágrimas por los gol-
pes recibidos.
El capitán preguntó: “¿Conocen ustedes a este hombre?”, y la gente res-
pondió que sí; luego volvió a preguntar que si lo mataban, y “algunos dije-
ron que sí”.
730
Mientras esto sucedía, la esposa de Carlos Vidal González Pérez corrió
hacia la víctima pero el capitán no le permitió llegar donde él, preguntán-
dole además: “¿Usted está segura de que ese es su esposo?, ¿Lo conoce usted
bien?” Siguió diciéndole: “Pobrecita señora, porque ahora se va a quedar so-
la. Vamos a llevar a su esposo a Guatemala, porque de allá viene la orden. Si
anda libre, vendrá, y si no, no”.
731
En seguida, los soldados distribuyeron a la población, en 18 pelotones
de 20 miembros cada uno. No incluyeron a los ancianos, que eran obliga-
dos a llevar al destacamento una carga de leña cada semana. El capitán di-
jo entonces a los pelotones: “Ahora ustedes mismos se van a cuidar; ustedes
son los que van a velar todo lo que pasa en su pueblo”.
732
Con este acto que-
daron formadas las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en Sibinal.
El 22 de marzo, como a las dos de la tarde, un grupo de militares sa-
lió del destacamento de Sibinal hacia el camino que conduce a México.
Con ellos iba el catequista detenido. Su padre les siguió y vio que los sol-
dados pernoctaban en un lugar llamado Cabixhmay y que el día siguiente
siguieron caminando hacia el cerro Siete Orejas (cerro Txe wuq xhkin),
donde había un campamento guerrillero.
727 Ibid.
728 Ibid.
729 Testigo directo CEH.
730 Testigo directo CEH.
731 Testigo directo CEH.
732 Testigo directo (familiar de la víctima) CEH.
224
Ese mismo día, por la tarde, el grupo regresó a Sibinal pero sin Carlos
Vidal González Pérez.
733
Al encontrar al padre en el camino, los soldados
le dijeron: “Ese tu hijo es mero guerrillero. Bien amarrado y se nos escapó el
sinvergüenza … con todo y el lazo se fue el abusivo…”
734
Sin embargo, el pa-
dre de Carlos, quien estuvo buscando a su hijo sin descanso, consiguió en-
contrarlo aunque sin vida, ocho días después, colgado de un árbol y con
signos que evidenciaban torturas: “Lo encontramos colgado. Primero lo revol-
caron y luego le hicieron heridas sobre el pecho. Heridas nada más, no lo pu-
yaron. Cortado nada más así de los dos lados. Lo amarraron de las manos. Lo
encontramos a las 11.00 del día Jueves Santo. Lo dejaron desnudo”. En el mis-
mo lugar fue enterrado “con un nylon; ahí dejamos enterrado a mi hijo por-
que si [los soldados] hubieran sabido que nosotros lo encontramos, nos hubie-
ran acabado. Mejor lo que hicimos fue dejarlo enterrado … lo hicimos con ma-
chete, con unas estacas, y nos vinimos”.
735
Hasta dos años después el padre de Carlos no contó a nadie que había
enterrado a su hijo, ni siquiera a la esposa, por miedo a que pasara algo.
736
Durante un año los miembros del Ejército destacados en Sibinal obli-
garon a algunos hombres a llevarles leña y a las viudas a que les preparasen
la comida. Entre ellas se contaba la esposa del catequista asesinado.
III. DESPUÉS
El asesinato de Carlos y la persecución de catequistas y líderes comu-
nitarios provocaron un fuerte impacto en las comunidades de San Marcos
y, por supuesto, en el municipio de Sibinal. La cooperativa interrumpió su
actividad después de casi 20 años y los catequistas y delegados de la Pala-
bra dejaron de funcionar hasta hace pocos años. Todavía hoy en las parro-
quias del Altiplano, “la gente no quiere contar lo que pasó, prefiere callarse.
Cuando no hay necesidad, prefieren callarse. ¿Qué se puede ganar? Como to-
davía está el miedo de la presencia del Ejército. Ya no es tan fuerte … no es co-
mo hace unos diez años, [pero] los campesinos prefieren no meterse en proble-
mas, más prefieren contar una mentira, para no ofender a otro y si ofende la
verdad no lo van a decir”.
737
733 Según los testimonios brindados a la CEH. Sin embargo a los antropólogos de la ODHAG los
familiares de la víctima dieron como fecha de la desaparición el 24 de marzo.
734 Testigos directos CEH.
735 Ibid.
736 Testigo directo CEH.
737 Testigo directo (miembro de la Iglesia Católica) CEH.
225
Después de 15 años y tras un proceso legal
738
iniciado por la familia de
la víctima, el 26 de febrero de 1998 se llevó a cabo, por el equipo forense
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (OD-
HAG), la exhumación de Carlos Vidal González Pérez en el cerro Siete
Orejas. El expediente del Ministerio Público relativo al caso está ya archi-
vado, pues los familiares de la víctima solicitaron tan sólo la exhumación,
la que presenció toda la población. El acto fue una oportunidad de expe-
rimentar catarsis y vivir una recuperación de la memoria colectiva, y pue-
de entenderse como un intento de dirimir la culpa que los victimarios, de
una forma premeditada y consciente, quisieron inculcar en todos los que
se hallaron implicados en el suceso.
Para la ocasión, la comunidad escribió un Corrido a un catequista
mártir, donde se dice:
“Aparentaba un fracaso/Porque así se lo llevaron/
Mas hoy regresa a su pueblo/Con dignidad alcanzada”.
Los restos de Carlos Vidal González fueron sepultados en el cemente-
rio de Sibinal.
Los catequistas perseguidos en la región, entre ellos Carlos Vidal Gon-
zález Pérez, eran personas que tenían una gran autoridad moral en sus co-
munidades. Su muerte o desaparición ha producido un daño a la vida co-
munitaria.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la con-
vicción que Carlos Vidal González Pérez fue torturado y ejecutado por
efectivos del Ejército de Guatemala, constituyendo estos actos graves vio-
laciones a los derechos a la vida y la integridad personal de la víctima, atri-
buibles a agentes estatales.
Atendiendo a los hechos, en particular la exhibición pública de la víc-
tima torturada y la obligación impuesta a la comunidad de participar en la
decisión de ejecutarla, la CEH considera que este caso es ilustrativo de una
política desarrollada por el Ejército, para involucrar a la comunidad en ac-
tos represivos, generando en ella un sentimiento de culpa colectiva.
738 Este comenzó en julio de 1997 al presentarse la denuncia en el Ministerio Público y en el Juzga-
do de Primera Instancia de San Marcos.
Asimismo, la CEH considera que el presente caso es representativo de
la estrategia de terror y cierre de espacios de participación social aplicada
por el Estado, una de cuyas expresiones fue la represión contra los catequis-
tas y agentes de pastoral de la Iglesia Católica.
226
I. ANTECEDENTES
Danilo Arriaga Morales, de origen maya mam, vivía en la colonia San
José, municipio de El Tumbador, departamento de San Marcos. Contrajo
matrimonio con Gladys Pérez Rodríguez, quien le dio diez hijos. Uno de
ellos, Carlos Arriaga Pérez, era combatiente en la Organización del Pueblo
en Armas (ORPA) y por esta razón no vivía con su familia.
Al tanto de su militancia en la guerrilla, los patrulleros civiles y los co-
misionados militares del lugar buscaban con afán a Carlos Arriaga, pero és-
te nunca aparecía por la zona.
En mayo de 1983 la esposa de Danilo Arriaga falleció a consecuencia
de una enfermedad. Por tal motivo, los patrulleros civiles y los comisiona-
dos militares pensaron que era el momento propicio para que Carlos Arria-
ga se presentara en la localidad a fin de asistir al velorio de su madre, pero
no fue así.
II. LOS HECHOS
Hacia a la media noche del 25 de mayo de 1983, cuando la familia
Arriaga Pérez velaba el cadáver de Gladys Pérez, un grupo de hombres ar-
mados, todos ellos con el rostro cubierto, rodearon la casa y a gritos llama-
ron a Carlos Arriaga.
740
Danilo Arriaga Morales abrió la puerta y los hombres armados le pre-
guntaron por su hijo Carlos, a lo que respondió que no se encontraba en
la casa. En ese momento se inició una discusión. Minutos después, los su-
jetos armados dispararon contra Danilo Arriaga, quien cayó al suelo, he-
rido por varios impactos de bala que le causaron la muerte pocas horas
después.
741
Caso ilustrativo No. 71
Ejecución extrajudicial
de Danilo Arriaga Morales
739
y Francisco José Pérez Rodríguez
739 Los nombres de las víctimas y de los lugares fueron cambiados para proteger su identidad.
740 Testigo directo CEH. Mayo, 1983.
741 Ibid.
228
Tan pronto oyó los disparos, Francisco José Pérez Rodríguez, de 16
años de edad y sobrino de Danilo Arriaga, se asustó y comenzó a correr.
Los hombres armados, confundiéndolo con Carlos Arriaga, le dispararon
y lo mataron.
742
El 26 de mayo, por la mañana, llegó a la casa de Danilo Arriaga el co-
misionado militar del lugar: preguntó por lo que había pasado y cómo ha-
bía sucedido. Asimismo, indagó sobre el paradero de Carlos Arriaga y
afirmó que por éste tenía la culpa de lo ocurrido. Según opina un testigo:
“…Él vino para ver el resultado del trabajo que habían hecho en la no-
che…”
743
Otros testigos, señalan que los responsables de estas ejecuciones arbi-
trarias pertenecían a la Patrulla de Autodefensa Civil del municipio de El
Tumbador. Pese a que iban con la cara cubierta, algunos de ellos fueron re-
conocidos por sus características físicas y por la voz. Además, uno de los
integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, identificado como Este-
ban Pérez,
744
contó poco tiempo después de producirse estos hechos que la
intención de los responsables era capturar a Carlos Arriaga.
745
Debido al poder fáctico que aún detentan los ex patrulleros civiles y
ex comisionados militares en el municipio, los familiares de las víctimas y
los habitantes de El Tumbador tienen miedo de hablar del pasado. Uno de
los testigos manifestó: “…Volver a revolcar todo este pasado puede producir
efectos fatales. Supóngase que, en un momento dado, se enteran de que hoy es-
tamos hablando aquí de esto y puede pasar alguna cosa…”
746
III. CONCLUSIONES
La CEH ha llegado a la convicción de que Danilo Arriaga Morales y
Francisco José Pérez Rodríguez fueron ejecutados arbitrariamente a manos
de individuos que actuaron por cuenta del Estado, con seguridad patrulle-
ros de autodefensa civil y comisionados militares, en violación de su dere-
cho a la vida.
La CEH considera, que la agresión armada contra personas civiles e
indefensas, aún cuando se trate de familiares de miembros de la guerrilla,
no tiene justificación jurídica o ética alguna, ni siquiera en el supuesto de
que dichas personas hubiesen prestado algún tipo de apoyo a sus familia-
res involucrados en la guerrilla.
742 Testigo directo CEH. Mayo, 1983.
743 Testigo directo CEH. (T.C. 455).
744 Ya fallecido.
745 Testigo directo CEH. (T.C. 455).
746 Testigo directo CEH. (T.C. 455).
I. ANTECEDENTES
Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez nació en 1957 en la finca El Table-
ro, El Tumbador, San Marcos, hijo de una pareja de campesinos. Desde ni-
ño se dedicó a las labores agrícolas.
Bámaca, que deseaba estudiar, aprendió las primeras letras por propio
esfuerzo, durante su adolescencia. En los alrededores de la finca que era su
sede de trabajo se relacionó con miembros de la Organización del Pueblo en
Armas (ORPA), entre ellos Gaspar Ilom, quien le enseñó a leer y escribir.
Cumplidos los 18 años, se unió a este grupo y compatió con sus principa-
les dirigentes. Al incorporarse a la guerrilla, adoptó el nombre de “Everardo”
y decidió no volver a su casa, como una forma de proteger a su familia.
748
Bámaca pasó 17 años de su vida en la guerrilla, primero en las mon-
tañas de San Marcos, luego en Quetzaltenango y finalmente en Retalhu-
leu, en el frente guerrillero Luis Ixmatá, del cual pasó a ser comandante en
1989.
En septiembre de 1991, en la ciudad de Houston, Texas, contrajo ma-
trimonio civil con la abogada estadounidense Jennifer Harbury.
749
Se co-
nocieron en 1990, cuando ella realizó varias visitas a las montañas de San
Marcos, con el propósito de observar la realidad que vivían las comunida-
des y en particular las mujeres combatientes de la guerrilla.
Caso ilustrativo No. 81
Tortura y desaparición forzada
de Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez
(Comandante Everardo)
“El comandante Everardo pidió de que yo
denunciara la captura de él ante la Procura-
duría de Derechos Humanos o a la Iglesia
Católica … y, bueno, recordándolo tal como
lo solicitó y la forma en que hizo es ahora co-
mo que lo estuviera viendo de nuevo; él soli-
citó con mucho, no sé explicar, pero con mu-
cha tristeza, preocupación hacia qué iba a
pasar con él … yo me comprometí en decir-
le sí lo voy a hacer, pero cuando pueda, por-
que todavía no tengo libertad”.
747
747 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
748 Testigo de referencia CEH.
749 Certificación de Declaración y Registro de Matrimonios, Condado de Travis, Texas, EEUU, de
fecha 22 de junio de 1993.
230
En enero de 1992 las negociaciones de paz entabladas entre el Gobier-
no y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) no avan-
zaban con la rapidez deseada. El último Acuerdo entre las Partes había si-
do el de Querétaro, sobre la búsqueda de la paz por medios políticos, sus-
crito en julio de 1991.
En el primer trimestre de 1992 la agenda giraba en torno a temas de
derechos humanos y a constituir una eventual Comisión de la Verdad. Por
otro lado, la política contrainsurgente se extendía a la denominada “gue-
rra psicológica”,
750
destinada a desgastar la moral del enemigo. En tal sen-
tido, el Ejército presentó ante los medios de comunicación a varias perso-
nas que declararon haber desertado de la guerrilla y pidieron a sus com-
pañeros abandonar la lucha armada.
751
Sin embargo, no se sabe que nin-
guna de esas deserciones fuera voluntaria. Eran ex miembros de la insur-
gencia capturados por el Ejército, retenidos en cárceles clandestinas, tor-
turados y, algunos de ellos, incorporados por la fuerza a la Institución
Armada.
Un declarante ante la CEH, ex militante de ORPA, quien fuera obje-
to de detención ilegal en cárceles clandestinas, al referirse a otras víctimas
sostiene:
“Incluso ya salen hablando que es mentira, que a nosotros no nos
torturaron, que nos entregamos voluntariamente … Imagínese
cuando ellos salieron haciendo esa propaganda, juntaron con otros
compañeros que creo que habían estado en las FAR, y eso lo usaron
[los militares] como dos veces de propaganda: Me entregué volun-
tariamente”.
752
750 CI 33. Julio, 1992.
751 C 20031. Julio 1992, Guatemala, C 4289. Octubre, 1991, Sacatepéquez, CI 42. Primer trimes-
tre de 1992.
Departamento de Defensa, Informe a Departamento de Estado, noviembre 1994, HR/9.19. Esta-
blece que “un número inespecificado de guerrilleros están en la planilla del Ejército. Estos guerrilleros
han pasado a través de interrogación y han estado de acuerdo en trabajar para el Ejército de allí en
adelante. Aquellos que se rehusan son ejecutados en forma sumaria. Sólo aquellos con valor de propa-
ganda escapan de este destino. Manifestó que el Ejército guatemalteco tiene un número inespecífico de
antiguos combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en su planilla.
De acuerdo con ... los guerrilleros que han sido capturados e interrogados por el Ejército, para infor-
mación de valor de Inteligencia, se les dan dos opciones una vez el interrogatorio está completo. La pri-
mera es que ellos pueden enlistarse en el Ejército, primero trabajar para la Dirección de Inteligencia
(D-2) en contra de la unidad o las unidades a las que antiguamente pertenecieron. Una vez su utili-
dad ha sido explotada totalmente por la D-2, ellos entonces son asignados a otros trabajos, dependien-
do de sus habilidades y capacidades. El Ejército no permite que antiguos guerrilleros se integren a uni-
dades de combate ni se les permite llevar un rifle en combate. Aquellos que rehusan integrarse al Ejér-
cito son asesinados en forma sumaria y enterrados en tumbas sin nombres ... Continuó diciendo que
esta técnica ha sido usada por el Ejército de Guatemala desde el inicio de este conflicto y continúa sien-
do usada hoy, aunque el Ejército reconoce que es una nueva era, donde el Ejército tiene que estar preo-
cupado acerca de las violaciones a los derechos humanos ... Dijo que el Ejército no cree que sea viola-
ción de derechos humanos el asesinato de guerrilleros, porque los guerrilleros saben que al comprome-
terse en una guerra abierta contra el Ejército guatemalteco, ellos encaran la muerte”.
752 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
231
Por otra parte, en 1992, ante la reiteración de operaciones guerrilleras
en áreas concretas, el Ejército organizó una unidad llamada Fuerza de Ta-
rea Quetzal (FTQ), compuesta por tropas de la zona militar 1715 de Quet-
zaltenango y 18 de San Marcos. Esta unidad era dirigida desde el destaca-
mento de Santa Ana Berlín, Coatepeque, Quetzaltenango, estaba coman-
dada por tres coroneles y su función consistía en realizar operaciones de
contrainsurgencia en el área de San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu.
II. LOS HECHOS
La captura
En marzo de 1992 Bámaca y su unidad guerrillera incursionaron, fue-
ra de las montañas, en el área de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. El 12 de
marzo en el curso de un descanso rutinario, los combatientes fueron sor-
prendidos por efectivos militares de la FTQ. Los guerrilleros se dispersa-
ron en distintas direcciones y huyeron en desorden debido a su desconoci-
miento preciso del lugar:
“Nosotros nos encontrábamos en el municipio de Nuevo San Carlos
Retalhuleu. En esos momentos estábamos en territorios que, para no-
sotros, eran desconocidos…”
753
El comandante Everardo, al mando de la columna guerrillera, corrió
también, pero fue herido y apresado:
“Yo todavía vi cuando el comandante y todos salimos por varios luga-
res, yo vi que el comandante salió corriendo … y vi cuando él corría
para abajo. El iba disparando, esperaba que todos saliéramos … vi
que aquél iba herido, y salí por otro lado”.
754
Efectivamente Everardo sufrió una herida leve en un hombro.
Fue capturado y conducido al destacamento de Santa Ana Berlín,
donde le reconoció uno de sus antiguos compañeros combatientes,
“Estaba yo escuchando que un especialista del Ejército … le dijo al
otro compañero capturado, también en el 89, que si conocía al co-
mandante Everardo y que si lo podía reconocer y el otro compañero le
dijo que sí … y me llamaron a mí y eso está justamente en los cuar-
753 Testigo directo CEH. (T.C. 838).
754 Ibid.
232
tos donde está la oficina de la G-2 en Santa Ana Berlín … él estaba
acostado en una cama tipo litera, con las manos engrilletadas y vestía,
ya habían puesto uniforme de soldado … hasta era difícil creerlo que
un comandante capturado … pasando unos dos, tres días, yo platiqué
con él personalmente”.
755
Era la primera vez que el Ejército lograba la detención de un militan-
te de la guerrilla de alto nivel jerárquico.
La tortura
Desde el mismo día de su captura, Bámaca fue sometido a tortura fí-
sica.
756
Primero le amarraron las manos, luego lo engrilletaron a una cama
y fue interrogado reiteradamente por diferentes oficiales del Ejército. Bá-
maca fue trasladado varias veces de Santa Ana Berlín a la ciudad de Gua-
temala, por vía aérea, según testimonios con que cuenta la CEH. Entre
otros lugares, estuvo en la cárcel clandestina denominada La Isla:
“…Ahí estaba [Everardo] más mejor, ya le tenía colchón, ya tranqui-
lo. Pero cuando se cerraba en alguna versión que no coincidía a las
informaciones que tenía el oficial de lo que estaba hablando él, lo sen-
taban en la silla … sólo que es de hierro, sólo le pegan un quemón y
son grandes reparos … [Everardo estuvo en ese lugar] cinco, seis, sie-
te meses”.
757
En el mes de junio, los ex combatientes de la guerrilla, incorporados a
la fuerza al Ejército, fueron convocados a una reunión por un alto oficial
a cargo de la oficina de la G-2 de Santa Ana Berlín. En ese encuentro les
hizo saber, según un testigo, que el comandante Everardo “se había escapa-
do aquí en la ciudad capital, pues, y que lo habían vuelto a capturar y lo ha-
bían fusilado”.
758
Informaciones verídicas señalan, sin embargo, que Bámaca fue trasla-
dado a la zona militar 18 de San Marcos, donde fue torturado por milita-
res y médicos asignados a la enfermería de esa zona, que le aplicaban dro-
gas durante los interrogatorios.
759
755 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
756 Testigo directo Corte Interamericana de Derechos Humanos. En horas de la noche escuchó có-
mo en el cuarto vecino al suyo golpeaban a Bámaca. El testigo era de los combatientes captura-
dos y obligados a pertenecer al Ejército.
757 Testigo directo ODHA.
758 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
759 Departamento de Defensa, Informe de Inteligencia a Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA),
noviembre 1994, HR/9.26. “...Estos oficiales eran asistidos en los interrogatorios por dos médicos no
identificados, asignados a la enfermería de la sede de la zona militar 18 ... Relató que los médicos pro-
veían las drogas necesarias que fueron usadas en los interrogatorios”.
233
Esta versión coincide con la de otro testigo, que asegura que en julio
de 1992 el comandante Bámaca se encontraba en estado de semiincons-
ciencia en la zona militar de San Marcos, donde un oficial del Ejército or-
denó el traslado de equipo médico, que incluía un cilindro con contenido
desconocido, hasta la habitación donde estaba Bámaca. El comandante
guerrillero se encontraba postrado en una cama, semidesnudo, y su forma
de hablar evidenciaba ese estado de semi-inconsciencia:
“Sí, yo lo vi, pues, de que lo tenían vendado el brazo izquierdo y una
pierna derecha … ahora lo que sí me llamó mucho la atención y no
sé cómo explicarlo, pero de lo que estaba pasando pues, de que yo lo
había visto a Everardo un día antes normal, pero ya al ver ese mo-
mento, el cuerpo ya desformado (sic) y todo eso, pero ahora, qué le hi-
cieron no podría yo afirmar qué hicieron con ello, ni médico no ha-
bía, ahora lo raro del comandante Everardo hablaba ya diferente, no
tenía esa voz un poco ronco, como dormido”.
760
Además, entre los métodos de tortura utilizados contra Bámaca se in-
cluyó el enyesado completo del cuerpo. Documentos desclasificados del
Gobierno de los Estados Unidos abundan en este hecho, señalando que el
prisionero intentó varias veces escaparse y se tomó la decisión de enyesar-
lo para evitar su fuga.
761
Por otra parte, existe certeza de que, en todo mo-
mento, la seguridad del prisionero estuvo a cargo de agentes de Inteligen-
cia militar.
El 24 de julio de 1992 un testigo vio a Bámaca en la zona militar 18
de San Marcos, donde junto a otra ex militante de ORPA hablaron con él
por última vez.
762
De conformidad con documentación desclasificada de la Agencia
Central de Inteligencia de los Estados Unidos, “un funcionario del Gobier-
no guatemalteco se enteró de que el comandante de la Organización del Pue-
blo en Armas (ORPA), Efraín [Bámaca] Velásquez, alias ‘comandante Everar-
760 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
761 Departamento de Defensa, Informe de Inteligencia a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA),
noviembre 1994, HR/9.17. “Stated that Bámaca proved to be such a problem that the decision was
made to encase his body in a complete body cast as if he had received numerous fractures or broken bo-
nes. Stated this was used simply to control him and prevent him from attempting to escape”.
Departamento de la Defensa, Informe de Inteligencia a la Agencia de Inteligencia de la Defensa
(DIA), noviembre 1994. HR/9.26.
Prensa Libre, 1 de septiembre de 1996.
762 Testigo directo CEH. (T.C. 664).
234
do’, fue ejecutado por el coronel … Oficiales militares dijeron que dentro del
Ejército se sabía que [él], fue quien mató a Bámaca. Oficiales de alto rango
decidieron no hacer nada con la información”.
763
En similar documentación desclasificada figuran declaraciones del co-
ronel al que se atribuye haber dado muerte a Bámaca:
“Relató que era desde este destacamento militar [Santa Ana Berlín]
que las patrullas de la Fuerza de Tarea eran conducidas usando a Bá-
maca como guía, para buscar buzones escondidos de armas. Fue una
de estas patrullas, bajo el mando del mayor … y guiada por Báma-
ca, que fue emboscada [por la guerrilla]. El mayor … fue herido du-
rante el enfrentamiento y la patrulla retrocedió de regreso a Santa Ana
Berlín. Se tomó entonces la decisión de eliminar a Bámaca … Luego
[llamaron] al comandante de la zona militar 18 en San Marcos pa-
ra pedir instrucciones con respecto a Bámaca … Llamaron a la Di-
rección de Inteligencia (D-2) en la ciudad de Guatemala (—) un he-
licóptero de la Fuerza Aérea llegó a Santa Ana Berlín con el director
de Inteligencia … y el director de Operaciones … a bordo. La aero-
nave, [con los dos directores militares] recogieron a Bámaca y se fue-
ron de Santa Ana Berlín … Se cree que esta patrulla particular y los
hechos que siguieron probablemente tuvieron lugar durante el perío-
do de tiempo julio, posiblemente agosto [1992]”.
764
También existen versiones, no confirmadas por la CEH, en el sentido
que los restos de Bámaca estarían enterrados en el destacamento militar
Las Cabañas, La Montañita, en el departamento de San Marcos.
765
Otra versión es la de un ex miembro de Inteligencia militar, que ase-
gura que Bámaca fue asesinado en agosto de 1993 por los efectivos milita-
res que lo mantuvieron cautivo en La Isla. Según esta interpretación, el
cuerpo de Bámaca fue enterrado en un lugar y la cabeza en otro, acaso en
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, entre unos cañales.
766
763 CIA, Informe a Departamento de Estado y otras agencias, enero 1995, HR/9.68. “Guatemalan go-
vernment official learned that Guatemalan revolutionary Organization of people in arms commander
Efraín [Bámaca] Velásquez alias ‘comandante Everardo’ was killed by colonel … Military officers said
that it was known within … the army that … was the individual who killed Bámaca, but … senior
ranking officers had decided not to do anything with the information”. La CEH no puede propor-
cionar el nombre del citado coronel, en razón de su mandato.
764 Departamento de Defensa, Informe a Departamento de Estado, julio 1995, HR/1.20.
765 Testigo de referencia CEH.
Testigo de referencia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
766 Testigo de referencia ODHA.
235
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
La supuesta muerte de Bámaca durante
el enfrentamiento en Nuevo San Carlos
Las noticias de la captura no se publicaron en su momento. El interés
del Ejército era extraer, primero, toda la información que podía tener el co-
mandante guerrillero. Una fuente de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), comenta:
“Everardo continúa cooperando con el Ejército, el cual probablemen-
te mantendrá las noticias de su captura en secreto, o aun sostendrá que
fue asesinado, para maximizar su valor de Inteligencia”.
767
Tiempo después, las autoridades guatemaltecas sostuvieron que Bá-
maca había muerto en combate o se había suicidado ante su inminente
captura por el Ejército:
“La versión oficial del Ejército guatemalteco sobre Bámaca es que o
murió en un tiroteo con tropas gubernamentales o en vez de ser cap-
turado se suicidó. Según se informa, se deshizo del cadáver en un lu-
gar no identificado”.
768
Esta versión también fue sostenida públicamente, a escala nacional:
“El Ejército ha negado tenerlo [a Bámaca] y ha afirmado que pereció
en el enfrentamiento, pero su cadáver no aparece”.
769
Por otra parte, representantes de la URNG pidieron al procurador de
los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, que solicitara a la G-2
del Ejército información sobre el cadáver encontrado a orillas del río Ixcu-
cuá. En su respuesta, en teoría basada en la mera información que le pro-
porcionó el Ejército, que consta en una carta suscrita por él, con fecha 11
de mayo de 1992, el procurador informó lo siguiente:
767 CIA, Informe a Departamento de Estado, 18 de marzo de 1992, HR/9.2. En este mismo docu-
mento se detalla la información que los militares han podido obtener del comandante Everardo,
sobre abastecimiento de armas, sus tarjetas de identidad, etc.
768 Departamento de Defensa, Informe de Inteligencia a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA),
septiembre 1993, HR/9.8.
Carta del Senado de los Estados Unidos al asistente del presidente para Asuntos de Seguridad Na-
cional, 10 de noviembre de 1994.
769 Prensa Libre, 20 de noviembre de 1994, pg. 6.
236
“El día trece de marzo del año en curso, a las trece horas, a orillas del
río Ixcucuá del Cantón Montúfar, municipio de Nuevo San Carlos,
Retalhuleu, fue encontrado el cadáver cuyas características son: sexo
masculino, moreno, cara redonda, frente amplia, ojos café, cejas po-
bladas, nariz chata, boca grande, pelo lacio color negro, labios grue-
sos, bigote rasurado, de complexión fuerte, con una edad aproximada
de treinta años, una estatura de un metro sesenta centímetros aproxi-
madamente … El cadáver presentaba proyectiles de arma de fuego en
la espalda a la altura de la cintura y la columna, el cráneo destroza-
do por proyectil, supuestamente dicha persona se disparó con su arma
en la boca, pues la salida del proyectil se encuentra a la altura del oc-
cipital, desprendimiento de masa craneana”.
770
Esta descripción corresponde a las características de Bámaca.
En el expediente judicial 395/92 del Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia de Instrucción de Retalhuleu se encuentra otra descripción sobre las
características del cadáver encontrado a orillas del río Ixcucuá el 13 de mar-
zo de 1992, suscrita por el juez, que coincide con la contenida en la carta
mencionada remitida por el procurador de los Derechos Humanos y que
permitiría sostener que dicho cadáver pertenece al guerrillero.
Sin embargo, en el mismo expediente judicial se encuentra la descrip-
ción del cadáver consignada por el médico forense que practicó la necrop-
sia del cuerpo, que no coincide con las anteriores e impide sostener que
aquel corresponda a Bámaca.
En el acta, el juez describe en forma muy minuciosa el vestuario que
llevaba la víctima y en cuanto a las lesiones, se señala que el cuerpo presen-
taba heridas de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, la espal-
da, la cintura y la columna, y que el cráneo lo tiene destrozado.
En la misma acta consta también la declaración de un oficial del Ejér-
cito, que asegura:
“El día doce de los corrientes, aproximadamente a las doce horas hu-
bo un encuentro armado entre elementos del Ejército nacional y sub-
versivos en el Cantón Montúfar y después de continuar con la opera-
ción en el Cantón Montúfar se encontró el cadáver de la persona an-
tes detallada”.
771
770 Carta del procurador de los Derechos Humanos, a Francisco Villagrán Muñoz de la URNG, 11
de mayo de 1992.
771 Expediente Judicial Causa 395/92 Of. 2º, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Instruc-
ción de Retalhuleu e informe médico forense de necropsia practicada el 13 de marzo de 1992,
firmado por el forense del departamento de Retalhuleu.
237
El juez, al describir el supuesto cadáver de Bámaca, si bien coincide en
general con sus características físicas, establece en cambio que éste no tie-
ne lunares ni cicatrices. Sin embargo, la esposa asegura que, en vida, el
cuerpo del guerrillero estaba marcado por muchas cicatrices, producto de
17 años de combates en las montañas:
“[Everardo] fue un museo de cicatrices de guerra, verdad, si él [el
juez] sabía qué tipo de ropa interior es estilo bikini con rayas horizon-
tales azules, cómo es que no vio ni una cicatriz de tantas, pero bien
visibles, verdad, es ridículo, en otras palabras él nunca vio a Everar-
do por el río, alguien lo había pasado, este idéntico, descripción lo
mismo que el Ejército había pasado a Ramiro de León Carpio [pro-
curador de Derechos Humanos]”.
772
Por otra parte, el forense describe el cadáver de la siguiente forma:
“…individuo de sexo masculino, de veinticinco años de edad aparente, tez mo-
rena clara, achinado, bigote fino, sin barba, cabello negro lacio, de un metro
cincuenta y cinco centímetros de estatura”.
773
La descripción del médico forense, donde señala como causa de la
muerte la asfixia por estrangulamiento y contusiones de cuarto grado y tó-
rax,
774
coincide en alto grado con las de otra persona, quien según testigos
era de nombre Cristóbal Che Pérez, conocido como Valentín.
775
Los testigos sostienen que, en el momento de los hechos, Valentín
prestaba sus servicios al Ejército como especialista G-2. Había sido deteni-
do en 1989, torturado y a continuación obligado a pertenecer a las fuerzas
armadas.
La hipótesis que surge de ese testimonio es que Valentín fue asesinado
por el Ejército para suplantar el cuerpo de Bámaca, a fin de hacer creer a
la guerrilla y a la opinión pública que el comandante había muerto duran-
te la refriega.
Uno de los testigos asegura que Valentín fue conducido por militares
a Santa Ana Berlín, donde un mayor del Ejército ordenó:
772 Testigo directo CEH.
773 Informe del médico forense del departamento de Retalhuleu, Dict. No. 232-92, dirigido al juez
segundo de Primera Instancia de ese mismo departamento.
774 Un dato que resulta interesante del Informe es que las manos son descritas como sucias de tinta
negra. También nota una cicatriz antigua en la mano derecha. La necropsia fue practicada el 13
de marzo de 1992. El Informe está firmado por el forense del departamento de Retalhuleu.
775 En expediente sin número del Ministerio Público se encuentra certificación de fecha 29 de ma-
yo de 1995, extendida por el encargado del Registro de Vecindad de San Andrés Villa Seca, de-
partamento de Retalhuleu, de la cédula de vecindad de Cristóbal Ché Pérez, en donde constan
sus características y rasgos físicos: “Color de la tez morena; color de los ojos cafés; color del cabello ne-
gro. ¿Es lacio? Sí ... Estatura 1 metros (sic) 58 centímetros”, que tienen coincidencia con las que re-
portó el médico forense en la necropsia practicada al cadáver encontrado el 13 de marzo de 1992.
238
“Que lo vistan con uno de los uniformes del comandante Everardo,
luego lo llevan hasta el lugar del combate, en donde le dan muerte y
hacer creer a la columna del frente guerrillero Luis Ixmatá que su co-
mandante está muerto”.
776
Otro testigo, ex miembro de Inteligencia militar, aseveró:
“Entre ellos dos [oficiales del Ejército] estuvo la planificación de si-
mular así. Entonces idearon para ese que era ex guerrillero … y lo
mataron en un calabozo de la Base Aérea del Sur. Así ahorcado. Al
otro día bajamos nosotros a recogerlo del calabozo y lo llevamos a la
punta de pista. Nosotros, ya el grupo de nosotros, aquellos solo lo ma-
taron … Y ahí se desconoció lo uniformamos y todo. O sea, lo pica-
mos a tiros … pero ya estaba muerto. Nosotros sólo desconocerlo. El ya
estaba muerto, ya lo habían ahorcado y nosotros lo desconocimos …
le pusimos fusil, todo … Y lo echamos al helicóptero y lo llevamos a la
montaña … de ahí de donde fue el agarre, donde cayó Bámaca, ahí
lo fuimos a tirar … Posteriormente una patrulla pasó. O sea, que ya
estaba todo coordinado, pasó la patrulla y ya lo sacó y se lo llevó para
la morgue … Lo reportaron como muerto pero aquel estaba vivo allá
en Berlín”.
777
Esta versión coincide con la causa de muerte por estrangulamiento es-
tablecida por el médico forense.
El 20 de mayo de 1992, a solicitud del procurador de los Derechos
Humanos, quien había sido requerido por la URNG, se dictó una orden
judicial para exhumar el cadáver que había sido inhumado como XX en el
cementerio de Retalhuleu.
A la diligencia que correspondía practicar asistieron, además del pro-
curador de Derechos Humanos y sus asistentes, el médico forense y tres
ciudadanos norteamericanos, entre ellos Jennifer Harbury, quien hasta ese
momento no se había identificado como la esposa del comandante guerri-
llero.
778
Ella era la única persona que podría identificar con certeza el cadá-
ver de Bámaca, por haber convivido recientemente con él.
779
Hacia las ocho de la mañana, cuando la exhumación ya se había ini-
ciado, se presentó de pronto el procurador general de la nación y jefe del
Ministerio Público, seguido por cámaras de vídeo y acompañado por de-
776 Testigo directo (ex G-2) Ministerio Público. 20 de mayo de 1995.
777 Testigo directo (ex miembro de Inteligencia militar) ODHA.
778 Según la señora Harbury, ella se encontraba atemorizada y prefirió no revelar en ese momento
que estaba casada con Bámaca.
779 La última vez que habían estado juntos había sido en enero de 1992.
239
cenas de policías, exigiendo la suspensión de la diligencia en pues a la en-
tidad que él representaba no se le había notificado.
780
Además, preguntó
quién de los presentes era guerrillero o familiar de la víctima, para que pu-
diese identificar el cadáver. Mientras esto ocurría, los presentes eran filma-
dos por los acompañantes del funcionario.
781
Ante la sorpresiva aparición del procurador general de la nación y su
requerimiento de anular la diligencia, debido a que no habían acudido pa-
rientes de Bámaca que pudieran identificarlo, el juez decidió la suspensión.
El 17 de agosto de 1993 se realizó la exhumación del cadáver, que fue
reconocido por el forense como aquél sobre el cual practicó la necropsia el
13 de marzo de 1992. Además, los técnicos forenses determinaron que el
cuerpo pertenecía a una persona que tenía entre 18 y 20 años. Esta cir-
cunstancia y la constatación de la forma de la muerte y las características
dentales, permitieron a los expertos forenses concluir que el cuerpo no per-
tenecía a Bámaca.
782
La búsqueda
Tanto la señora Harbury como entidades humanitarias solicitaron a
los tribunales guatemaltecos, por lo menos en tres oportunidades, la exhi-
bición personal de Bámaca. Ninguno de los recursos aportó el resultado es-
perado y todos fueron declarados improcedentes por los órganos jurisdic-
cionales.
La señora Harbury desarrolló una intensa actividad para localizar al
comandante guerrillero desaparecido, búsqueda que se intensificó a co-
mienzos de 1993, al conocer las noticias de que era posible que su esposo
aún estuviera vivo.
783
Luego de haber dado a conocer su parentesco con el
comandante guerrillero realizó gestiones ante autoridades guatemaltecas y,
una vez más, solicitó la exhibición personal de Efraín Bámaca, pero sin re-
sultados.
En septiembre de 1993 la señora Harbury realizó una huelga de ham-
bre frente a la antigua Escuela Politécnica, en la ciudad de Guatemala, exi-
giendo información a los militares guatemaltecos sobre el paradero de su
esposo.
Entre octubre y noviembre de 1994, durante 32 días, la señora Har-
bury llevó a cabo su segunda huelga de hambre, esta vez frente al Palacio
Nacional. La representación diplomática de los Estados Unidos en Guate-
780 Se cree que el funcionario arribó por helicóptero a las instalaciones militares del lugar y desde allí
fue trasladado en vehículo hasta el cementerio.
781 Testigo directo CEH.
782 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Efraín Bámaca Velásquez (11.129).
783 En enero de 1993 se enteró, por un testigo, de que Bámaca había sido visto vivo en diferentes se-
des militares después de su captura, por lo menos hasta finales de julio de 1992.
240
mala, realizó gestiones ante autoridades nacionales y reclamó noticias so-
bre la captura del comandante guerrillero. Más tarde, fue nombrado un fis-
cal especial para investigar el caso y las autoridades propusieron practicar
una nueva exhumación.
La última huelga de hambre la realizó la señora Harbury frente a la
Casa Blanca, en Washington D.C., en marzo de 1995, al cumplirse tres
años de la detención de Efraín Bámaca. A los pocos días obtuvo, de acuer-
do con su versión, resultados positivos: luego de la intervención de un con-
gresista norteamericano, la señora Harbury fue informada por un senador
de ese país, que, de conformidad con revelaciones con que contaba el Go-
bierno estadounidense, su esposo había sido capturado vivo, que estuvo
preso en cárceles clandestinas y que posteriormente había sido ejecutado:
“El día 12 Torricelli, el congresista Torricelli ahorita senador, me lla-
mó a su oficina y preguntó de mi salud y estaba bien preocupado y
después preguntó quién está diciendo a usted en el Departamento de
Estado y le dije que me están diciendo que, según la red de Inteligen-
cia, que él sí fue capturado vivo en marzo 92, que fue levemente he-
rido pero no seriamente, que no hubo ningún peligro de morir de sus
heridas y que no hay información, que todavía es vivo, y lo veo muy
raro, muy ridículo, ¿verdad? … Dicen que no hay evidencia que es
muerto … Y él [Torricelli] se puso pero bravo, pero bravo, y dijo: Y
no sé por qué están diciendo estas babosadas en tantas palabras, ¿ver-
dad?; bien saben que su esposo es muerto y según los archivos, y él pen-
só que murió en el 92, los fines de 92 aunque hay más documentos
ahorita, ¿verdad?; y que fue asesinado por órdenes del coronel … que
es, era un informante pagado por la CIA … y que es ridículo que no
me lo habían dicho mucho antes … y con eso dejé mi huelga y empe-
cé un juicio bajo la Ley de Divulgación Libre de Información, en con-
tra de la CIA y más tarde en contra de otras agencias … y con eso aga-
rré varios documentos…”
784
La investigación y el proceso penal
El 8 de noviembre de 1994 la Corte Suprema de Justicia encargó al
procurador de los Derechos Humanos llevar a cabo un procedimiento es-
pecial de averiguación, para determinar el paradero de Bámaca.
El 9 de diciembre de 1994 el procurador, de acuerdo al código Proce-
sal Penal,
785
presentó su Informe, en el cual, luego de describir las diferen-
tes diligencias y acciones efectuadas, concluyó:
784 Testigo directo CEH.
Jennifer Harbury, Searching for Everardo, 1ª Edición, Warner Books. (USA, 1997), pg. 314.
785 Artículos 467 al 473 del Código Procesal Penal.
241
“No obstante tales esfuerzos y la utilización eficiente y exhaustiva del
término dado para el cumplimiento del mandato, dicha persona no
fue encontrada en lugar alguno detenida por funcionarios o fuerzas
de seguridad del Estado de Guatemala, no pudiéndose establecer su
paradero, así como tampoco determinar si, a la fecha, está muerto o
aún vive”.
786
Mientras tanto, el Gobierno de los Estados Unidos realizó intensas
gestiones ante su homólogo de Guatemala. Cuando visitó el país el subse-
cretario norteamericano de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo,
John Shattuck, en noviembre de 1994, se entrevistó con altas autoridades
guatemaltecas.
Los diferentes medios de comunicación informaron de lo siguiente:
“Según el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Traba-
jo, el Ejército participará en la investigación del caso Bámaca. Go-
bierno norteamericano pide investigar los casos Harbury [Bámaca],
Ortíz, Devine y Blake … Shattuck, quien estuvo dos días en nuestro
país, se reunió con el ministro de la Defensa … con el procurador de
Derechos Humanos … con diputados de diversas bancadas, represen-
tantes de MINUGUA, Iglesia y líderes sindicales, para evaluar la
cuestión de derechos humanos y trabajo”.
787
“El caso Bámaca ha hecho temblar al Gobierno, pues Washington es-
tá interviniendo y han salido a luz informes acerca de que la emba-
jada de los Estados Unidos tenía conocimiento de que Bámaca está en
poder del Ejército y que de ello fue informada la CIA”.
788
“Presión para resolver casos que le interesan a EUA. Subsecretario del
Buró de Democracia y Trabajo de EUA dice que el Ejército se com-
prometió a esclarecerlos”.
789
El Departamento de Estado también presionó, para que se obtuvieran
resultados de la investigación:
“Continuaremos a presionar al presidente De León para asegurar que
la investigación trae resultados…”
790
786 Informe Final de Acciones y Diligencias en el Procedimiento Especial de Averiguación en el ca-
so Bámaca Velásquez, presentado a la Corte Suprema de Justicia por la Procuraduría de los De-
rechos Humanos, el 9 de diciembre de 1994.
787 Siglo Veintiuno, 19 de noviembre de 1994.
788 Prensa Libre, 20 de noviembre de 1994.
789 La Hora,18 de noviembre de 1994. pg. 7.
790 Departamento de Estado de los EEUU, Memorándum al Secretario de Estado, 2 de febrero de 1995.
242
“Compartimos su preocupación sobre la falta de avances en resolver el
caso y, como he dicho, continuaremos a presionar las autoridades gua-
temaltecas de proporcionar una explicación completa [sobre el caso
Bámaca]”.
791
En 1995, el Ministerio Público practicó varias diligencias, entre ellas
la citación a declarar a varios funcionarios de la Policía y de los tribunales
que tuvieron conocimiento sobre el cadáver encontrado a orillas del río Ix-
cucuá el 13 de marzo de 1992. También algunos militares fueron citados
a prestar declaración,
792
entre ellos el oficial del Ejército que, supuestamen-
te, ejecutó a Bámaca. Este prestó declaración el 27 de marzo de 1995.
Por otra parte, hasta marzo de 1995 el caso estuvo a cargo del Juzga-
do Primero de Primera Instancia Penal de Retalhuleu.
Posteriormente el juez que conocía la causa resolvió trasladar el expe-
diente al Juzgado Militar de Retalhuleu.
En junio de ese mismo año el juez militar, sobre la base del testimo-
nio de cuatro personas que habían ofrecido con anterioridad declaración
ante el Ministerio Público,
793
contrariando la conclusión de los forenses y
dando por hecho que el cadáver hallado a orillas del río Ixcucuá correspon-
día al guerrillero, ordenó inscribir con carácter oficial la muerte de Efraín
Ciriaco Bámaca Velásquez en el Registro Civil del municipio de Nuevo
San Carlos, Retalhuleu, asentando la correspondiente partida de defun-
ción.
Según información de la CIA, el ministro de la Defensa tenía conoci-
miento con anticipación de la práctica y el resultado de esta diligencia:
“A finales de febrero de 1995, el ministro guatemalteco de la Defen-
sa, relató (—) a oficiales (—) sobre acciones tomadas por las fuerzas
armadas guatemaltecas en respuesta a las acusaciones de que el Ejér-
cito todavía tiene capturado al líder de la Organización del Pueblo
en Armas (ORPA) Efraín [Bámaca] Velásquez, alias ‘Comandante
Everardo’. Durante el relato (—) dijo [que] un cuerpo que fue exhu-
mado durante la búsqueda de los restos de Bámaca, era en realidad el
cuerpo de Bámaca (—). Según una investigación realizada por el
Ejército, el juez que presidió sobre la exhumación fue sobornado para
791 Departamento de Estado de los EEUU, Resumen de presentación diaria a la Prensa en Washington
D.C., 10 de marzo de 1995.
792 El fiscal especial del caso tenía parentesco con algunos militares de alta en el Ejército.
793 Los testimonios fueron proporcionados por el juez y secretario del Juzgado de Paz de Retalhuleu
y por dos agentes de la Policía Nacional que el 12 de marzo de 1992 participaron en la diligen-
cia judicial correspondiente al levantamiento del cadáver del presunto guerrillero muerto duran-
te un enfrentamiento armado. Estas cuatro personas identificaron una foto de Everardo muchos
meses después de haber levantado su supuesto cadáver.
243
declarar que el cadáver exhumado no era lo del comandante insur-
gente Bámaca. (—) comentó que el juez, actualmente en situación de
retiro, se presentará en la Corte para cambiar su evaluación anterior
y declarar que el cadáver exhumado sí era de Bámaca”.
794
Jennifer Harbury, en su calidad de esposa de Efraín Bámaca, era par-
te en el proceso, hasta que fue separada del mismo el 28 de febrero de
1995, por decisión del juez segundo de Primera Instancia Penal de Retal-
huleu, debido a que no reunía los requisitos exigidos por la ley. En este sen-
tido, es importante señalar que el matrimonio de Harbury con el guerri-
llero fue objeto de controversias judiciales en Guatemala. En especial, el
procurador general de la nación se opuso a su reconocimiento e inscrip-
ción.
795
También intervino el Ejército en esta controversia, contratando in-
cluso abogados estadounidenses, para que impugnaran el matrimonio. Se-
gún información de la CIA, así lo afirmó el ministro de la Defensa:
“En respuesta a la presión del Gobierno de los Estados Unidos, … di-
jo que el Ejército guatemalteco está pagando a dos abogados de los
Estados Unidos en Houston, Texas, para investigar los reclamos de la
supuesta esposa norteamericana que ella está legalmente casada con
Bámaca. … Comentó que aunque los abogados están recibiendo una
buena suma de dinero por sus servicios, parece que lo que ellos inten-
tan producir será útil para Guatemala”.
796
También el Ejército contrató a tres abogados, por tiempo completo,
para que se entregaran a la defensa de los militares acusados del apresa-
miento y subsiguiente desaparición de Bámaca.
797
La señora Harbury presentó en marzo de 1993 el caso ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos. Esta instancia lo aceptó, para
tramitarlo, y el 30 de agosto de 1996 presentó la correspondiente deman-
da ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado
de Guatemala. En esa instancia ya se concluyó el trámite y sólo aguarda
que se dicte sentencia.
El proceso penal continuó en Guatemala y los militares acusados soli-
citaron el sobreseimiento de la causa, que les fue denegado.
794 CIA, Informe a Departamento de Estado, 7 de marzo de 1995, HR/9.84.
795 El expediente civil finaliza con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, publicada el 18
de octubre de1996. Esta resolución deniega el recurso de Amparo presentado por Jennifer Har-
bury contra la decisión del Juzgado de Paz de El Tumbador, San Marcos, que apoya la negativa
del registrador civil de este mismo municipio a inscribir el matrimonio celebrado en Texas.
796 CIA, Informe a Departamento de Estado, 7 de marzo de 1995, HR/9.84.
797 Departamento de la Defensa, Informe a CIA y al Departamento de Estado, enero 1995, HR/9.62.
Se refiere a una reunión de comandantes del Ejército.
244
En mayo de 1995 el fiscal especial del caso fue sustituido. Nombraron
en su lugar al Dr. Julio Arango, quien a consecuencia de su función denun-
ció sufrir amenazas, intimidaciones y un atentado. Además, declaró que no
había recibido el apoyo requerido al fiscal general, para realizar una exhaus-
tiva investigación del caso. El Dr. Arango renunció al cargo en agosto del
mismo año. A los pocos días, el fiscal general anunció que el caso pasaría
a ser investigado por la fiscal distrital de Retalhuleu, Silvia Anabella Jerez
de Herrera. Desde entonces, la investigación se tornó más lenta.
En febrero de 1998 el Ministerio Público solicitó de nuevo a la juez
competente la exhumación del cadáver encontrado el 13 de marzo de
1992, con el propósito de extraer diferentes muestras y hacer pruebas de
laboratorio, para cotejarlas con elementos aportados por los familiares de
Bámaca y establecer su identidad.
En una primera resolución, la juez ordenó la exhumación; sin embar-
go, los abogados defensores de los militares acusados impugnaron esa re-
solución, por lo que la misma fue revocada. La denegación fue confirma-
da por la Sala de Apelaciones competente, el 12 de mayo de 1998.
798
IV. CONCLUSIONES
La CEH, tomando en consideración todos los antecedentes recabados,
ha llegado a la convicción de que Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez, cono-
cido como comandante Everardo, de la Organización del Pueblo en Armas
(ORPA), fue capturado con vida el 12 de marzo de 1992, luego de un bre-
ve enfrentamiento con efectivos del Ejército.
Asiste también a la CEH, la presunción de que Bámaca Velásquez fue
sometido a torturas por elementos del Ejército, mientras se le mantenía
prisionero en diversas sedes militares, en violación de su derecho a la inte-
gridad personal y en infracción a las normas que, sobre trato a los prisio-
neros, establece el Derecho Internacional Humanitario. Sobre la base de
múltiples testimonios y antecedentes, la CEH considera que este caso ilus-
tra sobre la existencia de lugares clandestinos de reclusión de guerrilleros,
ubicados en sedes militares, situación que también infringe normas básicas
del Derecho Internacional Humanitario.
Con los antecedentes disponibles, incluidos aquellos que permiten
presumir con fundamento la posterior ejecución de la víctima, la CEH ha
llegado a la plena convicción de que Bámaca Velásquez fue víctima de de-
saparición forzada, grave violación de derechos humanos que fue ordena-
da o, a lo menos encubierta, por mandos militares.
798 Pocos días después, la fiscal Silvia Jerez, a cargo del caso Bámaca, fue asesinada. La CEH no tie-
ne una opinión sobre los motivos del crimen.
El análisis de todos los elementos de la investigación permite presumir
fundadamente a la CEH, que las actuaciones oficiales destinadas a susten-
tar la versión de que la víctima había muerto en combate son manifesta-
ciones típicas del ocultamiento de la verdad que caracterizan a la desapari-
ción forzada.
La colaboración que, para realizar dichas actividades de encubrimien-
to de la verdad, prestaron entidades del Estado cuyo deber es indagar y per-
seguir los delitos, sumada a actuaciones de franca denegación de justicia de
algunos funcionarios, con su secuela de impunidad, permite a la CEH for-
marse la convicción de que, cualquiera sea el resultado final de los proce-
dimientos judiciales, en este caso de grave violación de los derechos huma-
nos el Estado de Guatemala ha faltado a su deber de investigar los hechos
y sancionar a los responsables.
245
I. ANTECEDENTES
Santiago Atitlán, situado en las orillas del lago de Atitlán, en el sur oes-
te del país, es uno de los 19 municipios del departamento de Sololá. Su po-
blación es de mayoría maya tz’utujil. En los años sesenta, Santiago conser-
vaba sus fuertes tradiciones y la integridad de su tejido social. Así lo en-
cuentran los sacerdotes estadounidenses, cuando en marzo de 1964 llegan
desde Oklahoma para apoyar a la parroquia de Santiago Apóstol, a fin de
desarrollar el proyecto MICATOKLA (Misión Católica de Oklahoma),
después de casi un siglo de abandono.
799
En el municipio atiteco
800
la pobreza era general. Las escasas fuentes
de ingreso de los tz’utujiles de Santiago eran la actividad agrícola, la pes-
ca, el comercio y la artesanía. Muchos habitantes migraban a las fincas de
algodón de la Costa Sur en la época de la cosecha. Las condiciones de tra-
bajo de estos emigrantes eran pésimas: salarios escasos, ninguna higiene,
horarios excesivos. “No todos iban a las fincas de la Costa Sur”, recuerda el
hijo de un catequista de la época. “Antes eran más, pero con la llegada de los
curas se bajó, porque empezaron a abrir los ojos e intentaron abrir otras fuen-
tes de trabajo. Los curas le explican a los campesinos que los salarios no eran
justos”.
801
Aunque dieron prioridad al programa litúrgico y de catequesis, los sa-
cerdotes iniciaron proyectos de desarrollo integral: compraron un terreno
en el cantón Tzanchaj de Santiago, convertido enseguida en una granja ex-
perimental; fundaron la Clínica Santiaguito, la radioemisora La Voz de
Atitlán
802
y una cooperativa de fomento y desarrollo de artesanía. Con la
ayuda de la población, fundaron la escuela elemental Montessori. “En un
principio, la Iglesia Católica no manejaba el discurso de los derechos humanos;
Caso ilustrativo No. 12
Persecución de católicos
en Santiago Atitlán
799 Stanley Rother, The Shepherd Cannot Run, Archdiocese of Oklahoma City, 1984, pg. 2. La pa-
rroquia estuvo sin sacerdotes después que, en 1871, fueron expulsados del país por el Gobierno
liberal.
800 Atiteco: de Santiago Atitlán.
801 Testigo directo CEH (T.C. 795).
802 Fue fundada oficialmente el 25 de agosto de 1966.
248
decía más bien: ‘Tenemos que buscar el progreso del bienestar común de la co-
munidad, en salud, educación, salarios’. Se trataba de una pastoral social y
buscaron de actuar una teología de la liberación, yo creo, en particular Fran-
cis Rother”.
803
El padre Stanley Francis Rother, estadounidense de treinta y tres años,
se une a sus compatriotas misioneros en 1968, y demuestra tener una gran
energía para luchar contra la pobreza, la insalubridad, la ignorancia, la in-
comunicación y el abandono en que vivía la población tz’utujil.
Los sacerdotes organizaron y capacitaron a laicos para que los atitecos
pudieran hacerse cargo de la gestión de los proyectos sociales. En 1970 la
administración de la radio pasa a una asociación de laicos, la asociación ra-
diofónica La Voz de Atitlán. Las cooperativas de pesca, de agricultura, de
ahorro y crédito y de artesanía quedaron también bajo la responsabilidad
de sus socios laicos. Se constituyó la Asociación de Estudiantes Indígenas
Santiago Atitlán (ADEISA), que desarrollaba campañas de alfabetización
y apoyó las actividades culturales del pueblo.
En 1976 el Comité de Unidad Campesina (CUC) empezó un trabajo
de organización de la población, relacionado con la problemática de la tie-
rra, cuyos ejes se acercan mucho al contenido de la pastoral social católica.
Son éstos los años en que el padre Rother, llamado por la población “a
Pla’s” (o sea “Francisco” en Tz’utujil), se apoyó mucho en la red de catequis-
tas que él mismo capacitó para desarrollar sus servicios pastorales: “Los pri-
meros catequistas fueron Diego Reanda Sosof,
804
Diego Quic [Ajuchán],
805
Gaspar Culán [Yatás]
806
y José Reanda Sosof”.
807
A principios de los años ochenta la Organización del Pueblo en Armas
(ORPA) hizo su primera aparición pública en Santiago. En un pueblo
donde la presencia indígena sobrepasaba el 90%,
808
donde a los indígenas
se les decía: “Indio, ixto (ixto es una burla, ixto es como decir sucio, coche, es
una cosa muy fea, muy vulgar, feísimo para el que entiende)”,
809
y donde el
reclutamiento forzoso de los tz’utujiles era práctica común,
810
el airado dis-
curso antirracista de ORPA encontró aceptación inmediata.
803 Testigo directo CEH (T.C. 795).
804 Desaparecido el 17 de agosto de 1981.
Traducción del Nuevo Testamento Tz’utujil, Parroquia Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, 28 de ju-
lio de 1991.
805 C 4114. Enero de 1981, Santiago Atitlán, Sololá.
Traducción del Nuevo Testamento Tz’utujil, Parroquia Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, 28 de ju-
lio de 1991.
806 Desaparecido el 24 de octubre de 1980.
Traducción del Nuevo Testamento Tz’utujil, Parroquia Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, 28 de ju-
lio de 1991.
807 Testigo directo CEH (T.C. 795).
808 “Santiago Atitlán, preparación de una masacre”, Polémica, No. 16, (1985), pg. 57. Según el censo
poblacional de 1973, de los 16,641 habitantes, 15,879 eran indígenas tz’utujiles.
809 Testigo directo CEH (T.C. 638).
810 Ibid.
249
En 1980, a pesar de que las actividades guerrilleras siguen mantenien-
do un marcado carácter clandestino, en las casas del pueblo empiezan a
aparecer consignas pintadas, tales como: “El lago es del pueblo, y no de los
ricos”,
811
o “queremos justicia y no la injusticia”.
812
En respuesta a la nueva presencia insurgente, en el mismo 1980 “apa-
reció el Ejército aquí. Venía con catorce camiones, venía con sus cañones, con
bastante tropas”,
813
y se instaló en la cancha de fútbol de la aldea Cerro de
Oro
814
(a pocos kilómetros de Santiago Atitlán). Luego se asentó en la fin-
ca Panabaj, en Pajaibal y Tzanchaj,
815
del mismo municipio de Santiago
Atitlán.
La finca Panabaj era propiedad de la misión católica y el padre Rother
la había rentado a gente del pueblo necesitada. Justamente, esta finca re-
sulta ser un importante elemento de discordia entre el misionero estadou-
nidense y los militares. Recién llegado el Ejército a Santiago Atitlán, el ca-
pitán del destacamento hizo una reunión pública, para pedir apoyo a los
atitecos “con la alimentación, con las necesidades que va a tener el Ejército”.
816
Al padre a Pla’s, en particular, los militares pidieron autorización para es-
tablecer su destacamento en la finca Panabaj: “No podemos ayudar, no po-
demos, contesta el misionero, o sea que ya no tenemos confianza porque la his-
toria del pueblo de Santiago Atitlán, no hay muerte, no hay violencia. Pero
cuatro días de haber llegado el Ejército aquí, dos desaparecidos. Entonces quie-
re decir que son ustedes que están secuestrando a la gente. Esas fueron las pala-
bras del padre Francisco”,
817
recuerda un vecino.
En Santiago Atitlán la población vivía ya un clima de violencia laten-
te: “Cuando jugábamos a la lotería había una figura atrás que se llama arpa,
mi tío nos prohibía de pronunciar la palabra ‘arpa’. Decía: ‘Miren, miren us-
tedes cuando sacan esta figura ¡no hay que decir ‘arpa’! Mejor decir guitarra
dos’, [por] su similitud con la palabra ORPA. Como éramos patojos le pregun-
tamos a él por qué; nos contestaba que esta palabra era muy prohibida: ‘Si los
ladinos nos escuchan nos van a meter en la cárcel. Mejor si decimos guitarra
dos’, nos decía”.
818
En el mes de octubre de 1980 “efectivos de la Policía Nacional y agen-
tes judiciales llegaron en cuatro camiones, rodearon el edificio de la radioemi-
sora La Voz de Atitlán y preguntaron por varias personas, mostrando especial
interés por los directores de diversos programas de radio pero, al no encontrar-
los, se retiraron”.
819
811 Ibid.
812 Ibid.
813 Testigo directo CEH (T.C. 639).
814 Ibid.
815 Testigo directo CEH (T.C. 638)
816 Testigo directo CEH (T.C. 639).
817 Ibid.
818 Testigo directo CEH (T.C. 795).
819 “Santiago Atitlán, preparación de una masacre”, en Polémica, No. 16 (1985), pg. 57.
C 4145. Mayo, 1988, Santiago Atitlán, Sololá.
250
II. LOS HECHOS
El 24 de octubre de 1980 el Ejército tendió un cerco a Santiago Ati-
tlán. Esa noche los soldados capturaron con violencia suma al director de
la radio La Voz de Atitlán, Gaspar Culán Yatás.
820
“…Como a las once y me-
dia de la noche un montón de soldados rodearon la casa donde estaba con su
mujer y su hija de sólo un año de edad. Golpearon con patadas y con sus cula-
tas la puerta; cuando ya la iban a botar, la mujer abrió. Diez soldados entra-
ron y sin hablar nada empezaron disparar sus grandes ametralladoras sobre la
cama en la que está el muchacho; herido lo rastrearon hasta la calle, y allí le
pegaron mucho con patadas y culatazos. El estaba todo desnudo. La mujer, al-
go loca, pegaba gritos de miedo y pedía ayuda; los vecinos son miedoso y sólo
asomaron, pero son testigos que subieron el patojo, lleno de sangre, en un ca-
mión que tenían en la calle, como si hubiera sido un chucho o un animal y no
el tranquilo y respetuoso predicador que era”.
821
Junto a Culán, en este mis-
mo año, desaparecen otras personas cercanas al padre Rother.
822
En la comunidad se vive un clima de terror. La población opta por pa-
sar la noche en la Iglesia Católica
823
y en las 12 capillas evangélicas del pue-
blo. Muchos pobladores deciden acercarse a estos oratorios,
824
con la espe-
ranza de salvarse de la violencia represiva.
El control del Ejército sobre la población se hace más fuerte, y todas
las noches los militares “…siempre rodeaban la iglesia, … a partir de las seis,
a partir de que entra la obscuridad … ya estaban todos metidos en la iglesia
[católica] y el Ejército detrás hasta por allí a las tres de la mañana, cuatro de
la mañana se retiraba el Ejército”.
825
De la misma época un poblador recuer-
da: “…Si hay alguno que camina en las calles a las siete o a las ocho, pueden
agarrarlo y meterlo en el destacamento del Ejército”.
826
En 1981 empieza a circular una “lista negra” de personas vinculadas a
la Iglesia Católica.
827
Los primeros en la lista son el párroco Francisco Stan-
ley Rother y el sacerdote guatemalteco maya kaqchikel, Pedro Bocel, su
asistente.
828
820 Ibid.
C 4145. Mayo, 1988, Santiago Atitlán, Sololá.
821 Testigo directo CEH (T.C. 778).
Juzgado de Primera Instancia de Sololá, causa 464-80, oficial 2º.
822 Según la publicación “Traducción del Nuevo Testamento Tzutujil,”, parroquia de Santiago Apóstol,
Santiago Atitlán, 1991, sólo en el año 1980 desaparecieron y fueron ejecutadas siete personas.
823 Testigo directo CEH (T.C. 621).
Carta del padre Rother a su Arzobispo el 22 de septiembre de 1980, en: Stanley Rother, The Shep-
herd Cannot Run, Archidiocese of Oklahoma City, 1984.
824 Testigo directo CEH (T.C. 639).
825 Testigo directo CEH (T.C. 621).
826 Ibid.
827 Testigo directo CEH (T.C. 638).
828 El padre Pedro Bocel llegó a la parroquia de Santiago Atitlán en 1980.
“Padre a Pla’s (Stanley Rother) y el pueblo de Santiago Atitlán”, pg. 12. Documento inédito.
251
El 7 de enero de 1981, Diego Quic Ajuchán, catequista muy aprecia-
do por los atitecos, es secuestrado frente a la iglesia católica por cuatro
hombres vestidos de particular. Nunca más se supo algo de él.
Algunos meses después, el 23 de julio, desaparece otro catequista: Ni-
colás Sapalú Coché. Estaba “en una fiesta de coronación frente a la iglesia ca-
tólica cuando un comisionado militar se acercó a él con un grupo de militares,
y le señaló. Lo agarraron, lo metieron en una lona y lo subieron a un carro”.
829
El mismo testigo recuerda que otro catequista, “[Salvador] Sisay Sapalú, fue
secuestrado en el mismo momento”.
830
El padre Francisco Stanley Rother
El padre Rother y su asistente, el sacerdote guatemalteco Pedro Bocel,
se convirtieron cada vez más en destinatarios de graves amenazas.
831
Por
eso, en enero 1981 se desplazan a la capital y luego a Oklahoma. Pero
Francisco Stanley Rother regresa a Santiago Atitlán en abril de 1981.
El 25 de julio, “en el mero día de la fiesta de Santiago … el Ejército que-
ría reclutar la gente para el cuartel, recuerda un atiteco, el padre Francisco de-
fendió a nuestros derechos … y amontonó a la gente en la iglesia y cerró las
puertas; que no le dio permiso de entrar al Ejército ni a los comisionados”. Eran
las seis de la tarde, después de la misa: dentro del templo de Santiago Após-
tol se quedaron como 600 jóvenes. Ninguno fue reclutado.
La noche del 27 de julio de 1981, el párroco, que cambiaba constan-
temente de lugar por temor a que se cumplieran las amenazas, se acostó en
la sala, en el primer piso de su domicilio.
832
Francisco Bocel Cumez,
833
quien vivía en la misma casa de Rother, recuerda que, como a la mediano-
che “…tres individuos desconocidos con el rostro tapado con gorros de color ne-
gro, le tocaron la puerta … El se levantó y abrió … Estos individuos descono-
cidos le apuntaron con armas de fuego y, bajo amenazas, le hicieron que fuera
a enseñarles dónde dormía el sacerdote. Él fue, y tocó a la puerta”.
834
El padre
Stanley se levanta y abre la puerta.
835
Al joven jardinero los tres hombres,
“dos como de la estatura del sacerdote, y de grueso similar”,
836
el tercero “alto y
829 C 4114. 1981, Santiago Atitlán, Sololá.
830 Ibid.
Juzgado de Primera Instancia de Sololá, causa 315-81.
831 “Padre a Pla’s (Stanley Rother) y el pueblo de Santiago Atitlán”, pg. 22. Documento inédito.
S. Rother, The Shepherd cannot run, Ob.cit., pg. 31. Carta del padre Rother “The reality is that
we are in danger”, 22 de septiembre de 1980.
832 “Padre a Pla’s (Stanley Rother) y el pueblo de Santiago Atitlán”, pg. 3. Documento inédito.
833 Jardinero del párroco y hermano del padre Pedro Bocel.
834 Denuncia de Francisco Bocel a los policías de la sub-estación de la Policía Nacional “Semper Fi-
delis”, 28 de julio de 1981, en expediente judicial del Juzgado de Primera Instancia de Sololá No.
136 tndl
835 “Padre a Pla’s (Stanley Rother) y el pueblo de Santiago Atitlán”, Santiago Atitlán. Documento iné-
dito.
836 Declaración de Francisco Bocel Cumez ante el Juez de Paz de Sololá, 28 de julio de 1981, expe-
diente judicial del Juzgado de Primera Instancia de Sololá No. 136 tndl.
252
grueso”,
837
le ordenan “que se fuera para su cuarto y él con miedo, se fue a en-
cerrarse”.
838
Pasan algunos minutos y Francisco escucha dos disparos en el
cuarto del misionero. Los tres individuos abandonaron la casa dejando
muerto a Francisco Stanley Rother, con un balazo en la sien, otro en la qui-
jada y con equimosis en el tórax y en el rostro. Ya era el 28 de julio de
1981, poco después de la media noche.
La radioemisora La Voz de Atitlán
A finales de 1980, después de la desaparición forzada de su director,
Gaspar Culán Yatás, la radio La Voz de Atitlán acentúa la línea pastoral se-
guida por el padre Francisco Stanley Rother. En las filas de sus locutores
aparecen muchos catequistas o sencillos católicos comprometidos.
En el mismo año, al poco tiempo de designar al sucesor del director
secuestrado, la radio es objeto de una nueva agresión: “Nos llevaron lámpa-
ras, nos robaron grabadoras, máquinas de escribir, mimeógrafos, dictos y todo,
todo lo que es … material de radio. Nos dejaron totalmente sin nada … Vino
un camión del Ejército a media noche”.
839
Privada de las herramientas básicas para seguir funcionando, sobre la
radio atiteca cae el silencio. Muchos de los locutores, atemorizados, aban-
donan Santiago: “La junta directiva también huyó y se fueron a la capital o
a Antigua Guatemala”.
840
En algunos casos la huida no se revela medida suficiente para salvar la
vida. En noviembre
841
de 1980, “un día martes o miércoles a las diez de la
mañana fueron sacados cuatro compañeros … [que habían encontrado refu-
gio en Antigua] Nunca más reaparecieron”,
842
con la excepción de uno: “Ya
todo quemado, los dedos, todo su cuerpo quemados así, todo, todo ya quemado
así en pedacitos en el cuerpo, los dedos, la mitad, todas esas cositas, … fue tor-
turado”.
843
Así encontraron el cadáver de Diego Sosof Alvarado.
844
Los otros
tres se llamaban: Nicolás Tziná Razán, Esteban Ajtzip Rianda, Juan Pacay
Rujuch. Nunca reaparecieron.
837 Ibid.
838 Ibid.
839 Testigo directo CEH (T.C. 798).
Juzgado de Primera Instancia de Sololá, causa 472-80, Oficial 3º.
840 Testigo directo CEH (T.C. 798).
841 “Santiago Atitlán preparación de una masacre”, Polémica, No. 16 (1985), pg. 57. Se da la fecha del
15 de noviembre de 1980.
842 Testigo directo CEH (T.C. 798).
843 Ibid.
844 Juzgado de Primera Instancia de Sololá, causa 464-80, oficial 2º.
253
A pesar de los duros golpes recibidos, la asociación La Voz de Atitlán
no se daba por vencida. En noviembre de 1981, la radioemisora es el nú-
cleo del interés de los medios de comunicación de Guatemala. En una rue-
da de prensa, los militares presentaron públicamente a 300 “subversivos”
que se habían “entregado” a las autoridades.
845
Entre ellos, hay locutores de
La Voz de Atitlán.
“Todos los miembros de la asociación fueron llamados y fueron presen-
tados … en estos grupos se fue también Felipe.
846
Estuvo por … 15
días dentro del destacamento … me dijeron de que fue por … pre-
guntarle su involucramiento en el conflicto, o su pertenencia a la or-
ganización revolucionaria, cosa que él siempre lo negó.… Entonces,
juntamente a sus compañeros, ellos fueron prácticamente obligados a
pertenecer y formar parte de los grupos colaboradores del Ejército, que
en este tiempo llamaban comisionados militares, o ser un informador
secreto del Ejército”.
847
Obligados a reconocerse como “subversivos” e integrarse a las filas mi-
litares, la mayoría de los locutores tuvo que aceptar la realización de servi-
cios, como comisionados o informadores del Ejército. Como “premio”, La
Voz de Atitlán volvió a las ondas con la autorización del Ministerio de la
Defensa Nacional, firmada por el general Oscar Humberto Mejía Vícto-
res, viceministro encargado del despacho, el 14 de abril de 1982.
848
Unos meses después el locutor Felipe Vásquez Tuiz es capturado y de-
saparece. Junto a otros cuatro miembros de la junta directiva había recha-
zado colaborar con el Ejército. Había tenido que abandonar Santiago y,
cuando volvió, “delante de sus compañeros [fue] detenido en la sede de la mis-
ma Voz Atitlán”,
849
por los mismos soldados que luego lo desaparecieron,
el 7 de julio del 82, sin dejar huellas.
845 Prensa Libre, 10 de noviembre de 1981, “300 subversivos se han entregado a las autoridades”.
846 Se trata de Felipe Vásquez Tuiz, locutor de la radio.
847 Testigo directo CEH (T.C. 845).
848 Carta dirigida a Diego Coché Ajtzip, Juan Ajtzip Alvarado y Diego Pop A de la Asociación La
Voz de Atitlán, firmada por el viceministro de la Defensa Nacional, General Oscar Humberto
Mejía Víctores, Guatemala 14 de abril de 1982.
849 Testigo directo CEH (T.C. 845).
254
III. DESPUÉS
En Santiago Atitlán continuaron las desapariciones y los asesinatos de
animadores y catequistas de la Iglesia Católica,
850
hasta que el destacamen-
to militar de Panabaj, como consecuencia de la masacre de trece personas
civiles el 2 de diciembre 1990
851
se retira.
Del asesinato de Francis Stanley Rother fueron acusados tres civiles.
Sin embargo, ya en septiembre de 1981, “el embajador de los Estados Uni-
dos habló de este caso con el ministro del Interior, quien manifestó su opinión
que los hombres arrestados no eran culpables”.
852
Además “Francisco Bocel,
[jardinero], manifestó que tres hombres altos vestidos de civiles y pasamonta-
ñas, preguntaron dónde estaba padre Francisco. Los hombres … hablaban cas-
tellano y eran ‘ladinos’ (no Indígenas)”.
853
En el mismo documento se afirma
que “elementos de las Fuerzas de Seguridad de Guatemala hubieran podido ser
involucrados en la muerte de padre Rother. Sin duda, oficiales del Ejército, por
ineptitud o intencionalmente, ni brindaron algunas evidencias a la Corte o a
otras investigaciones del caso”.
854
Sobre el arresto de los tres hombres los detalles no son claros. Fueron
detenidos por la Policía Nacional de la capital, que se enteró del asesinato
del sacerdote a través de un diario nacional. Para practicar su captura, no
hubo coordinación con la sub-estación de la PN de Santiago Atitlán y tam-
poco con el Juzgado de Primera Instancia, competente para entender so-
bre las investigaciones.
855
En sólo dos días
856
los agentes de la PN lograron reconstruir los hechos
e identificar a los responsables, y “al ser interrogados, los hoy consignados re-
conocen el hecho”.
857
Los sospechosos, dos agricultores y un comerciante “se
pusieron de acuerdo con el jardinero Francisco Bocel Cumez, y penetraron a la
850 C 4099. Agosto, 1987. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4138. Diciembre, 1989. Santiago Atitlán, Sololá.
C4145. Mayo, 1988. Santiago Atitlán, Sololá.
C4254. Enero, 1983. Santiago Atitlán, Sololá.
851 CI 6. Diciembre 1990, Santiago Atitlán, Sololá.
852 Informe del Departamento de Estado, Guatemala Documents, Category 13, father Stanley Rother,
Released May - July 1996, Pq.11-100. “In September 1981, the U.S. Ambassador discussed this case
with the Guatemalan Interior Minister, who stated this opinion that the arrested men were not guilty”.
853 Informe del Departamento de Estado, Weekly Situation Report, International Terrorism, 5 de agos-
to de 1981, pg. 6, Pq. 11-101, “Francisco Bocel, who is the brother of Father Rother´s former assis-
tant, stated that three tall men wearing civilian clothes and ski masks entered his room and asked whe-
re Padre Francisco was. The men, who spoke Spanish and were ‘Ladinos’ (non-Indian), had looked in
the upstairs rooms before entering Bocel’s room”.
854 Informe del Departamento de Estado, Guatemala Documents, Category 13, father Stanley Rother,
Released May-July 1996, Pq. 11-100, “Certainly, government officials, sitter through ineptness or in-
tention, failed to provide evidence to the Court or other investigating the case”.
855 Expediente judicial, acta del 3 de agosto de 1981.
856 El 29 de julio salió el artículo en la Prensa sobre la muerte de padre Rother, y del 1 de agosto es
la comunicación citada de la PN al Juzgado de Primera Instancia de Sololá.
857 Comunicación del Cuerpo de Detectives Policía Nacional Guatemala No. 17065/Of..o.jfl, diri-
gida al juez de paz de Sololá el 1 de agosto de 1981.
255
parroquia con el propósito de robar el dinero al párroco, pero sin intenciones
de matarlo; pero al ser sorprendidos por el párroco”
858
le dispararon. La ver-
sión no sería confirmada por ninguno de los acusados en el curso del pro-
ceso. De dos de ellos se conoce que tienen modesta estatura,
859
mientras
que los asesinos fueron descritos de grueso similar al sacerdote y altos.
860
Sin embargo, los tres fueron condenados el 29 de enero de 1982 por el Juz-
gado de Primera Instancia de Sololá, sin que los investigadores policiales
señalaran cómo llegaron a esclarecer el hecho.
El 17 de mayo de 1982, la Sala Novena de la Corte de Apelaciones ab-
solvió a los tres acusados.
861
El asesinato del padre Rother y las desapariciones y asesinatos de cate-
quistas y monitores de Santiago Atitlán
862
permanecen hasta el día de hoy,
sumidos en una absoluta impunidad.
IV. CONCLUSIONES
Analizando todos los antecedentes, provenientes de múltiples fuentes,
la CEH concluye que a partir de 1980, en el pueblo de Santiago Atitlán,
el Ejército de Guatemala desarrolló una serie de actos contra líderes de la
Iglesia Católica, los cuales consistieron en violaciones de derechos huma-
nos, tales como ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y atentados
a la libertad de expresión.
En virtud que la mayor parte de esas violaciones de derechos humanos
se encuentran, hasta la fecha, en total impunidad, la CEH establece que el
Estado de Guatemala ha infringido, a su respecto, el deber de investigar los
hechos y sancionar a los responsables.
La CEH considera que esta serie de hechos violatorios de derechos hu-
manos es ilustrativo de la identificación que, con el enemigo, hizo el Ejér-
cito de determinados agentes de la Iglesia Católica, al estimar que su pas-
toral social favorecía políticamente a la insurgencia.
858 Comunicación del Cuerpo de Detectives Policía Nacional Guatemala No. 17065/Of..o.jfl, diri-
gida al juez de paz de Solloza el 1 de agosto de 1981.
859 Un metro y cincuenta cinco centímetros, Miguel Angel Mendoza Tecún, y un metro y sesenta
centímetros, Esteban Coché Reanda.
860 Declaración de Francisco Bocel Cumez ante el juez de paz de Sololá, 28 de julio de 1981, expe-
diente judicial de Juzgado de Primera Instancia No. 136 tndl.
861 Expediente judicial 16-82, Sala Novena de la Corte de Apelaciones.
862 Sólo entre el 1980 y 1984 el Juzgado de Primera Instancia de Sololá recibió 17 denuncias de ca-
tequistas desaparecidos o ejecutados.
I. ANTECEDENTES
En 1981 la población del caserío La Fe, aldea Pujujil II, municipio de
Sololá, compuesta casi en su totalidad por campesinos maya kaqchiquel,
sufría una situación de graves carencias materiales y de discriminación: no
contaba con camino, centro de salud, escuela, agua potable ni luz eléctri-
ca; los campesinos no eran bien recibidos en el hospital o el Juzgado de So-
lolá y cuando por temporadas se trasladaban a la costa, su trabajo era mal
remunerado. Estas circunstancias pueden explicar que la población aten-
diera el mensaje del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización
guerrillera que, en palabras de un testigo, “organizó a la gente, [que] se in-
volucró porque vieron que la gente no era tomada en cuenta”. A la vez, el mis-
mo testigo sostiene que algunas personas de la comunidad se relacionaron
con la insurgencia por temor: “Si no te organizas, le matan a uno”.
Ese mismo año el EGP realizó algunos sabotajes en la carretera Pana-
mericana, cerca de la entrada al caserío La Fe. El Ejército reaccionó acen-
tuando su presencia en la zona; por ejemplo, creando un nuevo destaca-
mento en Chupol, Chichicastenango y hostilizando a los habitantes de los
caseríos situados en la orilla de la carretera. La zona se convirtió en un es-
cenario de guerra. El EGP estableció en La Fe un campamento con cerca
de 32 integrantes y organizó a la población en las denominadas “Fuerzas
Irregulares Locales” (FIL) y en un “Comité Clandestino Local” (CCL), para
que brindara a los combatientes apoyo logístico, como preparar comida y
lavar ropa.
El día 28 de octubre de 1981 miembros del EGP, acompañados por
integrantes de las FIL de la aldea Pujujil, vestidos con traje típico sololate-
co, salieron de La Fe y ocuparon durante algunas horas la ciudad de Solo-
lá, la cabecera departamental. Posteriormente, regresaron en un bus y en
una camioneta que dejaron abandonados en la carretera. Esta fue la prime-
ra incursión del EGP en Sololá.
Caso ilustrativo No. 7
Masacre de mujeres y niños
en el caserío La Fe
863
“…equivocamos el pensamiento pensando
en el respeto a las mujeres y a los patojos por
parte del Ejército…”
863 Todas las citas entre comilladas pertenecen a testimonios de sobrevivientes.
Con posterioridad a la ocupación de Sololá el CCL del caserío La Fe,
sobre la base de la capacitación dada previamente por la guerrilla, instaló
en cada entrada del caserío grupos de vigilancia de cuatro a cinco perso-
nas, denominados “postas”, con la finalidad de avisar a la población de la
presencia militar y, en tal circunstancia, darle tiempo para huir al monte.
Del mismo modo, los CCL del área orientaron a las personas que vivían
cerca de la carretera, para que se trasladaran al caserío La Fe en caso de pro-
ducirse movimientos del Ejército.
II. LOS HECHOS
A las tres de la tarde del 18 de diciembre de 1981 bajaron de varios ca-
miones estacionados en la carretera 150 soldados y entraron al caserío La
Fe divididos en tres grupos. Llevaban amarrado a un hombre que hacía dos
semanas había estado presente en una reunión celebrada por el EGP en
una casa ubicada en una de las colinas circundantes.
Cuando los “postas” divisaron a los soldados, dieron la señal y los hom-
bres huyeron al monte. Las mujeres y los niños se quedaron en sus casas,
porque el líder del CCL no consideró necesario que salieran, pues muchas
madres tenían niños pequeños y, además, según se consideró, hasta ese
momento la represión ejercida por el Ejército se había dirigido sólo a va-
rones.
Los soldados se dirigieron hacia dos casas vecinas, en una de las cua-
les se había realizado la reunión del EGP. Congregaron a las mujeres y ni-
ños que encontraron alrededor. Inmediatamente, tiraron a las mujeres al
suelo y comenzaron a machetear sus cuerpos. Una de ellas fue también
violada. Un niño sobreviviente atestigua: “Con unos machetes las pegaron
en la cabeza y sale su seso gritando mucho”. Después, metieron a los niños
en las casas y tiraron dentro los cuerpos de las mujeres. Allí, ametrallaron
a mujeres y niños. Otros soldados que habían ido a cortar ramas, las co-
locaron alrededor de las dos casas y prendieron fuego a todo, quemando
a la gente y todas sus pertenencias. Mientras lo hacían, varias víctimas es-
taban aún con vida.
Los hombres que estaban refugiados en los cerros alrededor de La Fe
escucharon los disparos y después vieron el humo. Como a las seis y me-
dia de la tarde, cuando ya había oscurecido, los efectivos del Ejército se re-
tiraron.
Al día siguiente, algunos de los hombres regresaron y encontraron los
cadáveres de sus familiares, esposas, niños y hermanas dentro de las habi-
taciones. Tres de éstos estaban quemados por completo, encontrándose só-
lo cenizas y algunos huesos. Una cuarta habitación, por tener láminas, no
258
fue consumida totalmente por el fuego. Un testigo, al ver el cadáver de su
esposa, corroboró que “tenía el cráneo partido a machete y además su cuerpo
fue quemado”.
Tres niños sobrevivieron. Uno de ellos se encontraba en un árbol cuan-
do llegó el Ejército y se quedó ahí escondido; hasta el día de hoy sigue trau-
matizado y no quiere hablar sobre la masacre. Otro niño se refugió en un
pequeño túnel abierto en el patio de una de las viviendas. El tercer sobre-
viviente, una niña de apenas tres semanas, fue hallada junto al cuerpo de
su madre, pero murió poco tiempo después, por falta de atención.
Familiares y vecinos recogieron los restos humanos y les dieron sepul-
tura en dos grupos, uno debajo de cada una de las dos casas. Ahora el maíz
crece encima de ellos, “se dice que la milpa es más bonita donde están ente-
rradas” y todavía hoy se encuentran cenizas y huesos en la tierra de aque-
llas dos casas.
En total murieron 11 mujeres y 23 niños.
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando todos los antecedentes reunidos mediante tes-
timonios directos y otras fuentes, ha llegado a la convicción de que las 11
mujeres y los 23 niños muertos en La Fe fueron ejecutados por efectivos
del Ejército de Guatemala, constituyendo su muerte una violación del de-
recho a la vida y a la integridad física y moral cuya responsabilidad recae
sobre agentes estatales.
La colaboración que la población pudo haber prestado a la guerrilla no
otorga justificación jurídica ni ética a este crimen.
La CEH considera que esta masacre es ilustrativa de los extremos a que
condujo la identificación como enemigo de aquella población civil que
prestaba apoyo a la guerrilla. En efecto, la alevosía con que fueron tratadas
las víctimas no tiene parangón siquiera con aquella violencia que, legítima-
mente, se puede utilizar en combate contra un enemigo armado.
La CEH considera que de la circunstancia de que todas las víctimas
fueran mujeres y niños indefensos, plenamente conocida por los autores,
se desprende que el principal objetivo concebible de esta masacre fue la eli-
minación de la comunidad de que éstos formaban parte.
259
260
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Alejandro Bocel Tuy
Andrés Chipin Ixcaya
Bartola Pecher Panjoj
Carlos Ixcaya Samines
Carlos Ixcaya Samines
Diega Pecher Panjoj
Felipe Chipin Ixcaya
Francisca Ixcaya Pecher
Isabela Bocel Tuy
José Bocel Pecher
Josefa Tuy
Juana Sicajau Yaxon
Julia Quieju Samines
Juliana Ixcaya Julajuj
Juliana Sicajau Yaxon
Marcela Ixcaya Sicajau
María Ixcaya Pecher
María Velasques Tul
Mario Bocel Sicajau
Martina Pecher Panjoj
Matea Bocel Sicajau
Nicolás Yaxon Ixcaya
Pedro Ixcaya Pecher
Pedro Ixcaya Pecher
Rosa Pecher Panjoj
Rosario Yaxon Xep
Santa Ixcaya Pecher
Santiago Ixcaya Samines
Santos Samines Ajcalon
Teresa Ixcaya Sicajau
Tomás Bocel Tuy
Ixcayá Pecher
Pecher Velásquez
Yaxón Ixcayá
I. ANTECEDENTES
Santiago Atitlán es un municipio del departamento de Sololá, con una
población perteneciente a la etnia maya tz’utujil, que se dedica a la agricul-
tura, al comercio, la caza y la pesca.
En 1978 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) emprendió
sus actividades en la región. En Paralelo, el Ejército comenzó a tener una
presencia permanente.
865
II. LOS HECHOS
El lunes 7 de enero de 1981 la mayoría de los hombres de Santiago
Atitlán, departamento de Sololá, salió a trabajar al campo. Unos jornale-
ros del municipio fueron a cortar café a la finca San Isidro Chacayá, ubi-
cada cerca del caserío San Antonio Chacayá, en la bahía de Xetuc. Otros
se dirigieron a realizar sus tareas cotidianas: “Limpiar los cafetales, arrancar
la caña vieja de la milpa, buscar zacate, hacer leña o cortar pacayas al cerro”.
866
Julio Melgar, como era su costumbre, fue como a las diez de la mañana a
la orilla del lago a cazar patos.
867
Parecía un día normal. Sin embargo, dos integrantes de la Organiza-
ción del Pueblo en Armas (ORPA) se encontraban preparando una embos-
cada a un convoy del Ejército que solía pasar en horas de la mañana por la
carretera que une Santiago Atitlán con Santa Clara La Laguna.
Caso ilustrativo No. 11
Masacre “Del Pato”
“Al anochecer, Santiago Atitlán se llenó de
dolor, de llanto, de tristeza y también de ra-
bia. Nadie daba crédito a lo ocurrido. Uno
tras otro comenzaron a llegar los ataúdes de
quienes, apenas unas horas antes, habían sa-
lido a trabajar para sí mismos y para sus fa-
milias”.
864
864 Testimonio colectivo (viudas) CEH.
865 CI 6. Diciembre, 1990. Santiago Atitlán, Sololá.
CI 12. Julio, 1981. Santiago Atitlán, Sololá.
866 Testimonio colectivo CEH.
867 La creencia colectiva en Santiago Atitlán es que los disparos de Julio Melgar al cazar patos provo-
caron la reacción del Ejército. De ahí el nombre del caso.
262
Cerca del mediodía dos camiones militares transportando soldados
doblaron en una curva del camino. Una mina Claymore, que había sido
puesta sobre la rama de un árbol, impactó contra uno de los camiones y
detonó. En Santiago Atitlán y sus alrededores se escuchó una fuerte explo-
sión. El camión alcanzado quedó inutilizable y el otro logró maniobrar y
detenerse.
Los soldados bajaron del vehículo y dispararon hacia los cafetales que
se encontraban en la colina, entre el camino y el lago. Descendieron por
ella en zig zag, agazapados y dando grandes voces, hasta llegar a la orilla.
En el trayecto los soldados capturaron a todos los hombres que encontra-
ron, a quienes ataron las manos a la espalda y les colocaron una soga al cue-
llo. “¿Dónde están sus compañeros que nos atacaron, que nos emboscaron?”,
868
preguntaban los soldados a los detenidos.
Los llevaron a la casa abandonada del guardián de la finca San Isidro
Chacayá. En el camino, los iban empujando, pateando y golpeando con
las culatas de los fusiles. Una vez en el lugar, los colocaron boca abajo.
No todos corrieron la misma suerte. José Calí, un anciano de 70 años,
intentó esconderse entre unas matas de güisquilares, pero fue descubierto
por los soldados. Estos le dispararon y luego machetearon su cuerpo hasta
partirlo en dos pedazos.
869
Mientras un grupo de soldados capturaba a los hombres en los cafeta-
les, otro se dirigió a San Antonio Chacayá. Los militares estaban descon-
trolados. Un grupo de mujeres del caserío recuerda los hechos de la si-
guiente forma: “De repente oímos a nuestros perros ladrar con bravura y apa-
recieron los militares. Venían sudando y jadeando, como si algo les persiguiera.
Eran muchísimos, tal vez más de 100, y tenían caras enojadas, además de mie-
do de alguien porque miraban nerviosos para todos lados”.
870
Los soldados se
distribuyeron por todo el caserío, penetrando en el interior de las vivien-
das. Revolvieron todo y mataron a los animales. Los hombres fueron de-
tenidos y llevados con los demás que ya habían sido capturados. Uno de
los militares mandó llamar a las personas que todavía quedaban en el case-
río, mujeres y niños, y una vez concentrados en su presencia los acusó de
tener guerrilleros escondidos en sus casas. Hasta las siete de la noche, cuan-
do los soldados se retiraron del caserío, las mujeres no pudieron salir a bus-
car a sus maridos.
Los detenidos fueron unos 55. Los patearon, los golpearon, les die-
ron culatazos en la cabeza y en la boca, se pararon sobre ellos. Algunos se
ahogaban con el polvo que se alzaba del suelo. Dos maestros, Víctor Cór-
868 Testigo directo CEH.
869 Testigo de referencia CEH.
870 Testimonio colectivo CEH.
263
doba y Carmen Edelma Thomas, que se dirigían desde San Pedro La La-
guna a Santiago Atitlán en moto, fueron torturados y ejecutados por los
soldados.
871
A eso de las cinco de la tarde los soldados obligaron a Pedro Ramírez,
pastor evangélico y uno de los detenidos, a identificar a los guerrilleros:
“Como usted dijo que es jefe de comisionados [dijeron los soldados] conoce en-
tonces a los guerrilleros dentro de este grupo de pisados”.
872
“Sí”, respondió Ra-
mírez, y comenzó a señalar a algunos de los que allí estaban.
Los 17 o 18 hombres señalados fueron sacados de la casa, amarrados
y arrojados encima del camión. Cortaron ramas de café y de árboles y las
pusieron sobre los detenidos que yacían en el vehículo. Luego, con los sol-
dados encima de las víctimas, el vehículo emprendió camino rumbo al des-
tacamento de San Lucas Tolimán.
Los que no fueron señalados se quedaron en el lugar, malheridos algu-
nos y otros hasta inconscientes. Los soldados les advirtieron: “Si ustedes van
a informar a otra gente lo que pasó, vamos a venir a matar a ustedes y a todas
sus familias”.
873
El mismo día de los hechos, personal del Ejército daba su versión so-
bre los mismos a la Policía Nacional de Santiago Atitlán. Esta, por su par-
te, informaba al juez de paz: “Hoy a las 17:45 se presentaron elementos del
Ejército a esta subestación dando aviso que en terrenos de la finca Chacayá se
encuentran unos muertos por lo que se requiere [su presencia] porque fue un
encontronazo con un grupo de facciosos”.
874
Al mediodía del 8 de enero se supo que los bomberos de Sololá y Ma-
zatenango encontraron una gran cantidad de cadáveres en los caminos y
carreteras de sus respectivas jurisdicciones. Los familiares acudieron a las
morgues y los identificaron. De acuerdo con los informes forenses que pu-
dieron encontrarse en los juzgados, las víctimas fueron estranguladas y pre-
sentaban cráneo destrozado. Una de las viudas que participó en la identi-
ficación de su marido manifestó: “Mi esposo se encontró con la soga y el pa-
lo todavía alrededor de su cuello.”
875
Otro declarante confirmó las torturas a
las que fueron sometidas las víctimas: “Cuando levanté su camisa vi que le
han quitado pedazos de su cuerpo. También le han quitado toda la piel de la
planta de sus pies y tenía heridas de machete en la cabeza. A otro le han cor-
871 Los testimonios recabados por la CEH y las providencias judiciales confirman la muerte de estas
dos personas. Algunos testigos afirman que las dos víctimas fueron ejecutadas cuando pasaban en
la moto, mientras que otro declara que los soldados llevaron a los maestros a una pequeña colina
donde los mataron. El informe médico forense que detalla las características externas de los cadá-
veres como presentando horribles mutilaciones, confirma la última versión.
872 Testigo directo CEH.
873 Testigo directo CEH.
874 Juzgado de Primera Instancia de Sololá, oficio de la Policía Nacional al juez de paz, 7 de enero de
1981, Expedientes 9-81 y 12-81.
875 Testigo directo CEH.
264
tado sus genitales y les pusieron en la bolsa de su camisa. A otro le quitaron
sus ojos y puestos en su bolsa. Al pastor le han quitado toda la piel de su cara,
fue pelada”.
876
El acta que levantó el juez de paz indica, con respecto al ca-
dáver de José Chicajau, una de las víctimas, que “presentaba quemaduras
en el abdomen y en ambos pies, muchos golpes amoratados en distintas partes
del cuerpo”.
877
Al anochecer llegaron los ataúdes y al día siguiente las víctimas fueron
enterradas en el cementerio de la localidad.
La CEH logró identificar a 18 víctimas ejecutadas y cuatro torturadas.
III. CONCLUSIONES
La CEH, estudiados los antecedentes, llegó a la convicción de que el
7 de enero de 1981, en la finca San Isidro Chacayá, municipio de Santia-
go Atitlán, Sololá, 18 civiles indefensos fueron ejecutados arbitrariamente
y por lo menos 4 torturados por efectivos del Ejército, en violación de sus
derechos humanos.
Si bien esta masacre no correspondió a una planificación previa, es
ilustrativo de reacciones indiscriminadas y desproporcionadas de los solda-
dos contra la población civil, constitutivas de graves infracciones a las nor-
mas del Derecho Internacional Humanitario.
Además, la CEH considera que los actos de tortura contra civiles in-
defensos evidencian que los militares actuaron con una premeditada cruel-
dad, sólo atribuible a un entrenamiento previo que les inculcaba la irres-
petuosidad por los derechos elementales de la persona humana.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria, tortura, privación de libertad
Antonio Choy Rodríguez
Carmen Edelma Thomas
Diego Vásquez Quic
Gabriel Ramos Yaxón
José Calí Chicajau
Juan Reanda Tiney
Juan Sicay Quiebac
Juan Sol Sosof
Julio Melgar López
Martín Reanda Tiney
Martín Sapalu Pablo
Miguel Quiejú Alvarado
Nicolás Ajtzip Ajchomajay
Nicolás Reanda Coche
Pedro Ramírez Mendoza
Pedro Sapalu Pablo
Salvador Tiney Pablo
Víctor Manuel Córdova Jerez
876 Testigo directo CEH.
877 Juzgado de Primera Instancia de Sololá, Expedientes 9-81 y 12-81.
265
Torturas, privación de libertad
Félix Tuiz Xitamul
Gregorio Tuiz Xitamul
Martín Sapalu Cali
Pedro Alvarado
Víctimas colectivas/desconocidas: 55
I. ANTECEDENTES
Santiago Atitlán, formado por tres aldeas y dos cantones rurales, es
uno de los 19 municipios del departamento de Sololá. La mayoría de la
población es maya tz’utujil y conserva un fuerte sentimiento comunitario,
así como una profunda tradición espiritual.
En otro tiempo los alguaciles, vinculados a las cofradías,
879
realizaban
rondas nocturnas para velar por la seguridad de los habitantes. Las influen-
cias que ejercieron factores externos a las comunidades, como la Iglesia Ca-
tólica a través de los catequistas y el Ejército, por mediación de los comi-
sionados militares y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), incidieron
para que poco a poco los alguaciles perdieran su autoridad.
Santiago Atitlán tiene antecedentes de organización social y política.
En los años setenta se puede mencionar la Asociación de Estudiantes Indí-
genas Santiago Atitlán (ADEISA), que inició campañas de alfabetización y
otras actividades culturales.
Por influencia de los misioneros de Oklahoma se formaron catequis-
tas que adquirieron conocimientos sobre la doctrina social de la Iglesia y la
Teología de la Liberación, se organizaron cooperativas de desarrollo agrí-
cola y se pusieron en marcha proyectos de asistencia a viudas, huérfanos y
discapacitados. Los catequistas administraron la radioemisora La Voz de
Atitlán, que tenía fines pedagógicos y difundía programas de sensibiliza-
ción social. En este sentido, se destacan los mensajes que emitía en tz’utu-
jil Gaspar Culán Yatás, quien más tarde fue desaparecido.
880
Un estudian-
te de Teología fue el primero en recibir amenazas por los mensajes que emi-
tía por radio. Los catequistas, además de realizar su trabajo de conciencia-
ción utilizando la radio, se distribuían en grupos para predicar en todos los
cantones y aldeas del municipio.
Caso ilustrativo No. 6
Masacre de Santiago Atitlán
“Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. To-
das las iglesias se unieron, nos unimos como
hermanos mayas. No hubo diferencias, todos
nos unimos sin hacer reclamos. Fue algo ma-
ravilloso. Todos lloramos por el acuerdo de la
retirada del Ejército”.
878
878 Testigo directo CEH.
879 Cofradía, organización socioreligiosa de herencia colonial española utilizada para cristianizar a la
población maya. Posteriormente, fue readaptada y apropiada por los mayas permitiendo el man-
tenimiento de su cultura.
880 CI 12. Octubre, 1980. Santiago Atitlán, Sololá.
268
En 1976 el Comité de Unidad Campesina (CUC) realizó tareas de ca-
rácter organizativo en la población, trasmitiendo mensajes con relación a
la propiedad de la tierra y otras reivindicaciones: sus postulados coincidían
con las prédicas de los catequistas.
En 1978 llegó a la zona la Organización del Pueblo en Armas (OR-
PA), que pronto estableció redes de apoyo logístico en Santiago Atitlán.
Paralelamente, en 1978 el Ejército organizó en la región un sistema de
colaboradores e informantes. Se formó un cuerpo de comisionados milita-
res, integrado por un jefe y dos ayudantes, dependientes de la zona militar
de Quiché. Su trabajo consistía en reclutar jóvenes para que realizarán el
servicio militar. Sin embargo, según un declarante, su labor y actitud cam-
biaron al cabo del tiempo, y “se volvieron malos”.
881
A partir de 1979 los catequistas y líderes comunitarios comenzaron a
ser identificados con la guerrilla; circularon listas con sus nombres y sus vi-
das fueron amenazadas.
882
En 1980 el Ejército se estableció de forma per-
manente en el municipio. Comenzó a vivirse un clima de temor e insegu-
ridad: “Si hay alguno que camina en las calles a las siete o a las ocho, pueden
agarrarlo y meterlo en el destacamento del Ejército”.
883
Esta situación motivó
dos reacciones diferentes entre la población. Una parte ella se desplazó a
otras regiones, para escapar a la represión. Otra, a instancia de dirigentes
populares,
884
estaba integrada por los vecinos que habían decidido perma-
necer en la comunidad y se organizaron porque, al decir de un poblador,
“con la unión nos vamos a defender”.
885
Esta organización pretendía concien-
ciar de estos valores a la población, al mismo tiempo que difundían un
mensaje religioso.
El 7 de enero de 1981, en la finca San Isidro Chacayá, del mismo mu-
nicipio, 22 civiles fueron torturados y ejecutados arbitrariamente por efec-
tivos del Ejército.
886
La época de mayor represión duró hasta 1983, en años posteriores hu-
bo también severas violaciones de derechos humanos y la población se
mantuvo bajo el control del destacamento militar. Sin embargo, la estrate-
gia militar de organizar a la población en las PAC no tuvo el éxito espera-
do. Según un declarante, dicha organización fracasó “por la reiterada nega-
tiva de los atitecos a seguir instrucciones de los comandantes y comisionados”.
887
881 Testigo directo CEH.
882 CI 12. Agosto, 1987. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4099. Agosto, 1987. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4138. Diciembre, 1989. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4145. Mayo, 1988. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4151. Julio, 1981. Santiago Atitlán, Sololá.
C 4254. Enero, 1983. Santiago Atitlán, Sololá.
883 Testigo directo CEH.
884 Entre ellos estarían los líderes del CUC.
885 Testigo directo CEH.
886 CI 11. Enero, 1981. Santiago Atitlán, Sololá.
887 Testigo directo CEH.
269
En 1981 cientos de jóvenes se resistieron a prestar el servicio militar
y se encerraron en la iglesia, poniéndose bajo la protección del padre
Francisco Stanley Rother. En esa oportunidad ningún joven fue recluta-
do. Cuatro días después, el 28 de julio de 1981, el padre Rother fue eje-
cutado.
888
Durante los años ochenta la ORPA realizó actividades políticas, de
propaganda y hostigamientos esporádicos.
En 1985 gana las elecciones municipales un poblador indígena. Por
esa época, la presencia militar, las desapariciones y las ejecuciones extraju-
diciales de personas supuestamente vinculadas con la guerrilla continúan.
La CEH registró casos de este tipo hasta 1990.
889
En relación a la presencia guerrillera en el área, un testigo relata: “En
el mes de diciembre de 1989 la fuerza operativa del Frente Javier Tambriz de-
salojó completamente Santiago Atitlán y el volcán Atitlán y [dejó] el contacto
sistemático con la población, desplazándose, por razones militares, a los volca-
nes Acatenango, Fuego y Agua”.
890
En 1990 tienen presencia en la región la Iglesia Católica y múltiples
iglesias protestantes. Un miembro de la Iglesia Católica comenta: “Tenía-
mos la meta única de expulsar a los militares de nuestro suelo, con lo que espe-
rábamos demostrar que ellos eran los causantes de la violencia y las matanzas
de nuestro pueblo … Así, hasta que llegó el 2 de diciembre de 1990 que nos
despertamos”.
891
II. LOS HECHOS
El 1 de diciembre de 1990, sobre las seis de la tarde, cuatro militares
892
ingresaron a la cantina Doña Elba, situada en la calle principal del cantón
Xechivoy. Allí consumieron por espacio de una hora bebidas alcohólicas,
para dirigirse después a la Cevichería Lucky, donde permanecieron alrede-
dor de media hora. Luego, caminaron por las calles del cantón molestan-
do a la gente que encontraban en su camino. Más tarde, alrededor de las
nueve y media de la noche, regresaron a la cevichería, que se encontraba
cerrada. Golpearon la puerta y exigieron que les abrieran. La gente que se
encontraba en el interior del local se negó a abrirles, escuchándose a partir
888 Testigo directo CEH.
CI 12. Julio, 1981. Santiago Atitlán, Sololá.
889 La CEH registró desde 1980 hasta 1990, 25 casos de desapariciones, 21 de ejecuciones extraju-
diciales, tres de tortura, dos heridos por atentados y una detención arbitraria por parte del desta-
camento militar y la base naval de Santiago Atitlán.
890 Testigo directo (ex comandante ORPA) CEH.
891 Testigo directo CEH.
892 Entre ellos el teniente Ortiz Rodríguez, el sargento mayor García González, los especialistas Ed-
win Haroldo Bravo Vega y César Salguero Trejo.
270
de ese momento un fuerte intercambio de palabras y generalizándose un
escándalo en la calle, coronado por disparos al aire realizados por el tenien-
te José Antonio Ortiz Rodríguez. Al no poder entrar en el local, los solda-
dos se dirigieron al domicilio de Andrés Sapalú Ajuchán, que al percibir la
presencia de los militares comenzó a gritar pidiendo auxilio. Ante el escán-
dalo, uno de los militares quien estuvo presente en los hechos declara: “La
gente se alarmó y salió a la calle”.
893
Los militares huyeron.
Durante su huida se cruzaron con varios vecinos. Uno de los milita-
res, el teniente de infantería José Antonio Ortiz Rodríguez, al verse perse-
guido, disparó su arma. Uno de los disparos alcanzó a Diego Ixbalán Rean-
da, de 19 años, quien sufrió heridas en la pierna derecha y en la mano iz-
quierda. El subteniente encargado de la compañía de asuntos civiles del
destacamento número 2, al escuchar los disparos y los gritos de la gente,
envió primero una patrulla y más tarde otra. Los militares fueron encon-
trados por las patrullas y regresaron al destacamento. Como cuenta uno de
los implicados en el tiroteo: “La gente no nos dejaba pasar y empezaron a ti-
rarnos piedras … los soldados dispararon al aire y pudimos regresar al destaca-
mento”.
894
A las cero horas quince minutos del 2 de diciembre, las dos pa-
trullas ingresaron en el destacamento llevando a los cuatro soldados, que
presentaban síntomás de embriaguez.
Mientras tanto, la población de Santiago se estaba organizando para
dialogar sobre estos hechos con el comandante del destacamento militar.
Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Los pobladores desperta-
ron y salieron a la calle. Todos conocían el significado de las campanadas:
“La gente está atenta al llamado de emergencia, al toque de campana. Se acor-
dó cuando hay toque de campana, estar siempre alerta y se juntó la gente”.
895
Poco a poco se fueron reuniendo en la plaza, hasta que se llenó.
En la plaza, como declara una persona que participó en los hechos:
“Muchos comenzaron a contar sus sueños. Los que vieron el hecho hablaron pa-
ra toda la población. Esto pasó, no es justo, ya estamos cansados de ver lo que
hacen los soldados. Queremos actuar, hoy es el momento”.
896
Decidieron diri-
girse hacia el destacamento, “porque [explica otro poblador de Santiago] si-
no así se queda y ellos no reconocen lo que pasó”.
897
Pidieron al alcalde en fun-
ciones y al alcalde que acababa de ser elegido, Salvador Ramírez, que los
acompañara.
893 Sentencia del Tribunal Militar de la zona militar número 20, Quiché, en contra de Efraín García
González por trece homicidios, nueve lesiones graves, de fecha 9 de octubre de 1991.
894 Ibid.
895 Testigo directo CEH.
896 Ibid. Según las declaraciones, varias personas habían soñado recientemente que llegaba el final:
“Habíamos soñado que iba a haber una gran fiesta y nosotros ofrecíamos comida y a cambio nos de-
jan un espacio de tierra ... y cabal sucedió la masacre”.
897 Testigo directo CEH.
271
Se impartieron instrucciones sobre cómo comportarse. Se dijo, por
ejemplo: “Que los jóvenes no tiren piedras, no griten, vayan con orden. Bus-
quen pedazos de naylon blanco porque significa la paz, que se adelanten quin-
ce hombres con las banderas. Y al llegar primero vamos a entrar los alcaldes pa-
ra decir lo que pasó”.
898
Mientras tanto, un soldado que estaba reforzando la subestación de la
Policía Nacional en Santiago Atitlán informó por radio al destacamento
militar que la gente se estaba aglomerando y que convocaban a todos los
vecinos haciendo sonar las campanas. El encargado del destacamento nú-
mero 2 llamó a la Policía Nacional y, según su versión, que consta en el ex-
pediente judicial, “indicaron que toda la gente se dirigía hacia el destacamen-
to militar para atacarlo”.
899
Entonces, ordenó que todo el personal reforza-
ra los puestos de servicio.
Cientos de personas
900
que portaban banderas blancas se dirigieron al
destacamento militar número 2, ubicado en el caserío Panabaj, mientras
otro grupo permanecía en la plaza. Poco antes de que los pobladores llega-
ran al destacamento, un especialista de asuntos civiles del Ejército exhortó
a aquéllos, por medio de un altoparlante, para que regresaran a sus casas, y
que tan sólo un líder se acercara al destacamento a plantear su inquietud.
Mientras, unos niños tiraban piedras y algunas personas gritaban: “Quere-
mos paz, que el Ejército salga de nuestro pueblo”.
901
El alcalde electo intervino
para que los niños dejaran de tirar piedras y para que la gente no gritara.
A eso de la una de la mañana, un grupo de soldados armados salió del
destacamento, en tanto que otros soldados iluminaban con linternas a la
gente desde lo alto de los muros de piedra que rodeaban la instalación mi-
litar. La aparición de los militares no intimidó a los vecinos, que continua-
ron gritando y acercándose más al destacamento. El alcalde electo de San-
tiago Atitlán, Salvador Ramírez, solicitó hablar con el comandante. Un ca-
bo de tropa le comunicó esta solicitud al encargado del destacamento. Al
mismo tiempo, en la puerta, un soldado habría manifestado: “Prepárense,
muchachos, porque ahí vienen los guerrilleros que nos vienen a atacar”.
902
Fue entonces cuando comenzaron los disparos. Dos soldados habrían
disparado al aire, para asustar y dispersar a los manifestantes. Cuando el ca-
bo Eleodoro Ortiz Guzmán salió a los puestos de servicio se encontró “con
que el sargento mayor García González que estaba en posición de fuego apun-
898 Ibid.
899 Sentencia del Tribunal militar de la zona militar número 20, Quiché, en contra de Efraín García
González por trece homicidios, nueve lesiones graves, de fecha 9 de octubre de 1991.
900 Las estimaciones sobre el número de manifestantes varía mucho, desde las 500 personas que men-
ciona un testigo directo entrevistado por la CEH, hasta las 5.000 que indicó El Gráfico en su edi-
ción del 3 de diciembre de 1990 (p.6). Para la ODHA los manifestantes fueron al menos 3.000.
901 Testigo directo CEH.
902 Ibid.
272
tando a la gente”.
903
Otros abrieron fuego directamente contra los poblado-
res. Los disparos duraron entre tres y cinco minutos. Se desconoce el nú-
mero total de soldados que abrieron fuego contra los manifestantes.
Los pobladores, gritando, corrieron o se lanzaron al suelo. Como re-
sultado de los disparos, 13 personas resultaron muertas, entre ellas tres me-
nores de edad. Por su parte la CEH logró identificar a 22 heridos.
904
Mi-
nutos más tarde, los soldados salieron con linternas, para ver sobre el terre-
no el resultado de lo que habían hecho.
El retiro del destacamento militar de Panabaj
El mismo día en que se produjeron los hechos, los pobladores forma-
ron un Comité de Emergencia y redactaron un memorial dirigido al Pre-
sidente de la República, con firmas y huellas dactilares de cientos de veci-
nos. En el memorial se acusó directamente al Ejército como responsable de
la masacre y se solicitó la retirada del destacamento. A cambio, se compro-
metía ante el Gobierno a organizar un Comité Pro-seguridad y Desarrollo.
El procurador de los Derechos Humanos (PDH) acudió a Santiago
Atitlán ese mismo día, para verificar lo sucedido. Días más tarde emitió su
resolución, en la que declaró comprobadas las violaciones por parte del
Ejército a los derechos humanos, calificando el caso como genocidio
905
y
ordenando que los responsables fueran juzgados por los tribunales de jus-
ticia. Además, con una censura pública de la actuación del Ejército, reco-
mendó que se modificaran los comportamientos de este tipo y solicitó por
último que el destacamento fuese retirado de Santiago Atitlán.
El ministro de la Defensa Nacional anunció, en una declaración de
prensa dada el 6 de diciembre: “De acuerdo a las instrucciones específicas del
Señor Presidente … y como una muestra de buena voluntad de la Institución
Armada, sin que esto evidencie debilidad o tibieza se efectuará el traslado del
Destacamento Militar de Panabaj al lugar que oportunamente se seleccione
dentro de la jurisdicción de la Zona Militar 14 Sololá, dado que se mantiene
latente la molestia de la delincuencia terrorista en los lugares aledaños”, acep-
tando el compromiso contraído por la población: hacerse cargo de su pro-
pia seguridad.
903 Testigo directo Juzgado Militar.
904 Para la Oficina de Derechos Humanos (ODHA) fueron 17; en la resolución de la PDH se da el
dato de 19 heridos.
905 Resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos de fecha 7 de diciembre de 1990, ex-
pediente E.I.O. Sololá 27-90/P. “La institución armada que en este caso, ha sobrepasado sus atribu-
ciones y lejos de ser garante del orden, ha sido protagonista de inseguridad y de hechos incalificables,
que son constitutivos de las más claras violaciones a los derechos humanos de los pobladores del muni-
cipio de Santiago Atitlán, por lo que la matanza ocurrida en la madrugada del día dos de los corrien-
tes, no puede menos que calificarse de GENOCIDIO, por la gravedad de la violación al derecho hu-
mano a la vida de los trece fallecidos, y a la integridad física de los diecisiete heridos indígenas de la
etnia tzutuhil, extremos que son determinantes en la calificación señalada”.
273
La decisión gubernamental causó algarabía en la población. Un decla-
rante cuenta: “Ese día fue de gozo, de gozo hasta llorar. Todas las iglesias se
unieron, nos unimos como hermanos mayas. No hubo diferencias, todos nos
unimos sin hacer reclamos. Fue algo maravilloso. Todos lloramos por el acuer-
do de la retirada del Ejército”.
906
Los habitantes de Santiago explicaron la retirada del destacamento mi-
litar desde la perspectiva del culto a Maximón
907
y desde la cosmovisión
maya. Por un lado, “la mayoría de gente tiene una fe increíble en Maximón,
pedían por la paz, por la liberación de los desaparecidos … Dios escuchó lo que
veníamos desde hace años rezando … Maximón quitó el miedo…”
908
Por
otro, “la caída de Santiago fue el 18 de abril de 1524, que según el calenda-
rio maya fue un día Batz que coincide con la salida del Ejército. En esa fecha
fuimos conquistados y en esa fecha Santiago conquistó. No hemos sido venci-
dos, sólo estábamos esperando ese momento”.
909
Cuenta un habitante de Santiago que, una vez que se fueron los mili-
tares, “voluntariamente comenzaron las rondas. Dimos nosotros la seguridad,
pero eso viene de antes, por eso no somos PAC”.
910
Emergió un nuevo sistema
de seguridad, sustentado en la propia comunidad.
911
Hubo cientos de vo-
luntarios para cuidar, día y noche, de la población y preparar comida para
los vigilantes. Alrededor de 18 personas en cada cantón realizaban rondas
cada noche, portando como única arma un palo además de un silbato pa-
ra avisar. Cuando se trataba de un caso muy grave, se tañía la campana. Es-
te fue el método utilizado cada vez que el Ejército intentó penetrar de nue-
vo en la comunidad.
912
La Policía Nacional, reducida en número y en fun-
ciones, se convirtió en “una institución subordinada a la población”.
913
Comenzaron a utilizarse procedimientos conciliatorios para llegar a la
resolución pacífica de los conflictos. No hubo violencia institucional. La
vida social y comercial, que antes se hallaba restringida, se extendió hasta
altas horas de la noche.
La justicia militar
Los hechos dieron lugar a la iniciación de dos procesos ante la justicia
penal militar. En el primero se juzgó a un militar, a quien se responsabili-
zó por la masacre. En el segundo se juzgó a otro, por los hechos inmedia-
tamente anteriores a la misma.
906 Testigo directo CEH.
907 Maximón, nombre generalizado con el cual se conoce la veneración a un antiguo guía espiritual
maya tz’utujil.
908 Testigo directo CEH.
909 Ibid.
910 Ibid.
911 Jorge Murga Armas, Santiago Atitlán, organización comunitaria y seguridad de los habitantes, un
reto para la paz, ILANUD/Unión Europea, (Guatemala, 1997), pgs. 31-41.
912 Según declarantes, se tienen registrados al menos cuatro intentos, en todos los casos sin conse-
cuencias que lamentar.
913 Jorge Murga Armas, Santiago Atitlán, organización comunitaria y seguridad de los habitantes, un
reto para la paz, ILANUD/Unión Europea, (Guatemala, 1997), pg. 37.
274
(1) El 2 de diciembre de 1990, encabezado por un informe policial,
se inició un proceso en el juzgado de paz comarcal de San Lucas Tolimán,
del departamento de Sololá, por la muerte de varias personas en Santiago
de Atitlán. El juez de paz realizó el reconocimiento judicial de los cadáve-
res que se encontraban frente al destacamento militar. En la misma fecha
el citado juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la fiscalía
militar.
El 6 de diciembre, el comandante de la zona militar número 14 ma-
nifestó: “Según la investigación realizada en ese comando se estableció que la
única persona o elemento que disparó en el destacamento militar de Santiago
de Atitlán fue el sargento mayor Efraín García González”.
914
El 7 de diciem-
bre, se dictó auto de prisión preventiva contra el militar referido y se le pro-
cesó por los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Se reci-
bieron múltiples declaraciones testimoniales de militares ofendidos y la de-
claración indagatoria del acusado; se aportaron también varios informes
periciales y pruebas documentales.
El Tribunal Militar llegó a la conclusión de que el sindicado ejecutó
personal y directamente los trece homicidios, las ocho lesiones graves y los
cinco delitos de lesiones leves y le condenó a 16 años de prisión inconmu-
tables. La sala novena de la Corte de Apelaciones, constituida en Corte
Marcial, confirmó la sentencia el 7 de enero de 1992 y reformó la pena im-
puesta al elevar la misma a 20 años de prisión inconmutables.
(2) El 6 de diciembre de 1990 se inició el juicio en el Tribunal Militar
número 20, contra el teniente de infantería, José Antonio Ortiz Rodríguez,
por disparo de arma de fuego. Diego Ixbalán, la víctima que fue herida por
el teniente, intentó ser acusador particular, pero se desestimó tanto su pe-
tición como su testimonio. El Ministerio Público intentó ampliar los car-
gos en contra del sindicado a múltiples homicidios y lesiones; pero el Tri-
bunal Militar denegó tal petición. Después de escuchar varios testimonios,
el Tribunal resolvió condenar al teniente Ortiz por los delitos de disparo de
arma de fuego e intimidación pública, a cuatro años de prisión, conmuta-
bles a razón de cinco quetzales por día. El condenado, libre bajo fianza,
apeló el fallo. La sala de apelaciones, constituida en Corte Marcial, confir-
mó la sentencia el 22 de diciembre de 1993.
914 Sentencia del Tribunal Militar de la zona militar número 20 de Quiché en contra de Efraín Gar-
cía González por trece homicidios, nueve lesiones graves, de fecha 9 de octubre de 1991, Expe-
dientes 25-90 (primera instancia) y 137-93 (segunda instancia).
III. CONCLUSIONES
Luego de analizar todos los antecedentes, la CEH llegó a la plena con-
vicción de que efectivos del Ejército de Guatemala ejecutaron arbitraria-
mente a 13 habitantes de Santiago de Atitlán y ocasionaron heridas a otros
23, todos ellos pobladores civiles e indefensos. Dichos actos constituyen
graves violaciones de derechos humanos.
La leve alteración del orden público que pudo suponer el ejercicio le-
gítimo de los derechos de reunión y de petición por el pueblo de Santiago
Atitlán, no justifica, sino hace aún más reprochable la reacción de los sol-
dados.
El análisis de los hechos que culminaron en la masacre del 1 diciem-
bre de 1990, lleva a la CEH a considerarlos como un ejemplo de las con-
secuencias que puede acarrear la asignación a la fuerza armada de tareas de
resguardo del orden y la seguridad ciudadanas.
La CEH, luego de ponderar los hechos acaecidos en la época anterior
a la masacre, considera que este caso ilustra el profundo sentimiento anti-
militar que las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder co-
metidos por efectivos del Ejército generaron en la población civil afectada.
Dicho sentimiento es el extremo opuesto al respeto ciudadano que cual-
quier ejército nacional requiere para cumplir sus funciones.
El caso ilustra, asimismo, la capacidad de la población de Santiago Ati-
tlán para imponer su voluntad cívica y desmilitarizar la vida comunal, es-
pecialmente en cuanto procedió a civilizar la función de seguridad ciuda-
dana, situación inédita en el enfrentamiento armado interno.
Analizados los antecedentes del caso, la CEH concluye que si bien los
tribunales militares, obligados por los acontecimientos, realizaron procedi-
mientos judiciales que concluyeron con dos sentencias condenatorias, di-
chos procedimientos no culminaron en el esclarecimiento pleno de la ver-
dad y la aplicación de sanciones a todos los responsables.
La CEH destaca la intervención del procurador de los Derechos Hu-
manos, que ilustra la trascendencia que, en la resolución de graves conflic-
tos, puede tener el ejercicio oportuno e inteligente de tan delicada función.
275
276
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbritaria
Felipe Quiejú Culan
Gaspar Coo Sicay
Gerónimo Sojuel Sisay
Juan Carlos Pablo Sosof
Juan Ajuchan Mesía
Manuel Chiquitá González
Nicolás Ajtujal Sosof
Pedro Catú Mendoza
Pedro Cristal Mendoza
Pedro Damián Vásquez
Pedro Mendoza Pablo
Salvador Alvarado Sosof
Salvador Damián Yaqui
Herido en atentado
Antonio Chiviliu Quiejú
Antonio Pablo Toj
Antonio Reanda Coché
Cristobal Tacaxoy Tacaxoy
Diego Ajchomajay Coché
Diego Ixbalán Reanda
Diego Pablo Petzey
Diego Yaquí Coché
Esteban Damián Coo
Francisco Mendoza Teney
Gaspar Mendoza Mendoza
Gaspar Tzina Tinay
Gaspar Mendoza Chiquival
José Sosof Coo
Juan Ixbalán Tziná
Mariano Tacaxoy Rodríguez
Nicolás Ratzan Sapalú
Nicolás Tzina Esquina
Pascual Mendoza Coché
Pedro Abraham Damián González
Pedro Culan Sosof
Pedro Sicay Sapalú
Salvador Sisay Pablo
I. ANTECEDENTES
La aldea Cajón del Río se encuentra en las riberas del río Grande en
el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, a 12 kilómetros,
en línea recta, de la cabecera municipal y a cuatro kilómetros de la raya
fronteriza entre Guatemala y Honduras. Pertenece a la región Ch’orti’.
El 15 de marzo de 1951, Jacobo Arbenz asumió la Presidencia de la
República. Durante los años siguientes, Cajón del Río y otras aldeas cer-
canas se convirtieron en el eje de un nuevo proceso de organización de los
campesinos en Comités Agrarios Locales,
915
mediante los cuales los campe-
sinos reclamaban el reparto de tierras y de los centros de producción agrí-
colas y ganaderos. El líder local del movimiento agrarista era Agustín Pé-
rez, originario de la vecina aldea de Tular.
Con el golpe de Estado del coronel Castillo Armas, el 3 de julio de
1954, y la creación del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN),
los partidos políticos que apoyaban a Jacobo Arbenz
916
fueron disueltos y
sus miembros perseguidos, a pesar de lo cual algunos de ellos participaron
en1957 en la fundación del Partido Revolucionario (PR). Esta situación
problemática se trasladó al mundo rural, surgiendo conflictos entre los al-
caldes auxiliares y campesinos afiliados al nuevo partido, por una parte y,
por otra, los comisionados militares pertenecientes, en su mayoría, al mo-
vimiento liberacionista del presidente Castillo Armas.
En palabras de un sobreviviente:
Caso ilustrativo No. 47
La masacre de Cajón del Río
915 La Ley de Reforma Agraria (Decreto 900) de 17 de junio de 1952 estableció, como órganos de
la reforma, el Departamento Agrario Nacional, los Comités Agrarios Departamentales y los Co-
mités Agrarios Locales. Estos últimos estaban integrados por cinco miembros, elegidos “uno por
el Gobernador Departamental, uno por la Municipalidad respectiva y tres por la organización cam-
pesina o por el sindicato de la finca o empresa de la localidad” (Artículo 1 del Reglamento para el
funcionamiento de los Comités Agrarios Locales). Sus atribuciones eran, entre otras, “hacer un
inventario y registro de las tierras afectables por la Reforma Agraria [y] dar el trámite correspondien-
te a todas las denuncias de tierras afectables y a las solicitudes sobre adjudicación de las mismas” (Ar-
tículo 8, incisos a y c, del Reglamento).
916 Se trata del Partido de Acción Revolucionaria (PAR), del Partido de la Revolución Guatemalteca
(PRN) y del Partido de Integridad Nacional (PIN).
278
“Cuando se fue Jacobo Arbenz se hizo un gran matazón. Aparecieron
cadáveres en los caminos. En tiempo de Castillo Armas el Ejército an-
duvo por todos lados matando campesinos”.
917
La violencia cayó también sobre aquellos campesinos que habían lo-
grado beneficiarse de la reforma agraria iniciada en 1952 por el Gobierno
de Arbenz, quienes sufrieron la persecución de los comisionados militares
y el Ejército.
Por otro lado, los intercambios que en ésta época desarrollaban las co-
fradías con otras comunidades, a través de las tradicionales “visitas de san-
tos” de unas aldeas a otras,
918
favorecieron que circulasen, por la región las
nuevas ideas políticas, así como los líderes locales.
Al establecerse las primeras Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en di-
ciembre de 1962, la aldea Cajón del Río quedó en las orillas del área de
operaciones del Frente Guerrillero Las Granadillas, comandado por Luis
Trejo Esquivel. Poco tiempo después, el frente es localizado y su campa-
mento bombardeado por el Ejército, por lo que se desintegra.
919
Cuando
las FAR se reorganizan, en marzo de 1965, esta región continuó sirviendo
como un corredor estratégico entre el Frente Guerrillero Edgar Ibarra, ubi-
cado en la Sierra de las Minas, y la frontera con Honduras.
Un habitante de Cajón del Río recuerda: “En 1964 llegó la guerrilla.
Decían: ‘compañero’. Hicieron reuniones sólo en la noche. Decían que va a lle-
gar un tiempo que el Gobierno va a reprimir y así fue porque la aldea ha su-
frido”.
920
La guerrilla llegó hasta Olopa, “reuniendo a la gente humilde [indíge-
nas ch’ortís] ofreciendo tierra y libertad”.
921
En concreto se trataba de “una
unidad del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre [MR 13], que se
llamaba Frente Alejandro de León”.
922
En su trabajo organizativo, los cuadros del MR 13 se apoyaron en
Agustín Pérez, dirigente local del movimiento agrarista de los años cin-
cuenta y en Cupertino Rivera, líder de los partidarios del PR en Cajón del
Río. “En Tular había una Mesa Directiva del Partido Revolucionario y Agus-
tín Pérez era presidente de la Directiva. El mandaba allí … Decía: ‘Pongan
pisto, nosotros vamos arriba con la revolución’. Dicen que esta gente [las vícti-
mas de la masacre en Cajón del Río] trabajaban en la directiva”.
923
917 Testigo directo (colaborador del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre) CEH.
918 Paul Diener, “The Tears of St. Anthony: Ritual and Revolution in Eastern Guatemala”, Latin Ame-
rican Perspectives 18 (Summer 1978), Vol. V, No.3, pg. 97
919 Gabriel Aguilera Peralta, “La violencia en Guatemala como fenómeno político”, CIDOC, Cuader-
no No. 61, Cuernavaca, (México 1971), pgs. 2-11.
920 Testigo directo CEH.
921 Testigo directo (jefe de comisionados militares) CEH.
922 Testigo directo CEH.
923 Testigo directo (colaborador del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre) CEH.
279
Gran parte de las personas que asistieron a las reuniones con la guerri-
lla en las aldeas eran militantes o seguidores del Partido Revolucionario,
pero no todos los miembros de este partido eran miembros políticos de la
insurgencia.
En 1966 la guerrilla controlaba varias aldeas de la región, pero en no-
viembre de ese año el Ejército instaló un destacamento en la cabecera mu-
nicipal de Olopa y dio comienzo una ofensiva contra la insurgencia y sus
colaboradores.
Poco antes de la masacre de Cajón del Río, Agustín Pérez tuvo que
huir: “El Ejército le buscaba por Tular. En la casa él ya no estaba, pero halla-
ron la papelería que tenía. Sacaron las actas con los nombres de la gente. La
comisión [los responsables de la masacre] llevaba[n] un memorial con mu-
chos nombres”.
924
II. LOS HECHOS
Alrededor de las once y media de la noche del 7 de febrero de 1967
un grupo de siete soldados se presentó en la casa de uno de los comisiona-
dos militares y le apuntaron con las armas.
“Me buscaron. Todos eran soldados. Eran 7 nada más. Andaban lle-
vando Máuser y carabina. A Martín Gutiérrez le dijeron que eran de
Jutiapa. A mí no me dijeron de dónde eran. [Tenían] uniforme mi-
litar [pero] no portaban ninguna divisa, ni de sargento, ni de cabo,
nada, nada, tampoco de unidad. Anduvieron con dos chuzos [palas]
y un azadón. Llegando a mi casa el jefe dijo: ‘Usted es el comisiona-
do militar. Usted nos pone a la casa de Cupertino Rivera. Usted nos
va a conducir y no va a poner palabra por ninguno”.
“Nos fuimos. Llegando a la casa de Cupertino Rivera me quedé en el
camino. Era hombre viejo. Lo sacaron y lo hicieron preguntas. A rato
estaban golpeándolo y le preguntaron quiénes eran sus ‘compañeros’.
Lo golpearon con las patas y los fusiles. El estaba atemorizado. El te-
nía que decir quiénes eran”.
925
Los siete militares, acompañados por otros dos comisionados, se lleva-
ron a Cupertino, quien fue identificando las viviendas. Primero se dirigie-
ron a la de Teodoro Sánchez, donde capturaron a tres de sus hijos. Des-
924 Testigo directo (ex comisionado militar) CEH.
925 Testigo directo (ex comisionado militar) CEH.
280
pués el grupo fue casa por casa capturando a Raymundo Vásquez, Tomás
Canán, Toribio Pérez López, Paulino Alonzo García, Inés Mejía Alonzo,
Cecilio Pérez García —alcalde auxiliar—, Santos Mejía García y José Ma-
ría Oajaca.
926
Cuando llegaron al hogar de Ignacio Vásquez uno de los comisiona-
dos avisó a éste de las intenciones de los soldados, pero la víctima se negó
a huir al considerar que “estoy libre. Presté servicio también. A mí no me ha-
cen nada … y lo agarraron”.
927
Los 13 detenidos son llevados a la orilla del río Camotán o río Gran-
de, donde un testigo ocular recuerda que los soldados “ordenaron a los pre-
sos para que ellos hicieran las cuevas. Después les quitaron los lazos que tenían.
Estaban todos sueltos. Dijeron que se hincaran en una línea a ver si Dios to-
davía los perdona. Hicieron la línea de rodillas. Allí fue donde fueron fusila-
dos”.
928
Eran las siete y media de la mañana.
“Después de fusilarlos, los soldados los enterraron. Están enterrados en un
cafetal [que ahora ya no existe, que] se secó, cerca de La Poza de Remolín”.
929
Terminada la operación, los elementos de la tropa parten en dirección a
Olopa mientras que los comisionados militares regresan a la aldea.
Entre las víctimas de este día se cuenta también Juan García, “un hom-
bre humildito, [que] no participaba en nada”.
930
Su nombre no estaba en la
lista que llevaba el grupo de soldados; sin embargo, cuando en el camino
se encontró con los militares que llevaban a los detenidos se asustó y trató
de huir, por lo que los soldados reaccionaron matándolo.
El mismo día de los hechos, una de la viudas presentó denuncia ante
el alcalde de la cabecera municipal de Camotán y el Ejército inició una in-
vestigación.
“Tuvimos que presentarnos [los comisionados] al destacamento mi-
litar. Los militares nos preguntaron qué cosa había pasado aquí. No-
sotros dijimos que una clase de Ejército vino. Como había dos bandos
[la guerrilla y el Ejército], los militares preguntaron sobre el vestido
y qué clase de armas portaban. Tuvimos que decir que era igual al ves-
tido de ellos, los mismos. Nosotros contestamos y más preguntas no hi-
cieron”.
931
926 Todas las víctimas eran miembros del PR y según un ex colaborador de la guerrilla, José María
Oajaca era el único partidario del PR, entre las víctimas, que no asistió a las reuniones de la gue-
rrilla.
927 Testigo directo (ex comisionado militar) CEH.
928 Ibid.
929 Ibid.
930 Testigo directo (colaborador del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre) CEH.
931 Testigo directo (ex comisionado militar) CEH.
281
Ocho días después llegó el alcalde de Camotán con “una comisión del
Ejército”.
“Llegamos al lugar donde los fusilaron. Hallamos un pedazo de la
quijada [de una de las víctimas]. Hallamos pedazos de las cabezas de
la gente. [El comisionado] dijo que también a nosotros van a echar
al río porque nosotros salimos a dar parte. Nos dimos cuenta que así
hablaba y nos fuimos al destacamento militar en Camotán otra vez
… a ver si recogieron la credencial de este comisionado militar. Dos
años nada más duró éste. Recogieron la credencial del comisionado y
pusieron otros”.
932
“El comandante de Chiquimula [también vino] citando a la gente,
había una plática, un consejo. Les dijeron que no se metieran en la
política, que trabajaran tranquilo”.
933
Varios de los “señalados” el día de la masacre habían logrado escapar, al
darse cuenta de la presencia de los soldados en la comunidad, antes de que
llegaran a sus viviendas. Un antiguo colaborador de la insurgencia lo ex-
presó de este modo:
“Algunos apoyaron a la guerrilla y otros no. Yo estaba en la casa el día
de la masacre. Me fui para salvar la vida. Tuvimos que ir a donde po-
damos defendernos. Si nos bajábamos a la aldea nos encontramos con
el Ejército para fusilarnos. Anduvimos con la familia en la montaña
no más, en los piñascos que hay. Anduvimos con el miedo. Los que an-
daban con el Ejército entraron [a nuestras casas] y sacaron nuestras
cosas. Los que se fueron para Honduras tuvieron pérdidas”.
934
Buena parte de los que se fueron no han vuelto: “Muchos de aquí están
[todavía] en Honduras. Casi la mitad de la aldea se fueron. En Honduras sa-
caron sus nuevas cédulas”.
935
Tal fue el efecto que la masacre produjo en Cajón del Río, que Eduar-
do Galeano se refiere a ella como la aldea que “quedó sin hombres”.
936
932 Testimonio colectivo CEH.
933 Ibid.
934 Testigo directo (colaborador del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre) CEH.
935 Testimonio colectivo CEH.
936 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, 1980, pg. 184.
282
III. CONCLUSIONES
La CEH, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la con-
vicción de que 14 pobladores indefensos de la aldea Cajón del Río fueron
ejecutados por efectivos del Ejército de Guatemala, constituyendo su
muerte una violación del derecho a la vida.
La colaboración que, en diverso grado, las víctimas hubieran podido
prestar a la guerrilla no otorga justificación alguna, ya sea ética o jurídica,
a este crimen.
La CEH considera que el presente caso confirma que la parte oriental
de Chiquimula fue un área de enfrentamiento e ilustra las tácticas aplica-
das por el Ejército en la campaña denominada “pacificación de Oriente”,
937
destinada a la erradicación de la primera guerrilla, las cuales se tradujeron
en varias masacres.
A su vez, la CEH considera que el caso ilustra la práctica del Ejército
de eliminar físicamente a los líderes locales del Partido Revolucionario, a
los cuales identificaba con la guerrilla.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Cecilio Pérez García
Cupertino Rivera Ramírez
Felipe García Pérez
Ignacio Vásquez
Ines Mejía Alonzo
José María Oajaca Pérez
Juan García Ramírez
Paulino Alonzo García
Raymundo Vásquez
Santos Mejía García
Tomás Canan Rivera
Tomás García Pérez
Toribio Pérez López
Valerio Sánchez García
I. ANTECEDENTES
La Llorona, ubicada a unos 18 kilómetros de El Estor, en el departa-
mento de Izabal, es una aldea pequeña, con no más de veinte casas. La ma-
yor parte de sus primeros pobladores llegó de las áreas de Senahú y Pan-
zós, Alta Verapaz. En 1981 la población total era de unas 130 personas, to-
das pertenecientes a la etnia maya q’eqchi’. Pocos habitantes dominaban el
castellano y la mayoría trabaja en su propia milpa; prestaban esporádicos
servicios a los finqueros locales. En los alrededores se encuentran las aldeas
El Bongo, Socela, Benque, Río Pita, Santa María, Plan Grande y Nueva
Esperanza.
En los años setenta y ochenta las comunidades de todas las aldeas, a
excepción de Nueva Esperanza, profesaban la religión católica.
En el pasado, las tierras de la región habían sido utilizadas para produ-
cir chicle, pero en esos años ya predominaba la actividad ganadera.
Los conflictos en la zona se relacionaban con la tenencia de la tierra,
destacando la incertidumbre sobre los límites territoriales entre fincas y co-
munidades, y la ausencia de títulos de propiedad.
El poder real era ejercido por algunos finqueros. La figura dominante
era “Beto” Ponce, miembro de la familia más poderosa del municipio y
dueño de la finca Secacou.
Como en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) no
existía registrado un legítimo propietario del terreno que ocupaba La Llo-
rona, la comunidad permanecía en la creencia de que la tierra pertenecía
al Estado, por lo que, en los años setenta, inició los trámites para obtener
el título de propiedad. Sin embargo, según testimonios aportados a la
CEH, otro finquero que ejercía gran influencia en la zona ocupó parte del
terreno, generándose una situación conflictiva entre él y la comunidad.
Los hombres de la aldea, por iniciativa propia, trazaron un nuevo lí-
mite entre los terrenos comunitarios y los del finquero, pero el problema
se mantuvo latente.
Caso ilustrativo No. 44
Masacre en la aldea La Llorona
El Estor, Izabal
“Quedaron manchadas por ser las viudas de
los hombres que trajeron esta tristeza a la al-
dea. Todavía existe este odio entre nosotras.
Siempre dicen que somos mujeres de guerri-
lleros”.
938
284
En las comunidades aledañas a La Llorona no existía opinión unifor-
me sobre este conflicto. Un testigo afirma: “…La gente de la aldea Benque
estaba en favor de los finqueros”.
939
Los pobladores de Benque movieron el
mojón que señalaba el límite fijado por los hombres de La Llorona, lo
cual desencadenó a su vez una situación de antagonismo entre ambas co-
munidades.
En la segunda mitad de los años setenta aparecieron las primeras no-
ticias sobre la presencia de la guerrilla en las aldeas. “…Hace 23 años entró
Ramón, hablando con la gente. Pasaron a las aldeas, pidiendo comida, al prin-
cipio dijeron que eran vendedores y compradores de coches. Su líder era un
hombre de nombre Don Ramón; él dijo que era del Ejército de los Pobres
[EGP]”.
940
Pasó por muchas aldeas preguntando qué problemas tenía la
gente y brindándose a solucionarlos. Decía a los campesinos que la tierra
pertenecía a los pobres y que no debían confiar en los finqueros.
Ya en 1977, Ramón visitaba con asiduidad la aldea La Llorona y, al
constatar que el asunto del terreno estaba causando muchos problemas en
la comunidad, reunió a la gente para practicar nuevas mediciones, lo cual
hizo que cundiera el temor entre los propietarios agrícolas. “Los de las fin-
cas pensaron que él iba a matar a ellos”.
941
El temor de los finqueros no era infundado. En 1977 el grupo al man-
do de Ramón ejecutó arbitrariamente al finquero español José Hernández,
cerca de la finca El Recreo, de su propiedad.
942
A raíz de este hecho, se formó un grupo clandestino, apodado como
“Guerrilleros de los Ricos”, para proteger los intereses de los finqueros.
943
Los
hombres que trabajaron para este grupo, en el pueblo y en el campo, reci-
bían una paga. Según un declarante: “Los finqueros hicieron un sueldo de 20
quetzales diarios para ir a hacer daño a la gente, pero eran 100 quetzales por
matar a la víctima”.
944
De acuerdo con lo que señalan múltiples testimo-
nios, fue una alta autoridad pública de El Estor quien organizó el grupo y
pagó a sus integrantes por los desafueros cometidos en las aldeas contra los
“enemigos de los finqueros”, proviniendo la financiación de un importante
propietario agrícola. El grupo, irregular, tuvo relación con los comisiona-
dos militares de la región y, según múltiples declarantes, fue aquella alta
autoridad de El Estor la que actuó como intermediaria, a efectos de infor-
mación, entre el grupo y los mandos del Ejército,
945
aunque también se
937 Expresión utilizada popularmente para referirse a las operaciones militares que derrotaron a las
primeras formaciones guerrilleras que surgieron en el país.
938 Testigo directo (viuda) CEH.
939 Testigo directo CEH.
940 Testigo directo CEH.
941 Testigo directo CEH.
942 C 1102.1977. El Estor, Isabal.
943 Testigo directo (ex catequista) CEH.
944 Testigo directo (ex comisionado) CEH.
945 Testigo directo (ex soldado del Ejército de Guatemala) CEH.
285
produjeron rivalidades mutuas. La asociación clandestina asesinó a varias
personas, incluyendo víctimas que no tenían vinculación alguna con gru-
pos insurgentes.
En diciembre de 1978 el líder del grupo del EGP, Ramón, fue captu-
rado por soldados del destacamento militar de El Estor y trasladado a la
zona militar de Puerto Barrios.
Al cabo de dos años regresó a El Estor; pero esta vez como oficial de
la G2 del Ejército de Guatemala.
A mediados de septiembre de 1981, Ramón, luciendo uniforme mili-
tar, formó parte del grupo de soldados que llegó a la aldea. Esta visita an-
ticipó los hechos que se narran a continuación. “Vino el Ejército, subieron
la bandera de Guatemala al lado de la escuela. El teniente vino a hablar y con
él anduvo el jefe de los comisionados militares de una aldea vecina, quien nos
dijo que ‘hay 5 espinas entre ustedes, luego llegarán a saber quiénes son’. Nos
dieron órdenes de subir y bajar la bandera. Lo hicimos por casi un mes”.
946
II. LOS HECHOS
Al atardecer del 28 de septiembre de 1981 un oficial del Ejército,
acompañado de cuatro soldados y un comisionado militar, se reunieron
con cerca de treinta civiles en una casa de la finca El Murciélago, para in-
tercambiar informaciones sobre la operación que se realizaría al día si-
guiente. El encuentro se prolongó hasta la madrugada.
El 29 de septiembre de 1981 a las siete de la mañana, más de treinta
civiles, la mayoría de Nueva Esperanza, entre los cuales se contaban varios
conocidos “informantes” de la Inteligencia militar, acompañados de algu-
nos comisionados militares y de un pequeño grupo de soldados y oficiales
del Ejército, se apostaron en los alrededores de La Llorona. Luego, entra-
ron en la aldea. Los civiles y los comisionados ingresaron a doce casas y, de
cada una de ellas, fueron sacando a los hombres. “Los mataron a todos con
plomo. Cada uno en frente de su casa. No tenían tiempo para defenderse”.
947
Los que intentaron huir también fueron muertos. A las mujeres que trata-
ban de proteger a sus esposos las arrojaban al suelo y allí les pegaban.
Uno de los hombres, al que acribillaron mientras huía, simuló estar
muerto. Fue el único sobreviviente entre los varones que habitaban esas
doce casas.
946 Testigo directo CEH.
947 Testigo directo CEH.
286
Mientras los comisionados militares y los civiles ejecutaban a los hom-
bres, los soldados sustraían desde las casas las pertenencias de las víctimas.
En menos de media hora, los autores del asalto salieron de la aldea. Los
cuerpos de las víctimas, catorce en total, quedaron frente a las casas.
Las mujeres, pese a haber sido amenazadas de muerte en caso de con-
tar lo sucedido, corrieron hasta la aldea más cercana, el Bongo, para pedir
auxilio. Después de unas horas, llegaron con personas que las ayudaron a
sepultar los cadáveres. Días más tarde, las viudas, con sus casi 60 niños
huérfanos de padre fueron acogidas por la parroquia de El Estor, donde les
proporcionaron habitación y alimentos por varios días, hasta que regresa-
ron los soldados y las obligaron a volver a su aldea.
De regreso a La Llorona, las mujeres continuaron siendo víctimas de
abusos cometidos por los comisionados militares de la vecina aldea El Bon-
go. Varias fuentes señalan que las golpeaban, al tiempo de acusarlas de ser
esposas de comunistas y guerrilleros.
A la vez, dos viudas de sendos ejecutados el 29 de septiembre estable-
cieron relaciones íntimas con los comisionados militares de El Bongo.
“Ellas atendieron bien a los hombres, no sabemos si fue por miedo o qué”.
948
Más tarde, una de estas mujeres contrajo matrimonio con uno de los co-
misionados. Esta situación originó divisiones que aún persisten en la co-
munidad.
Después de la masacre, los huérfanos, de modo particular los varones
mayores de doce años, fueron también víctimas de abusos físicos por los
comisionados de El Bongo y Nueva Esperanza. Señala una fuente que, en
una ocasión, el jefe de los comisionados de una de las aldeas se apoderó de
un huérfano y “le llevó y le amarró en una hormiguera. Dijo que era ladrón
como su papá”.
949
Por otra parte, en esos mismos días, comisionados de Nueva Esperan-
za, cuya población pertenecía en su mayoría a la Iglesia Evangélica “Prín-
cipe de Paz”, ingresaron al templo católico de La Llorona y, luego de des-
truir uno de los relicarios, se apropiaron de algunos objetos de especial sig-
nificación religiosa, como crucifijos. Acto seguido, calificando a los católi-
cos de comunistas, exhortaron a la gente a abandonar su religión e ingre-
sar a la nueva iglesia, a cuyo culto sería destinado el templo. Sin embargo,
desde ese día ningún miembro de la aldea La Llorona volvió entrar en
aquel recinto, hasta un mes después, cuando recobró su condición de tem-
plo católico.
950
948 Testigo directo CEH.
949 Testigo directo CEH.
950 En esos días, alrededor de trescientas personas armadas, encabezadas por un comisionado militar,
rodearon la vecina aldea de El Bongo, amenazando de muerte a quienes no se integraran en la
nueva iglesia.
287
La actividad económica y social se trastocó en la aldea. Las viudas tu-
vieron que asumir los trabajos que realizaban sus esposos. Debido a su fal-
ta de conocimiento en el cultivo de la tierra, cosecharon muy poco maíz y
frijol. “A veces no comían, cuando se terminó tenían que comprar su maíz; de
la milpa sacaban muy poco porque no lo hicieron bien … hubo enfermedades,
especialmente entre los niños y los ancianos, no había comida ni ropa. El maes-
tro de la aldea salió, en parte por miedo, pero tampoco valió la pena que se
quedara porque los jóvenes tenían que trabajar. Tampoco podían gastar dine-
ro en útiles. La aldea no tuvo maestro en los siguientes cuatro años”.
951
Los hechos generaron, finalmente, la desintegración de la comunidad.
Algunas mujeres de la aldea sostienen, hasta el día de hoy, que sus esposos
fueron asesinados por culpa de otros tres que estaban vinculados con la
guerrilla y estaban involucrados en el conflicto de tierras. Las esposas de es-
tos últimos “quedaron manchadas por ser las viudas de los hombres que traje-
ron esta tristeza a la aldea. Todavía existe este odio entre nosotras. Siempre di-
cen que somos mujeres de guerrilleros”.
952
Según algunos declarantes, el finquero con quien los aldeanos dispu-
taban la tierra, aprovechó la situación para apropiarse de otras doce man-
zanas de terreno. Las mujeres, según indican las fuentes, tuvieron temor de
denunciar el hecho a las autoridades.
El temor persiste hasta hoy.
953
III. CONCLUSIONES
La CEH llegó a la convicción de que, en los hechos investigados, po-
bladores inermes de la aldea La Llorona fueron ejecutados por civiles y por
comisionados militares. La participación de estos últimos elementos, cola-
boradores institucionales del Ejército de Guatemala, así como la presencia,
aquiescencia y protección que los soldados prestaron a los autores de las
ejecuciones, permite concluir que los hechos constituyeron una violación
del derecho a la vida.
Del mismo modo, la CEH llegó a la convicción de que mujeres y
huérfanos de esa finca sufrieron violaciones de su derecho a la integridad
física y moral, cometidas por los mismos civiles y colaboradores del Ejér-
cito, bajo la tolerancia de los responsables de esta institución del Estado.
951 Testigo directo CEH.
952 Testigo directo CEH.
953 Luego de que la CEH visitara por primera vez la aldea, algunos habitantes se acercaron al cate-
quista local, con quien tienen mucha confianza, transmitiéndole su temor por la circunstancia de
prestar testimonio sobre hechos que “podrían volver a ocurrir”.
288
La CEH considera que este caso es ilustrativo de la influencia que ejer-
cieron conflictos no resueltos sobre tenencia de la tierra, tanto en la estra-
tegia de penetración de la guerrilla en población civil ajena al enfrenta-
miento armado, cuanto en la utilización del aparato del Estado contra
campesinos pobres y en beneficio de propietarios de fincas agrícolas. A la
vez, ilustra la estrecha vinculación que, a través de comisionados militares
y otros colaboradores del Ejército, se estableció entre esta institución y
aquellos propietarios.
El caso ilustra, también, los efectos negativos que el inevitable involu-
cramiento de la población civil en el enfrentamiento armado interno aca-
rreó para la convivencia social, incluso entre las propias víctimas.
Finalmente, los hechos revelan el carácter instrumental que, para los
objetivos de la lucha contrainsurgente, revistió la aparición de algunas
agrupaciones religiosas que se levantaron como alternativa a la labor pas-
toral de la Iglesia Católica en el campo.
L
ISTADO DE LAS VÍCTIMAS
Ejecución arbitraria
Agustín Tiul Tiul
David Mucu Chiquin
Domingo Chub Choc
Domingo Ico Caal
Francisco Coc
Hermelindo Pop Asiq
Manuel Chub Tiul
Manuel Ico Caal
Mateo Ico Caal
Ricardo Tzuy
Santiago Chub Sub
Santiago Coc Chub
Valeriano Mucu
Víctor Ical
Torturas y otras violaciones
Angelina Choc
Luciana Sub
Manuela Chub
Marta Tiul Tacaj
Matilde Caal Rax
Natalia Choc
Paulina Chun
Rosario Chub Coc
Tecla Choc
Víctimas colectivas/desconocidas: 7
I. ANTECEDENTES
Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, de 28 años de edad, se graduó como
agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, Honduras.
Hizo estudios de postgrado en Zootecnia, en la Universidad de Texas A &
M. Se dedicaba a trabajar en su profesión de ingeniero agrónomo en su
granja avícola San Luis, ubicada en la carretera al Atlántico, en la aldea
Güillo, Usumatlán, departamento de Zacapa. La mayor parte de sus acti-
vidades comerciales las realizaba en el municipio de Teculután, donde per-
tenecía a la Cooperativa de Agricultores (CARSVO).
Sus vecinos y trabajadores le recuerdan como hombre laborioso que
respetaba a sus empleados. Según un colaborador del Ejército: “Jorge era
una bellísima persona … Era muy trabajador. Las gallinas eran la preocupa-
ción de él. Sólo de sus gallinas hablaba”.
954
Sus padres, Jorge Rosal y Gisela Paz y Paz, médicos y desde 1978 mili-
tantes de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), se vieron obliga-
dos a abandonar el país en septiembre de 1980, después de recibir amena-
zas suscritas por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) y ser perseguidos
por las Fuerzas de Seguridad. Dos hermanos de la víctima, Rafael y María
Luisa Rosal Paz y Paz, militaban en la misma organización que sus padres.
A principios de 1983 la mayoría de la familia Rosal Paz y Paz había
abandonado Guatemala. Jorge Alberto Rosal también tenía previsto salir
del país, pero su viaje fue retrasado, pues debía arreglar algunos asuntos
pendientes y personalmente no se sentía amenazado.
Caso ilustrativo No. 21
Desaparición forzada de
Jorge Alberto Rosal Paz y Paz
“A las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en
Estanzuela me pasaron. De allí me fui detrás
de ellos. Él [Jorge Alberto Rosal Paz y Paz]
iba en su pick-up. Atrás del pick-up iban
dos personas y el capitán … iba con él den-
tro de la cabina. Atrás del pick-up de Jorge
iba otro pick-up, color blanco de la S-2
[sección de Inteligencia de la base militar
de Zacapa]. Cuando pasé, los dos pick-ups,
el de Jorge y el del Ejército estaban en la
puerta de la base [militar] de Zacapa”.
954 Testigo directo CEH.
290
II. LOS HECHOS
El 12 de agosto de 1983, en la tarde, Jorge Alberto Rosal Paz y Paz se
dirigía desde la ciudad de Zacapa al municipio de Teculután. Al llegar a la
altura de la aldea conocida como Lo de Pinto o Casas de Pinto, junto al
monumento al Soldado, fue capturado. Según campesinos que presencia-
ron los hechos: “…El vehículo en el que se conducía fue interceptado por un
jeep del Ejército, con cinco o seis hombres a bordo, vestidos de civil, con arma-
mento pesado, seguido por una motocicleta, tripulada por dos hombres con las
mismas características”.
955
Un testigo dijo: “A las cinco o seis de la tarde los vi. Allí en Estanzuela
me pasaron. De allí me fui detrás de ellos. Él [Jorge Alberto Rosal] iba en su
pick-up. Atrás del pick-up iban dos personas y el capitán iba con él dentro de
la cabina. Atrás del pick-up de Jorge iba otro pick-up, color blanco de la S-2
[Sección de Inteligencia de la base militar de Zacapa]. Cuando pasé los dos
pick-ups, el de Jorge y el del Ejército estaban en la puerta de la base [militar]
de Zacapa”.
956
Hasta la fecha se desconoce el paradero de Jorge Alberto Rosales Paz
y Paz. También desaparecieron su vehículo, de placas P-173312,
957
la car-
ga que transportaba, pasaportes de él y su familia, y tres mil dólares en
efectivo.
III. DESPUÉS DE LOS HECHOS
Días después de los hechos, dos personas vieron a la víctima en la zo-
na militar de Zacapa: un amigo de la familia, que por motivos de trabajo
ingresó con su camión en la zona, y una señorita, hija de una persona que
había trabajado con la familia y que iba a visitar a su novio a dicha base
militar.
958
La detención de Jorge Rosal Paz y Paz fue denunciada ante organiza-
ciones de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e in-
ternacionales. La familia envió varias cartas al jefe de Estado, general Os-
car Humberto Mejía Víctores, y presentó recursos de exhibición personal
en toda República y ante la Corte Suprema de Justicia. Fueron a buscarlo
en cárceles, hospitales, morgues, instalaciones policiales y militares. Nin-
guna de estas gestiones tuvo resultados positivos.
955 Testigo de referencia CEH.
956 Testigo directo CEH.
957 Testigo de referencia CEH. Posteriormente la familia tuvo información de que el vehículo estaba
en servicio en el Cuartel General, pintado de otro color.
958 Testigo de referencia CEH.
291
En enero de 1984 un miembro de la Inteligencia militar comunicó a
su esposa: “Jorge Alberto estaba con vida en el cuartel general y me entregó una
foto de él que había sido arrancada de un carnet. La foto se ve deteriorada pe-
ro él me explicó que estaba en ese estado porque a Jorge Alberto se le había mo-
jado sus papeles en ‘un baño que le dieron’. Todos saben en Guatemala que esos
baños son una clase de tortura”.
959
En febrero y marzo de 1985 la esposa de la víctima volvió a comuni-
carse con ese miembro de la Inteligencia militar, quien continuó afirman-
do que Jorge Alberto Rosal aún se encontraba con vida, junto con otras
personas. Desde entonces, la familia no obtuvo ninguna noticia más.
En junio de 1984 se formó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM),
960
que
reclamaba la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. La esposa
de la víctima se unió a esta asociación. El 29 de noviembre de 1984 el
GAM sostuvo una reunión con el general Mejía Víctores y otros altos fun-
cionarios del Gobierno. A raíz de esta reunión, se nombró una Comisión
Tripartita integrada por los ministros de la Defensa Nacional, Goberna-
ción y el Ministerio Público.
961
Pero nunca se conoció el resultado de las
investigaciones.
En 1985, después del asesinato de dos miembros de la directiva del
GAM,
962
la esposa de Jorge Alberto Rosal fue sometida a una vigilancia
constante. Además, comenzó a recibir amenazas de muerte por vía telefó-
nica, lo que la obligó a salir del país. Desde el extranjero, siguió haciendo
gestiones por el aparecimiento de su esposo, sin que hasta la fecha haya ob-
tenido resultados positivos.
IV. CONCLUSIONES
La CEH, después de analizar los antecedentes del caso, llegó a la pre-
sunción fundada de que miembros del Ejército de Guatemala capturaron
y posteriormente desaparecieron a Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, violando
su derecho a la vida, la libertad y la integridad personal.
Además, en este caso, la CEH llegó a la convicción de que las autori-
dades del Estado de Guatemala incumplieron su deber de investigar los he-
chos y sancionar a los responsables, violando el derecho a la justicia.
Por otra parte la desaparición forzada de Jorge Alberto Rosal Paz y Paz
es representativa de las represalias que, sin fundamento jurídico ni ético,
sufrieron familiares de los miembros de la insurgencia.
959 Testigo directo CEH.
960 CI 48. 1984. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
961 Ibid.
962 CI 35. Abril, 1985. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Guatemala, memoria del silencio terminó de
imprimirse en el mes de junio de 1999, en
los talleres de Litoprint, 3a. Calle “A” 37-47
Zona 7, Guatemala 01007. La publicación
estuvo al cuidado de Cipriano Fuentes,
Francisco Morales Santos, Luis Roberto
Villalobos y Juan Rafael Ramírez.
